De seguidas, el narrador pronuncia la acusación. “No fue ni Pedro, no fue ni Piticao, fue [sic] los guardias, los guardias. Fue los guardias”, dice, antes de mostrar lo que tiene en su mano izquierda: “Aquí están las balas. Yo conseguí la concha de la bala. Fueron la guardia los que los mataron, aquí en Chalbaud”.

El video, del 7 de agosto, fue una de las primeras muestras de lo que había ocurrido: cuatro hombres y una mujer habían sido asesinados en la mina Taboca, en el cerro Delgado Chalbaud, una de las cumbres de la Sierra Parima, sur de Venezuela, en el estado Amazonas, fronterizo con el estado brasileño de Roraima. En la base de ese cerro se encuentra, como lo estableció la célebre Expedición Franco-Venezolana en noviembre de 1951, el nacimiento del río Orinoco, el tercero más caudaloso del planeta y el más importante de Venezuela. Fueron los mismos expedicionarios, bajo el mando del mayor del Ejército Franz Rísquez Iribarren, quienes bautizaron esa prominencia orográfica con el nombre de otro militar, el general Carlos Delgado Chalbaud, presidente de Venezuela, quien había sido asesinado justo un año antes en Caracas. 

Pero en este incidente de agosto de 2022, en el mismo lugar convertido ahora en escena del crimen, eran militares los que surgían como presuntos villanos. Específicamente, fueron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los primeros señalados como responsables por algunos testigos, como el narrador del video, un indígena del pueblo yanomami (antes conocidos por los criollos como waikas o guajaribos).

La descripción oral del aborigen, apoyada en video, evidencia no solo lo cruento del hecho, sino que ventila también una situación reiterada y ya denunciada por diversas organizaciones no gubernamentales: la presencia de garimpeiros, mineros ilegales brasileños, en Venezuela.

“Aquí vemos cinco trabajadores. Cinco garimpos”, recrimina una vez más la voz, mientras la cámara enfoca los cadáveres de los brasileños Francisco Pereira, Raimundo Charles da Conceição Pereira, Dilviane Nunes da Silva, João Barbosa da Silva, y del venezolano Oswaldo José Figuera Suárez, las víctimas.

Garimpo, como dice el hombre del video, es la palabra portuguesa de origen brasileño para denominar las minas. Garimpeiro es quien trabaja en ellas. Los garimpeiros penetraron desde Brasil, por la vía de Roraima, en el sur del Amazonas venezolano, a mediados de los años 70 del siglo pasado. Experimentaron un auge entre finales de los 80 y comienzos de los 90, hasta que la política estatal de Venezuela redujo, por la vía armada, su presencia, principalmente en Amazonas y, en menor medida, en Bolívar. A partir de 1999, ya con Hugo Chávez en el poder, de manera gradual los garimpeiros se instalaron nuevamente en Venezuela, tal y como han venido denunciando las organizaciones ambientalistas.

Es lo que confirman, además, dos representantes de asociaciones de garimpeiros y un empresario brasileño de minas que accedieron a conversar, desde Brasil y por vía telefónica, con Armando.info para este trabajo.

“Un intercambio de represalias”

Los asesinatos estuvieron precedidos por dos operativos de fuerzas venezolanas y brasileñas en torno de regiones mineras. El primero, el 3 de agosto de 2022, fue un operativo conjunto del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio) y la Policía Federal. En un video al que tuvo acceso Armando.info, un grupo de mineros venezolanos señala que el operativo, en el que fueron destruidos motores utilizados en la extracción de oro, fue “una invasión al territorio venezolano”.

“Vinieron y acabaron con el campamento, nuestras pertenencias, nuestra comida, todo… nos dejaron sin nada, sin nuestras pertenencias. Fue en nuestro territorio venezolano: Ibama invadió nuestro territorio y acabó con nuestras cosas”, señala uno de los mineros, cuyo nombre se omite. Sin embargo, en reportes de prensa se precisa que la incursión se mantuvo en los límites brasileños. Para despejar dudas al respecto, Armando.info envió peticiones de información a  los departamentos de comunicaciones de Ibama, Policía Federal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil. Hasta el cierre de este trabajo no hubo respuestas. 

Si la incursión de las fuerzas brasileras en la serranía fue una violación a la soberanía, al día siguiente, 4 de agosto, el aterrizaje de emergencia de una aeronave monomotor de la GNB en Roraima, a pocos kilómetros de la frontera, completó el círculo de incursiones no autorizadas por las fuerzas de los dos países.

Hechos concatenados o no, lo que siguió menos de una semana después fueron los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud. Jailson Mesquita, vocero de la Asociación de Mineros Independientes de Roraima, se precipita a una conclusión: los asesinatos fueron una represalia de la GNB por el operativo de la Policía Federal.

“Como el órgano ambiental se fue del lado de Venezuela, destruyeron maquinaria, comida y han humillado a esos mineros. La guardia bolivariana dijo que si el órgano ambiental de Brasil viene aquí, nosotros vamos y matamos a los garimpeiros. Eso fue un intercambio de represalias”, afirma.

Mesquita asevera que la presencia garimpeira en Venezuela es una vieja realidad. Según su consideración, los garimpeiros que explotan el oro venezolano son parte de un intercambio, sin viso oficial, sin notarios y sin firmas, del que también se benefician los mineros venezolanos que trabajan en Roraima.

“Los garimpeiros no tienen ningún apoyo. El minero trabaja solo. El estado de Roraima ha recibido 130.000 venezolanos, y gran parte de ellos trabaja con la minería”, refiere.

Jailson Mesquita responde que en todo el territorio yanomami (entre Amazonas, en Venezuela, y Roraima, en Brasil), según las estimaciones de la asociación que dirige, hay alrededor de 23.000 garimpeiros. “No hay censo oficial, pero es lo que manejamos”, apunta.

En la misma tónica, Rodrigo Martins de Mello sostiene que la complicidad entre garimpeiros y los militares se establece como acuerdo tácito, con la anuencia de un tercer actor: la tribu yanomami. 

Martins de Mello se considera a sí mismo un garimpeiro, aunque económicamente ha crecido más que un minero común. Es dueño de una empresa de aviación llamada Cataratas y en los últimos meses ha tenido notoriedad mediática tanto por su candidatura a diputado federal por el Partido Liberal (el mismo del presidente del país, el militar de ultraderecha Jair Bolsonaro) como por una investigación que sobre él lleva adelante la Policía Federal por delitos ambientales y posesión ilegal de municiones. Se jacta, además, de tener “la única permissão de lavra garimpeira (permiso de minería) en el municipio Amajari (colindante con Bolívar y Amazonas), en Roraima”, al tiempo que niega los efectos devastadores de la actividad minera y el uso del mercurio y repite que la agricultura es “mucho más danosa”. 

“Esto es una información pública, não? Todos sabemos que hay brasileros trabajando del lado de Venezuela. Hay trabajadores allá que tienen el permiso de la Guardia para trabajar. La gente tiene que pagar un porcentaje a la Guardia para seguir trabajando del lado venezolano. Pero todos trabajan en armonía: los indios, la Guardia y los garimpeiros”, declara, mediante una llamada por WhatsApp.

