Tres meses después de haber otorgado al comandante bolivariano un Doctorado Honoris Causa, en 2008 la universidad privada Arcis recibió 9 millones de dólares, parte de un total de 13 millones que le aportó el Bandes venezolano. Seis años después, la universidad está a punto del cierre aunque su principal accionista hasta diciembre de 2013, el Partido Comunista de Chile, no dejó de cobrar dividendos.
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La Universidad Arcis de Chile ahora está prácticamente paralizada por una crisis de pagos, en apariencia, insuperable. Aunque sus orígenes se remontan a 1982, cuando académicos de izquierda que habían sobrevivido a la razzia pinochetista buscaron refugio, fue en 1990 cuando empezó su historia como universidad. Desde entonces, nunca ha sido un modelo de gestión. Ya entre 2008 y 2009 tuvo que ser rescatada con aportes del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), por valor de 13 millones de dólares en dos desembolsos.
Cuando la petrochequera chavista acudió al rescate, ya habían pasado cuatro años desde que el Partido Comunista de Chile (PCCh) se había hecho del control accionario de esta universidad privada, junto a Max Marambio, un magnate que fue guardaespaldas de Salvador Allende. Marambio, un genio de las finanzas que por años controló un esquema de empresas fantasmas diseñado para captar moneda dura para el régimen cubano, figuraba en la Junta Directiva de la universidad junto a dirigentes del PCCh, como Patricio Palma y Juan Andrés Lagos –hoy en el gobierno de Michelle Bachelet–, y el ex secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), Andrés Pascal Allende.
La gobernanza del negocio universitario mutaría a otras formas aún más entreveradas, que incluirían, por ejemplo, la venta de sus activos a una inmobiliaria creada ad hoc para controlar de hecho el negocio educativo. También a la larga Marambio cayó en desgracia con los Castro y con el partido comunista, con lo que abandonó la empresa. El PCCh, que quedó al mando, fue el último en dejar la nave, en diciembre de 2013, justo unos meses antes del naufragio. Pero no dejó de cobrar utilidades antes de su retirada.
La Universidad Arcis –siglas de Arte y Ciencias Sociales– está a punto de protagonizar el segundo colapso de una institución privada de educación superior en Chile desde que en 2012 se vino abajo el castillo de la Universidad del Mar, condenada a cerrar el próximo diciembre. Si termina de irse a pique, el hundimiento de Arcis también succionará los fondos públicos venezolanos.
Han pasado seis años de la donación venezolana, amparada entonces bajo la figura de “asistencia económica no reembolsable”. Pero es solo ahora que un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, con la firma de Juan Pablo Figueroa, descifra la maraña de ingeniería financiera por la que drenaron esos y otros fondos.
Se trata de un carrusel de traspasos de propiedades, contratos de arrendamientos y otras prestidigitaciones que ya, para el momento del aporte concedido por el gobierno del expresidente Hugo Chávez, estaba en pleno funcionamiento.
El Bandes venezolano transfirió una primera partida el 24 de enero de 2008 por 9.060.000 dólares; la segunda fue por otros 4.000.000 millones de dólares, el 29 de marzo de 2009.
El acta del primer convenio, firmada en Caracas el 11 de enero de 2008 por Rafael Isea cuando se estrenaba al frente del Ministerio de Finanzas, señala que el “Convenio de Asistencia Económica para Desarrollo Educacional de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - Arcis” fue suscrito para “el saneamiento de pasivos de la universidad: pago de arriendos, juicios pendientes, impuestos, pagos a proveedores y traslado de todas sus dependencias a la sede principal”.
Venezuela había salido en defensa de una universidad de izquierda, para colmo quebrada, en Chile. Discutible o no, la donación, de cualquier forma, no llegó directamente a la casa de estudios. Llegó a las cuentas de dos privados: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ligado al Partido Comunista de Chile, y la compañía Nazareno S.A. del empresario Max Marambio. La única contraprestación que Bandes –o sea, la República Bolivariana de Venezuela– planteó como intercambio a sus beneficiarios chilenos era la futura prestación de becas de estudios o servicios académicos en una Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado (ELAP) que Arcis pondría a funcionar en su campus. Apenas dos por ciento del dinero se destinó a ese programa, que casi no tuvo actividades.
