El improvisado punto de control policial bien pudo haber sido uno más de los tantos que a diario los cuerpos de seguridad suelen instalar en la Troncal 10, la carretera que viene desde las orillas del mar Caribe y conecta de norte a sur las principales poblaciones de la zona minera del sureste del estado Bolívar, hasta alcanzar la frontera con Brasil. 

Pero esta alcabala en particular, improvisada con conos de plástico color naranja puestos sobre la cinta de asfalto el martes 2 de abril de 2024, reservaba una sorpresa a una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, un componente de la Fuerza Armada) que circulaba por la carretera. Conformada por cuatro suboficiales, armados con fusiles Kalashnikov AK-103 y pistolas, la comisión viajaba a Caracas con un cargamento de 37,5 kilos de barras de oro consignado por “una empresa de una alianza privada”. De acuerdo a la cotización de la onza de oro para la fecha, la carga tenía entonces un valor de mercado de alrededor de 3,24 millones de dólares.

Entonces, según notas de la prensa local, en el sector Los Rosos, al apenas salir de Upata (capital del municipio Piar del estado Bolívar, todavía a unos 700 kilómetros de Caracas)  en dirección a Ciudad Guayana, un grupo de individuos, ataviados con chalecos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar del Ministerio Público), interceptó el transporte. Los sujetos sometieron a los militares y se quedaron con el mineral y todas las armas, excepto uno de los fusiles de asalto. 

Por la cuantía del botín y la espectacularidad de la operación, propia de una producción hollywoodense, el hecho captó la atención de medios nacionales. Hubo quien reparara en el detalle de que los miembros del Conas no ofrecieron resistencia al asalto, a pesar de que contaban con el arsenal y el entrenamiento para hacerlo. Según se aprecia en un video, no confirmado de manera independiente, que entonces circuló por Instagram y en el que un conductor habría registrado el momento del atraco, no hubo refriega alguna, sino que se trató de un trasbordo casi apacible de paquetes, de un vehículo a otro. Sin embargo, a los uniformados del Conas se les encontró maniatados a la postre. 

También resultó notable que el riesgoso envío se hiciera con una comisión de agentes de cuerpos de seguridad del Estado y no por los servicios de alguna empresa privada de transporte de valores. 

Todo ocurrió a cielo abierto y a plena luz del día, apenas 16 días antes de que Estados Unidos reinstaurara las sanciones económicas contra el sector del oro en Venezuela, que el gobierno del expresidente Joe Biden había levantado el 18 de octubre de 2023. Durante esos seis meses de laxitud, entre una y otra medidas, redes de contrabando de oro desde Brasil aprovecharon la breve apertura para desviar a territorio venezolano las rutas usuales de exportación de sus cargamentos, que entonces empezaron a despegar desde los aeropuertos que sirven a Caracas.

Seis días después del robo, el diario Últimas Noticias de Caracas, propiedad de grupos económicos cercanos al régimen chavista y de línea editorial oficialista, informó de la recuperación de parte del armamento, enterrada bajo la maleza en un lugar cercano al ataque. 

Cuatro meses más tarde, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio volvía a informar que las autoridades habían recuperado una de las seis armas robadas y unos 6,64 kilos de oro durante un procedimiento en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, parte del extrarradio ampliado de la capital venezolana. En la incursión policial habrían quedado bajo arresto José Enrique Correa Rodríguez, El Sabino; José de Jesús Bacca, Baca; Andrés René Pacheco Fayola, René; Karelis del Valle Correa Rodríguez, Karen; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. La nota identificaba a los mencionados como integrantes de la banda de un líder criminal apodado El Comandante. 

Aunque todavía hoy se desconocen los resultados de las investigaciones en curso, así como los destinos tanto de los asaltantes como del botín, y en medio de vaguedades, las autoridades sí alcanzaron a aclarar que la empresa consignataria del cargamento dorado fue Inversiones Peca 19, C.A., con sede en Caracas. Hasta entonces, esta empresa actuaba en el Arco Minero del Orinoco en alianza con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). 

El robo de los 37,5 kilos de oro pareció marcar un hito para la compañía. A la vez que pareció cambiar su nombre a Elite Gold, reanudó un sinuoso recorrido empresarial que venía de antes e incluye exportaciones de minerales a destinos como Panamá, Suiza y China. La presente historia, una entrega de la serie Dorada Opacidad II que desde Perú coordina Convoca.pe, reconstruye ese recorrido hasta conectarlo con una red de otra treintena de empresas vinculada a tres comerciantes venezolanos, entre ellos y sobre todos, Gian Piero D’Andrea Acosta, un joven empresario.

En los registros, tres dejan de ser multitud

El único propietario de Inversiones Peca 19 C.A. es, desde noviembre de 2021, el ítalo-venezolano Gian Piero D’Andrea Acosta quien, a la edad de 38 años y con una trayectoria empresarial desconocida por el público, ya tiene en su haber una veintena de empresas, no todas dedicadas al sector minero, que registró a lo largo de ocho años tanto en Venezuela como en jurisdicciones extranjeras: Florida, Panamá, Dubái, Hong Kong, España, y Turquía, entre ellas.

Aunque está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Inversiones Peca 19 C.A. aparece desactualizada y, por lo tanto, inhabilitada para contratar con el Estado. De hecho, el nombre que sigue apareciendo en los registros del RNC como propietario de la empresa es el de Gustavo Adolfo Arteta Rocha, su dueño inicial y posterior socio de D’Andrea, y declara su sede en una dirección que hasta 2022 mantuvo en Sabana Grande, Caracas. 

Según su perfil de Facebook (cuyo acceso aparece ahora restringido), D’Andrea Acosta estudió en el Colegio Américo Vespucio de Caracas; en su cuenta en esa red social hace poco se podían leer los lamentos que sus amigos expresaron cuando, en 2005, el futuro empresario anunció su próxima emigración de Venezuela. En una vieja foto se le ve con una camisa con distintivos de piloto de aviación. 

D’Andrea Acosta comparte la sociedad de al menos 12 de sus 20 empresas en Venezuela, Panamá y Miami con otros dos ciudadanos venezolanos, el ya mencionado Gustavo Adolfo Arteta Rocha y David Eloy López Rodríguez. Los tres se alternan como accionistas y directivos de varias firmas.

Salvo Inversiones Peca 19 C.A., las empresas registradas en Venezuela por el triunvirato se dedican a sectores muy diferentes a la minería, desde la salud e insumos médicos hasta los servicios de energía eléctrica y el sector textil, por mencionar tan solo algunos. La solución oftalmológica Optoaz de GDG Pharma, una de sus empresas en Venezuela, cuenta con certificación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, por ejemplo.

Según la descripción que se encuentra en sus cuentas de Instagram y Facebook, el Grupo Golden Capital, GDG C.A., presidido por D’Andrea Acosta, sirve de paraguas para este conglomerado en ciernes. También ha utilizado la misma denominación para identificar firmas en Miami y Panamá. Las siglas GDG corresponderían a las iniciales de los primeros nombres de los socios: Gustavo, David y Gian Piero. Pero otras empresas conexas en Caracas, Dubái, Hong Kong y España llevan las siglas GPDA, que parecen aludir a las iniciales de Gian Piero D’Andrea. 

En declaraciones por correo electrónico para Armando.info, D’Andrea recalcó el carácter privado de Grupo Golden Capital, al que describe como una firma sin ningún tipo de vinculación con el gobierno o el Estado “más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias como cualquier empresa del país y propias del negocio lícito al que se dedica”.  

Armando.info pudo constatar en sus respectivos expedientes, tanto en el RNC como en el Registro Mercantil, que 16 de las 31 empresas del grupo de socios declaran sus domicilios en una misma oficina en el piso 8 de la Torre Este del edificio Parque Cristal de la urbanización Los Palos Grandes, en el noreste de Caracas. A mediados de septiembre, la reportera visitó ese local. Sus actuales inquilinos dijeron que dichas empresas ya no operan “desde hace un buen tiempo” en esa dirección. En el recorrido también se verificó que otras cinco firmas del emporio, entre ellas Inversiones Peca 19 C.A. no funcionan en otro local del piso 4, a diferencia de lo que indican sus documentos mercantiles. 

Además de D’Andrea, Armando.info intentó contactar a sus socios, López y Arteta, mediante solicitudes de entrevista enviadas a los correos electrónicos de las empresas involucradas. Ninguno de los dos contestó. 

Ahora me ves, ahora no

Para el momento del robo, Inversiones Peca 19 C.A. formaba parte de una alianza minera que, a manera de una joint venture, se estableció entre actores privados como compañías, cooperativas o pequeños mineros, por un lado, y entidades como la CVM, por el otro. Según su expediente de registro mercantil, que se abrió en 2019, tiene por objeto social la “compraventa, importación, exportación, distribución, arreglo y transformación de toda clase de minerales como metales, oro, plata y metales preciosos”.

El cargamento de oro que fue objeto del asalto de abril de 2024 salió de la sucursal de Inversiones Peca 19 en Upata. Su local se encontraba en la planta baja de un pequeño centro comercial en el casco central de la ciudad, donde todavía abundan los negocios de compraventa de oro. 

Gian Piero D’Andrea Acosta se excusó ante Armando.info para no comentar aquel suceso del robo: “El procedimiento penal continúa en curso”, adujo en un mensaje de correo electrónico. “Más allá de confirmar que fuimos víctimas de un delito, lamentamos no poder suministrar más información pues legalmente no podemos hacerlo. Fuimos impuestos por las autoridades del deber legal de mantener en reserva lo que sabemos sobre la investigación, basado en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”. 

En el mall minero de Upata donde solía estar la oficina de Inversiones Peca 19, del mismo modo que en otros pueblos del llamado Arco Minero del Orinoco, como Tumeremo, Las Claritas y el Kilómetro 88, la actividad ha menguado por el compás de incertidumbre que abrieron la intervención militar de Estados Unidos que en enero de este año capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los planes que, al abrigo de su recién instaurada tutela, Washington anuncia para el sector minero de la Guayana venezolana. Curiosamente, los terremotos gemelos del 24 de junio asestaron un revés adicional al comercio local del oro, aun si la destrucción física que produjeron se haya registrado muy lejos, en particular, en el litoral centronorte caribeño. Y es que los daños en la infraestructura del aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, afectaron el trasiego del oro de las selvas de la Orinoquía y la Amazonia a los mercados globales, lo que vino a respaldar de manera empírica las versiones de que el contrabando de mineral precioso tenía como puerta de salida el principal terminal aéreo del país.

Pero ya desde la fecha en 2024 del audaz robo, Inversiones Peca 19 habría suspendido actividades. Al menos es lo que refleja el hecho de que en su local de Upata se hayan instalado nuevos propietarios bajo una denominación también nueva, Elite Gold, de la que no se encontró el Registro de Identificación Fiscal (RIF). 

A la vez, Armando.info pudo revisar un documento reciente que sugiere que la empresa aún estaría activa y mantendría alguna relación con Elite Gold. En el margen superior de un certificado de análisis del oro, con mediciones emitidas por una máquina especializada, en una fecha tan reciente como agosto de 2026, aparecen juntos los logos de Elite Gold e Inversiones Peca 19, este último, sí, con el RIF correspondiente.

“La empresa mantuvo sus operaciones conforme a los términos y condiciones de esa alianza estratégica durante su periodo de vigencia”, se limitó a aclarar D’Andrea Acosta acerca de las actividades que Inversiones Peca 19 C.A. continuó llevando a cabo en conjunto con la CVM tras el robo. Sobre la naturaleza de su alianza con la estatal solo dijo que, por estipulaciones contractuales, no podía revelar detalles de “carácter estrictamente confidencial”.

Por cierto, la CVM nunca difundió pronunciamiento alguno sobre un robo que había perjudicado con severidad a un aliado. En cualquier caso, hubiera o no relación causal con el evento criminal, el entonces presidente de la CVM, general Carlos Osorio, fue destituido y reemplazado en septiembre de 2024. Entre tanto, en junio de 2024, el titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, almirante William Serantes Pinto, había sido sustituido por Héctor Silva, quien hasta hoy sigue al frente de ese despacho, al que la CVM se adscribe.

