Con la compra de un apartamento aterrizaron los Ayoub Ayoub en Dubai, emirato al que, en vez de Oz, los condujo el éxito en negocios de importación y distribución de especias. Pero la familia de origen árabe y base en Lara vio cambiar su suerte cuando fue señalada por el mismísimo vicepresidente de la República de conformar una trama para sobrefacturar importaciones y tener acceso irregular a divisas preferenciales, acusaciones de las que la justicia los absolvió. Esta es una entrega de la serie ‘Dubai Uncovered’ sobre venezolanos con inmuebles en el lujoso emirato.
“Es un gran laboratorio de uso de nuestras divisas, del uso fraudulento”, fue la frase, rotunda, que los periodistas recogieron ese día de diciembre de 2014, cuando cubrían, atendiendo al llamado de las autoridades, el desmantelamiento de “una red delictiva que hacía uso fraudulento de divisas” -así dijeron luego los titulares-.
El declarante no era cualquiera. Era Jorge Arreaza, el yernísimo del difunto comandante Hugo Chávez, y a la sazón, Vicepresidente Ejecutivo de la República, quien hacía la denuncia.
Desde Barquisimeto, Arreaza describió lo que, según entendía, había sido el modus operandi de los indiciados, a los que entretanto habían puesto a la orden del Ministerio Público: para cargar sobreprecios y solicitar divisas, imprimían facturas falsas con sellos de empresas en el exterior, empresas todas -tanto la local como las foráneas- propiedad de una misma familia, de apellido Ayoub.
El hallazgo se originó tras la fiscalización y allanamiento de un galpón en la Zona Industrial II de Barquisimeto, capital del estado Lara, en el centrooccidente de Venezuela. La edificación servía de sede a la empresa GM Comercializadora C.A., que habría usado etiquetas de otras compañías, pertenecientes a los hermanos Maruan y Akram Ayoub Ayoub, junto con otros familiares y socios, para alterar la fecha de vencimiento de las especias caducadas que vendían.
Los medios oficialistas se hicieron eco de la denuncia: una familia de origen árabe se había concertado para crear un esquema de más de 20 empresas entre Venezuela, Panamá y Florida, con el que habría obtenido 4,9 millones de dólares entre 2010 y 2013.
El allanamiento al galpón resultó en la incautación de toneladas de especias vencidas. Se encontraron etiquetas de ajo en grano ya vencido que eran intercambiadas por otras de onoto con vigencia, para poder venderlo a los consumidores locales. También se encontraron carpetas con solicitudes de dólares preferenciales a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
En parte lo recogió la prensa en su oportunidad, pero está todo en el expediente judicial que se les abrió bajo acusaciones de asociación para delinquir, legitimación de capitales, contrabando agravado, obtención fraudulenta de divisas y alteración y uso de documentos falsos.
Pero en noviembre de 2016, a dos años del allanamiento, el Tribunal de Juicio de Barquisimeto absolvió a todos los acusados. En un gesto de independencia poco frecuente en el actual poder judicial de Venezuela, el juez decidió contra el criterio de los denunciantes originales, encumbrados funcionarios de gobierno, y de la matriz de prensa. Ordenó al mismo tiempo el cese de las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, la restitución de los objetos afectados en el proceso y la devolución de muebles e inmuebles.
A pesar del fallo judicial, no todos los efectos del escándalo quedaron revertidos. “Nos acusaron y nos quebraron”, se queja amargamente Adham Ayoub Ayoub, miembro de la familia, en entrevista con Armando.info. “Acabaron con nuestros negocios, se llevaron hasta los escritorios, y luego, cuando la investigación determinó que éramos inocentes, no nos devolvieron nada y mancharon a nuestra familia”.
Pero un par de vestigios de ese esplendor quedan a nombre de un joven miembro de la familia, Lurans Ayoub -quien nunca estuvo indiciado ni en las denuncias de medios ni en tribunales.
Uno de ellos es un apartamento en Dubai, el emirato de las Mil y una Noches que ha pasado a ser no solo un parque temático de la plutocracia mundial, sino su centro financiero.
De ese apartamento tuvo noticia Armando.info después de acceder al registro inmobiliario de Dubai como participante de la serie Dubai Uncovered (Dubai al descubierto). Se trata de un proyecto conjunto de periodismo investigativo transfronterizo a partir de la obtención de una base de datos, actualizada hasta 2020, que consiguió el Centro para los Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con base en Washington D.C, que investiga conflictos y el crimen internacional. Luego esa data fue compartida con la publicación financiera noruega E24, que coordinó la investigación periodística sobre las propiedades.