Pero, ¿quién es Marambio? Antes que nada, un personaje de leyenda. Fue amigo de Fidel y Raúl Castro, aunque desde 2011 pesa sobre él una condena de 20 años de prisión dictada por un tribunal cubano por los delitos de cohecho, falsificación y estafa. La Habana llegó a emitir una orden internacional por su captura, aunque vive sin contratiempos en Chile.
Las armas de ayer, el libro autobiográfico de Max Marambio, precisa el momento en que su autor aterriza en Cuba en 1966. Los privilegios de los que gozaba el chileno en la isla surgieron a partir de ese viaje que emprendió junto a su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Entonces Fidel Castro apadrinó al muchacho, lo alistó en tropas especiales del Ministerio del Interior cubano y lo mandó de vuelta a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente (GAP), que estuvo a cargo de la seguridad de Salvador Allende.
La confianza en el nuevo camarada se puso a prueba cuando Marambio defendió a tiros un depósito de armas escondido en el interior de la Embajada cubana en Santiago de Chile, tras el putsch de septiembre de 1973. Ese episodio terminó por abrirle a Guatón –su apodo en Cuba– una nueva carrera, puesto que hasta entonces prefería identificarse como un productor de cine. Fue a partir de ese momento que por 20 años, junto a su hermano Marcel, se convirtió en uno de los principales conductos de divisas para los Castro, con especial entrada a la industria turística cubana. Bajo el alero de la firma Cimex, creó un imperio de empresas de fachada con estribo en Panamá.
“Él trae a Cuba una visión nueva de cómo hacer negocios”, comentó en 2010 el escritor cubano Norberto Fuentes al reportero Juan Cristóbal Peña, también de Ciper. Bajo la figura de empresas mixtas con el estado cubano, Marambio supo hacer fortuna en alianza con La Habana, a través de la red de agencias turísticas Sol y Son y la firma Alimentos Río Zaza que, paradojas de la vida, en Cuba hoy solo son un símil de traición.
En 2011 Marambio fue acusado por la propia justicia cubana de falsificar documentos para sobrefacturar importaciones, según lo que pudo saberse por la tradicional opacidad del régimen castrista. Fue a partir de allí que desapareció de la órbita de La Habana e incluso de satélites como Venezuela, en cuyo Registro Nacional de Contratistas (RNC) también figuró Alimentos Río Zaza, el joint venture que Marambio conformó con Cuba para la importación y exportación de alimentos.
Marambio mantuvo en Venezuela una sucursal que, de acuerdo con los registros públicos, funcionaba en la habitación 817 del Hotel Alba Caracas, el otrora Caracas Hilton que expropió el gobierno de Chávez. La empresa se mantuvo activa entre los contratistas del Estado precisamente hasta el año 2010, cuando la justicia cubana inició un proceso que lo lo juzgó y sentenció en ausencia.
En 2012, versiones de prensa asomaron que Marambio iba a ser el empresario chileno que inyectaría fondos para el rescate del atribulado diario de izquierdas español Público. Este tabloide era propiedad de Jaume Roures, propietario a su vez del conglomerado de medios Mediapro. Empresas de servicio de Mediapro han trabajado para la cadena TeleSur y la transmisión televisiva de actos oficiales del chavismo. Sin embargo, ni Marambio ni nadie salvaría a Público, cuya edición impresa desapareció.
Antes de caer en desgracia con sus socios cubanos y la izquierda castrista, Marambio, que comenzó como guardaespaldas de Salvador Allende, igual consiguió que la revolución bolivariana fondeara a su universidad.
No debe haber sido casualidad que allí, en esa misma casa de estudios, Chávez recibió un Doctorado Honoris Causa la noche del 10 noviembre de 2007. Aprovechando su participación en Santiago de Chile en el encuentro alternativo a la XVII Cumbre Iberoamericana, el mandatario manifestó su disposición a otorgar un mayor apoyo a la institución académica, a la que su gobierno ya auspiciaba desde 2005 mediante un acuerdo de intercambio académico con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Luego vendrían los depósitos del Bandes.
Sumergida en una crisis financiera, la Universidad de las Arte y Ciencias Sociales (Arcis) pasó en el año 2004 a manos del Partido Comunista de Chile (PCCh) y otros inversionistas de izquierda, como Marambio, que entonces compraron poco más que deudas, sedes regionales que no rendían y alumnos que no pagaban. “La más pública de las universidades privadas”, había sido uno de sus lemas. Pero más allá de la demagogia, el negocio tenía que empezar a producir dinero. La fórmula que se encontrara para lograrlo imitaría la ya usada por otras empresas de educación superior chilenas: lo que el directorio de la universidad progresista decidió fue traspasar sus bienes raíces a una sociedad inmobiliaria propia. En otras palabras, deshacerse de sus principales activos para hacer caja y luego pagar arriendo por ellos para generar lucro a los controladores, que eran los mismos accionistas de la universidad.