Oro parece

Las informaciones ofrecidas en su momento por las autoridades establecieron, ante los medios y el público, que Inversiones Peca 19 C.A. era la propietaria del oro robado. Pero quien rastree las huellas de la empresa en bases de datos de comercio internacional, tales como Importgenius y Panjiva, no encontrará exportaciones de oro a su nombre en los últimos años. En cambio, se tropezará con registros de otras categorías de los metales nobles.

Por ejemplo, Inversiones Peca 19 C.A. aparece en Importgenius enviando en marzo de 2022, por vía aérea, unos 106 kilos de plata en bruto, valorados en 55.656 dólares, a Panamá, donde fueron recibidos por un “comprador no identificado”. También la base de datos Sayari registra que, entre enero de 2022 y agosto de 2024, la firma exportó cuatro cargamentos de “plata en bruto” a Panamá, algo llamativo, por cuanto Venezuela no figura regularmente como un exportador de ese metal. Consultada al respecto para esta historia, Mónica Martiz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm), ratificó a Armando.Info que Venezuela no alberga yacimientos de plata y no produce, por lo tanto, ni plata en bruto ni sus subproductos. 

Pangiva e Importgenius dan fe, además, de la exportación de un total de 3,6 toneladas en barras de plata, en seis envíos aéreos desde Panamá a Turquía, entre abril y diciembre de 2022, por parte de una empresa de nombre parecido, Inversiones Peca S.A.

D’Andrea explica que se trata de la misma empresa, solo que con un “error de tipeo” en la mención. Atribuye sus exportaciones de plata a un proceso en Venezuela de “reciclaje de plata, cumpliendo con la permisología exigida por la ley”. 

Importgenius reportó también que Inversiones Peca 19 C.A. despachó nueve envíos de estaño a Panamá y China en 2024. Este fue el mismo año en que Nicolás Maduro otorgó derechos mineros a la CVM para la exploración, explotación y exportación de casiterita u óxido de estaño, mineral a partir del cual se procesa y fabrica el estaño de uso industrial. 

D’Andrea puntualiza de nuevo respecto “al estaño en nuestras exportaciones; asumimos que deben referirse a la comercialización de casiterita, la cual se comercializa en cumplimiento de todos los estándares legales”. 

Según Panjiva, Inversiones Peca 19 C.A. realizó cuatro envíos de “metálicos diversos" a China entre 2022 y 2024. Entre sus clientes en esa potencia asiática, figuran Jiujiang Heli New Materials Co Ltd, que importó estaño desde Venezuela en agosto de 2023; Jiujiang Jiqing New Materials Co Ltd, fabricante de plástico y acrílico; Hunan Merida International Trade Co Ltd, que también posee una fábrica de baterías en Extremadura, España; y Halo Moon Ltd.con oficinas en Hong Kong y Reino Unido. 

Inversiones Peca 19 C.A. también cuenta con, al menos, un cliente en Suiza, Alecar Trading S.A., empresa helvética que importa una diversidad de metales, como aluminio, cobre, estaño y otros metales no ferrosos, según se lee en su sitio web. 

Todos los caminos conducen al Oriente

Pistas dejadas en registros por David Eloy López Rodríguez lo ubican en 2021 como propietario y único director de la empresa First Sunrise Capital Altın Ticaret Limited Şirketi, especializada en el comercio de metales preciosos y con sede en Estambul, según se indica en la Gaceta de Registro Mercantil de Estambul. A este negocio se hace mención también en el directorio de la Cámara de Joyeros de la gran metrópolis turca. López Rodríguez había incorporado antes, en 2019, una empresa con el mismo nombre pero en Budapest, la capital de Hungría: First Sunrise Capital Korlatolt Felelossegu Tarsasag. 

El domicilio fiscal de First Sunrise Capital en Estambul se halla en Kuyumcukent AVM, (o “ciudad de los joyeros”, en turco), el mayor centro integrado de producción, comercio y venta de oro, plata y joyas del mundo, en el barrio de Yenisbona. Sobre este emprendimiento de su socio López Rodríguez, Gian Piero D’Andrea Acosta explicó a Armando.info que “nunca tuvo actividad comercial y tampoco realizó operación con ninguna empresa”. Bases de datos de comercio exterior así lo confirman.

Pero el propio D’Andrea Acosta también puso por su cuenta un pie en Turquía en 2023. Ese año registró en Ankara, la capital turca, una empresa distribuidora de materiales para la construcción, YÇM Real Estate Construction Investment Industry And Trade Joint Stock Company. 

De manera simultánea, D’Andrea Acosta abrió GPDA Group General Trading LLC FZ en Dubái, uno de los principales centros globales del comercio de oro que, sin embargo, todavía destaca por su falta de transparencia. La compañía declaró como sede el Business Center 1 del Hotel Meydan, en Nad Al Sheba, en pleno corazón de la Zona Libre de Meydan, un registro impenetrable que, por diseño y como otras zonas especiales del rico emirato, facilita el ocultamiento de la composición accionaria y de los beneficiarios finales de las empresas. 

En Hong Kong se encuentra el registro de la empresa GPDA Group General Trading Limited (HK), con una fecha de incorporación posterior: 5 de noviembre de 2025. Allí D’Andrea figura como único accionista de esta firma que, aunque registrada en esa región autónoma de China, tiene domicilio en Dubái.

Aunque D’Andrea aseguró a Armando.Info que, desde Dubái, GPDA Group General Trading LLC FZ “ni comercializa ni ha comercializado oro, plata o casiterita”, los reportes de bases de datos de comercio exterior acreditan algo distinto. Según informan Panjiva y Sayari, la empresa fue la consignataria de cuatro despachos de artículos de joyería de Istor Jewelry Industry and Trade Jsc, importados en 2024 desde Turquía. Istor es una reconocida fábrica, joyería y exportadora de oro en Estambul, y una de las más grandes de Turquía. 

En un renglón aparte al de los metales preciosos, la base de datos de comercio exterior Tendata reporta que este GPDA Group General Trading de Dubái llegó a recibir en 2024 cargamentos de aluminio desde Venezuela, enviados por la estatal Venalum, parte del complejo verticalmente integrado para la producción de aluminio primario que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) controla, que comprende además a las empresas Bauxilum y Carbonorca. Este dato insinúa que D’Andrea Acosta pudo disponer de un acceso especial a las instancias decisoras en la comercialización del aluminio venezolano, un bien muy escaso, toda vez que Venalum a duras penas opera hoy a un 20% de su capacidad instalada y debió dejar de hacer exportaciones significativas tras el apagón eléctrico nacional de marzo de 2019.

*La presente es una entrega de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad II’, en conjunto con Convoca.pe

**Esta cobertura contó con el apoyo del Pulitzer Center.

Un viernes de hace tres meses, el pasado 12 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer una noticia sensacional con un post de su red social propia, Truth Social: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, se pavoneaba. “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos de Venezuela, ⁠con quienes estamos colaborando muy bien”.

En un comunicado emitido poco después el mismo día, el régimen de la presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificó la información: “Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”. El texto también se ocupaba de precisar que dicha neutralización se produjo en el marco de “una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar” que había contado “con apoyo tecnológico especializado”.

Luego se conocieron más detalles del ataque “cinético rápido y letal”. Tuvo lugar el 9 de junio en las localidades de Las Claritas y el Kilómetro 88, pueblos mineros amalgamados en uno solo en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, sobre la tradicional cuenca aurífera del río Cuyuní y dentro del Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro creó por decreto presidencial en febrero de 2016. De acuerdo al video difundido desde el Comando Sur de Estados Unidos, el asalto militar comprendió un bombardeo de precisión con un misil aire-tierra sobre la rústica guarida de Guerrero, cuyos restos quedaron en condiciones que los hicieron difíciles de identificar en el lugar.

El legendario Héctor Niño Guerrero lideraba el Tren de Aragua (TdA), una banda criminal a la que el Departamento de Estado designó en 2025 como una “organización terrorista extranjera” y que el propio Trump esgrimió en su campaña presidencial de 2024 como espantajo para incitar el temor a la inmigración, particularmente la venezolana, entonces en auge. 

Si para Washington la cabeza de Guerrero tenía precio, la eliminación del capo sonó como un clarín de liberación en el sureste minero del estado Bolívar. A pesar de que el nombre del cártel alude a su origen en el estado Aragua del centronorte de Venezuela -con más exactitud, en la cárcel de Tocorón, según las investigaciones periodísticas y su propio mito fundacional-, y de que las operaciones del TdA se extendieron junto a la diáspora venezolana por al menos unos ocho países, f​ue en torno a la minería ​de esta zona de Bolívar​, próxima a las fronteras con Guyana y Brasil, ​d​onde estableció su baluarte. 

Meses después, la expectativa inicial se ha difuminado. Un recorrido reciente de Amazon Underworld y Armando.info por el área (de norte a sur, desde Upata a Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, hasta alcanzar el conglomerado de Las Claritas-Kilómetro 88, a las puertas de La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima) encontró que, decapitado in situ el Tren de Aragua y ante la desbandada preventiva de líderes criminales activos sobre el terreno desde hace tres lustros, los lugareños perciben que la dinámica real apenas ha cambiado. 

Los cabecillas de los cárteles mineros se esfumaron. Nuevos actores, como el comando de seguridad Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) hacen presencia, mientras se aguarda con una mezcla de esperanza,  incertidumbre y escepticismo el regreso anunciado de las transnacionales mineras. 

Sin embargo, que los rostros visibles de la criminalidad se retiraran o se escondieran no significó que con ellos se hubiera marchado la sensación de que su control persiste bajo otras formas. 

Como nunca antes, hay mayor presencia militar y policial. La gente ve más agentes uniformados que en otros tiempos, mucho más frenéticos y con mayor actividad actividad comercial que la que hoy se registra. Con todo, llega a echar de menos el relativo orden que las bandas ofrecían, de manera implacable y por medios tan discrecionales como atroces. El Sistema prevalece, aunque con reformas todavía en progreso. 

Desquite sin recompensa

Ni cámaras de seguridad ni bombillos; la mayoría de los sócates están arrancados de la red eléctrica. Un imponente muro gris de mosaicos acanalados, con sus portones de hierro y entrada con marquesina, rodea este inmueble en una escondida calle de tierra, que también conduce al cementerio del Kilómetro 88. A primera vista parece un búnker. Pero se trata, después de su abandono y saqueo repentinos, de la madriguera de Gabriel Rivas Núñez, conocido como El Negro Juancho o Juancho a secas.

Una suerte similar corrió el refugio de otro temido pran minero de la zona, Humberto Martes, Humbertico, heredero de otro cabecilla homónimo, pero apodado El Viejo, su padre. Al palacete de líneas modernas de tres pisos, forrado en mármol y losas de piedra caliza, con ventanas estrechísimas y un mirador, levantado en una calle ciega en Las Claritas, le tumbaron las puertas durante los saqueos posteriores a la operación militar del 9 de junio. De todas las evidencias de lujo y bonanza que Humbertico desplegó tras el muro -aunque las ostentaba sin empacho en sus redes sociales-, que incluían piscina, sauna, discoteca, un zoológico en miniatura y una gallera, solo quedaron indemnes la figura de un diamante y otra con el símbolo del dólar, ambas grabadas en el piso de granito de la entrada. 

Juancho y Humbertico no fueron los únicos que consiguieron escapar de la ofensiva militar, así como de una probable muerte en combate o, al menos, de la mano de la justicia. Otro de los criminales más buscados de la zona minera, Yohan José Romero o Johan Petrica, líder local del Tren de Aragua, huyó de forma precipitada. 

El 9 de junio hubo una explosión de júbilo y miedo en el eje Las Claritas - Kilómetro 88, la caótica conurbación de facto donde el Tren de Aragua se hizo fuerte y que sirve de escenario para esta crónica. También hubo una suerte de estallido social con tintes de ajuste de cuentas. El ataque militar que dio de baja al Niño Guerrero y ahuyentó a los otros cabecillas funcionó como válvula de escape a rencores y apetencias por largo tiempo contenidas. 

