El destino de Sergio se forjó en Cadivi

Fue en esa misma dirección donde desapareció. Esos datos corresponden a la oficina de Invertrade Asset Management S.A., el lugar en Panamá donde, según las pesquisas, pudo ocurrir el secuestro y asesinato de Sergio Schael Medina. También dejó apuntado el nombre de uno de los socios venezolanos de la empresa que ha aparecido en las investigaciones que las autoridades panameñas adelantaron sobre el crimen.

Hay, sin embargo, una incongruencia, y gruesa, entre el Post-It de Miami y el expediente judicial en Panamá: según los detectives panameños, Schael acudió a la capital del istmo a cobrar a Moniz una deuda por 40.000 dólares, un monto muy inferior a los 625.000 dólares que aparecieron anotados en el manuscrito.

El resto fue noticia y ya es historia: Schael llegó a la cita a las 3:46 de la tarde, según la grabación de las cámaras del edificio, y no se le volvió a ver hasta la madrugada del día siguiente, pero entonces muerto, con hematomas en el rostro a un costado en la avenida Juan Pablo II, en la periferia de Ciudad de Panamá.

“Buscan a asesino de joven venezolano”, titulaba el diario Crítica de Panamá el 10 de febrero del año pasado. “Sicarios mataron a nieto de expresidente”, agregó El Siglo en su edición del 19 de junio de 2014, tras advertir que la víctima era –paradojas de la vida– uno de los nietos del general Isaías Medina Angarita, presidente progresista, a quien la historia de Venezuela reconoce como arte y parte de una transición que enrumbó al país hacia la modernidad tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, al final de un régimen de 27 años.

Lo que entonces no podían advertir reporteros y medios era que algunos cabos sueltos amarran el caso a la trama de negocios furtivos que derivan del mercado negro de divisas en Venezuela. Juan Carlos Moniz y su socio, Luis Adolfo Román Fermín, ambos jóvenes empresarios venezolanos, y señalados por la Fiscalía Cuarta de Panamá como partícipes del crimen, se conectan con esa madeja. A pesar de los indicios en su contra y de una orden de captura que se giró contra Román Fermín, evadieron a la justicia desde el mismo día del asesinato. El caso ha quedado en un limbo y lo peor es que, en esta historia solo mataron al mensajero.

En la computadora de Sergio Schael quedaron registrados varios correos que dan cuenta de operaciones con empresas que figuran en la llamada lista Cadivi, una relación que en sus momentos postreros publicó la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) antes de su disolución y reemplazo, en 2014, por el Centro Nacional de Comercio (Cencoex). Allí, en esa lista, aparecen las referencias de las personas jurídicas y naturales que fueron beneficiadas con dólares preferenciales del Estado.

A las 4:26 minutos de la tarde del lunes 28 de mayo de 2012 –año y medio antes del asesinato– Schael recibió un correo electrónico en el buzón de su cuenta, [email protected]. El remitente era el venezolano Carlos Mendoza, que le giraba instrucciones desde Miami –con copia al correo [email protected] de su socio Efraín Betancourt– sobre las operaciones de Medhealth y otras empresas que, de acuerdo con la Lista Cadivi, recibieron dólares del Estado para importar equipos médicos a la tasa preferencial de entonces: 4,30 bolívares por dólar.

Así consta ante la justicia panameña a través de unas copias que quedaron archivadas en el expediente del caso que reposa en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.

“Sergio, en la parte de abajo podrás ver la comunicación entre Roger y la gente de Banesco”, le dijo. “De igual forma Roger está en contacto con Antonio en Venezuela. Gracias, Carlos”.

“Debió ser una de las tantas transacciones de cambio de divisas”. No era más que eso: una simple compra-venta de dólares, según cuenta por vía telefónica Antonio Stefani, compadre de Schael Medina y el mismo “Antonio” que aparece en el intercambio de correos con la dirección [email protected]

Prefiere, sin embargo, pasar de largo: primero porque, dice, no recuerda “cada correo” y, en segundo lugar, porque asegura que se había distanciado de su amigo antes de que fuera asesinado en el exterior. Más de una vez, explica, vendieron dólares en el mercado negro. No recuerda cuáles de las transferencias quedaron en el computador de su amigo. Pero eso fue en 2012. Luego le perdió la pista, concluye, apurado por finalizar la conversación.

El asesinato ocurrió año y medio después de esa transacción. Y solo un mes más tarde de la muerte de Schael, cuando ya corría el mes de enero de 2014, en las cortes del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, apareció una demanda por estafa contra los mismos personajes, las mismas empresas y el mismo caso que quedó guardado en los correos de la computadora personal de la víctima. Sino de varios, Sergio Schael debió ser el cobrador de al menos este caso.

