El mecenas que escapó de la quiebra de su casa de bolsa

Un grupo de jóvenes, provenientes de instituciones financieras, tanto locales como foráneas, vieron la oportunidad de subirse a la renovada ola del capitalismo en Venezuela. Crearon una pequeña empresa (AS Seguros Financieros), capitaneada por Santiago Fernández Castro, quien tenía una sólida experiencia en las operaciones de renta fija ganada en las oficinas del City Bank.

AS se aproxima, con una visión de negocios totalmente distinta, a la empresa Universitas Administradora de Primas C.A, que a su vez era poseída por Universitas de Seguros, cuyos accionistas eran los fondos de pensiones y jubilaciones de cuatro universidades (Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Experimental Libertador y Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado) más la Asociación de Profesores de la UCV. Se abrió el paraguas corporativo para canalizar el negocio de los vebonos.

AS le vendió 40% de sus acciones a Universitas Administradora de Primas. “Esa operación se hizo a crédito y en moneda extranjera”, dijo un conocedor del negocio. “Pero llegó un momento en que Universitas Administradora de Primas no pudo honrar sus compromisos (no tenía músculo para hacer los pagos en dólares) y acudió a sus accionistas (los mencionados fondos universitarios) para que la auxiliaran financieramente. Cosa que ocurrió. Pero los nuevos socios pusieron como condición “un cambio en las reglas de juego”. De forma tal que ellos se convirtieron en accionistas directos, así como de AS Seguros Financieros, lo que motiva, a su vez, un cambio de su razón social. Nace Universitas Casa de Bolsa S.A.

Había dos empresas con nombres muy parecidos. Universitas de Seguros y Universitas Casa de Bolsa. Como eso podía crear confusión y prestarse a malentendidos, se decidió cambiar el nombre de la empresa bursátil, que pasó a denominarse U-21 Casa de Bolsa.

Los vebonos que emitió el gobierno, primero, fueron custodiados por la Caja Venezolana de Valores, entre otras cosas, porque para ser titularizados (en cabeza de cada uno de los profesores, empleados y obreros universitarios) debían pasar por una casa de bolsa. Lo que estaba ocurriendo era que oportunistas de ocasión estaban haciendo ganancias a manos llenas, por dos razones: una, en el medio universitario había un total desconocimiento de cómo funciona el mercado de valores. Y dos, prevalecía la desconfianza, porque los profesores repetían y se preguntaban: “nos estaban pagando con papeles de la deuda, nos estaban empapelando, ¿realmente el gobierno iba a honrar sus compromisos?”. Nadie daba una respuesta satisfactoria. Agentes de dudoso profesionalismo y portavoces de empresas de maletín se instalaban en cualquier esquina y les compraban a los universitarios sus vebonos con descuentos de al menos el 40% de su valor nominal. Y aún más por debajo.

Alguien se estaba enriqueciendo a costa de la ignorancia de la comunidad universitaria. En U-21 pensaron que “tenían que hacer algo”. Dos de sus directivos, Santiago Fernández Castro y el profesor Absalón Méndez, quien a su vez presidía la Asociación de Profesores de la UCV, decidieron recorrer el país para pedirle a las universidades que no hicieran eso, que sacaran sus vebonos de la Caja Venezolana de Valores y los transfirieran a U-21 Casa de Bolsa.

El plan funcionó y U-21 aumentó su cartera de clientes en forma exponencial, pese a una experiencia iniciática nada alentadora. Después de reunirse con potenciales clientes de la Universidad de Carabobo, Santiago Fernández Castro fue blanco del hampa, de un secuestro express. Pero siguió adelante, porque sabía que allí estaba el lomito. “Eran miles, miles y miles de vebonos”, admitió un corredor que se instaló en México, luego de la llamada mini crisis bancaria de 2009. U-21, que recién nacía, llegó a posicionarse entre las primeras casas de bolsa del país, en muy corto tiempo. “Eso despertó envidia, codicia y competencia en el mercado bursátil”, admitió un corredor que sobrevivió a esa crisis.

