El sueño pospuesto es una herencia de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Su gobierno completó en 200 días y con un costo de 10,5 millones de dólares el Teleférico de Caracas, inaugurado en 1955, que conectó el valle de la ciudad capital venezolana con un punto alto y estratégico del cerro que lo domina, y de allí hasta la estación El Cojo, en Macuto, en plena costa del litoral central. Aquella obra de envergadura que incluyó al icónico Hotel Humboldt -diseñado por el arquitecto Tomás José Sanabria y reciente y repetidamente rescatado del abandono-, luego peregrinó entre períodos de servicio y cierre por falta de mantenimiento y sostenibilidad. Los ánimos desarrollistas de la época no fueron suficientes para mantener el funcionamiento de los tramos y el segundo, hacia la costa, cerró definitivamente en 1987 tras la rotura de uno de los cables.

El presidente Rafael Caldera, en su segundo mandato, privatizó en 1998 el Teleférico Caracas entregándolo a la empresa Inverturca (Inversora Turística Caracas C.A.), que en tres años recuperó el tramo principal desde la capital a la montaña (Maripérez - El Avila) y se encaminó a la rehabilitación del Hotel Humboldt y el tramo Litoral. Pero pronto el gobierno del recién electo presidente Hugo Chávez se afanó en regresar el proyecto al Estado que, bajo la figura de enajenación de bienes públicos, dejó en manos del Ministerio de Turismo la administración del Hotel Humboldt y el Teleférico de Caracas desde julio de 2007. Desde ese momento el teleférico a la playa se convirtió en una promesa eternamente renovada, financiada… y olvidada.  

Olga Titina Azuaje era la ministra de Turismo cuando, el 22 de abril del 2008, anunció la intención del gobierno de recuperar la red de teleféricos del Estado, que incluía el de Mérida (el más alto del mundo) y el de Caracas. Mediante el Decreto N° 6.031, se creó la empresa estatal Venezolana de Teleféricos Ventel, C.A., con la que la autodenominada Revolución Bolivariana se dispuso a asumir la administración, procura, diseño y construcción de todos los sistemas de teleféricos. Azuaje anunció la aprobación de un crédito adicional por 107 millones de bolívares para ejecutar la recuperación del tramo Litoral, -unos 50 millones de dólares según la tasa de cambio oficial de ese año-, para recuperar, en 18 meses, el recorrido desde Caracas hasta La Guaira, remontando El Ávila.                                    

Once años después, de aquel anuncio solo reposa en los archivos de la Notaría Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital un papel que deja constancia de las acciones emprendidas por una empresa, la austriaca Doppelmayr, para hacerse de la contratación, bajo la supervisión del Ministerio del Transporte. Se trata de un documento fechado el 12 de diciembre del 2008, en el que Doppelmayr cede a la empresa brasilera Norberto Odebrecht las obras de ingeniería civil del proyecto Sistema Metrocable Warairarepano - Macuto. Hasta esa fecha la única decisión del gobierno de Chávez en torno al Ávila que había logrado cristalizar fue la intervención en su toponimia: le quitó el nombre del conquistador español al que se le asignó una encomienda en la montaña, para devolverle su supuesto nombre indígena, Warairarepano.

Cable a la nada

Ese documento de cesión se soporta sobre un contrato –número MC-4118-, suscrito entre el Ministerio de Transporte a través de la Compañía Metro de Caracas y la austríaca Doppelmayr Garaventa GmbH, que tenía como propósito el “suministro de los equipos y sistemas electromecánicos, ejecución de las obras civiles y sistemas complementarios requeridos para la instalación del Sistema Metrocable Warairarepano-Macuto, así como la instalación de los equipos mecánicos y eléctricos requisitos para este sistema, con una longitud de 7,5 km, dividida en dos tramos”.

El documento de cesión detalla que el pago para Odebrecht por su participación en las obras civiles del teleférico sería de poco más de 45,7 millones de dólares para el componente nacional, y de 43,5 millones de dólares para el internacional. Todo ello según lo previsto en el documento contractual “B” del contrato principal MC-4118, “dejando salvo la probabilidad de que dicho precio puede variar durante la ejecución de los trabajos”. Aunque Ventel había sido creada ocho meses antes para regir los proyectos relacionados con teleféricos en manos del Estado, el documento omite cualquier mención a esa empresa estatal.  

Doppelmayr es un fabricante de teleféricos con operaciones en 96 países. En Venezuela debutó bajo contrato con Inverturca, para reemplazar el sistema original de la firma alemana Heckel por un sistema Grasjoch en el tramo Mariperez – Ávila. Enmarcado en el cumplimiento del Convenio de Cooperación Económica, Comercial, Industrial y de Tecnología entre Venezuela y Austria, suscrito entre ambos países el 15 de diciembre de 2006, Doppelmayr Seilbahnen GmbH ha desarrollado otros proyectos como el Cabletrén Bolivariano de Petare, el Metrocable de San Agustín y el de Mariche, todos junto a Odebrecht y en el área metropolitana de Caracas.  