Fuerzas Armadas de cooperación (necesaria)

José Altino Machado, fundador de la Unión Sindical de Mineros de la Amazonia Legal, discrepa de la versión de Mesquita sobre la actuación de la GNB en los asesinatos. Para él, todo fue un asalto, casi un hecho aislado, en el que no estuvieron involucrados los uniformados: estos, en realidad, han respetado el trabajo de los garimpeiros en Venezuela: “La convivencia con autoridades venezolanas es boa”.

“Creo que hay un interés en causar problemas entre Brasil y Venezuela, a partir de que dos agencias de Brasil [Ibama e Icmbio] cometieron un error cuando quemaron el campamento en el lado venezolano”, prosigue, por vía telefónica, en entrevista para Armando.info. “Pero no hay ninguna prueba de ello, ninguna”, sostiene, refutando la versión del indígena que mostró las balas de armas largas en el lugar de los asesinatos.

Machado refiere que los garimpeiros se han asentado en varias zonas entre Amazonas y Bolívar. En el primer caso, a lo largo de la Sierra Parima, especialmente en las cabeceras del río Orinoco, lugar de los asesinatos de agosto; en el segundo caso, en el municipio Sifontes, concretamente en las minas más próximas a la capital, Tumeremo.

La permisividad de las fuerzas militares nacionales (principalmente la GNB y el Ejército) con los garimpeiros, que Machado tilda de cooperación, tiene, según asegura, números beneficiosos para la economía venezolana: en el Banco Central de Venezuela (BCV) hay 165 toneladas de oro, “y más de 70% de eso fue garimpado por mineros brasileños en territorio venezolano”.

La cooperación entre uniformados y los garimpeiros, refiere, se ha profundizado a raíz de la llegada de Chávez al poder y, sin rubores, se ha acentuado con su predecesor, Nicolás Maduro.

“Antes [se refiere a los años previos a la presidencia de Chávez], con los intereses europeos y americanos, la distancia con el garimpeiro era mucha. [Pero] Venezuela ahora está controlada por la gente de origen del país, y cambió mucho el tratamiento con la gente sencilla, humilde. A partir de entonces tuvimos muchas reuniones con autoridades de Venezuela y ha habido muchos garimpeiros autorizados [a trabajar en Venezuela]. No hay incomodación de autoridades venezolanas con garimpeiros”, insiste.

Entre las autoridades venezolanas con las que se han reunido, Machado recuerda al mismo Chávez, con quien, asegura, la asociación de garimpeiros que dirige llegó a un “acuerdo de caballeros” a partir del cual “nunca más hubo incidente alguno. Fue muy gentil, muy gentil. Nunca más hemos tenido problemas con Venezuela. Ninguno, ninguno”. Tanto, que de acuerdo a las cifras que maneja, 35.000 garimpeiros se mueven libremente entre Amazonas, Roraima y Bolívar.

Devastación continuada

Antes del chavismo, la presencia de garimpeiros en Venezuela construyó una leyenda negra que también dejó consecuencias. La más notable fue la masacre de Haximú, estado Amazonas, entre junio y julio de 1993. Entonces, 16 yanomamis, incluyendo ocho niños, fueron asesinados por garimpeiros.  

“Como en Venezuela no hubo ni voluntad para investigar ni para proteger el territorio del pueblo yanomani, el caso fue presentado el 6 de diciembre de 1996 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Américas”, recordó en un artículo de junio de 2020 Marino Alvarado, excoordinador general de Provea.

En diciembre de 1999, mediante un acuerdo amistoso, Venezuela aceptó el compromiso de “promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami”, citó Alvarado en el mismo artículo.

Pero al menos desde 2007, según otra organización no gubernamental, SOS Orinoco, entre otras asentadas en esos estados sureños, los garimpeiros están de vuelta en Venezuela.

En un informe de mayo de 2022, titulado “Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare: invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano”, la ONG, a partir de las denuncias de voceros indígenas yanomami de la zona, detalla cómo ha sido el regreso de los garimpeiros a Venezuela.

“En este sector se ha reportado la presencia de garimpeiros desde el año 2010, cuando varios líderes yanomami denunciaron el asesinato de nueve indígenas a manos de mineros brasileños en las comunidades de Ushishiwe y Momoi, en las cabeceras del río Ocamo. De acuerdo con los denunciantes, en el año 2007 había ocurrido algo similar, que fue notificado a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Ya en ese entonces los mineros tenían varios años actuando en la zona”, se precisa en el informe.

Los yanomami no son la única etnia afectada por la presencia garimpeira. “Ye’kwana y sanema tienen una presencia mayoritaria y territorialmente amplia. También están presentes, aunque en menor número y limitados a ciertas comunidades o centros poblados, los piaroa/wótüja, baré, baniva, kurripako, warekena y yeral/ñengatú, los cuales han habitado tradicionalmente dentro del territorio que abarca la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare”, amplía el documento.

En entrevista telefónica con Armando.info, voceros del equipo de SOS Orinoco recuerdan que en 2006, cuando el gobierno de Chávez expulsó al grupo evangélico fundamentalista Nuevas Tribus, las fuerzas armadas venezolanas diseñaron un plan de sustitución, con énfasis en los servicios de salud y educación. La presencia militar mantuvo a raya un tiempo a los garimpeiros. Hasta que la complicidad fue patente.

“Con Maduro lo que vemos es otra cosa que nunca antes se había visto, que es la forma en que los militares se involucraron con la minería. Hay una complicidad, no solo de dejarlos entrar en Venezuela, sino que participan en el negocio minero. Por ejemplo, en el cerro Delgado Chalbaud, en los campamentos de garimpeiros está presente la Guardia Nacional. Y quienes prestan servicios de seguridad no son garimpeiros sino la Guardia Nacional misma, que vigila y también recibe el oro que les corresponde”, sostienen.

Esta información, la de la presencia de los militares en los campamentos garimpeiros, la corrobora desde Brasil el dirigente José Altino Machado, aunque lo que admite lo matiza agregando que “son muy pocos, sobre todo pensionados del Ejército, que trabajan en las minas”.

Los representantes de SOS Orinoco exponen un probable conflicto entre militares y garimpeiros como hipótesis (y recalcan: hipótesis) de los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud 

“Todos los meses, los garimpeiros tienen que entregar una cuota del oro. Por equis razón, no pudieron cumplir ese mes y por eso comienzan las disputas por la cantidad de oro. Ese video que fue grabado por el yanomami muestra una concha de fusil. Son municiones de armas militares. También está la forma en que los mataron, con disparos en la cabeza. Pero realmente no podemos tener total seguridad de lo que sucedió allí”.

Una certeza que hay es la devastación ambiental, consecuencia de la actividad minera, también confirmada, por la vía de imágenes satelitales, en el informe de SOS Orinoco. La ONG estima en 400 el número de garimpeiros, solo en esa zona.

“En las imágenes satelitales se ve con mucha claridad la deforestación y el daño de los ríos, con los sedimentos disueltos en las aguas del Orinoco, que está turbio. Eso se ve muy claro allí”, añaden.

La otra particularidad de esta devastación es que, a diferencia de épocas anteriores, no está agazapada entre árboles. Por el contrario, ya se muestra a cielo abierto y sin resquemores.

