El escándalo, que lleva seis años ocupando titulares de manera regular en varios países europeos, toma una dimensión global tras esta investigación liderada por el diario francés Le Monde y el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) con la participación de periodistas en 45 países. En las múltiples historias publicadas se describen los detalles de uno de los casos más grandes de evasión tributaria que hayan sido revelados.

La dimensión de los datos garantiza el impacto que esta investigación tendrá en la región. En los listados de operaciones secretas, solo en los países de América continental, sin contar Estados Unidos y Canadá, hay 18.431 clientes que, por ejemplo, durante 2006 y 2007 manejaron montos que superan los 31.000 millones de dólares.

La cifra toma mayor relevancia si se compara con América insular, donde se incluyen varios países que tradicionalmente han servido como paraísos fiscales, y otros como Cuba y Haití, donde aparecen 661 clientes, mientras que en Estados Unidos y Canadá figuran 6.042 clientes. La investigación de ICIJ logró acceso a la información de 106.458 clientes en 203 países entre los que figuran políticos, millonarios y gente de la farándula.

En los registros financieros se evidencia cómo el HSBC promovió entre sus clientes una calculada estrategia para evadir impuestos, y además flexibilizó los controles que usualmente tiene la banca para poder recibir dineros sin mayores miramientos de su origen. Con este comportamiento, dejó bajo sospecha de las autoridades a todos sus clientes sin importar quien sea.

Es por eso que en los listados secretos de las cuentas de latinoamericanos quedaron en la misma bolsa reconocidos narcotraficantes y lavadores en México y Costa Rica, con figuras públicas que ocupan cargos de notoriedad en sus países. También aparecen multimillonarios comerciantes de diamantes con cuentas ocultas en Panamá, junto con varios de los hombres más ricos de Argentina, Colombia y Venezuela. Asimismo figuran personajes de la farándula chilena, con financiadores de campañas políticas, como es el caso de Colombia donde aparecen donantes a las dos últimas campañas presidenciales. Incluso se ha descubierto multimillonarias cuentas a nombre del Estado venezolano, de las que no tenía noticia la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo de ese país.

Por fuera de la región las revelaciones muestran como desde las mafias china y rusa, hasta organizaciones con posibles vínculos con Al Qaeda utilizaron el HSBC como su banco de confianza.

En respuesta a las preguntas del ICIJ, el HSBC reconoció que sus estándares se flexibilizaron. Dicen que fue por un periodo y que ya han endurecido sus políticas internas de conocimiento del cliente y corregido los procedimientos que dieron pie a las irregularidades.

En varios de los miles de archivos que compone el que hoy se presenta como el Swiss Leak, aparecen anotaciones explícitas de los funcionarios del banco que registran las conversaciones con sus clientes para acordar transacciones irregulares.

Sin embargo, el grueso de los archivos solo muestra comentarios habituales. Como es labor de las autoridades determinar la legalidad de los recursos en las cuentas, así como si estas estaban siendo declaradas fiscalmente ante cada país, algunos de los medios participantes de esta investigación se abstuvieron de publicar los nombres de la personas vinculadas a estas cuentas suizas en aras de la presunción de inocencia, y de no afectar las investigaciones que se originarán a partir de estas revelaciones. Otros medios destacan algunos de los casos que consideraron más emblemáticos, bien sea por los indicios de alguna irregularidad o por la notoriedad del caso que hace que la información sea relevante y de interés público.

Historia de un robo

El especialista en tecnología Hervé Falciani fue quien robó la información de los clientes del HSBC en Suiza. Desde 2008 es buscado por este delito por las autoridades de ese país. La más reciente acusación fue en diciembre de 2014, señalado de robar esta gran base de datos con el fin de vender la información.

