Dos empresas jugaron con ventaja para aprovechar la emergencia eléctrica

Directivos, técnicos de Corpoelec, un periodista y un fotógrafo del diario Últimas Noticias de Caracas también viajaban en el mismo helicóptero. Entre los pasajeros destacaba el presidente de la estatizada Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, luego viceministro de Desarrollo Eléctrico.

El propósito de ese día era mostrar los trabajos de instalación de una turbina General Electric de 22 megavatios. La planta de Picure, ubicada en el Complejo “Josefa Sánchez Bastidas”, sería de 134 megavatios, por un monto de 125 millones de dólares y debía ser concluida en mayo de 2010, como parte del denominado blindaje eléctrico de Caracas, que buscaba impedir apagones en la capital venezolana.

Cinco años después de la exhibición, se conoce que el orgullo por la planta de Picure era infundado y camuflaba un engaño. De acuerdo a los balances del Ministerio de Energía Eléctrica, la planta –encargada al contratista Derwick Associates– terminó costando 240 millones de dólares, un monto exorbitante sobre todo si se considera, como revelan documentos filtrados por Daniel A. Rosenau –un extrabajador de la empresa ProEnergy Services, con sede en Sedalia, Missouri (Estados Unidos), compañía que proveyó a su par venezolana de los equipos eléctricos y ejecutó las obras como subcontratista– que los equipos usados para la instalación no eran nuevos sino usados.

Derwick Associates fue fundada en Panamá en 2003. La dirigen Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, junto a otros jóvenes que tienen en común el apellido López o el hecho de haber crecido en La Lagunita y estudiado en el colegio Cumbres, a cargo de la polémica orden de origen mexicano Legionarios de Cristo.

Cuando la empresa recibió su primer contrato, solo uno de sus directivos superaba los 31 años de edad. Otros apenas habían cruzado la mayoría de edad cuando la compañía fue registrada en el istmo.

En octubre de 2009 la empresa suscribió con la Electricidad de Caracas el contrato por 198 millones de dólares por el equipamiento y construcción de la planta de Picure. Ganó esta obra sin tener experiencia en el sector ni el requerido registro de empresa en Venezuela, como tampoco estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), una de las exigencias de la Ley de Contrataciones Públicas. La firma la hizo como una empresa panameña, aunque ya para entonces tenía la protocolización de Barbados.

Derwick a su vez subcontrató a ProEnergy, que ya había ejecutado obras y vendidos equipos en Venezuela desde el año 2005, entonces asociada con Pacific Rim Energy, cuyos propietarios son los empresarios del atún y la tecnología, los hermanos Majed y Khaled Kalil.

Los 18 gigabytes de documentos digitales filtrados por Rosenau, quien por dos años fue vendedor de esa firma en la Costa Oeste de Estados Unidos -de donde salieron buena parte de los equipos vendidos al Estado-,y fue testigo de lo que considera una ambición desmedida de “gente rica que robó sin importar el daño que hacían a los habitantes de un país, solo por codicia”, revelan que tanto la compañía estadounidense como la venezolana tuvieron información privilegiada cerca 23 meses antes de que se decretara la emergencia eléctrica el 8 de febrero de 2010, decreto con el cual Chávez facilitaría la contratación de obras y servicios para el sector sin necesidad de licitación. Así pudieron crear una arquitectura de negocios donde destaca el sobreprecio en obras y la venta de equipos mayormente usados pero ofertados a precios mayores que si fueran nuevos.

Gracias a ese esquema, ProEnergy, con el estadounidense Jeff Canon como presidente, se aseguró con Derwick ingresos por el orden de 1,3 millardos de dólares, mientras que Derwick facturó al Estado venezolano, por los mismos contratos y solo por hacer la intermediación, 2,25 millardos de dólares, unos 809 millones de dólares más que lo cobrado por su aliado, con quien llegó a firmar acuerdos de confidencialidad. Canon no respondió al correo enviado con preguntas acerca de las actividades entre ambas empresas.

Así, con ProEnergy como ejecutante en el campo y Derwick al frente de las negociaciones con las instituciones venezolanas, la mancuerna logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra. Todas eran reparadas para cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven –filial de Pdvsa– en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia.