“La evidencia es que hay un cambio en el patrón de la actividad minera: antes se cuidaban mucho de que no fuera visible, pero ha ocurrido un cambio. Lo que sospechamos es que, como ahora están de la mano de militares, no tienen temor a ser vistos. Todo esto ocurre en un área bajo régimen de administración especial (Abrae) y en una zona de seguridad fronteriza, donde se supone que solo tienen acceso los militares y en donde no están autorizados vuelos comerciales”. Allí actúan los garimpeiros, escondidos a plena vista.

La contaminación por el uso del mercurio en las nacientes del Orinoco para la extracción del oro es asunto diario, tanto como la multiplicación de pistas clandestinas de las que se sirve el crimen organizado para transportar el producto final de esta actividad minera ilícita.

Mientras no haya control por parte de las autoridades venezolanas, la devastación continuará. Al menos es lo que tienen previsto los garimpeiros, pues, como señala José Altino Machado, sigue habiendo mucho material de interés para ellos: “Hay casiterita [forma mineral del estaño], y tanto ouro como los diamantes de Venezuela son espectaculares”, se relame.

Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.

En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.

Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.

Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.

Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.

Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”. 

Cooperación internacional

Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.

“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.

Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.

Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.

Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.

Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.

Esta escena se ha repetido con frecuencia desde finales del año pasado porque desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela. Lo sabe Samuel Iribertegui, sacerdote salesiano presente en la zona desde 1974 y con 22 años de residencia en San Fernando de Atabapo. En una zona de febril actividad minera es común la presencia de la enfermedad, caracterizada por altas fiebres y anemia debido a la picadura del mosquito anófeles. Dice el padre Iribertegui, contextura media, alto y de tez blanca, que no hay un registro de los casos diagnosticados en las comunidades a lo largo del río, aunque intuye que la cifra se ha incrementado por una cuenta que lleva en la institución educativa a la que sirve. “Llegamos a tener 110 casos de paludismo en las últimas semanas de noviembre”, afirma.

LEE LA SEGUNDA ENTREGA AQUÍ: "El departamento colombiano con más casos de malaria extranjeros"

A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal. Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, la capital de la provincia, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. De éstos, 4.157 enfermos buscaban atención médica en el municipio Atabapo al momento de ser diagnosticados. De esa cantidad, 1.100 eran extranjeros. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios, se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de alivio. Pero aquí apenas pueden recibir consuelo.

Rumbo al pueblo del caucho

Un telón de neblina cubre el cielo de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Son las seis de la mañana y faltan cuarenta y cinco minutos de carretera para llegar hasta el puerto de Samariapo, desde donde sale el transporte fluvial hacia San Fernando de Atabapo.

—Abre ahí para medir la gasolina —dice uno de los guardias en una de las tres alcabalas que hay que sortear para llegar hasta el puerto.

—Puedes verla en el tablero —responde el taxista, desafiante.

El militar se asoma por la ventana, mira el tablero, y deja ir al conductor. “Si tienes siete Harina Pan te quitan una, si llevas 200 mil bolívares te piden las facturas de la mercancía. Siempre se inventan algo. La tarifa son 15 mil bolívares. Si no tienes los papeles en regla te pueden quitar más”, se desahoga el transportista, una vez superado el retén.

En el Puerto de Samariapo hay varios negocios de comida y un pequeño mercado de verduras que a esta hora de la mañana permanecen cerrados. A las diez llega la lancha, conocida como voladora. Los pasajeros desembarcan en una casa flotante, una estructura de metal, donde hay una pequeña bodega. Un funcionario de la guardia nacional comienza a revisar el equipaje de los pasajeros que embarcan. Al terminar, empieza el recorrido por el río Orinoco y el puerto va quedando atrás. La lancha va un poco hundida y algunas gotas salpican a los pasajeros. La vegetación delimita la serpenteante corriente de agua.

Luego de tres horas aparece el puerto de San Fernando de Atabapo: una orilla corta de arena blanca donde hay otras embarcaciones encalladas. Resalta una pared que tiene escrito en letras muy grandes: “Dios existe”. Justo al lado, sentado a una mesa, está un funcionario de migración anotando en una lista a los recién llegados y un militar, ubicado en otra mesa, revisando nuevamente el equipaje. Con tanto control resulta irónico que este pueblo sea una de las puertas principales de entrada a las minas ilegales de oro, que se concentran alrededor del Parque Nacional Cerro Yapacana. A través de San Fernando de Atabapo pasan embarcaciones repletas con alimentos, gasolina y personas. Todo para la mina. Ya son más de 20 dragas que muerden el lecho del río Atabapo de arriba a abajo y aproximadamente 10 mil personas las que trabajan en las minas ilegales.

San Fernando de Atabapo fue la primera capital del estado Amazonas. Parece un lugar detenido en el tiempo de Tomás Funes, militar y explotador de caucho, quien abusó de los pobladores y atropelló a los indígenas, a quienes masacró y convirtió en esclavos. Con él se inició un período de terror hasta que fue fusilado en 1921. Es aquí, en este lugar sin tiempo, donde anida la pavorosa epidemia de malaria que está diezmando a sus habitantes. Son 9.228 personas entre criollos e indígenas, que, en los últimos meses, cuando advierten los síntomas de la enfermedad, no saben si podrán sobrevivir para contarlo.

El incremento de los casos de malaria pudiera tener su origen en las disputas por el control de los yacimientos. “Hubo un enfrentamiento en una mina y llegaron los mineros en tropel hasta San Fernando de Atabapo. Tenemos minería ilegal en el estado y eso es un problema serio”, asegura Magda Magris, coordinadora de la unidad de investigación de malaria del Servicio Autónomo Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).

La forma de practicar la minería ilegal en estos lugares, con el uso de motobombas, favorece la formación del hábitat del mosquito que transmite la malaria. En los enormes hoyos que cavan los aventureros se empoza agua estancada. Los asentamientos ilegales donde se instalan los mineros carecen de servicios públicos y condiciones básicas de salubridad que favorecen los criaderos de insectos.

Cartas sin respuesta

A nadie parece importarle lo que ocurre. El 11 de octubre de 2016 José Largo, coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo, que tiene a su cargo 16 ambulatorios rurales tipo I, le entregó una carta al Comité de Control de Combustible, para solicitar de la reserva para seguridad y defensa a la salud tres mil litros de gasolina y otros 660 de gasoil para la movilización a diferentes sectores de San Fernando de Atabapo y las parroquias Hucata y Yapacana, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones. Pero no hubo respuesta.

El 4 de noviembre, Largo y el equipo de salud del Hospital María Garrido, ubicado en San Fernando de Atabapo, volvieron a la carga con otra misiva, esta vez dirigida al comandante del destacamento de fronteras y representante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Atabapo. El coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo contabilizaba entonces 595 casos positivos y una muerte ocurrida en la última semana de octubre. Una semana después, el 15 de noviembre, llegó una comisión de salud ambiental formada por Juan Carlos Moreno, subdirector de malaria del estado Amazonas; Arvey Garrido, inspector de salud pública y un fumigador. Según Largo, para este momento ya en el pueblo había más de 900 enfermos.

Moreno advirtió que los pacientes no solo provenían de San Fernando de Atabapo, sino de comunidades más lejanas como Carida, a tres horas en lancha. La mayoría eran niños que estaban infectados con plasmodium, el parásito que entra en la sangre tras la picadura del mosquito. En vista de eso el grupo se trasladó hacia esos lugares.

