El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que en 2010 se paladeaba con los altos precios del petróleo y controlaba a la perfección los hilos políticos e institucionales de Venezuela. En esa época también consolidó decenas de alianzas con otros países y gobiernos gracias a su verbo rompedor y su abultada chequera.

Entonces Chávez decía que sí a todo lo que pretendiera ayudar a un “país hermano” y potencial aliado. Así que, en 2009, Elías Jaua -hoy fuera de la administración pública y para el momento ministro de Agricultura y Tierras-, no debió esforzarse mucho para convencer al comandante bolivariano de que aprobara el financiamiento para un proyecto que permitiría el país centroamericano aprovechar la madera caída -literalmente, la que quedó en el piso- tras el paso de aquel huracán.

El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500.000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la costa Caribe Norte de Nicaragua.

En Nicaragua, Lumberto Campbell, operador político principal del presidente Daniel Ortega, no dudó en atribuirse la autoría y ejecución de la iniciativa. Campbell ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 2014, y la presidencia de ese mismo organismo de manera interina desde 2018. En noviembre pasado la Oficina de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.

El plan del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua desplazó un proyecto similar llamado Raya Ka Raya (Nueva Vida, en lengua miskita), que 41 miembros del Consejo Regional Autónomo de la Región del Atlántico Norte, autoridad política de esa zona nicaragüense, aprobaron en marzo de 2008, un año antes de que Jaua planteara la idea a Chávez.  El trabajo comunitario preveía una inversión inicial de 300 millones de dólares para extraer durante 30 años la madera disponible en la región y debía comenzar precisamente por los árboles arrancados por el huracán. El proyecto, de acuerdo con la prensa local, había sido financiado por el grupo de inversionistas estadounidenses Baxter & Lewis.

A la postre, el proyecto venezolano se impuso. Dinero no le faltaba, pero era una oda al voluntarismo y la improvisación. Poco se pensó en el estado verdadero en el que se encontraba la madera a dos años de haber sido derribada, o en las intrincadas condiciones de acceso al espeso bosque para poder sacarla.

En octubre de 2009 Hugo Chávez estampó su firma aprobatoria en el documento que asignaba 18,85 millones de dólares para recuperar la madera. Puso “muy urgente” en su orden ejecutiva, en la que disponía de recursos del llamado Fondo Chino. Pero todavía habrían de transcurrir dos años más antes de que se activara el proyecto.

Primero fue preciso registrar una persona jurídica, Alba Forestal, una empresa con capital mixto que se creó en 2012. Esta empresa tenía como socios a Alba Alimentos, S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua, SA. (Albanisa), ambas compañías venezolano – nicaragüenses y también piezas del esquema creado para manejar la cooperación entre ambos países con financiamiento venezolano y, al final, pasar los beneficios al sector privado.

 “Nicaragua reembolsará a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, quedando el uso de los excedentes obtenidos a disposición del Comandante Presidente para su inversión en proyectos socialistas de interés para nuestros pueblos”, prometía el anteproyecto presentado por Jaua al mandatario venezolano, según consta en documentos obtenidos por Armando.info. Pero de ese reembolso no hubo jamás noticia.

Hasta su muerte en 2013, Chávez mantuvo una relación estrecha con Ortega y giró, según el Banco Central de Nicaragua, más de 2.800 millones de dólares en cooperación, canalizada a través de Alba de Nicaragua, la empresa madre del resto de negocios realizados con dinero venezolano en áreas clave como energía e hidrocarburos.

“Ejecútese”

El desembolso para el proyecto de la madera encontró resistencias. Hubo quien lo calificó de fantasioso. Pero las críticas fueron despachadas sin más.

Por ejemplo, el entonces ministro de Planificación, Jorge Giordani, advirtió que era improcedente usar el Fondo Chino -un fondo de financiamiento creado en 2008, por convenio bilateral entre China y Venezuela, para ejecutar obras de envergadura en el país suramericano-, pues el proyecto no se desarrollaba en territorio venezolano.

El dinero iba a ser administrado en primera instancia por Productos Forestales del Occidente (Proforca), una empresa gubernamental venezolana creada en 1988, pero finalmente se entregó a la recién concebida Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba. Esta se registró en el marco del convenio Cuba-Venezuela, y quedó adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Corporación Venezolana de Alimentos, con el fin de administrar, exportar, importar y comercializar productos forestales, agrícolas y pecuarios.

La orden de desembolso se aprobó el 13 de abril de 2010. El dinero debía ser depositado en una cuenta en dólares, abierta a nombre de Maderas del Alba ad hoc para este proyecto.

Y ese mismo día de la orden se alzó otra voz inconforme con el proyecto. Paradójicamente, era la del presidente de Maderas del Alba, Néstor Zambrano.

En una carta a la que Armando.info tuvo acceso, Zambrano apuntaba que “es nuestro criterio que tanto el Compromiso de Responsabilidad Social, así como la Promoción del Poder Comunal, no se aplica en el Contrato de Préstamo N° FCCHV-CPJ-001-10, suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y Maderas del Alba, pues las mismas normativas jurídicas contemplan la exclusión de estos aspectos sociales, motivado a que la inversión prevista y delegada de la Empresa Mixta Maderas del Alba S.A refiere a contrataciones con empresas extranjeras, además que la señalada inversión se prevé ejecutarla exclusivamente en la República de Nicaragua como apoyo financiero  para adquisición de maquinaria para el procesamiento de madera afectada por el Huracán Félix” (sic). En resumen, a juicio de Zambrano, el préstamo solo beneficiaría a Nicaragua y estaría lejos de cumplir con los requerimientos de responsabilidad social y apoyo al poder comunal en suelo venezolano, premisas definitorias de los proyectos del socialismo bolivariano.