Cinco años después, el rendimiento de esas plantas resulta deficitario. De acuerdo con el último reporte operativo oficial del Sistema Eléctrico Nacional, al que se tuvo acceso el 2 de  marzo de este año, solo tres de cada diez turbinas vendidas e instaladas por Derwick, están disponibles. Las demás se encuentran paradas por mantenimiento o desperfecto, o nunca entraron en operación, como es el caso de la planta A de Sidor, con turbinas General Electric usadas y traídas de Estados Unidos.

“Aunque la indisponibilidad de las máquinas no es directamente atribuible a Derwick, porque ahora esas plantas se encuentran bajo la gerencia de Corpoelec, el rendimiento no podía ser otro si vemos que 81% de las turbinas son de segunda o tercera mano”, afirma el experto internacional en el sector eléctrico, José Aguilar.

Aguilar analizó de abril a agosto de 2014 la data filtrada por Rosenau, quien originalmente entregó los documentos al periodista del Wall Street Journal, José De Córdova, y al propio Aguilar en una reunión efectuada en Semana Santa de 2014 en Missouri (Estados Unidos).

El experto eléctrico, a partir de los cerca de 20.000 documentos analizados, asegura que desde 2011 se ha señalado que el negocio de Derwick estuvo en la venta de turbinas y equipos, pero los papeles revisados demuestran que la gran ganancia la lograron en la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC en inglés) de las plantas, al separar hasta en tres partes los presupuestos, renglón en el cual la empresa venezolana cobró casi el doble de lo subcontratado con ProEnergy: 564 millones de dólares la estadounidense, versus1,1 millardos de dólares de la nativa.

Un empleado de ProEnergy que laboró en la construcción de la planta A de Sidor, recuerda que muy pocas veces veían al personal de Derwick en las áreas de trabajo. Los “bolichicos” estaban en las oficinas del penthouse del edificio Kyra, ubicado en el enclave financiero del municipio Chacao (este de Caracas), a donde se intentó entregar en dos oportunidades una correspondencia solicitando una entrevista, sin que nadie la recibiera, bajo la excusa que no se encontraba la asistente de la asistente de la presidencia de la empresa. Al momento de la última visita, durante la primera semana de febrero, Betancourt López se hallaba fuera del país. Tampoco Trebbau López respondió a un correo enviado a su correo corporativo.

En mayo de 2011, el periodista Juan Carlos Zapata describió en su columna publicada en el diario El Mundo Economía y Negocios a un grupo de jóvenes, vinculados a factores de poder en Pdvsa y Corpoelec, entre ellos Javier Alvarado, quienes se hicieron de contratos para obras eléctricas. Entonces los llamó “los bolichicos”.

Alvarado, ex presidente de La Electricidad de Caracas, ex viceministro de Energía Eléctrica y hoy nombrado por el diario El Mundo de Madrid  como uno de los jerarcas del chavismo que estarían siendo investigados por las autoridades españolas por presunto lavado de dinero en la Banca Privat D’Andorra y su sucursal hispana, el Banco Madrid, resultaría clave en esta historia pues indagaciones efectuadas en 2011 llevaron a descubrir la existencia de estrechos vínculos de amistad entre los propietarios de Derwick, encabezados por Betancourt López y Trebbau López, y Javier Alvarado Pardi, hijo del exfuncionario.

Un personaje que no aparece en la filtración pero sí está investigado en el territorio ibérico es Nervis Villalobos, asesor de “bolichicos”, quien usó con frecuencia el avión de Derwick en 2012 según reportes de autoridades civiles en el aeropuerto de Maiquetía.

Los documentos filtrados evidencian que desde marzo de 2008, 23 meses antes de que se anunciara la emergencia eléctrica, Derwick y ProEnergy comenzaron a fraguar la alianza y buscar las turbinas que luego venderían a veces sin tenerla en sus inventarios.

En marzo de 2009, la compañía estadounidense expuso en una correspondencia que Derwick era su “representante exclusivo”. Incluso los papeles registran reuniones en abril de 2009 con el personal técnico de la Electricidad de Caracas para presentar propuestas para el proyecto Picure, que estaba previsto a iniciarse en junio, pero se retrasó hasta octubre del mismo año.

También se tuvo acceso a una carta de Alvarado padre, dirigida a Betancourt López el 19 de junio de 2009, en la cual le informa a Derwick que fue seleccionada para presentar una oferta para el proyecto de La Raisa, el segundo que entraría en ejecución luego de Picure.