Paradójicamente, Falciani fue acogido por otros países. Es el caso de Francia donde a cambio de su colaboración ha logrado mantenerse lejos de prisión. Para el país galo, la información de Falciani le ha significado importantes hallazgos en materia fiscal con lo que ha recuperado montos significativos para sus finanzas. También le ha suministrado valiosas pistas para la lucha contra el crimen organizado. La información base de este trabajo periodístico es fruto de una cuidadosa investigación adelantado por periodistas de Le Monde en la reconstrucción de las causas ya abiertas.

Ya en América Latina algunas autoridades han hecho efectivos acuerdos de intercambio de información, y es por esta vía que, por ejemplo, Argentina comenzó desde finales del año pasado una exhaustiva revisión de sus nacionales con operaciones en el HSBC. Según ha comunicado la Administración Federal de Ingresos Públicos, la autoridad de impuestos de ese país, el banco suizo desarrolló “una plataforma ilegal con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos”. Según esta autoridad las maniobras involucran al menos 3.000 millones de dólares. Solo en un caso, el de un empresario vinculado al negocio de las piedras preciosas, este figura con una cuenta con un saldo de más de 1.100 millones de dólares.

Una de las fortalezas que hay en la información en poder de las autoridades francesas, es que permite hacer el rastreo de cuentas más allá de las fronteras de un país. Esto es clave para los investigadores pues muchos de estos capitales secretos buscan blindarse de diferentes maneras. Para algunos no es suficiente con tener una cuenta cifrada en Suiza, sino que esta además se abre a nombre de sociedades en países cuyas legislaciones permite el ocultamiento de los verdaderos dueños, como es el caso de Panamá.

En los registros analizados de este país, el mayor volumen de información proviene de sociedades al portador cuyos salvaguardas son prestigiosos bufetes de abogados. Pero ahora con los archivos revelados están quedando en evidencia los verdaderos dueños de estas cuentas, pues eran los que tenían contacto directo con el banco y autorizaban las transacciones.

Desenmarañar el complejo tejido de sociedades en diferentes países es lo que les permitirá a las autoridades desbaratar uno de los más habituales modelos de evasión de impuestos de las grandes empresas y que se conoce como el Debt Push Down. Esta estrategia consiste en sobre apalancar las empresas, creando deudas en el extranjero con altos intereses con firmas que son de los mismos propietarios. Como las deudas son tan altas, las empresas usualmente no reportan ganancias por lo que no pagan impuestos, cuando en realidad todas las utilidades las transfirieron a sociedades de los mismos propietarios en el exterior.

Las revelaciones de estas cuentas brindan indicios para varios reportajes que a lo largo de estos días serán publicados por los medios aliados del ICIJ.

Esta es la segunda vez que el HSBC enfrenta un escándalo de grandes repercusiones en la región. Diversos informes de autoridades estadounidenses demostraron como entre 2006 y 2010 el banco fue laxo en sus controles internos, lo que permitió el lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos y colombianos, entre otras irregularidades. Esto le significó al banco una sanción de 1.900 millones de dólares. Posterior a esta, el banco vendió la mayor parte de su operación en América Latina.

El impacto de las cuentas tóxicas del HSBC apenas comienza. En la medida en que los gobiernos locales hagan uso de los mecanismos de intercambio de información con las autoridades francesas, se irá afinando el tamiz de la abultada lista que hoy pone en apuros a cientos de sus clientes.

* Esta nota fue publicada originalmente en nuestro sitio aliado Connectas.org con la colaboración de Armando.info, Diario Clarín, Connectas, IDL-Reporteros y el Semanario Universidad. También con el apoyo de Rigoberto Carvajal y la Inciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del ICFJ/Connectas.

Como sucedió con los escándalos de los WikiLeaks y los Luxleaks, esta tercera filtración masiva de datos confidenciales que llega a la prensa, y que ya aspira al título de SwissLeaks, surge de un insider que descargó las bases de datos de un ente financiero, en este caso, la sucursal suiza del banco HSBC. La filtración expuso a la luz pública miles de nombres de clientes: entre ellos figuran astros del jet set, multimillonarios de todo el mundo y hasta personajes enjuiciados por tráfico de armas.

