El largo adiós del secreto bancario suizo

Los funcionarios de la aduana norteamericana en Honolulu, cabecera del estado de Hawaï, capturaron en marzo de 1986 los papeles de la rapiña acumulada en Suiza por el clan Marcos, que venía de ser derrocado en Manila. De las valijas de Ferdinand e Imelda Marcos surgió la documentación, cuya copia el presidente Ronald Regan remitió a sus homólogos del Consejo Federal en Berna, para que el tesoro retornara a las arcas oficiales de la flamante presidenta democrática de Filipinas, Corazón Aquino. El cuantioso botín trepaba a 570 millones de dólares. Los trámites de la restitución se extendieron hasta 1998. 

Las consecuencias del caso llevaron a que la Confederación Helvética mejorara su Código Penal. Ese mismo año 1998 le incorporó el artículo contra el blanqueo de dinero, un castigo para quienes obstaculizaran la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales provenientes de un crimen. Consumada la devolución a Filipinas de lo robado por la tiranía matrimonial de los Marcos, le empezó a suceder algo equivalente a otras personalidades políticamente expuestas que han perdido ,o quizá, están por terminar de perder -ellos, sus mandatados o herederos- alrededor de 1500 millones de dólares: Sani Abacha (Nigeria), Mobutu Sese Seko (Congo), Jean-Claude Duvalier (Haïti), Zine el-Abidine Ben Ali (Túnez), Hosni Mubarak (Egipto) y Muamar Gadafi (Libia), mientras que en América Latina destacan, con igual suerte, Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, el expresidente de México, Vladimiro Montesinos, lugarteniente del exdictador peruano Alberto Fujimori, y el expresidente argentino Carlos Menem. Este último tiene pendiente de respuesta en Ginebra un exhorto para repatriar su cuenta en la UBS, acompañada de la de su otrora secretario privado, Ramón Hernández. 

En Suiza no hay un registro centralizado de cuentas controlado por el Estado, similar al existente en los bancos centrales del mundo restante, a donde pueden acudir los tribunales para saber si una persona bajo sospecha de infringir la ley tiene una cuenta, y eventualmente bloquearla. Solo cada banco conoce los nombres de sus clientes, normalmente jamás notificados a ninguna autoridad pública. Blandiendo represalias si no se lo respetara, el nuevo artículo antilavado trajo aparejado la obligación para los bancos y la galaxia de intermediarios financieros, de comunicar a la justicia las cuentas y/o transacciones que se presuman lo hayan violado: 896 denuncias en 2009, 1159 en 2010, y 1625 en 2011, por un total de haberes involucrados en torno a los 6.000 millones de dólares.

El dispositivo se complementa con que los jueces locales pueden actualmente, por decisión propia o a petición de sus colegas de hasta ignotas latitudes, ordenar el levantamiento inmediato del secreto bancario e incoar un sumario penal ante "sospechas suficientes" de limpiar o disimular dinero sucio, pistas que incluyen notas de prensa, la publicación de un libro periodístico o la emisión de un documental televisivo. La Argentina conocería rápidamente los frutos de tales novedades, desde la aparición, a fines del siglo pasado, de las cuentas de exrepresores, por ejemplo, Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Domingo Bussi; las de los beneficiarios de las coimas del escándalo IBM-Banco Nación, hasta la reciente de los presuntos testaferros del cuestionado Secretario General de la CGT, Hugo Moyano. 

El modelo helvético del secreto bancario fue creado en 1934 para blindar las cuentas de los judíos que sacaban sus ahorros de Alemania y los ponían al abrigo de la curiosidad de los espías del Tercer Reich. La preservación del anonimato, vigente en cualquier banco del planeta que no divulga la identidad de sus clientes, se convirtió en una cultura de excelencia en la banca suiza. Su cultivo se vio aupado por el impulso de un Estado rico, próspero, pacífico, plurilingüístico y multiconfesional, que se ha erigido en el más competitivo e innovador del globo, por encima de Estados Unidos, Japón, China y Alemania. 

La estabilidad política de la Confederación Helvética, con siete siglos de historia, se encuentra potenciada por una infraestructura tecnológica de alta calidad, con una moneda refugio, el franco suizo, salvaguarda ante las fluctuaciones del dólar, del euro, o de las divisas asiáticas. No es de extrañar que el acopio de tanta seguridad reinante atrajo como un imán los fondos de la corrupción, el narcotráfico y el comercio ilícito de armas y de codiciados minerales, que se aprovecharon de los bancos, un fenómeno que recién en el presente siglo se ha podido empezar a combatirlo con el arsenal legal someramente antes descrito. 

Un tercio de las fortunas privadas de la tierra son gestionadas en Suiza. Sin embargo, no se conocen cifras pormenorizadas de la parte que corresponde a la evasión fiscal, que pudo inicialmente escapar del acoso judicial ya citado. Los flujos financieros que transitan por los paraísos fiscales están calculados en 20.000 billones de dólares, pero Suiza es uno entre varios, cuya mayoría son excolonias británicas, al margen de Andorra, Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, Hong Kong y Macao; y sin olvidar algunos de los Estados Unidos, como Delaware, Nevada, Wyoming y Florida. La Unión Europea estima que unos 800 billones de dólares de sus ciudadanos han sido transferidos electrónicamente a esos destinos esquivando el fisco. Entre 1970 y 2010, América Latina escondió en esos parajes más de 2.000 billones de dólares. La ONU denuncia el contexto que la criminalidad organizada a escala internacional produce ganancias anuales del orden de los 870 mil millones de dólares.