Con todo, el proyecto siguió adelante. Pese a sus objeciones, el propio Zambrano tuvo que viajar a Nicaragua para sellar el convenio tres meses después de girado el dinero.

Ese año Nicaragua y Venezuela estaban en el mejor momento de su intercambio comercial. Venezuela era el segundo destino de exportaciones de Nicaragua con 12,69 % de las ventas, solo detrás de Estados Unidos, que representaba el destino de 30,22% de sus despachos.

Perspectivas contradictorias

La grandiosidad de los sueños de proyección continental de Chávez contrastaba con la perspectiva que los nicaragüenses tenían sobre el proyecto. No solo era más modesta sino hasta contradictoria con respecto al punto de vista del líder bolivariano. Desde muy temprano, en su Plan Nacional de Desarrollo 2009-2011, el Gobierno de Daniel Ortega admitía que, con lo previsto en la ayuda venezolana, solo podría extraerse el dos por ciento del recurso maderero disponible.

“Haciendo las inversiones necesarias, se podría extraer un millón de metros cúbicos en los tres meses de estación seca por año y por no más de tres años, cuando empieza la madera a deteriorarse", se decía en el documento.

También los datos de retorno y rentabilidad que mostraron a Chávez para persuadirlo a financiar el proyecto diferían de los de Nicaragua. Mientras al venezolano se le planteó que el aprovechamiento del recurso representaba unos ingresos potenciales de 2.300 millones de dólares, el Ejecutivo nicaragüense sostuvo que la madera tirada por el huracán permitiría generar, cuando mucho, unos ingresos por 500 millones de dólares.

Los reporteros de Armando.info intentaron consultar a la Cámara Forestal de Nicaragua sobre este tema, pero no hubo respuesta. También en varias oportunidades se intentó obtener la versión del ex ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Elías Jaua, pero no respondió las solicitudes de entrevista. 

Por su parte, William Schwartz, quien fue director del Instituto Nacional Forestal de Nicaragua (Inafor) entre 2007 y 2016, se negó a ofrecer declaraciones sobre el período de auge de Alba Forestal y el proyecto que inició sobre reforestación comunitaria.  "Ya tengo cuatro años de estar afuera (del cargo). No sé cómo se está manejando Alba Forestal, si bien o mal", se excusó. Aseguró que, mientras estuvo al mando de la institución estatal "todo mundo sabía cómo se manejó cuando estuve ahí. Pregúntele a las autoridades actuales".

Troncos en el camino

No solo no quedaba claro a cuánta ganancia se podría aspirar sensatamente del proyecto, sino que se ignoró el paso del tiempo y sus estragos.

El Caribe Norte, donde nace el proyecto de madera con fondos venezolanos, es una de las zonas más lluviosas de Nicaragua y también una de las más abandonadas por el Estado. Esa ausencia permitió que los llamados colonos invadieran territorios indígenas mediante la violencia. 

Madera podrida: eso fue lo que encontraron los creadores del proyecto tres años después del huracán Félix, al llegar al sitio donde se planeaba desarrollarlo, y solo después de sortear muy malas vías de acceso. Apenas entonces se constató que los malos caminos constituirían un obstáculo de gran magnitud a la hora de extraer el producto.

“Solo pudieron aprovechar algunas especies de madera dura en la zona y eso implicó una modificación de lo que se tenía planificado. Empezaron a ver que el costo de operación en la zona era muy alto y podrían tener pérdidas si solo sacaban la madera que fue tumbada por el huracán Félix. Por eso decidieron aumentar la explotación con madera que no había sido tumbada”, detalla Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dedicada en Nicaragua a la conservación del ambiente.

Sin embargo, una fuente venezolana que trabajó como funcionario de la empresa Albalinisa asegura que, entre 2010 y 2014, se usó el dinero que Caracas había desembolsado.

Entre algunas de las actividades por las que se incurrió en gastos, relata la fuente, estuvieron la compra de las máquinas necesarias para recoger la madera caída, se comenzaron a hacer las carreteras para abrir el acceso hacia el lugar, se formó a la comunidad en la operación de las máquinas e, incluso, se comenzó a conformar un laboratorio de reforestación. Para el tercer año de convenio se estaba sacando algo de madera.

“El proyecto empezaba desde menos cero y no ibas a ver rápido el retorno. Eran préstamos a muy largo plazo (…) Con todos esos convenios se sabía que pasarían hasta 25 años para que retornara el dinero a Venezuela”, explica el ex funcionario, que asegura desconocer en qué momento se desvirtuó la iniciativa.

Wilfredo Davis, quien hoy es miembro del Consejo Regional Autónomo, trabajó durante diez años en la asesoría para empresas comunitarias que trabajaban con el manejo forestal del lugar, antes y después del huracán. Él da fe de que Venezuela invirtió dinero en la cadena de producción de madera con equipos, materiales y combustible.

