Las constructoras de Brasil pasan agachadas en Venezuela

Atrapado por la justicia, Dos Santos Avancini convino en cooperar con la investigación para obtener el beneficio de casa por cárcel. Los detalladas confesiones del empresario revelaron la conformación de un cártel de 23 empresas que a partir de 2006 se confabularon para arreglar las condiciones y resultados de los concursos de obras para Petrobras. El club virtual era comandado por Marcelo Odebrecht, como correspondía, pues el grupo de empresas de la familia Odebrecht conforma el mayor emporio de Brasil en el sector de ingeniería civil para infraestructura, y uno de los más importantes del hemisferio.

Por su cercanía geográfica y la virtual mentoría política que los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), con Luis Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en la presidencia, han ejercido desde 2003 sobre Caracas, el mercado venezolano constituyó un ámbito natural para la expansión de los negocios de las dos empresas.

En efecto, Odebrecht y Camargo Corrêa operan en Venezuela. Así como también lo hacen Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão. Son marcas que, entre todas, calificaron para contratar con el Estado venezolano y hacerse cargo de, al menos, 38 importantes obras en ejecución actual, repartidas por todo el territorio venezolano. Pero, además, esas mismas fueron algunos de los más importantes caballeros de la mesa redonda de Petrobras. El cártel donde se amañaban las licitaciones de la petrolera brasileña repartía ganancias furtivas entre los empresarios, los ejecutivos de Petrobras, y los patrocinantes políticos de unos y otros.

A pesar del escándalo desatado en Brasil, la justicia venezolana no ha mostrado mucho interés en determinar si esas prácticas corruptas fueron importadas junto a la ingeniería. Al fin y al cabo, el Gobierno de Venezuela es el cliente estelar de los brasileños en el país.

Cuatro joyas cariocas –Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Odebrecht y Queiroz Galvão– mantenían en Venezuela contratos por 20.000 millones de dólares en 2014, según un informe publicado ese año por el diario Valor Económico de São Paulo. El dato no pudo ser confirmado por la Cámara de Comercio Venezolana Brasileña en Caracas, que al cierre de este reportaje todavía no contestaba el cuestionario que se le hizo llegar.

Dos de esas empresas, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), presentaron como dirección en Venezuela el Centro Empresarial Eurobuilding, en Chuao (municipio Baruta, sureste de Caracas). Camargo Corrêa, una de esas dos, ahora funciona en el primer piso de un lujoso edificio de la urbanización Las Mercedes, algo más al sur.

A través de un intercomunicador y con una puerta de cristal de por medio, una recepcionista pregunta fastidiada sobre el interés del visitante. Permite el acceso, distante y desconfiada, pero explica que por el momento no existe quien pueda dar una entrevista. Ante la insistencia, explica que la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración de directiva. Toma los datos y asegura que “Patricia” se encargará de hacer el contacto, cosa que nunca ocurre.

Camargo Corrêa debutó en el país en el 2005 con la rehabilitación de la segunda fase de la presa de El Guapo en la región de Barlovento, en el estado de Miranda (centro de Venezuela). Cinco años tomó terminarla. Según el RNC, se encuentra actualmente ejecutando la represa de Curia, y la construcción de la autopista Santa Lucía-Kempis, ambas obras de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda”, CorpoMiranda.

Las oficinas de Queiroz Galvão tampoco funcionan en el Centro Empresarial Eurobuilding, como alguna vez informó. La compañía se mudó al tercer piso de la Torre BOD de la urbanización El Rosal (municipio Chacao, noreste de Caracas). La voz joven de una recepcionista a través del teléfono explica que la única persona responsable de atender la solicitud no se encuentra y tampoco lo estará en al menos 15 días.

Sin embargo, en esta ocasión la insistencia rendirá sus frutos. La llamada se transfiere a otra persona que habla castellano con marcado acento brasileño. Se identifica como Eduardo Dan. Según el portal del RNC, Quiroz Galvao participa en las mismas obras a cargo de Camargo Corrêa. Dan, al otro lado del teléfono, se sorprende al escuchar la afirmación. Asegura que la empresa solo trabaja ahora en un sistema de irrigación que, una vez en funcionamiento, beneficiará 42.000 hectáreas en el Valle de Quíbor (estado de Lara, centrooccidente de Venezuela). Corta la comunicación solo después de advertir: “Estaremos pendientes, veremos qué hace con la información”.

