Ya para ese entonces González Dellán venía figurando como parte del elenco de los Panama Papers de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos. La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, lo mostró como el beneficiario último de al menos un par de empresas offshore cuyo control detentaba incluso mientras se desempeñó como funcionario público.

Ese inicio de 2019, intenso para González Dellán, le depararía otras sacudidas. En una sucesión de acontecimientos que pudieran guardar relación entre sí, apenas una semana después de la emisión de su nuevo pasaporte chipriota, el 8 de enero de ese año, el abogado y financiero venezolano fue objeto de una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La resolución de la Oficina de Control de Activos Financieros de ese departamento (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificaba como parte de una red que manipuló el mercado financiero para capitalizar divisas y abonarlas a cuentas extranjeras que mantuvo ocultas. 

En particular, de González Dellán decía que había servido como un testaferro de funcionarios corruptos como el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien apoyó “en estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano” y en llevar “cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional”, así como el control de “empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos”. En esa camada de nuevas incorporaciones a la llamada Lista Clinton -que reúne a personas y entes presuntamente vinculados al crimen organizado o el terrorismo, a los que se congelan sus activos en jurisdicción estadounidense- , a González Dellán le acompañaban figuras señeras de las tramas de corrupción del chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo Rosales. 

Nada de estos antecedentes produjo entre las autoridades de Nicosia el escozor suficiente para bloquear la concesión de un pasaporte a González Dellán. El Consejo de Ministros chipriota terminó por darle el visto bueno en su resolución número 86.545. 

Chipre, una isla-Estado en el Mediterráneo oriental, está de facto dividida en una parte griega y otra turca después de una breve guerra en 1974 entre ambas naciones y sus respectivos aliados oriundos de la isla, cuyos efectos aún perduran. La parte meridional de la isla, en la esfera helénica, se ha convertido en un paraíso fiscal predilecto, en especial, para inversionistas rusos, de quienes muchos ocultan fortunas de orígenes difusos.

Como tantos otros paraísos fiscales y economías que buscan atraer inversiones, Chipre instituyó su programa de los llamados pasaportes dorados, por el que, a cambio de una inversión importante, el país le otorga un documento de identidad nacional al postulante. El programa, discrecional, vulnerable a las influencias y poco riguroso a la hora de la comprobación de antecedentes, derivó en un escándalo político y judicial por el que, hasta ahora, enfrentan cargos el expresidente del parlamento grecochipriota y otras tres personalidades. 

Buena parte de la información —sin filtro y con segundas lecturas— sobre el pasado de Leonardo González Dellán aparece en el expediente presentado por los gestores del abogado venezolano ante las autoridades de Chipre para otorgarle la “naturalización excepcional”, y al que Armando.info ha tenido acceso gracias a los buenos oficios de su aliado, el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). 

Venezolano único

El programa de naturalización para inversionistas por vía de excepción estuvo vigente desde 2013, año en el que Nicos Anastasiades fue proclamado presidente de Chipre. Su objetivo era fomentar la inversión extranjera directa y atraer a personas de alto patrimonio. Además, sirvió como una medida de emergencia para salir de la crisis financiera que tenía al país al borde del precipicio económico, como consecuencia de los coletazos de la crisis de deuda soberana de Grecia, que estalló en 2009, y que afectó a la banca chipriota, según lo reseñaron las agencias de noticias en su momento. La isla enfrentaba el riesgo cierto de salir de la eurozona. 

En 2016, el programa fue modificado, incorporando nuevos incentivos y disminuyendo la cantidad de inversión requerida. Hasta entonces, la cuota para la inversión era de 26 millones de euros.

De acuerdo con la investigación The Cyprus Papers, desarrollada en 2020 por Al Jazeera, la cadena de TV con cuarteles generales en Catar, entre 2017 y 2019 hubo al menos 2.500 solicitudes de más de 70 países para optar al pasaporte dorado. 

La investigación de Al Jazeera, que abrió paso al escándalo de corrupción que ahora ventila la justicia insular, detectó que Chipre había aprobado ciudadanías a más de 30 inversionistas solicitantes que estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o cumpliendo sentencias en prisión. 