Al recorrer la polvorienta calle principal que atraviesa Las Claritas y Kilómetro 88, el asentamiento minero luce apagado. En muchos locales las santamarías o puertas metálicas enrollables permanecen cerradas. En los negocios de compra y venta de oro se ven pocos vendedores. Los dueños de esos establecimientos pasan más tiempo concentrados en las pantallas de sus teléfonos celulares, que pesando el metal precioso. “Eso es por efecto de la matraca tan fuerte a los comerciantes. A diferencia de otros pueblos, los de El Sistema de Las Claritas no dejaban ni respirar a ningún negocio con la vacuna”, dice, refiriéndose con términos criollos a los pagos de extorsiones, un lugareño que, como la mayoría de los entrevistados en el sitio para este trabajo, prefiere omitir su nombre. “Todo está más tranquilo desde que se fueron”. La operación militar del 9 de junio trajo algunos beneficios inmediatos, no se puede negar.

Sin embargo, la violenta incursión del nuevo tutelaje no fue suficiente para disipar la  presencia que aún mantienen los sindicatos —eufemismo con el que en la región se conoce a las bandas criminales— minas adentro. A ese control los oriundos lo siguen llamando coloquialmente El Sistema, como si hablaran de un miembro fantasma que, amputado, aún se siente. 

Ni siquiera los relevos simbólicos sirven para instaurar el nuevo orden. Por ejemplo, la emblemática gallera de Las Claritas, frente a una subestación eléctrica, funcionó durante años como centro de operaciones de El Sistema; hoy es sede del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), que conforman funcionarios de diversos cuerpos de seguridad y componentes de la Fuerza Armada. También allí se instaló la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Oro maldito, negocio bendito

Las Claritas y Kilómetro 88 alojan, muy probablemente, la mayor concentración en el país de negocios con nombres de inspiración religiosa. Se suceden los letreros de diseños variopintos pero de una misma intensidad devota: La bendición de Dios, La sangre de Cristo tiene poder, La fortaleza de Dios, La gracia de Dios, Cristo vive. Da igual el ramo del negocio: compra-venta de oro, hotel, restaurante, ferretería, feria de frutas y hortalizas, panadería, peluquería. 

Pero aquí los mandamientos los imponía El Sistema y no la iglesia.

Ese Sistema criminal mantuvo a raya a la delincuencia silvestre, no organizada. Tal es el paradójico consenso entre la población que, si siente alivio por el aparente fin de un régimen intimidante de extorsión, también reporta el regreso de los robos y los hurtos cuya extinción temporal le permitió jactarse de que Las Claritas y Kilómetro 88 eran “los pueblos más seguros de Venezuela”. Hace tiempo lo ilícito mafioso se hizo ley y garantía de una paz tensa y frágil a la vez.

Ya no circulan por las agrietadas calles de ambos pueblos los maleantes de El Sistema que, deliberadamente, a bordo de sus motocicletas, hacían gala de walkie-talkies, armas largas o pistolas para ratificar su poder.  Tampoco hay que honrar más las deudas por vacunas, que no siempre se pagaban con oro o con divisas, a razón de miles de dólares al mes. “También nos cobraban en comida. Era algo ocasional: a veces, dos veces a la semana, por ejemplo, teníamos que preparar cien comidas para sus eventos”, dice el encargado de un negocio de alimentación en plena Troncal 10. No había escapatoria, había que pagar “a juro” y puntualmente, dice el comerciante, bien fuera con dinero, oro o especies, a como diera lugar. Por lo tanto, sostiene, la presunta erradicación de El Sistema “es lo mejor para el comerciante”. 

Pero lo mejor para el comerciante no tiene que ser lo mejor para la comunidad. Ahora, acepta el empresario, la inseguridad aumentó. “Hay que estar pendiente. Antes no había ni robos ni violaciones. Tú dejabas el teléfono allí y ese teléfono estaba allí todo el día”.

Otro comerciante, este del sector panadero, abona al punto: “Seguridad, ahorita, no tenemos. Lo que mantenía [seguro] esto era El Sistema”, grita casi, para que los reporteros le puedan oír,  tratando de superar el bramido del motor de la planta eléctrica que sirve a su negocio, y sin reparar en precaución alguna ante posibles escuchas de mala fe.

Un religioso, cuyo nombre también se omite por motivos de seguridad, admite: “Yo me sentía más seguro aquí [en el asentamiento minero] que en la misma ciudad [Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, las urbes del estado]. El control de ellos [de ‘El Sistema’] era seguridad”. Y explica: “Antes había un sistema que manejaba al pueblo. Para montar el negocio, ellos eran el filtro. Manejaban la situación. Si yo vendía queso, ellos me administraban el queso. Todo tenía que pasar por ellos. Ahorita lo que ha pasado es que la gente no tiene ese control”. Califica la situación actual como “delicada”, fértil para la nostalgia por el orden perdido. Asegura que la reforzada presencia militar en las minas “al contrario, es algo que trae conflictos y muchos problemas”. 

Según los testimonios recogidos por los reporteros, después de la huida de los jefes criminales y sus lugartenientes, los militares comenzaron a cobrar el acostumbrado peaje o impuesto en las minas, más allá del infranqueable mecate, con un diezmo todavía más elevado del que el sindicato minero solía imponer. Esto caldeó los ánimos entre obreros, molinos y los dueños de las máquinas, por lo que los consejos comunales de Las Claritas y el Kilómetro 88, también cooptados -y probablemente instrumentalizados- por los sindicatos, decidieron someter a votación en la comunidad si era preferible que El Juancho y Humbertico volvieran, o no. ¿La opción ganadora? Que volvieran.

Células durmientes

El Sistema conserva algo de orwelliano en la mente de los lugareños. Temen que estén todavía bajo su mirada abarcadora. Nadie se atreve a asegurar que los pranes se fueron del todo. Al respecto, se cuelan dos versiones: una, que los cabecillas en efecto huyeron y aflojaron los puños de hierro con que controlaban la vida del pueblo, pero se atrincheraron en las minas, desde donde manejan a sus informantes, todavía infiltrados en la zona. La otra proviene de quienes quieren creer que la región en quedó completamente liberada. 

Una voz calificada que se mantiene en el campo del escepticismo es la de Américo De Grazia, exalcalde del municipio Piar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y ex preso político. Para sustentar su duda, refresca el recuerdo de una fecha, el 21 de junio de 2026. Ese día y los siguientes, tan solo dos semanas después de la operación militar contra Niño Guerrero, Las Claritas y Kilómetro 88 volvieron a ser noticia, pero por una protesta organizada con la que los manifestantes denunciaban abusos por parte de los militares recién acantonados, incluyendo la represión y el supuesto cobro de extorsiones. Fueron jornadas de tensión y caos, como lo eran ya desde el 9 de junio. Se suspendieron las clases, el comercio se paralizó por temor a saqueos y disturbios, se registró un desplazamiento masivo de mineros, y el suministro eléctrico, de por sí titubeante, empeoró.

De Grazia reconoce los excesos militares, pero identifica otros motivos menos evidentes detrás de la protesta, que pudo estar alentada, sospecha, por Juancho y Humbertico a manera de expresión política de la añoranza colectiva por su régimen, mafioso pero ordenado. El pueblo los aclama, sería el mensaje de las manifestaciones.

Todo da pie para que De Grazia otorgue cierta credibilidad a un dato que dice haber recabado: los emisarios de los líderes pandilleros continúan en el sector, informando a sus jefes de cualquier movimiento. “El grupo que queda de los pranes es el de sus residuos o sus delfines, que pudieran estar merodeando y chequeando a ver quién pasa información, quién filma, quién graba, quién reporta, quién llama por teléfono”, sugiere en entrevista telefónica.

Lo anterior se corresponde con la información ofrecida por un vocero indígena, quien accedió a hablar con los reporteros sobre el terreno, con la condición de la reserva de su identidad. De acuerdo con su versión, la operación militar del 9 de junio solo ocasionó el repliegue táctico de los líderes pandilleros. Ya no están tan a la vista, pero siguen estando. “Se sabe que rondan la zona, aunque no se sabe dónde están. Pero de que están, están. Claro, a ellos le echaron como un pitazo, sobre todo a los cabecillas, para que se fueran antes de los operativos”, afirma. 

A los capos, prófugos o simplemente replegados, el dirigente indígena ahora los sitúa en algún punto de Los Kilómetros, una seguidilla de aldeas levantadas al calor de la fiebre minera que se extiende por un trecho de la Troncal 10, entre El Dorado o Kilómetro Cero y el Kilómetro 88. A los bordes de la carretera se encuentran casuchas de plástico y madera, talleres mecánicos de motos, ventas de gasolina envasada en botellas de refresco,  locales cuyas precariedades han evolucionado con el pasar de los años hasta dar lugar a edificaciones más consolidadas, de bloques y cemento. 

Mucho antes del 9 de junio, desde la pandemia de la Covid-19, cuando se descubrieron numerosas bullas o vetas de oro en ese territorio boscoso, la franja formaba parte de los dominios extendidos del sindicato de Juancho. Pero ahora se habría convertido en su cuartel de destierro. “Hubo una mudanza de Las Claritas y el Kilómetro 88 a Los Kilómetros, más concretamente del [kilómetro] 24 para adelante, justo en la entrada del pueblo pemón de San Antonio de Roscio)”, insiste la fuente aborigen. Aun así, asegura: “Ellos están en el pueblo. Siguen en Las Claritas y el 88. También están en las minas (...) No se muestran al público pero andan pendientes de todo. Entonces, es una situación muy, muy delicada (...) No están en el sitio, pero ellos tienen informantes en todo ese sector y más que todo en Las Cristinas [el aledaño yacimiento de oro, uno de los cinco mayores del mundo, que ha sido objeto de encarnizadas disputas entre empresas extranjeras -canadienses, estadounidenses y rusas- y estatales venezolanas]. Tienen ojos por todos lados: Mira aquella camioneta, aquella moto, aquella persona”.

En Las Claritas ruedan relatos acerca de luceros, los vigilantes encubiertos que los pranes despliegan en los pueblos, que estarían recibiendo mensajes de aliento de sus jefes en salvaguarda: “Tengan paciencia, ya vamos para allá, estamos negociando”. 

Normalidad en vilo

La actividad minera, entretanto, continúa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, por la calle principal y ramales de Las Claritas, camiones transportan cuadrillas de obreros, vestidos con franelas de manga larga tipo dry fit y con botas de goma enfangadas. Sigue en pie la estatua dorada de un minero artesanal, con su batea y sus perros compañeros, que en una plazoleta desde siempre rinde homenaje a los obreros de las minas. 

Al lado, sin embargo, se lee una pinta: “No al saqueo”. Es una inscripción de los sindicatos, que busca servir como advertencia y atisbo agonizante de un control que todavía se ejerce y no quiere cesar. El mecate sigue funcionando; así alude la jerga minera al punto de control para entrar a las minas de Las Cristinas. El Gpamo oficial también deja señales de su presencia. Se reducen a una valla, a modo de una bandera, plantada pero inerte.

En Las Claritas hay indicios de una nueva situación, pero sus habitantes tienen por un hecho que las bandas criminales preservan el control en las minas. “La verdad es que nos da igual si vuelven o no [al pueblo]. Ya estamos acostumbrados”, comenta con indiferencia un dependiente del restaurante de la vía principal de Las Claritas. 

Las Claritas y Kilómetro 88 son hoy una réplica a escala reducida de lo que ocurre a nivel nacional en Venezuela. Un bombardeo. La caída de un antiguo líder. La promesa de un mejor porvenir. Anuncios binacionales. La economía que no termina de despegar. La esperanza que se erosiona. Nada tangible, en realidad. 