El edil denuncia, en cambio, que se otorgaron licencias de tala con volúmenes exagerados con respecto a lo permitido cada año, y se terminaron las iniciativas de la forestería sostenible que las comunidades podían aprovechar durante los próximos 50 años. Según Davis, no hubo la reforestación prometida sino que el bosque se ha ido regenerando naturalmente. “Fue un robo descarado respaldado por Inafor”, afirma.

Otro funcionario, Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa entre 2007 y 2013, se refiere a la metamorfosis que tuvo el proyecto. Se vendió como humanitario, y se volvió un caso de “oportunismo mafioso” y de “proyecto extractivista”.

Se suponía que Alba Forestal debía impulsar una cultura de reforestación para que en el futuro las comunidades pudieran iniciar de nuevo el ciclo de aprovechamiento del recurso maderero. Sin embargo, Obregón asegura que entre 2009 y 2016 se extrajeron a mansalva 12,4 millones de metros cúbicos de madera de diferentes especies en rollo y aserrada. “El Proyecto de Alba Forestal en realidad fue de deforestación nacional”, lamenta el ex funcionario.

Sigue Obregón: “Los representantes del chavismo estuvieron presentes en todo el ciclo de vida del proyecto y se encargaron de definir los destinos de la madera extraída, aunque nunca llegó a Venezuela. Decían en la región, que la madera era para los proyectos conjuntos de Venezuela y Nicaragua con su Misión Vivienda en aquel país y Casas del Pueblo en Nicaragua, pero lo cierto es que no se hizo ni una sola casa de madera porque las que construyeron, bajo otro negocio lucrativo, fueron de cemento y derivados”.

Hasta enero de este año el tema de la reforestación comunitaria continuaba siendo una promesa del gobierno de Ortega, como pilar de su estrategia nacional de desarrollo. El Instituto Nacional Forestal proyectó un plan que, entre 2020 y 2030, debía beneficiar a 1.380 familias con el manejo de 16.300 hectáreas boscosas.

Hoy, sin embargo, los funcionarios nicaragüenses mantienen en la oscuridad lo que ocurrió con el proyecto financiado por Venezuela hace una década.

Tanto la división de recursos naturales como la coordinación regional del Consejo Regional del Caribe Norte -la máxima autoridad local dentro del régimen de autonomía concedido a las zonas atlánticas de Nicaragua-, negó a estos reporteros cualquier tipo de información.

Carlos Alemán, el coordinador general del Consejo Regional, preguntó por qué lo buscaban a él para hablar de este tema, justo antes de colgar el teléfono. La asesora legal del área de recursos naturales dijo que su jefe se encontraba fuera de la ciudad y prometió información en su despacho. Luego desconectó su celular.

Privatización y epílogo

En 2014 la empresa Consorcio Multi Consult S.A. elaboró un estudio no oficial en donde se evaluaba la industria del mueble y, en ese contexto, se diagnosticó el problema que existe alrededor del abastecimiento de madera. El documento, obtenido por los reporteros y cuya credibilidad fue confirmada por fuentes del sector, examinó la iniciativa de Alba Forestal y resaltó: “Según expertos forestales de la región, las proyecciones iniciales de la existencia de madera fueron infundadas y, en el mejor caso, sobredimensionadas”.

Pero cuando Armando.info solicitó una entrevista sobre este documento a la propia consultora, no obtuvo respuesta. Tampoco la Secretaría de Comunicación, en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, respondió a una solicitud de información.

El informe también confirma la denuncia de los ambientalistas de que la madera suave que no se sacó a tiempo se pudrió o fue consumida en las quemas no controladas que se dieron después del huracán. Asegura también que la madera en suelo que era posible aprovechar fue extraída por Alba Forestal en sus primeros cuatro años de operaciones, y por otros madereros de la zona.

La ex alcaldesa de Puerto Cabezas -la capital regional- por el partido Indígena Yatama durante el periodo 2005-2009, Elizabeth Henríquez, relata que, mientras el proyecto sacaba del lugar toda la madera que podía, los ríos se fueron secando y la actividad agrícola menguó. “La gente ya no puede producir su agricultura y ahí viven de arroz y frijoles”, acota. “Aprovecharon no solo la caída de la madera, sino lo que estaba vivo también se lo llevaron en su saco. Se explotó sobre explotación, pero no hubo ningún programa de desarrollo social”.

Entre tanto, el negocio dio señas de haber sido lucrativo. Seis años después de su inicio se hizo un aumento de capital hasta alcanzar los seis millones de dólares. En 2014, el emprendimiento cambió de nombre a N & H Woods Products y pasó a controlar el negocio de la madera en todo el territorio nicaragüense, según denuncias del ambientalista Amaru Ruiz y la prensa local. En marzo de ese año, un equipo del diario La Prensa de Managua visitó las instalaciones de Alba Forestal en el kilómetro 29 de la carretera vieja a Tipitapa, y encontró un letrero con el nuevo nombre corporativo.

Sin embargo, en 2016 la empresa cesó operaciones por el cúmulo de denuncias de corrupción y competencia desleal que dieron a conocer los empresarios tradicionales del sector, así como por desavenencias financieras con los delegados del chavismo, según Obregón.