Sergio Andrés Schael Medina nació en Caracas en 1980. Estudió para ser chef de cuisine en Inglaterra; se ganó la vida alquilando una mezcladora a algunas empresas constructoras de Venezuela y, por un tiempo, probó suerte en Miami en los fogones del restaurante La Barceloneta. Con 33 años, por fin había resuelto volver a Caracas, para reunirse con su esposa e hijo, luego de lo que debió ser una escala de escasos siete días en Panamá.

Era fuerte, inspiraba respeto. Cultivaba su cuerpo mediante la disciplina diaria del gimnasio. Pero más allá de eso, en su casa lo recuerdan antes que nada como un muchacho colaborador y fraternal. Buen hijo. Eso sí, reservado a la hora de hablar de su vida, previene su papá, Alfredo Schael, quien lleva un trecho recorrido clamando justicia en los vericuetos de los tribunales de Panamá y Venezuela.

Algo ya debía estar mal el día en que Sergio Schael tocó la puerta del apartamento de Juan Carlos Moniz para reclamar el pago de una deuda. Así consta en el expediente judicial mediante el testimonio que rindió el venezolano Jean Carlos Amaro, el primero en advertir al día siguiente sobre la desaparición de Sergio.

Amaro viajó de Caracas a Ciudad de Panamá atendiendo el llamado de Schael para que lo acompañara en la tarea de cobrar una deuda que, de acuerdo con su testimonio, sumaba 40.000 dólares. Fue así como el 10 de diciembre de 2013 tocaron juntos la puerta del apartamento que Juan Carlos Moniz tenía en el edificio OasisTower de la capital panameña. Allí entendió que esta historia se estaba saliendo de control.

No fue Moniz el que salió sino su socio, Luis Román Fermín, sobre quien pesa una orden de captura para que explique ya no ese encuentro sino el segundo: la reunión en la que, al día siguiente, vio a Sergio Schael con vida.

Según el relato de Amaro, Román pasó el teléfono a Sergio para que acordara directamente con la persona que estaba buscando, y así se conocieron en una acalorada conversación telefónica que adquirió visos de violencia. Sergio exigía los dólares.

En respuesta le dijeron que al día siguiente recibiría el comprobante de pago de la deuda en el local 15-02 del edificio Paitilla Office Tower, sede de la empresa Invertrade Asset Management, cuyos accionistas también tenían una casa de corretaje en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas y en la que Moniz y Román despacharon hasta el mismo día del crimen.

¿Cuál era realmente la tarea de Sergio en Panamá? Es una pregunta que no alcanzó a responder Carlos Mendoza, el mismo que en mayo de 2012 envió desde la dirección [email protected] –a Sergio y otros– la constancia de una transferencia de 1,4 millones de bolívares fuertes desde la cuenta bancaria de Medhealth a Urbapharma, dos de las empresas que de acuerdo con la llamada Lista Cadivi, consiguieron dólares a precios preferenciales para importar equipos médicos.

Aunque atendió el teléfono, Mendoza prefirió despachar la llamada cuando le preguntaron por Sergio para este reportaje. Ni siquiera su abogado, Menachem Mayberg, respondió luego a un cuestionario que pedía luces sobre el tema. Solo indicó que todavía estaba intentando entender de qué se trataba todo esto y que, debido a ello, no es posible conversar con sus clientes sobre este tema "por el momento".

Mayberg, de cualquier forma, tiene que conocer algunos de los enredos que han derivado del control cambiario y los conoce de primera mano porque sus clientes –el mismo Carlos Mendoza que escribió a Sergio Schael un correo y Efraín Betancourt, quien aparecía en copia– fueron demandados en enero de 2014, justo un mes después del asesinato en Panamá, por 12 personas naturales y jurídicas que reclaman en Estados Unidos una estafa derivada de transacciones cambiarias de Medhealth y de las diversas empresas que figuran, otra vez, en los correos del asesinado.

La demanda reposa en el Circuito judicial 11 del condado de Miami-Dade en contra de la empresa Yupi Holding, propiedad de Mendoza y Betancourt, a la que una docena de venezolanos residenciados en Miami reclaman 8,5 millones de dólares equivalentes, en el mercado paralelo de entonces, a más de 78 millones de bolívares que entregaron para financiar la importación que ante Cadivi tramitó una de las empresas relacionadas con Medhealth. Se trata de la firma Inversiones Maxx 0712, cuyo expediente público está “extraviado” en el Registro Mercantil V de Caracas.