En Carida hay una base militar. Desde esta zona hay caminerías hechas de tablas por donde pasan las motos que llegan hasta las minas ilegales de oro, lo cual convierte al poblado en uno de los principales focos de malaria. De 137 láminas tomadas, 86 eran de distintos tipos de plasmodium. De allí siguieron a Macuruco, donde detectaron que no había un buen saneamiento. En La Venturosa, donde continuó el recorrido, solo fumigaron porque llegaron muy tarde y no se pudieron tomar muestras. En Santa Bárbara, donde hay un puesto militar, tres oficiales resultaron positivos. En cada poblado encontraron un panorama que desbordaba su capacidad de respuesta. “Nosotros no estábamos preparados para esta epidemia de malaria, porque como en el año 2015 no tuvimos tantos casos de paludismo, se compraron insumos proyectando un escenario similar para 2016. Ahora estamos haciendo recorte de tratamiento, supervisado y vigilado”, dice William Velásquez, quien tras seis años en el cargo de director de Salud Ambiental de Amazonas entregó su renuncia el 9 de febrero de 2017.

Una epidemia anunciada

Un árbol de Nim, una planta que contiene un ingrediente que sirve para el tratamiento de la malaria, está sembrado detrás de la sede de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho. Sus ramas dan sombra a varias personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, que están sentados en una fila de sillas en uno de los pasillos. Algunos tienen la mirada perdida, aislados de todo lo que pasa a su alrededor. Otros sostienen sus cabezas tratando de controlar el dolor. Algunos más tiemblan y están abrigados con suéteres y chaquetas pese a una temperatura de casi 29 grados centígrados.

“A mí me ha dado cinco veces, ahora quien tiene es mi mujer”, dice un señor que está sentado en una pila de bloques junto al árbol. “‘Agárrame que me voy para el suelo!’, le gritaba a mi mujer la última vez que contraje malaria. Se me fue el mundo”. Él vive en el barrio Ojo de Agua, saliendo de Puerto Ayacucho, y dice que “allá hay paludismo por demás”.

Cuatro municipios de Amazonas (Atures, Autana, Atabapo y Manapiare) están en epidemia, uno (Alto Orinoco) en alarma, y dos (Maroa y Río Negro) en seguridad. En todos los municipios hay presencia de minería ilegal, excepto en Atures, donde no se practica esta actividad, pero sí recibe a todas las personas con malaria provenientes de las minas, que viajan para abastecerse de alimentos y otros servicios.

El 21 de septiembre 2016 William Velásquez, ex director de Salud Ambiental, envió una carta al entonces director de salud regional, Diony Herey, con copia a la ministra de Salud, donde declaraba al estado Amazonas en epidemia. Pero no recibió respuesta. A finales de noviembre la ministra visitó la entidad y Velásquez le planteó todos los problemas que tenían: “Nosotros trabajamos bien, pero ha habido problemas para hacer el control del vector. No tenemos para hacer rociamiento en las paredes ni un insecticida biológico para echar en los criaderos; tenemos que usar un químico que destruye la flora y la fauna. No tenemos carro, motores fuera de borda, el problema básico de la gasolina y el gasoil para echar el insecticida, bujías y pilas para las máquinas. Yo he tenido que pagar cosas con mis propios recursos. Aquí nadie ha dado nada ni gobierno nacional, ni regional, ni municipal”.

Para el 2 de diciembre de 2016 estaban registradas seis muertes de personas con malaria (una en Atabapo, una en Alto Orinoco y cuatro en Atures). Algunas con complicaciones de dengue hemorrágico y tromboembolismo pulmonar. Velásquez advierte que pueden tener un subregistro de casos porque hay mucha gente que no llega a registrarse, se automedica, o los mismos microscopistas le hacen el diagnóstico, pero no lo registran ni envían la información. Ese mismo mes llegaron 5.000 mineros al municipio Atures y a la institución se le acabó el tratamiento. “Tuvimos que dar medicamento solo por tres días. Ha venido gente hasta de Táchira a trabajar en las minas. Esto sigue peor”, se lamenta el doctor.

Una esperanza a pocos minutos

Amanaven es un pueblo colombiano del departamento de Vichada, que se levanta sobre una montaña de tierra, y está justo al frente de San Fernando de Atabapo, a cinco minutos de navegación. Para entrar al pueblo hay que subir unas escaleras hechas de tablas. Las pocas casas del lugar están construidas con madera, en forma de palafitos. Debajo de una de las estructuras, una mujer está llenando sacos con tierra que sirven como muro de contención. Este pueblo improvisado pareciera que se puede hundir en cualquier momento, pero no su economía. Venta de ropa, alimentos, juguetes y carteles de “Se compra oro”, pueden verse en varias casas.

En Amanaven el único ambulatorio está cerrado porque el enfermero se murió hace tres meses. Pero a unos cuantos pasos hay una pequeña farmacia donde el también enfermero Ancisar López, de 56 años, hace consultas generales y vende medicamentos, entre estos el de la malaria, que para finales de noviembre costaba ocho mil bolívares. Una niña entra junto a su madre: “Tiene dos días con fiebre”. López le hace un pinchazo en el dedo y toma la muestra de sangre. Ambas salen. “Siguiente”. Otra gente comienza a llegar. 

López cuenta que durante el día atiende hasta veinte casos entre venezolanos, colombianos y brasileños provenientes de las minas. La mayoría son del municipio Atabapo. “Todos los que vienen dicen que allá no hay medicinas y traen el récipe. Mientras no fumiguen no se hace nada”, dice. También comenta que llegan muchas personas de las minas con gonorrea y que las mujeres que ejercen la prostitución siempre son renuentes a examinarse.

William Velásquez, exdirector de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho, asegura que en Amazonas nunca ha faltado tratamiento. El problema radica en que los municipios tienen que enviar las estadísticas que avalen la solicitud de medicamentos a ciudades donde sí existe el tratamiento como en Maracay, la capital del estado Aragua (centro de Venezuela). Es un trámite burocrático que muchas veces se complica por la falta de comunicación con las remotas comunidades amazonenses y se suma a las denuncias sobre la venta del tratamiento contra el paludismo, que en Venezuela es gratuito y al acecho del hampa. En octubre hurtaron tres cajas (cada una con 30 tratamientos) de la farmacia que está en la sede de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho. Velásquez hizo la denuncia en la fiscalía y entregó el número de lote de las cajas, que encontraron tiradas en la calle sin el tratamiento.

Mientras los casos de malaria aumentan, la gente sigue buscando una solución al otro lado del río o su rebusque en las minas, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud.

Mientras tanto, una pequeña comunidad de 380 personas se pregunta con gran preocupación qué será de ella cuando decaiga la agitación.

El sueño de Richard Hansen

El mayor impulsor y defensor de los planes turísticos para El Mirador es el arqueólogo Richard Hansen. Investigador afiliado a la Universidad Estatal de Idaho, graduado en la Brigham Young University, centro de estudios de confesión mormona, obtuvo su doctorado en arqueología en la Universidad de California, Los Ángeles. Por más de 30 años, ha sido el director de las investigaciones arqueológicas en El Mirador, y a él se le debe la fama mundial de estas ruinas del preclásico maya.

El doctor Hansen tiene un gran proyecto. Este abarca no solo el sitio arqueológico, sino también una amplia zona de 2,169 kilómetros cuadrados que ha bautizado “cuenca Mirador”. Sobre el mapa, se presenta como un triángulo cuya base sería la frontera norte con México, y que bajaría hacia el sur, hasta el Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz, a un costado de Tikal. Allí, bajo una selva virgen en excepcional estado de conservación duermen otras importantes ciudades mayas: Nakbé, Tintal, Xulnal y Wakna.