Pese a efectuar la búsqueda entre 2008 y 2009 de la invitación nacional o internacional a una licitación para obras eléctricas, no se halló ninguna convocatoria para 12 obras eléctricas, adecuación de equipos y dotación de turbinas. En ese caso corresponde efectuar la invitación a presentar oferta en medio de una declaración especial de emergencia institucional. Al menos que se decrete una emergencia nacional, como efectivamente ocurrió a partir del 8 de febrero de 2010, lo que permitiría contratar y comprar sin licitación.

El abogado de Transparencia Venezuela, Gregorio Riera, con experiencia en contrataciones públicas, aclaró que ante cualquier circunstancia, bien sea por licitación o invitación, la empresa debe reunir experiencia y capacidad financiera, así como obligatoriamente estar inscrita en el Registro Nacional de Contratista, sea una compañía nacional o internacional. El ente contratante debe velar porque eso se cumpla.

Si llegase a comprobar que ninguna otra empresa tuvo acceso a la información sobre los proyectos eléctricos que recibió Derwick desde al menos marzo de 2009, y que esos datos fueron claves para presentar la oferta de servicio, entonces se estaría frente a un concierto de contratista, delito tipificado en el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción, con 2 a 5 años de prisión.

El reportero de Armando.Info intentó contactar a Alvarado, quien se encuentra viviendo en España desde 2014, lo que resultó imposible, incluso en febrero, en compañía del periodista de El Mundo de Madrid, Antonio Rubio, se tocó a la puerta del apartamento registrado a nombre de una empresa de Alvarado en la capital madrileña, pero la persona que atendió no dio razón de su paradero.

Pero en agosto de 2011 Alvarado padre, ya para entonces fuera de la gerencia del sector eléctrico, accedió a responder unas preguntas a través de quien hacía las veces de su relacionista público, su excompañera de clases en el liceo, Isabel Morán. Al ser interrogado sobre la participación de ProEnergy en todos los proyectos, dijo que “por orden de Pdvsa en los proyectos a ejecutar por ProEnergy debía participar una empresa venezolana. Por eso se asociaron con Derwick”.

Alvarado hizo referencia a Pdvsa porque hasta 2010, el Ministerio de Energía Eléctrica, creado en octubre de 2009, y Corpoelec, corporación fundada en 2008, dependían financieramente de la petrolera estatal, empresa que a su vez, bajo la presidencia de Rafael Ramírez, desarrolló un plan de autonomía eléctrica, para instalar mil 354 megavatios de generación termoeléctrica en sus áreas productivas.

Como parte de ese proceso, Pdvsa compró equipos a Derwick, sin que reuniera las condiciones para ser un proveedor internacional, como trayectoria de fabricante y financiera –al igual que lo hizo con KCT Cumaná y Ovarb–.  Más de 280 millones de dólares en equipos eléctricos, con turbinas usadas entre ellas las destinadas a los proyectos Guanapa y Barinas I, ambos en el estado Barinas, a donde llegaron máquinas fabricadas en 1973 y 1976, respectivamente, las cuales hoy se hallan fuera de servicio según reporte del 2 de marzo.

Los nuevos papeles filtrados hacen referencia a uno de los contratos de Pdvsa con Derwick. Se trata de la construcción de la planta de El Furrial, en el estado Monagas. La carta firmada por Fernando Padrón, gerente general de Refinación Oriente, el 20 de mayo de 2010, anuncia a Leopoldo Betancourt López, como presidente de la contratista, que le fue asignada la obra por 131 millones de bolívares más 67 millones de dólares.

Según los datos reflejados por la misma correspondencia, el proceso fluyó de forma expresa, claro, en el marco de la emergencia eléctrica. El 17 de ese mes se le envió a Derwick la invitación a participar en la contratación y ese mismo día la empresa mandó su oferta. Tres días después se oficializaba el contrato y un adelanto de 30% para iniciar la obra. Vale hacer notar que cada una de las turbinas de 58 megavatios del proyecto las vendió ProEnergy a Derwick y ésta a Pdvsa según orden de compra de Bariven del 20 de febrero del mismo año.

La filtración de Rosenau también permite confirmar la amplitud del negocio que hubo tras el proyecto de instalación de 880 megavatios en Sidor en el estado Bolívar.

El entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, presidente de la CVG y actual alcalde de Guarenas, era un viejo conocido para la máxima autoridad de Derwick. Betancourt López fue el asesor financiero del Gazprom Bank, cuando Sanz depositó 500 millones de dólares en una cuenta de esa entidad en septiembre de 2009. Ese dinero no apareció más nunca.

