La apuesta lucía como otro intento de poblar la agreste zona central del país. Una vuelta de tuerca al eje Orinoco-Apure, un intento anterior de Chávez y su mentor, Jorge Giordani, de aprovechar esos enormes descampados para intentar revertir la costumbre de los venezolanos de residenciarse en el norte o en la costa porque el clima es más benigno y se concentra una mayor actividad económica.

El Gobierno chavista se encargaría de financiar el proyecto, y, como siempre, cada vez que durante la larga gestión del fallecido mandatario se cerraba un negocio con otro país, Bielorrusia haría las habituales “transferencias tecnológicas y de conocimientos” en cada una de las fases. El estado Guárico albergaría a la primera de esas cinco ciudades agroindustriales en las tierras del fundo La Roana (El Sombrero, municipio Julián Mellado), y así quedó establecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6017, del 31 de diciembre de 2010.

Los trabajos comenzaron con aparente rapidez. El 14 de julio de 2011, en un Consejo de Ministros encabezado por Chávez, y transmitido en cadena nacional de radio y televisión, se presentó al país ese “experimento” –como él mismo lo llamó-, que ya estaba activo y que prometía convertirse en una referencia nacional en la producción de alimentos.

“Nosotros visitamos a finales del año pasado unas ciudades agrícolas, altamente industrializadas, en Bielorrusia, y le dije a Aleksandr que me gustaría iniciar un experimento en Venezuela, acoplándonos a nuestras realidades. Y mira cómo ya estamos avanzando”, comentó Chávez a modo de introducción. Luego agregó: “Son cinco ciudades integrales, productivas, comunas agroindustriales. A la que fuimos nosotros (en Bielorrusia) tiene hasta un tren interno, son como 15 mil hectáreas. Aquí en El Sombrero ya está naciendo la comuna agroindustrial socialista William Lara”.

El ambicioso proyecto comprendería la construcción de 500 viviendas con las que se beneficiarían 2.500 personas. Una nueva ciudad o, como el entonces jefe del Estado insistía, una comuna agroindustrial que comenzaría desde cero, pues con las viviendas se incluiría el desarrollo de las áreas sociales con canchas deportivas, centros culturales, escuelas, servicios, centros de salud y hasta un centro comercial. Así lo prometió Leonid Marinich, viceministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, en una inspección efectuada en septiembre de 2011.

Lo que entonces imaginaban los proyectistas de la comuna superaba la simple aglomeración de viviendas. Querían construir en un área cercana una planta para procesar carne de aves y matadero de pollos de engorde, una granja lechera, una planta de procesamiento de lácteos (leche, yogurt, queso), otra planta de producción de alimentos balanceados para animales, un complejo para limpieza, secado, refinación y almacenamiento de granos; un patio para maquinarias, granja avícola y un almacén de fertilizantes. Todo esto en un espacio aproximado de 150 hectáreas. Además, en otras 4.800 hectáreas (de las 7.817 disponibles), se desarrollaría la producción agrícola de maíz, soya, hortalizas, pasto y frutas (melón y parchita), y las restantes 2.500 hectáreas servirían de zona protectora para todo ese espacio, ubicado al sur del río Guárico.

Hugo Chávez aprobó ese 14 de julio de 2011 300 millones de dólares para ejecutar el proyecto, provenientes del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), y otros 1.287.014.565 bolívares, del Fondo Chino -Venezolano, se sumarían a la inversión en el año 2012, precisa la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, para concretar la primera de las cinco comunas agroindustriales convenidas por Bielorrusia.

El proyecto quedó en manos de la empresa Belzarubezhstroy (BZS), creada en la capital de su país en mayo de 2007. Fue la primera gran obra que esa empresa intentó desarrollar en Venezuela a través de sus dos filiales, BZS Venezuela, S.A. y BZS Construcción, S.A. Aún no había estallado el escándalo que la marcó. En diciembre de 2011, apenas meses después de contratar con el estado venezolano, en una investigación periodística del diario El Universal, se la vinculó con el contrabando de cabillas.

El propio Lukashenko, lo confirmó en su país por aquellos días. Viktor Shevtsov, el dueño de BZS, y otros capitanes de empresa que tenían negocios en el país suramericano, fueron detenidos e investigados por la Fiscalía General de la exrepública soviética por su supuesta relación con el desvío de fondos destinados para las obras venezolanas. Shevtsov, de trayectoria cuestionada, investigado incluso por Estados Unidos por tráfico de armas en Irak, como bien lo refleja la investigación titulada “El mercader bielorruso”, publicada en Armando.Info en 2011, quedó tras las rejas pero no por mucho tiempo. Una nota de noviembre de 2013, del medio bielorruso Charter97.org, sobre el círculo íntimo que rodea a Lukashenko y sus turbios movimientos, lo identificó como uno de los oligarcas leales al dictador bielorruso. Recuerda su arresto por desvío de dinero público e informa, además, que Shevtsov “ha vuelto al ruedo” tras pagar una indemnización.

En el fracaso del proyecto de la comuna agroindustrial, sin embargo, no parece haber obrado la mala fama de BZS. La incapacidad del Estado venezolano ha sido determinante para que el experimento que se le ocurrió a Hugo Chávez se sume a la retahíla de proyectos que no son capaces de prosperar en Venezuela. El entorno influye, pero también la poca disposición a establecer la continuidad administrativa entre distintas gestiones. Esta es también la historia de cómo el presidente Nicolás Maduro no continuó con el legado sagrado de su antecesor.

En documentos oficiales fue registrada como la Comuna Agroindustrial William Lara. Pero en el propio pueblo de El Sombrero (a unos 230 kilómetros de Caracas), los lugareños la conocen por su nombre original: La Roana.

La finca era un latifundio abandonado al momento de ser tomado por el Gobierno venezolano. En 2011, según la versión oficial, se sembraron 600 hectáreas de maíz; y en 2012, 691 hectáreas, un número inferior, en todo caso, a las 900 que aspiraban los rectores de la cartera. “En La Roana se cultivó maíz hace dos o tres años, dos veces nada más desde que comenzó sus actividades”, asegura un campesino que laboró en la comuna.

Quienes trabajaron en este proyecto hablan con la condición de que se les resguarde su identidad. En El Sombrero, con una población aproximada de 30 mil habitantes, se aprendió a ser discreto, a desconfiar y andar con miedo por la fuerza. En uno de los barrios de este pueblo, conocido como “Concha de Mango”, nació, creció y vivió José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, líder de una banda delictiva dedicada al robo, extorsión, secuestros y asesinatos, conocida como “el Tren del Llano”. Tovar Colina fue capturado y asesinado por los cuerpos de seguridad venezolanos el 3 de mayo de 2016. Pero aunque el líder ya no existe, la banda ha seguido actuando en la zona con sus herederos. Lo saben en el pueblo y por ello el temor en una tranquilidad aparente.

La comuna agroindustrial se dividió en dos partes: Roana 1 (parte agrícola) y Roana 2 (parte industrial, donde estaban los bielorrusos jefes de las obras, pues la mano de obra era venezolana). Desde la carretera es posible advertir los límites de ambos proyectos en la inmensidad de la sabana y las obras abandonadas. “Eso es un cementerio de maquinarias. En esos terrenos hay tractores, 27 cosechadoras, 46 birromas, 16 basucas 8610 para transportar maíz; cinco o seis camiones tipo volteo y tipo cava para cargar maíz, 12 o 13 sembradoras, dos o tres fumigadoras. Hay rastras, hay rotativas. Pero todo está abandonado y desvalijado. En Roana 1 llegaron a construir 16 viviendas”, cuenta el campesino.

Aunque algunas maquinarias fueron trasladadas hacia Barinas, donde BZS construyó una fábrica de tractores (también en convenio con Venezuela), la misma gente del pueblo y alrededores se ha llevado las piezas, los arranques, los cauchos. El campesino afirma: “Los tractores buenos se los han llevado algunos consejos comunales o particulares para trabajar en sus terrenos. Pocos los devuelven”.

El entusiasmo inicial que despiertan los nuevos proyectos siempre termina acomodándose a la inercia de la vida en el campo. La falta de inversión, la incapacidad y la pérdida de interés liquidan todos los planes y dejan todas esas tierras en el estado ignoto en el que siempre han estado. El campesino recuerda que la idea del Estado era otorgarles créditos para que sembraran la tierra y arrimaran su cosecha a la producción nacional. “La mayoría cosechaba para ellos mismos y al final eso se convirtió en un negocio. ‘¿Quieres un tractor? Dame el dinero’, así te decían. Eso era una rosca, eso era pa’ los vivos, no pa’ uno”, explica.

Construcción sin criterio

En el otro sector (el industrial) se levantarían estructuras para todo tipo de propósitos. Así lo recuerda Carlos (nombre ficticio en resguardo de su identidad). Pero incluso la intención se detuvo. “En diciembre de 2013, nueve meses después de la muerte del presidente Chávez, nos liquidaron a todos”, recuerda. “Un día trajeron a los abogados, nos hicieron firmar y nos dieron los cheques. Dijeron que no había dinero, que el Gobierno no había entregado los recursos. Decían que era en toda Venezuela, pero eso es mentira. En otras partes siguieron construyendo”.

En Roana 2 solo queda personal bielorruso (tres personas, aseguran) que asisten entre lunes a viernes a las oficinas instaladas llano adentro. No es posible ver desde la entrada ninguna de las obras que quedaron inconclusas: el galpón para la producción de lácteos, otro galpón para los pollos y las estructuras para almacenar maquinarias e insumos. Pero algunas casas de techos rojos sí se divisan desde la carretera.

La cifra de las viviendas varía. No más de 60, dicen unos. Más de 100, aseguran Carlos y los vigilantes, quienes aclaran que, de éstas, solo diez están habitables. En el cómputo final hay una inevitable dosis de azar como consecuencia del secretismo con el que se maneja el proyecto: en total serían 500 viviendas. Un trabajador de BZS precisa que se construyeron 175, pero no tienen servicios. Los bielorrusos no encontraron la forma de llevar el agua a través de tuberías.

En papel las plantas agroindustriales planificadas para esta comuna generarían 10 toneladas por hora de alimentos balanceados para animales, 600 toneladas al año de carne avícola, 20 toneladas por turno de leche y sus derivados (yogurt y queso) con 330 reses procesadas al año, granja para pollos de engorde con una capacidad para 2,5 millones de pollos bebés al año, un complejo de almacenamiento de granos con capacidad para 18.000 toneladas por año y un almacén con capacidad para 2.000 toneladas de fertilizantes, 80 toneladas de pesticidas y 80 toneladas de semillas. Todo esto está descrito en el proyecto original que desarrollaría la empresa bielorrusa y que muestra como carta de presentación en el portal web de la compañía. Aquel 14 de julio de 2011 Hugo Chávez aseguraba que cada uno de esos proyectos de producción de carne de pollo, lácteos, alimentos balanceados, viviendas, hortalizas a campo abierto y demás siembras, tenían que ser “mirados, pensados y planificados como un injerto del socialismo”, que tenía que ir ampliándose y multiplicándose para ir rumbo a la consolidación del socialismo del siglo XXI.