“Esta área debería ser declarada como zona silvestre libre de carreteras”, declaró Richard Hansen a Plaza Pública.

Esta figura de protección ambiental no existe en Guatemala, pero según el científico podría inspirarse en modelos exitosos de Estados Unidos y Canadá. Para acceder a los sitios, el científico promueve la construcción de un tren. Según él, esta es la única forma de evitar la construcción de una carretera que pondría en peligro el bosque, ya que difícilmente se podría impedir la llegada de invasores.

En la mente del arqueólogo también está la construcción, dentro del parque nacional El Mirador, de un lujoso eco-lodge de a 200 dólares por noche, perfectamente integrado en el entorno natural. La exclusividad de este complejo se justifica por razones ecológicas: pocos turistas deben poder permanecer en una zona tan frágil. Para las personas que no puedan hospedarse en el hotel, se prevé acondicionar áreas de campamento.

Richard Hansen está convencido de que El Mirador podría atraer fácilmente 30 mil turistas al año y generar ingresos comparables o superiores a los que genera Tikal, es decir, alrededor de 200 millones de dólares al año. Los ingresos permitirían proseguir con las investigaciones arqueológicas, proteger la naturaleza, y beneficiar a las comunidades aledañas gracias al flujo de turistas que forzosamente las visitarían para tomar el tren.

Tras la “cuenca Mirador”

La visión de Richard Hansen está plasmada en un proyecto de ley que fue ingresado al Congreso el 15 de julio del 2010 por el entonces diputado Manuel Baldizón. Pero para muchos actores que han estudiado de cerca el proyecto, el problema es que está basado en graves manipulaciones de la realidad. Suplantando las medidas de protección ambiental que ya existen en el área, el proyecto podría poner en peligro la reserva de la Biosfera Maya en su conjunto, y representar un gasto millonario y ruinoso para el Estado guatemalteco. Además, les impediría a varias comunidades forestales de la Reserva de la Biosfera Maya, entre estas Carmelita, el vivir de sus actividades tradicionales, que son compatibles con la conservación del bosque.

Según los que se oponen a Hansen, la manipulación empieza por la definición misma de la “cuenca Mirador”, que el arqueólogo define como “un sistema ecológico, geográfico y cultural”. En realidad, el área no corresponde a la definición geográfica de cuenca, un territorio en el que las aguas confluyen todas hacia un mismo punto, río, lago o mar. El área está, en su mayoría, dentro de la cuenca del Río San Pedro, un espacio mucho más amplio que llega hasta la frontera Oeste de México y Petén. Según Roan Balas, director de la ONG ambientalista Wildlife Conservation Society Guatemala, el trazado de Hansen es totalmente arbitrario. El nombre “cuenca Mirador” sería en realidad un intento para darle al área que ambiciona el arqueólogo una especificidad y una unidad que en realidad no tiene.

El ambientalista tampoco admite que la definición del territorio tenga argumentos ecológicos: el mismo sistema natural se prolonga hasta los humedales de la Laguna del Tigre, al extremo occidental del país. “A mi criterio”, agrega Roan Balas, “la así llamada ‘cuenca Mirador’ es un invento para el control territorial de la zona”.

Se le reprocha también a Richard Hansen exagerar los peligros que acechan a la “cuenca Mirador” y de divulgar una visión falsa del estado de la selva fuera de la “cuenca”.

En la página de internet de la Fundación para la Investigación Antropológica y Estudios Ambientales, creada y dirigida por Hansen, se puede leer: “A menos que se tomen medidas inmediatas, El Petén no tardará en desaparecer. Mientras las carreteras madereras se internan cada vez más profundamente, la selva virgen está siendo rodeada por la desolación y la destrucción”.

Los mapas de incendios que presenta Hansen en sus conferencias dejan pensar que todo lo que está fuera de la “cuenca Mirador” es un campo arrasado, lo cual no es así. Roan Balas McNab afirma que: “por años, ellos han intentado posicionar la “cuenca Mirador” como la única área que vale la pena conservar. Pero nuestros estudios muestran que el 72% de la Reserva de la Biósfera Maya está en buenas condiciones de conservación”.

Con una superficie de 21,602 kilómetros cuadrados, la Reserva de la Biosfera Maya es el espacio natural protegido más grande de Guatemala. Los mapas de cobertura boscosa del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar demuestran que, si bien ha sido depredada en muchos lugares, en especial en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, el Parque Nacional Sierra del Lacandón y la ruta a Carmelita, la selva se ha mantenido prácticamente intacta en la mayor parte de la reserva. Ni la “cuenca Mirador” ni las zonas aledañas han sido objeto de episodios de invasión y tala rasa.

Desde el punto de vista legal, la “cuenca Mirador” no está desprotegida. En ella se encuentran los parques nacionales Naachtún-Dos Lagunas y El Mirador-Río Azul, además del corredor biológico que reúne estos parques con el de la Laguna del Tigre. En estas zonas, ningún tipo de actividad productiva es permitida. Las otras dos terceras partes del área definida por Hansen están dentro de la llamada zona de usos múltiples, en donde sí se puede hacer un uso sostenible de los recursos naturales, a condición de no afectar negativamente al ecosistema. En ese sentido, nada indica que el declarar la cuenca área protegida o zona silvestre mejoraría su nivel de resguardo.

Exageraciones arqueológicas

En lo arqueológico, la promoción de la “cuenca Mirador” ha llevado a Richard Hansen a hacer afirmaciones que especialistas contactados por Plaza Pública encuentran exageradas o falsas, o simplemente imposibles de demostrar. En una entrevista concedida a Plaza Pública, Hansen afirmó que en la cuenca El Mirador se encuentran “siete sitios mayores que Tikal, y ocho más del mismo tamaño”. Afirmó también que las fronteras de la cuenca albergaron el primer Estado del continente americano, el Reino Kan.

“Estas cosas, a los arqueólogos nos dan risa”, afirma un colega de Hansen que pide que no se publique su nombre. “De ninguna manera”, agrega, “se puede decir que Nakbé o Tintal son mayores que Tikal. Tampoco se puede decir que es el primer Estado de América. Monte Albán, en México, es anterior, y en Suramérica había ciudades mil años antes del surgimiento de los mayas”.

Los arqueólogos coinciden en que las exageraciones de tipo “lo más antiguo, lo más alto, lo más grandioso” son sistemáticas por parte de Hansen. En su descargo, añaden, esta actitud es frecuente entre los arqueólogos, quienes esperan de esta forma atraer más fondos hacia sus investigaciones.

Exagerar la magnitud de las ruinas de la zona podría levantar expectativas equivocadas, y quizás llevar al Estado a invertir recursos que podrían ser destinados a otros sitios que merecerían ser más visitados. Según Omar Samayoa, del Banco Interamericano de Desarrollo, invertir demasiado en El Mirador sería un error. “Hay sitios arqueológicos cuya relación costo-beneficio sería superior a la de El Mirador. Hablo de Uaxactún, Yaxhá, Aguateca, Ceibal. Son más accesibles, y deberían promoverse también”.