En El Ávila no fue diferente. Doppelmayr intentó volver a trabajar en yunta con Odebrecht, la posteriormente muy cuestionada constructora brasileña.

De ese contrato original todavía nada se conoce. Solo en diciembre de 2009 se hizo del dominio público un nuevo desembolso de recursos por casi 111,2 millones de dólares que Hugo Chávez aprobó en el punto de cuenta 310/09, la obra volvió a la agenda pública con Doppelmayr al frente pero sin Odebrecht, que se encargaba de la parte civil.

Pero transcurría el tiempo sin inicio de obras. En 2010 otro ministro ocupaba la silla del despacho de turismo, Alejandro Fleming. Durante una asamblea de accionistas de la estatal Ventel, celebrada en julio de ese año, el ministro y el presidente de la estatal de teleféricos, José Gregorio Martínez, anunciaron la asignación de casi 52 millones de dólares en el marco de un contrato de préstamo entre Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Ventel y la operadora estatal Venetur, para la ejecución del primer año de las obras del tramo Litoral. Según el acta de la asamblea -publicada en la Gaceta Oficial N° 39.472 del 23 de julio de 2010- el proyecto, junto al Teleférico de Mérida, se ejecutaría y culminaría entre los años 2010 y 2012.

Respondiendo al calendario, en junio de 2011, Ventel C.A. pagó a Doppelmayr 30% de anticipo por el suministro del componente electromecánico para la construcción del tramo Litoral. Esta erogación de recursos quedó plasmada en un nuevo contrato suscrito por ambas empresas, el CJ-001-11. Ese mismo año, el ministro Fleming anunció otro desembolso importante para la obra, esta vez por casi 55,4 millones de dólares, aportados por la petrolera estatal Pdvsa.

Pero cuando llegó 2012 del teleférico a la playa no había rastro alguno. La construcción del tramo Litoral fue paralizada en noviembre de 2011 de un modo tan inexplicable que la Contraloría General de la República -generalmente indulgente con los desmanes financieros de la revolución- tuvo que pronunciarse. Así, en un informe publicado en 2016 registró la negligencia de Ventel, C.A, al no realizar las acciones necesarias “para la ejecución de la fianza de anticipo para el recobro de los recursos financieros otorgados” a Dopplemayr destinados al suministro del componente electromecánico.

Nuevo presidente, nuevo trazado

Tras dos años sin avances, el recién investido presidente Nicolás Maduro anunció en 2013 que los trabajos de recuperación del tramo Litoral se reanudarían el 15 de enero de 2014. Nuevas empresas se sumarían a la ejecución de la obra y el monto a invertir ascendería a 648,6 millones de dólares, un monto distinto pues el recorrido del tramo tendría un nuevo trazado.

En el despacho del Ministerio de Turismo estaba Andrés Izarra, quien informó que la nueva inversión sería aportada por el Bandes y no sería una recuperación del antiguo sistema, sino la construcción de uno totalmente nuevo.

El ministerio argumentó, parcamente, que el cambio de trazado se debió a que algunas de las torres originales quedaron afectadas tras el deslave ocurrido en el estado Vargas y sectores de la vertiente norte del Ávila, como Galipán, en diciembre de 1999. Entonces se pasó del proyecto original de recuperación de ocho torres, dos estaciones principales y dos de desvío, a la construcción de 39 torres y cuatro estaciones “modernas”. 

La ruta original seguía un patrón de enlace desde la estación El Cojo hasta El Ávila usando sólo dos estaciones de desvío (San José y Galipán), diseñadas originalmente con el único propósito de servir como mirador y acceso a un sendero para excursionismo. 

El nuevo proyecto tiene dos tramos: un sistema de carga conocido como “Aguilucho” que conecta Maripérez con el Hotel Humboldt y otro, a levantarse del lado norte Ávila-Litoral con cuatro estaciones: Warairarepano, La Hacienda, San José y El Cojo, promovido por el Ministerio de Turismo para impulsar las visitas al parque nacional que las rodea, “que repercutirá en la mejora de la calidad de vida de sus poblados por el impulso que la actividad turística florecería en el poblado de Galipán” acotó Izarra.

El nuevo trazado tiene un recorrido de 7,5 kilómetros y se soporta en 39 torres que atraviesan Galipán, un asentamiento agrícola con más de 200 años que se ubica en la ladera norte del cerro El Ávila, habitado inicialmente por pobladores llegados de las Islas Canarias, quienes se establecieron en una extensión de terreno conocida entonces como “Camino Real”, que conectaba el Mar Caribe con la ciudad de Santiago de León de Caracas.

Robert Hidalgo, un agricultor afectado por el nuevo trazado, cuestiona la versión del ministro Izarra. Su familia y su casa fueron arrastradas por el deslave de 1999. Relata que la zona más afectada por la tragedia fue precisamente la ladera en la que se levanta la nueva ruta del teleférico. En la parcela de Hidalgo, la nueva empresa encargada de las obras civiles, Inversiones Alfamaq, C.A, levantó dos torres, a pocos metros del sitio donde toda su familia quedó atrapada bajo la tierra.