La primera de cinco

Diez años después de haber llegado a la presidencia, Chávez comenzó a hablar de las comunas y su fortalecimiento para lograr constituir un estado comunal que permitiera, a su vez, construir una sociedad socialista.

En 2010 fue publicada la Ley Orgánica de las Comunas. En 2012, en el plan de gobierno presentado para la reelección, el comandante presidente ahondó en la consolidación de esa forma de gobierno local como su gran apuesta. Lanzó una cifra: 3.000 comunas socialistas al finalizar su mandato en 2019. Y un estimado mínimo para alcanzarla: 450 comunas por año.

La meta no ha sido superada. Hasta marzo del presente año el Ministerio del Poder Popular para las Comunas identificó 1.742.

Según la ley que las rige, una comuna son varios consejos comunales que hacen vida en un espacio geográfico determinado, y estos, los consejos comunales, se establecieron en la primera etapa del gobierno de Chávez cuando buscaba con afán distintas formas de organización popular y cogobierno.

Las comunas agroindustriales, aunque son incluidas por el ministerio en la lista general de comunas, tenían otro perfil. Lo novedoso de ese concepto era “la integración del sector primario, el procesamiento industrial y la convivencia. De allí el concepto de comuna agroindustrial socialista”, explicaba el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a Chávez en el consejo de ministros del 14 de julio de 2011. Hoy, retirado de la política, y dedicado a la docencia (es profesor de Economía Política en la Universidad Bolivariana de Venezuela), Loyo reitera esa explicación y detalla que el proyecto establecía la vinculación de comunidades campesinas que históricamente habían estado aisladas. “Era un planteamiento de desarrollo rural”, explica el exministro.

En ese mismo consejo de ministros de julio de 2011, Loyo informó dónde se construirán las próximas comunas agroindustriales, considerando que la levantada en Guárico sería la primera de cinco: una de ellas estaría al sur del lago de Maracaibo (en un terreno de 2.500 hectáreas), en el estado occidental de Zulia; otra en Barinas, provincia de los llanos occidentales, en un terreno ubicado entre los ríos Pagüey y Santo Domingo; una tercera en el estado Miranda, al norte de Venezuela, en la zona de Valles del Tuy; y la última entre los estados Aragua y Carabobo, en el centro del país. “Se planificaron varias, pero efectivamente la que avanzó fue la comuna William Lara”, afirma Loyo, quien dice desconocer el estatus de estas obras. “Es una inversión alta que se tiene que revisar porque se trata del campo venezolano, donde históricamente no ha habido inversión”.

Un reporte publicado en enero por el diario The Wall Street Journal da cuenta de lo que parece ser una comuna agroindustrial distinta a las anunciadas por Loyo en aquel programa. La llamaron Diluvio y está levantada al pie de una de las cordilleras que separan a Venezuela de Colombia en el estado Zulia. La construcción fue encargada a Odebretch y se ha quedado en ruinas, como otras tantas obras que la empresa brasileña empezó a desarrollar en Venezuela. Hoy sobreviven sus restos enmontados.

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), del año 2012, se habla del proyecto agroindustrial de La Roana. El documento detalla que la comuna debía estar lista al finalizar 2012 y que para ello se aprobaron Bs. 1.287.014.565 (provenientes del Fondo China-Venezuela). De ese total la obra tuvo un avance financiero de 40%, es decir, se consumieron Bs 514.805.863 y el avance físico de la obra alcanzó el 19,43% al terminar ese año.

Lo que más avanzó (en 7,68%) fue la siembra de 900 hectáreas y la adquisición de maquinarias agrícolas (solo 4% de lo planificado). Lo demás apenas dio unos pasos que superaron el 2% de las metas de construcción. El despacho de Agricultura alegó como obstáculo para que el proyecto avanzara las “diferencias técnicas entre los equipos decisores Venezuela-Belarús para el inicio de las obras”.

La fecha de culminación de la comuna indicada por el MAT en ese mismo informe anual no coincide con los anuncios oficiales dados desde 2011, cuando se hablaba de 2014 o 2015 como años en los que concluirían las obras. Todo se paralizó en diciembre de 2013. Desde entonces no ha habido más información oficial en los despachos de Comunas y Agricultura y Tierras. Sí hay una somera mención en la memoria y cuenta del Ministerio de Comercio del año 2014, en un capítulo donde se informa la importación de maquinaria agrícola desde Bielorrusia para la comuna agroindustrial del fundo La Roana. Justo en el año en el que se reporta la paralización de las obras.

En febrero se solicitó información sobre el avance y estatus de este proyecto en las oficinas de BZS de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico, pero no la suministraron. La representante legal, Elvira González, y el ingeniero civil de la obra, Gerardo González, dijeron conocer la información, pero no estar autorizados para proporcionarla.

También se entregó una solicitud de información en las oficinas de BZS ubicadas en la zona militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, y semanas más tarde, a través de un correo electrónico la empresa ofreció una declaración. A pesar del abandono, la frustración de los lugareños y el desinterés del gobierno de Nicolás Maduro, los bielorrusos quieren continuar: “Se mantienen las negociaciones sobre la realización de la segunda etapa de la obra y los volúmenes de dicho contrato. Esperamos exitosos resultados en las negociaciones para poder empezar con su ejecución”.

No hay más detalles ni explicaciones sobre lo ocurrido con este proyecto, aunque sí insisten en su propósito, que luce de difícil concreción, de continuar la obra. La ciudad agroindustrial William Lara, dice el primer párrafo de la breve respuesta, “permitirá en un mayor nivel proveer la seguridad agroalimentaria del país hermano venezolano y también permitirá aumentar la producción de alimentos por métodos industriales”.

Tierra sin ley

De llegar a reactivar las obras, la empresa bielorrusa tendría que buscar nuevas contratistas para trabajar en esos predios, o ganarse de nuevo la confianza que perdió. La relación de BZS con las compañías venezolanas que trabajaron en La Roana no siempre fue buena.

“Me pagaron bien, aunque ellos decían que Venezuela no les pagaba, a nosotros sí nos pagaron todo. Claro, a unos precios de gallina flaca, pero pagaban”, dice Leandro Soto, de la Cooperativa de Servicios y Proyectos Seikatsu.

Soto trabajó en la comuna durante año y medio, hasta diciembre de 2013, específicamente en las terrazas de la zona siete, donde se requería hacer un movimiento de tierra para la instalación de maquinarias. También acondicionó un área que serviría de depósito de tractores y les alquiló equipos para hacer compactaciones.

Otras tres contratistas refirieron que BZS Venezuela y BZS Construcción les quedó debiendo las retenciones de impuestos al finalizar la relación de trabajo, y asoman una arista sobre la ejecución de esas obras que, hasta entonces, no se había considerado: la inseguridad. Nadie tomó en cuenta este aspecto al momento de aceptar el negocio.

José Bustamante, de la compañía Proferca, afirma: “Solamente ejecuté el 20% del contrato asignado, no solo por la escasez de materiales sino por la inseguridad. El hampa en El Sombrero era muy fuerte, los sindicatos de la construcción también. Por eso solo estuvimos tres meses. Hicimos un corte de cuenta y dejamos eso así”. Proferca debía construir 20 viviendas, pero solo dio tiempo de hacer las losas y estructuras.

La empresa Siltec vivió algo similar en el trato con los sindicatos. La atomización del movimiento obrero promovida hace más de tres lustros por el chavismo devino en una guerra a pistola por el control de los grandes proyectos de infraestructura. Los hombres contratados por Siltec apenas deforestaron la zona y construyeron bases para las viviendas. “Se pudo haber hecho más”, se lamenta Eric Morales, su representante. La empresa culminó su contrato y se fueron para no volver jamás a esa tierra sin ley.

Los residentes, en tono de broma, la nombran “San Calor”, entre un sol penetrante a 30 grados centígrados, sudor a chorros y pocas sombras. Algunos dicen, entre risas, que la densidad del aire distorsiona, de a momento, las imágenes (como en los desiertos o las películas del Lejano Oeste). Un pueblo donde los invernaderos abandonados de La Unión parecen desentonar: aun cuando llueve, permanece cálido. “Y hasta empeora”, asegura un taxista, risueño. Por eso, el Gobierno nacional a veces las llama “casas de cultivo protegido” en lugar de “invernaderos”: una propuesta de desarrollo socio-productivo en clima tropical que hoy –literalmente– da pocos frutos.

Hasta junio del año pasado, el ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, calculaba 500 “casas de cultivo protegido” instaladas en territorio nacional para la siembra y cosecha de hortalizas mediante un convenio desarrollado con Cuba. Pero al final, solo suministraron 365 de las 500 casas de cultivo prometidas, según precisa el mismo ministerio en su Memoria y Cuenta del año 2011.

En la urbanización La Unión de San Carlos, los vecinos recuerdan el inicio del proyecto hace poco más de un año: personas vestidas de rojo tardaron entre cinco y siete meses en construir las casas que hoy se despedazan. Algunos residentes recibieron capacitación técnica los primeros días, hasta que los instructores dejaron de visitarlos por razones que aún desconocen. El consejo comunal debía asumir las actividades agrícolas –según uno de los antiguos miembros–, pero sus elecciones tienen dos años de retraso.

Aunque la asistencia técnica es cubana, algunos equipos provienen de Europa, según convenios públicos, miembros de comunas y expertos en tecnología vegetal. El llamado poder popular, sin orientación ni vigilancia, no sabe qué hacer con aquello –lo último en tecnología de invernaderos– a pocos metros de su hogar, mientras la crisis inflacionaria eleva cada mes el costo de las hortalizas.

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La Memoria y Cuenta de 2011 del Ministerio de Agricultura y Tierras registra el proyecto de suministro de 56 hectáreas de “casas de cultivos protegidos” en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Lara, entre junio de 2010 y junio de 2011. Se trata de un convenio con Cuba basado en la adquisición y transferencia tecnológica de más de 500 casas de cultivo de 800 metros cuadrados, en modelo tropicalizado, por un monto de 50.931.154 bolívares. Al final solo se instalaron 22 hectáreas de cultivos protegidos en el eje central del país en relación a las 40 hectáreas estipuladas; Cuba solo suministró 365 de las 500 que le correspondía levantar. 