Tener una propiedad en Dubai no constituye indicio alguno de haber cometido irregularidades. Entre los extranjeros que pueden permitirse la propiedad de bienes raíces en Dubai se encuentran inversionistas, empresarios y profesionales con actividades perfectamente legítimas. Pero es sabido que al emirato, conocido por la laxitud de sus procedimientos y autoridades de cumplimiento, así como por las ansias de convertirse en un centro financiero alternativo, llegan dineros marcados por su vínculo con corrupción y tráficos ilícitos.
En la base de datos se registran 75 nombres de propietarios que se identificaron como ciudadanos venezolanos (la investigación sólo comprendió personas naturales y dejó de lado las empresas que figuran como dueños). Si bien no aparecen figuras de renombre, algunas de las personalidades en la lista tienen conexiones con llamativas historias de color en Venezuela, algunas de las cuales vale la pena contar. La de los Ayoub Ayoub -acusados por el Estado y luego absueltos- es la primera.
Las calles angostas y llenas de gente y vehículos del centro de Los Teques, la capital del estado Miranda, hacen que el clima fresco de los Altos Mirandinos -hoy una enorme ciudad-dormitorio al servicio de la cercana Caracas- se torne caluroso. Sus avenidas están repletas de decenas de locales de todo tipo y vendedores ambulantes. Entre ellos, un negocio es reconocido y frecuentado por los transeúntes: la panadería Bermúdez, sobre la avenida del mismo nombre. Adentro, hay panes y dulces de todo tipo. Afuera, hay también un tarantín donde venden pan árabe, que entrevé el origen de los dueños del lugar.
Lurans Ayoub, y su padre, Akram Ayoub Ayoub -uno de los hermanos denunciados en Lara por el exvicepresidente Arreaza- aparecen en los registros como propietarios de la Panadería, Pastelería y Charcutería Bermúdez 2018 C.A. y del que fuera un negocio contiguo, la Frutería y Víveres Bermúdez 2018 C.A. Ambos fueron abiertos en noviembre de 2018, dos años después del cierre del proceso penal en contra de su familia.
Lurans Ayoub, a punto de cumplir 31 años de edad, es a su vez el propietario de un apartamento de una habitación, con 112,33 metros cuadrados de superficie, en el edificio Al Badia Hillside 1 del distrito de Al Kheeran de Dubai. Así se ve en el registro inmobiliario de Dubai y lo confirmó en entrevista con Armando.info Adham Ayoub Ayoub, tío de Lurans.
De acuerdo con Adham Ayoub, la frutería quebró y fue cerrada hace algún tiempo. Defiende el origen legítimo de los fondos con los que fue adquirida la propiedad y asegura que el costo no superó los 100.000 dólares.
“Mi sobrino vive y estudia allá; viene a ver el negocio como tres veces al año. Primero estuvo alquilado y luego se compró ese apartamento de estudiante para estar tranquilo”, dice. Afirma que para una familia de comerciantes como la suya, se trata de una inversión asequible.
Adham Ayoub Ayoub admite que la mayoría de las empresas mencionadas en las denuncias de prensa y judiciales pertenecían a distintos miembros de su familia y que, en efecto, recibieron 4,9 millones de dólares de Cadivi, entre 2010 y 2013. Sin embargo, fue enfático en afirmar la inexistencia de un vínculo entre las empresas y la incautación de los alimentos vencidos, ni con cualquier otro ilícito.
Indica, también, que el desenlace positivo en la justicia no les ha ahorrado inconvenientes de reputación. De hecho, asegura que han emprendido una iniciativa legal para que se borre de la web toda información que mencione la investigación y proceso legal que la familia Ayoub Ayoub debió enfrentar después de la razzia gubernamental de 2014.
El modus operandi descrito en la acusación contra los Ayoub Ayoub señalaba a Eduardo Luis Crespo Barco, trabajador de dos empresas de la familia, como quien elaboraba en su computadora las facturas de compra de especias para empresas panameñas y estadounidenses; en los galpones de la Zona Industrial II de Barquisimeto tenían los sellos húmedos de estas compañías, y el propio Crespo firmaba los recibos, que contemplaban un sobreprecio. Estos documentos se presentaban ante el Estado para la solicitud de divisas. Las facturas falsas servían ante la aduana para el cálculo de la base imponible de las importaciones.
El expediente señala a más de una decena de compañías entre Venezuela, Panamá y Florida, todas relacionadas con el rubro de los alimentos: Vene Siria, Granos y Condimentos Occidente, Asociación de Granos 2021, Granos del Sur, Merca Granos Continental, Cooperativa Alimentos Nuestro Pueblo 2013, Multi Merca La Popular y Los Girasoles, en Venezuela; y las extranjeras Bartamp LLC, Agro Group Corp, MG Trading Corporation, Byrum Holdings Ltd, Ursula Import&Export, S.A, Falcon Trading Groups Inc, Latin Export Grand Corp y Laganum Corporation. Seis de las empresas aún aparecen activas en el Registro de Panamá.