Desde el punto de vista académico, las posibles exageraciones de Hansen molestan a muchos de sus colegas. Además, le reprochan el que muy pocos de los hallazgos realizados en El Mirador hayan sido objeto de publicaciones académicas. Sin estas publicaciones, los demás especialistas no pueden evaluar las interpretaciones y las teorías defendidas por Hansen en los medios de comunicación masivos. Por otra parte, los arqueólogos contactados admiran la dedicación de Hansen a su proyecto arqueológico, su carisma y el haberle dedicado tantos años a un sitio tan complicado como El Mirador, en algunos periodos invirtiendo su propio dinero. “Ojalá los chapines tuviéramos la décima parte de su fuerza de convicción”, afirma un arqueólogo que no quiere que se revele su nombre.

Llama la atención que, de los seis arqueólogos nacionales y extranjeros con los que Plaza Pública se puso en contacto, ninguno haya querido ser mencionado. Algunos ni siquiera quisieron contestar preguntas acerca de El Mirador y las afirmaciones de Hansen. El debate científico, que debiera ser abierto y público, en este caso se cierra y se esconde. Una de las explicaciones puede ser que muchos arqueólogos comparten las mismas fuentes de financiamiento para sus proyectos, en especial fondos de Pacunam y del Departamento del Interior de los Estados Unidos.

Carmelita

En donde más temor producen los planes de Richard Hansen y el proyecto de ley 4234 es en la comunidad de Carmelita, situada en el interior de la Reserva de la Biosfera Maya. Esta aldea, la más próxima a El Mirador, está constituida en su mayoría por gente que extrae productos del bosque desde hace más de cien años. La madera, el xate (pequeña palmera cuyas hojas sirven para hacer arreglos florales) y el chicle (resina del árbol de chico zapote que sirve para fabricar goma de mascar natural) son los productos que sustentan a Carmelita, además de las excursiones turísticas a El Mirador y los empleos temporales que ofrece el proyecto arqueológico de Hansen.

En 1997, el CONAP otorgó a esta comunidad una concesión forestal de 53 mil hectáreas para extraer recursos del bosque, con la condición de que se respetaran los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera Maya. Una cooperativa es la encargada de administrar la concesión. El temor de la comunidad radica en que el proyecto “cuenca Mirador” le arrebata el 70% del área concesionada. También le quitaría parte de su territorio a dos concesiones similares: Uaxactún y Cruce a la Colorada, así como a las concesiones industriales Paxbán y La Gloria.

En Carmelita, las instalaciones de la cooperativa muestran el grado de desarrollo al que ha llegado en 15 años de existencia. Cuenta con un aserradero de grandes dimensiones, capaz de transformar en tablones las inmensas trozas de caoba, santa maría o machiche que se arrastran desde la selva. Estas maderas preciosas son exportadas, principalmente a los Estados Unidos. También hay un taller de carpintería en donde la madera que no califica para la exportación es transformada en muebles o machimbres. Un carpintero, antiguo profesor del Intecap, enseña a seis jóvenes el oficio.

Un gran rancho cerca de la carpintería sirve de bodega de xate. Es donde los xateros, que pueden pasar hasta veinte días en la selva recolectando estas hojas, depositan el producto que será seleccionado y acondicionado para su exportación por las mujeres de la cooperativa.

El 85% de los habitantes mayores de edad de Carmelita son socios de la cooperativa. Esta es también la principal empleadora de la comunidad. Cada año, la cooperativa genera ingresos comprendidos entre tres y cuatro millones de quetzales. Una vez restados los gastos, las utilidades son repartidas entre los socios o reinvertidas en diversos proyectos como becas para estudiantes, una telesecundaria, créditos y seguro de vida para todos los socios. El mayor orgullo de la cooperativa son quizás las becas. Gracias a estas, se han podido graduar nueve maestros, dos contadores y tres peritos en administración de empresas, así como varios guías turísticos acreditados por el INGUAT. “Nuestra visión es mejorar el nivel de vida, desarrollar capacidades en nuestra gente, y que esto sea un proceso participativo”, explica Carlos Crasborn, el joven presidente de la cooperativa Carmelita. En este esfuerzo, la comunidad ha recibido apoyo continuo de organizaciones como Rainforest Alliance, WCS, Asociación Balam, y, desde este año, de Pacunam.

¿Manejo sustentable o depredación?

Estas organizaciones avalan el buen manejo de los recursos forestales. Toda la madera extraída tiene el sello de la FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), que certifica a las explotaciones madereras sustentables. Para obtener esta garantía, los concesionarios deben establecer un plan de manejo que solo les permite talar uno a dos árboles por hectárea cada 25 años. Tienen prohibido cortar árboles a menos de 150 metros de un río o en los sitios arqueológicos. Los árboles de diámetro inferior a 55 centímetros y los que están cargados de semillas se dejan para una próxima ocasión, 25 años más tarde. El mayor impacto que puede tener el aprovechamiento forestal es la apertura de caminos para sacar las trozas con tractores, y las bacadillas, zonas en donde se opera una tala rasa de alrededor de una manzana de extensión para acumular provisionalmente estas trozas. Aún así, la certificación FSC, que debe ser revalidada cada año por un experto acreditado, demuestra que no se puede hablar, como lo hace Richard Hansen, de tala inmoderada.

Sin embargo, ambientalistas como Francisco Asturias critican duramente la labor de los concesionarios. Asturias, representante de Fundaeco para el norte de Petén, fue un cercano colaborador de Richard Hansen hasta hace unas semanas. Afirma haberse alejado del arqueólogo por razones de ética profesional: la petrolera franco-británica Perenco es ahora uno de los grandes financistas del proyecto arqueológico de Hansen, y el ambientalista no acepta la intromisión creciente de los directivos de la transnacional en los asuntos de El Mirador.

Asturias afirma que los concesionarios de Carmelita, además de cortar más árboles de lo que tienen autorizado, cazan de forma inmoderada, abusan en la explotación de recursos como el xate, dejan grandes cantidades de basura, y saquean sitios arqueológicos. “Deberían sacarlos de allí, y darles una finca en otra parte para que hagan lo que quieran”, declara. Sus críticas coinciden casi punto por punto con las de Richard Hansen, con el matiz de que el arqueólogo no propone desmantelar las concesiones ni evacuar a los habitantes, sino simplemente prohibir la actividad maderera. “Dejémoslos funcionar, no hay que hacerlos desaparecer. Pero la madera no es sostenible. El que diga que sí, miente.” La madera genera el 60% de los ingresos de la cooperativa, y por lo tanto, esta última no sería viable sin esta actividad.

Contrario a las afirmaciones de Hansen y Asturias, varios estudios realizados por WCS demuestran que el impacto del manejo forestal ejercido tanto por Carmelita como por las principales concesiones forestales de Petén es moderado. Roan Balas, el director de WCS, explica que hicieron “un estudio en diez concesiones comparando áreas de aprovechamiento forestal con áreas en donde no se talan árboles. Se estudiaron poblaciones de aves, mariposas, mamíferos, reptiles. Nos enfocamos”, dijo, “en áreas que habían sido aprovechadas uno o dos años atrás para ver qué tan rápida era la recuperación del bosque. El resultado fue que no era perceptible ninguna diferencia entre la fauna de las áreas aprovechadas y la de las no aprovechadas. Esto nos muestra que esa estrategia resulta a largo plazo buena”. Otro estudio mostró que la población de jaguares en el área de Carmelita es excepcionalmente alta, más de once felinos por cada 100 km2. En la Amazonia brasileña, la población es de tres jaguares por cada 100 km2. Este es un dato que a Richard Hansen le gusta mencionar en sus conferencias, en apoyo a su proyecto “cuenca Mirador”, omitiendo decir que el estudio fue realizado en las concesiones forestales que él rechaza.