Por su parte, un ex empleado de la Inversora Turística Caracas, S.A. (Inveturca), a la que el presidente Caldera asignó la rehabilitación del Teleférico de Caracas en 1998, aseguró que esa empresa, en su interés por recuperar el tramo Litoral, realizó estudios de suelo, levantamiento topográfico y mediciones, en las que se descartaron daños estructurales en las bases de las antiguas torres. Un hecho irrefutable es que en la actualidad las torres originales siguen en pie.

Las máquinas invisibles

Los relanzamientos del tramo Litoral siempre mostraban dos constantes con una misma conclusión: se desembolsaba dinero, pasaba el tiempo y no se construía nada. Ante la promesa eternamente incumplida de una obra tan vistosa tocaba dar explicaciones, por lo que en 2014, mediante el Decreto N° 1.288, Nicolás Maduro ordenó la reestructuración y reorganización administrativa y funcional de Ventel, C.A. sin más detalle que “adaptar su estructura de funcionamiento al cumplimiento en las competencias que legalmente le corresponden y a la realidad existente”. 

Ese año cambió de nuevo al ministro de Turismo y nombra como titular de la cartera a Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Diosdado Cabello, el segundo a bordo del chavismo, vicepresidente del partido oficialista y presidente de la Asamblea Constituyente.  Al mismo tiempo, Contreras fue nombrada presidenta de la Junta Interventora de Ventel. Fue en este último rol en el que suscribió dos contratos entre la estatal de teleféricos y el Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Sedefanb), un órgano sin personalidad jurídica adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y dependiente del Viceministerio de Servicios, para la tramitación de las diligencias aduanales vinculadas al resguardo, transporte y entrega de los equipos electromecánicos contratados a la empresa Doppelmayr en 2011.

Por el primer contrato, Sedefanb recibió casi 6,3 millones de dólares, de los que cobraría 5,6 millones por la “prestación de servicios” y el resto para el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA). El segundo contrato ascendió a poco más de 2,3 millones de dólares.

Mucha tinta entre firmas de contratos y de cheques y mucha asesoría prometida, pero después de casi seis años del anuncio del nuevo trazo del teleférico al litoral, ni siquiera se sabe dónde están los equipos comprados a Doppelmayr.

El informe de la Contraloría General de la República reveló otras irregularidades, además del pago anticipado por los equipos que debían ser enviados desde Austria, sede de Doppelmayr. El órgano señaló que al cierre del 2015 se había desembolsado 50% del costo de la obra, sin que en el terreno se observaran avances físicos correspondientes con el dinero invertido. “A la fecha se ha desembolsado un monto de 317.489.683,89 de dólares que representa el 54,86%, y 31.515.845,70 de euros que corresponde al 56,09% de ejecución financiera del monto total suscrito en el Contrato Nº CJ-028- 2014 de fecha 04-06-2014”, destaca el informe de la Contraloría General. 

Desguace ambiental

Desde el reinicio de la obra, ahora con las 39 torres en proyecto, los habitantes de Galipán han denunciado todo tipo de irregularidades, sobre todo el impacto ambiental causado por la construcción de la nueva ruta del teleférico y las estrategias utilizadas por Ventel C.A y Alfamaq, que violan la normativa ambiental vigente. 

Las denuncias avaladas en el Informe de la Contraloría General de la República del año 2016 señalan que “el expediente del proyecto de la obra “Sistema Teleférico Litoral II”, vinculado al contrato N.º CJ-028-2014 fue presentado sin los planos estructurales de las 39 torres a construir; los planos estructurales de las estaciones; los planos arquitectónicos; los cómputos métricos; presupuestos y el cronograma de ejecución, evidenciado en campo una presunta improvisación”.

Inversiones Alfamaq, C.A. forma parte del grupo de empresas de la familia Ceballos Jiménez, uno de los contratistas predilectos del chavismo gobernante. Ha sido señalada por diversas denuncias de iniciar la obra del tramo Litoral del teleférico sin contar con el estudio de impacto ambiental y sociocultural (EIASC), un procedimiento técnico-administrativo que identifica, evalúa y describe los impactos que producirá un proyecto, con el fin que pueda determinarse si es viable, susceptible de ser modificado o rechazado.

El informe de Contraloría desmiente expresamente al Instituto Nacional de Parques (Inparques), que en la providencia administrativa aprobatoria N° 207/15 afirma que Ventel consignó -a través del oficio N° PSTLWRM–2015-013 del 22 de junio del 2015-, el correspondiente estudio de impacto. Así lo afirmó la presidenta de Inparques, Angélica Romero, en el documento, 

Ese acto administrativo fue usado por Ventel para imponer la nueva ruta del teleférico del Litoral, saltándose la normativa ambiental vigente y el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, que regula las actividades dentro del parque. 

