Es el caso de los Nemer, una familia de origen sirio, y de su líder prominente, Atef. Aunque el sitio web del grupo familiar hace un esfuerzo de síntesis al delinear sus negocios en tres áreas -inmobiliaria, vehicular y comercial-, la descripción no le es fiel a la expansión de sus actividades. Hoy la familia posee al menos 50 empresas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Levanta edificios, se asocia con cadenas hoteleras cinco estrellas y patrocina equipos de fútbol.

Su más reciente ensanche abarca el terreno de la agricultura, a pesar de que, como afirman fuentes del sector, “no tienen vocación agrícola”. Los Nemer cobraron varias presas -cuatro tiendas- en el desguace de la empresa estatal de suministros agrícolas, Agropatria, colapsada en 2020, y producto a su vez de la expropiación en 2010 de Agroisleña, la empresa privada fundada por inmigrantes canarios que era la líder tradicional en el mercado.

Ahora, las antiguas sedes de Agropatria en la capital del estado, Barinas, así como en las poblaciones de Pedraza, Santa Bárbara y Sabaneta, lucen un nuevo rótulo: Agrollano. Las marquesinas también proclaman que las tiendas pertenecen al Grupo Nemer, cuyo logotipo exhiben.

Atef Salami Nemer Hirchedd, de 65 años, es el patriarca del clan. Se dedicó al comercio desde muy joven en esa zona de los llanos, cuando vendía productos del almacén de sus padres ubicado en el pueblo de Barrancas -a unos 30 kilómetros de Sabaneta de Barinas, el lugar de nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez-. Los inicios de Nemer se disipan en las historias de boca en boca: “Lo recuerdan en bicicleta, vendiendo telas”. Con los años se le conoció como Atto Nemer.

Nemer es originario de Sweida, una ciudad al suroeste de Siria de mayoría drusa -una pequeña secta escindida del islam- y que se conoce como la Pequeña Venezuela: seis de cada diez entre sus poco más de 300.000 habitantes nacieron en Venezuela o tienen raíces venezolanas. Del mismo modo en que los drusos han sido tradicionalmente leales al clan Al Assad. de los presidentes Hafez y Bashar, y al partido oficialista panárabe Baaz, los drusos venezolanos profesan fidelidad al chavismo. Cuando Hugo Chávez visitó la zona, en septiembre de 2009, fue recibido como un profeta. 

En Barinas, a Atef Nemer no le han fallado las conexiones políticas. Tras incursionar en la construcción, diversificó su línea de trabajo, se incorporó al negocio automotor y ahora domina el mercado con una gama de concesionarios para todos los gustos que maneja desde el año 2012. Algunos de los locales pueden verse en un recorrido por las avenidas 23 de Enero y Alberto Arvelo Torrealba, de la ciudad de Barinas. También levantó centros comerciales y conjuntos residenciales que han ganado notoriedad. Hasta levantó un denominado Centro Empresarial Atef, que se ubica en la parroquia Alto Barinas, una de las más exclusivas de la ciudad.

Según unos lugareños consultados para este reportaje, los centros comerciales reúnen “los locales de moda en cuanto a gastronomía y recreación”. Los Nemer han sido claves en la modernización de una parte de la ciudad de Barinas, que vive con lujos inusuales para otros sectores.

Sin embargo, en una carta llegada a la dirección de correo electrónico de contacto de Armando.info después de la publicación original de este reportaje, Atef Nemer precisa que su actividad inmobiliaria no se ha concentrado solo en inmuebles de alto precio, sino "en lo fundamental a viviendas de interés social y de clase media, que como todo lo que está adherido al suelo están a la vista de todos". Cuantifica en más de 5.000 las unidades habitacionales que ha levantado.

Con Adelis, el menor de los hermanos Chávez y propietario del Zamora Fútbol Club, coincide en ser hincha de ese equipo local que llegó a primera división y, además, es uno de sus patrocinadores, según fuentes deportivas. La única tienda oficial del Zamora FC está en el Centro Financiero Atef, al lado del hotel Eurobuilding, cadena con la que los Nemer están asociados.

Hasta 2016, Atef Nemer tenía 25% de las acciones de Desarrollo Hotelero Alto Llano, firma comercial que se asoció con Eurobuilding Internacional C.A. -con 51,91% de las acciones- para operar uno de los hoteles cinco estrellas de la ciudad. Omar Nemer, el hijo mayor de Atef, quedó incluído en el negocio con 5% de las acciones y un cargo de directivo, además de tener su propia red de compañías.

En el negocio familiar entraron sus hijos: Omar, Wuisan, Atef Daniel y Damián, así como la joven modelo Amal, quienes en conjunto representan al Grupo Nemer, la empresa matriz que ampara todas las demás en distintos sectores.

Atef Nemer, el patriarca, es accionista en al menos 16 compañías venezolanas, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). A pesar de que la familia en los últimos tiempos se ha dedicado al sector del lujo y la ostentación, ello contrasta con la apariencia casual del patriarca. Eso sí, el comerciante sirio siempre está escoltado, y sus paisanos, así como los mismos barineses, han recurrido a él, en su rol de benefactor, para que les patrocine los negocios o les dé cierto apoyo en una Venezuela sumida en el caos económico.

Pero la familia Nemer -no solo Atef- tiene en Venezuela al menos 35 empresas. Una de esas empresas es Thundernet, proveedora de servicios de Internet en la región centro-llanera del país y parte de los estados andinos. En los registros de Florida, incorporada en agosto de 2019, está Thundernet USA Corp., con participación de Amal y Atef Daniel Nemer como presidenta y vicepresidente, respectivamente.