Los clientes proceden de 203 países incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití. En total, los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares, casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido.

De los 14.800 millones de dólares registrados que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro.

La del Banco del Tesoro, por ejemplo, fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para las Finanzas y vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento.

Dos meses después la Oficina Nacional del Tesoro también inició operaciones en Ginebra. Fue el 8 de diciembre de 2005 a las 10:49 de la mañana, según el reloj suizo. Así quedó asentado en el banco y así se lee ahora en una serie de archivos que aparecieron en medio de una historia que empezó en 2008 con Hervé Falciani y su llamada lista Falciani, una de las más grandes filtraciones de los últimos tiempos, que hoy publica Armando.info, en alianza con una red de periodistas de más de 45 países motorizada por el diario Le Monde de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington DC.

Sospechoso de haber robado la data del banco en el que trabajaba, la Policía Federal de Suiza arrestó al informático Hervé Falciani el 22 de diciembre de 2008. Allanaron su casa, registraron su computadora y lo conminaron a declarar en un interrogatorio que se prolongó hasta la noche.

Las autoridades le permitieron ir a dormir a su casa con la condición de regresar al día siguiente, pero Falciani alquiló un carro esa misma noche y recogió a su esposa y a su hija para emprender camino a la frontera francesa, donde se convirtió en testigo protegido de un escándalo en el que seis años después ha venido documentando –a través de HSBC– casos en los que la banca suiza se ha hecho de la vista gorda para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción, el contrabando de minerales y hasta el narcotráfico.

Agazapada entre nombres de banqueros reconocidos y empresarios tradicionales, la filial suiza de HSBC guardaba una cuenta de 31 millones de dólares ligada al ex ministro de Industria y Comercio de Epipto, Rachid Mohamed Rachid, condenado por despilfarro y especulación por la justicia de su país, en un juicio celebrado en su ausencia luego de que en febrero de 2011 huyera de El Cairo hacia Dubai en medio de la revueltas contra el gobierno de Hosni Mubarak.

Entre tantas otras cuentas figura el nombre de Aziza Kulzum, a quien han llegado a llamar la Reina del Coltán y sobre quien pesa una condena de la Organización de Naciones Unidas, por conflictos como el de Burundi y el Congo. También el español Arturo del Tiempo, sentenciado a siete años de prisión por tráfico de cocaína.

También hay rastros de dos cuentas de Horacio Cartes, presidente de Paraguay, y por mucho tiempo señalado como uno de los cabecillas del entramado de contrabando de cigarrillos desde el país sureño.

Junto a ese tipo de clientes, y en la misma entidad –cuya sede se encuentra al pie del río Ródano en el 9-17 del muelle de Bergues de la ciudad de Ginebra– las autoridades venezolanas de finanzas colocaron el dinero público. Y lo mantuvieron allí al menos hasta el año 2007, cuando Falciani descargó la data del banco.

El diario Le Monde obtuvo la base de datos de cada una de las cuentas –a través de fuentes dentro del gobierno de Francia– y la compartió así con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), para coordinar una red que ayudara a jerarquizar y poner en perspectiva la masiva nómina.

El Congreso de Estados Unidos puso en tela de juicio el nombre de HSBC y, tras una investigación en el seno del Senado, señaló en 2012 laxitud en los controles de la filial suiza de esa institución financiera. Tanto así que advirtió sobre millones de dólares de los carteles de la droga de América Latina, que fueron a parar a las arcas de la banca suiza.

HSBC, con sede central en Londres, nació en 1865 en Hong Kong –bajo el nombre de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation– como vehículo para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Casi 150 años después, se ha mantenido a la vanguardia de los servicios financieros del mundo, por eso sus directivos atajaron el escándalo cancelando casi 2.000 millones de dólares en Estados Unidos para evitar que las denuncias del Congreso terminaran en un juicio.