Basta conversar con cualquier habitante de la zona para calibrar la atmósfera predominante. “Esto está como tú lo ves. Es una calamidad. Aquí deberíamos tener una avenida de doble vía para dar la impresión de que somos un pueblo constituido. Pero, y me disculpas por el léxico, estamos caminando sobre aguas de mierda”, refiere uno de ellos, despachador de autobuses. 

El 19 de agosto, tras la excarcelación de José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve, la minera canadiense anunció que vuelve a Venezuela para retomar sus operaciones en los yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas, ubicadas en las inmediaciones de la conurbación, que Hugo Chávez expropió en 2009. Pero la noticia tiene sin cuidado a los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88 después de casi dos décadas bajo el dominio de las bandas criminales y el acusado abandono del Estado. Tampoco guardan ninguna expectativa con el interés de la Casa Blanca en explotar el oro después de controlar el petróleo, deseo que Washington hizo público el 6 de marzo pasado con la emisión de la licencia general 51, que relaja las sanciones sobre las transacciones con el oro venezolano.

Interrogado sobre las derivaciones del operativo militar del 9 de junio y la posible inversión estadounidense en la zona, el despachador de buses tampoco duda: “Es la misma vaina, tú puedes hacer un sondeo. Desde que llegó aquí mi papá Trun, yo no he visto llegar más nada. Este pueblo toda la vida ha vivido de un engaño”, dice, casi gritando de nuevo. Esta vez es el ruido de las motos que sortean los baches de la Troncal 10 lo que acalla todo lo demás, incluyendo la esperanza.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, capital del estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó en el último momento, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Mendez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro desde los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023 también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño al que arrestaron cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red de comercio ilegal y blanqueo de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez en Santarém. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela. 

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron llevados a prisión. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia. 

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela. 

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol. 

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil por los traficantes) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. El flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y los efectos de las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, puestas al día en mayo de 2025.  

La más reciente evidencia de la reorientación del flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro, valorados en unos 111,7 millones de dólares, que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro en carreteras.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño. 

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados, así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería a los investigadores que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. A esta ciudad, también llamada la Villa del Yocoima, se le considera como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y en definitiva decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Ciudad Guayana y con sede central en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero, donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un letrero duplicado, con el nombre de la compañía escrito en letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa un ángulo de las fachadas de una edificación de dos plantas que dan, cada una respectivamente, a las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte de Upata. 

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia [que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta la movilización de los mineros desde y hacia lugares ya de por sí de difícil acceso]. Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no se reduce a tan solo en una condición meteorológica o a un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil 

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos, de los que nadiue en el sector puede dar fe de  su trayectoria en las lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad, como suele pasar. Se nota además que sus firmas fueron escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres dudosos los que figuran en el registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización. 

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido de este modo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, con lo que se aspiraba a consolidar un mejor monitoreo de la cadena de comercialización. Una de las principales banderas de la administración de Lula es, de hecho, la de “acabar con la minería ilegal”. En línea con ese propósito, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para entonces vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar de manera eficaz la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual la simultaneidad de ambos acontecimientos: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron entonces la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando, captando a venezolanos que ya se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará -considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña-, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A. 

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que hoy se exhiben en Upata no muestran, en todo caso, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no aparece en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela). En su lugar, lo que se encuentra sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, es otro nombre en letra pequeña: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pero este pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poca alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil, entre otros.  

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad. 

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la trama de contrabando hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal. 

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato, que en 2013 estalló en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río padre de Venezuela, y vecina del llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Gregorio Carrasco también fue identificado como socio minoritario de la firma jurídica M Abdul Mansur & CIA Ltda, registrada en 2022 en Boa Vista, que opera en el comercio de joyas bajo el nombre comercial de Baldar, según su ficha mercantil. La policía de Brasil descubrió que esta sociedad nunca reportó ganancias y no mantenía relaciones con ninguna institución financiera. Tampoco tuvo ninguna transacción con Carrasco. Era un cascarón.

Aunque un juez de Santarém le otorgó, el 15 de diciembre de 2024, una medida precautelar de libertad condicional con monitoreo electrónico, tras un habeas corpus que su abogado presentó exitosamente, Carrasco Romero no volvió a comparecer ante los tribunales. Por lo tanto, sigue prófugo de la justicia brasileña.  

Quien también se mantiene en contumacia ante la justicia brasileña, pero, en cambio, no oculta ni sus paraderos ni los signos de su súbita riqueza, es el venezolano Richard Alexander Espinett Gonzalez, de 34 años de edad, considerado como uno de los líderes coordinadores del transporte del oro desde Boa Vista. El Jefe Alexandre o Jefe Alexander, como de manera indistinta se le mencionaba en las comunicaciones internas de la red, recibió de otros miembros 132.600 reales (casi 24.000 dólares) mediante una sola transacción que la Policía Federal detectó. 

Hasta 2015 fue empleado de una farmacia en Upata, por lo que se ve en los registros del IVSS. Pero, apenas unos pocos años después, Espinett Gonzalez pudo abrir en Boa Vista dos firmas de compraventa de automóviles usados: Dinamica Moto E Carro Pecas Ltda (2023) y Full Cars (2024). 

Espinett González tiene antecedentes penales. Ese año tal vez decisivo de 2015, fue detenido en Puerto Ordaz por porte de drogas y distribución de estupefacientes, según informó en su momento la prensa local.

En Instagram y Facebook publica fotos de diferentes parajes en Brasil y Venezuela. En 2023 se mudó a Boa Vista, según las geolocalizaciones y otras pistas derivadas de las imágenes que muestra en sus redes. Las imágenes siguieron ofreciendo testimonios de diversos viajes posteriores a esa fecha: en la playa, de vacaciones familiares en Brasilia, y videos de navegación por un cauce del Amazonas. También hay fotos en una plaza de Guyana. En casi todas aparece hablando por teléfono móvil. 

Al igual que Carrasco Romero, un juez conmutó la prisión preventiva a Espinett, el 15 de diciembre de 2024, tras solicitar también un habeas corpus. También del mismo modo, Espinett González sigue sin comparecer ante el tribunal para cumplir con las premisas que sus medidas de libertad condicional establecieron. Si continúa prófugo, no lo hace a escondidas.

Sus más recientes posts de Instagram, que datan de julio y agosto 2025, lo muestran acampando en la playa de Cuyagua, costa del estado centro norteño de Aragua; también recorriendo la avenida Soublette de La Guaira, sobre el litoral central de Venezuela, a apenas a 30 kilómetros de Caracas, y la Autopista Regional del Centro, que conecta a la capital venezolana con los estados centrales, conduciendo una motocicleta BMW modelo GS 1250 Denali, que en el mercado tiene un valor promedio de 20.000 dólares. 

Frente a casos como los de Carrasco y Espinett, en la actualización del caso de mayo de 2025, un juez federal brasileño con razón observó que ante una “organización criminal sólida y estructurada, centrada en el comercio ilegal de oro, las medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces para frenar la continua actividad delictiva de sus miembros”.

Y conexos

Por su parte, Adrián Domingo Urbina, de 29 años, otro de los venezolanos de la organización criminal, ya traía consigo el know how para actuar en el mercado de los criptoactivos. Como muchos otros jóvenes de su época, atraídos en Guayana por el negocio emergente de las criptomonedas, también tenía un puesto de compraventa de oro en Santa Elena de Uairén, ciudad del estado Bolívar contigua a la frontera con Brasil. Precisamente por esos atributos sería captado por los líderes de la red. 

Su nombre aparece en transacciones financieras sospechosas destinadas a dos figuras centrales de la organización criminal. De su cuenta saldrían pagos para la compra de celulares que fueron utilizados por miembros de la red. En junio de 2024, seis meses antes de que la red criminal quedase desmantelada, registró en Boa Vista la firma Tron Soluções e Services Digital, vinculada al sector de los criptoactivos.

Su perfil de Facebook indica que vive en Porlamar, en la turística isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el Caribe nororiental venezolano. La orden de captura en su contra sigue vigente. 

Meyer Ali, alias de Mayez Abdul Mansour, aparece varias veces relacionado con transacciones a Alibaba Gold Center, según se lee en los mensajes intercambiados por los miembros de la red. A este comerciante de 43 años de origen libanés se le señala en las investigaciones judiciales como testaferro o financista de la red. Figura como socio mayoritario de Baldar M Abdul Mansour Comercio LTDA, registrada como microempresa en octubre de 2022 en Boa Vista, dedicada al comercio de relojería, en la que también tuvo participación Gregorio de Jesús Carrasco Romero, el ya mencionado gerente de la red. En Boa Vista era propietario de dos vehículos que miembros de la red criminal utilizaban, de acuerdo a las investigaciones judiciales brasileñas.

El nombre de Baldar también lo lleva una empresa del ramo textil que Mansour incorporó en Caracas en mayo de 2012, con el fin explícito de actuar en el  “corte, confección, fabricación y comercialización de todo tipo de prendas de vestir”. Como si no pesara sobre él una orden de arresto emitida en Brasil por tráfico y lavado de oro, Mansour habla en videos promocionales de Instagram, Facebook y TikTok sobre las bondades de sus productos textiles y la actividad de su fábrica, cerca de la avenida Panteón, en el centro de Caracas. También cuenta con un puesto de venta en el popular Mercado Bolivariano de La Hoyada, en el centro de Caracas, al que el mismo Mansour invita desde sus redes sociales. El último video de Instagram y Tik Tok en el lugar lo publicó el 14 de diciembre de 2024, tres días después de que la Policía Federal de Brasil lanzara la Operación FlyGold.

Mención aparte en esta sección la tiene Aldo José Pinheiro, alias Saymon o Cabramacho, quien, si bien es brasileño, tiene conexiones directas con Venezuela. Según las autoridades brasileñas, se trata de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, encargado de supervisar la logística del transporte de oro, hasta el punto de decidir los lugares de recepción y entrega del metal ilícito. Mantenía contacto con proveedores de oro y sus transportistas, además de negociar los envíos internacionales.  

Pinheiro tenía un patrón de viajes fuera de Brasil, con destinos que regularmente incluían Venezuela. Registra un histórico de salidas con destino a Venezuela entre 2013 y 2023, en el que se cuentan los ingresos en carro al estado Bolívar por el punto fronterizo de Pacaraima, cercano a la venezolana Santa Elena de Uairén. 

Hay registro fotográfico de sus visitas a la capital de Venezuela. El 29 de agosto de 2023, posó junto a otro líder de la banda, Adriano Aguiar de Castro, al lado de una avioneta en el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, a 57 kilómetros de distancia de la capital. Al día siguiente, posó con el mismo socio en la terraza del restaurante Menta y Romero, en el centro comercial Altamira Village de Caracas, un sitio en el noreste de la ciudad que frecuenta la oligarquía emergente del chavomadurismo. 

Pinheiro estaba en Caracas cuando el tribunal en Brasil dictó una orden de prisión preventiva en su contra, el 11 de diciembre de 2024, según dijo su defensa. De acuerdo a la misma versión, Pinheiro se encontraba entonces hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas, un costoso y reputado centro privado de salud. No obstante, las investigaciones determinaron que había sido dado de alta el mismo día. Aparte, las facturas de la clínica privada se referían a consultas médicas y exámenes clínicos, y no a una reclusión por motivos de alguna emergencia de salud o procedimiento quirúrgico. “Continúa evadiendo la aplicación de la ley penal”, dice el expediente. 

La alianza de Armando Info y Mongabay Latam solicitó entrevistas a Gregorio de Jesús Carrasco Romero, Richard Alexander Espinett Gonzalez, Adrián Domingo Urbina y Mayez Abdul Mansour por correo electrónico. Esta historia se actualizará cuando envíen sus versiones.   

La justicia de Brasil expresa sus sospechas sobre el destino de los once prófugos. “Es probable que aún realicen actividades ilícitas relacionadas con la venta de oro en Itaituba, Pará y otras regiones”, indica el expediente judicial de mayo de 2025, que pone al día el estado del caso que las operaciones FlyGold destapó. El documento agrega que existen indicios de que “muchos se mantienen ocultos en diversas regiones de Brasil, como Pacaraima y Boa Visita en el estado de Roraima. También en Navegantes, Santa Catarina, Manaos, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso do Sul, São Paulo y, en particular, Venezuela, lugar donde el oro podría comercializarse”.