Sobre el retorno del dinero invertido por Venezuela o el beneficio que pudo obtener el país suramericano, no hay información. Lo que sí se sabe es que la exportación de madera desde Nicaragua a Venezuela fue mínima. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones en Nicaragua, el país centroamericano exportó a Venezuela madera por valor de apenas 95.901 dólares entre 2010 y 2015. El pico se concentró en 2010 y 2011 con 41.580 y 49.896 dólares respectivamente. En el informe estatal al que se tuvo acceso, no existe un registro detallado sobre qué empresas fueron las que mandaron sus productos. Tampoco sobre las metas de producción y exportación que pudo alcanzar Alba Forestal durante este mismo período. Pero las cifras registradas representan una fracción insignificante del monto invertido por el Estado venezolano para el proyecto en el Caribe Norte nicaragüense.

La ayuda venezolana concebida para crear riqueza y rescatar el medio ambiente en Nicaragua, terminó en manos de un coto cerrado, controlado por la triada Estado-partido-familia de Daniel Ortega, cuyos productos palpables fueron corrupción, tráfico de influencias y daño ambiental. Así, los resultados del proyecto, sus ganancias y el retorno del dinero a Venezuela terminaron perdidos en un bosque de opacidad entre ambos países.

*Este reportaje tuvo su origen en un grupo de documentos que Armando.Info obtuvo y que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) compiló en una base de datos y ayudó a analizar.

La vasta maniobra de apropiación de recursos de la cooperación internacional venezolana para favorecer a la familia presidencial nicaragüense ha tenido por vértice a Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), una empresa que, aunque propiedad conjunta de la estatal petrolera venezolana Pdvsa (51% de las acciones) y de su contraparte Petronic (49% de participación), se constituyó en 2007 como una compañía privada. La decisión para registrarse así se remonta a motivaciones políticas: se quería evitar que el Congreso de Nicaragua, que incluía a una importante bancada opositora, tuviera potestad para supervisar a la empresa. Pero sus consecuencias más gruesas se reflejaron en el crecimiento del patrimonio y poder económico de los Ortega.

De este entramado se conocen detalles desde 2010. Desde entonces no ha hecho más que extenderse y sumar riqueza, a pesar de las denuncias periodísticas. Al día de hoy, el grupo de empresas detenta una posición casi de dominio en los negocios de venta de gasolina y de generación y distribución de electricidad. Acapara también el negocio de las exportaciones agroalimentarias a Venezuela, el mayor cliente del campo nicaragüense. Se calcula que en ocho años, el Gobierno de Ortega ha privatizado 3.047 millones de dólares provenientes de Venezuela, del total de 3.423 millones de dólares en cooperación estatal (que también incluye aportes del Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes), con la venia activa del régimen de Caracas.

Al principio fueron los dólares

El trasfondo de este negocio es político. Dos aliados ideológicos y geopolíticos, el sandinismo y el bolivarianismo, sellaron su pacto con los acuerdos de cooperación suscritos en marzo de 2007 entre los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. Antes, en enero de 2007, también se habían hecho partes del acuerdo fundacional de Petrocaribe. Apenas cuatro meses más tarde, se conformó Albanisa, la empresa encargada de administrar la factura de los diez millones de barriles de petróleo al año subsidiado que Caracas concedería a Managua.

El esquema que sirvió de marco al acuerdo establecía que Nicaragua pagaría 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años de plazo, con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales.

Unos meses después, a finales de abril de 2007, ambos presidentes suscribieron el acuerdo energético de la Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos), que comprendía una modificación de las condiciones: 25% de la factura pendiente quedaría como cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y el restante 25% sería asumido por Nicaragua. Pero faltaban nuevas alteraciones del acuerdo, que resultarían funcionales para el trasvase de los fondos venezolanos al patrimonio de la familia gobernante.

“En enero de 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ‘corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) Pdvsa recibir’ una parte de la cooperación”, explica Adolfo Acevedo, un economista nicaragüense conocedor de la materia. La persona jurídica beneficiada terminó por ser la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), 599 millones de dólares  entre 2007 y 2009, una cantidad de cuyo uso no hay muchos detalles.

Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Entonces toda la factura petrolera pospuesta como fondo para el desarrollo fue asumida como préstamo para Caruna. A la vez, se cambian de nuevo las reglas del juego para destinar 38% de la cooperación petrolera a donaciones de índole social, y 62% a inversión en proyectos con fines de lucro. Esto último se conoce por los términos en que, ese año, el Gobierno de Managua informaba al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De la noche a la mañana quedaba así legitimada la inyección directa de recursos a empresas privadas.

No es de extrañar que sea el año 2010 cuando se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.

En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.

El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.

Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.

Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.

Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes

Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.

En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantenga sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.

Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.

Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diesel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.

No es de extrañar que sea el año 2010 cuando se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.

En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.

El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.

Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.

Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.

Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes

Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.

En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantenga sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.

Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.

Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diesel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.

A un costo de 4.000 millones de dólares, la obra debía concluir en 2012 para poner en funcionamiento una instalación capaz de refinar 150.000 barriles de petróleo al día.

A ocho años de su inicio, en el sitio solo se ve movimiento de tierras y la construcción de tanques de almacenamiento, 16 en una primera fase. Los trabajos están a cargo de la empresa china CAM Engineerring Co., Ltd. y, según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta la fecha Pdvsa ha invertido 312,7 millones de dólares, menos de la décima parte de lo que se calculó costaría la refinería.