Mientras las autoridades de Francia y Estados Unidos tomaban cartas en el asunto, los fondos públicos venezolanos hacían escala en las bóvedas del HSBC en el país alpino. “¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?”, se pregunta el diputado Andrés Velásquez, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. “El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos”.

Velásquez, diputado de la oposición por el partido Causa R, aprovecha para preguntar dónde están los 500 millones de dólares que el gobierno chino entregó a sus aliados venezolanos para oxigenar la economía del sur de Venezuela por medio de las empresas básicas de Guayana. “Dijeron que esos fondos habían sido depositados en la filial libanesa del Gazprombank de Rusia pero luego desaparecieron”, denuncia. “El Gobierno nos tiene acostumbrados a no informar y, entretanto, ahora resulta que aparecen dos cuentas en un banco suizo”.

Las autoridades venezolanas no han dado luces sobre el tema. Tampoco los funcionarios que aparecen a cargo de las cuentas suizas. Aunque se intentó en repetidas oportunidades consultar al ex tesorero nacional, Alejandro Andrade, a través de contactos en el sur del estado de Florida, Estados Unidos, no fue posible localizarlo para obtener un comentario.

Fue Andrade uno de los funcionarios que manejó los casi 700 millones de dólares que aparecen colocados en el HSBC suizo. El resto de los recursos suman 11.900 millones de dólares a nombre del Banco del Tesoro, un banco del Estado nacido en revolución, según presenta su propio eslogan en una retahíla de cuñas que abundan en la radio y la televisión venezolana.

Al menos hasta 2007, esa institución financiera disponía de 9.500 millones de dólares en una cuenta principal y otros 2.200 millones repartidos en un par de cuentas espejo, que fueron creadas cinco meses después de la principal, la noche del 15 de marzo de 2006.

Conocidas en el argot de la banca como cash pooling, las cuentas espejo sirven –de acuerdo con varios especialistas consultados– bien para dar transparencia y seguridad sobre el monto principal o, precisamente, para simularlo y poder tener libertad para desviar los recursos a otros instrumentos financieros.

En agosto de 2011, cuando Hugo Chávez aún gobernaba el país, informó que sacaría las reservas de oro depositadas en Europa y Estados Unidos, para guardarlas en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV). En medio de esos anuncios, varias voces empezaron a advertir sobre una serie de rumores que, finalmente, el chavismo confirmó: las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela pasarían, a partir de ese momento, a bancos de la órbita de aliados como Brasil, China y Rusia.

"¿Qué está pasando que no sabemos los venezolanos?”, cuestionó en ese momento el diputado de la oposición, Julio Montoya, tras filtrar documentos oficiales que daban cuenta de la intención de transferir las reservas de la Nación. Esa misma pregunta ahora la hace su homólogo Andrés Velásquez, quien desde ya anuncia solicitar una investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para precisar qué pasó con los recursos que, al menos hasta 2007, estaban en Ginebra al resguardo de la sucursal que HSBC mantiene en Suiza.

Como en Estados Unidos y Francia, la llamada lista Falciani, o lo que ya se conoce como los SwissLeaks, han fomentado investigaciones sobre la data de HSBC-Suiza. Argentina es el primer país que lo hace en la región; su Administración Federal de Ingresos Públicos acusó a HSBC de desarrollar “una plataforma ilegal” que involucra al menos 3.000 millones de dólares con el fin de evadir impuestos.

Las filtraciones que hoy empiezan a aparecer en los medios imprimen un nuevo capítulo en una serie de señalamientos que ponen a la institución bancaria en el peor escándalo de su historia. Al principio, sus autoridades insistieron al ICIJ que debían destruir la data, pero ahora hacen un mea culpa.

A finales del mes pasado, después de conocer detalles sobre una serie de investigaciones periodísticas que hoy publican en simultáneo en más de 45 países, dieron una respuesta más resignada: “Reconocemos que la cultura de cumplimiento y los estándares de procedimiento en el banco HSBC de Suiza, así como la industria en general, fueron significativamente más bajos que en la actualidad”.