En todas estas compañías figuraba como socio algún Ayoub Ayoub o algunos de los dueños de las empresas venezolanas que compró la familia, como Mounir Kaoaas.
Ese de 2014 ya era un año de vacas flacas de la autodenominada Revolución Bolivariana, prolegómeno de lo que terminaría por ser la más espectacular crisis socioeconómica y humanitaria del hemisferio occidental. Pero antes de que Venezuela se hundiera, el colapso de la industria local y la disponibilidad de petrodólares detonó un festival de importaciones de alimentos. El entorno fue propicio para el exceso y la corruptela.
La acusación contra los Ayoub Ayoub ocurrió en medio de dos casos sonados de corrupción en importación de alimentos: Pdval y los CLAP.
Conocido mediáticamente como “Pudreval”, el primer escándalo de este tipo ocurrió entre 2007 y 2008, cuando se descubrieron 65 contenedores con alimentos vencidos: caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne, importados con dólares preferenciales por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y Bariven, filial de Petróleos de Venezuela.
Entre noviembre de 2007 y julio del año siguiente, se pagaron más de un millón de toneladas de alimentos por un precio de 2.248 millones de dólares. Pero solo 25% de estos alimentos habían llegado a Venezuela en octubre de 2008, de los que, al final, solo se distribuyó 14 %. El resto, con fechas de caducidad muy cercanas a su importación, se perdió durante su almacenamiento previo a la venta.
Casi diez años más tarde, a partir de 2016 y también bajo el esquema de importación de alimentos, comenzaría la cosecha de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Con empresas intermediarias, locales e internacionales, los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas se enriquecieron con la venta de alimentos de muy baja calidad, distribuidos tanto por el programa estatal de los CLAP como en las tiendas del mismo nombre —pero de origen privado— que ocuparon los espacios de los Abastos Bicentenarios.
El festín de las importaciones y de las solicitudes irregulares de acceso a divisas preferenciales -que, en una cuenta del exministro de Planificación y mentor de Chávez, Jorge Giordani, totalizaron unos 25 millardos de dólares—, fue el factor decisivo para la conformación de nuevas fortunas en la Venezuela chavista. Los aspavientos de Jorge Arreaza y los organismos de gobierno que tomaron el galpón de los Ayoub Ayoub en Barquisimeto terminaron siendo inefectivos, acaso otra arbitrariedad que apenas buscaba mostrar que algo se estaba haciendo para frenar la hemorragia de divisas. Y también falló en el intento.
Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
Sin utilizar sus nombres directamente los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong hicieron de vendedores de mercancía para varias de las compañías previamente adjudicadas en las subastas, lo que dejó en sus cuentas bancarias de Panamá unos 120 millones de dólares. Todo antes de convertirse en los grandes proveedores de los alimentos subsidiados para el programa estatal de los CLAP
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Miembro de la familia Ayoub Ayoub poseedor de un inmueble en Dubai. En Venezuela, es socio de su papá, Akram Ayoub Ayoub, en una panadería ubicada en Los Teques.
Es uno de los principales acusados en la investigación contra los Ayoub Ayoub, por haber sido señalado como el encargado de falsificar las facturas que se presentaban ante el Estado para la solicitud de divisas, y ante la aduana para el cálculo de la base imponible de las importaciones. Fue absuelto en 2016.
Hermanos y socios que estaban al frente de la mayoría de las empresas acusadas por cometer fraude contra Cadivi. En el expediente, sin embargo, solo se acusa a Maruan Ayoub Ayoub y otros socios o familiares. Fueron absueltos en 2016.
Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). De acuerdo con Jorge Giordani, ex ministro de Planificación que formó parte de los gabinetes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, los fraudes en la obtención de dólares provenientes del sistema cambiario venezolano alcanzaron los 25 millardos de dólares.
Compañía allanada en 2014 en el Estado Lara, donde se encontraron toneladas de especias vencidas, por cuyas etiquetas se vinculó al grupo de empresas de la familia Ayoub Ayoub con un caso de fraude en la obtención de divisas a precio preferencial.
Fue Vicepresidente Ejecutivo de la República, desde 9 de marzo de 2013 hasta el 6 de enero de 2016. Ha estado al frente de diversos ministerios en los gobiernos de Hugo Chávez (de quien fue yerno) y de Nicolás Maduro. Fue canciller de Venezuela, hasta el 19 de agosto de 2021.