“Para poder cambiar el trazado debían empezar por cambiar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila, que incluye un mapa de zonificación que regula las actividades que se pueden realizar en cada sector. Si la zonificación prohíbe construcciones no es posible hacer nada. La línea del teleférico con su trazado antiguo estaba zonificado para eso; trazar una nueva ruta, requiere primero de un estudio de impacto ambiental que señalará su viabilidad, posteriormente requería la modificación del Plan de Ordenamiento, someterlo a consulta pública y presentarlo ante el consejo de ministros para su aprobación final” detalló el abogado y biólogo Edgar Yerena.

Pero ese trámite podía tomar varios años, además de la obligatoria consulta a los pobladores, que nunca se mostraron de acuerdo. El andamiaje administrativo que se apoyó en la providencia de Inparques fue el camino exprés tomado por la estatal Ventel para obtener la aprobación, por vía de excepción, para la ocupación del territorio y la afectación de los recursos naturales en un área de 15,93 hectáreas. Así mismo, para la conformación temporal del campamento donde se resguarda la maquinaria y materiales de la obra, en una superficie de terreno de 5.300 metros cuadrados ubicado en la Avenida Boyacá, sobre los linderos del parque.

La operación también avanzó gracias a una sentencia del Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda y Vargas, representado por el juez Johbing Álvarez, que aprobó la solicitud realizada por Ventel el 7 de octubre del 2015 para entrar al parque nacional y modificar sus recursos. El fallo enumeraba una serie de requisitos a cumplir, entre ellos la presentación del estudio de impacto ambiental y sociocultural que Inparques, responsable de la administración y manejo del parque, dijo haber recibido. 

Las empresas iniciaron la obra en el 2014 sin estudio de impacto ambiental y sin la debida autorización para construir dentro de un parque nacional. Tras las inspecciones de la Contraloría y la presión de los pobladores, Alfamaq decidió contratar -en plena ejecución de la obra-, los servicios de Arbórea Consultores Ambientales C.A, -una compañía con la que había trabajado en otras oportunidades-, para cumplir con la formalidad del EIASC.

Técnicos que participaron en el estudio aseguran que el trabajo se realizó, pero ninguna de las recomendaciones plasmadas en el documento se tomó en cuenta. Ventel ni Alfamaq respondieron a las solicitudes de información y contraste de datos hechas por Armando.info.

La violación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila fue completamente obviada. Hoy Inparques quiere modificar ese instrumento que establece las directrices para la ejecución de las actividades dentro los parques nacionales para permitir desarrollos turísticos expansivos en al menos cinco de ellos, entre los que se cuenta El Ávila. Así, lo que parece una violación puntual de la normativa, un proyecto aislado repleto de irregularidades para su ejecución, es la punta del iceberg de una política que busca echar mano a espacios protegidos.

El toque de intimidación

Con un estudio de impacto ambiental extemporáneo y sus recomendaciones desoídas, Ventel organizó en septiembre 2015 una reunión en Galipán a la que asistieron pobladores, técnicos de Arbórea, ingenieros de Alfamaq y una comitiva de simpatizantes del oficialismo encabezada por el por el gobernador del estado costero de La Guaira (antes Vargas), general Jorge Luis García Carneiro. 

El propósito, finalmente, era hacer la consulta social del proyecto, un requisito de ley que debe acompañar al estudio de impacto ambiental. Cuentan los pobladores de la zona y algunos técnicos que junto a las empresas y autoridades también llegaron escoltas y colectivos armados, lo que frustró cualquier posibilidad de crítica. Ante la posición de rechazo expresada por algunos habitantes, se impusieron los gritos y consignas en apoyo a la “revolución bolivariana”. “Incluso nosotros, los técnicos, nos sentimos intimidados por el grupo de foráneos que llegó con el gobernador y sus escoltas armados. Aquello no fue una consulta, fue un acto de intimidación”, dijo uno de ellos a Armando.info.

Los galipaneros relatan que desde el primer día la relación con el personal de la obra empezó mal. “Entraron al parque escoltados por efectivos de la Guardia Nacional abriendo trochas, desmontando guayas. Nadie dio explicaciones sobre el cambio de trazado, nadie nos informó nada, solo que en las parcelas de tales y cuales se iban a instalar unas bases y que como se trataba de un proyecto de interés nacional había que colaborar”, denunció Gabriel Thomas, habitante de la comunidad.  

En abril de 2015 un incendio ocurrido en la ladera norte, en una de las torres del trazado original, tensó aún más las relaciones. Testigos del hecho, entrevistados por Armando.info señalan a las empresas Alfamaq y Doppelmayr como responsables de lo ocurrido. Un trabajador que se encontraba en el lugar relató a este portal: “ese día un grupo de ingenieros de la compañía (Alfamaq) llegó con técnicos extranjeros de Dopplemayr. Un hombre de origen español dirigía a los obreros con autoritarismo y sin mucho respeto. Era la 1:30 de la tarde, en pleno mediodía bajo el sol inclemente. No había comenzado la estación lluviosa y toda la vegetación estaba muy seca. La torre donde se produjo el incendio queda en un sitio de difícil acceso y muy poco visitada por los senderistas (…) el incendio duró varios días subiendo por la parte alta del área debido a la acción de los vientos. No hubo la debida prevención, que después tampoco se aplicó a la ejecución de la obra, que exige bomberos forestales en el área que cuenten con insumos para apagar posibles incendios producidos, y tener información de la parte climática diariamente (sic)”.