Dieciséis fondos de jubilaciones y pensiones de 13 instituciones universitarias pasaron a ser accionistas de U-21. Al igual que una empresa corporativa internacional —Latin Word Security—, más la representación de los altos ejecutivos, capitaneados por Fernández. En total 18 accionistas poseían a U-21 Casa de Bolsa, que inauguró nueve oficinas en el interior del país. La nómina llegó a 150 ejecutivos y empleados, que manejaban las colocaciones de alrededor de 500.000 clientes (una cifra conservadora) que se captaron del sector universitario.

Los fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades pasaron a ser miembros de la junta directiva, e independientemente de su participación accionaria, gozaban de pleno derecho (voz y voto) en las decisiones corporativas que se tomaban en la sala de reuniones de U-21. En la primera reunión, Santiago Fernández Castro fue designado como presidente Ejecutivo. Poco después, Nelson Ortiz, expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas y conocido financista, le dijo a Aída Lamus: “Te van a llamar”.

Lamus había dejado la presidencia de la Comisión Nacional de Valores después de una agria disputa con el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega (2002-2004), luego de las extrañas circunstancias que rodearon la colocación de 190.000 millones de bolívares en bonos de deuda pública (unos 88 millones de dólares de la época), en la cual intervinieron como agentes compradores la casa de bolsa Cedel y el Banco Canarias, propiedad del banquero Eligio Cedeño. “Yo sabía que ninguna de esas instituciones tenía el dinero”, dijo Lamus. A través de sus contactos en el Banco Central de Venezuela, Lamus confirmó que no habían puesto ni medio, pero sí un pagaré, mediante el cual se comprometían a honrar el compromiso. A los dos días apareció un nuevo comprador de los bonos, el Banco Industrial de Venezuela, que pagó una cotización más alta. El diferencial dejó una tajada que se calcula en 20 millones de dólares.

Lamus estaba en su casa cuando efectivamente la llamó Santiago Fernández Castro para que se incorporara al cuadro directivo de U-21. Ella ingresó como directora externa y miembro del comité de auditoría, con la misión además de crear las normas del gobierno corporativo de esa casa de bolsa.

El mercado seguía su curva ascendente y las expectativas eran ideales. La Asamblea Nacional había aprobado una ley mediante la cual se creaban los fondos de pensiones, lo que abría las puertas para que los venezolanos, de arriba y de abajo, se convirtieran en accionistas de las principales empresas del país, tal como ocurría en otras ciudades latinoamericanas. U-21 fortaleció su estructura corporativa mediante la contratación de expertos financieros en emisión y diseños de bonos; en valoración, adquisición y fusión de empresas. Santiago Fernández Castro eligió cuidadosamente los currículos más pulidos del IESA. Se decidió comprar una nueva sede para las oficinas (todo un piso) de la Torre Europa. La expansión fue tan grande que se creó un holding, bajo las siglas de U-21 Servicios Financieros.

De los 18 accionistas, 16 eran representantes del sector universitario. Unos y otros se miraban a la cara. “¿Esto va a ser como un Consejo de Facultad, donde pasamos horas y horas sin decidir nada?”, era la pregunta que flotaba en la mesa de reuniones. Nada que ver. Aquello fue una transformación. En cuestión de una hora (máximo hora y media) se despachaba la agenda de la junta directiva, con sus informes financieros, sus balances, sus decisiones importantes, sus nombramientos. Increíble.

Los fondos de jubilaciones y pensiones tenían una doble participación, como accionistas y como inversores, en un momento en el que no estaban prohibidas las operaciones de permuta. U-21 podía permutar los vebonos en instrumentos denominados en dólares. Y por esa vía se producía un alto rendimiento que llego incluso al 100% del capital invertido. El negocio crecía como la espuma. El rendimiento de los vebonos era alto, la inflación estaba bajo control, el plazo era razonable, y el país gozaba de estabilidad política.

Se diseñaron nuevos planes corporativos con metas retadoras en todas las áreas del modelo de negocios. Los objetivos se alcanzaron antes de los lapsos establecidos y la euforia contagió a los directivos de la casa de bolsa. Todos iban a ganar, incluso más de lo que habían soñado.