Ahora se duda de que la refinería se construya jamás. Es un caso parecido al de la proyectada refinería José de Abreu y Lima, en la que Pdvsa debía participar con Petrobras para levantarla en Pernambuco, Brasil, según la visión compartida de Hugo Chávez y el expresidente Inácio Lula Da Silva. Pero, aún si se completa o no, ¿por qué empezaron la construcción en Nicaragua por la cola, los tanques de almacenamiento, que son una instalación secundaria? Una fuente de la empresa privada en Managua, que pide no ser identificada, lee esa peculiaridad del proyecto con suspicacia: “Con esa inversión en tanques de almacenamiento, Albanisa tiene capacidad para convertirse en el gran importador y, luego, el gran revendedor de productos terminados en el mercado regional”.

La llave de la despensa de Venezuela

Se llama Albalinisa y no es un trabalenguas ni una competencia al estilo de Descubra las diferencias. Es otra empresa que termina por conectarse al grupo de su casi homónima, Albanisa. Alba Alimentos de Nicaragua, S.A. (Albanilisa) es identificada como una de las empresas mixtas binacionales que CVAL (la Corporación Venezolana de Alimentos, adscrita al ministerio de Agricultura y Tierras y ahora en proceso de liquidación) declaraba haber constituido también con naciones aliadas como Rusia y Siria. Pero, en el caso de Nicaragua, Albalinisa quedó encargada de administrar el mecanismo de compensación creado en el marco de Petrocaribe y por el cual Managua puede pagar una fracción de su deuda petrolera en especies.

“Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes o servicios establecidos mutuamente”, ofrece Caracas a sus contrapartes en el texto del acuerdo de Petrocaribe.

Nicaragua le sacó partido a este párrafo. Y cómo. En 2006, las exportaciones de Nicaragua a Venezuela totalizaban dos millones de dólares, menos de lo que exportaban Haití o Belice al país suramericano. Pero de 2007 a 2014 las ventas nicaragüenses a Venezuela se multiplicaron 49 veces, de 7,6 millones de dólares a 375,95 millones, según datos oficiales del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). La caída constante del precio del petróleo desde fines de 2013, y la subsecuentemente menor disponibilidad de divisas por parte del Estado venezolano, hacen difícil creer que se volverá a alcanzar el tope de 444 millones de ventas anuales de Nicaragua a Venezuela, que data de 2012.

Pero, de todas maneras, el negocio sigue siendo pingüe. Venezuela se convirtió en el mayor mercado de exportación del campo nicaragüense y no solo en cantidad: con frecuencia, el ávido cliente venezolano –que es el Estado– paga precios por encima del promedio internacional. Solo lo superan Estados Unidos y Taiwán. Además es un cliente voraz, que siempre vuelve por más, paga rápido y, hasta hace poco, se daba el lujo de pagar por adelantado.

Las agroindustrias nicaragüenses de la carne, del café, de la leche, del azúcar y del aceite y oleaginosas, viven una verdadera bonanza con el maná venezolano. De todos los regímenes bolivarianos del continente, quizás sea el de Daniel Ortega el que mantiene mejores relaciones con los capitanes empresariales, y todo gracias al canal privilegiado de colocación de sus productos que ha logrado con sus aliados en Caracas.

Resulta curioso que, en contraste con su prédica de izquierda, los miramientos del Gobierno de Ortega se hayan concentrado en los grandes productores. “Los principales productos que gozan de acceso preferencial al mercado venezolano, con excepción del frijol negro o caraota, se encuentran en manos del gran capital nacional”, apunta el economista Adolfo Acevedo. “Para la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, para las plantas industriales de procesamiento de productos lácteos como Centrolac y Parmalat, para el Matadero San Martín, entre otros, el mercado de Venezuela ha sido un excelente negocio”.

En cambio, de las pocas contrapartidas que los pequeños productores del campo habrían podido recibir de la alianza con Venezuela, se sabe poco, y eso que se sabe es sombrío. Por ejemplo, los suministros de urea venezolana para fertilizar se centralizaron en una organización oficialista, Nicaraocoop, que estableció precios diferenciales según la afiliación política o familiar del comprador.

Una asignación de contado por diez millones de dólares que Hugo Chávez entregó para financiar prestamos dirigidos a pequeños y medianos productores, terminó distribuida “en solo cinco empresas”, según escribió la economista Gloria María Carrión Fonseca en una nota de la revista Envío. “Cuando los miembros de” la federación campesina “preguntaron por el criterio que se usaría para acceder a los préstamos, el gobierno les informó que los criterios ya habían sido establecidos y los recursos distribuidos”, aseguró.

A cambio del impulso para sus negocios, los grandes productores agrícolas nicaragüenses se dejaron acostumbrar a que Albalinisa intermediara en sus exportaciones. Albalinisa era en 2009 la número 48 entre las firmas exportadoras de Nicaragua. En 2014 se convirtió en la segunda.

La llave de Albalinisa para exportar a Venezuela la tiene Francisco Chico López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN. “Él es quien decide en última instancia”, coincidieron varias fuentes consultadas. Con el que hay que firmar las negociaciones y acuerdos.

Cuando elige proveedores, López prácticamente elige a quién le va a ir mejor en la temporada.

Por ejemplo, en el azúcar. “Todos los ingenios exportan a Venezuela. Pero no hay una regla. Algunos años van todos, otros años van unos cuantos; unos venden mayor cantidad, otros, menor cantidad (…) Albanisa nos dice: necesitamos equis cantidad de azúcar. Los ingenios dicen: ‘Yo tengo tanto, tengo compromisos por tanto, puedo darte tanto; este es mi plan de exportación o no tengo nada este año’”, refiere Mario Amador, Gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA).