El emporio del Grupo Nemer tiene como objetivo, según señalan en su página web, “crear un alto impacto en el desarrollo y transformación urbano-económica de nuestra ciudad sede [Barinas]”. En sus planes locales no estaba incluida la actividad agropecuaria, y sin embargo también entró como parte de su propuesta empresarial a través de Agrollano (nuevo nombre de Agropatria), según se destaca en la cuenta de Instagram del negocio.

Durante años Atef Nemer ha tenido cercanía con Adelis Chávez, a quien considera su “pana” y juntos han asistido a los eventos deportivos del Zamora FC; también lo han vinculado con el mayor de los hermanos Chávez Frías, Adán, este último actual embajador de Venezuela en Cuba. Nemer, por su parte, no hace ningún esfuerzo en ocultar sus nexos con personalidades de la política como Rafael Simón Jiménez, veterana figura parlamentaria de la izquierda barinesa y, apenas por un par de meses de 2020, fugaz rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A principios de febrero de 2021 circuló en redes sociales una especie según la cual Nemer se preparaba para ser gobernador, de cara a las venideras elecciones regionales de noviembre. Sin embargo, el mismo empresario sirio desmintió la información: “Jamás he tenido esas aspiraciones y nunca me pasó por la mente. Además, no soy político”. 

El lado oscuro en tribunales

A pesar de sus conexiones políticas, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Nemer. En el frente jurídico acumula numerosos litigios, tanto en Venezuela como en el exterior. Los registros de los expedientes en línea lo mencionan en al menos 50 casos mercantiles y laborales en Venezuela.

Ya no como defendido, sino como uno de los ahorristas cuyos fondos se quedaron represados en el Banco del Orinoco -la entidad de Víctor Vargas en Curazao intervenida y liquidada en 2019 por las autoridades de la isla-, Nemer figura en el reclamo de poco más de 40.000 dólares que mantenía en una cuenta personal, una suma que en su carta de réplica el propio Nemer calificará de "modesta".

En Estados Unidos, en un tribunal del estado de Nevada, están los expedientes de un caso contra Atef Nemer que data del año 2000, en el que se le acusa de “conspiración para poseer moneda estadounidense falsificada”. Según el relato que se encuentra plasmado en el expediente, en julio de 1999, Nemer visitó Las Vegas con su esposa y varios asociados -identificados por un medio local estadounidense como Kamilo Yusef Mousalli y Orlando Medina-, y “mientras estaban en el hotel Mirage, los funcionarios del casino observaron a Nemer y a otros tres hombres intercambiando billetes falsos”. Añade que la operación consistió en introducir esos billetes falsos “en las ranuras de las máquinas, que aceptaban las facturas y acreditaban los depósitos”, los cuales eran cobrados de inmediato sin jugar a las tragamonedas.

Nemer fue acusado formalmente de defraudar al hotel Mirage y arrestado. La policía descubrió 600 dólares en su camisa y 2.450 dólares en una billetera en su habitación, todos falsos, y un poco más de 15.000 dólares en moneda legítima. El caso siguió su curso y el abogado defensor acordó con la fiscalía que Atef Nemer se declararía culpable y pagaría una multa de 10.000 dólares, así como la restitución correspondiente al hotel Mirage, de 3.400 dólares. El 24 de octubre de 2000, el comerciante asumió la responsabilidad, pero ni testificó ni apeló la sentencia.

En su carta de respuesta dirigida a Armando.info, Nemer sostiene que el incidente fue consecuencia de una estafa de la que fue víctima: "Nos encontrábamos en viaje vacacional y (...) fuimos estafados y sorprendidos en nuestra buena fe por una persona, que luego de demostrarnos la calidad y autenticidad de unos dólares que requeríamos, resultaron decomisados como falsos". 

No vería inconveniente en su estatus migratorio hasta una década después cuando su visa no fue renovada porque el delito adscrito a su expediente de Nevada fue considerado “de vileza moral”, y por esa razón no era admisible en Estados Unidos. De acuerdo con una cronología del hecho descrita por los abogados, Atef Nemer insistió en una visa y le fue otorgada una temporal que debía renovar cada cierto lapso, sin los privilegios de la anterior.

En 2015, con asesoría de otro abogado, introdujo un recurso jurídico en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, específicamente aquella que lleva los casos de inmigración, para evaluar la posibilidad de “una reparación” que, hasta 2018, se consideraba inviable por lo dilatado del proceso. Los abogados defensores de Nemer pidieron a las autoridades que liberaran de las consecuencias migratorias a uno de los hijos del comerciante sirio.

Otro de los acusados, Kamilo Yusef Mousalli, es socio de los Nemer en al menos dos empresas dedicadas a los negocios de vehículos, con sede en el estado Zulia.

Aún por sobre estos problemas migratorios del patriarca de la familia sirio-venezolana, los negocios familiares continuaron en Estados Unidos, De hecho, en junio de 2019 quedó constituida una empresa matriz, Grupo Nemer Corp, con sede en Florida y Amal Nemer como presidente. La prospecto del modelaje fue finalista del certamen Miss Intercontinental en 2016 y coronada como la representante de Suramérica. Trascendió en medios de farándula que poco después fue descalificada, aunque no hubo comunicación oficial sobre las causas.