El mercado estaba caliente, muy caliente, a pesar de las señales incontrastables de lo que se venía. En 2006, por ejemplo, se decretó el carácter socialista de la revolución bolivariana. Un acto de fe que lo cambiaría todo. En Estados Unidos se fraguaba la explotación de los esquistos de hidrocarburos, que convertiría a ese país en un jugador de primer nivel en materia energética y Arabia Saudita inundaba el mundo con petróleo para asegurar sus intereses geopolíticos. Se iniciaba el declive que llevaría el barril a la cotización actual, en torno a los 35 dólares, y con ello la caída abrupta del ingreso petrolero, que tiene en jaque al gobierno de Nicolás Maduro.

La madurez había llegado al mercado de los vebonos y el peso de los controles en el mercado financiero, señalaba un curso decreciente para los agentes que enfrentaban difíciles turbulencias en el mercado de valores. ¿Para qué mantener en nómina a los especialistas del IESA, si el gran negocio —los fondos de pensiones— y sus soportes, la fusión de grandes empresas y el diseño de bonos, tanto de renta fija como de renta variable, se habían desechado en Miraflores?

Fernández Castro les mostró a los Iesaboys una faceta de su carácter completamente nueva y desconocida. Sin duda, desagradable. Empezó a cuestionarlos, “no están haciendo el trabajo”. Se mostró distante, indiferente, incluso de un humor de perros. Estaba pensando en las dificultades del futuro, no en las bondades del pasado. “No quiso honrar las cláusulas asociadas con la productividad y al cumplimiento de los objetivos”, dijo un antiguo ejecutivo de esa casa de bolsa. Ese ejecutivo renunció y acordó un “arreglo amistoso” en la jurisdicción civil y mercantil. U-21 seguía en el mercado, pero sin su núcleo original, con planes más modestos y la actitud de “vamos a ver qué pasa”.

Otro jugador del mercado bursátil calificó a Fernández como un actor “inconsistente” en su plan de negocios y en su estructura corporativa. Tenía esas cosas grandilocuentes en su “estética personal y en su oficina”, como el cintillo luminoso que daba los resultados de las transacciones de la Bolsa de Caracas, como si fuera parte de su marca corporativa. “¿Sabes cuánto le costó a Lehman Brothers colocar un cintillo con las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York en Times Squire? ¿200 años de capitalismo? Sí, eso mismo”.

El regreso de Jorge Giordani al gabinete ministerial del ex presidente Chávez intensificó la inquietud en el mercado de valores. Al igual que el Che Guevara, Giordani piensa que “no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo”. Su concepto de la lealtad es inquebrantable y ante cualquier signo de duda o incluso descortesía, cobra venganza. A su regreso, botó a los colaboradores más cercanos que lo habían acompañado durante su primera etapa en Planificación y Finanzas por el sólo hecho de haber rechazado su sugerencia de que se fueran con él cuando Chávez lo relevó del cargo en mayo de 2002 y Nóbrega se encargó de las finanzas públicas. Este ajuste de cuentas sería una señal premonitoria de lo que vendría a posteriori.

No ya contra unos burócratas incapaces de renunciar a cuotas de poder, sino contra toda una industria, cuyos operadores, en su opinión, eran los amanuenses de “las ratas que controlan la banca internacional”. La cita corresponde a una intervención de Jorge Giordani en una reunión de directorio del Banco Central de Venezuela. ¿Pero cómo se había infiltrado lo peor del capitalismo en las entrañas de la autodenominada revolución bolivariana? ¿Quién lo había permitido? ¿Y cuál era el fin último sino horadar los cimientos de la economía venezolana, inoculando el virus de la inflación y asestando un golpe demoledor contra el sistema cambiario?

La señal inapelable de condena a muerte llegó bajo la forma de una resolución de la Superintendencia de Bancos, mediante la cual se les fijaba un plazo a todas las instituciones financieras del país para que se deshicieran de los mutuos. Tanto las casas de bolsa como las sociedades de corretaje se quedaban sin materia prima para financiar a sus clientes (la adquisición de pólizas), pero esta resolución también mataba a la gallina de los huevos de oro al liquidar la compra de divisas a través de las operaciones permuta.

Santiago Fernández Castro estaba más que avisado al advertir el rostro de la crisis. El riesgo era tal que solicitó a los 16 fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades que le vendieran su participación en U-21, porque “necesitaba un músculo financiero mayor”. Todos vendieron menos el fondo de empleados de la Universidad Simón Bolívar, con el argumento de que a ellos les había ido “estupendamente” y que no tenían ninguna necesidad de vender. Al momento de la venta, los fondos hicieron una “exitosa” operación en su doble condición de accionistas e inversores.