En todo caso, si Venezuela no le compra más alimentos a Nicaragua, es porque hay un techo: el trueque de alimentos por petróleo solo puede llegar hasta un valor equivalente a 25% de la factura petrolera. El otro techo a las ventas nicaragüenses se lo ponen la burocracia y las ineficiencias venezolanas.

“Desde el primer día fue difícil comenzar a venderles leche, aún a través del mecanismo de Albanisa, pero fue haciéndose más difícil con el paso de los años, porque todo camina lento en Venezuela: las certificaciones, las inspecciones”, admite Alfredo Lacayo, Gerente General de Centrolac. La leche y bebidas saborizadas de Centrolac se ven de cuando en vez en los anaqueles de tiendas venezolanas. “A pesar de ser un país que importa todo lo que consume, los requisitos para importar en Venezuela son sumamente engorrosos, y la burocracia que vive de eso es enorme, poderosa e independiente”.

“Conseguir un registro sanitario en Venezuela te toma más de un año”, sigue Lacayo. “Aunque el presidente diga: ‘Denle mañana el registro sanitario’, igual tarda un año”.

Mario Amador, de los productores de azúcar, recuerda una vez que el gremio recibió un reclamo de Albalinisa por un embarque de azúcar. Su contraparte venezolana rechazaba el producto recibido porque decían que se les había enviado azúcar sólida, petrificada, “pero era mentira. Era un problema de descarga que ellos tenían en Venezuela”.

Lacayo, el gerente de Centrolac, recuerda algo similar. Su contraparte venezolana dejó varado por tres meses un contenedor en Puerto Cabello (estado de Carabobo) “y la leche no está supuesta para permanecer en un contenedor a 27 grados centígrados por todo ese tiempo”. Pero entiende que “sacar un contenedor de Puerto Cabello también es engorroso. Eso es parte del problema económico de Venezuela, que la burocracia ha crecido a tal grado que los trámites se hacen muy difíciles”.

El que calla, otorga

En 2010 Rodolfo Obregón, un ingeniero que se desempeñó como gerente de Albanisa y Petronic, anterior amigo de Francisco Chico López, rindió testimonio para Confidencial de Managua sobre los entretelones administrativos del emporio. Su relato hablaba de montos de divisas en efectivo guardados en casas de los ejecutivos y un creciente endeudamiento de la empresa, a pesar de su notoria liquidez. “Pareciera que no estamos ante una empresa normal, sino ante un esquema de endeudamiento para transferir fondos a terceros”, barruntó entonces Obregón.

El poder político y una dinastía familiar consiguieron sacar réditos de controlar el acceso a la cooperación venezolana en Nicaragua. De ese manejo surgió una nueva clase social congregada en torno a los Ortega. “Era imposible tapar el sol con un dedo”, recordaba Obregón. “Inmediatamente vino el cambio de estilo de vida de Chico López, de la familia presidencial, los que estábamos ahí lo mirábamos”.

Los jerarcas cambiaron sus viejos carros por vehículos de lujo. Literalmente. La cooperación venezolana costeó la renovación del parque vehicular al servicio del partido de Gobierno, FSLN. Unas 25 camionetas fueron a parar a la casa de Ortega, que funciona al mismo tiempo como cuartel partisano, hogar, y sede de la Presidencia de la República.

En 2009 unos inspectores de Pdvsa –sobre el papel, accionista mayoritario de Albanisa– concluyeron que esta empresa, constituida apenas dos años antes, resultaba inauditable. Es la única diligencia que se conoce desde la orilla venezolana para proteger unos recursos de los que, se supone, son vigilantes. De resto, la Asamblea Nacional venezolana, controlada desde 2005 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, nunca se ha avenido a discutir el caso de Albanisa. Todas las pistas muestran a una administración venezolana conforme con lo que ha ocurrido en Nicaragua con los fondos de la cooperación.

Apenas una mención al tema aparece en el Informe de Gestión de 2014 del diputado opositor por el estado de Táchira, Homero Ruiz, quien reseña informaciones de la prensa nicaragüense y una nota de un website venezolano, subrayando la paradoja de que Nicaragua estrene plantas eléctricas pagadas por el gobierno venezolano, mientras en el país se registran apagones.

“De acuerdo al anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional del 2010, y a la Ley sobre la materia de 1958, diría que no hay base legal para que la cooperación internacional venezolana se dirija a entes con fines de lucro”, opina un abogado venezolano que trabaja para institutos de la Universidad de Harvard (Massachussets, Estados Unidos), y que pide mantener su nombre en reserva. “Sin embargo, de lo que ve en los acuerdos entre Venezuela y Nicaragua pareciera que son tratados interestatales. En este caso, el manejo a lo interno de Nicaragua hacia entes privados podría violar el espíritu del tratado bilateral y debería venir de parte de Venezuela el interés por denunciar esto. Pero la manera en que se ha estructurado los acuerdos de la Alba buscan crear estos mecanismos no convencionales en los que grupos de lado y lado se están beneficiando de la implementación de los acuerdos de cooperación”.

(*) Este trabajo, que forma parte de un proyecto conjunto de investigación periodística entre Confidencial.com.ni de Nicaragua y Armando.info de Venezuela, contó con el apoyo de Open Society Foundations.