Omar Nemer es el único de los hermanos que registra una empresa en la capital venezolana, ELF Corporation C.A., constituida en abril de 2018 y dedicada a la comercialización de lubricantes para carros. Tiene 70% de las acciones y 15% restante está en manos de José Miguel Reyes, un operador en las compañías nacionales y extranjeras del empresario de origen árabe Neif Antonio Gebrán Frangie, dueño de concesionarios de vehículos de lujo en Barquisimeto, estado Lara. Gebrán fue vinculado al caso del narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera, conocido como El Loco Barrera, capturado el 18 de septiembre de 2012 en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Según el expediente KP01-P-2012-20508 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con fecha 15 de agosto de 2013, se acumulan más acciones contra Gebrán, que ya tenía orden de detención porque presuntamente facilitó la huída de varios cómplices de El Loco Barrera en un avión de su propiedad. El añadido al documento judicial indica el allanamiento a una propiedad que tenía Gebrán en Barquisimeto donde se le consiguieron “varios vehículos lujosos, armas de fuego de alto calibre, documentos y sellos de distintos organismos del Estado”. Además, fue imputado porque “poseía una masa patrimonial que no era acorde con las actividades lícitas que realizaba, ya que manejaba grandes sumas de dinero en efectivo y era propietario de una gran cantidad de inmuebles”.

La sede de ELF Corporation en Caracas está ubicada en dos oficinas de la planta baja del edificio Torre Centrum, de Sabana Grande. El equipo de Armando.info llevó la solicitud de entrevista para este reportaje, pero allí, a un costado de una feria, en el lugar exacto que indica la dirección fiscal, antes funcionaban dos locales de comida. Hoy están desocupados, y según los vigilantes han estado así al menos durante los últimos dos años. También se envió a dos correos distintos la solicitud de entrevista. Los hijos de Nemer no respondieron.

Nemer, por su parte, defiende en su carta, llegada a la redacción después de la publicación de este reportaje, la rectitud de sus hijos, a quienes "he formado como mis padres a mí, en los valores y principios del trabajo, la honestidad y el esfuerzo, han estudiado, y son gente de bien emprendedores, diligentes , laboriosos y los he inducido también al fomento honesto del patrimonio familiar junto a mi esposa, logrando que asuman la dirección de varias de las empresas del grupo Nemer y de algunas de sus propias iniciativas empresariales, como yo con respaldo financiero Bancario y con estrategias de expansión han diversificado actividades y han cumplido fines mercantiles fuera de Venezuela, sin que jamás haya podido formulárseles un solo señalamiento por manejos indebidos o ilegales".

El enigma de Agrollano

Como se dijo al principio, la más reciente adición al grupo está constituida por las tiendas barinesas de Agrollano.

Sobre Agrollano, la primera noticia fue a finales de noviembre de 2020, cuando se supo, por escuetos trascendidos de prensa y no por la precisión de algún comunicado oficial, que una empresa denominada Agrollano 2910 había asumido el control de la sede de Machiques, en el occidental estado Zulia, de la cadena de agroinsumos, decaída a la postre de una década de gestión estatal. Varios medios, entonces, se hicieron eco de aquel hecho que encerró más interrogantes que respuestas. En los registros mercantiles de Caracas, al preguntar por Agrollano, la compañía parece inexistente, solo hay otras empresas con nombres similares. Entre los trabajadores de la estatal, al respecto, solo se dejan escuchar “quizás”, “puede ser” y, sobre todo, “no sé nada más”.

Pero, a diferencia de la tienda de Machiques y de otras 96 en todo el país -son 101 en total, además de una planta productora y un silo, de cuyos nuevos administradores nadie sabe- cuatro sedes barinesas de Agropatria que ahora rige Agrollano son parte del Grupo Nemer & Asociados.

Esa reciente expansión coincide con otra pisada en el terreno agrícola. En junio de 2021 la agropecuaria Korral Ranch Corp fue registrada en Florida. En ella Amal Nemer comparte funciones de presidenta con su hermano Omar Nemer, el mayor de todos.

Sobre los nuevos dueños de las otras tiendas de Agropatria que han sido adjudicadas a privados solo hay información parcial, diluida entre medias verdades. En un momento se detalló la inversión de “casi 150 millones de dólares en reabastecimiento” por parte de “la empresa local Agrollano 2910” para reflotar la industria agrícola, según publicó la agencia especializada en negocios, Bloomberg. Pero la única certeza es que el grupo empresarial de Atef Nemer administra las sedes de Barinas, no así las de otros estados, y que las cuatro tiendas, hasta ahora, llevan el nuevo nombre de Agrollano-Grupo Nemer, no Agrollano 2910.

Esa incertidumbre aderezada con rumores es denominador común entre los trabajadores. En Machiques, Zulia, en la tienda Agropatria, ubicada al final de una calle estrecha y polvorienta y al lado de una sede de Lácteos Los Andes -otra empresa expropiada y arruinada en la administración chavista, que la reprivatizó de nuevo- hay un cartel que reza “Bienvenidos. Agrollano. Tienda Machiques”.

En el local, un vigilante que pide la reserva de su identidad, dice a Armando.info que la nueva administración por parte de Agrollano comenzó el 9 de octubre de 2020, cuando 22 de ellos fueron liquidados. Pero, amén del nombre Agrollano, nadie recuerda haber escuchado en el ínterin a Atef Nemer.