Apenas un piso más abajo de las oficinas de Petrobras en Caracas –la ubicación resulta simbólica–, en el tercer piso de la Torre Lamaletto de El Rosal, funciona la sucursal de Andrade Gutiérrez. Es la segunda mayor compañía de construcción en Brasil. Con presencia en más de 40 países e ingresos anuales de 20.000 millones de dólares, emplea a más de un cuarto de millón de personas, en los sectores de infraestructura, telecomunicaciones, energía, saneamiento y logística, entre otros.

Entre sus clientes en Venezuela destaca Pdvsa Naval S.A, a la que sirve con el montaje de un astillero en el estado de Sucre (costa nororiental) y la puesta en marcha de la Siderúrgica Nacional José Abreu De Lima, ubicada en las cercanías de Ciudad Piar, estado de Bolívar (sureste del país). Ambos proyectos fueron firmados en el 2008.

En la sede caraqueña de Andrade Gutierrez atiende un hombre que habla en portuñol, presumible ciudadano brasileño, de unos 50 años de edad, que pide se mantenga su identidad en reserva pues no cuenta con un mandato oficial como vocero. Dice que la detención en Brasil de Otávio Marques de Azevedo, presidente de la empresa, el pasado 19 de junio, no paralizó el curso de las actividades regulares de la compañía. Insiste en que su caso en particular se encuentra en fase de investigación y que, por lo tanto, mientras Otávio Marques no cuente con sentencia firme, se presume su legítima inocencia.

Sin embargo, el mensaje clave del vocero improvisado tendría un revés apenas ocho días más tarde. El juez Sergio Moro, responsable de la investigación en el estado de Paraná, aceptó el pasado miércoles los cargos contra el presidente de la constructora Andrade Gutierrez, que incluyen corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Junto a Venezuela, Colombia y Perú son los mayores mercados suramericanos de Andrade Gutierrez. Su lema: “Construimos el desarrollo de una sociedad en Brasil y en el mundo”. La revista Último Segundo ubicó a Marques de Azevedo en el puesto 41 de su ranking anual de las 60 personas más poderosas de Brasil, y lo definió así: “Hay poderosos. Y el poderoso de los poderosos. Otávio Marques de Azevedo entra en esta categoría”.

En un comunicado oficial difundido por la empresa el pasado 20 de julio reiteró “nunca haber participado en cártel, acuerdo o fraude en licitaciones”, a la vez que aseguraba que “el Grupo siempre cumplió y seguirá cumpliendo todos sus compromisos. Estamos seguros de que todo será aclarado pronto y de que seguiremos contribuyendo al desarrollo del país”.

Pero el mayor bocado de las contrataciones en Venezuela le tocó a Odebrecht. Hace unas semanas, en una entrevista con el sitio Contrapunto.com, el sempiterno ministro de Planificación en los gabinetes de Hugo Chávez y guía intelectual del fallecido comandante, Jorge Giordani, se refería con suspicacia a los proyectos “llave en mano” de Odebrecht. Pero no es del tipo de expresiones que habría hecho públicas en 2008, por ejemplo. En ese entonces el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa –cercano aliado de Chávez– hacía ostensibles reclamos a la compañía brasileña por los defectos de la represa de San Francisco que, a un costo de 800 millones de dólares, Odebrecht construyó en el país andino. Chávez, de visita en Brasil, optó por hacer un descargo a las acusaciones: "Odebrecht es una empresa amiga y en Venezuela se ha portado extraordinariamente bien. Quiero hacer ese reconocimiento", dijo.

Odebrecht trabaja en Venezuela desde hace más de 20 años, es decir, desde antes de la llegada del chavismo al poder. Reivindica el centro comercial Lago Mall de Maracaibo (estado de Zulia, noroeste del país) como su primera obra venezolana.

Sin embargo, la expansión de Odebrecht y, en realidad, de las otras constructoras, tanto en lo local como en lo global, se comprueba durante los gobiernos petistas de Lula Da Silva y Rousseff. El crecimiento económico y de la autoestima nacional, en alianza con factores de la burguesía criolla, llevaron a que las corporaciones brasileñas resultaran beneficiadas con inmensos aportes oficiales. Como parte de la política internacional brasileña, las empresas de construcción como Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão pasan a ser modernos bandeirantes que extienden la influencia de Brasilia más allá de las fronteras nacionales. De manera literal: las cuatro empresas, receptoras de ingentes fondos del BNDES, participaron en la construcción de la controvertida carrera transcontinental que atraviesa Brasil y Bolivia hasta la costa de Perú, haciendo una hendidura en la selva amazónica, pulmón del planeta.