Entre esos beneficiarios dudosos, destacan Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, dos ciudadanos iraníes-canadienses en la lista de los más buscados de Interpol por lavado de dinero y fraude; el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiuk, investigado por perpetrar un esquema complejo y corrupto relacionado con su empresa agrícola, según Offshore Alert; , y el ruso Nikolay Gornovsky, quien ejerciera como exjefe de Gazprom, consorcio energético estatal de Rusia. Por si fuera poco, las autoridades omitieron el perfil político de otros 40 solicitantes “con riesgo grave de soborno o lavado de dinero”.

Y el único venezolano que figuró en la lista no era precisamente un santo: Leonardo González Dellán. Aunque se sabe que al menos otros cinco compatriotas, como el empresario César Omaña Alcalá, aplicaron al programa de pasaportes dorados.

A cambio del documento de identidad, González Dellán debió invertir un poco más de dos millones de euros (aproximadamente 2,5 millones de dólares para la fecha) en la compra de un inmueble en Limasol, una ciudad costera al sur de la isla, que aloja el centro financiero de Chipre y uno de los puertos más importantes del país.

La puerta de un apartamento, la entrada a Europa

El 25 de abril de 2018 se firmó el acuerdo entre la empresa Cypeir Properties LTD, ejecutora del proyecto inmobiliario Limassol Del Mar, y Gabriel Petros, representante de Leonardo González Dellán, para la compra de un lujoso apartamento para estrenar de tres habitaciones, marcado con el número C-805, en una torre residencial ubicada en la calle Georgiou, en el suburbio de Germasogeia, al este de Limasol, frente al mar. El precio final de la compra se tasó sobre los dos millones de euros más pagos de impuestos al Departamento de Catastro y Agrimensura, requisito obligatorio que debía incluirse con el formulario.

Desde el LGT Bank, un grupo financiero y de gestión de activos de Suiza, salieron 2.153.340 euros el 26 de abril de 2018 que fueron depositados en una cuenta de Cypeir en el Hellenic Bank, el segundo banco más importante de Chipre. Sobre los fondos usados en el pago, “no se encontró en el expediente prueba alguna sobre el origen de los ingresos utilizados para realizar la inversión (es decir, de dónde procedían los depósitos del inversor en la institución bancaria suiza), en virtud de los cuales se aprobó la naturalización excepcional”, se lee en el informe sobre González Dellán.

El sitio web de la inmobiliaria describió la construcción como “la primera de su tipo en Chipre”, que ofrecía “una selección limitada de impresionantes apartamentos nuevos con especificaciones mejoradas”. 

La página original del proyecto se encuentra fuera de línea, así como el folleto de Limassol Del Mar en el que hacían mención al programa de inversión en la tercera isla más grande del Mediterráneo y los beneficios de comprar el inmueble con más de 220 metros cuadrados, en una torre de lujo de 26 pisos, con servicio permanente de hotelería y piezas de mobiliario únicas del fallecido diseñador italiano Gianfranco Ferré, conocido como el arquitecto de la moda. El complejo está totalmente concluido en su modalidad de apartahotel, con disponibilidad de habitaciones a partir de 250 euros por noche. Todo significó una oportunidad que alentaba “a las personas de alto poder adquisitivo a establecerse y hacer negocios”.

Por años, Chipre fue un importante refugio para las fortunas de magnates rusos. Esa condición ha vuelto a quedar en evidencia recientemente cuando, a propósito de las sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania, numerosas agencias gubernamentales y medios periodísticos se han abocado a la tarea de seguir el rastro de los bienes rusos en el exterior, a menudo cubiertos por varias capas de empresas de papel constituidas en brumosos paraísos fiscales.

El oligarca Vladimir Potanin, el rey de los metales, considerado el hombre más rico de Rusia, mantuvo sus activos en Chipre hasta que los sacó a una zona fiscal establecida por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Otras figuras de peso cercanos al Kremlin fueron Mijail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moskovich y Alexei Kuzmichev que no solo mantuvieron fortunas por miles de millones de dólares en los bancos de Chipre, sino que hasta disponían de la ciudadanía chipriota. Tal como informó la agencia Europapress, Chipre, país miembro de la Unión Europea, debió revocar esas nacionalizaciones este mismo año.

En Limasol, donde se encuentra el apartamento de lujo en el que compró Leonardo González Dellán, la quinta parte de la población ya es de origen ruso. En su marina se solían agrupar yates de alta gama, mientras los bancos albergaban las fortunas con discreción. Incluso, las manos de banqueros rusos estaban en el banco chipriota RCB que extendió créditos a sus coterráneos. En la red social Twitter, la directora de la consultora Sapienta Economics advirtió a principios de 2022 que la inversión rusa en Chipre reportada por el Banco de Rusia era de 176.000 millones de euros. 