Quienes se resistieron a ceder sus terrenos al avance de la obra fueron amenazados con posibles acciones legales y la instalación de un campamento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana señalado de cometer atropellos y violaciones de derechos humanos.

En un comunicado divulgado en octubre de 2019, los habitantes de Galipán ratificaron públicamente sus denuncias señalando a Alfamaq y Ventel por asedio jurídico y destrucción de propiedad privada. “Varios de los pobladores están siendo hostigados, intimidados y coaccionados debido a su negativa de permitir el desarrollo de la obra civil en sus propiedades, sin garantías legales de mitigación de riesgos, el respeto a la integridad de sus propiedades y una indemnización negociada”, detallaron. 

También denunciaron los cortes de cultivos en plena producción y devastación de huertos debido a la construcción de vías para la edificación de los pilares de las torres. “Pueden parecer unas simples plantas que se vuelven a sembrar, como prometieron los ingenieros, pero esas plantas tienen un periodo de crecimiento y desarrollo para que entren en capacidad de producción, esos árboles que cortaron, dejaron de producir, impactando directamente en el sustento económico de las familias”, explicó Felipe Díaz, un campesino dedicado al cultivo de eucalipto con fines medicinales, y quien se ha resistido férreamente a la instalación de una torre en el patio de su casa.

A los afectados les prometieron compensarlos con mejoras en sus viviendas, reforestación e incorporación a la actividad económica turística que según, florecería en la zona con la puesta en funcionamiento del teleférico. Documentos de acuerdos entre pisatarios y Ventel dan fe de una serie de compromisos asumidos que incluyen reforestación, pago de indemnizaciones, incorporación a actividades turística y mejoras a la propiedad. Los denunciantes afirman que ningún compromiso ha sido honrado. “Después que terminaron la base de la torre por aquí no han vuelto más”, dijo Luciano Pérez a quien le prometieron un pozo séptico, alcantarillado para la canalización de aguas de lluvia, mejoras en la vialidad y replantar todos los cultivos de azucenas deforestados.

Para el biólogo Yerena el daño ecológico puede revertirse. Pero añade, “aquí hay una lesión a la gente, a la comunidad, pero muy especialmente a lo que fue el sentido original de tener un parque nacional. El mayor impacto está en cómo -a través de este caso-, se dinamitó la institucionalidad de Inparques, y al romper esa institucionalidad no solo se afectó al Ávila, sino que se generó un efecto que atentará contra toda la comunidad de parques nacionales”.

Las lesiones que menciona el especialista son visibles. En Galipán la obra ha despertado un inusitado fervor de construcción. Casas de lujo se levantan y rodean los terrenos tradicionalmente ocupados por campesinos y eucaliptos. Ese ostento aqueja aún más a los galipaneros. La estrecha y frágil vía que los conecta con Caracas, ha sido destruida por el ir y venir de pesados camiones que transportan el material para el teleférico y las nuevas residencias. Sus vidas –dicen-, se ha vuelto más difícil. Temen, además, que los nuevos asentamientos desplacen paulatinamente sus costumbres para abrirle paso a una nueva generación de ocupantes con intereses alejados del cultivo y la cosecha. 

En diciembre la amenaza cobró fuerza con una gran fiesta en el Hotel Humboldt, desde donde se proyectaron luces fluorescentes sobre toda Caracas, alertando lo cerca que están los poderosos de construir su propio Saint Moritz bolivariano, aunque no lleguen en funicular hasta la playa. 

Este mecanismo de compensación es en esencia cómo funciona el mercado de bonos de carbono. Los países que han suscrito el Protocolo de Kioto promulgado en 2005, se comprometen a reducir sus emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero y el calentamiento global. Para eso obligan a sus industrias o a mejorar sus mecanismos de producción, o a comprar bonos de proyectos en cualquier parte del mundo que certifiquen que se evitó la producción de carbono. Para esto, el Protocolo diseñó los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), conocidos como el mercado regulado.

La participación en este mercado podría hacer autosostenible y rentable la conservación de 831.000 millones de hectáreas de bosque que, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), tiene América Latina, un potencial forestal que duplica el de regiones como África o Asia del Sur.

El problema es que las regulaciones del MDL no contemplan la deforestación evitada como método para que los países industrializados mitiguen sus emisiones. Solo aceptan proyectos que estén secuestrando emisiones en la actualidad (normalmente bosques jóvenes), no los que únicamente almacenan, como sucede con las plantaciones viejas.