El Ministerio de Agricultura y Tierras renovó el contrato: “El Proyecto fue evaluado en la XI Comisión Mixta del Convenio de Cooperación Integral Cuba Venezuela, es decir, fue aprobada la Fase II (Continuidad), lo que lleva a una modificación en los presupuestos asignados”, expone el documento oficial. Los informes de gestión posteriores del ministerio no hacen referencia particular a este acuerdo, e incluyen distintas Unidades de Producción Socialista (UPS) y Empresas de Producción Social (EPS) –estructuras de producción de bienes y servicios dependientes del Estado– en la dinámica del cultivo protegido en invernaderos, sin especificar la procedencia de las instalaciones, ni en algunos casos los entes responsables de la ejecución de los planes.

Venezuela cuenta con 300 hectáreas de invernaderos instalados, desde que comenzó la producción comercial de estos equipos en el año 2000, destinados principalmente a la siembra de tomate, pimentón y flores, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Los Andes (ULA) de este año. El informe da cuenta de la ausencia de estadísticas regionales de la producción total en invernaderos, así como de cuánto representan, en términos porcentuales, en la producción nacional de cada rubro. También concluye debilidades técnicas: “Debido al poco tiempo de establecimiento de los invernaderos en Venezuela, el número de personas capacitadas que manejen eficientemente este tipo de estructuras de cultivos es bajo. Venezuela no estaba preparada para un crecimiento tan rápido como el ocurrido en los últimos cinco años y probablemente se ha avanzado por ensayo y error”.

Desde 2011, medios de comunicación y líderes políticos denuncian el abandono y deterioro de las “casas de cultivo protegido” más llamativas: las enormes estructuras plásticas, rotas y mugres, dispuestas a un lado de la Autopista Regional del Centro, entre el kilómetro 71 y 96, que presuntamente debían ser administradas por los consejos comunales del sector Trapiches del Medio. Como en La Unión, a mayor escala.

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Una cuadra promedio de la zona colonial del centro de Caracas mide 100 metros de largo y 100 metros de ancho (10.000 metros cuadrados), que equivale a una hectárea. Los invernaderos del convenio Cuba-Venezuela equivaldrían, en total, a 56 cuadras caraqueñas sembradas de tomate y pimentón. Pero las fallas de asesoría técnica no es el único obstáculo de la promesa: la tecnología seleccionada es cuestionada en el gremio agrónomo.

Las zonas calientes de Venezuela (como ‘San Calor’) requieren mayor intercambio de aire que el que permiten las mallas de los invernaderos europeos diseñados para climas más fríos. En el caso venezolano, una malla antiáfido o anti-insecto –barrera física permeable que impide la entrada de insectos que afecten los cultivos–, dificulta la respiración de las plantas. “Si yo compro un paquete cerrado a un proveedor internacional sin tener el concepto de dónde la voy a utilizar, puedo traerme la malla que al proveedor le interese venderme, y la más cara es la más tupida, que es como un mosquitero o un tul de novia”, explica un especialista que reserva su identidad por temor a represalias contra su compañía, que tiene contrato con entes privados y públicos.

Los insectos no solo pueden entrar por las paredes sino también adheridos a la ropa de quienes ingresan al invernadero o casa de cultivo. Por ello, es necesaria una serie de mecanismos previos para controlar el acceso a la zona de producción: usar ropa de seguridad y puertas de acceso con barreras sanitarias: una cortina de viento, una pre-cámara, otra cortina de viento y otra puerta con presión positiva (con viento desde el interior de la estructura hacia la cámara de afuera para terminar de expulsar los elementos contaminantes de la persona). Invernaderos importados visitados por expertos carecen de esos componentes. En Europa, algunos tienen varias barreras y otros no: depende del cultivo. El invernadero de La Unión solo presenta una pre-cámara simple.

Algunos de los proveedores son la empresa española Grupo MSC y la compañía holandesa Dalsem, reconocidas en el negocio internacional de invernaderos como tecnología de punta. “Nos entregaron un Ferrari y no sabemos manejarlo (…) El despilfarro que se ha hecho en estas estructuras es enorme. Un grupo de agrónomos estamos preocupados, no sabemos qué hacer”, dice otro especialista.

Iraselis Marco, a diferencia de los sancarleños, fue testigo de esa bomba de tiempo: conoció los invernaderos de la Unidad Productiva Julián López –en el estado Carabobo–, quedó impactada con su majestuosidad y se incorporó a las labores del comedor de los productores agrícolas, hasta que la casa de cultivo fue intervenida. “Ahí se cultivaban tomates con algo que fue traído de un país nórdico, y en espacios muy fríos esas son cuestiones muy sofisticadas, y eso colapsó porque los productos que se usaban allí son importados y era difícil traerlos por la situación del país. Entonces se secaron buena parte de las matas de tomate porque no llegaron los insumos”, lamenta. Hoy esos invernaderos están bajo administración militar.

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La presidenta de Fundaimagen –organismo adscrito a la Gobernación de Cojedes–, Nataly Peña, afirma desconocer el estado de las casas de cultivo de La Unión. Enumera otros logros de su institución: un vivero comunitario de más de 15 mil plantas, una unidad de lombricultura, viveros en escuelas. Nada sabe de invernaderos. Algunos vecinos del sector dicen que son una obra de la Gobernación, pero el ingeniero José Pernía, encargado del área de Infraestructura del estado, lo niega. Hasta la fecha, la coordinación de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras aún no responde a la solicitud de entrevista de Armando.info sobre el tema.

No hay consejo comunal u otra organización vecinal que presione una respuesta. “Eso es un acto de corrupción, a nosotros nos dijeron que esas mallas eran carísimas”, dice una señora de la cuadra, y continúa sus labores caseras. Algunos se quejan, otros prefieren no opinar por desconocimiento. Alguna vez fue diferente: en 2007 el consejo comunal de La Unión tenía una página web, con su lista de voceros, proyectos ejecutados, proyectos en proceso, proyectos venideros, una galería de fotos, las leyes del Poder Popular y números de contacto. Una labor de contraloría impulsada por uno de los residentes. Hoy, la propuesta tecnológica de soberanía alimentaria se pierde entre las irregularidades estatales y la indiferencia del Poder Popular.

(*) Este reportaje contó con la reportería de Alexander Olvera.

En La Iguaraya -donde todo comenzó- no hay nada. Si no fuera por las fotos de antes, solo algunos ingenuos podrían creer que de ese fundo salieron las mejores cosechas de patilla que recuerdan en la población del Guarataro.

Enclavada en la mitad del camino que conduce de Ciudad Bolívar a Caicara del Orinoco, Guarataro es un pueblo en el que no hay mucho más que casas y conucos a un lado de la carretera. Hasta hace seis años, cuando el boom de los celulares inteligentes bullía por todo el país, los más de 7.000 habitantes de la zona se las arreglaban con un teléfono público de la Cantv.

Más célebre por sus suelos fértiles que por cualquier otra cosa, los agricultores destacan que en 1998 del Guarataro salieron más de 40 millones de kilos de ñame. Fueron tantos los guacales que ese año viajaron de allí incluso al exterior, que terminaron por coronar a ese rincón del estado Bolívar como la tierra del ñame.

No hay muchas más referencias para un lugar en el que -aún en pleno siglo XXI- faltan estaciones de gasolina y emisoras de radio local. Ni siquiera se vislumbra un terminal de buses. Franklin Brito, sin embargo, puso a ese pueblo en el mapa: en 1994 estableció allí el fundo Iguaraya y por esas mismas tierras, más tarde emprendió una cadena de siete huelgas de hambre, que llegaron a ser noticia en la prensa mundial.

Primero protestó los documentos que permitieron a sus vecinos repartirse el espacio de la vía de arena que conducía a su fundo. Más tarde, cuando logró reabrir la entrada, exigió precisar el origen de los fondos que dispuso el Gobierno para indemnizar sus demandas. Algo que no ha conseguido ni después de muerto.

"Lo que pedía era que anularan las cartas agrarias y que el Gobierno dijera por qué y bajo qué condiciones le querían beneficiar", concluye Elena, la viuda de Brito. "En 2007 le otorgan un tractor a crédito sin haberlo solicitado, que luego apareció como un comodato. Entonces Franklin les dijo: 'Yo quiero que me expliquen eso porque más adelante no me gustaría verme involucrado en un hecho de corrupción'".

98 kilos

No es que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada por Franklin Brito. En el año 2005 obligó a los vecinos que ocupaban parte del fundo a replegarse y abrir otra vez el camino, pero hasta allí. ¿Cómo ignorar después de todo a un hombre que viajó de Guayana para acampar en el centro de Caracas; que llegó a cortarse un dedo en un morboso espectáculo improvisado frente a varias cámaras de televisión; que se cosió la boca y, por si faltaba algo, emprendió la primera de siete huelgas de hambre?

En julio de 2004 se le vio por primera vez en huelga de hambre en la plaza Miranda de Caracas. Al año siguiente prometieron cumplirle sus demandas, luego de retomar otra vez la protesta. Fue así como volvió a su casa ya no con los 105 kilos habituales sino con 98, pero con un papel que le garantizaba poder sembrar otra vez.

El Ministerio de Interior y Justicia, a la cabeza de Jesse Chacón, reconoció en 2005 los derechos de Brito sobre su propiedad y conminó a los vecinos a echar su cerca otra vez a un costado de la carretera. Sin embargo, al final nunca formalizaron el hecho. Ni siquiera ahora...

El 30 agosto del año pasado Brito murió en el Hospital Militar. El próximo mes habrá transcurrido un año y las famosas cartas agrarias que motivaron su protesta siguen vigentes; en el papel sus vecinos aún tienen derechos sobre 24 hectáreas de su fundo.

Elena Brito cree que el Gobierno nunca quiso admitir que el Instituto Nacional de Tierras cometió un error: "El Ministerio de Interior y Justicia reconoció la propiedad, pagó 70 millones de bolívares para volver a acondicionar el terreno, pero nunca devolvió las tierras, porque mi esposo no firmó un documento en el que le pedían decir que no le habían invadido".

60 kilos

Franklin José Brito Rodríguez nació en Irapa, estado Sucre, en 1960. Se mudó a Caracas para estudiar Biología en la Universidad Central de Venezuela; hizo prácticas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; trabajó en el Centro Médico Docente La Trinidad y, en algún momento, convirtió su carro en taxi.

En 1994 animó a su esposa a vender el apartamento que tenían en Caricuao para probar suerte en un pueblo del estado Bolívar. "Fue un cambio totalmente radical", cuenta hoy su viuda. "Queríamos luchar para tener un futuro mejor, y en el fundo depositamos todo para dejarle un patrimonio a nuestros cuatro hijos".

Si las colas para llamar por teléfono eran difíciles, mucho más la poca luz. A falta de cableado, el Guarataro dependía de una planta eléctrica. Allí llegaron los Brito. Sobre ese pueblo Franklin instaló La Iguaraya como homenaje a su esposa, Elena Iguaraya Rodríguez, y en ese mismo punto comenzó el primero de una retahíla de desencuentros que en 2007 lo mostraron protestando frente al TSJ con poco más de 60 kilos.