En 2019, Pantelis Leptos, copresidente de la constructora Leptos Group, afirmó que en Chipre no había datos oficiales sobre las nacionalidades de los inversores, pero “que la mayoría en el desarrollo de lujo de Del Mar en la costa de Limasol” eran chinos. Un año antes, en 2018, Leptos comentó ante los medios que “las políticas gubernamentales como el programa Golden Visa permitió a los inversores adquirir un pasaporte chipriota o una residencia permanente y exenciones fiscales”, lo que aumentó la oferta en el mercado inmobiliario. 

Chipre no es el único paraíso fiscal con programas de pasaporte dorado. De hecho, muchos Estados europeos, como Austria o España, o Estados Unidos, cuentan con mecanismos para otorgar residencia o ciudadanía a cambio de inversión, que en principio lucirían como recursos más propios de islitas del Caribe. Tras la crisis financiera de 2008 y el consecuente parón de las economías, no fueron pocos los países que activaron esa modalidad. Hace poco Armando.info reportaba cómo un programa similar en Portugal dio cabida a familiares de funcionarios venezolanos incursos en hechos de corrupción.

Pero en Chipre el listón de condiciones para la elegibilidad se mantuvo en un límite realmente desdeñable, al alcance de influencias políticas y palancas de dinero. No solo estaba en juego el prestigio de las instituciones europeas, sino la seguridad continental: aunque en proceso de adhesión al llamado Espacio Schengen, Chipre otorga en la práctica con su pasaporte un acceso franco al territorio de 27 estados miembros, así como otras prerrogativas propias de un ciudadano europeo.

Después de la filtración reportada por Al Jazeera en 2020 sobre las solicitudes aprobadas a los inversionistas y las ciudadanías chipriotas otorgadas a rusos, chinos e iraníes con perfiles criminales, la justicia de la isla investigó el caso y cerró el programa de inversión. La Fiscalía General de Chipre reveló que “encontraron miles de casos en que los inversionistas son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones que existía hace años puede que ya no exista”. 

Los chipriotas se hicieron los suecos

Por acaudalado que fuera, González Dellán no era ajeno a un inconveniente común entre expatriados venezolanos: tenía el pasaporte vencido. Mientras aplicaba como inversionista en Chipre, la prórroga de su documento oficial de viaje venezolano había expirado el 1 de julio de 2018, de acuerdo con la lista que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Desde luego, el costo de la alternativa que eligió para solventarlo no está al alcance de casi ningún expatriado: más de dos millones de euros.

El proceso de naturalización del exfuncionario comenzó el 8 de mayo de 2018, cuando presentó la solicitud ante el Ministerio de Interior de Chipre y pagó los 2.000 euros por el trámite. Luego pasaría al Ministerio de Hacienda, que respondió favorablemente el 10 de julio, aunque con la salvedad de que “el solicitante debía presentar ante los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos tres años, un certificado de avance de la construcción del inmueble y luego de su terminación, un certificado de entrega a su favor”. El informe sobre González Dellán advirtió que en la decisión del Consejo de Ministros reemplazaron el término de “durante los próximos tres años” por “cada año”.

Cada etapa que cumplió la verificación de datos del exbanquero sirvió en realidad como una palada de tierra para cubrir su pasado con verdades a medias, sin una investigación exhaustiva y oportuna. De una oficina gubernamental a otra se pasaron el expediente del venezolano sin alertar sobre su perfil de riesgo como exfuncionario chavista; en su lugar, prevaleció el interés por un inversionista “que residía permanentemente en el Reino Unido”. Desde el inicio, cuando el bufete de abogados Areti Charidemou & Associates LLC, gestor encargado del proceso para la solicitud de naturalización como ciudadano chipriota, presentó el formulario M127, se omitió lo relacionado con las investigaciones legales. “No se anotó nada”, se lee en el informe que fue presentado posteriormente sobre el venezolano.

De hecho, el proceso siguió adelante. Para finales de 2018, el ministerio de Hacienda hizo una petición “urgente” ante el Ministerio de Interior para que González Dellán obtuviera un permiso de inmigración. La nota que acompañó la solicitud hacía mención a que “se verificó el solicitante a través de la base de datos en línea WorldCheck y no se encontró información”. Resulta inverosímil mantener esa afirmación cuando, al menos desde 2016, el nombre del exbanquero estuvo en los Panama Papers.