Esa traba, sumada al viacrucis burocrático y los altos costos que implican la incorporación al mercado regulado, hacen que solo existan 15 iniciativas de reforestación y tres de conservación inscritas en el MDL. Esos proyectos representan apenas el 2% del portafolio de proyectos latinoamericano en los MDL documentados en esta investigación. Pero que los proyectos de conservación sean difíciles de certificar no significa que estén quedando por fuera del atractivo negocio de las compensaciones del carbono. Una puerta se hace cada vez más popular entre los inversionistas de esta actividad: el mercado voluntario. El problema es que en Latinoamérica el concepto de este mercado es literalmente voluntario. Ningún país de la región exige que se registren los proyectos que se desarrollan en esos mercados, pocos tienen regulación específica sobre su operación técnica y financiera, en algunas regiones hay inquietud por la forma como estos proyectos se relacionan con las comunidades locales, e incluso hay casos donde despierta recelo el exceso de secretismo con el que se manejan las finanzas entorno a las millonarias transacciones que este mercado empieza a incentivar.

Un estudio sobre el estado del mercado voluntario, publicado en junio de 2010 por Ecosystem Marketplace, de Bloomberg New Energy Finance, muestra cómo este gigantesco negocio verde está sacudiéndose sus ataduras. Revela un “tremendo” crecimiento de Latinoamérica en el mercado de proyectos forestales: entre el 2008 y en el 2009 el número de créditos originados en esta región se triplicó y continuó aumentando. Tanto así, que ese año los proyectos forestales representaron el 80% de todas las iniciativas emprendidas en la región en el mercado voluntario de bonos de carbono.

El estudio les dio seguimiento a proyectos de ocho países Latinoamericanos: Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, México, Guatemala, Honduras, Argentina, Nicaragua y Uruguay. De todos, concluye el informe, Brasil es el que más creció (56 por ciento), seguido de Perú (23 por ciento).

Las iniciativas de protección forestal están enmarcadas dentro de un mecanismo que se conoce como Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés), que busca proveer incentivos a los países en desarrollo para llevar a cabo esas reducciones. Esto es, a su vez, un estímulo para los gobiernos que, por esta vía, buscan posicionarse internacionalmente como los catalizadores del crecimiento de la región en los mercados voluntarios; pero, contradictoriamente, no genera igual estímulo para que estos mismos gobiernos ejerzan unos mínimos de vigilancia y control que garanticen que las cosas se están haciendo bien.

Esa tendencia la predijo, desde el 2007, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Desde entonces, ese organismo señaló a Centro y Sur América como la región con mayor potencial en reducción de la deforestación. (3100 MtCO2 al año).

De ese crecimiento en los mercados voluntarios, que florece cuanto más se marchitan los accesos en el MDL, fueron testigos periodistas de 11 países latinoamericanos que participaron en el primer esfuerzo periodístico conjunto por documentar el estado de la región en los mercados de bonos de carbono.

El proyecto de capacitación e investigación fue liderado por Consejo de Redacción (CdR) en Colombia, y es el producto de la alianza de la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji), el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile (Ciper), la revista mexicana emeequis, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

La iniciativa contó con el acompañamiento de expertos en el mercado de carbono y se gestó a través de la plataforma virtual del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, con el apoyo del Banco para el Desarrollo de América Latina CAF y el Programa de Estudios de Periodismo (PEP) de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

En total, participaron 39 periodistas de México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile, que dedicaron cuatro semanas a inventariar los proyectos forestales en el mercado de carbono en sus países y a investigar con más detalle su operación técnica y financiera, así como las diferencias de crecimiento de América Latina en los mercados regulado y voluntario.

Los reportes individuales por país, que forman parte de esta entrega conjunta (que se pueden ver a partir del menú de navegación que contiene esta presentación), están llenos de vívidas descripciones y datos que confirman un mismo patrón: el de una región inquieta y en ebullición frente a las oportunidades de colocar su protección forestal en los mercados internacionales, pero incipiente en el desarrollo de accesos propios para posicionarse en el negocio regulado de la mitigación de emisiones.

Gordos y flacos

Vista con un lente amplificador, sin embargo, Latinoamérica refleja notables diferencias entre cada país. En el mismo bloque geográfico conviven naciones como Venezuela, cuyo gobierno rechaza con vehemencia participar en el mercado de bonos de carbono por considerarlo “mercantilista”, y otros, como Brasil, líder indiscutible en Latinoamérica y que ocupa el tercer lugar en el mundo en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero con el siete por ciento del total mundial en el MDL, solamente superado por China e India.

Las asimetrías también afloran cuando se trata de medir el empuje que inyectan los gobiernos a la incorporación en los mercados, y la supervisión que ya se da, aunque aún insuficiente, en países como México, Chile y Costa Rica, que se vienen tomando más en serio el tema.