A través de una carta, señalaron que el banco había dado pasos importantes en los últimos años para poner en práctica reformas necesarias. Hablaron incluso de haber sacrificado clientes. “Como resultado de este reposicionamiento, el banco privado suizo HSBC ha reducido su base de clientes en casi 70% desde el año 2007”.

El republicano Reagan, y el demócrata Obama, en fechas distantes, supieron ponerse del lado de la izquierda suiza, que finalmente ha reunido el consenso necesario en el gobierno colegiado de siete miembros (Consejo Federal), y en el parlamento federal de dos cámaras (diputados y senadores), para implantar una estrategia de "dinero limpio" en la plaza financiera nacional, con eje en sus tres ciudades emblemáticas que hablan idiomas diferentes: el alemán en Zúrich, el francés en Ginebra y el italiano en Lugano. Si cumplen, los bancos podrán entonces congregar una desconocida unanimidad, y hacer mejor gala de sus notables instrumentos de discreción y confidencialidad, protección de los clientes ante los supuestos abusos de ciertos países, y eficacia en la administración de capitales. 

Una pareja de dictadores se equivoca de exilio

Los funcionarios de la aduana norteamericana en Honolulu, cabecera del estado de Hawaï, capturaron en marzo de 1986 los papeles de la rapiña acumulada en Suiza por el clan Marcos, que venía de ser derrocado en Manila. De las valijas de Ferdinand e Imelda Marcos surgió la documentación, cuya copia el presidente Ronald Regan remitió a sus homólogos del Consejo Federal en Berna, para que el tesoro retornara a las arcas oficiales de la flamante presidenta democrática de Filipinas, Corazón Aquino. El cuantioso botín trepaba a 570 millones de dólares. Los trámites de la restitución se extendieron hasta 1998. 

Las consecuencias del caso llevaron a que la Confederación Helvética mejorara su Código Penal. Ese mismo año 1998 le incorporó el artículo contra el blanqueo de dinero, un castigo para quienes obstaculizaran la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales provenientes de un crimen. Consumada la devolución a Filipinas de lo robado por la tiranía matrimonial de los Marcos, le empezó a suceder algo equivalente a otras personalidades políticamente expuestas que han perdido ,o quizá, están por terminar de perder -ellos, sus mandatados o herederos- alrededor de 1500 millones de dólares: Sani Abacha (Nigeria), Mobutu Sese Seko (Congo), Jean-Claude Duvalier (Haïti), Zine el-Abidine Ben Ali (Túnez), Hosni Mubarak (Egipto) y Muamar Gadafi (Libia), mientras que en América Latina destacan, con igual suerte, Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, el expresidente de México, Vladimiro Montesinos, lugarteniente del exdictador peruano Alberto Fujimori, y el expresidente argentino Carlos Menem. Este último tiene pendiente de respuesta en Ginebra un exhorto para repatriar su cuenta en la UBS, acompañada de la de su otrora secretario privado, Ramón Hernández. 

La institucionalidad del secreto

En Suiza no hay un registro centralizado de cuentas controlado por el Estado, similar al existente en los bancos centrales del mundo restante, a donde pueden acudir los tribunales para saber si una persona bajo sospecha de infringir la ley tiene una cuenta, y eventualmente bloquearla. Solo cada banco conoce los nombres de sus clientes, normalmente jamás notificados a ninguna autoridad pública. Blandiendo represalias si no se lo respetara, el nuevo artículo antilavado trajo aparejado la obligación para los bancos y la galaxia de intermediarios financieros, de comunicar a la justicia las cuentas y/o transacciones que se presuman lo hayan violado: 896 denuncias en 2009, 1159 en 2010, y 1625 en 2011, por un total de haberes involucrados en torno a los 6.000 millones de dólares.

