¿Offshore? Dame dos

Una filtración realizada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) hace ahora posible conocer algunas de las historias sobre personajes y empresas en el mundo, que hacen vida en el terreno offshore.

Arman-do.info junto a ICIJ ha revisado las historias correspondientes al capítulo Venezuela, en el que -al igual que en la data de muchos países del mundo-  figuran beneficiarios, accionistas, directores y “protectores” de fideicomisos (trusts) y compañías offshore.

Muchos de estos casos están centrados en estructuras diseñadas para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas y el control de los bienes colocados en el exterior. Los accionistas de estas empresas tienen perfiles diversos que van desde empresarios, políticos y militares, hasta artistas y ciudadanos sin ninguna actividad económica detallada. Entre los inversionistas del mundo empresarial, al menos 56 tienen también empresas registradas en Venezuela, entre ellas 36 que figuran en el Registro Nacional de Contratistas, como contratistas del Estado venezolano, lo que significa que en algún momento trabajaron en algún proyecto con el Estado.

Para la serie que se publica sobre Venezuela, los nombres e historias que se desprenden de esta data fueron seleccionados –considerando el interés público –por la naturaleza de los personajes o porque guardan relación con casos que han sido de alto impacto para la sociedad venezolana.

En los listados de organizaciones que promueven la transparencia y que han seguido el tema de los paraísos fiscales alrededor del mundo como la Red de Justicia Fiscal y Global Finance Integrity, Venezuela es uno de los países de América Latina que más actividad ha tenido en los últimos años en territorios offshore.

Por ejemplo, la organización no gubernamental Global Finance Integrity indicó en un informe que entre 2001 y 2010 desde Venezuela se habían fugado 3.791 millones de dólares de manera ilícita y que el país ocupaba el puesto número 19 en el ranking mundial de países con mayor fuga ilícita de dinero.

“En América Latina y El Caribe, los FFI –flujos financieros ilícitos- hacia los paraísos fiscales entre 1970 y 2010 se estiman en unos 2 billones de dólares. La lista de países que sufren este saqueo está encabezada por Brasil (520 mil millones de dólares); México (417 mil millones); Venezuela (406 mil millones); y Argentina (399 mil millones)”, reporta la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe en una nota.

Por su parte, la Red de Justicia Fiscal, con sede en el Reino Unido, documenta que ya en los años noventa el mundo de la banca había hecho inversiones en paraísos fiscales. “Los banqueros venezolanos usaron alrededor de 3.500 corporaciones offshore en Aruba, Curazao y otros lugares para saquear los bancos en Venezuela, resultando en el colapso de la mitad de los bancos en ese país y en un desastre mayor para las personas, sus ahorros, inversiones y pensiones”, relata la organización en un reporte sobre la historia y cultura de la evasión de impuestos.

Sin embargo, el control cambiario en Venezuela desde el año 2003 y la existencia de un mercado permuta entre los años 2003 y 2010 para acceder a los dólares, propiciaron, según indican expertos, un incremento en la creación de empresas offshore por parte de los venezolanos para lograr el acceso a las divisas. Ya en una entrevista que le realizaron en 2008 a Luis Rivases, entonces vicepresidente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la casa de bolsa Econoinvest, se explicaba este fenómeno.

“La permuta está desarrollada entre dos actores: una casa de bolsa y un shell bank. Este es el problema, que están involucrados shell banks o compañías de offshore de puro papel”, indicaba Rivases. Esas compañías podían pertenecer a las mismas casas de bolsa venezolanas, que habían creado esas empresas en paraísos fiscales.

A las firmas encargadas de facilitar la constitución y registro de compañías a venezolanos, también les ha originado preocupación el contexto del país, además de la participación del narcotráfico en este mercado. En un documento de marzo de 2007 elaborado por Portcullis Trustnet sobre asuntos a tomar en cuenta por la junta directiva de la compañía, se hacía referencia directa a estas inquietudes.

Portcullis Trustnet se define como el grupo independiente de compañías trust más grande de Asia para la administración de la riqueza global. “Con oficinas y/o contactos en todas las principales jurisdicciones offshore y centros financieros clave, el grupo TrustNetGroup es un servicio de una parada que es seguro, rentable, confidencial e internacionalmente compatible”, promete la firma en su página web.

La compañía reportó ese año un incremento de solicitudes de venezolanos para registrar compañías en paraísos fiscales al tiempo que expresó preocupación por el formato de los pasaportes de los venezolanos –muchos escritos a mano en ese momento-, el idioma en el que se presentaba la documentación original, el español; así como el flujo de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hacia los Estados Unidos, que podía tomar a Venezuela como estación intermedia.

“Comprendo la situación política en Venezuela y el posible éxodo de capitalistas, pero creo que el país es un alto riesgo… Idealmente me gustaría rechazar aceptar algún pasaporte venezolano, pero creo que al menos garantizar que está impreso y tiene un MRZ –pasaportes que puedan ser leídos por una máquina- ayudaría”, se indicaba en el informe.