Los contrastes están al orden del día. Mientras Chile está sacando jugosos dividendos del llamado cambio climático, al punto de que en 2009 instauró la primera bolsa de bonos de carbono del hemisferio sur, la Santiago Climate Exchange (SCX) que proyecta  para el 2020 transacciones por más de 100 millones de toneladas de CO2 anuales, Bolivia lidera una voz disidente desde el año pasado, cuando no solo declaró que no participará en los mercados, sino que más bien exigirá la compensación económica para mitigar los efectos del cambio climático, a través de la “deuda ecológica”.

En la región también existen diferencias en cuanto al mercado interno de mitigación forestal. México, por ejemplo, puso en la palestra un esquema propio de protección llamado Programa de Servicios Ambientales. Desde el 2003, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de ese país se convirtió en un referente internacional cuando lanzó el esquema que pretende generar beneficios a nivel local, regional y global mediante el pago directo de subsidios. La iniciativa es financiada por el gobierno federal y trabaja con la captación, infiltración y provisión de agua de calidad, y en la mitigación de emisiones generadas por deforestación y degradación forestal, mediante el secuestro y almacenamiento de carbono atmosférico. Siete años después, México sigue innovando en la adaptación de nuevos mecanismos. En la actualidad, diseña la estrategia de REDD Plus (+) que pretende promover la conservación de carbono en los ecosistemas forestales y su incremento a través del manejo forestal sustentable.

En los foros de discusión regionales sobre cambio climático, y concretamente los de mercado de bonos de carbono, no solo se discute sobre la relación financiera de los países en desarrollo con los industrializados que buscan mitigar emisiones. Los mismos países latinoamericanos tienen tratos entre ellos.

Chile, en su papel de inversionista, tiene puestos los ojos en varias zonas de la geografía colombiana y ya está participando con la compañía agrícola La Sierra, la cual adquirió en el departamento de Antioquia 27.000 hectáreas para proyectos forestales, también asociados al negocio del mercado voluntario de bonos de carbono.

Otra innovación despuntó en Argentina, con la inauguración de la primera certificadora de huella de carbono del país, en las provincias de San Juan y Mendoza. Las firmas Green Solutions, de origen chileno, y la consultora argentina Know How Wines, especialista en mercadotecnia del sector vitivinícola, emprendieron la iniciativa conjunta. Green Solutions es representante de Carbon Reduction Institute, una empresa global dedicada exclusivamente al Mercado del Carbono y al Cambio Climático, considerada una de las entidades certificadoras más importantes en la reducción de gases de efecto invernadero.

El nacimiento de la certificadora estuvo motivado en parte por los sectores productivos vitivinícola y fruti-hortícola, a razón de que, desde 2011, empezará a regir en Francia la ley Grenelle 2, a partir de la cual los productos con mayor impacto ambiental -como los alimentos y derivados- deberán informar sobre las emisiones de gas de efecto invernadero que generó su elaboración y transporte. En concreto, ningún producto alimenticio que no esté certificado con Huella de Carbono se podrá exportar a ese país. Se estima que una vez que esa norma entre en vigencia, a la brevedad será adoptada por el resto de los países de la Unión Europea.

Muralla regulada

Cuando los periodistas latinoamericanos que participaron en esta iniciativa empezaron a inventariar los proyectos forestales en sus países, detectaron de inmediato que algo estaba trabado en el mercado regulado. Se lanzaron a buscar los porqués, y regresaron a documentar una colección de reclamos coincidentes entre los desarrolladores de proyectos, las organizaciones no gubernamentales y los mismos gobiernos.

Denilson Cardoso, coordinador de deforestación evitada de la Ong Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), entidad que desarrolla el proyecto de agricultores en el sur de Brasil citado inicialmente, afirma que las dificultades para entrar al MDL son realmente grandes porque el bono generado por un proyecto forestal es considerado temporal, en cambio, proyectos de otro tipo como los hidroeléctricos son considerados permanentes. “La Unión Europea no compra bonos de carbono forestales, por eso no hay una gran demanda de inversores. Así, si no hay demanda, tampoco los ambientalistas tienen interés en crear proyectos forestales”, explicó Cardoso. La razón por la cual la UE no compra los bonos forestales, considerados bonos temporales, es que hay un riesgo de que no se evite la emisión hasta el término del proyecto, explicó el desarrollador.

Otras regiones como México documentan no solo reclamos, sino un frustrante record de intentos fallidos por ingresar al MDL. A pesar de que México es el segundo país de América Latina con el mayor número de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio registrados ante la junta ejecutiva, la falta de financiamiento, información y tecnología ha provocado que la mayoría de esos planes se quede en las primeras etapas del proceso. Existen 124 proyectos mexicanos registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL, sin embargo, ninguno de ellos es forestal. Un total de cinco proyectos forestales que intentaron ingresar en el mercado regulado no siguieron el proceso y se quedaron “atorados” como anteproyectos con carta de no objeción y sin carta de no aprobación. Estos buscaban mitigar 971 mil emisiones de toneladas de CO2 al año.