El dispositivo se complementa con que los jueces locales pueden actualmente, por decisión propia o a petición de sus colegas de hasta ignotas latitudes, ordenar el levantamiento inmediato del secreto bancario e incoar un sumario penal ante "sospechas suficientes" de limpiar o disimular dinero sucio, pistas que incluyen notas de prensa, la publicación de un libro periodístico o la emisión de un documental televisivo. La Argentina conocería rápidamente los frutos de tales novedades, desde la aparición, a fines del siglo pasado, de las cuentas de exrepresores, por ejemplo, Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Domingo Bussi; las de los beneficiarios de las coimas del escándalo IBM-Banco Nación, hasta la reciente de los presuntos testaferros del cuestionado Secretario General de la CGT, Hugo Moyano. 

El modelo helvético del secreto bancario fue creado en 1934 para blindar las cuentas de los judíos que sacaban sus ahorros de Alemania y los ponían al abrigo de la curiosidad de los espías del Tercer Reich. La preservación del anonimato, vigente en cualquier banco del planeta que no divulga la identidad de sus clientes, se convirtió en una cultura de excelencia en la banca suiza. Su cultivo se vio aupado por el impulso de un Estado rico, próspero, pacífico, plurilingüístico y multiconfesional, que se ha erigido en el más competitivo e innovador del globo, por encima de Estados Unidos, Japón, China y Alemania. 

La estabilidad política de la Confederación Helvética, con siete siglos de historia, se encuentra potenciada por una infraestructura tecnológica de alta calidad, con una moneda refugio, el franco suizo, salvaguarda ante las fluctuaciones del dólar, del euro, o de las divisas asiáticas. No es de extrañar que el acopio de tanta seguridad reinante atrajo como un imán los fondos de la corrupción, el narcotráfico y el comercio ilícito de armas y de codiciados minerales, que se aprovecharon de los bancos, un fenómeno que recién en el presente siglo se ha podido empezar a combatirlo con el arsenal legal someramente antes descrito. 

El Global Forum del G20

Un tercio de las fortunas privadas de la tierra son gestionadas en Suiza. Sin embargo, no se conocen cifras pormenorizadas de la parte que corresponde a la evasión fiscal, que pudo inicialmente escapar del acoso judicial ya citado. Los flujos financieros que transitan por los paraísos fiscales están calculados en 20.000 billones de dólares, pero Suiza es uno entre varios, cuya mayoría son excolonias británicas, al margen de Andorra, Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, Hong Kong y Macao; y sin olvidar algunos de los Estados Unidos, como Delaware, Nevada, Wyoming y Florida. La Unión Europea estima que unos 800 billones de dólares de sus ciudadanos han sido transferidos electrónicamente a esos destinos esquivando el fisco. Entre 1970 y 2010, América Latina escondió en esos parajes más de 2.000 billones de dólares. La ONU denuncia el contexto que la criminalidad organizada a escala internacional produce ganancias anuales del orden de los 870 mil millones de dólares.

Del 2008 al día de hoy, en virtud de las sucesivas crisis financieras y económicas en los ricos países occidentales, tras la quiebra de Lehman Brothers y el derrumbe bancario en el Viejo Continente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apremiada por sus Estados miembros urgidos de dinero fresco para paliar sus deudas, le ha venido imponiendo a Suiza, que no integra la Unión Europea, una profundización del desmantelamiento de su legislación sobre el secreto bancario, concretamente la que ampara la huida de capitales que eluden al fisco en los países desde donde emprenden la fuga.

Bajo amenazas de sanciones que habrían dañado especialmente a dos de las industrias líderes suizas, la de los bancos, que se despliegan en el exterior para obtener sus principales ganancias, y la de las exportaciones de productos manufacturados y servicios, fuentes esenciales de recursos para un pequeño país de 7 millones de habitantes que carece de materias primas, a partir del 13 de marzo de 2009, Suiza comenzó a instaurar el principio revolucionario que la evasión fiscal es un delito penal sin restricciones.