Aunque muchos compradores de oro en Upata dicen desconocer el origen del mineral con que tratan, algunos admiten que una parte del oro que amalgaman sigue siendo de origen brasileño. “Sí, aquí trabajamos con el oro brasileño”, afirmaba ante los reporteros el encargado de un negocio de compraventa de oro, en julio de 2025. En la sucursal de Alibaba Gold en Upata niegan que el oro que compran provenga del país fronterizo: “Aquí no trabajamos con oro brasilero”, enfatiza uno de sus encargados tras la consulta de los reporteros. 

Pero son varios los cómplices del negocio ilícito, descubierto en Brasil. que ni se ocupan en disimular sus paraderos en Venezuela. Mientras, el gobierno de Maduro se hace de la vista gorda sobre las ramificaciones venezolanas del caso. Una fábrica de franelas deportivas o una moto de 20.000 dólares a toda velocidad en la principal autopista del país no parecen rastros difíciles de seguir.

Las taquillas con vidrieras polarizadas no permiten ver al interior de los comercios. En el estrecho vestíbulo, dos dependientes sentados hacen scroll a su celular. Sin levantarse de los bancos de plástico, responden con desgano que “el gramo de oro está a 90 dólares”. El encargado del negocio contiguo se acerca a los pocos clientes con algo más de ímpetu, para recordarles que también se analiza la pureza del metal en el piso superior. Es finales de mayo de 2025 y la modorra de un mediodía de días laborables prevalece en el lugar.  

Pero aquí los días no siempre fueron tan aletargados. Hasta 2023, las calles del centro de la ciudad, ubicada a 173 kilómetros al este de Ciudad Bolívar, capital del estado, bullían con el caos y el ruido superpuesto de carros, motos, clientes y de los compradores de oro, conocidos como pescadores. Estos abanicaban fajos de reales brasileños y bolívares en plena vía, mientras gritaban como una letanía: “¡Compro oro, compro oro!”.  

Con el empuje del Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería decretado por Nicolás Maduro en 2016, la extracción de minerales y su comercialización a pequeña escala pasó a ser la actividad más floreciente de una región con tradición ganadera y agrícola, reconocida además por la explotación maderera y por la producción de quesos blancos, entre ellos el popular queso guayanés, toda una denominación de origen en la práctica. 

Similar a uno de los cuentos contenidos en Las mil y una noches, en el que un leñador pobre se apropia de la guarida donde 40 ladrones esconden un tesoro robado, el nombre de Alibaba Gold Center no solo encubre la fachada de un edificio, sino también una operación a gran escala de comercialización ilegal y lavado de oro que involucra a Brasil y Venezuela, descubierta por la Policía Federal de Brasil y ejecutada por una organización criminal integrada por una docena de venezolanos (al menos dos de ellos oriundos de Upata), 14 compañías fantasma y una acaudalada ánfora de 4.362,4 millones de reales brasileños, equivalentes a 771,61 millones de dólares, transados entre febrero de 2023 y marzo de 2024, según los documentos judiciales del caso.

La investigación penal emprendida desde 2023 por la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños sobre la comercialización ilegal de oro y lavado de dinero revela que Alibaba Gold Center, con registro mercantil en Ciudad Guayana, la ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 55 kilómetros al oeste de Upata, y con sede principal en Tumeremo, a 120 kilómetros al sureste, es una de las 13 empresas, y la única en Venezuela, que sirvieron ad hoc para el tráfico y blanqueo del oro proveniente de Brasil.

Upata, puerta de entrada al Arco Minero, cobijó la fiebre del oro bajo la administración de Yulisbeth Josefina García González, La Tata, quien fue alcaldesa del municipio Piar desde 2017 hasta 2025. La proyección que le dio esa gestión, en convivencia con el comercio informal del metal precioso, le ofreció réditos políticos: en mayo reciente fue electa como la primera mujer gobernadora del estado Bolívar -el más grande de Venezuela, y uno de los más ricos- para el período 2025-29, cargo que asumió en junio en un acto al que asistió el propio Nicolás Maduro.

La controversial trayectoria de La Tata en el gobierno municipal se impulsó desde Upata, donde conquistó la alcaldía justo un año después del decreto de Maduro que formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 

Orígenes humildes, destino dorado

Hasta mayo de 2025 y fuera de Upata, a la mayoría de los habitantes del extenso estado Bolívar no les resultaba familiar el nombre de Yulisbeth Josefina García González. Tres meses después, es la persona más poderosa de la región.  

En efecto, puede que el nombre de pila resultase ajeno, desconocido, sin rostro. Pero no era así con el mote con el que Yulisbeth García carga desde niña y con el que se hizo famosa, cuando no temida: La Tata.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le reservó grandes planes, vio en ella un liderazgo disruptivo y muy funcional para los intereses gubernamentales. A su militancia sin torceduras y su lealtad tanto a la memoria de Hugo Chávez como a las políticas de Nicolás Maduro, añadía una ascendencia enérgica sobre la población local, propio de una mujer del pueblo, una líder natural, caracterizada por la estridencia de su verbo y percibida entre sus partidarios como diligente y resolutiva. El perfil arquetípico de una chavista.

Los orígenes de García, nacida en 1979, se hallan en El Pao, una pequeña población rica en hierro y la segunda más importante del municipio Piar, después de Upata.

Venida de “un hogar muy humilde”, como describe una fuente disidente del chavismo en el estado Bolívar, esos primeros años de vida resultaron determinantes en la forja de su sentido de familiaridad.

“Es una muchacha que viene de una familia compuesta. No es que sufrió un abandono o que se sintió relegada, rechazada. No, ella es de una familia muy humilde pero su papá, su mamá, sus hermanos, [estaban y] están muy unidos”, confía otra fuente que durante años trabajó al lado del exgobernador Francisco Rangel Gómez, general retirado de Ejército, muy cercano a Hugo Chávez e integrante también del PSUV. 

Rangel Gómez fue gobernador del estado Bolívar durante tres periodos, de 2004 a 2017, y se despidió del poder tras urdir con éxito un fraude electoral contra el candidato opositor, Andrés Velásquez, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría chavista convalidó. Después de la trastada, el PSUV entronizó como gobernador a otro general, este de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, y Rangel Gómez, con su liderazgo tocado, debió salir a un exilio dorado en México. Pero nunca dejó de auspiciar a La Tata. 

‘Manu militari’

Aunque sin cargos públicos o dentro la burocracia partidista, Yulisbeth García destacó como líder comunitaria. Mientras cumplía ese rol, el exgobernador Rangel Gómez vio en ella un potencial que bien podía funcionarle al PSUV. 

“En las nacientes bases del PSUV era una mujer que se había ganado esos sectores de Upata que ella pateaba y promovía. Y, bueno, muy cercana al equipo del gobernador. Porque tenía ese don de mover gente, de dirigirle un discurso que llegara, de decir lo que la gente quería escuchar. Se fue ganando ese sitial político en Upata”, recuerda la fuente cercana a Rangel Gómez.

Boletines en la prensa oficialista rememoran que, en 2014, García quedó elegida como delegada al Congreso Nacional del PSUV. Después, fue jefa regional del programa gubernamental de distribución de alimentos Mercal. El entonces ministro de Alimentación y posterior gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegaría a elogiar el trabajo de García González.

La estrella ascendente de La Tata por su trabajo de base le permitió desplazar en Upata el liderazgo del exalcalde de Piar, Gustavo Muñiz (2008-2013), que parecía contar con un apoyo firme en el PSUV. 

“De hecho, ella lo ha dicho en su discurso: era la que entregaba papelitos al gobernador; se refiere a los papelitos de la gente para comunicar los problemas [al gobernador]. Los asistentes de Rangel Gómez los recibíamos después y había que analizarlos siempre. Y ella se encargaba de eso”, continúa la fuente privilegiada. La Tata terminó por ganarse la confianza del general, quien le encomendó la planificación de sus visitas oficiales a Upata. En ocasiones, el mismo alcalde Muñiz no era notificado de esas visitas. Todo se canalizaba a través de García, algo que ponía de relieve tanto el crepúsculo de Muñiz como el favor que La Tata estaba conquistando en Ciudad Bolívar, la capital del estado. “En efecto, ella era la que coordinaba las idas del gobernador a Upata. Era normal llamar a La Tata, incluso en paralelo que al [sic] alcalde chavista. Ella era una simple militante. Pero siempre estuvo en la militancia dura”, recalca.

Con esas credenciales, García fue ascendiendo y cobrando relevancia. “Ella le decía a Rangel Gómez que era su jefe, y él siempre le decía Tata con toda confianza. Y ella ha dicho que Rangel es su padre político. Lo ha dicho mucho”. La relación política y casi filial entre Francisco Rangel Gómez y Yulisbeth García se hizo tan estrecha que el general, durante la etapa en la que debió salir a un exilio voluntario que comenzó en México, tras dejar la gobernación en 2017, siguió como entusiasta promotor de la campaña de la hoy gobernadora. 

Como alcaldesa, García dejó muy en claro que su gobierno era uno de marcada raigambre chavista y con enganche en la movilización de los grupos de base. Un trofeo que cosechó en ese rol de comandante de células regionales y administradora de la violencia fue la agresión de la que en Upata fue objeto la dirigente opositora, María Corina Machado, quien en octubre de 2018 fue recibida con piedras, palos, insultos y hasta robos al llegar de gira a la ciudad. 

En un comunicado del momento, Vente Venezuela, la agrupación partidista de Machado, denunció que la alcaldesa había teledirigido el ataque: “Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías La Tata, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea”.

También ese año, un dirigente local del partido de Machado, Octavio Robles, fue puesto bajo arresto por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El activista de Vente Venezuela venía haciendo denuncias contra “las mafias del oro desde Upata hasta el sur”, y atribuyó la campaña de descrédito e intimidación de la que era víctima a las críticas con que mortificaba a la alcaldesa de Piar. 

También célebre es el episodio de 2024 en el que García ordenó la detención de los manifestantes que salieron a las calles del municipio Piar a protestar contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que se desconoció el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia. 

Tres fuentes consultadas afirman que La Tata estuvo al mando de esa operación represiva. “Ha sido una perseguidora de la gente que protesta, de la gente de oposición. Después del 28 de julio, ella misma señaló gente que quería mandar para La Pica [un infame centro penitenciario en el estado Monagas], a las peores ergástulas. Tengo información de que los policías al final liberaron a esas personas a través de acuerdos económicos con las familias”, insiste una de las fuentes.

El terror paga

Mientras tanto, García dejaba hacer al comercio del oro que, a la vez y según denuncias, la recompensaba. 

Américo De Grazia, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional y excandidato a gobernador de Bolívar, en la actualidad detenido como preso político, fue de los primeros en señalar a García como la dueña final de la mina La Justicia, a pocos kilómetros al sur de Upata. 

Esa versión cuenta con el aval de otra fuente que accedió a conversar con Armando.info para este trabajo, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada. De acuerdo con esta persona, García ordenó tomar la mina, considerada en los predios como una de las mejores minas del estado Bolívar, pues por ella pasaría, asegura otra fuente en el pueblo, una veta de oro de 70 metros de ancho por tres kilómetros de largo. 

“Esa mina”, continúa la fuente, “se la invadieron a una familia que tenía productivo el lugar, con actividad agrícola. Pero ella y una empresa de nombre Berakah invadieron la mina y no ha habido manera de moverlos de ahí”. La pelea tribunalicia de los herederos de la mina, dice, no ha dado resultado alguno. 