Los proyectos no han prosperado porque para las empresas es un proceso costoso y complejo, afirma Lucrecia Martín, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El acceso es tan complejo que solo en abril de 2010 Colombia pudo registrar su primer proyecto forestal en el MDL, luego de ocho años de trabajo. El proyecto comprende la restauración de la cuenca del río Chinchiná, una alternativa ambiental y productiva para la ciudad de Manizales y su región aledaña. Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la iniciativa consiste en la captura de dióxido de carbono a través de 4.538 hectáreas de plantaciones forestales. En total, se capturarán 7.783 toneladas anuales de CO2 y se podrán obtener ingresos hasta por 3.5 millones de dólares durante los 20 años del periodo de acreditación.

Las dificultades de acceso para los proyectos forestales en el MDL también se resaltan en Guatemala. Raúl Castañeda, coordinador de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, recuerda que de los más de 1.865 proyectos MDL registrados en todo el mundo, solo el 0,58 por ciento pertenece al ámbito forestal. “La mayor flexibilización y menor burocratización del mercado voluntario permite llevar a cabo iniciativas de menor envergadura que no tendrían cabida de otro modo”, dice.

Paraguay es otro de los pocos países de la región con un proyecto registrado en el MDL y a pesar de eso, se considera deficiente ese resultado entre los desarrolladores locales, quienes ven en el mecanismo REDD+ una opción más conveniente. A impulsar ese viraje se dedica la organización no gubernamental Asociación Guyrá Paraguay, que asumió el desafío de empezar a ejecutar proyectos con este nuevo mecanismo.

Libertad sin reglas

Los apuros, tropiezos y exigencias para lograr gestionar los proyectos como MDL, son lo que hacen que cada vez más estas iniciativas se vuelquen al mercado voluntario, que en la región es entendido como un espacio con escasas reglas del juego. Los requisitos del MDL, por ejemplo, contemplan que la captura de carbono debe hacerse en predios deforestados que por sí solos no podían regenerarse, lo cual resulta difícil para los productores.

Un indicador de esas escasas reglas son las restricciones a la información que algunos de los promotores del mercado voluntario practican. Los periodistas latinoamericanos se toparon de frente con múltiples casos.

En Colombia, por ejemplo, como en casi todos los países de la región, el mercado voluntario no tiene un marco regulatorio. Por eso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad encargada del tema ambiental, no tiene en la actualidad un inventario de los proyectos y solo suministra información con respecto a los proyectos MDL. Los proyectos inventariados por los periodistas, en su mayoría, fueron rastreados en la web, o se supo de ellos por estar ubicados en su área de influencia.

En Nicaragua, las reglas del juego están menos claras. Ese país ratificó el Protocolo de Kioto en 1999 y creó una Oficina Nacional para el Desarrollo Limpio (Ondl) en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. La Ondl desarrolló un documento donde supuestamente detalla los procedimientos a seguir para que una persona natural o jurídica, de carácter público o privado, obtenga el respaldo gubernamental de Nicaragua para poder desarrollar un proyecto en el mercado de bonos de carbono. Sin embargo, el gobierno se niega a entregar el documento porque se encuentra “en proceso de revisión”.

Otro ejemplo. El pasado 4 de noviembre en Perú, el banco Scotiabank Perú y la empresa forestal Maderacre convocaron a la prensa para la firma de un convenio para un proyecto voluntario con el mecanismo REDD. Cuando una periodista preguntó por el monto de la transacción, los representantes de ambas empresas se negaron a entregar los montos. Abraham Cardozo, uno de los socios de Maderacre, solo explicó que se trataba de una inversión de muchos años que “todavía era difícil de cuantificar”. Sin embargo, Fiorella Ceruti, gerente de Responsabilidad Social de Scotiabank, dijo que "la inversión es confidencial debido a un acuerdo con Maderacre. “Por eso no podemos revelarlo. Las cifras están claras para nosotros, pero Maderacre nos ha pedido que no se revele”.

De acuerdo con el arreglo, Scotiabank comprará bonos de carbono por un total de 16 mil toneladas de CO2, lo cual significará la neutralización de sus emisiones durante un año. El proyecto contempla el manejo de bosques mediante la deforestación evitada en la localidad de Iñapari, en Madre de Dios.

Algunas señales sugieren que los protagonistas del mercado voluntario empiezan a ponderar la transparencia en las transacciones como generador de credibilidad y, por ende, de dividendos.

Poderosas firmas estadounidenses como Markit promueven esa cultura abiertamente. “Los registros robustos de los bonos de carbono juegan un papel clave en el diseño de los mercados (..) Pueden proveer más de la tan necesitada transparencia”, dijeron Sal Naro y Kathy Benini, de Markit, en una carta abierta enviada en diciembre del 2010 al secretario de una comisión reguladora en su país.

Markit y otras firmas con pensamiento similar pretenden entrar con fuerza en el mercado latinoamericano, pero mientras no exista un debate abierto sobre la regulación de estos mercados en la región, otras con ideas contrarias también tienen las puertas abiertas.