Hicieron como que castigaban a los ‘cuates’ de Alex Saab
Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron en el esquema millonario que surtió de productos a las cajas Clap, incluyendo aquellas que vendieron leche en polvo de pésima calidad nutricional. Con Alex Saab -arquitecto y cabeza de estas operaciones- detenido en Cabo Verde hace tres semanas, en México comienzan a revelarse las irregularidades de una investigación que parecía haber hecho justicia. Al final, fue un castigo que ni dolió ni reparó a nadie.
Los
ecos de la detención de Alex Saab llegan a varias partes. Desde Cabo Verde,
donde fue capturado el 12 de junio tras la activación de una alerta roja de
Interpol, primero a Venezuela, su centro de negocios desde hace casi una década
y, luego, hasta Colombia, donde nació y ahora reflotan tanto sus conexiones
políticas como un juicio en su contra. Ahora en México también se hace sentir el
coletazo. La nación norteamericana fue desde 2016 clave para Saab y su socio, el
también colombiano Álvaro Pulido Vargas, en el millonario esquema del suministro
de alimentos al programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción
(Clap) que ese año el gobierno de Nicolás Maduro instauró en
Venezuela.
Las
autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces
hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos,
todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura
de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación,
que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino
también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy
baja calidad nutricional.
El
detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que
muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de
la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese
cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier
castigo.
El
18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira,
subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada,
denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un
“esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad”
con “sobreprecios”.
El
funcionario apuntó directamente contra Group Grand
Limited,
la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y
una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem
colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la
gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación
de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo
reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.
“Los
imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto
equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados
para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó
entonces Lira.

La detención de Alex Saab en Cabo Verde ha provocado que salgan a relucir las irregularidades de la investigación que se le siguió en México desde 2018.
La
sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de
la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de
millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.
“Los
empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio
con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de
existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una
donación de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero
se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como
sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante
la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la
reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera,
coautora de este reportaje.
Otros
documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las
compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores
mexicanos.
Sospechas confirmadas
Ya
para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el
correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las
anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones.
Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand
Limited
y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional
de la leche en polvo mexicana
que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a
muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela
(UCV).
Poco
después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las
importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros
sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en
agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la
República”, refiriéndose a Maduro.

Al menos desde febrero de 2018 la estatal venezolana Corpovex conocía los despachos de alimentos de mala calidad desde México para los CLAP.
Ahora
se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las
autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año.
Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia
DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la
Función Pública mexicanas.
Además
de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el
escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados
Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo
Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC,
sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y
Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado
de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia
incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y
Raphael Jihad El Khoury Karam.
En
abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección
presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de
estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel
Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand
Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por
Asasi Food
FZC,
registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un
contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje
Yatirim,
una sociedad turca.
De
abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea
a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los
Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato
CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho
convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group
Grand Limited para los Clap, tras uno
inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la
Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma
Mora.