El “músculo financiero” tiene nombre y apellido, Banco Canarias, cuyo accionista principal es Álvaro Gorrín. La junta directiva queda intacta, pero la gerencia cambia. Se impuso otro estilo: “comenzaron a llegar las botellas de whisky a las oficinas de la Torre Europa y las operaciones de los clientes de U-21 se canalizaban a través de otras casas de bolsa. En ese momento presenté la renuncia, pero Santiago Fernández Castro me dijo: “preocúpate cuando mis relaciones con el señor Gorrín estén mal” y guardó la carta en una gaveta de su escritorio”, dijo uno de los integrantes de la junta directiva.

Los estados financieros llegaban a la oficina de contraloría, pero los soportes y el acceso a la información fallaban porque “había problemas con la plataforma tecnológica”, se inventaron las excusas y empezó algo muy parecido al “guabineo”. U-21 se convirtió en la tesorería del Banco Canarias, con una gerencia muy dominante que empezó a mostrar los dientes. Después de una reunión que Lamus calificó de “tormentosa”, escribió su carta de renuncia. “Pero si usted ya vendió y queda como presidente, no le auguro nada bueno”, le dijo Lamus a Fernández Castro, quien no duró un “año largo”, mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo, “otra vez con el Banco Canarias”.

Se hizo una participación de la empresa. Gorrín se quedó con las operaciones locales y Fernández Castro con la operación internacional, cuya cabeza de playa es la ciudad de Panamá. Esto se hizo después de una valoración de U-21 que seguía ocupando el segundo lugar en el ranking de las casas de bolsa venezolanas.

La salida, sin duda, fue apresurada. Razón por la cual, Santiago Fernández Castro buscó el apoyo del bufete de abogados Mossack Fonseca para comprar una oficina en la torre B del edificio Torre de Las Américas, ubicado en la exclusiva localidad de Punta Pacífica de la Ciudad de Panamá. El precio total de la propiedad, que incluye 10 puestos de estacionamiento, es de 1.425.000 dólares. El comprador no es otro que Santiago Fernández Castro a través de una compañía que registró en Panamá en 2007, SFC International Holding, S.A, cuyo capital accionario es de 10.000.000 de dólares. Una copia escaneada del registro público de esa corporación, se incluye en uno de los correos filtrados por ese bufete al diario alemán Süddeutsch Zeitung, a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y Armando.Info.

La línea de tiempo de la venta accionaria de U-21 Casa de Bolsa, muestra que Santiago Fernández Castro iba un paso adelante de la espiral que estalló con la crisis bancaria, en 2009.

En efecto, no fue Fernández Castro quien trató de venderle U-21 al magnate del transporte refrigerado, Ricardo Fernández Barruecos, sino el principal accionista del Banco Canarias, Alvaro Gorrín.

En uno de los correos internos del bufete, uno de los ejecutivos pide información sobre el perfil de Santiago Fernández Castro, “para saber con quién estamos lidiando”. No hubo respuestas, tampoco se califica a Fernández como “un cliente grande” o se incluye entre las personas políticamente expuestas. O que hubiera tenido vínculos con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. O que haya mostrado interés en constituir una firma en alguno de los paraísos fiscales, adonde acudieron funcionarios del gobierno, empresarios próximos al chavismo o miembros prominentes de la oposición venezolana. Los contratos iban de un lado a otro, como parte de los contratos para la adquisición de las oficinas de la Torre de Las Américas.

La incursión de los venezolanos en Panamá despertó el interés de medios locales a mediados de la década de 2000. En un reportaje de la televisión panameña se muestra una secuencia de los mejores inmuebles adquiridos por venezolanos que deseaban invertir en Panamá. Se hace mención a que muchos de ellos son militares. La plaza estaba en etapa germinal, pero Fernández Castro ya tenía tanto la experiencia como los aparejos para salir de pesca y atraer a inversionistas, tanto de vieja data como recién llegados.

Mientras Santiago Fernández Castro ponía un pie a salvo en la Ciudad de Panamá, su antiguo socio en Venezuela, Álvaro Gorrín, construía una centrifuga financiera, con U-21, convertida en la tesorería del Banco Canarias. La manida pero eficaz figura de los préstamos relacionados entre accionistas y directivos, que provocó la peor crisis financiera de Venezuela a mediados de la década del 90, y que luego se repitió en 2009 a una escala mucho menor pero con resultados similares.