Se trata de una sucesión de eventos que Elena atribuye a un pase de factura del entonces alcalde del municipio Sucre, Juan Carlos Figarella: una plaga había arrasado con el ñame del Guarataro y frente a la proximidad de las vacas flacas, el funcionario introdujo ante la Corporación Venezolana de Guayana un proyecto agrícola al que Brito se enfrentó en nombre de la Federación Campesina de la zona.

Seguro de que era mejor sembrar otra variante de la misma especie antes que aplicar agroquímicos, Brito rechazó la solución oficial y planteó otra. "La alcaldía por eso dejó de percibir 1.000 millones de bolívares, yo imagino que a raíz de eso empezó todo", cuenta Elena.

33 kilos

Brito llevó su propuesta agrícola hasta la Asamblea Nacional. Ya se veía que no era persona de quedarse callado. Quienes lo conocieron por el pueblo lo definen como alguien conversador y amante de la naturaleza. Se identificaba con la izquierda por su papá, de quien siempre dijo que formó parte de la resistencia que el Partido Comuntista armó contra Pérez Jiménez en el estado Sucre. Además, era empecinado; aunque no lo dicen así lo pintan como terco.

Sea lo que sea, Jairo Torres cree el Guarataro no entendió la lucha de Brito. "Aquí pudo venir Vargas Llosa y lo hubieran visto como un tonto más, puede llegar Obama que sería cualquiera", dice sentado en el porche de su casa, donde conversaba con Brito.

Por supuesto, a nadie le alegró su muerte. Aunque cada elección el chavismo demuestra quién manda en casa, nadie del Guarataro celebró el final de este caso. Muchos, sin embargo, todavía rechazan las banderas de Brito. "A Frank le decían 'El rey de la patilla' y aquí se le reconoció más por eso que por su defensa por los derechos humanos", lamenta Torres. "Aquí el más bravo es el que se mete en una montaña y saca un millón de kilos de ñame y Frank lo hizo y consiguió las mejores cosechas de patilla de la zona".

En el liceo del pueblo, por su parte, algunos empleados no entienden por qué además de dar clases de biología, matemática y física, conminada a la población estudiantil a reclamar. "Alborotaba a los alumnos". Dicen que una vez los motivó a saltar la cerca de la institución educativa para protestar por mejores instalaciones.

Tiempo después Brito estaría al frente de otra clase de protestas. Aún en terapia intensiva radicalizó la huelga de hambre. Una semana antes de morir, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, fue a visitarlo y garantizó que todo se iba a resolver. Pero ese mismo día los sedantes ocasionaron problemas respiratorios que obligaron a entubar al paciente.

"Yo le pedí al ministro que, si iban a arreglar el problema que no mandara a nadie a hablar con Franklin, que le viera la cara si era que él podía engañarlo nuevamente", relata Elena. "Y Loyo fue, le dijo que todo se iba a resolver, que pusiera de su parte y nunca más volvió".

Brito al final llegó a pesar 33 kilos. "Yo misma lo cargaba", dice su hija Ángela. La autopsia indica que murió el 30 de agosto del año pasado de un shock séptico. Los familiares agregan que la temperatura de la terapia intensiva y las drogas que le dieron contra su voluntad fueron una tortura. En mayo por eso se les vio llevando una nueva denuncia al TSJ.

"Una vez encontré en la papelera un frasquito de Aloperidol", señala Elena. "Nosotros le exigimos al director de la terapia intensiva que nos explicara por qué le estaban poniendo una droga para gente con problemas de esquizofrenia, cuando Franklin siempre estuvo consciente".

Todavía la semana pasada había gente en El Guarataro que se refería a él como "El loco". Incluso algunos de los vecinos que llegaron a ocupar parte de su fundo. Son pocos los que quieren declarar a la prensa sobre el tema. Tal vez nadie quiere restregarle a su familia que no vale la pena sacrificar la vida, tal vez un año sea muy pronto para destacar su causa.

(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 31 de julio de 2011, a un año de la muerte de Franklin Brito.

Un poco más adentro, dejando atrás la valla, hay vacas, caballos, galpones, tractores, cultivos, una empresa de gas, otra imagen de Chávez, jóvenes y adultos trabajando. La búsqueda atropellada de la autosustentabilidad.

Las cuentas de los comuneros arrojan más de 400 cabezas de ganado, cerca de 500 hectáreas de siembra de maíz, 25 bombonas de gas doméstico distribuidas por mes, cinco unidades de producción y más de 7.000 habitantes representados por 22 consejos comunales que conforman la estructura administrativa de El Maizal.

Martina Peraza, una señora mayor, vocera del consejo comunal La Esperanza y encargada del banco de la comuna, señala un galpón a medio construir. “Ahí estará la planta de queso”, dice con entusiasmo. Es uno de los proyectos. Algunos están en marcha, otros en espera de recursos, pero todos estuvieron a punto de venirse abajo en diciembre del año pasado por orden judicial: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) invalidó la ocupación del terreno donde la comuna se asienta, expropiado seis años antes de ese hito por el Estado. El proyecto comunero de El Maizal pendía, y aún pende, de un hilo jurídico. Eso, además de los obstáculos que este tipo de emprendimientos colectivos normalmente enfrenta: un entorno hostil en lo político, la pesadez de la burocracia y las debilidades organizativas propias de una experiencia pionera, más desarrollada en la letra de la ley que en práctica.

Ese diciembre, en medio de una celebración que reunió a muchos de los campesinos sobre la platabanda de la futura quesera, Ángel Prado, vocero del consejo comunal Revolucionario Unido, recibió una llamada de la defensora del Pueblo de Lara, Elba Rodil, con la noticia. “Me dijo que tenía un documento que exigía la desocupación inmediata y la entrega del predio El Maizal a sus antiguos dueños, y yo me quedé frío, porque nunca nos imaginábamos eso. El Maizal ha asumido cierta vanguardia en la zona y no creíamos que eso pudiera ocurrir”, relata Prado y recuerda que fue el mismo presidente Chávez quien entregó el terreno.

La entrega ocurrió en marzo de 2009. El entonces mandatario nacional vestía su característico uniforme militar verde oliva y boina roja. Encabezaba una alocución desde la finca El Maizal, luego de un recorrido por el tramo vial Acarigua-Barquisimeto, junto al gobernador de Lara, Henri Falcón –hoy partidario de la oposición–, el gobernador de Portuguesa, Wilmer Castro, y el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello –actual presidente de la Asamblea Nacional–. “Con este proyecto está naciendo una comuna socialista que abarca parte de Lara y parte de Portuguesa (...) Si nosotros no intervenimos los latifundios, esta autopista a quien beneficiaría es a los latifundistas. La autopista tiene que ser un motor para que se genere una nueva realidad geopolítica”, sentenció. Y regresó en noviembre para la transmisión de su programa Aló, Presidente, número 344, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Varios miembros de aquella comuna recién creada mostraron sus avances de entonces: siembra de caraotas negras, tratamiento de semillas, control biológico, mecanización agrícola.

--A nosotros nos engañaban en esos campos, todos esos latifundistas-- dijo uno de ellos.

--Los engañaban, los engañaban-- asintió el presidente. Y al rato, agregó: --Ahora fíjate una cosa, si la contrarrevolución llegara otra vez al poder en Venezuela todo esto se acabaría.

--Sí.

--¡Todo!-- enfatizó Chávez.

La orden de desalojo

La defensora Rodil le informó a Prado, quien también está al frente del banco de la comuna, que debía presentarse en su despacho con varios colectivos de la zona para entregarle el documento que ordenaba el desalojo de los comuneros. Lo recibieron pero no se quedaron de brazos cruzados y convocaron una rueda de prensa con la finalidad de rechazar la decisión del TSJ.

La Sala de Casación Social del máximo tribunal declaró con lugar el recurso de apelación de la Agropecuaria El Maizal S. A., antigua propietaria de la finca, y anuló la acción del Instituto Nacional de Tierras (Inti), que en febrero de 2009 declaró la hacienda como terreno ocioso –no productivo–, carente de pruebas suficientes sobre su propiedad privada, y, por lo tanto, propenso a que el Estado lo expropiara de acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esa medida había derivado entonces en la emisión de una carta agraria que permitía la ocupación de la finca por parte de los consejos comunales.

Pero como el Inti nunca consignó ante el juicio del caso el expediente administrativo que demostraba la inutilidad de las tierras, el TSJ lo consideró una violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Los abogados de la Agropecuaria El Maizal jamás tuvieron acceso al informe que respaldaba la expropiación. Por eso, la corte invalidó el proceso del Inti y por lo tanto, la carta agraria de la comuna, firmada por el propio Chávez.

Esa misma semana, Prado, ajeno a la evolución del juicio, campesino maicero, líder en la comuna, viajó, angustiado, a Caracas para participar en el Consejo Presidencial de las Comunas. Había 120 comuneros de todo el país, muchos atentos a su situación: comentaban entre ellos que antiguos dueños de fincas expropiadas en Apure, Barinas y Portuguesa estaban solicitando la devolución de las tierras amparados por el caso de El Maizal. “Si hicieron esto donde Chávez estuvo dos veces, más rápido lo hacían donde Chávez no fue”, dice Prado, quien participó en la Mesa de Agricultura del consejo presidencial, una actividad de cuatro días que cerró con un conversatorio con el presidente Nicolás Maduro, el heredero de la administración chavista. Solo hablaría un vocero de cada una de las mesas y Prado fue elegido en la suya para exponer su problema. “Sin que yo todavía hubiese tocado el tema, el presidente automáticamente preguntó si yo era de la comuna El Maizal, porque tenía una franela puesta”, cuenta.

El mandatario desconoció el carácter autónomo del Poder Judicial e informó, en televisión nacional, haberse comunicado con la presidenta del TSJ para la restitución de la carta agraria. “Espero que a través de los mecanismos constitucionales, muy pronto, así lo digo como jefe de Estado, se corrija la inaudita decisión de quitarle la carta agraria sagrada que le entregó Hugo Chávez a los campesinos de El Maizal. ¡Sagrada!”, dijo, alzando la voz. En menos de una semana, el TSJ suspendió cautelarmente la sentencia para su revisión.

“Me engañaron”

Orlando Alvarado, propietario de la Agropecuaria El Maizal y antiguo dueño del predio hoy convertido en comuna, creyó por esos días que finalmente recuperaría la finca. A sus 69 años, aún se defiende: afirma que sí había producción en su hacienda y que el mismo Chávez lo había reconocido. “Él vino antes del 92 y yo lo apoyaba al principio, porque los adecos y los copeyanos nos tenían obstinados. Lo veíamos con mucho entusiasmo, pero después se volvió irreal. Él me felicitaba por la finca”, asegura. Y hace un recuento, advirtiendo imprecisiones de una memoria desgastada, de sus resultados: entre 700 y 900 becerros al año, 30 empleados –20 fijos y los demás contratados–, alianzas con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para prácticas y pasantías, extracción de miel e, incluso, una explotación minera: “Hay una mina de arena incalculable allí”.