En Upata, la minería y tráfico de oro ilegal se han solapado con la tradicional economía agropecuaria, aunque no hay reportes con estadísticas confiables que lo certifiquen. Pese al crecimiento del sector, tan vigoroso como anárquico, la capital de Piar no dispone de una cámara independiente de comercio o de minería, o de alguna asociación similar que agrupe a los negocios vinculados a la actividad aurífera, algo que se encuentra en otros pueblos de cultura minera centenaria, como El Callao y Tumeremo. La Cámara de Comercio e Industrias que existía en Piar está cooptada por García, hasta el punto que sus representantes participaron de manera abierta en la reciente campaña de García para la gobernación. 

En Upata no existe una normativa para el sector del oro, algo en buena medida sorprendente y hasta irregular, porque se trata de un “material estratégico” que, en el contexto del Arco Minero, quedó sujeto a controles rígidos por parte del Estado. 

Recién asumido su cargo municipal, en 2018 La Tata promulgó un decreto que se proponía evitar la proliferación de los comercios de compra y venta de oro. “Todo el mundo sabe que son ilegales”, respondía ese mismo año Yulisbeth García a los requerimientos de reporteros de Runrunes y Connectas sobre los pequeños comercios que comenzaban a ocupar cuadras enteras de la ciudad, “yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”.

Pero, o se trató de apenas un saludo a la bandera o la alcaldesa cambió de opinión en el camino, como pronto se encargaría de demostrar el boom del sector informal de comercialización del oro que, en los hechos y ante las narices de todos, invadió las calles.

En contraste, Yulisbeth García, mientras fue alcaldesa de Piar, se mostró diligente en imponer normativas a otras muy lucrativas actividades comerciales, como una ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas y su carga impositiva. Con idéntico celo llegó a prohibir en 2018 la compra y venta ambulantes de dinero en efectivo, bolívares y dólares, en el centro de la ciudad. 

Aunque el municipio Piar se encuentre dentro de la poligonal del Arco Minero, en cuyo seno en teoría se promueve la actividad aurífera, esta se mantiene como una economía subterránea. Y no de manera literal porque algunos yacimientos requieran de excavación, sino porque quienes ejercen la actividad, sobre todo en su vertiente artesanal, prefieren el perfil bajo y no llamar la atención. 

La codicia por el oro les fuerza a llevar una dinámica distinta a la de cualquier otro mineral, por valioso que este sea.  Tal dinámica se refleja hasta en los niveles institucionales: por ejemplo, en mayo de 2024 el régimen de Maduro anunció el inicio en el municipio Piar de la explotación de la mina La Carata, un yacimiento de bauxita, mineral que sirve de base para la producción industrial de aluminio y que, por lo tanto, resulta indispensable para la economía global. Pero nada semejante ocurrió cuando, no muy lejos de La Carata, se supo de un par de bullas (vetas de oro), ambas al suroeste de Upata y en dirección al Embalse del Guri: la primera, a pocos kilómetros del caserío Santa María, y la otra en las inmediaciones de la carretera de El Manteco. En casos como estos, la voz corre por la cuenca aurífera de Piar, animando a muchos -individuos, funcionarios del Estado o corporaciones- a embarcarse en una carrera de la que lo único que pueden dar por sentado es que quien llega primero tendrá las de ganar. Pero la mayoría se quedan con las ganas.  

Con nuestra muchacha no se metan

No pasó mucho tiempo con Yulisbeth García en la alcaldía del municipio Piar para que en el cantón brotara la versión de que ella había completado un pacto con los compradores de oro, a quienes cobraría una cuota a cambio del permiso para seguir funcionando, a la manera de un impuesto o vacuna.

También temprano en su mandato, García tuvo que ocuparse de contrarrestar el rumor: “Yo puedo cerrar cualquier compra porque no tengo compromisos con ninguno de ellos”. Sin embargo, entonces reconocía que no iba a clausurar esos locales “de manera agresiva” porque “ya todos estaban construidos”.

Eso, sin embargo, no detuvo las murmuraciones. Junto a su bien ganada fama de militante pendenciera se acumularon los señalamientos de contubernio con la minería, cuya cúspide alcanzaron en 2020, cuando el exdiputado Américo De Grazia calificó en Twitter (hoy X) a la entonces alcaldesa y futura gobernadora como la cabecilla de “una auténtica organización criminal”, en cuyas manos estaba “el sicariato y maneja las ventas [de oro] operadas por pranes”, en referencia a los líderes de bandas criminales que controlan zonas mineras del sur de Bolívar. 

Luego, en marzo de 2023, el mismo dirigente opositor volvería a vincular a La Tata con el negocio furtivo. Entonces asomó en un tuit la especie de que ella se repartía con el entonces gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y con el entonces alcalde del municipio Roscio, Wihelm Torrellas, la propiedad de un molino de oro en la mina El Muertico, cerca de la localidad de Guasipati. Sostuvo De Grazia que los funcionarios se quedaban con 50% de los dividendos de la operación, mientras destinaban 20% a la estatal Corporación Venezolana de Minería, y el restante 30% al minero local. 

La reacción que a la larga obtuvieron las reiteradas denuncias de De Grazia puso a este tras las rejas, a finales de 2024. Diosdado Cabello, tradicionalmente visto como el número dos del chavismo, hoy ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del PSUV, anunció que el opositor, que llevaba días desaparecido, había sido capturado por cuerpos de seguridad al apenas regresar a su región natal, después de dos años de exilio forzado. Acusó a De Grazia de participar, junto a Carlos Chancellor -exalcalde del también minero municipio Sifontes-, en un supuesto complot para asesinar a La Tata. Los familiares del parlamentario se apresuraron a rechazar las imputaciones, diciendo que “las acusaciones son obviamente falsas y no tienen pruebas para demostrar lo contrario”. Mientras Chancellor acaba de ser excarcelado en julio reciente, el nombre de De Grazia sigue apareciendo en las listas de presos políticos del régimen. 

La determinación que Cabello mostró al encarcelar a De Grazia, con el pretexto de proteger a Yulisbeth García, bien pudo ser un augurio de lo que el partido oficialista guardaba para ella: la postulación como gobernadora del estado Bolívar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, madrina del Arco Minero, le alzó la mano durante la campaña electoral. También Héctor Rodríguez, ministro de Educación, se ha acercado hasta el estado Bolívar para expresarle su apoyo. Nicolás Maduro le demostró su respaldo durante la campaña electoral y proclamación como nueva gobernadora. El mismo Diosdado Cabello también la visitó varias veces y hasta aprovechó alguna de estas oportunidades para transmitir desde Piar su programa televisivo de todos los miércoles, Con el mazo dando.

El equipo de Armando Info y Mongabay Latam solicitó su versión a Yulisbeth García por correo electrónico. Pero hasta el momento de la presente publicación no había dado respuesta. 

Una imagen vale más que el oro

Durante una de sus visitas a Upata, la tarde de un jueves, los reporteros vieron un grupo de niños que jugaban con un balón frente a un letrero publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre las blancas paredes del Parque Bicentenario, el centro polideportivo de Upata administrado por la Alcaldía de Piar. 

Junto al anuncio de la empresa se veía el logo con el nombre de la propia alcaldesa, Yulisbeth La Tata García. Pasando por alto la providencia administrativa de aplicación nacional de julio de 2013, al cartel de la compañía no lo acompaña el número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) correspondiente. “Claro, claro, todo el que quiere anunciar su negocio acá tiene que cuadrarlo con la Alcaldía. Ellos tienen sus tarifas”, comentó a los reporteros el vendedor de un kiosco de chucherías cercano. Según su testimonio, la tarifa que impone el ente municipal de recaudación es de 10 dólares mensuales por valla o cartel. 

La imagen, aunque anecdótica, ilustra lo que ocurrió durante el mandato de García en Piar: la normalización para las empresas que, como Alibaba Gold Center, eluden los controles y las normas que el propio Estado exige al negocio del oro.

El aviso comercial también dio lugar alguna vez a una fotografía ya emblemática del mandato de García, en la que esta, mientras saludaba al público que llenaba las tribunas, aparecía flanqueada por el cartel de Alibaba Gold Center. Ante un ojo malintencionado, la foto podía quedar como la imagen de un endoso en el que no se distinguía quién patrocinaba a quién: ¿la marca o la funcionaria? 

Este, y no otro, es el legado tangible del paso por Upata de la hoy gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, La Tata: un signo del avance de la influencia minera, desde los confines selváticos del sur hasta la sede del poder regional.

En cambio, Domingo obtiene ocho toneladas de oro al año (según cifras de 2018). Equivale a casi 22.000 gramos por jornada, prorrateando aquel tonelaje entre los días del año.

La diferencia de magnitudes, quizás evidente, radica en que Domingo es la empresa Domingo Sifontes, un complejo integrado por seis plantas procesadoras de oro. Mientras, Kerly es una joven de 34 años, bionalista de profesión, que hace cinco años decidió abandonar su carrera y, junto a un grupo de amigas, aventurarse en la búsqueda de fortuna en las minas del sur de Venezuela. 

Ambos, Kerly y Domingo, trabajan avecindados. Kerly extrae el oro de manera artesanal en las cercanías del complejo minero que se ubica en la parte alta del pueblo de El Callao, corazón de la cuenca aurífera más conocida de Venezuela. Mineros como Kerly y sus amigas tienen prohibido acercarse más al perímetro del complejo industrial. Las zonas de mayor riqueza mineral, como esta donde se ubica el Domingo Sifontes, están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Inteligencia (DGCIM), que muchas veces los corren o amedrentan. 

"Aquí tenemos que luchar ahora por nuestro saco de tierra", contesta Kerly con una sonrisa, cuando se le cuestiona sobre los grandes negocios corporativos que se gestan allí mismo, detrás de las minas. Sus compañeras asienten en silencio.

Cuando se piensa en la fiebre del oro que se ha esparcido en la Guayana venezolana, al sur del río Orinoco, suelen venir a la mente imágenes de una marabunta de mineros más o menos organizados, cazadores de fortuna que acuden en horda a sacarle provecho a la bulla más reciente. 

Pero en el estado Bolívar, en particular en el territorio de los municipios Piar, Roscio y El Callao que corresponde al Arco Minero del Orinoco, la imagen es otra. Emprendimientos de escala industrial, propiedad directa del Estado, o mixtos con algún grado de alianza entre privados y las autoridades estatales, conforman el nuevo panorama.

Cuando en 2011 el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar las minas, el Estado venezolano se hizo con el control de grandes multinacionales como Crystallex, Rusoro Mining, Mineria MS Ca, Promotora Minera de Guyana y Gold Reserve Inc. 

"Tengo aquí las leyes que permiten al Estado explotar el oro y todas las actividades relacionadas con él (...) Vamos a nacionalizar el oro y vamos a transformarlo, junto con otros elementos, en reservas internacionales, porque su valor continúa creciendo", anunciaba entonces Chávez en una llamada telefónica al canal del Estado, como era su costumbre.

Sin embargo, el plumazo presidencial no resolvió el asunto de la llamada pequeña minería. Por multitudinaria, la minería artesanal conserva una cierta aura social; pero, por depredadora, absorbe buena parte del costo reputacional endosable a los daños ambientales que la minería causa en el pulmón de la Orinoquía. De más está decir que el chavismo optó por lidiar con esa pequeña minería desde una postura, cuando menos, ambigua.

El 5 de diciembre de 2017, ya bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se emitió un decreto que delimitaba 23 zonas, con una superficie total de 3.400 kilómetros cuadrados, donde se permitiría la extracción minera. De las veintitrés zonas, dos estarían destinadas para la extracción de diamantes, y las restantes 21 al oro. Pero algunas áreas, a su vez, fueron asignadas a grandes empresas mixtas, constituidas ad hoc entre el Estado venezolano e inversionistas privados. 

Fue así como quedaron a cargo empresas como Faoz, de la extracción de coltán; Afridiam, de la República Democrática del Congo, de la extracción de diamantes; o la italiana Bedeschi en Italia, la china Yankuang Group, o las canadienses Barrick Gold Corporation, MEP International Inc. y Gold Reserve, de la explotación del oro. 