Más adelante abordaba las inquietudes relacionadas con los vínculos entre las Farc y Venezuela, considerando el asunto “caliente” y recomendando a la junta directiva de Portcullis Trustnet tener en cuenta las consecuencias adversas de aceptar registrar compañías del país:

“Las ganancias del tráfico de narcóticos obtenidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC-EP, siguen entrando al sistema financiero de Estados Unidos a través de Venezuela como dólares y siendo depositadas en los bancos de Estados Unidos a través de una red de testaferros. Los bancos que cooperan en Venezuela, algunos de ellos propiedad o controlados por poderosas personas políticamente expuestas (PEPs), son instrumentales al aceptar y facilitar el flujo de este dinero sucio”.

Aparte de la inquietud expresada por Portcullis Trustnet, en procesos judiciales de casos de estafa han aparecido nombres de venezolanos vinculados a empresas radicadas en paraísos fiscales. En el proceso que lleva la justicia de Estados Unidos contra el venezolano Francisco Illarramendi por el caso del esquema Ponzi o de pirámide aplicado, que terminó afectando, entre otros, a los pensionados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), figuran varias compañías creadas en estos territorios que facilitaron el flujo de dinero que produjo la estafa.

Otro nombre asociado con una estafa venezolana y que viene acompañado con la creación de una firma offshore es el del ya fallecido Samuel Maya. Él fue uno de los brokers o corredores imputados por el caso La Vuelta, en el que, bajo un esquema de pirámide, se vieron afectados más de 500 inversionistas en Maracaibo, estado Zulia.

Entre los venezolanos que también han usado el mecanismo de registro de empresas offshore como parte de sus negocios, según los documentos revisados, se encuentran algunos vinculados al caso del Maletín incautado en Argentina en 2007 a Guido Antonini Wilson, como Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffmann.

Para llegar a registrar las empresas, los venezolanos han acudido a abogados o intermediarios para hacer el trámite en el que se contactan a compañías como la ya mencionada Portcullis Trustnet o Commonwealth Trust Limited (CTL), que terminan realizando el registro de la firma en el paraíso fiscal.

CTL, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, fue investigada por la Comisión de Servicios Financieros del lugar entre 2003 y 2008. La Comisión encontró que la compañía había violado repetidamente las leyes contra el lavado de dinero de las Islas Vírgenes y, después de una inspección realizada en 2006, concluyó que CTL le había dado información “falsa y engañosa” en reportes de progreso. Entre su lista de clientes se encontraban personajes como Arcadi Gaydamak, un ruso israelí señalado por tráfico de armas, evasión de impuestos y lavado de dinero.

En 2009, CTL pasó a manos de Equity Trust, una compañía holandesa, que a través de un comunicado de prensa indicó a ICIJ que desde que se hicieron cargo han trabajado por reestructurar las operaciones de CTL, que en ese momento tenían incumplimientos regulatorios, para así alcanzar los más altos estándares de cumplimiento y gobernanza. Esto implicó, según la firma, cambiar al equipo de gerencia y desechar aproximadamente 50% de sus clientes.

En el caso del proceso de intermediación de abogados para facilitar el acceso a grupos como CTL y Portcullis Trustnet, una dirección de referencia que se repite con frecuencia en los registros de las compañías de muchos inversionistas venezolanos, termina llevando a una oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) de Chuao, Caracas. La oficina no muestra identificación alguna y una puerta negra impide la visión al interior. El espacio pertenece a un abogado de libre ejercicio, según dejaba ver una calcomanía de inspección del Sumat (oficina municipal de impuestos) colocada junto a la puerta al momento de la visita realizada a ese espacio en 2012.

Así como este lugar, aparecen también nombres de venezolanos que han trabajado como gestores para realizar estas operaciones de registro y ayudar a otros a crear sus empresas en paraísos fiscales. Gloria Araujo, quien tuvo oficinas en el estado de Florida, Estados Unidos, es una de estas personas. Los datos de contacto que figuran en los documentos revisados ya no corresponden a la venezolana. Al llamar al número de teléfono con código de área de Miami (305) asociado con su nombre, una operadora indica que el número o código es incorrecto.

Araujo tenía sus propias firmas en paraísos fiscales y había apoyado al menos a 50 compañías relacionadas con venezolanos –de la data obtenida por ICIJ- a lograr un registro de empresas en territorios offshore.  En Venezuela su nombre figura ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como directora principal y presidenta del “Everest Financial Group, Asesores de Inversión, C.A.”, el mismo nombre que dio de referencia en 2007 para sus oficinas en Florida. Actualmente la firma en Venezuela tiene el estatus de suspendida ante la CNV y la página web suministrada ante la Comisión, al momento de su inscripción en 2006, está inactiva.

Además de ocultar fortunas en el caso de políticos, las motivaciones para registrar empresas en paraísos fiscales en el caso de empresarios tienen que ver con la obtención de mayores ganancias para los negocios.

“No me imagino la existencia de grandes grupos económicos, radicados en EE.UU. u otro país y cotizados en New York, Londres o Frankfurt, que no hagan gran parte de sus negocios offshore”, escribió a ICIJ el empresario Moris Beracha.

Así pasa también con los socios internacionales de compañías venezolanas como Pdvsa. Según información del Registro Mercantil, firmas como CNPC Venezuela B.C. (China) y Eni Venezuela B.V. (Italia), con las que se crearon empresas mixtas como Petrozumano y Petrolera Güiria, con la con la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) como contraparte, utilizaron el nombre de compañías registradas en los Países Bajos como representantes de sus acciones.

*Con informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)