Era vox populi, en el mercado financiero venezolano, que el Canarias “tenía un “hueco”; cuando hablas de un “hueco” en este negocio, la cifra que te llega a la cabeza es no menos de 1.000 millones de dólares”, dijo un agente del mercado de valores. Si bien la cuantía era un misterio, aparecía en los balances del Canarias como un activo, “pero era un activo chimbo, probablemente certificado por esas empresas que en el mundo financiero se denominan ‘huecólogos’”, agregó el experto bursátil.

Este asunto se podría dilucidar con mayor propiedad, con mayor profundidad y con mayor apego a la verdad, revisando los balances generales de U-21 Casa de Bolsa, que se encuentran en los archivos de la Superintendencia Nacional de Valores; no es tan difícil, es información pública. Quien esto escribe solicitó revisar el expediente de U-21, mediante comunicación escrita, dirigida al despacho que para entonces dirigía Aníbal Pinto, sin obtener respuesta.

Al estallar la llamada mini crisis bancaria, en 2009, las autoridades procedieron a intervenir a la cabecera accionaria del Banco Canarias y de U-21 Casa de Bolsa, el consorcio financiero Créditos Canarias. En el proceso “descubrieron” que parte de la cartera de U-21, mayormente en efectivo, se “invirtió” para respaldar las operaciones de empresas agropecuarias, presumiblemente inexistentes, que a su vez eran poseídas por los directivos del Canarias. La suerte estaba echada. Sólo era cuestión de tiempo para que el barco se fuera a pique.

La historia de U-21 había terminado. La Superintendencia Nacional de Valores la intervino y luego procedió a su liquidación. Le tocó a Oscar Bastidas Delgado, el sucesor de Absalón Méndez, en la presidencia de la FONJUCV, recuperar los vebonos y las inversiones de los profesores y empleados que confiaron en U-21, “y lo hizo”, dijo una fuente allegada a Bastidas, después de una “ardua tarea que facilitó la solidaridad entre egresados de la escuela de administración de la UCV”.

U-21 corrió igual suerte que otras casas de bolsa, que fueron intervenidas y posteriormente liquidadas por la extinta Comisión Nacional de Valores. Santiago Fernández Castro, su ex presidente, fue suspendido. Todo había acabado, abruptamente, como un golpe de nocaut.

Giordani había consumado su venganza. Pero a un costo incalculable para la economía venezolana. De hecho, al liquidar el mercado de valores, los bonos de la República y los de Pdvsa, pasaron a la cartera de activos de la banca internacional, al llamado mercado secundario que mueve la plaza de Nueva York y la Citi londinense. “Ahora sí están en manos de las ratas, no de sus representantes en Venezuela”, dijo un corredor bursátil, sin ocultar un dejo de ironía. Los riesgos que corre el país en caso de un default son dramáticos y la experiencia de los fondos buitres y su disputa con los gobiernos de Argentina, podrían tener un nuevo episodio en la plaza venezolana.

Mientras tanto, Santiago Fernández Castro, se reinventa en Panamá invocando la “democratización del capital”, tal como lo hizo en Venezuela. Fiel a su particular estética, su empresa se denomina con las tres iniciales de su nombre: SFC Invesment Found, que en tiempo record se posicionó como la principal casa de bolsa del istmo.

Aunque se intentó contactarlo, no respondió a los llamados para este reportaje. Aclimatado, vacunado contra el azar de los vaivenes de la política y de las fortunas azarosas que caen como la lluvia por la renta petrolera, Fernández Castro tiene tiempo de convertirse en “mecenas del arte mundial” y auspiciar el Biomuseo de la Ciudad de Panamá, un centro tropical de biodiversidad enclavado en el bulevar Amador y cuya página web es una ráfaga espectacular de imágenes interactivas. Entre los miembros de la junta directiva está el presidente de ese país, Juan Carlos Varela, que actualmente está representado por Manuel Domínguez. El museo fue diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense, Frank Gehry. Un hallazgo que haría palidecer al explorador español Vasco Núñez de Balboa.