En el primer semestre de 2018, el entonces ministro del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico-Minero, Víctor Cano, anunciaba la llegada de la era de “las plantas mineras con tecnologías innovadoras, que desplazan el uso de mercurio y con las que se reciclarán arenas residuales del proceso aurífero acumuladas históricamente”. Pero eso no ocurriría en detrimento de los mineros quienes, de acuerdo a Cano, serían socios formales y parte fundamental de estas alianzas 

Pero con el tiempo las palabras no se transformaron en hechos. Han quedado enfrentados dos modelos, contrapuestos y excluyentes: industria contra mineros artesanales. Al momento de la llegada de los inversionistas, los locales se ven excluidos de los beneficios que ofrece su propia tierra, al extremo que las empresas foráneas prefieren pactar con grupos de obreros provenientes de otras regiones. 

José, un trabajador que labora para la Corporación Venezolana de Minería (CVM),  asegura que las compañías privadas, ansiosas por aprovechar la coyuntura, han ocupado el espacio dejado por los mineros informales desarraigados. "Aquí, el minero ha quedado abandonado y el negocio se ha reservado para los amigos del gobierno, a quienes ahora se les conoce como los enchufados", relata José en la plaza Bolívar de El Callao.  

En efecto, muchas alianzas han terminado por conformarse entre el Estado, por lo general representado por la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y antiguos allegados políticos, transformados en empresarios, así como contratistas habituales.

El dilema no es solo de escala y de quién será el grupo beneficiado. También de proceso productivo y salvaguardas ambientales. 

Hay dos modelos de producción. El de la pequeña minería, de corte más artesanal, recurre al mercurio para la obtención del oro a partir de las tierras excavadas. En esta etapa, las rocas son trituradas en molinos y se deslizan por una banda de mercurio que atrapa las preciadas partículas doradas. Este proceder, de raíces inmemoriales en la región, ha sido el protagonista indiscutible por largo tiempo.

El proceso industrial emplea cianuro, en vez de mercurio, para extraer el oro de la arenilla de los molinos. Es un método más moderno y eficiente que el anterior, pero también más polémico, por los riesgos ambientales que conlleva. “En reiteradas ocasiones, el agua es explotada por las minas en perjuicio de la población, y en ciertas zonas, la contaminación por cianuro y otros productos utilizados en la extracción del oro tiñe el agua” resume José.

La vitrina de la Troncal 10

En ninguna parte como en el noreste del estado Bolívar se hace más evidente el contraste entre los dos modos, y el paulatino reemplazo de uno por otro. En particular, en la carretera Troncal 10, que cruza de norte a sur el estado hasta alcanzar la frontera con Brasil. En algún momento, la vía solía ser escenario de caseríos y pequeños poblados a su orilla. Ahora exhibe una transformación notoria: plantas de procesamiento de oro por cianuración, alianzas estratégicas y molinos, todos ellos integrados en el megaproyecto de minería en el estado Bolívar. En el tramo que va desde la localidad de Guasipati a la entrada de El Callao se observa un movimiento frenético de nuevas obras e instalaciones. Hay plantas industriales de dimensiones colosales. Hay otras que no se ven desde la orilla de la carretera, tierra adentro. Todas delatan el auge que está teniendo el negocio.

Apartando los bombos y platillos con que el régimen de Nicolás Maduro ha remachado sus escasos anuncios sobre el Arco Minero y la inauguración en 2018 del Complejo Domingo Sifontes, el hermetismo es el signo predominante en este boom. A falta de información sobre los actores que el Estado ha involucrado en la industrialización del oro de Guayana, el recorrido de la Troncal 10 y por sectores de los pueblos mineros es la única instancia que permite reconocer las vallas con los nombres de las industrias que han brotado como hongos. Solo en el municipio El Callao alcanzan las 40, entre explotaciones mineras, molinos y recuperadoras. Cada razón jurídica, cada marca, inscrita en los carteles, evoca alguna historia de conexiones políticas e influencia. 

Llegando desde Guasipati se pasa por la misteriosa Aurumin, origen de múltiples rumores. Ya en El Callao, en su sector Nacupay, se encuentra la recuperadora Zurisadai, uno de cuyos propietarios es el general de la Guardia Nacional, José Gregorio Almao Barroeta, ex presidente de la gubernamental Misión Negra Hipólita. Otra empresa, Arco Dorado 2, pertenece a Wuilher Torrella, un exfuncionario de la Asamblea Nacional. Todavía en la categoría de mineros independientes aparece Asocipemica, presidida por Maryuliz Marcano, una furibunda dirigente de base chavista.

Fachada de la planta Aurumin en plena Tronca 10, una de las más grandes pero también de las más opacas en términos de producción o quienes son sus dueños. Crédito: Jorge Benezra

Dejando El Callao hacia Tumeremo, más al sur en el municipio Sifontes, se encuentran Guayana Oro, empresa recuperadora en la que los hermanos Ranauro tuvieron sociedad con el contratista zuliano Leonardo Parilli García, asesinado en 2020 en un espectacular ataque sicarial a plena luz del día en una calle de Lecherías, estado Anzoátegui; e Intac, otra recuperadora, está conectada con el Grupo JHS, originario del estado Táchira.

No se cuenta con datos oficiales que revelen con precisión las estadísticas de producción ni la magnitud de las inversiones involucradas en todo este proceso. De lo que hay suficientes evidencias es de que el oro ha cobrado importancia como actividad económica y rubro de exportación. Algunas cifras hablan de que, en 2021, Venezuela exportó 104 millones de dólares en oro, lo que convertía al país ese año en el exportador número 92 de oro en el mundo. En el mismo año, el oro fue la octava en el ranking de mayores exportaciones de Venezuela, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

Diversas fuentes locales permiten calcular que hay alrededor de 32 plantas recuperadoras y alrededor de 129 alianzas extractivas en funcionamiento en la zona, que generan una producción estimada de aproximadamente 800 kilogramos al mes. Esta producción, en última instancia, termina por ley en manos de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

La imagen que se proyecta en esta región es la de un territorio en pleno auge minero, pero en la que el protagonismo de la fiebre del oro pasó de lo artesanal a lo industrial, con todo lo que ello implica: el ruido constante de las máquinas, la actividad de obreros y la presencia de infraestructuras de gran envergadura.

Decenas de vehículos de gran tonelaje se afanan en transportar arena, con la que no solo alimentan las plantas recuperadoras sino también los lamentos de los habitantes locales. Gran parte del asfalto ha desaparecido. El constante tránsito ha deteriorado la carretera, tornándola prácticamente intransitable para los vehículos no aptos para terrenos difíciles en épocas de lluvia. 

El deterioro de la vía es la oportunidad para algunos. Como unos jóvenes que, herramientas en mano, se encuentran tapando los baches de la carretera. “Si no nos dejan trabajar en las compañías, esto es lo que nos queda para sobrevivir”, dice uno de ellos mientras recibe una propina del chofer del reportero.

Éxodo forzado

Los mineros están de retirada. Además de la expansión de la industria y la reordenación impulsada desde el gobierno, sufren los embates simultáneos de las restricciones en el acceso al combustible, la disminución del mineral a flor de tierra, los severos controles oficiales, la violencia desatada por grupos armados ilegales y las fallas en el suministro de mercurio, entre otros.

“Hace ya cinco años de aquellos días en los que el llamado del gobierno nos encandiló. Nos persuadieron para que formáramos alianzas y nos convirtiéramos en socios del Estado, todo con el propósito de obtener mayores beneficios y proteger el medio ambiente. Nos aseguraban que las ganancias serían para el bien común. Yo, personalmente, tenía miedo de lo que pudiera pasar en el futuro, pero aún así, decidimos seguir adelante. Al fin y al cabo, se trataba del Gobierno; nos sentíamos forzados”, afirma Patricia Salamanca.

Salamanca es una pastora evangélica de un barrio nuevo de El Callao que surgió con la creación de estas alianzas, conocido como la Fortaleza Dorada. Junto con su marido y otros mineros, no dudaron en firmar con el gobierno y convertirse en unos de los primeros 10.000 enrolados en este nuevo esquema.

A este grupo de mineros se le concedió un espacio en la mina La Increíble. Durante dos años, invirtieron todo lo que tenían para acondicionar la mina y, finalmente, extraer las primeras pepitas de oro. Sin embargo, su alegría duró poco. Un día, llegaron unas personas del gobierno que les dijeron que tenían que abandonar la mina. Les explicaron que se instalaría una empresa con otros socios pero que descuidaran pues, a cambio, recibirían una indemnización. Hasta el día de hoy siguen esperando esa compensación. Lo perdieron todo.

En la actualidad, al pasar por la Troncal 10, la entrada a La Increíble asombra. Es una mina incrustada a una montaña. En particular, la sede de la corporación Goldtex resulta imponente, por suntuosa. Esta mina estuvo por mucho tiempo bajo control de bandas criminales. Recuperada por el gobierno, ahora está en manos de los concesionarios a quienes se les ha otorgado licencias para su operación: según los vecinos, presuntos militares y políticos allegados al oficialismo, en su mayoría.

Antes de eso, una corporación canadiense intentó hacerse de ella, una pretensión siempre frustrada por los permisos oficiales que se le negaban por cuenta de los riesgos de contaminación del cercano río Miamo, tributario del Yuruari. No se sabe cómo, esa cautela ambiental ha quedado superada. “Lo que hoy se ve desde la Troncal hubiese sido imposible en el pasado”, sostiene Agustín, un poblador de la zona.

Los mineros han denunciado que la Corporación Venezolana de Minería (CVM) está obligando a las alianzas estratégicas a pagar tributos para obtener los permisos necesarios para el traslado de material aurífero, insumos y equipamiento para la producción a pequeña escala. Si no se cumplen con los plazos, la autoridad amenaza con rescindir la alianza. "Somos forzados a pagar estas tarifas, vender nuestros bienes para comprar oro y entregarlo al precio que ellos quieran, incluso si no lo estamos produciendo", señalaron los mineros que discutían en una asamblea improvisada en el sector El Perú de El Callao 

La sombra de la CVM se cierne sobre estos trabajadores, presionándolos a abandonar alianzas que saben son productivas, para asegurar la extracción del oro y así otorgarlas a otros por conveniencia. Es una situación que parece no tener fin y que afecta a aquellos que buscan ganarse la vida en el duro mundo de la minería. Los mineros se sienten impotentes ante el poder de quienes representan al estado, y temen por su futuro y el de sus familias.

* Esta publicación es parte del proyecto Amazon Underworld, una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), La Liga Contra el Silencio (Colombia) y Armando.Info (Venezuela). El proyecto tiene como objetivo mapear las acciones de los grupos armados en la Amazonía. El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y está financiado por la Open Society Foundation y la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

El hallazgo de una caja con más de 1,3 millones de dólares en efectivo sorprendió la tarde del 25 de junio de 2019 a las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, tras registrar la avioneta de matrícula venezolana YV2887, que estaba a punto de partir con destino a la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

Los reportes de las autoridades dominicanas atribuyeron el botín a una mafia de tráfico de oro que, entre otros, involucraba a Roberto Espejo, nacido en Venezuela pero también con nacionalidad dominicana. El fiscal general de Venezuela, nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reiteró la información un mes después, y volvió a mencionar al mismo Roberto Espejo, pero esta vez como cabecilla de la maniobra.

A Espejo lo detuvieron en Brasil en diciembre de ese mismo año pero no por el caso dominicano, sino como consecuencia de la llamada Operación Hespérides, por la que los cuerpos de seguridad brasileños destaparon un modus operandi complejo que sacó al menos 1,2 toneladas de oro de las minas ilegales del Arco Minero del Orinoco en Venezuela a través de empresas brasileñas. Una de las más señaladas por la investigación, la firma MC Produtos da Extração Mineral, legalizaba el oro como chatarra y joyas usadas para luego depositar parte del botín en cuentas de supermercados y distribuidoras de alimentos de Pacaraima y Boa Vista, en el fronterizo estado de Roraima, que, a su vez, a manera de pago del oro, despachaban gandolas repletas de comida al sur de Venezuela, país que entonces enfrentaba lo más álgido de una crisis socioeconómica y humanitaria.