Aquel octubre, los representantes de Agropatria les aseguraron a los trabajadores que seguirían trabajando con los nuevos dueños. “Solo nos dijeron que el gobierno tenía las puertas cerradas para importar y que estaban buscando privados que pudieran hacerlo, tomar el negocio. Que este cambio era parte de una alianza. Eso fue lo único”.

Sobre la identidad de los nuevos dueños, recalca que todo ha sido secretismo. “De Agrollano vino fue un señor que dijo que era un representante”, añade el vigilante. Desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, al lugar asistían cuatro colaboradores que trabajaban principalmente en labores administrativas y sin cobrar, además de dos vigilantes.

“La tienda de Agrollano se quedó en una fachada, nunca abrió. Ellos (Agrollano) estuvieron al frente tres meses (hasta febrero de 2021) y el representante lo último que nos dijo fue que no podían mover la mercancía de Cagua para acá por la escasez de gasoil. Que otra gente serían los nuevos dueños”. Desde entonces, nada más saben los trabajadores, según insisten. Y más allá de la denominación Agrollano, nada vincula a Nemer con la administración de esta sede.

Un panorama similar se constata tanto en la sede de Moyetones -zona industrial de Barquisimeto, capital del estado Lara-, como en las tiendas de Turmero y Cagua, en pleno corazón agroindustrial del estado Aragua, a una hora al oeste de Caracas. En la sede central de Cagua, una trabajadora accede a conversar con Armando.info. Asegura que lo único que supo fue que unos “empresarios árabes”, en alianza con el Gobierno venezolano, tomarían la empresa. Pero a nadie le suenan los Nemer.

El secretismo actual sobre los dueños de Agrollano no se corresponde con el orgullo con que los descendientes de Enrique Fraga Alfonso, quien fundó Agroisleña en 1958, blandían los logros de la empresa. Pero cierto es que ahora se tienen que referir con más cautela a la demanda que radicaron contra el Estado venezolano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, Estados Unidos. A su nombre, las empresas Agroinsumos Iberoamericanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica son las demandantes. El reclamo, una década después, es el pago de la indemnización por la expropiación. Hasta ahora no ha habido compensación y dio tiempo para que Agropatria, la sucesora estatal constituida sobre los escombros de Agroisleña -que en su momento tuvo 60 sucursales en todo el país-, quebrara para volver a unas manos privadas que no se dan a conocer.

Por ahora, solo Atef Nemer da la cara en Barinas. Con esa última adquisición, la de las tiendas de Agropatria-Agrollano en la región, continúa la senda de un crecimiento que, en medio de la debacle económica circundante, ya no hay ni cómo ni por qué disimular. Pero Nemer califica este y los demás indicios de "ridículos": "Son cuatro tiendas modestas, que forman parte de una red de distribución mayor, y extraña que todo su despliegue investigativo se haya centrado en mi pequeña participación dentro de la nueva Agropatria y no hayan indagado sobre los cambios generados en esta empresa estatal, hoy en manos de particulares".

ADVERTENCIA AL LECTOR: Después de publicado este reportaje, el señor Atef Nemer hizo llegar a la dirección de correo electrónico de contacto de Armando.info una carta con algunos comentarios con respecto a la pieza y precisiones sobre los hechos aludidos, pidiendo su publicación íntegra. Por razones de espacio y sentido, y en servicio de una mayor comprensión de la historia por parte de los lectores, al texto solo fueron incorporados algunos fragmentos de la carta, cuyo contenido completo puede consultarse aquí.

“A cada momento le decía: ‘¿Por qué tienes tanto contacto con eso?’”, recuerda uno de sus hijos, también productor y quien prefiere mantener su nombre en reserva, 15 años después de su muerte por cáncer en la médula. Cada vez que iban a fumigar el potrero, su padre insistía en verter los dos litros del herbicida en el tambor de 200 litros de agua. Prefería hacerlo él por temor a que sus obreros le robaran el producto. Pero lo hacía sin tapabocas o guantes, a diferencia de quien siempre procedió después a la fumigación con un tractor, que sí tapaba su boca y nariz con una franela. A sus 94 años sigue vivo.

Aunque en el resto del mundo el 2,4-D se comercializa como herbicida desde 1946, no fue sino hasta los años 80 que los agricultores venezolanos comenzaron a usarlo. “Antes aquí los potreros los limpiaban con machete”, recuerda su hijo, que prefiere mantener la identidad de su familia en reserva. Aunque la finca era grande y el padre almacenaba el herbicida junto a otros plaguicidas en un depósito alejado de la casa principal, en la cocina sabían cada vez que este abría la puerta de la habitación donde almacenaba el “veneno”.

En 2003, un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de médula, el hombre de 73 años murió. “El cáncer de mi papá fue producto del 2,4-D amina”, insiste su hijo, quien confiesa tenerle miedo al herbicida mucho antes de que le llegara un mensaje inquietante en junio de este año. A través de un grupo de productores en WhatsApp recibió una oferta: “Se vende ‘Amina’ de 25 kilos”. La imagen de un saco blanco acompañaba al mensaje. En él se podía leer: “Limin Chemical Co, Ltd. 2,4-D 98%”. La única información adicional era el número de lote y su peso.

El producto era vendido en 80 millones de bolívares y no se trataba, precisamente, de amina, sino de 2,4-D. Pero nunca lo había visto en estado sólido ni con un porcentaje de pureza tan alto. Pronto entendió que no se trataba del tóxico herbicida que él y sus colegas estaban acostumbrados a usar; sino que se trataba solo del ingrediente activo. Pero le faltaban otras cosas y otros procesos para ser el producto que tradicionalmente habían usado.