Del 2008 al día de hoy, en virtud de las sucesivas crisis financieras y económicas en los ricos países occidentales, tras la quiebra de Lehman Brothers y el derrumbe bancario en el Viejo Continente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apremiada por sus Estados miembros urgidos de dinero fresco para paliar sus deudas, le ha venido imponiendo a Suiza, que no integra la Unión Europea, una profundización del desmantelamiento de su legislación sobre el secreto bancario, concretamente la que ampara la huida de capitales que eluden al fisco en los países desde donde emprenden la fuga.

Bajo amenazas de sanciones que habrían dañado especialmente a dos de las industrias líderes suizas, la de los bancos, que se despliegan en el exterior para obtener sus principales ganancias, y la de las exportaciones de productos manufacturados y servicios, fuentes esenciales de recursos para un pequeño país de 7 millones de habitantes que carece de materias primas, a partir del 13 de marzo de 2009, Suiza comenzó a instaurar el principio revolucionario que la evasión fiscal es un delito penal sin restricciones.

Fue así que el gobierno federal estableció la norma de colaborar con las autoridades competentes extranjeras que soliciten investigar la evasión fiscal, a las que antes les respondían que eso no era posible porque dicha evasión, en su derecho interno, no constituía una infracción penal sino una falta administrativa debida a la negligencia y el olvido, y redimible por multa. Eso impedía satisfacer la llamada regla de la doble incriminación; vale decir que el hecho reprimido penalmente en el país requirente, lo fuera también en el requerido.

El 2 de abril de 2009, el G20 emitió el acta de defunción del secreto bancario y, para no caer en el casillero de los transgresores y sufrir escarmiento, Suiza se anticipó unas pocas semanas y el 13 de marzo precedente anunció, como se ha dicho, que se plegaba a perseguir penalmente la evasión fiscal sin reservas ni distinción entre sus diversas modalidades. La decisión fue explotada por los Estados Unidos, los países dominantes en la Unión Europea, México, Uruguay, Colombia y Perú, que están consensuando diversos instrumentos con Suiza para, saldar el pasado a través del pago de indemnizaciones por el estrago ocasionado al fisco de esos países, y avanzar hacia un futuro que habilite la transmisión automática de información bancaria sobre personas o empresas que, indiciariamente, soslayaren el fisco.

La oportunidad para entornar definitivamente las puertas del paraíso fiscal, todavía vigente en Suiza, se le ha presentado a Barack Obama, el segundo presidente estadounidense, luego de Ronald Reagan, que la coyuntura ha querido encomendarle presionar para concluir el ciclo de la permeabilidad al crimen de los bancos helvéticos. El principal de ellos, la UBS, debió pagar en 2009 una multa de 780 millones de dólares y destapar 4450 cuentas, a cambio de zafar de una condena por evasión fiscal y no perder la licencia para seguir operando en Estados Unidos. El 23 de febrero de 2012, varios directivos de otros once establecimientos bancarios suizos fueron procesados por fraude fiscal en Estados Unidos, pues, al parecer, ayudaron a ciudadanos de aquel país a sustraerse al fisco, vehiculizando sus fondos sin declarar hacia Suiza, y por esa u otras vías, domiciliarlos en cuentas off shore asentadas preferentemente en el Caribe o en algunas islas del Canal de la Mancha, mediante sociedades fantasmas o mecanismos artificiales. 

El monto del resarcimiento y las listas de titulares de cuentas que van a ser delatados por Suiza para frenar la ofensiva judicial, que amenaza con prohibirles a los bancos imputados continuar trabajando en Estados Unidos, deberían arbitrarse en un "arreglo global" que ambos gobiernos están debatiendo. Se lo denomina Deferred Prosecution Agreement (DPA), un pacto bilateral que articularía una suma para restañar el daño cometido en el pasado por haber contribuido a la evasión fiscal, fijando también nuevas exigencias que imposibiliten reincidir. Los Estados Unidos reclamarían la entrega de entre 19.000 y 52.000 cuentas, cuyos dueños y nivel de activos se desconocen. Y ya están consiguiendo los nombres y las pruebas documentales de las técnicas que utilizan los empleados o agentes de los bancos suizos para delinquir dentro de los Estados Unidos captando clientes con fines de evasión fiscal. 

En el marco de convenciones bilaterales relativas a la doble imposición con Estados Unidos y otros 50 países, en curso de ajuste o elaboración, la solución final podría conocerse hacia septiembre próximo, cuando el gobierno va a someter al parlamento las propuestas de leyes y decretos para una la plaza financiera de "dinero limpio", conjugando la idea rectora de asimilar la evasión fiscal con la criminalidad económica. La ministra de Finanzas y presidenta suiza, Eveline Widmer-Schlumpf, anticipó que todos los propietarios "no residentes" en Suiza de cuentas en los 320 bancos inscriptos legalmente, deberán certificar por escrito que han regularizado sus depósitos ante el fisco de los países de los que son nativos, o en los cuales viven y/o hacen negocios.