Finalmente, la solicitud ante el Consejo de Ministros de Chipre fue aprobada el 2 de enero de 2019, aunque aún no había completado los seis meses obligatorios de permiso de residencia previos a la obtención de la ciudadanía plena.

Tres personas recomendaron la solicitud que hizo Leonardo González Dellán: Frixos Savvidis, a quien los medios locales reseñan como el exministro de Salud durante la presidencia de Glafkos Clerides, cuyo mandato terminó en 2003; y las administradoras Stella Andreou y Andria Filippidis. Sin embargo, se desconoce si en efecto existía relación alguna entre el venezolano y esas personas, o si se trató simplemente de un servicio aportado por el bufete de abogados que tramitaba los documentos chipriotas. 

Un “entusiasta” con ambiciones

Resulta revelador lo que González Dellán decía de sí mismo para optar a la ciudadanía chipriota: en el formulario migratorio que presentó se describe como un “hombre de negocios”, residente en Londres, Reino Unido, de profesión abogado y con un MBA. Incluye en su currículo que trabajó en el Banco Industrial de Venezuela (BIV), entre 1993 y 2004, inicialmente en el cargo de tesorero, luego como vicepresidente ejecutivo de Finanzas y, después, presidente de la institución bancaria. 

Entre 2004 y 2009, el exbanquero fue director no ejecutivo de la empresa Econoinvest Capital S.A., una de las casas de bolsa que sucumbieron a la razzia de 2009 liderada por el entonces ministro Jorge Giordani. Recientemente, la serie de los Suisse Secrets, coordinada por Occrp y reporteada a raíz de una filtración de clientes del Credit Suisse, tropezó de nuevo con su nombre. Esto -junto a su participación en el festín del diferencial cambiario- permitió ubicar a González Dellán como un actor principal en los llamados “años salvajes” de las operaciones del mercado cambiario que acumularon altas sumas de dinero en bóvedas suizas.

En la cima del mundo, después de 2009 se mudó a Londres y, según reseña en su solicitud ante el gobierno de Chipre, se mantuvo activo con “inversiones inmobiliarias principalmente en Venezuela, Uruguay y República Dominicana”. En 2012, hizo un alto en su vida para un fugaz matrimonio con la exmiss y modelo ítalo-venezolana, Aida Yéspica. 

El detallado informe sobre el abogado venezolano, emitido luego de su solicitud de ciudadanía en Chipre, reseñó que es dueño de la empresa Gran Rex Alliance, accionista de Rodsal Company Limited y Azul Cresta Valores en Cartera S.A., sociedades que aparecieron en los Panama Papers. 

Entre sus negocios, el exbanquero y abogado -parte además de una familia de tradición política por su padre, Eudoro Sr, ex senador del partido socialcristiano Copei, y su hermano, Eudoro Jr, dirigente del opositor Primero Justicia- incluye su restaurante Alto, animador de la bohemia en la urbanización Los Palos Grandes del noreste de Caracas, y que, inaugurado en 2007, supo mantenerse en el ranking oficial de los mejores 50 restaurantes de América Latina entre 2012 y 2016, a pesar de los rigores del colapso socioeconómico circundante. 

En 2018, González Dellán se definía a sí mismo ante el público, sobre todo, como un “entusiasta restaurantero” que tenía por objetivo “llevar la comida de América Latina al Reino Unido”. Pero ante el gobierno de Chipre prefirió presentarse como un ciudadano modelo: profesional, emprendedor e inversor, con intereses filantrópicos como el apoyo a organizaciones benéficas. Todo descrito con florituras que las autoridades chipriotas no se molestaron en constatar. 

El informe sobre el proceso del abogado reveló numerosos cabos sueltos en la actuación gubernamental porque no se revisó exhaustivamente al solicitante, ni los fondos de inversión, como tampoco se tuvo en cuenta la impronta negativa que dejó el exfuncionario en el pasado. Aunque en apariencia todo resultó con el debido proceso, la realidad está lejos y el papel imprenta. Junto al papel moneda, consiguieron comprar el ansiado pasaporte dorado. Armando.info intentó contactar a González Dellán a través de sus abogados en Estados Unidos y Chipre, sin obtener respuesta.