López, tesorero oficial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es tenido como el gestor de negocios de Daniel Ortega.

En el frente público, López es presidente de la petrolera estatal Petronic. Pero, a la vez, se desempeña como vicepresidente de ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa), la empresa mixta venezolana nicaragüense a través de la cual el presidente Hugo Chávez envía su remesa petrolera a Ortega.

Constituida en julio de 2007, Albanisa administra el acuerdo entre países en el que Nicaragua se compromete a pagar en 90 días los suministros petroleros venezolanos, mientras el restante 50% de la factura se convierte en créditos blandos destinados, en principio, a fondos para proyectos sociales, entre ellos, la construcción de calles y casas para la población. Las condiciones de esos préstamos establecen que el sector público nicaragüense debe honrar su compromiso en 23 años y pagando una tasa de interés de 2% anual.

Al mismo tiempo, López, ingeniero de profesión, es empresario privado. En el esquema de bicicleta financiera del que López es cadena de transmisión, una de las empresas inscritas a nombre de sus familiares, Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa), aparece como receptora final de los fondos. El esquema lo completan otra empresa privada, Tectasa, fruto de una sociedad entre Tecnosa y un fondo de Tartaria, Rusia; y Caja Rural Nacional RL, Caruna, una cooperativa prevista para servir de canal de distribución de los fondos de la cooperación venezolana dirigidos para el desarrollo de proyectos sociales, pero de la que en los últimos años se han reportado importantes desembolsos para negocios relacionados con el presidente Ortega y su entorno.(http://www.confidencial.com.ni/articulo/3388/las-cuentas-secretas-de-albanisa)

Como todo esquema de triangulación financiera, es complicado. Pero en manos de Octavio Enríquez y Wilfredo Miranda, redactores de la revista Confidencial de Managua, está una pieza que permite descifrarlo: la copia de un contrato por el cual Tectasa recibe de Caruna una cantidad equivalente a casi un millón de dólares.

Las autoridades de la financiera Caruna argumentaron que la empresa de los familiares de López estaba construyendo las llamadas calles para el pueblo, uno de los proyectos insignia de Ortega y, basados en ese interés social, entregaron el fondo para que se los guardara en depósito, dejando abierta la posibilidad de que la empresa pueda presentar un cobro si quiere, pues se lo permite el código civil nicaragüense.

A la vez, Confidencial tiene en su poder la copia del cheque por la mitad del monto del contrato, un desembolso equivalente a 484.099,50 dólares (algo más de once millones de córdobas, la moneda nacional), proveniente de la cooperación venezolana, que el propio ingeniero López Centeno autorizó para que Tecnosa (su propia empresa, y poseedora de 51% de las acciones de Tectasa) lo tuviera en calidad de depósito. El compromiso es regresarlo seis meses después de la firma del contrato, el 23 febrero de 2013.

Danza de millones

Por contrato, Tectasa recibiría 968.199 dólares de parte de Caruna, a través de una filial, Alba Infraestructura, en concepto de “depósito”, aduciendo que tenía contratos con distintas municipalidades del programa Calles para el Pueblo. Por otro lado, se tiene constancia de que López autorizó desde Caruna, donde es firma libradora, el depósito de fondos equivalentes a la mitad de ese monto, procedentes de la cooperación venezolana.

Confidencial llamó al ingeniero Edward Centeno, expresidente ejecutivo del Instituto de Fomento Municipal (Inifom), para conocer acerca de la participación de la empresa vinculada al Vicepresidente de Albanisa en la ejecución del programa. Sin embargo, el ahora alcalde oficialista de Ocotal (Departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua) dijo que se dirigía hacia Managua y que no contaba con la documentación para ofrecer una explicación.

El mecanismo de financiamiento conocido como “contrato de depósito”, se rige por el Código Civil.  Mediante este procedimiento, Caruna, creadora y participante de otra empresa, Alba Infraestructura, cede el 23 de agosto de 2012 fondos para que Tectasa (participada por Tecnosa) los custodie con la misma diligencia con que lo haría “un buen padre de familia”, se lee en el compromiso.

Según el artículo 3451 del Código Civil nicaragüense, por lo general “el depósito es por su naturaleza gratuito, pero el depositario puede, sin embargo, estipular alguna gratificación”.

La mitad del dinero acordado en el contrato de depósito fue requerido por la empresa el 8 de septiembre de 2012 cuando Oscar Manuel Silva, en su carácter de gerente de Tectasa, envió la solicitud a Alba Infraestructura.

El contrato oficial aparece suscribiéndolo Tecnologías y Sistemas de Tatarstan S.A (Tectasa), una compañía creada en el 2009 de la que Tecnosa posee el 51% de las acciones y el 49% restante es propiedad de una agencia de cooperación del estado ruso de Tartastán.

“En el marco de ejecución de Proyecto Mejoramiento Vial de Calles para el Pueblo y en base a testimonio de escritura pública número 73- Contrato depósito suscrito con su representada, por este medio le solicitamos el 50% de su valor, equivalente a la suma de 484, 099.50 dólares”, escribió Silva a Gustavo Sáenz Macías, gerente general de Alba Infraestructura.

El documento interno muestra además el sello de “Recibido” de Alba Infraestructura, y también el de “Cancelado” el 22 de noviembre de 2012.