Fue así que el gobierno federal estableció la norma de colaborar con las autoridades competentes extranjeras que soliciten investigar la evasión fiscal, a las que antes les respondían que eso no era posible porque dicha evasión, en su derecho interno, no constituía una infracción penal sino una falta administrativa debida a la negligencia y el olvido, y redimible por multa. Eso impedía satisfacer la llamada regla de la doble incriminación; vale decir que el hecho reprimido penalmente en el país requirente, lo fuera también en el requerido.

El 2 de abril de 2009, el G20 emitió el acta de defunción del secreto bancario y, para no caer en el casillero de los transgresores y sufrir escarmiento, Suiza se anticipó unas pocas semanas y el 13 de marzo precedente anunció, como se ha dicho, que se plegaba a perseguir penalmente la evasión fiscal sin reservas ni distinción entre sus diversas modalidades. La decisión fue explotada por los Estados Unidos, los países dominantes en la Unión Europea, México, Uruguay, Colombia y Perú, que están consensuando diversos instrumentos con Suiza para, saldar el pasado a través del pago de indemnizaciones por el estrago ocasionado al fisco de esos países, y avanzar hacia un futuro que habilite la transmisión automática de información bancaria sobre personas o empresas que, indiciariamente, soslayaren el fisco.

Pasar página

La oportunidad para entornar definitivamente las puertas del paraíso fiscal, todavía vigente en Suiza, se le ha presentado a Barack Obama, el segundo presidente estadounidense, luego de Ronald Reagan, que la coyuntura ha querido encomendarle presionar para concluir el ciclo de la permeabilidad al crimen de los bancos helvéticos. El principal de ellos, la UBS, debió pagar en 2009 una multa de 780 millones de dólares y destapar 4450 cuentas, a cambio de zafar de una condena por evasión fiscal y no perder la licencia para seguir operando en Estados Unidos. El 23 de febrero de 2012, varios directivos de otros once establecimientos bancarios suizos fueron procesados por fraude fiscal en Estados Unidos, pues, al parecer, ayudaron a ciudadanos de aquel país a sustraerse al fisco, vehiculizando sus fondos sin declarar hacia Suiza, y por esa u otras vías, domiciliarlos en cuentas off shore asentadas preferentemente en el Caribe o en algunas islas del Canal de la Mancha, mediante sociedades fantasmas o mecanismos artificiales. 

El monto del resarcimiento y las listas de titulares de cuentas que van a ser delatados por Suiza para frenar la ofensiva judicial, que amenaza con prohibirles a los bancos imputados continuar trabajando en Estados Unidos, deberían arbitrarse en un "arreglo global" que ambos gobiernos están debatiendo. Se lo denomina Deferred Prosecution Agreement (DPA), un pacto bilateral que articularía una suma para restañar el daño cometido en el pasado por haber contribuido a la evasión fiscal, fijando también nuevas exigencias que imposibiliten reincidir. Los Estados Unidos reclamarían la entrega de entre 19.000 y 52.000 cuentas, cuyos dueños y nivel de activos se desconocen. Y ya están consiguiendo los nombres y las pruebas documentales de las técnicas que utilizan los empleados o agentes de los bancos suizos para delinquir dentro de los Estados Unidos captando clientes con fines de evasión fiscal. 

En el marco de convenciones bilaterales relativas a la doble imposición con Estados Unidos y otros 50 países, en curso de ajuste o elaboración, la solución final podría conocerse hacia septiembre próximo, cuando el gobierno va a someter al parlamento las propuestas de leyes y decretos para una la plaza financiera de "dinero limpio", conjugando la idea rectora de asimilar la evasión fiscal con la criminalidad económica. La ministra de Finanzas y presidenta suiza, Eveline Widmer-Schlumpf, anticipó que todos los propietarios "no residentes" en Suiza de cuentas en los 320 bancos inscriptos legalmente, deberán certificar por escrito que han regularizado sus depósitos ante el fisco de los países de los que son nativos, o en los cuales viven y/o hacen negocios.