Cuando las sospechas contra Group Grand Limited crecían, Alex Saab y Álvaro Pulido cedieron los derechos de los contratos con Corpovex a la empresa turca Mulberry Proje Yatirim.
Tanto
Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los
propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del
Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de
propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la
estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un
comunicado.
Casi
en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de
dinero, asociado al primer negocio que lograron
con el chavismo en 2011 para la construcción de
casas prefabricadas..
Pero
en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no
criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a
unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los
infractores.
Durante
meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que
salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP
Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también
surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo
Brandon, una empresa de rastro
muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de
leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad
nutricional.
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Cuatro palmaditas en la espalda
El
primer acuerdo reparatorio se consumó el 12 de octubre de 2018. Los
representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice &
Beans, cancelaron cada uno 750.000 dólares para sumar los tres millones de
dólares que irían a Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México
pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300
contenedores con alrededor de dos millones de combos Clap.
Santiago
Nieto, el jefe actual de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca
varios vicios en esa resolución. “Primero, no se debió haber depositado a la
Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo
establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo
reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya
acordado el decomiso de 1.300 contenedores, que después fueron enviados a
Venezuela, cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la
adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.
Los
empresarios, por su parte, aseguran haber cumplido con lo exigido por las
autoridades en ese momento. Desde El Sardinero, por ejemplo, insisten en que
cumplieron al pie de la letra el “acuerdo reparatorio” tras pagar la donación,
que paralizaron su negocio con Venezuela y que entregaron los dos millones de
cajas Clap a la Cancillería mexicana.
Pero
ese no fue el único “acuerdo reparatorio”. El 16 de octubre de 2018, la
Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos
Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los Clap, la
imposición de una multa de sólo 120.000 dólares, que también debieron abonar a
Acnur. De Productos Serel era, por ejemplo, la leche en polvo
Kosland,
una de las que peores valores nutricionales tenía. La sanción es ínfima, si se
toma en cuenta que, según la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana,
Productos Serel vendió mercancía por varios millones de dólares a Wellsford
Trading Corp, otro de los intermediarios contratados por el Gobierno de
Maduro.
Wellsford Trading
Corp,
inscrita en Panamá, firmó el 30 de marzo de 2017 el contrato 0032 con la estatal
Corpovex por casi 70 millones de dólares.
Un
tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la
empresa Almacenes Vaca, a la que se impuso una multa de poco más de 14 millones
de pesos, equivalente a unos 700.000 dólares, también destinados a la Acnur. Al
propietario de esta compañía también pertenece Rice & Beans, otra de las principales
proveedoras de los Clap entre 2017 y 2018. Apenas una factura de julio de 2018
muestra que Rice & Beans cobró a Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca
con la que Alex Saab y Álvaro Pulido reemplazaron a Group Grand Limited,
productos por 220.000 dólares.
El
cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso
las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial,
Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la
logística desde México para los Clap, una multa de 110.000
dólares.

En junio de 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera de México denunció hasta 14 empresas por las irregularidades en el negocio de suministros para los CLAP. Pero a la postre la investigación apenas derivó en unos “acuerdos reparatorios”.
Pero
si los criterios de los “acuerdos reparatorios” son ahora cuestionados por el
jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, más extraño aún resulta
que Group Grand Limited, la sociedad usada en México por Alex Saab y Álvaro
Pulido, haya logrado recuperar sus cuentas bancarias luego de que las
autoridades ordenaran congelarlas.
A
dos años de la investigación iniciada en México, sólo tres empresas continúan
bloqueadas en el sistema financiero de ese país: Grupo Brandon y Group Grand
Limited; en el caso de la última, se refiere tanto a la registrada en Hong Kong
como a la mexicana. Sin embargo, la compañía manejada por Saab y Pulido ganó en
noviembre de 2019 un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo
que pudo descongelar dos cuentas bancarias en el Scotiabank
Inverlat.
El
documento que justificó la decisión refiere que según “el artículo 115 de la Ley
de Instituciones de Crédito, el bloqueo sólo procede en acuerdos comerciales
representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas fueron
negociaciones entre empresas particulares”. Paradójicamente, ahora el Gobierno
venezolano califica a Alex Saab como un “agente del Gobierno” para la
compra de alimentos y medicinas, y hasta reclama para él “inmunidad
diplomática”.
“Los
principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las
despensas Clap, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la
administración anterior, encabezada por Alberto Elías Beltrán, con los
empresarios y, el segundo, la jurisprudencia que impulsó el exministro Eduardo
Medina Mora para evitar que hubiera un
congelamiento
de cuentas
por parte de la UIF, en la que se establece, que si no hay una solicitud de
carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí
existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprocha el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las
cuentas de Group Grand Limited quedaron bloqueadas inicialmente el 5 de octubre
de 2018 tras la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno
de los apoderados de la empresa en México, Andrés León Rodríguez, demandó un
amparo contra la medida. Tras una batalla legal entre la empresa y las
autoridades, finalmente las cuentas fueron desbloqueadas en noviembre de
2019.
Otras
empresas que fueron denunciadas por las autoridades mexicanas por su
participación en la trama de los Clap, como Ilas México, B-Eminet, Digrava y
Evaporadora y Secadora de Leches están a punto de lograr una medida similar a la
que favoreció a Group Grand Limited. Otra prueba más de que en México la
investigación cayó en el olvido y apenas hubo responsables por las acusaciones
formuladas en octubre de 2018. Con la captura de Alex Saab, la Unidad de
Inteligencia Financiera mexicana parece dispuesta a retomar lo que inició hace
dos años y ahondar en el sospechoso rastro que el millonario negocio de los Clap dejó en
ese país.
Este
es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el diario
Excélsior de México.