Aunque Marambio llegaría a controlar nominalmente hasta 60 por ciento de las acciones de la universidad, en la práctica fue corto el tiempo en que manejó el negocio. Hoy solo conserva 0,5 por ciento de las acciones. El accionista principal terminó siendo el Partido Comunista de Chile, que salió de la sociedad en diciembre de 2013. Ese retiro obedeció, en principio, a razones de estrategia política. La educación superior se convirtió en tema de la agenda pública chilena desde las masivas manifestaciones estudiantiles de 2011 y aún más, en tema de la agenda electoral durante la campaña de la que saldría triunfadora Michelle Bachelet en segunda vuelta, justamente, en diciembre de 2013. Bachelet quería la participación de los comunistas en su nuevo gobierno. Pero si el partido quería formar parte de la Nueva Mayoría –el lema con que Bachelet bautizó su segunda administración– y hacer barra por la reforma educativa, no podía tener una universidad, privada y con problemas administrativos, para más señas. Menos todavía, haber lucrado con ella.
Ahora, en el invierno austral de 2014, se destapó la olla de la Universidad Arcis. Van dos meses sin que su personal cobre, y su rector renunció. Profesores y alumnos están en paro. La crisis arroja una nueva luz sobre el retiro del Partido Comunista de la empresa y apoya a quienes se preguntan si, en vista de la evolución de los hechos, el partido de la hoz y el martillo no se habría aprovechado de información privilegiada para salirse a tiempo.
En 2013 el directorio universitario, presidido entonces por Juan Andrés Lagos –dirigente comunista, hoy asesor de los ministros del Interior y de Educación–, solicitó a una empresa de consultoría, Entrepuertos, un informe sobre la situación financiera de Arcis. El reporte, lapidario, confirmó un déficit operacional anual de 1.790 millones de pesos chilenos, equivalentes a más de 3 millones y medio de dólares, y una deuda de 6.780 millones de pesos, lo que es más de 13 millones de dólares.
Lagos aseguró en junio pasado que su partido no obtuvo ni un centavo de la Universidad Arcis y que, por el contrario, perdió dinero. Para la fecha, Lagos era todavía secretario general del PCCh. También declaró que cuando los comunistas se retiraron, en diciembre de 2013, “no estábamos con la idea de que la universidad reventara en dos meses”.
No obstante, la investigación de Figueroa y Ciper detectó que en una asamblea de accionistas de diciembre de 2012 –un año antes del retiro comunista de la sociedad–, se decidió el reparto de un excedente de 540 millones de pesos chilenos, alrededor de un millón de dólares. A los comunistas correspondía 76 por ciento del monto, pues esa era la proporción de acciones que entonces controlaban en Inmobiliaria Libertad S.A., la propietaria de los inmuebles de la Universidad Arcis, a través de dos personas jurídicas. Fue al menos el segundo evento de liquidez que permitió repartir utilidades entre los accionistas de la universidad, una verdadera bicicleta financiera en la que alguna vez pedalearon fondos venezolanos.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
Hasta partidas de caza con helicópteros se han tenido que organizar en Tierra del Fuego para controlar la nueva amenaza que anda en cuatro patas. Pero las jaurías de perros, que ya conquistaron el campo, ahora asedian los centros urbanos del extremo sur de Argentina, desde donde, con frecuencia, se escaparon inicialmente. Mientras ya se reportan ataques contra personas en la ciudad Ushuaia, surgen diversas propuestas para enfrentar el problema.
En medio de expropiaciones, controles de precios y escaseces crónicas, la marca de avena para el desayuno Avelina y su dueño resaltan como las estrellas ascendentes del mercado de consumo masivo en Venezuela. ¿Cómo sacar provecho del peor entorno para los negocios en todo el mundo? Libi lo hizo con maneras quizás poco ortodoxas y hasta lo bastante controversiales como para que el ‘Financial Times’ de Londres le dedicara un reciente reportaje y para que el empresario debiera acudir a la Asamblea Nacional a explicar la naturaleza de sus actividades. Esta indagación encuentra que los intereses de Libi también pasan por las finanzas, las empresas offshore y las propiedades inmobiliarias.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