La Agropecuaria El Maizal está inscrita en el Registro Mercantil Segundo de Lara desde 1983. Antes de 2007 la compañía estaba en manos de Clara Camejo Campins y su esposo Humberto Campins Macías, quienes vendieron sus acciones a Manuel González y Orlando Alvarado, respectivamente, en 2007, aunque Alvarado figura como director de la compañía desde mucho antes del cambio de propiedad. Al año siguiente, la finca fue incluida en los 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante el gobierno de Chávez.

Guido Pérez trabajó en el predio por 18 años y su esposa, María Olivo, por 25. Ambos quedaron sin trabajo tras la expropiación, pese a las promesas del entonces presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, de garantizar puestos laborales a los empleados de la finca. “Dijo que los trabajadores no tenían de qué preocuparse. Yo estaba ahí, nadie me lo contó”, recuerda. Como administrador de la hacienda, organizó ante la Inspectoría del Trabajo, a solicitud del Inti, los papeles de cada uno de los campesinos: seguro social, pasivos laborales. Dice que hubo muchas promesas, pero no los reengancharon.

Y aparentemente, no serían los únicos defraudados: “A mí me engañaron. Yo me mantuve de bajo perfil porque me dijeron que me iban a pagar. Diosdado Cabello me lo dijo personalmente, que no me preocupara, pero eso fue embuste porque pasaron un poco de años y no han pagado nada”, reclama Alvarado.

El sector agropecuario fue su vida. Aprendió a sembrar maíz cuando trabajaba en la administración pública. Después, se graduó de perito agropecuario y pasó a la actividad privada. No tiene relación con la comuna y pone en duda su funcionamiento. “Es una finca que me da lástima el estado en que está ahorita, eso está destrozado”, considera.

La defensa de la Agropecuaria El Maizal presentó en 2010 tres testigos –un profesor del departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la UCLA, un ingeniero en Informática y un ingeniero agrónomo– para certificar la productividad agropecuaria, pero su valor probatorio fue desestimado por el tribunal.

Por ello, el antiguo administrador Guido Pérez, quien también es abogado, advierte que el triunfo momentáneo de Orlando Alvarado y su socio obedeció a la falta administrativa del Inti y no a una victoria en materia de reconocimiento del derecho de posesión. “No convalida la propiedad sobre los terrenos, sino que invalida el proceso porque hubo una omisión en su debido momento al no consignar el expediente administrativo”, explica. No recuerda haber visto, en sus casi dos décadas laborando en El Maizal, alguna vez a funcionarios del Inti inspeccionando el área y se pregunta por qué este organismo nunca consignó el documento de aquel proceso. “O sea que el Inti no tenía ese expediente y esa fue una decisión en el aire. Para declarar tierras improductivas debe haber un estudio. Los actos administrativos deben estar sustentados, no deben ser por capricho”.

A diferencia de su antiguo jefe, Pérez ratifica la actividad productiva de la comuna en materia agropecuaria y de servicios sociales. “¡Decir que no es injusto!”, reconoce, pero lamenta que no tomaran en cuenta a los trabajadores de antes.

Prado, con una larga experiencia campesina, reconoce: “Antes de 2009 aquí había producción, pero los dueños arrendaban las tierras a los pequeños productores (…) Eran obreros de quien les arrendaba la tierra, pero con la llegada de la revolución eso se revirtió”. Cuestiona la propiedad privada sobre El Maizal desestimando antiguas reformas agrarias que favorecieron la concentración de tierras en pocas manos. “Es una cuestión jurídica que deben dilucidar los tribunales”, resume al respecto el abogado Pérez.

¿A quién le importa la comuna?

Sentados sobre tierra preparada, removida para la siembra, nueve personas descansan de la jornada que cumplen diariamente en los invernaderos del Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT), ubicados a pocos kilómetros del predio, asumidos por la comuna desde el año pasado. Ana Faneite explica que esos espacios estaban abandonados, sin cultivos, sin nada. El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) impartió un taller a varios comuneros y desde entonces a cada uno le corresponde trabajar un invernadero. Siembran pimentón, tomate, apio, lechuga. Siembran con recursos propios porque el Fondas no ha enviado recursos en lo que va de año. Siembran con los excedentes de su producción más rentable: el maíz.

Martina Peraza, entre las figuras más antiguas de la comuna, no escatima en referir otras indiferencias gubernamentales de la administración chavista: el alcalde del municipio Simón Planas, Fermín Marín, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) –el partido de gobierno–, da la espalda a sus llamados. “A él no le gustan las comunas. ¿Por qué? Bueno, porque las comunas le quitan dinero a las alcaldías, porque dicen que somos organismos paralelos”, opina. La Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), promovida por el Gobierno nacional y el Psuv, también es catalogada como un ente paralelo a la Gobernación, pero tampoco, dice Peraza, responde a las solicitudes de apoyo económico. “Luis Reyes Reyes [presidente de Corpolara, exgobernador del estado] tampoco nos ha dado nada”, afirma con propiedad en su rol al frente del banco comunal.

Las empresas “Ezequiel Zamora”, de siembra y mecanización, “Argimiro Gabaldón”, de producción de ganadería y carne, “Camilo Cienfuegos”, de distribución de gas doméstico, y “Simón Bolívar”, la bloquera comunal, todas a cargo de El Maizal, todavía no alcanzan el sueño de la autosustentabilidad y dependen de recursos del Estado para su desarrollo. Los reciben por proyecto, de parte del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc) –llamado Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp) desde octubre de 2014–, del  Fondo de Desarrollo Microfinaciero (Fondemi) y un apoyo puntual de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv). Pero solo algunos de los proyectos son aprobados y en total suman 64 millones de bolívares recibidos, más de la mitad destinados a construcción de viviendas.

Hasta ahora, solo la producción maicera genera excedentes (38.000 bolívares en 2010, 1,2 millones en 2011, 590.000 en 2012,  900.000 en 2013 y 10,8 millones en 2014), pero aprovecharlos también ha sido cuesta arriba: miembros del parlamento de la comuna, conformado por 22 personas –un representante de cada consejo comunal–, explicaron que venden sus cosechas a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), cuyos pagos, que debe tramitar el Fondas, sufren retrasos de hasta un año. Afirman que eso no los detiene, que siguen trabajado, con deudas y trabajo voluntario. Y que por eso, indignados, desmintieron las declaraciones del gobernador Henri Falcón, durante las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y partidarios de la oposición, que señalaban una mala gestión del fundo. Lo negaron y lo invitaron, como invitan al alcalde, a visitar la comuna.

Mientras tanto, buscan modos de producción y autosustentabilidad: tienen en lista un restaurante, una planta de harina para procesar el maíz, una planta productora de café, entre otros, algunos posibles con recursos propios, otros solo con ayuda del Estado. De los proyectos en marcha, no hay respuesta precisa sobre el historial de producción de todas las empresas. “Aquí han pasado varias gestiones y hay compañeros que se han ido y se han llevado la información por cuestiones internas, contradicciones”. Es una tarea pendiente, que, dicen, mejoró con la conformación del parlamento en 2013, y ahora incluso asesoran otras experiencias comunales.

Un mes antes de despedirse ante el país para viajar a un tratamiento oncológico al que no sobrevivió, Chávez, recién reelecto en la presidencia, regañaba a sus ministros por no atender a las comunas. “He pensado en echar atrás y eliminar el ministerio, porque nosotros hemos asumido que el problema de las comunas es de un ministerio y eso es un gravísimo error que estamos cometiendo, no lo cometamos más, Nicolás”, dijo, alzando la voz, y luego, pausadamente, se dirigió al entonces vicepresidente, quien hoy encabeza el gobierno central: “Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas (…) ¿Será que seguiré clamando en el desierto por cosas como estas?”. El Maizal aún le toma la palabra.

Herald Crespo suelta la frase y repara en la ironía que contiene, luego de sorber refresco de un vaso plástico y pensar en sus antiguos jefes del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT).

A las dos de la tarde de un caluroso día de mediados de marzo el hombre, de 35 años, sentado a la sombra de un árbol, conversa con soltura en el patio trasero de la Comandancia de la Policía del estado Apure (en San Fernando, capital de ese estado llanero del suroccidente de Venezuela). Allí se encuentra detenido desde hace tres meses por comerciar ilegalmente, según el Ministerio Público, con los rebaños de Agroflora, la empresa ganadera más grande y longeva del país, expropiada por el Estado en 2011 y ahora investigada por el Sebin (Servicio bolivariano de inteligencia, cuerpo de policía política del Estado). El hombre cuenta su caída como directivo de la Agropecuaria Flora C.A. (conocida en la zona Agroflora o Compañía Inglesa, la principal persona jurídica entre los activos adquiridos por vía forzosa en 2011 a la centenaria empresa de carnes Vestey Farms), un descenso que explica los resultados palpables hoy día de la socialización de los medios de producción en Apure, estado que alguna vez fuera el primero en producción pecuaria: escasez de carne y altos precios en todo el país, a pesar de las regulaciones.

Crespo se defiende. “No es cierto que vendí reses ilegalmente. Agroflora nunca presentó ni desfalco ni déficit. Era una empresa modelo del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). Aun así, el Sebin me sacó de la empresa esposado como vil ladrón; más bien deberían hacerme un monumento por haber demostrado que una empresa del Estado sí puede ser eficiente”, esgrime sus argumentos.

Junto a seis personas más, el administrador de 35 años de edad egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue imputado por peculado doloso contra el Estado y asociación para delinquir. A su antiguo supervisor, el ex viceministro de Producción Agropecuaria Tomás Rodríguez, y al tercer director, José David Cordero, los sigue solicitando la justicia por el mismo caso. La supuesta venta ilegal de reses ocurrió en octubre, un mes después de cambios clave en la cúpula del despacho del MAT  para enfrentar “la guerra económica”, de la que el Gobierno de Nicolás Maduro dice ser víctima. La coincidencia agravó los hechos.

En septiembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro destituyó al entonces ministro del MAT, Yván Gil, y nombró a José Luis Berroterrán. El agrónomo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV),  inició de inmediato una reestructuración del despacho que comenzó con la intervención de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), a la que están adscritas 163 unidades agropecuarias (entre ellas, los hatos expropiados), 62 agroindustriales y 25 de mecanización. Así mismo, destituyó a la junta directiva de Agroflora, integrada por Rodríguez, Crespo y Cordero.