Una Reserva sin las concesiones

En los años noventa, en la Reserva de la Biosfera Maya se formaron doce concesiones forestales comunitarias como Carmelita, de las cuales tres fueron suspendidas o canceladas por CONAP a causa de malos manejos. Pero nueve grandes concesiones han tenido un desempeño satisfactorio. Según Gustavo Pinelo, de Rainforest Alliance, “este proceso tiene éxito en un 85%”.

Muchas organizaciones e instituciones como CONAP admiten que sin las concesiones comunitarias, el estado de la Reserva de la Biosfera Maya sería catastrófico. Como prueba, citan el caso de la Laguna del Tigre. Allí, en vez de dar el área en concesión, el Estado dibujó un parque nacional sin tener los recursos para protegerlo. Las comunidades, a veces manipuladas por grandes ganaderos o narcotraficantes, fueron las primeras en depredarlo. “Un sistema de bajo impacto conserva mejor las áreas que un sistema que no genera aprovechamiento”, opina Omar Samayoa, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien anteriormente laboraba en Rainforest Alliance.

Las comunidades que encuentran en el bosque su medio de subsistencia, se convierten en su mejor vigilante. “Nadie está dispuesto a proteger cuando no hay beneficios directos. Si queremos promover la preservación de recursos naturales, hay que ver cómo beneficiar a las comunidades”, agrega Gustavo Pinelo.

Dicho esto, a nivel mundial, existe un encendido debate científico entre quienes defienden, como Francisco Asturias, la protección total de las selvas vírgenes, y quienes creen que sin actividades económicas de bajo impacto, esta protección es ineficiente. Casos exitosos y desastrosos de explotación sostenible o de protección absoluta sirven a cada bando de argumento.

Batallas legales alrededor de la “cuenca Mirador”

Los cooperativistas y las organizaciones que los apoyan ven con preocupación los planes de Richard Hansen y su extraordinaria capacidad para incidir al más alto nivel político. Ejemplo de esto, en el 2002 el arqueólogo logró que el presidente Alfonso Portillo emitiera un acuerdo gubernativo por medio del cual se daba existencia legal a la “cuenca Mirador”, bajo la figura de zona arqueológica especial.

Las concesiones, reunidas en una asociación llamada ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales de Petén), lideraron un movimiento de rechazo a este acuerdo, y después de una larga lucha, en la que obtuvieron el apoyo legal de CALAS, lograron que fuera derogado por el presidente Óscar Berger en el 2005.

Cuando en el 2008 Álvaro Colom llegó al poder, lanzó un gran programa para el desarrollo del Petén, el 4 Balam. Las primeras declaraciones del mandatario parecían bastante influenciadas por las ideas de Hansen. Sin embargo, a partir del 2010 se modificó el proyecto 4 Balam para incluir la visión y los deseos de las comunidades. Patricia Cifuentes, quien fue coordinadora interinstitucional del proyecto 4 Balam explica que en el poco tiempo que quedó antes del lanzamiento de la campaña electoral, que como cada cuatro años paraliza las labores de los gobiernos, 4 Balam logró establecer las directrices que permitieran la protección de la Reserva de la Biosfera Maya, entre ellas, el desarrollo de proyectos de turismo comunitario que incluyeran sitios como Uaxactún, Piedras Negras y El Mirador.

Con el cambio de gobierno, el proyecto 4 Balam se ha detenido y los avances logrados en la administración anterior parecen haber caído en saco roto. La nueva administración aún no ha dejado en claro cuáles son sus proyectos con El Mirador, y eso preocupa a las comunidades.

En el 2010, el proyecto de ley 4234 ingresado por Manuel Baldizón retomó, punto por punto, el proyecto definido por dicho acuerdo gubernativo. Esta ley pretende crear el Área Protegida “Cuenca Mirador” y, a la vez, promover proyectos de desarrollo turístico en esta zona. En el preámbulo del proyecto, pésima traducción de un documento en inglés, se habla de tres mil visitantes diarios que podrían llegar gracias a un tren eléctrico. Para lograr esto, se romperían los contratos de concesión forestal firmados entre el Estado y las comunidades. La ley relajaría además el nivel de protección de los Parques Nacionales El Mirador-Río Azul y Naachtún-Dos Lagunas ya que, con la legislación vigente, no se puede levantar en su área ningún tipo de infraestructura hotelera, ni tampoco construir nuevas vías de acceso.

El CONAP y el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) ya han emitido dos dictámenes desfavorables contra esta iniciativa de ley. Según el CONAP, porque contraviene la legislación actual sobre áreas protegidas. “Para modificar las áreas protegidas, primero hay que hacer un estudio técnico, que debe aprobar CONAP, que conlleve justificaciones ambientales y sociales. Ese estudio técnico no fue presentado con esta iniciativa de ley”, recuerda Juan Carlos Carrera, director del departamento jurídico de CONAP en el momento de emitirse este dictamen. El IDAEH opinó que era absurdo presentar la ley como una ley de conservación, cuando en realidad promueve la explotación turística del área.

La iniciativa 4234 no ha entrado en la agenda legislativa. Sin embargo, el diputado de la bancada LIDER, Mario Yanes, afirmó a Plaza Pública que sí se le está dando seguimiento. “Vamos a retomar la iniciativa 4234, pero antes queremos consensuarla con la gente de las mismas áreas. Para nosotros es muy importante porque El Mirador es una de las ciudades más grandes del imperio maya”.

Según Patricia Cifuentes, este tipo de proyectos promovidos por fundaciones, ONGs o empresas privadas, son el resultado de la debilidad y falta de visión del Estado. “El Estado es el encargado de definir un ordenamiento territorial y ejes de desarrollo que tomen en cuenta tanto al interés general como las expectativas locales. Cuando no existen estos lineamientos, aparecen iniciativas individuales, que pueden no ser malintencionadas, pero en donde solo se ve el interés de un pequeño grupo”.

¿Turismo o madera?

El plan de Hansen conlleva prohibir toda extracción de madera. Asegura que las comunidades podrían vivir mejor si se dedicaran a construir hostales y restaurantes para los turistas que vendrían a Carmelita a tomar el tren hacia El Mirador. Esa también es la visión del diputado Mario Yanes: “Tienen que ver en esto una oportunidad para progresar económicamente, y encontrar una nueva forma de mantener a sus familias”.

La idea de sustituir la explotación maderera por el turismo no genera de por sí el rechazo de los concesionarios. “Ojalá fuera cierto. ¿Pero de qué plazo estamos hablando? En el mediano o largo plazo, podría llegar al momento en que el turismo generara más que la madera. Pero es absurdo decirle ahora a la gente que ya no haga aprovechamiento forestal y viva del turismo”, comenta un responsable del proceso concesionario. Carlos Crasborn, presidente de la cooperativa Carmelita, añade: “Si nos prohíben el manejo forestal, y tampoco nos dan trabajo en el parque El Mirador, y si además, nos ponen un trencito que nos quita el ingreso económico de las excursiones, la pregunta es: ¿de qué vamos a vivir? La gente tendrá que hacer agricultura y botar el bosque”.