Por eso no es coincidencia que Odebrecht haya desembarcado por segunda vez y con pie firme en Venezuela en 2007. Ese año la constructora se aseguró cinco obras de envergadura en Venezuela: las líneas 5 y 2 del metro de Caracas y el metro de Los Teques (estado de Miranda), respectivamente; el metro de Guarenas-Guatire (estado de Miranda), la hidroeléctrica Tocoma en el estado de Bolívar y las obras civiles para la implementación del sistema Metro Cable San Agustín del Sur (teleférico que sirve a un empinado barrio popular en el centrosur de la capital).

Según el RNC, Odebrecht ahora ejecuta 32 proyectos. Pero la constante en todas las obras de la monumental corporación brasileña es la imprecisión en sus costes y calendarios de ejecución. Algunas de las obras obtenidas en 2007 todavía se ven en carne viva, en medio de Caracas, con vallas que identifican a la empresa brasileña.

La línea 2 del Metro de Los Teques, por ejemplo, que pretende interconectar a la capital mirandina con San Antonio de los Altos (una ciudad-dormitorio de clase media), se inició en 2007 y debía culminarse en octubre de 2012. Pero todavía en febrero de 2015 la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional tenía que aprobar un crédito adicional para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por 2.500 millones de bolívares para completar la estación Independencia de la línea 2. Quedan otras cinco estaciones sin terminar.

El RNC indica que la obra registra un avance de 22,15%. La ficha del proyecto en el informe Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Transporte establecía octubre de 2015 como fecha de terminación. Pero ya la Memoria y Cuenta 2014 corregía el dato: se debe completar en julio de 2019.

Otra infraestructura emblemática de las obras públicas, el Puente Cacique Nigale –destinado a atravesar el Lago de Maracaibo algo más al norte que su predecesor de 1964, el puente General Urdaneta–, en el estado de Zulia, arrancó su construcción en 2005, para completarse en 2010. Sin embargo, todavía en 2012, en la que sería su postrera campaña electoral, el presidente Chávez dijo que se “han estado haciendo trabajos técnicos y algunos movimientos de tierra”.

En agosto de 2013, durante una inspección a la obra, ya a cargo de Odebrecht, el recién designado presidente encargado de la Empresa Nacional de Obras Públicas, creada en agosto de 2011 para el desarrollo de proyectos de construcción en todo el país, Haiman El Troudi, y también ministro de Transporte, señaló que la inauguración se realizaría en 2018. Con todo, el Ministerio de Transporte Terrestre y  Obras Públicas, en su Memoria y Cuenta 2013, posterga de nuevo la fecha prevista de culminación para 2020. Durante nueve años de trabajos, la construcción del Puente Cacique Nigale registró un insípido avance de 13,9%.

En el otro extremo del país, en el estado de Bolívar, el Puente Mercosur, tercero sobre el río Orinoco, presenta 65% de avance. Pero debió estar listo en 2012. Odebrecht está a cargo de la obra, como lo estuvo del segundo puente sobre el Orinoco, Orinoquia. Según el último crédito adicional para la obra, autorizado el pasado 11 de febrero por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se prevé su culminación para el año 2016.

En el entramado de complicidades descubierto por Lava Jato, Odebrecht ocupa un lugar destacado. Se calcula que entregó a autoridades de Petrobras –su cliente desde 1960– sobornos por más de dos mil millones de dólares. Odebrecht, por su parte, resultó beneficiada como pocos por contratos del Estado durante las administraciones de Lula y Dilma, de las que recibió además ocho mil millones de dólares en forma de préstamos del BNDES.

Dos de sus proyectos venezolanos, las líneas 2 del metro de Los Teques y 5 del metro de Caracas, ambas financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ya son objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), por posibles irregularidades en la financiación. Según documentos reservados del TCU filtrados a medios brasileños, la constructora y el Gobierno venezolano recibieron más dinero del que inicialmente contemplaba el proyecto, 747 millones de dólares, sin, además, presentar las garantías exigidas por las propias normas del BNDES.

Como parte de las investigaciones a mediados del mes de julio, las autoridades judiciales brasileñas solicitaron a la Cancillería de Itamaraty una "copia integral" de todos los documentos con referencias sobre Venezuela y la constructora Odebrecht entre los años 2005 y 2015.

De modo que algo más se sabrá sobre los negocios de Odebrecht en Venezuela, así como de las otras constructoras brasileñas. Mientras el terremoto de las revelaciones sigue sacudiendo a toda la jerarquía pública de Brasil, con algo de soberbia y de su conocimiento de ingeniería, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, vaticinó que si su hijo resultaba condenado por el caso “tendrán que construir tres celdas más para mí, Lula y Dilma”. La declaración, casi insolente, habla de la íntima imbricación de las constructoras con el poder político en Brasil. Un contubernio que todavía queda por comprobar si replicaron en Venezuela.