Aún con la advertencia de que cada año debía presentar un certificado ante los ministerios responsables, como inversor no lo ha hecho. Sin el “sueño americano” por las sanciones, con un interrumpido “sueño chipriota”,  no se puede descartar que el próximo destino de Leonardo González Dellán coincida con el de los magnates rusos. 

“Acordar la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa”, señala el artículo 1 de la medida, contenida en la Gaceta Oficial 40.846.

Pero el final del BIV estaba escrito desde hace tiempo. En 2011 la Contraloría General de la República (CGR) recomendó terminar el “proceso de intervención” al que estaba sometido el banco desde 2009. Aconsejó su “liquidación”en “aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema financiero nacional, así como los derechos de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores en atención a que el banco presentó serios problemas de orden económico, financiero y de planificación presupuestaria, durante los años 2007 y 2008”.

Pérdidas millonarias, intervenciones y rescates financieros del Gobierno cada cierto tiempo fueron constantes en el banco. A las cifras en rojo se sumaron también la mala administración y la rotación permanente en la directiva del BIV. En los primeros ocho años del gobierno de Hugo Chávez hubo hasta ocho presidentes.

Uno de ellos fue Leonardo González Dellán, quien, de acuerdo a los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca, es beneficiariode varias sociedades en paraísos fiscales. González Dellán fue designado por Chávez para dirigir el BIV en 2002 y estuvo en el cargo hasta 2004, cuando fue relevado por Arné Chacón, el hermano del ex ministro Jesse Chacón,que luegofue detenido en 2009 a propósito de la crisis financiera vivida ese año.

Los documentos del bufete Mossack Fonseca, que recibió de una fuente anónima el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas en todo el mundo bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), comprueban que González Dellán estuvo vinculado a sociedades offshore desde su época al frente del BIV.

La ruta de Panamá

Un correo electrónico entre ejecutivos del bufete panameño, fechado el 4 de abril de 2013, no deja dudas sobre el cliente.“En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela existe un documento en el que el Sr. Leonardo González Dellán funge como representante del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En este documento se indica el nombre completo y el número de identificación personal que justamente coincide con el documento de nuestro director”, se lee en la comunicación. Detalla, incluso, que “se encontró también el contacto que llegó a tener el Sr Leonardo González Dellán con Hugo Chávez”.

Los primeros emails relacionados con González Dellán se remontan a 2010, pero los papeles de las sociedades descubren que estuvo relacionado con una sociedad, cuyo agente registrador fue el bufete Mossack Fonseca, desde 2003.

Se trata de Blue Crest Holdings S.A, una sociedad registrada en Panamá el 20 de agosto en 2003. “El capital autorizado de la sociedad es de diez mil dólares (10.000 US$), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, divididos en 100 acciones que podrán ser nominativas o al portador, de un valor nominal de cien dólares (100 US$) cada una. La junta directiva podrá permitir que los certificados al portador sean canjeados por certificados a nombre del dueño y viceversa”, se lee en el pacto social de la compañía, especie de acta constitutiva.

El 21 de agosto de 2003 se emitieron cuatro certificados al portador, equivalentes a una acción cada una. Un quinto certificado por 100 acciones fue emitido a favor de Leonardo González Dellán el 23 de julio de 2014. Pero la relación del expresidente del BIV con la sociedad Blue Crest Holdings S.A. no quedó allí.

El 20 de octubre de 2003 los directores de Blue Crest Holdings S.A, personas colocadas por Mossack Fonseca para tal fin, confirieron un poder para “administrar la sociedad sin limitación alguna” a José Ángel González Dellán, hermano del ex presidente del BIV, y quien, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), es presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, una empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), servicios tan variados como el “suministro de comidas”, “construcción y remodelación de oficinas” y “construcción de vialidad y señalización”, entre otros.

Ese 20 de octubre de 2003 también se emitió un poder en favor de Luis Alberto Benshimol, asesor de inversión que estuvo ligado a varias firmas bursátiles como Lemon Casa de Bolsa en 2003 y posteriormente a Bencorp Casa de Bolsa C.A, una de las tantas intervenida por la Comisión Nacional de Valores en 2010, luego de que el entonces ministro Jorge Giordani decidiera acabar con el sector.

A partir del 21 de julio de 2005 el propio Leonardo González Dellán tuvo un poder para administrar sin limitaciones a Blue Crest Holdings S.A.