En medio de la designación de una nueva junta –publicada en Gaceta Oficial el 8 de octubre– Crespo realizó la venta por la que la Fiscalía le acusa de disminuir los rebaños estatales de Agroflora (en 2011 representaban cerca de 6% del total de cabezas de ganado del país), comercializar a discreción sin una estructura de costos ni clasificación de precios de animales y focalizar las ventas a empresas privadas.

Llamadas van y vienen

“Esa tarde del 14 de octubre me entraron al celular unas 20 llamadas perdidas de Crespo. Yo estaba en un lugar sin cobertura en el hato Turagua (municipio Muñoz, Apure) y había dado la orden de que las novillas no salieran”, recuerda Gustavo Araujo, administrador del hato, quien había trabajado con los ingleses y llevaba casi dos años al mando de Crespo. “Ese día fue que reventó el problema. A mí esa venta no me parecía”, recordó sentado en la oficina administrativa de Turagua, uno de los 11 hatos pertenecientes a Agroflora.

El afán de Crespo –desde Valencia, capital del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) – por hablar con Araujo se debía a que este objetaba la venta de 300 novillas para cría que días antes había concretado con la empresa Agritecni Servicios. “Seis días antes habían designado la nueva junta y ya él no tenía mando, aunque nos dijo a los empleados que sí”, recordó Araujo.

La noticia de la transacción corrió ese día como pólvora hasta Caracas, donde el recién designado ministro Berroterán reaccionó con una orden de suspensión inmediata de movilización y venta del ganado para todos los hatos de la empresa.

Reacio a los cambios, Crespo insistió en que Araujo despachara el ganado desde Turagua y envió una carta a la oficina del fundo responsabilizándose por la venta. “Tuve dos razones para hacerlo”, explica Crespo desde su prisión apureña. “Una, el Tribunal Superior Agrario de Aragua, responsable de la intervención estatal de Agroflora en 2011, no había autorizado para el momento a la nueva directiva, como sucedió cuando me nombraron a mí”. La segunda, la anuencia de los entrantes. “En la primera reunión que tuve con ellos el 10 de octubre, los nuevos directivos me dijeron que yo seguía mandando y que continuara con las operaciones. Cuatro días después me dijeron que estaba robando ganado”, relata.

Lo que ocurrió luego está descrito en las actas de la causa penal No 1C-19.962-14 del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de San Fernando de Apure. Seis gandolas –con 50 novillas cada una– fueron despachadas del hato Turagua hacia el centro del país. La Guardia Nacional las detuvo (en Camaguán, estado Guárico, y Achaguas, estado Barinas). La Fiscalía consideró varias irregularidades: la venta se había hecho a espaldas de la nueva directiva; las guías de movilización no estaban firmadas por esta; y las facturas indicaban que se vendía ganado de descarte (para matadero, a 9.000 bolívares cada res, el equivalente a 46 dólares según la tasa oficial Simadi de referencia) cuando se trataba de novillas para cría (a 20.000 bolívares cada res o 103 dólares por la misma tasa), según informe de perito.

El punto es esencial: el kilo de res para matadero está regulado, las novillas no. Por esa razón la Fiscalía identificó un daño al patrimonio del Estado, que habría dejado de percibir 3,3 millones de bolívares (cerca de 17.000 dólares) por la venta. Tres días después el Sebin aprehendió a Crespo en Valencia. El cargo de asociación para delinquir está sustentado, según la Fiscalía, en la relación del ex director de Agroflora con una empresa privada que regentaba el matadero de Quíbor (estado Lara, centrooccidente de Venezuela), que comercializaba ganado de la estatal sin que las ganancias fueran traspasadas al Estado.

La suma y la resta

El caso refleja que hay una zona gris de distorsiones entre lo regulado y lo desregulado en una misma cadena productiva. Fuentes en Caracas, así como en los estados Apure, Aragua y Carabobo –de fuerte actividad pecuaria– indican que es allí donde muchos hacen sus ganancias, a semejanza de los importadores con dólares preferenciales. El esquema: empresas de relacionados –“enchufados” – a la directiva de Agroflora le compraban ganado joven (novillas, mautes, mautas y toretes) a la estatal que luego vendían a precio de mercado a mataderos de particulares en Maracay y Valencia. “Los directivos pedían dos cheques: uno a nombre de Agroflora con el monto correspondiente a los kilos de carne a precio publicado en la Gaceta Oficial, y otro con la diferencia de precio con respecto al precio del mercado”, indicó una fuente de una compañía agropecuaria. Cuando la noticia se extendió en el medio, hubo un cambio de estrategia y los negocios se hacían con mataderos estatales y empresas de maletín.

Crespo lo niega: “La gente dice que yo tengo millones de dólares. No es así. No estuviera aquí”. También niega los alegatos de la Fiscalía diciendo que lo que es descarte para Agroflora es riqueza para otro productor. “Por criterios técnicos, unas novillas que no engordan lo suficiente en un plazo perentorio, deben ser sacadas al mercado”. En este punto concuerdan ganaderos consultados. “Como no están reguladas, tú puedes vender novillas para cría en lo que te dé la gana”, continúa Crespo. “Yo las vendí a un precio que le generó ganancias a Agroflora, que no fue a precio del mercado negro (entonces entre 50 y 60 bolívares el kilo) ni regulado (de 8,52 bolívares, según Gaceta Oficial de 2013), sino una media calculada por mí luego de un análisis de indicadores macro y microeconómicos de las principales ciudades del país”.

Ese precio era de 30 bolívares por kilo para el ganado en pie, apenas la mitad del precio que imperaba en el mercado libre o negro. “Eso siempre tuvo la anuencia del ministro Gil, que sabía cómo Tomás Rodríguez y yo determinábamos el precio. Gil sabía que vender a precio de Gaceta Oficial era quebrar la compañía”. Afirma que Rodríguez siempre se negó a abogar ante Gil por un alza en el precio oficial, y así sincerar la situación. Argumentaba que no era pertinente porque podía incidir en la ya alta inflación. Sin embargo, admitió que sus cálculos admitían discrecionalidad. “Vendí a muchos militares retirados, que tienen fincas privadas en Barinas y Apure pero no en las cantidades ni en los precios que me pedían. Yo sí me los clavaba, a altos precios. Porque esta es la cuestión: mientras que le vendía a la CVAL y la gobernación de Apure a bajo precio y perdía, yo compensaba cuando le vendía caro al privado”.

“¿Cómo le puedes exigir al privado que venda a precio regulado si la empresa principal del Estado no lo hace? Es cínico”, admite. Pero explica que, por los volúmenes de producción que colocaba en los mataderos, la empresa estatal era referencia para fijar el precio nacional de la carne. “Es una especie de OPEP en materia cárnica”, aventura una imagen. “Y yo tenía la alta responsabilidad ante la nación de mantener los precios. Si no, el mercado se disparaba”.

Si cometió algún delito, dice, pudo haber sido contra los Vestey, la dinastía inglesa que fundó Agroflora en 1913 y que demandó a Venezuela ante el CIADl (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial) por la expropiación de sus 11 hatos. El caso está activo: en febrero las partes sostuvieron una audiencia en París. “Ellos podrían demandarnos a mí y a Tomás Rodríguez por desviación de ganancias”, asoma, ya que fueron depositadas en el Tesoro Nacional. “Lo hicimos con compromiso patrio y plena conciencia de que no debimos hacerlo, ya que no ha habido expropiación completa. ‘Si nos ganamos un peo, nos lo ganamos, pero con ese dinero el Estado puede recuperar otras empresas’, nos dijimos”. Ni Vestey LTD en Londres ni la representación legal de Agroflora en Valencia respondieron a las solicitudes de entrevista realizadas para este trabajo. Tampoco lo hizo la oficina actual en el Banco Agrícola de Yván Gil, ex ministro del MAT y entonces superior de Crespo.

Rescate y robo

“Por esa situación es que estoy yo aquí”. Rogelio Aponte –sustituto de Crespo en la nueva directiva de Agroflora designada por el ministro Berroterán– espera impaciente que se consuma una venta de ganado, sentado en la sede administrativa del hato Turagua, a 200 kilómetros de San Fernando. “La visión es que todo lo que toca el Gobierno se acaba y la verdad es que ha habido muchos malos administradores en estos hatos del Gobierno y de Agroflora”. Esgrime un dato: Apure estuvo en primer lugar de producción, ahora está de quinto.

Un secreto a voces es que los jefes de las fincas están vendiendo reses para pagar la nómina, todo un despropósito cuando la razón original de las expropiaciones fue la de  mejorar la producción ganadera y garantizar el consumo de carne a la población.

Las últimas Memorias y Cuentas del MAT son fotografías parciales porque dejan por fuera la situación de más diez hatos, solo en Apure. Aun así, reflejan el declive: el hato Marisela (antiguo El Frío) produjo en 2012 66% menos, en volumen de carne, que en 2011; Bravos de Apure (antiguo El Cedral), solo produjo 37% de lo pautado para 2012, mientras que en 2014 logró 26% de lo planificado; el hato Santos Luzardo sí cumplió la meta de kilos de carne en pie (1,5 millón), pero en materia de reproducción no logró los objetivos. Otros hatos han reducido sus rebaños, como El Porvenir (18.000 animales en 2011, 9.000 en 2013), y El Frío-Marisela (de 22.000 a 2.000), según personas relacionadas con sus antiguos dueños.

Aponte tiene explicaciones para la escasez de la carne y los altos precios. “El abigeato es una de las razones. Ocurre todas las noches. Aquí en Agroflora se ha llegado al extremo de ver robos de rebaños por arreo por parte de personas con fusiles”.  Explica que el destino es la vecina Colombia, donde pagan el kilo del ganado vivo en 200 bolívares, casi cuatro veces más que el precio regulado y el doble del precio del mercado negro en el país. También se queja de la práctica de los hatos del gobierno de “regalar” ganado a los poblados vecinos y, en especial, a la Guardia Nacional, que es la que más pide. “Eso se tiene que acabar porque ¡los reales no se ven!”.

La disparidad de precios también complica y confunde la situación: es la zona gris donde Crespo hizo sus cálculos. “Tengo dos meses en el cargo y tengo tres documentos oficiales para vender la carne: la Gaceta Oficial; las resoluciones de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Precios Justos (Sundee); y los acuerdos entre las asociaciones de ganaderos y el MAT, el último del 20 de febrero de 2015 . Ninguno se respeta”.

Aponte concede que ninguna actividad económica se hace para perder, pero critica a los ganaderos privados –que presionan al gobierno para un alza de los precios– por incluir costos no necesarios para elevar la estructura de precios de la carne, como el alambre para cercar.  La cadena de comercialización también encarece el producto, dice. Coloca su fe en que los precios bajarán una vez que se inaugure el Matadero Industrial de San Francisco (municipio Muñoz de Apure), con capacidad para procesar 500 reses al día y que lleva tres años en construcción.