Cuando llegó la emergencia eléctrica, decretada el 8 de febrero de 2010 en medio de una gran sequía, surgió la propuesta de construir dos plantas en esa zona del país donde se encuentra la principal central hidroeléctrica de Venezuela, la de Guri. Sin embargo, los equipos destinados para ese proyecto estaban comprados desde el 29 de diciembre de 2009. Ese día, Energy Parts, una filial de ProEnergy, vendió a Derwick cinco turbinas, todas usadas, por 138 millones de dólares. Como un acto reflejo, la empresa venezolana facturó a la CVG 165,5 millones, un margen de 27,5 millones de dólares en una sola movida.

Pero allí no quedó todo. Sanz dijo públicamente el 11 de febrero de 2010, que la inversión era de 190 millones de dólares. Además, aseguró, acompañado de Betancourt López, con chemise anaranjada y lentes oscuros en la foto que abre este trabajo, que entre las ventajas que “Sidor reúne” para instalar los 880 megavatios se encuentra el “suministro de gas”.

La obra, destinada a culminar en mayo de 2010, la terminó el personal de ProEnergy a finales de 2011, luego de pararse por falta de pagos. En cuatro años no ha funcionado porque le falta gas. Sanz tampoco estuvo disponible para dar una entrevista pese a comunicarnos con su equipo de prensa en la alcaldía.

Hasta ahora, Derwick, ProEnergy, Alvarado padre, Sanz y otros se han librado de una decisión de la Contraloría o de algún tribunal en su contra.

La denuncia realizada por el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, el 19 de septiembre de 2011, está encerrada en la caja de las conveniencias oficiales y solo saldrá de allí por una decisión de las altas esferas del Gobierno, confesó un asesor de la Contraloría General de la República. “Tengo casos privados que están así”.

Sin embargo, la única sanción recibida por Derwick es la suspensión de los pagos pendientes por parte del Ministerio de Energía Eléctrica, de acuerdo con la versión de dirigentes sindicales. Aunque poco clara, en la Memoria y Cuenta de esa entidad de gobierno, aparece un párrafo que evidencia que sí hubo una investigación de los montos pagados: “Se culminó el trabajo de campo de la revisión de los pagos y contrataciones efectuadas entre la Sociedad Mercantil Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec) y la empresa Derwick Associates Corporation, durante los años 2009 al 2012, solicitada por el Ciudadano y conforme a la autorización de la Contraloría General”. No informa qué decisión se tomó.

Finalmente, en los tribunales de justicia solo una denuncia ante el Ministerio Público tuvo un desenlace. En septiembre de 2013 la Fiscalía Nacional 56, a cargo de Miriva Carballo, inició un proceso en contra de Derwick por supuestas irregularidades en los contratos suscritos con Pdvsa y Corpoelec. Al fiscal auxiliar, Frank Bolívar, el autor de la nota entregó documentos sobre los registros de la empresa fuera y dentro del país, así como la base de datos del SAP de Pdvsa y los cálculos que permitieron estimar el sobreprecio.

El 6 de diciembre de 2014, la Fiscalía 56 cerró el caso solicitando el sobreseimiento por no existir causales que demostraran que Derwick había sido responsable de alguna irregularidad. El 7 de enero de 2015, el Tribunal Itinerante en Funciones de Control del Área Metropolitana, a cargo de la jueza Romy Rojas, aprobó la medida solicitada por el Ministerio Público.

Perolos documentos filtrados para este reportaje y las denuncias en España y Andorra que señalan a Alvarado y Villalobos, suman más elementos a una historia de un blindaje eléctrico en el que solo se fraguaron las fortunas.

Ahora, en las vísperas de una nueva reaparición del fenómeno climatológico de El Niño y con el descenso del nivel del embalse del Guri, se vuelven a encender las alarmas sobre posibles apagones o racionamientos, lo que echa por tierra otro legado que Chávez intentó dejar según las palabras que dijo cinco días después de aquella actividad en Picure: “Hemos decidido blindar a Venezuela eléctricamente, va a ser un país blindado, no habrá sequías, ni inundaciones ni cambio climático que afecten el nuevo sistema eléctrico que está naciendo en Venezuela”.

_{* El autor es editor de Poderopedia Venezuela y El Pitazo TV}