El nombre de Espejo fue apenas mencionado unas cuantas veces entre los más de 80 individuos involucrados en la Operación Hespérides. Pero ello no impide percatarse de que se trata de un personaje singular. El expediente del caso deja ver que este sujeto, solicitado simultáneamente en República Dominicana por mover avionetas con millones de dólares sin declarar y en efectivo, es quien estaba detrás de al menos una de las empresas brasileñas que, entre 2017 y 2019, blanquearon oro, ocultaron bienes y encubrieron transacciones con cargamentos de comida.

“En el transcurso de las investigaciones, se reveló que el prófugo de la justicia en Venezuela y República Dominicana esconde en Brasil parte de sus bienes obtenidos a través del contrabando de oro”, cita un informe firmado el 8 de noviembre de 2019 por el oficial Vinicius Venturini, entonces a cargo de la delegación de la Policía Federal de Brasil en la población fronteriza de Pacaraima.

¿Cómo se dice ‘dinheiro’ en español?

El venezolano-dominicano Roberto Espejo tiene domicilio en una residencia del barrio Aparecida de Boa Vista, capital del estado de Roraima, que hace frontera con el estado Bolívar, en Venezuela. Es un town-house típico de urbanizaciones de clase media del norte de Brasil. Al tocar el timbre, un perro ladra desde el interior. Las sospechas de la policía empezaron precisamente allí, en esa casa, pero a partir de los vehículos que usualmente estaban estacionados en el garaje. 

Se trata de dos vehículos de la marca Volkswagen que, no obstante, no aparecen registrados a nombre de Espejo, sino del brasileño Cleber Felisberto de Aguiar, dueño de Ricca Comércio Ltda, una distribuidora de alimentos que se constituyó como el tercer mayor beneficiario de los depósitos de MC Produtos da Extração Mineral, la empresa que recibía el oro ilegal venezolano.

Si esa situación ya advertía acerca de una relación sospechosa, las autoridades terminaron de señalar a Felisberto como “testaferro” de Espejo cuando, primero, se toparon con una transferencia bancaria del brasileño al venezolano por 10.000 reales –unos 2.000 dólares– y, luego, encontraron la contabilidad de la empresa Ricca apuntada en español, con varios depósitos a nombre del mismo Roberto Espejo y de algunos de sus familiares.

“¿Por qué una hoja de cálculo financiera de una empresa brasileña estaría escrita en español? Porque el movimiento económico lo controla el propio Roberto Espejo”, concluye la Policía Federal de Brasil en el expediente de la investigación. “Cleber no muestra riqueza acorde con el volumen de oro que comercia a su nombre con MC, lo que representaría un indicio de que sería el ‘testaferro’ de Roberto Espejo”.

Felisberto prefirió guardar silencio cuando se le contactó en persona en Boa Vista. Abrió la puerta de su oficina, sí, pero sólo para pedir que le anotaran los nombres de los reporteros y medios que hoy publican esta historia.

Desde luego, a Espejo no se le encuentra ya en su town-house. Está detenido desde diciembre de 2019. Primero fue enviado a la Prisión Pública Masculina del Estado de Roraima y, un año después, en diciembre de 2020, trasladado al noreste de Brasil, para confinarlo en la Penitenciaria Federal de Mossoró, estado de Rio Grande Do Norte.

Aunque nunca contestó a los llamados de los reporteros –ni siquiera a través del mensaje que recibieron en su casa– se sabe de él por los amparos y medidas cautelares que su defensa solicitó desde noviembre de 2020, cuando fue sometido a una cirugía para extirpar un “tumor en el lóbulo tiroideo derecho con desviación traqueal con indicios de malignidad”.

Su destino, por lo pronto, está en manos de la justicia brasileña, que también debe decidir una solicitud de extradición que formalizó República Dominicana tras conocer su detención. Consultado sobre el tema, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil aseguró que “la extradición aún no se ha producido, ya que el caso aún no se encuentra en firme y hay recursos pendientes de sentencia ante el Supremo Tribunal Federal”.

Copiloto en fuga

Mientras espera por la eventual extradición de Roberto Espejo, el proceso legal continúa en República Dominicana. El juicio se fue dilatando durante más de tres años hasta que el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, en el sureste de la Isla de la Española, celebró la primera audiencia apenas el pasado 30 de marzo contra otros dos venezolanos y cuatro dominicanos imputados por el caso de los 1,3 millones varados en la avioneta.

La próxima audiencia quedó pautada para el martes 9 de mayo de este año. Entonces comparecerán, en ausencia de Espejo, dos venezolanos detenidos en flagrancia, quienes siguen en República Dominicana bajo libertad condicional: el piloto de la avioneta, Claudio Alejandro Di Genova Fistarol, y la madrastra de Espejo, Estela Gómez de Rodríguez, que también iba a bordo.

Otro venezolano, el copiloto Jonnathan Luciano del Valle Mata Figueroa, se fugó. “Realmente se fue y está en rebeldía”, confirma al otro lado del teléfono, desde Santo Domingo, José Rafael Ariza, el abogado que lo asistía.

El juicio irá recogiendo el testimonio de los testigos. Pero Ariza, que también representa al piloto Claudio Di Genova, asegura que no puede probarse ninguna acusación de lavado de activos desde el momento en que los investigadores no han llegado a probar el origen de los 1,3 millones de dólares: “No hay un delito precedente que justifique que ese dinero proviene del narcotráfico y se supone que, si es producto del contrabando de oro, debieron encontrarlo en el momento en que entraba al país”.

El fiscal Tarek William Saab denunció el caso como una mafia de oro y señaló a Espejo al frente de ella. Crédito: Youtube/MP venezolano

Entre tanto en Caracas, a casi 500 millas náuticas de La Romana, hay indicios de que estos y otros actores integraban el elenco de una trama que hacía despegar avionetas cargadas de oro venezolano desde el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona.

“Ese dinero incautado fue producto de esta venta ilícita de oro, que pertenece a toda la República”, declaró en agosto de 2019, en rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab. “Se logró establecer que Roberto Antonio Espejo Camacho era quien financiaba estos vuelos; los utilizaba para extraer oro del territorio nacional y comercializarlo de manera ilegal, en este caso en República Dominicana”.

La flotilla del Caribe

Además de la YV2887 que encontraron en Dominicana con el botín, hay otras cinco avionetas –con las siglas YV3140, YV2660, YV3363, YV3165 y YV3166– que, entre enero y junio de 2019, despegaron y regresaron a Barcelona con escala principalmente en La Romana, según reflejan los registros del Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui.

Algunos vuelos de esas aeronaves tuvieron como destinos Medellín, Colombia, así como Aruba, Curazao y Trinidad. Entre los tripulantes de estos viajes figuran los mismos tripulantes procesados en República Dominicana, Claudio Di Genova y Jonathan Mata Figueroa, así como el propio Roberto Espejo.

Las avionetas estaban arropadas bajo el paraguas de la empresa Transportes del Sur, propiedad del venezolano César Leonel Díaz González, detenido en España a finales de 2019 y solicitado desde entonces por la justicia venezolana como uno de los líderes de la organización. “Presentaban múltiples salidas desde el Aeropuerto Internacional de Barcelona hacia República Dominicana, utilizando reiteradamente cuatro (4) aeronaves privadas (…) propiedad de César Días [sic], lo que hace presumir la existencia de una ruta de tráfico o tránsito para la comercialización de material estratégico, legitimación de capitales y movimientos de divisas”, refiere el expediente AA30-P-2020-00004 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Las autoridades dominicanas encontraron el botín en junio de 2019. Casi cuatro años tuvieron que pasar para que el proceso judicial se reactivara el mes pasado. Crédito: Periódico El Caribe

La red sacaba el oro por vía aérea y regresaba con dólares en efectivo que debían lavar en una red de al menos 10 empresas registradas en Venezuela, entre las que destacan varias constructoras, ferreterías e importadoras: Corporación y Suministros Romjeca C.A., Ferremateriales La 24 C.A., Ferremateriales La Excelencia C.A., Ferretería y Materiales de Construcción Arcihierro C.A., Importaciones y Exportaciones Pacífico C.A., Inversiones Moda Guayana C.A., Maquinarias La Excelencia C.A., Suministros Hierrollanos C.A., Supermercado Guayana Mall C.A. y Taboada Hermanos S.A.

“Se estableció que las personas investigadas por el presente hecho son representantes legales de múltiples empresas a nivel nacional, que están relacionadas entre sí”, añade la acusación fiscal. "Las mismas son utilizadas como fachadas por este grupo de delincuencia organizada para legitimar los capitales obtenidos producto de la comercialización ilegal de material estratégico (oro), en provecho propio”.

Al menos parte de ese emporio comercial se ha venido a menos desde que la ruta quedó en evidencia y varios de sus actores han sido detenidos o solicitados. Es el caso del Supermercado Guayana Mall C.A., propiedad de Espejo y registrado en Venezuela antes de caer preso en Brasil.

El Supermercado Guayana Mall estaba ubicado en el centro comercial homónimo en la popular parroquia Unare de Ciudad Guayana, la urbe industrial del norte del estado Bolívar. Los vigilantes del local hacen memoria y estiman que cerró hace poco más de un año. En la fachada principal del establecimiento aún se ve el nombre en los adhesivos de los ventanales, mientras que en sus redes sociales quedan fotos de unos pasillos llenos con una cartera de productos importados de Brasil, que van desde Leite em po integral CCGL (leche en polvo CCGL) hasta Farinha de trigo Turmalina (Harina de trigo Turmalina).

A la vera de Rangel Gómez

Quienes lo conocieron, recuerdan a Espejo como un muchacho de palabra, trabajador, de trato fácil y avezado para los negocios. Cercano, sí, al general Francisco Rangel Gómez –gobernador y caudillo del estado Bolívar durante 16 años, primero como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y luego como máxima autoridad de la entidad–, pero en su defensa, advierten que siempre tuvo los permisos exigidos por el Banco Central de Venezuela para comprar y vender oro.

Todo cambió en 2017, cuando Rangel Gómez termina su tercer período y se aparta, en un exilio voluntario, en México. El nuevo gobernador, Justo Noguera, también militar, llegó con nuevas condiciones, que Espejo no aceptó. “Yo no puedo trabajar a pérdida”, justificó entonces entre amigos.

Ironías de esta historia, luego el entonces Vicepresidente Ejecutivo de la República, hoy caído en desgracia, Tarek El Aissami, llegó a Guayana con la llamada Operación Manos de Metal, una serie de redadas que persiguieron a más de 200 personas vinculadas al tráfico de oro. Entre los blancos de la operación figuraron el mismo Roberto Espejo y su hermano, José Miguel Espejo, que, aún cuando ya cumplió su condena, permanece preso en la antigua cárcel de La Planta de Caracas, hoy reabierta con el nombre de Centro de Reclusión Simón Bolívar.

Actuando entonces como un campeón de la cruzada contra el crimen organizado y la corrupción, El Aissami anunció en junio de 2018 que Manos de Metal estaba dirigida a contrarrestar mafias del contrabando de oro y las criptomonedas. “Hasta ahora hemos evitado la extracción ilegal de 2,5 toneladas de oro”, indicó. “Han querido imponer precios especulativos del Petro”.

Desde entonces hubo que esperar hasta 2019 para volver a tener noticias de Roberto Espejo, con la incautación de más de un millón de dólares en efectivo en República Dominicana, y su posterior arresto en Brasil. 

Hoy permanece preso y a merced de la burocracia judicial de no uno ni dos, sino de tres países que le cobran cuentas pendientes. Pero sus aventuras incluso han trascendido más allá: un cuarto país también ha tomado nota de su rastro. Según se lee en el expediente en Brasil, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, (FBI, por sus siglas en inglés), formalizó una solicitud “para que agentes estadounidenses puedan entrevistar informalmente a la persona extraditada”.

(*) Esta es la tercera entrega de la serie 'Los Señores del Oro', investigada y publicada por Armando.info y Correo del Caroní, en español; Occrp, en inglés; y la revista 'Piauí', en portugués; con el acompañamiento y apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.