Por ahora Aponte tiene dos mandatos directos del interventor de la CVAL, José Leonardo Patiño. Uno es concentrar las ventas en el pequeño productor; el segundo es no facturar a particulares. “La CVAL fue creada para aportar a la seguridad y soberanía agroalimentaria”, indicó una nota del MAT en enero, cuando se realizó la discusión del Plan de Abastecimiento de Productos Cárnicos para combatir la “guerra económica dirigida por la derecha venezolana”. El plan no es más que acuerdos de producción, procesamiento y comercialización de los alimentos a cargo de la institución.

Mafia conocida

Trabajadores de las agropecuarias y diputados locales han apuntado sin temor a una supuesta “mafia de la carne”, según la prensa local. En 2010 trabajadores del hato Marisela (El Frío), denunciaron al entonces administrador Aníbal Espejo, por supuesto tráfico de ganado ante la prensa. Espejo es diputado suplente ante la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue uno de los procesados –y sobreseídos– por los hechos violentos de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, durante el Golpe de Estado que desalojó al presidente Chávez del poder por 47 horas. También el diputado nacional (Apure) Orlando Zambrano ha acusado a Juan Carlos Rodríguez Torres (hijo del alcalde de Guasdualito-Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis, y hermano del ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres), de estar vinculado al abigeato. El Frente Zamorano y el Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta, que han protagonizado invasiones a los hatos, han lanzado acusaciones similares.

Voces que prefieren no identificarse –veterinarios, ganaderos, políticos locales– nombran a ex funcionarios de las gobernaciones de Apure y Barinas, ex funcionarios del MAT y militares retirados como integrantes de ese círculo.

Los últimos cambios emprendidos desde Caracas por el ministro Berroterán contra la ineficiencia del sector, apuntarían a acabar con la supuesta corrupción en los hatos, lo que ha reactivado una batalla por el control político de los mismos. El principal escenario ahora es la Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A., una entidad del MAT creada en julio de 2014 y con sede en Mantecal (capital del municipio Muñoz), cuyo objeto es lograr la “eficiencia del sector ganadero”. Su junta –de la que Crespo era miembro– fue destituida y renovada en diciembre.

La avidez radica en que la corporación centralizará a los 19 hatos expropiados en el estado y será el centro del Plan Cárnico nacional, proyecto que intentará levantar la producción. Su presidente es Tulio Aguilera, anteriormente administrador del hato Bravos de Apure, a quien nombran como “el rey del ganado”. Varios grupos asoman la cabeza para tener vara alta allí: la gobernación, la alcaldía del Alto Apure, el Instituto Nacional de Tierras y el Frente Campesino Zamorano. Las ganancias serán dirigidas al Fondo de Eficiencia Socialista. Una de sus cláusulas trata sobre la “aplicación de los principios socialistas”, y establece que el “fin esencial de la producción” es la “justa satisfacción de las necesidades de todo el pueblo venezolano”.

¡Hagan la cola que llegó la carne!

Mientras los cambios bullen en Mantecal y el Sebin continúa investigando, en San Fernando no hay carne a precio regulado. El mercado municipal –donde hace unos años se vendían 600 reses a la semana en 75 puestos– es una réplica de la situación en Caracas: estantes vacíos. A lo sumo, carne de tercera (vísceras, asadera, bofe) que nadie compra.

Una resolución emitida por la alcaldía en marzo reciente abarató los precios aún más que el resto del país –el kilo de carne de primera a 185 bolívares (o 95 céntimos de dólar), mientras que en el resto del país estaba regulada a 220. Pero muy pocas personas llegan a comprar a este o cualquier otro precio por los canales regulares: el despacho de reses ha disminuido drásticamente y las filas para comprar son de hasta tres horas. “¡Hagan la cola que viene la carne!”, grita un hombre. ¿Viene la carne? “No sé, eso dicen”, comenta un visitante en medio del agolpamiento de gente. “Hay carne cuando la alcaldía quiere enviar. Uno hace la cola y se acaba rapidito”, dice otro comprador.

Nelson García, carnicero del mercado municipal, dice que antes le ganaba 60% a la carne que compraba en el matadero. “Ahora no más de 40%”. Una vaca sacrificada y colocada en canal llega a pesar 180 kilos, por la cual se pagan 20.000 bolívares (103 dólares). Luego está el costo del traslado, explica. “Si compro diez vacas a un productor en el interior, debo sumarle 6.000 bolívares en peajes: la guía de inutilidad porcada animal, las copias de los permisos sanitarios del INSAI, y la propina a la Guardia Nacional”.

Desde octubre una cooperativa ligada a la alcaldía intermedia la compra y venta en el matadero municipal de San Fernando, a precio regulado, y desplazó la venta a libre mercado. Los carniceros y productores de ganado se quejan de que ahora pierden dinero porque cuando van al matadero a sacrificar reses, la cooperativa paga la mitad de los animales a precio oficial y el resto a precio de mercado, una práctica similar a la que hacía Crespo. “Eso es discrecional e ilegal”, dice García.

Los ganaderos privados presionan por la alineación de los precios oficiales con la realidad del mercado. En Caracas, el Consejo Venezolano de la Carne (Covecar) y Fedenaga indican que, entre 2007 y 2015, los acuerdos con el MAT y el Ministerio de Alimentación siempre fueron tardíos e insuficientes. En enero se instalaron mesas técnicas para definir nuevos precios con el MAT, que no arrojaron resultados. El gobierno terminó haciendo unos ajustes que no recogían las sugerencias de los particulares y un crédito adicional por 2,45 millardos de bolívares para importar 50.000 en los próximos 5 meses.

“Lo que está pasando hoy es consecuencia de lo que sucedió hace 4 años atrás, cuando el ministro Juan Carlos Loyo estuvo imprimiendo terrorismo agrario con una pistola en su guerra contra el latifundio”, dice Carlos Rodríguez, directivo Convecar. “Tomará al menos cuatro años más revertir la tendencia a la escasez de carne”, dice Otto Gómez, presidente de la institución. Además de las expropiaciones y el rezago de los precios, la creciente inflación generó desinversión en las empresas privadas que quedaron en pie. El resultado es una baja productividad. En la actualidad, Venezuela ya no es autosuficiente, como llegó a serlo en los años 90. Menos de la mitad del consumo nacional (45%) queda cubierto con la producción local. El resto es importación. Pero esa es una historia paralela.

Con la publicación de la gaceta extraordinaria 5.990 el jueves 29 de julio de 2010, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) inició su proceso de liquidación.

En el mes noviembre del año 2001 nació, y el 18 de mayo de 2005 se reformó a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario esta corporación con aspiraciones de gigante, que funcionó para crear y absorber compañías del Estado vinculadas con el sector agrícola, pero también para quedar a cargo de 31,3% de las empresas expropiadas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010.

Hasta el momento de su liquidación, la CVA, con sede en Barquisimeto, estado Lara, tenía como fin, según su página oficial, “impulsar el aparato productivo agrario, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agropecuario en el país”. Pero también había servido como plataforma venezolana de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a través de la creación de empresas mixtas con el gobierno de la República de Cuba.

La lista de sociedades, que formaban parte de la Corporación, está conformada según su espacio en Internet por 12 empresas: CVA Lácteos, CVA Azúcar, CVA Café, CVA Cereales y Oleaginosas, Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, Cacao Oderí, CVA Leander Carnes y Pescados, Café Venezuela S.A., Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba y CVA Cultivos Varios S.A. Pero esas no son todas las que son.

Estas empresas y las no incluidas en el grupo que la CVA reconoce oficialmente –entre ellas, algunas sociedades creadas por la Corporación, las transferidas por otros organismos del Estado y las compañías expropiadas que se adjudicaron al ente- se verán afectadas con la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).

Sabor cubano

Desde enero de 2007, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) había realizado inversiones millonarias para crear compañías relacionadas con distintos productos agrícolas: carne, cacao, arroz, leguminosas, leche y azúcar, entre otros. En un periodo de 42 meses (3 años y medio) gastó BsF. 22.433.313 ($ 10.433.471, según el cambio oficial vigente) para lograr esto y dar respuesta a la política agrícola nacional, a través de nuevas “empresas de producción social”.

Así surgieron 16 compañías, creadas por decreto presidencial y puestas a cargo de este Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. La inversión más fuerte se hizo entre 2007 y 2008, años en los que tienen su partida de nacimiento 93,75% (15) de estas empresas. Después de este momento, que coincide con la publicación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-en el año 2007, solo una fue creada en 2010.

En ese plan de la Nación, que establece las políticas de desarrollo económico y social entre 2007 y 2013, se define que “el Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social (EPS), que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas”.

En este tiempo y a través del mecanismo de creación de empresas, la CVA también fue plataforma de los acuerdos firmados entre Venezuela y Cuba, que surgieron a partir de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). 50% de las compañías creadas desde enero de 2007 por esta corporación, tienen como aliado a la República de Cuba.

Las ocho “empresas mixtas socialistas” que surgieron por esta alianza binacional poseen un modelo común: 51% de las acciones pertenecen al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y 49% a una empresa de la República de Cuba. Todas, menos una, nacieron con un capital inicial de BsF. 53.745 ($ 24.997,7).

La que sale del molde es la Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba, S.A. que, aunque tiene la misma distribución de acciones, muestra un capital inicial de BsF. 5.300 ($ 1.232,6).

De este modo, la inversión total de la alianza suma BsF. 381.515 ($ 176.216,3) por el capital inicial de las empresas. Esta alianza binacional abarca a las siguientes sociedades: Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba, Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba, Empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Porcinos del Alba, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industria del Alba y Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba; Venezuela colocó BsF. 194.563 ($ 89.866,5) y Cuba BsF. 186.952 ($ 86.349,8).

Petróleo para comer

Otro mecanismo que terminó engrosando la lista de empresas adscritas a la Corporación Venezolana Agraria (CVA), antes de su liquidación, fue la transferencia de compañías de un organismo del Estado a otro. Por esta vía, se sumaron al listado cuatro empresas que estaban relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval).

En fecha tan reciente como el lunes 31 de mayo de 2010 (es decir, dos meses antes de que se decretara la liquidación de la CVA), a través del decreto 7.418 pasaron a manos de la CVA: Lácteos Los Andes C.A. (Mérida), Industrias Diana C.A. (Valencia), Productos La Fina C.A. (Valencia) e Indugram C.A. (Valencia). A excepción de Lácteos Los Andes, relacionada con la producción de lácteos, las otras tres empresas estaban dedicadas al procesamiento del aceite de palma.