Las transacciones que eran objeto de la demanda corresponden con una de las tantas modalidades que ha adquirido en Venezuela el negocio de comprar dinero con descuento.

A falta de libertades económicas, el control cambiario ha sofisticado distintos mecanismos que dinamizan la economía a través de prestamistas que reciben dólares a tasas favorables, a cambio de bolívares para financiar importaciones. Se trata de un secreto a voces del que no hablan las autoridades venezolanas, pero que finalmente ha quedado registrado en las cortes de la Florida a consecuencia de unos fondos que se perdieron en el camino.

“La transacción fue promovida por los acusados tanto como una operación de financiamiento como un cambio de divisas simple de bajo riesgo”, esgrimieron los afectados en su denuncia. “Los demandantes, que estaban deseosos de transferir fondos desde sus cuentas bancarias de Venezuela a los Estados Unidos en dólares, vieron la transacción como una oportunidad para obtener dólares a la tasa de cambio oficial a través de Cadivi, que es mucho más baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto", añaden en la misma demanda a través del abogado Alexander F. Fox.

Fue y sigue siendo así como muchos venezolanos residenciados dentro y fuera del país han figurado como propiciadores, y a veces víctimas, de una suerte de estafa piramidal. De eso da testimonio Álvaro Fernaud, un venezolano residenciado en Miami que llegó a denunciarlo por Twitter. “Estafa millonaria a Cadivi”, lamentó el 26 de marzo de 2014.

Fernaud es uno de los muchos que entregaron dinero a quienes, a su vez, ahora demandan 8,5 millones de dólares en Miami a Mendoza y Betancourt. Se trata de una cadena, no precisamente de favores. “Al mes ya los clientes empezaron a sentirse incómodos y por eso yo pedí de vuelta los bolívares, pero nunca me los devolvieron”, cuenta vía telefónica desde Florida. “Me dijeron que esto era un negocio y que no podíamos deshacerlo hasta que Cadivi liquidara las divisas”. Ahora Fernaud pone en duda hasta que las mismas importaciones que servían de excusa a todo el tinglado siquiera llegaron a tener lugar.

Desde Miami, Mendoza se ha eximido de toda responsabilidad. Durante el proceso se declaró como otra víctima afectada por la importadora venezolana a la que transfirió los bolívares de sus clientes. Como coartada, adujo que en aquella época tuvo problemas con el servidor de correo electrónico, desde el que se enviaron varios de los mensajes.

Pero en Caracas el cuento es otro: Roger Quaranta, el dueño de la empresa Inversiones Maxx 0712 y de Medhealth –que también figura en los correos enviados a Sergio– dice que fueron Mendoza y Betancourt los que desaparecieron el dinero y añade que así lo declaró en los tribunales norteamericanos cuando el juez de la causa abrió el proceso judicial.

De acuerdo a su versión, ambos llegaron a su oficina, ofreciéndole importar a través de su empresa, y así comenzó esta historia. “Yo les dije: perfecto, yo tengo mi compañía con Rusad (Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, una base de datos oficial de importadores venezolanos); les voy a cobrar tantos bolívares por dólar por las solicitudes que les coloque y puedo importarles lo que quieran”.

Quaranta salva su responsabilidad ahora que el dinero se perdió en el camino, y lo hace sobre la base de una serie de correos electrónicos en los que Mendoza le pidió por escrito mover el dinero. “No sé quién es Sergio Schael pero estos nuevos correos pueden ser una prueba en Estados Unidos, porque ellos decían que les habían hackeado sus mails en enero de 2012”, cuenta. “Si tú tienes un correo dirigido a un tal Sergio, que no sé quién es, significa que ellos sí estaban usando ese correo”.

Ya no es primicia advertir que el mercado negro de divisas es una de las industrias más sólidas de la Venezuela actual. Grandes fortunas se han amasado, o han crecido, bajo el alero de ese negocio furtivo. Pero esas fortunas son producto de una miríada de transacciones. De juzgado en juzgado,  por todo el mundo van apareciendo ejemplos de la ruina –incluso moral– de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas y cobradores, tanto ganadores como perdedores.

En los corrillos de la justicia venezolana advierten que algunos de los estafados recobraron el dinero que habían empeñado, a espaldas del caso que en Venezuela también dirime el Ministerio Público. Mientras eso ocurre, ni en Panamá ni en ninguna otra parte hay justicia por el homicidio de Sergio Schael, el venezolano de 33 años cuya vida sacrificaron hace año y medio por una transacción de bolívares por dólares.