Lo que estaban ofreciendo en ese grupo de WhatsApp era un “producto grado técnico”, que el Reglamento General de Plaguicidas, vigente en Venezuela desde 1991, define como la “forma industrial más concentrada del integrante activo, dentro de los límites del proceso de fabricación, apta únicamente para la elaboración de plaguicidas formulados”.

“El producto grado técnico legalmente solo puede ser traído al país, bajo permisología especial, por las casas comerciales registradas y autorizadas ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) como empresas formuladoras de plaguicidas, para luego, bajo un estricto protocolo, obtener el 2,4-D Amina, que se ofrece en venta a los agricultores en su formulación líquida en envases de 1 galón, jarra de 10 litros y tambores de 100 litros”, explica el presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas (Sovecom), el ingeniero Werner Gutiérrez.

Sin embargo, ese proceso se está infringiendo en al menos ocho estados del país, en los que el producto grado técnico 2,4-D –el ingrediente activo- está llegando directamente a las manos de los agricultores sin formulación previa.  Agropatria lo importa a Venezuela de la empresa china Limin Chemical Co. Ltd., con la finalidad de procesarlo en alguna de sus filiales, pero varias denuncias procesadas por Armando.info muestran que está siendo comercializado en el mercado negro de productos agroquímicos y llega a los productores con la instrucción de diluir entre medio kilo y un kilo del producto, en 200 litros de agua, para fumigar una hectárea.

Amparo Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios (Afaquima), una asociación civil que agrupa a industrias fabricantes de este tipo de productos en el país, aclara que además de peligroso, es falso que el producto pueda ser formulado en agua, pues requiere de estabilizantes, solventes orgánicos, entre otras cosas.

“Como hay mucha escasez, hay una industria paralela que se está beneficiando dañando a los productores, vendiendo productos de toda índole, falsificando todo, pasando productos por la frontera. El tema del contrabando, el comercio ilegal de los insumos agrícolas no es nuevo. Tenemos años denunciándolo”, dice preocupada también por los residuos “de cosas que no sabemos qué son” vayan a los alimentos que producen y luego consumen los venezolanos.

Problema disuelto en agua

Desde los Andes venezolanos, la zona del país que tiene mayor presencia del producto grado técnico 2,4-D, una ingeniero agrónomo que prefirió no revelar su nombre coincide con Ruiz: “El desespero del productor que no consigue nada lo lleva a comprar cualquier tipo de cosa con cualquier tipo de gente (…) En vez de ser una solución para sus fincas, están comprando un problema grave”. Como otros expertos, alerta que tanto los suelos como quienes lo manipulen corren el riesgo de sufrir graves daños a largo plazo.

Entre ellos calcula que las tierras donde se utilice este producto mal formulado pueden quedar infértiles.  También estima que en cuestión de meses o años, los seres humanos que lo manipulen y almacenen indebidamente podrían sufrir efectos de todo tipo en su salud, desde impotencia sexual hasta cáncer.  

El ingeniero Gutiérrez acota que en la presentación que está siendo comercializada ahora en Venezuela, con una concentración de 98% del ingrediente activo, el grado toxicológico es mayor, “aun cuando es difícil de precisarlo con exactitud, toda vez que no hay indicaciones en la etiqueta por parte del fabricante, como lo establece el Reglamento General de Plaguicidas”. Los riesgos se extienden también a la vida silvestre, específicamente la alteración de la microflora y microfauna del suelo.

Según el especialista, la acción residual del producto comercial conocido como 2,4-D Amina en las dosis recomendadas por el fabricante no excede las 4 semanas en los suelos donde se utiliza. Sin embargo, la concentración de este producto grado técnico plantea una amenaza. “Al emplearse esta presentación sólida (…) se generaría un impacto desfavorable sobre los microorganismos, perdiendo estos la capacidad de degradarlo, por lo que es de esperar su acumulación en el suelo, generando una mayor acción residual de este producto con efectos desfavorables incluso sobre los cultivos que se establezcan en los ciclos de siembra siguientes en esos mismos terrenos”.

El daño incluso podría llegar a las aguas subterráneas pues mientras el producto comercial tiene posibilidad entre leve y moderada de lixiviarse, “este riesgo se incrementa al emplearse de manera indiscriminada e irresponsable el 2,4-D producto grado técnico”, acota.

Aunque las indicaciones que están recibiendo los productores venezolanos de parte de los vendedores del mercado negro varían, la sugerencia más común es la de diluir entre medio kilo y un kilo del producto en agua. En algunos casos, la indicación es más específica: el agua debe estar caliente, para facilitar su disolución. Sin embargo, los expertos alertan que al hacerlo así es aún más peligroso, pues al evaporar la mezcla liberaría gases tóxicos.

Pero la desesperación “por producir algo” lleva a decenas de agricultores a comprar estos productos en lo que llaman “Agroestantes” o “Agronada”, a prepararlos siguiendo las instrucciones de los inexpertos revendedores y a utilizarlos en sus fincas, sin saber que en unos años podrían correr con la misma suerte que aquel productor de 73 años que tenía trazas de 2,4-D hasta en la médula.

Cuentos que no son chinos

El ingeniero Gutiérrez advierte que solo cuatro empresas venezolanas están autorizadas para traer el producto grado técnico 2,4-D, con la intención de formular el herbicida comercial en el país: la estatal Agropatria y las privadas Inquiport, Agrocasa y Redex.