Si acaso un día llegan las inversiones, los concesionarios no quieren tampoco ser vistos como mano de obra barata. Quieren ser actores principales en el desarrollo de un área que ocupan desde hace cien años y cuyo bosque han conservado desde entonces. Para esto, ellos son los primeros en admitirlo, necesitarían bastante capacitación para llevar a bien proyectos de turismo comunitario con buenos estándares de calidad.

Pacunam

En el 2006, un nuevo actor irrumpió en la Reserva de la Biosfera Maya: la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam). Está constituida por algunas de las mayores empresas del país y varias transnacionales: Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana, Wal Mart, Citi, Blue Oil, Banco Industrial, Cofiño Stahl, entre otras. Este club de empresarios, muy cercano a Fundesa, el centro de pensamiento del sector privado organizado, empezó siendo un fondo de ayuda a los proyectos de Hansen.

Esto causó zozobra entre los actores ya presentes en el Petén. Entendían que, con este poderoso apoyo, el plan “cuenca Mirador” se haría pronto realidad. Se vislumbraba una inversión masiva en el sector turístico y una ofensiva legislativa para modificar el diseño de la reserva de la Biosfera Maya.

Hasta hace un año o dos, los discursos de los directivos de Pacunam se apegaban a los de Richard Hansen. Por ejemplo, en una conferencia en la Universidad Francisco Marroquín en el 2010, Fernando Paiz, uno de los fundadores de Pacunam, elogiaba el “polo de desarrollo excepcional que constituye El Mirador”.

“Los empresarios tenían motivaciones empresariales: Hansen les vendió su proyecto”, opina Byron Castellanos, director de Asociación Balam, organización que apoya a las concesiones forestales, y administra fondos de Pacunam. “Pero luego, se dieron cuenta de que ese era un proyecto equivocado y que no era tan fácil: allí había población, ONGs, otro tipo de actores. Vieron que no había figura de co-manejo posible, y que no se puede comprar El Mirador”.

Hoy en día, el discurso de la fundación ha cambiado radicalmente. “Estamos conscientes que El Mirador jamás será un Tikal: no puede haber inversión turística masiva”, afirma Hilda María Morales, coordinadora de proyectos de Pacunam. “La legislación actual no lo permite. Además, existen otros frenos como el poco acceso al agua”. Hilda María Morales ve poco factible la construcción de un tren, y por ende, de un acceso fácil a las ruinas.

Desde entonces, Pacunam ha reenfocado su actividad. Ya no financia exclusivamente las investigaciones arqueológicas en El Mirador, sino que además aporta y gestiona fondos para otros sitios como El Perú, La Corona, Naachtún o El Zotz. Por otra parte, ha implementado acuerdos de conservación con varias comunidades: Carmelita, Uaxactún, Paso Caballos y Dos Aguadas. Estos acuerdos permiten apoyar económicamente a las comunidades en sus tareas de control y vigilancia sobre el área concesionada y el control de incendios.

Personas vinculadas con el proceso concesionario aún ven con mucho recelo la llegada de Pacunam. Creen que detrás de los programas de ayuda hay una estrategia para disminuir la oposición de las comunidades y, al final, apoderarse de los servicios turísticos generados por El Mirador, relegando a los comunitarios al rango de simples empleados. Sin embargo, no hay hechos que permitan fundamentar este temor. Una persona que trabajó de cerca con Pacunam afirma que esta tiene la misma finalidad que cualquier otra fundación privada: obtener deducciones de impuestos a cambio de realizar tareas que son obligación del Estado, pero que el Estado no cumple. Pero no cree que el objetivo sea apropiarse de una u otra forma de El Mirador.

Turismo de bajo impacto

Tanto Pacunam como las ONGs ambientalistas afirman que el futuro de El Mirador no es el desarrollo turístico masivo, sino el turismo de aventura. Le apuestan a mejorar la ruta Carmelita-El Mirador: un circuito de cinco días que se realiza a pie o a lomo de mula. Si por ahora la infraestructura es inexistente, el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de otorgar un préstamo con el que se podrán construir áreas de campamento, baños, duchas, cocinas y corrales para las bestias. La licitación para estas obras está próxima a ser publicada. Conforme al contrato de concesión, la cooperativa Carmelita debería ser la principal beneficiada de estas mejoras.  

Richard Hansen no cree en esta solución: “No puede ser rentable si vamos caminando. Además, si mandamos a diez mil gentes caminando, ¿cuánta deforestación va a haber a causa del ramoneo de las mulas, ya que las mulas comen hojas de ramón? Los senderos están llenos de garrapatas, de heces de mulas, lombrices. Estamos condenando al bosque”.

Según estudios financiados por Pacunam, la capacidad máxima del sendero sería, una vez en pie la infraestructura mínima, de 147 personas por día, es decir 53,655 por año. Actualmente, entre 2 mil y 3 mil personas visitan El Mirador, aunque en el 2012, con el 13 Baktun, se piensa que el número de visitantes llegará a 4 mil. Es imposible saber si, con la nueva infraestructura estas cifras aumentarán sustancialmente.

Actualmente, la entrada al parque El Mirador es gratuita: el visitante solo debe pagar de Q2,000 a Q3,000 por cinco días de excursión. Pero en un futuro cercano, la entrada sí tendrá un costo, que servirá para el mantenimiento de la ruta y del sitio arqueológico. Aún no se ha oficializado su precio, pero, según Carlos Crasborn, presidente de la cooperativa Carmelita, en las reuniones con los diversos actores implicados en el desarrollo de la ruta, se manejan cifras de Q200 para los nacionales y Q800 para los extranjeros. Para el líder comunitario, el sobreprecio podría desalentar a los visitantes, generalmente turistas jóvenes sin excesivos recursos.

Después de tanta agitación, príncipes, empresarios, millonarios internacionales, puede que El Mirador no pase de ser un destino turístico muy alternativo, reservado a los que gocen de buena condición física, puedan pagar el costo y tengan cinco días que dedicarle. Las ruinas de La Danta y La Tigra seguirán entonces disfrutando de su sueño milenario, apartadas de las grandes multitudes.

Vea la galería fotográfica donde se muestran los impactos ambientales y sociales que está trayendo al Amazonas la nueva mega carretera que la atraviesa.

http://www.connectas.org/amazonas/es/galeria/gal1.html

Vea los videos de este recorrido:

El Cruce de la Selva: http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html

El Héroe Olvidado: http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html

Canto de Motosierras: http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html

Atajo Internacional: http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html

Atrapados en la Frontera: http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html

La autopista de la selva:

Lea la primera entrega

Lea la segunda entrega

Lea la tercera entrega

Lea la cuarta entrega

Lea la última entrega

Vea en este enlace:

La Ley del Monte: (http://www.connectas.org/amazonas/es/perfil1.html)

Guardianes Satelitales: (http://www.connectas.org/amazonas/es/perfil2.html)

Amazonas Sin Fronteras: (http://www.connectas.org/amazonas/es/perfil3.html)

Consulte acá (http://www.connectas.org/amazonas/es/video5.html) el video del día sobre lo que sucede en este vasto sector del Amazonas.

La Autopista de la Selva:

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