La transferencia fue atribuida a la necesidad de “concentrar en un solo órgano, la adscripción de todas las empresas públicas vinculadas al sector agroalimentario, con el objetivo de asegurar y garantizar, el óptimo ejercicio de sus actividades dentro de las competencias que le han sido otorgadas”.

En esos días, aparecieron los primeros contenedores con alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, que correspondían a la cadena de comercialización de Pdval. También el jueves 13 de mayo (esto es, dos semanas antes de que Pdvsa transfiriera a CVA empresas bajo su control), la Asamblea Nacional había sancionado la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA). Una vez publicada en Gaceta Oficial –dos meses después-, se iniciaría el proceso que pondría fin a la empresa que absorbió las compañías antes a cargo de Pdval y Pdvsa. En otras palabras: la muerte de CVA ya estaba decidida pero, no obstante ello, Pdvsa prefirió pasar sus empresas agroalimentarias a una corporación que tenía los días contados.

Expropiadas

En su trabajo como corporación, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) no solo creó y recibió empresas de otros organismos del Estado. Su patrimonio fue engordando al engullir un grupo importante de compañías expropiadas por decreto y relacionadas con el sector agrícola.

De las 48 adquisiciones forzosas a causa de utilidad pública o social establecidas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010, 15 (o 31,3%) fueron asignadas a compañías actualmente en proceso de liquidación. Todas ellas llegaron a ser parte de la CVA.

La mayoría de las empresas fueron afectadas por el decreto de adquisición forzosa entre 2009 (33,3%) y 2010 (46,7%), poco antes que se imprimiese la partida de defunción del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y sus empresas. Solo tres fueron expropiadas en 2007: Frutícola Caripe (Monagas), el Frigorífico Industrial Barinas (Barinas) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Zulia).

En 2009 pasaron a manos de la CVA: la Sociedad Mercantil Agropecuaria Miramar (Mérida), la Sociedad Mercantil Almacenadora Pico El Águila (Mérida), Cargill de Venezuela (Portuguesa), la Truchicultura Valle Rey (2009) y Conservas Alimenticias La Gaviota (Sucre).

Por último, las correspondientes a 2010 fueron: la Industria Azucarera Santa Elena (Portuguesa), la Industria Azucarera Santa Clara (Yaracuy), la Central Azucarera del Táchira (Táchira), la Central Venezuela y Agrícola Torondoy del Complejo Agroindustrial Azucarero (Zulia), la Agropecuaria La Batalla (Barinas) y Molinos Nacionales (Carabobo) –la expropiación de esta última empresa se detuvo luego de un proceso de negociación.

Un grupo importante de este lote de empresas, que quedó a cargo de la CVA (33,3%), estaba vinculado con la producción de azúcar. El resto trabajaba con otros productos como: el café, el arroz, la carne, la leche, el pescado y las frutas.

Antes de la publicación de la Ley que puso fin a la CVA, cinco sociedades de las 15 adscritas a esta Corporación habían iniciado su propio proceso de liquidación decretado por el presidente de la República el 1 de marzo de 2010, antes de la liquidación definitiva del holding.

A cinco meses del inicio del proceso, y a un mes de concluir el tiempo establecido para la liquidación de estas cinco empresas que formaban parte de la CVA, su historia y la de las compañías expropiadas pueden dar una idea de lo que podría ocurrir con todas las sociedades de la Corporación, una vez iniciada su liquidación.

Antes del punto final

Las sociedades del Estado pertenecientes a la CVA, que en marzo de 2010 recibieron su acta de defunción (antes de la liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria), tuvieron pocos años de vida. Entre 2005 y 2008 fueron creadas para contribuir con el desarrollo de sectores estratégicos, principalmente el agrícola y el ganadero. Cuatro de ellas tuvieron su origen en decretos presidenciales y sumaron un capital inicial de BsF. 110.000 ($ 51.162,8): CVA Cereales y Oleaginosas de Venezuela S.A., CVA Lácteos S.A., CVA Leander Carnes y Pescados S.A. y CVA Cultivos Varios S.A.

La quinta llegó a tener como accionista mayoritario a una empresa china. Sin embargo, poco antes de su liquidación, en diciembre de 2008, la CVA invirtió BsF. 4.150.000 ($ 1.930.232,6) para comprar acciones y quedarse con la mayoría de la compañía.

Para esa fecha, la Empresa Agrícola Venchi, S.A. había alcanzado un capital de BsF. 8.300.000 ($3.860.465,1) y luego de la compra tenía como dueños a la CVA (70% de las acciones), al Fondo para el Desarrollo del Estado Lara (20% de las acciones) y a la sociedad china Compañía de Cooperación Económica y Tecnológica High Star S.A. del Grupo de Granjas Estatales de Guanxy (10% de las acciones).

De las empresas expropiadas por decreto presidencial, cinco fueron asignadas a este grupo de compañías, que formaban parte de la CVA y que iniciaron su liquidación en marzo de 2010.

CVA Leander Carnes y Pescados, S.A.

La Truchicultura Valle Rey, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa), el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) y Conservas Alimenticias La Gaviota (empresa que en 1997 alcanzó un capital de Bs. 624.000.000 -$ 1.307.080) quedaron a cargo de CVA Leander Carnes y Pescados, creada por decreto presidencial el 7 de febrero de 2007. Esta empresa del Estado había anunciado –antes de su liquidación- que exportaría su modelo a Ecuador a raíz de unos acuerdos firmados entre Venezuela y Ecuador.

En el caso de la Truchicultura Valle Rey, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria fue el respaldo legal bajo el cual se llevó a cabo la medida que culminó con la expropiación de la empresa de Isidro Rodríguez.

El decreto presidencial 6.942, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de septiembre de 2009, estableció de manera oficial la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, aunque el proceso había comenzado un día antes cuando un grupo de oficiales llegó al sector Monterrey Alto en Mérida para realizar un proceso de inspección y fiscalización de la truchicultura.

Solo diez meses después de esa expropiación “originaria”, el 20 de julio de 2010, un nuevo grupo de oficiales castrenses y funcionarios visitaron las instalaciones de la empresa, para notificar a su personal que la Truchicultura Valle Rey ya no estaría en manos de CVA Leander Carnes y Pescados y que pasaría a otro organismo del Estado. El hecho coincidió con el cuarto mes del proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados, ejecutado por una junta liquidadora.

Hasta el momento, los propietarios iniciales de la truchicultura manifestaron que no habían recibido oferta alguna ni, por supuesto, pago de indemnización por sus activos.

Por su parte, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) fueron expropiados el 21 de junio de 2007 para contribuir con el “Desarrollo Socialista de Servicios Públicos de la Cadena Cárnica”. Un año después, el Estado anunció la inversión en Fricapeca de BsF. 16.642.945 ($7.740.904,7) para la “recuperación del frigorífico”.

En el caso de Fribarsa, tres meses después de iniciado el proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados y a tres años de la expropiación, sus trabajadores denunciaron en junio de 2010 a los medios de comunicación, la pérdida de 40 toneladas de carne por fallas eléctricas en los depósitos.

CVA Cereales y Oleaginosas, S.A.

La suerte de todas las empresas no fue la misma. Lo ocurrido con la asignada a CVA Cereales y Oleaginosas, S.A., reveló otro destino de una empresa cuyo decreto de adquisición forzosa había sido publicado el 12 de mayo de 2010 en la Gaceta Oficial.

Para ese momento, CVA Cereales y Oleaginosas de la CVA llevaba ya dos meses en liquidación. Por lo tanto, Molinos Nacionales, C.A. (Monaca) había sido asignada a una sociedad en liquidación. También fue diferente su final, pues un proceso de negociación puso freno a la expropiación de Monaca, compañía que hasta el momento de su expropiación pertenecía en su mayoría al poderoso grupo agroindustrial mexicano Gruma (accionista mayoritario), teniendo como accionista minoritario a Ricardo Fernández Barrueco (banquero actualmente preso). “Ellos han propuesto la posibilidad de una empresa mixta y lo estamos estudiando, pero ya en este momento eso está bajo administración del gobierno”, anunció el 14 de julio, frente a un grupo de periodistas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.

En septiembre de 2010 se debería completar la liquidación de las cinco empresas adscritas al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y que iniciaron el proceso antes de la publicación de la Ley que acabará con la propia CVA. Aunque en el decreto no se hace mención directa a las expropiadas –que habían quedado a cargo de las empresas de la CVA-, su futuro lo determinará la junta liquidadora de cada sociedad.

Esta primera liquidación, establecida en el decreto 7.235 del 1 de marzo de 2010, buscaba promover un sistema centralizado para la política agroindustrial e “integrar criterios y políticas que conlleven al cumplimiento efectivo de los objetivos de la Corporación Venezolana Agraria (CVA) a los fines de continuar de manera eficaz con el nuevo modelo de relaciones sociales de producción y articulación efectiva de la agroindustria para satisfacer las necesidades de la población venezolana”.

Ese día y en la misma Gaceta, se anunció la creación de una empresa que cumpliría funciones similares a la CVA: la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL), que sería la “empresa matriz tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola, cuando para el funcionamiento de estas se requiera una vinculación entre ellas, o sean creadas con la finalidad del desarrollo de actividades específicas con el objeto de dicha empresa”.

Cuatro meses después, se inició el proceso de liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).

Después de la liquidación

Un año, a partir del 29 de julio de 2010, es el tiempo programado para ejecutar la liquidación de la CVA. En ese periodo quedará establecida la suerte de los bienes del organismo, así como de sus empresas. Una junta liquidadora, integrada por un presidente, cuatro miembros principales y sus respectivos suplentes –nombrados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras-; determinará su futuro.

El artículo 10 de la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) asoma algunas pistas de lo que le podría suceder a las compañías que formaban parte de la CVA. Se presentan dos posibilidades.

La primera, es su supresión y liquidación por orden de un decreto presidencial y la transferencia de sus bienes a: un “ente descentralizado que ordene crear el Ejecutivo Nacional y cuyo objeto principal está relacionado con actividades de producción, industrialización, distribución e intercambio de productos alimenticios agrícolas, ejecución, mantenimiento o rehabilitación de infraestructura de apoyo a la actividad agrícola; así como el desarrollo de nuevas agroindustrias estatales y su operación como casa matriz”. Es decir, un organismo creado que realice actividades parecidas a las que tenía la empresa liquidada.

La segunda, es la transferencia de los bienes, derechos o intereses de la CVA, según un orden de prioridades, a cargo del ministro de Agricultura y Tierras.

El traspaso de las empresas de la CVA a otro organismo del Estado o su posible liquidación ocurrirá en los próximos meses. Será entonces cuando se sabrá lo que sucederá con cada una de las compañías que se fueron sumando a una corporación que buscaba ser un gigante empresarial a través de transferencias, creación de sociedades o empresas expropiadas: el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), completando así un cambalache empresarial, que suma ya varios millones de Bolívares.