De ellas, Agropatria es la única que importa los productos de Limin Chemical Co. Ltd., según pudo constatarse en los datos de importaciones de Puerto Cabello. Nada más entre septiembre de 2016 y abril de 2017, llegaron al país nueve buques cargados de distintos productos de la empresa china, con un único consignatario: Empresa de Propiedad Social Agropatria. La importación en sí misma no representa problema alguno, pero sí el próximo paso de la cadena de venta: el de la formulación del producto, un procedimiento en el que los especialistas recuerdan que Venezuela solía destacarse, cuando Agropatria no era del Estado y se trataba de la empresa privada Agroisleña.

Las filiales de la empresa expropiada en 2010 son las responsables de esa formulación. Una de ellas, Proyefa, está detrás de la formulación del Potreron 212, un herbicida que combina el ingrediente Picloram con el 2,4-D. Según información publicada en el portal de Agropatria a finales de 2017, ese año Proyefa  elaboró 824.632 litros de Potreron 212.

Otros ingenieros agrónomos consultados señalan que la empresa Insecticida Internacional C.A. (Inica), posee una línea de producción específica para la formulación del 2,4-D Amina.  Pero no precisan si Inica está en funcionamiento y si el insumo principal para la elaboración de este herbicida se estaría filtrando desde su sede en Cagua, estado Aragua, al mercado nacional de revendedores de productos agroquímicos.

 Es así como los sacos de al menos ocho lotes distintos del producto grado técnico 2,4-D, importados de la empresa china Limin Chemical Co. y sin formularestán siendo comercializados en Aragua, Mérida, Zulia, Barinas, Portuguesa, Táchira, Cojedes y Lara, según confirmar productores  en esas zonas y la venta de algunos de estos productos por Internet.

Especialmente grave resulta el caso de la población agrícola de Bailadores, en Mérida, donde fuentes locales aseguran que se distribuyeron en el primer semestre de 2018 más de 50.000 kilos del producto, lo que equivale a unos 2.000 sacos. Señalan agrónomos de la zona que una sola persona estaría concentrando unos 15.000 kilos, o 600 sacos, en su propiedad. También advierten sobre la venta de grandes cantidades de producto al sur del Lago de Maracaibo.

En la mayoría de los estados afectados, el producto grado técnico está siendo vendido por personas que no se identifican como personal de Agropatria. Sin embargo, según productores que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, en el estado Aragua sí. Sin embargo esquivan cualquier pregunta sobre el certificado de origen o composición del producto y se niegan a entregar facturas.

Mucha plata, muchos productos

La venta de agroquímicos en el mercado negro parece ser lucrativa. Los precios de los sacos comercializados ilegalmente han escalado en la Venezuela de la hiperinflación. A principios de año, un saco de 25 kilos era vendido en 8 millones de bolívares. Seis meses después costaba en promedio 187 millones de bolívares. A finales de junio, en estados como Portuguesa y Táchira, el saco se cotizaba en 120 millones de bolívares; en Cojedes o Barinas llegaba a costar 300 millones de bolívares. Siempre, por supuesto, sin factura.

La venta no solo la hacen directamente los revendedores a los productores. También comercializan el producto a través de plataformas digitales como MercadoLibre.com. A finales de junio, al menos siete publicaciones de este portal eran de sacos del producto grado técnico 2,4-D, al 98% aunque eran ofrecidos como “amina”.

Las personas responsables de las publicaciones en MercadoLibre.com hacen los envíos nacionales a través de empresas como Domesa y Serex. En las normas de envío de Domesa, sin embargo, destacan dentro de los artículos cuyo transporte está prohibido el éter, ácidos y los polvos secos, dentro de la categoría de “químicos”. Entre los artículos prohibidos por Serex destaca cualquier material inflamable, corrosivo o tóxico.

A principios de julio de este año, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció que el Gobierno llegaría “a la raíz de las denuncias de productores afectados por el ‘bachaqueo’”, tras haber detenido a uno de los revendedores de productos vía Internet. Entre los productos que aseguró encontraron en su residencia mencionó a la “amina”.  Advirtió que los organismos de seguridad del Estado llevaban cuatro semanas investigando y dentro de poco ubicarían “otros centros de ventas mafiosos, que en su mayoría están en el estado Táchira y en la región larense”.

La comercialización del producto grado técnico no es la única irregularidad relacionada con el 2,4-D que se ha registrado en lo que va de 2018 en Venezuela. Tampoco es el único agroquímico que está siendo distribuido de esta manera.“Este año llegaron a los productores (a través del mercado negro) materias activas en estado semiprocesado”, puntualiza el  director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Roberto Latini.

No es la primera vez que sucede. Latini recuerda cómo hace dos años los productores luchaban por homogeneizar en licuadoras el Germitox, otro herbicida que en aquel momento fue comercializado en una presentación granulada muy difícil de disolver en agua.

Ahora, además del producto grado técnico 2,4-D, en el portal MercadoLibre.com es posible conseguir sacos de 25 kilos de Mancozeb al 80%. Se trata del ingrediente activo del fungicida Fungitane. Los sacos tienen algo en común con los de 2,4-D: son importados de la misma empresa china por Agropatria. Nada más en enero de 2017, la estatal venezolana recibió en Puerto Cabello al menos 560.640 kilos de Mancozeb de Limin Chemical Co. Ltd. y son los mismos sacos que ahora circulan en el mercado negro.