Confidencial solicitó una explicación al ingeniero López Centeno, sobre la emisión de un cheque millonario a su propia empresa familiar, pero su asistente indicó que no podía atender a los periodistas. “Él está fuera de la oficina, en cuanto me llame, o regrese, yo le doy su recado”, prometió.  Sin embargo, nunca hubo una respuesta a lo largo de toda la semana.

Tártaros en su propia salsa

Tecnologías y Sistemas de Tatarstan S.A (Tectasa) -la empresa de la que Tecnosa es accionista mayoritaria- fue inscrita el 20 de marzo de 2009 en el Registro Mercantil de Managua. A Tecnosa se le ha señalado desde 2007 de recibir múltiples contratos del Estado, préstamos del Seguro Social y de aprovechar empréstitos de la cooperación venezolana, sobre todo en el proyecto conocido como Casas para el Pueblo, ubicado en el viejo centro de Managua.

Tecnosa es propiedad de dos hermanas del vicepresidente de Albanisa: Milagros y Yolanda López Centeno, secretaria y tesorera de la junta directiva de la compañía.

Tectasa quedó constituida nueve meses antes de que Caruna crease Alba infraestructura. Su capital inicial fue de 100.000 córdobas (cerca de 4.500 dólares). El objeto social de Tectasa es la construcción de obras civiles, pero también puede realizar actividades comerciales e industriales para la exportación, comercialización, distribución, transporte de bienes y servicios de consumo humano.

Otro hermano del ingeniero Francisco López Centeno, Nester Horacio López Centeno, ocupa el puesto de secretario de la junta directiva de Tectasa.

Tatarstán o Tartaria es un Estado rico en petróleo ubicado en el distrito federal del Volga, a 800 kilómetros al este de Moscú; desde aquel sitio vino al país un ruso para firmar el acta constitutiva de Tectasa ante los oficios notariales de José Vladimir Soto, de acuerdo a la escritura número 8 autorizada a las siete de la noche del 20 de marzo de 2009. El ciudadano ruso se llama –transliterando su nombre de la inscripción en caracteres cirílicos- Rischat Ajmetsafovichol Mujameriadov, y ocupa el cargo de vicepresidente de Tectasa, según versa la escritura.

En la constitución de Tectasa también firmó, a nombre de Tecnosa, Oscar Manuel Silva Ruiz, actual gerente. Silva recibió el nombramiento de gerente en una reunión de accionistas de Tecnosa, celebrada a las cinco de la tarde del 16 de marzo de 2009, es decir cuatro días antes de la conformación oficial de la sociedad anónima Tectasa.

Silva atendió a Confidencial cuando se le inquirió sobre su participación en Tectasa. Sin embargo, no quiso dar respuesta a las preguntas y las derivó a Adrián Pichardo, gerente general de Tecnosa –la empresa familiar de Francisco López Centeno. Pichardo resultó imposible de ubicar.

Tectasa por dentro

Las instalaciones de Tectasa están ubicadas en el mismo local donde operó Tecnosa, a una cuadra al norte de la Plaza de la Revolución de Managua. El inmueble aún está en obras. Las oficinas lucen recién pintadas, pero no cuentan con rótulo que las identifiquen, como no sea una raída bandera sandinista asida a un árbol, frente a la construcción. Un aire de provisionalidad y misterio la rodean.

Igual de infructuosa resulta la búsqueda del socio ruso que compareció en la escritura de constitución de Tectasa. Según ese documento, el extranjero presentó su acreditación como representante de la República de Tatarstan tres horas antes de que se creara Tectasa.

Rischat Ajmetsafovichol Mujameriadov es identificado como mayor de edad, casado, ingeniero mecánico y con domicilio en la ciudad de Kazán, República de Tartastán. Ingresó a Nicaragua portando el pasaporte ordinario 628097152 de la Federación Rusa. El ruso presentó la autorización de la Agencia para el Desarrollo y Cooperación Internacional (Adci), adjunta al gabinete de ministros de la República de Tatarstan, que fue otorgada dos semanas antes de la conformación de Tectasa.

La Adci fue fundada en 1993 por el presidente de la República de Tatarstan. Según su website (http://www.adci-tat.com/en/about.html), mantiene oficinas en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La agencia ofrece como servicios, según la misma fuente, “la experiencia de muchos años” en “neumáticos de diferentes fábricas rusas, transporte pesado y buses que trabajan en diésel y en gas (metano), helicópteros de destinación civil, instalaciones energéticos y de bombeo de gas, compresores, automática industrial de petróleo, armadura de tubería y cerradura”.

Cuando se acude a la dirección que corresponde a la oficina de Adci en Managua -residencial Las Colinas, Avenida del Campo, número 118- nadie abre la puerta y solo se escuchan ladridos detrás de su portón rojo. Cuando se hace una llamada telefónica al número que anuncia la agencia, la respuesta es igualmente desoladora. Responde una voz masculina de alguien que prefiere no identificarse y remata, antes de cortar la comunicación. “Yo no sé nada de eso, ¿me entiende? Agencia es una cosa, pero esta es una casa privada. Yo vivo en la casa 118, yo quiero explicar que no sé nada sobre lo que usted me dice y no le puedo ayudar”.

Desde 2007, cuando Nicaragua se sumó al Alba, la asistencia financiera de Venezuela suma U$2,252 millones hasta junio del 2012, según datos del Banco Central de Nicaragua.