Control de cambio y mercado paralelo

La etapa de González Dellán al frente del BIV coincide con el nacimiento del control de cambio, decretado por Chávez en febrero de 2003 y aún vigente, así como con el origen de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Varias notas de El Universal, publicadas entre 2003 y 2004, revelan la participación que tuvo el BIV en ese momento.

El 31 de diciembre de 2002, en medio del denominado “paro petrolero”, Jesús Rodolfo Bermúdez, quien entonces era Viceministro de Finanzas, se dirigió al BIV para abrir fideicomisos a nombre de la República: uno por 1.500 millones de dólares, mediante un pagaré a 18 meses y una tasa de 14,5%, otro por 700 millones de bolívares y un tercero por 1.413 millones de dólares.

De acuerdo a las informaciones de entonces, el Ministerio de Finanzas usó ese esquema para cancelar compromisos de pago a organismos públicos y empresas privadas, pero “los pagarés terminaron inyectando gasolina al mercado paralelo de divisas”, reseñó El Universal el 18 de julio de 2004.“En otros casos las empresas exigieron a los compradores, principalmente bancos y casas de bolsa, que cancelaran el pagaré a 100% de su valor facial, con lo que las instituciones financieras adquirieron por esta vía dólares a 1.600 bolívares, exactamente el precio al que el Ejecutivo entregó divisas a los sectores prioritarios de la economía en 2003”, agrega la nota.

El diario El Nacional publicó en 2007 una información sobre la administración del BIV durante el Gobierno de Chávez, en la que se resumió el paso de González Dellán por la institución así: “Leonardo González Dellan, cercano a Copei, fue nombrado presidente del BIV en noviembre de 2002, pero salió en julio de 2004. Para entonces la morosidad llegaba a 49%”.

En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los “operadores” financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el “diferencial cambiario”. 

De los paraísos fiscales a los paraísos terrenales

Hijo del ex senador copeyano, Eudoro González, y hermano del actual diputado de Primero Justicia, Eudoro González, Leonardo González Dellán conoció a Chávez a principio de su gobierno y terminó formando parte de su gobierno. Los papeles de Mossack Fonseca confirman que la relación de González Dellán con el bufete y las sociedades en paraísos fiscales no terminaron con Blue Crest Holdings S.A. En diciembre de 2010 representantes del bufete J.A Fernández y Asociados, otra firma legal panameña, en representación del ex presidente del BIV, contactaron a Mossack Fonseca para solicitar información sobre la disponibilidad para “reservar” algunas de las compañías.

“En atención a la sociedad en referencia, les confirmamos que el único accionista de la sociedad es el señor Leonardo González Dellán, por lo cual les solicitamos confeccionen un certificado de acciones por la totalidad del capital social a favor del señor González Dellán”, se lee en un correo del 7 de diciembre de 2010 enviado desde J.A Fernández y Asociados a ejecutivos de Mossack Fonseca. La sociedad en cuestión era Rodsal Company Limited, registrada por Mossack Fonseca el 5 de agosto de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. “La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, estableció el registro de la empresa, cuyo accionista hasta julio de 2013 fue Leonardo González Dellán. Previamente hubo un cambio de directores y finalmente se emitió un certificado con las 50 mil acciones en favor de Weltrust, una compañía suiza, cuyo agente registrador pasó a ser el bufete Python & Peter hasta que la sociedad fue disuelta en noviembre de 2015. Los documentos de Mossack Fonseca prueban que el ex presidente del BIV también adquirió en julio de 2011 la sociedad Gran Rex Alliance, registrada en Panamá el 11 de mayo de 2010, con un capital autorizado de 10 mil dólares, divido en 10 mil acciones de un dólar al “portador”. En este caso los papeles muestran que el bufete uruguayo Estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales traspasó a Mossack Fonseca toda la documentación relacionada con el origen de la sociedad. No fue posible contactar a González Dellán para este trabajo. Fuentes consultadas indican, sin embargo, que hace vida en Europa. En 2012 la prensa del corazón reseñó ampliamente su boda en Las Vegas, Estados Unidos, con la ex miss y modelo venezolana, Aida Yéspica. En las informaciones se refieren al expresidente del BIV como un “abogado venezolano” sin mayores referencias, pero sí muestran las fotos del enlace, así como otras divulgadas por su esposa en las redes sociales en las que aparecen disfrutando de lugares paradisíacos como Saint Tropez, Islas Baleares y Sicilia.