A diferencia del 2,4-D, el Mancozeb sí aparece entre los 12 productos técnicos que Limin Chemical dice elaborar en su página Web, aunque con una concentración diferente: 90%. El 2,4-D no aparece en el portal, en ninguna concentración.

Gutiérrez aclara que el Mancozeb, en esa presentación, no es un producto grado reactivo sino que es un producto ya formulado. “La violación a la normativa estaría en que esa presentación de 25 kilos en Venezuela no estaba autorizada. Siempre se venden en envases de un kilo los productos que vienen en estado sólido, y obviamente la etiqueta no cumple las normas”, acota.

Otra empresa china está detrás de otro de los productos técnicos que está siendo comercializado ilegalmente en Venezuela, importado por Agropatria. Se trata de Ningbo Taida Importación y Exportación S.L. que elabora unos sacos mucho más grandes, de 600 kilogramos, de glifosato técnico al 95% de concentración, que se está vendiendo directamente a los productores para que sean estos quienes lo “formulen”. La venta de este glifosato, al estar en estado casi puro, también constituye una irregularidad como la venta del 2-4, D.

Nada más en noviembre de 2014, llegaron a Puerto Cabello dos buques cargados con 204.244 kilos de glifosato técnico de esta empresa. Tenían, también, como único consignatario a Agropatria.

Peligroso y sin empaque

Pero las irregularidades no se están cometiendo únicamente con el producto técnico en estado sólido. “Agropatria tiene el 40% de la demanda de agroquímicos que requiere el país, pero no tiene los envases”, denunció a finales de mayo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, al referirse a la aguda crisis que atraviesa el sector agrícola venezolano.

Lo saben bien productores de estados como Portuguesa, que este año han comprado a Agropatria el producto formulado 2,4-D en bidones o tótems de 1.000 litros, que luego ellos deben reenvasar. El ingeniero Gutiérrez asegura que desde hace dos años esto sucede también con el herbicida Glyfosan LS, que tiene como ingrediente activo el glifosato.

No obstante, según advierten Gutiérrez, de Sovecom, y los productores afectados, al comercializar el producto de esta manera, se está violando lo establecido en el artículo 24 del Reglamento General de Plaguicidas, que prohíbe “el trasegado y reenvasado de plaguicidas en envases distintos a los originalmente aprobados para su presentación a la venta”.

“Esto tiene inclusive implicaciones de riesgo para la salud de la persona que realiza la operación (reenvasado), además de prestarse a adulteraciones del producto que puede generar problemas adicionales al usuario y al ambiente”, acota el ingeniero.

A los afectados les preocupa también el material del cual está elaborado el tótem. “Si el plástico no es adecuado, el químico no solo expide olores, sino que degrada el plástico, altera el producto y coloca en riesgo a personas que lo manipulen” asegura Gutiérrez, quien insiste en que, según recomendaciones internacionales, los productos agroquímicos deben ir en envases coextruidos, con tres capas.

“Desconocemos si todos los envases tipo bidones o tótem están fabricados bajo esta tecnología, de hecho es muy probable que no sea así, ya que este tipo de envases de gran capacidad son comercializados generalmente para el almacenamiento y transporte de sustancias muy diversas, incluso alimentos”, advierte Gutiérrez, quien asegura haber sido testigo en zonas rurales de que los bidones en los que vienen los herbicidas son reutilizados para almacenar agua potable o leche en las fincas. Asegura además que cuando Agropatria era Agroisleña, antes de la nacionalización, esta tenía en pleno funcionamiento una línea de producción propia de envases, para la que se trajeron al país equipos con tecnología alemana e italiana.

En una nota de prensa de octubre de 2017, publicada en el portal de Agropatria, se refieren a la planta de plástico, ubicada en las instalaciones de Inica, como la “columna vertebral de la empresa”, pues aseguran que es la responsable de la elaboración de los envases “en diferentes presentaciones y capacidades”, y que trabaja “24 horas del día para dar respuesta a las demandas de los agroquímicos” que allí se producen. Aseguran que algunas filiales de Agropatria, como Syntec, Servifor y Proyefa, adquieren a precios justos estos recipientes.

Sin embargo, el propio presidente de Agropatria, José Aguilera, reconoció a mediados de este año que no disponían de envases para almacenar los agroquímicos. "Ante la arremetida de la guerra económica por parte de la regencia imperial quienes nos han limitado del plástico necesario para envasar protectores de cultivos, Agropatria ha despachado más de 2.5 millones de K/L en recipientes reusables", decía un tuit publicado el 19 de junio desde la cuenta de Agropatria, citando las palabras de Aguilera.

Los tótems de 2,4-D que están siendo distribuidos por Agropatria tienen una irregularidad adicional en su etiqueta. Además de incumplir con algunos de los requisitos en cuanto a diseño e información, contemplados en la norma venezolana Covenin 1160-95, que se refiere al etiquetado de los plaguicidas; el rotulado indica que se trata de  “2,4-D Ácido”.

Expertos como Gutiérrez cuestionan esa formulación: “El ingrediente activo Ácido 2,4– Diclorofenoxiacético se formula en Venezuela comercialmente como 2,4-D Amina (estado líquido). Su otra presentación comercial es 2,4 – D Ester (en polvo). Si fuese verdad que fuese ácido, están vendiendo igualmente un producto grado reactivo, lo cual evidentemente no se debe hacer”.

Se trata de otra forma de comercializar el 2,4-D que sí está vendiendo directamente Agropatria en Acarigua, estado Portuguesa, según confirman varios productores. Sin embargo, para algunos la etiqueta de este producto en particular es sospechosa. Presumen que puede ser falsificada, por lo que no dan fe de que el producto realmente sea distribuido por Agropatria. Según el rotulado de los bidones, la compañía panameña Technofarm, una sociedad anónima vigente en esta jurisdicción desde hace más de cuatro años, sería la responsable de dicha formulación. Según la información de las importaciones en Puerto Cabello entre mayo de 2015 y enero de 2018 llegaron cinco buques con 1.408.028 kilos de productos de Technofarm para Agropatria.

Este año, a propósito de la comercialización del producto grado técnico 2,4-D, algunos afectados habrían hecho llegar la denuncia al director de Sanidad Vegetal del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Joan Montilla. Aunque se envió mensajes a Montilla para saber si estaba al tanto de la situación y qué medidas estaría tomando el ente “encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias” –según reza en su página web-, hasta la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Las fuentes aseguran que aún no ha habido fiscalización y que el Insai también está sufriendo por el éxodo de sus profesionales.Pero todos insisten en que es este instituto el que debería recoger el producto. Sin embargo, aún y cuando lo hiciera, una vez que esto suceda su destino sería incierto. “El Ministerio para el Ambiente no tiene un procedimiento para almacenaje y eliminación de desechos tóxicos”, asegura Gutiérrez.  

Tampoco, a pesar de múltiples intentos, por distintas vías, se obtuvo una versión oficial de Agropatria, ni de ninguna de sus filiales, acerca de esta denuncia. Los ministerios para la Salud, para el Ecosocialismo y para la Agricultura Productiva y Tierras también fueron contactados para este trabajo y no respondieron. De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General de Plaguicidas, son ellos los que deben ejercer la vigilancia, el control y la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha normativa.

La empresa china Limin Chemical Co. Ltd., por su parte, no respondió un correo electrónico enviado a finales de junio en el que se le planteaba la situación y se les solicitaban detalles de los productos que venden a Agropatria. Limin Chemical, sin embargo, destaca en la industria por haber recibido múltiples reconocimientos en áreas como protección ambiental, seguridad y responsabilidad social.

Technofarm Corp, la empresa panameña que elabora el 2,4-D Ácido 70%, que distribuye Agropatria en bidones de 1.000 litros, tampoco respondió un correo enviado a principios de julio, en el que se les solicitaban detalles acerca de la formulación de dicho producto.

Sobre Ningbo Taida, la única empresa de la que Agropatria ha importado glifosato, no hay rastro en la web.  

Hermano del “agente naranja”

“El producto comercial 2,4–D Amina (no en grado técnico) es un herbicida eficaz y de común uso en Venezuela, desde hace varias décadas, para el control de malezas del tipo hoja ancha en potreros (pastos), caña de azúcar, arroz, maíz y sorgo, así como en áreas no cultivadas y grama”, explica el ingeniero Gutiérrez.

De acuerdo con información del portal oficial de la industria del herbicida su uso está aprobado en más de 90 países del mundo, entre ellos Venezuela. Unos 1.500 productos tendrían registrado el ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) como su ingrediente activo.

Sobre quién lo descubrió y cuál era su intención hay varias versiones. Todas, sin embargo, apuntan a fue en 1945. Quizás la versión más acertada en la que le da la paternidad al químico estadounidense Franklin D. Jones.

Otros sitios, sin embargo, aseguran que fueron científicos ingleses. Algunos dicen que fue un equipo liderado por el bioquímico anglocanadiense Juda Hirsch Quastel, en  la otrora Estación Experimental Rothamsted, el que lo desarrolló, al cumplir con una misión secreta para mejorar el rendimiento de los cultivos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no falta quien diga que el 2,4-D fue concebido por los ingleses para uso militar y para tal fin se registra su uso en la Emergencia Malaya, entre 1948 y 1950 y en la guerra de Vietnam.

En el país asiático, en el marco de la Operación Ranch Hand, que militares estadounidenses llevaron a cabo entre 1962 y 1971, el 2,4-D comenzó a ser utilizado en combinación con un producto hermano, el 2,4,5-T –junto con querosén y diésel–, para ser rociado desde aviones sobre zonas rurales de Vietnam del Sur, con la intención de privar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong) de alimentos y exponerlos, al destruir la cobertura vegetal que les impedía ubicar sus escondites. A esta mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T se le llamó “Agente Naranja”.

Pero en 1985, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos prohibió el uso de uno de los dos herbicidas: el 2,4,5-T, tras haber detectado que contenía altos niveles de dioxina, un contaminante que causa cáncer y otros problemas de salud.  El 2,4,5-T fue retirado del mercado. Entre 2004 y 2005, en el marco del Convenio de Róterdam, finalmente prohibieron su formulación, comercialización y uso, por sus efectos adversos.

El “hermano bueno”, el 2,4-D, continuó en el mercado, hasta convertirse en el ingrediente activo del herbicida más utilizado en el mundo. “Las dioxinas no se encuentran en niveles detectables en el 2,4-D”, insiste la EPA, que asegura en que los productos que lo contienen pueden ser utilizados con seguridad, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.

Algunos expertos venezolanos lo catalogan como uno de los herbicidas “más inocuos que hay”, aunque insisten en que por tener precisamente el sufijo “cida”, del latín: “que mata”, su manejo debe ser cauteloso. Como todo, tiene sus detractores: especialistas locales en materia de herbicidas sostienen que el producto a base de 2,4-D es “pésimo para el suelo” por ser “altamente residual”.