El recetario de Mossack Fonseca para empresarios en Venezuela

A través del despacho jurídico panameño se hicieron complejas operaciones para que compañías hicieran contratos con el Estado venezolano y ganaran una partida al control cambiario.
Había
recetas para cada caso. En las oficinas del bufete panameño Mossack Fonseca –el
de los ya célebres PanamaPapers– diseñaron estrategias destinadas a clientes en
Venezuela, que intentaron proteger sus negocios de los controles comerciales
impuestos desde el gobierno de Hugo Chávez. Para César Augusto Zambrano
Echegaray, propietario de la empresa ZMO Comercial, ubicada en Caracas,
aplicaron una operación encubierta en tres capas. El objetivo de esta enmarañada
maniobra era agilizar y hacer rentable las importaciones de
alimentos.
Era
un esquema adaptado a las relaciones comerciales de Venezuela con América
Latina. Los despachos de alimentos, entre ellos el azúcar, procedían de Bolivia,
pero Mossack Fonseca recomendó incluir en esta transacción a una empresa ubicada
en Uruguay, nación del Mercosur (Mercados Común del Sur), para facturar y
comercializar las mercancías que se destinarían a ZMO
Comercial.
La
triangulación iba a permitir al cliente venezolano recibir desde Venezuela
Cartas de Crédito mediante el Banco Exterior necesarias para cancelar los pagos
a Bolivia. En ArmandoInfo se intentó localizar a Zambrano Echegaray a través de
los números de teléfono y correo electrónico asociados con ZMO Comercial en
Venezuela para conocer con detalles los motivos de esta operación, pero ninguno
estaba actualizado. Sin embargo, los asesores de Mossack Fonseca explican en un
documento filtrado la razón por la que Zambrano Echegaray requería de este
esquema.
Según
el escritorio jurídico, la política de Venezuela se dirigía a facilitar los
acuerdos comerciales entre los países enmarcados en el convenio de Mercosur.
Esto, principalmente, tenía como destino agilizar la entrega de dólares
preferenciales otorgados por la extinta Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi). “Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo
precioso para el reintegro de los fondos… Una vez canceladas las facturas
comerciales, el Estado venezolano maneja esto a su libre discreción, el
reintegro de divisas, y solicitan ahora certificaciones de pagos para acreditar
los reintegros. Muchas empresas se han enfocado en mercados alternativos
protegidos por el Gobierno Nacional, facilitando sus operaciones”, decían los
asesores de Mossack Fonseca en el mismo documento.
Así,
como Zambrano, muchos empresarios hallaron en Mossack Fonseca a un gurú para
aplicar fórmulas casi infalibles contra las restricciones del control cambiario
y también obtener contratos con compañías del Estado.
Los escapistas del control cambiario
La
palabra Cadivi aparece en 409 registros de la filtración de los llamados
PanamaPapers. El organismo encargado de administrar divisas, ahora llamado
Cencoex (Centro Nacional de Comercio Electrónico), ha estado sumergido en los
mayores casos de corrupción de los gobiernos del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV). La figura de Cadivi fue empleada por empresas de maletín para
desviar más de 25 millardos de dólares entre 2003 y 2015.
El uso
indebido de divisas es un delito sancionado en este país sudamericano. En 2015,
la Fiscalía de Venezuela imputó a 1.796 personas naturales y 120 representantes
legales de personas jurídicas por obtención fraudulenta de monedas extranjeras
mediante Cadivi.

Capturas de sitios web de CADIVI y PanamaPapers Venezuela // Desarrollo gráfico: Luis Esteves
Mossack
Fonseca conocía los rigores del control cambiario. Por eso, la firma panameña
había destinado a altos cargos para manejar este asunto. Las estructuras de
negocios aplicadas por el despacho jurídico para sortear los controles
cambiarios ya estaban consolidadas desde 2008. En agosto de ese año, los
trabajadores del escritorio jurídico intercambiaron correos que evidencian un
amplio dominio sobre el tema. “Como sabes, Cadivi cuida mucho los detalles y a
la hora de definir las coordenadas bancarias para el pago de las facturas,
difícilmente aceptaría cuentas en bancos offshore o por lo menos esto abriría la
posibilidad a dudas que nuestros clientes prefieren evitar generar”, escribía
Paolo Tricotti, un alto representante del bufete, a su compañero Ramsés Owens en
una comunicación interna, en referencia a empresarios que deseaban evadir el
control cambiario.
En
2013, un cliente pidió asesoría al escritorio jurídico para instalar un terminal
virtual que permitiera a su empresa hacer transacciones comerciales con las
remesas en moneda extranjeras asignadas a los venezolanos por el Estado. “Lo que
realmente deseamos es sustituir nuestro punto de venta físico por uno virtual
que nos permita deslizar las tarjetas desde la PC con la ayuda de un lector de
banda magnético vía USB”, exponía Andrés Bello López, propietario de la compañía
TheCaribbean Key.
La
operación permitiría recibir pagos hechos con tarjetas de créditos venezolanas
para acceder a los cupos viajeros otorgados por Cadivi. “Actualmente nos
encontramos en Ecuador trabajando con puntos de venta físicos, pero este sistema
encuentra muchos problemas para poder procesar los pagos de estas tarjetas,
razón por la cual, descubrimos que la solución es contratar una pasarela de
pagos que nos provea de un punto de venta virtual”, decía Bello.
Traders criollos
Sin
cuestionamientos, Mossack Fonseca aceptó guiarlo en materia tecnológica y legal
en esta maniobra. También asistió a empresarios venezolanos que buscaban un
empaque foráneo para hacer pasar sus empresas importadoras como proveedores
extranjeros.
De estos
esquemas se beneficiaron, por ejemplo, los empresarios Roberto Pocaterra, Tulio
Hinestrosa y Fabio Méndez. La misión de estos socios fue ganar contratos con la
empresa estatal Corporación de Servicios y Abastecimientos Agrícolas (LA CASA.
S.A.), el organismo creado por el presidente Hugo Chávez para importar productos
alimenticios y distribuirlos a través de la red de mercados del
Estado.

Mercado de la red PDVAL perteneciente al Estado Venezolano en Punto Fijo // Fotografía: Wikipedia
A través
de Mossack Fonseca, utilizaron un método concebido para la importación de
alimentos hacia Venezuela que consistía en abrir una empresa en un paraíso
fiscal, al mes aumentar el capital en 100 mil por ciento, después traspasar el
poder para negociar con el Estado a terceros ycerrarla repentinamente tras diez
meses, aproximadamente. Una estrategia de cuatro pasos que este grupo repitió al
menos en 5 de las 12 empresas que tenía en sus manos.
Los
empresarios solían utilizar una shelfcompany, o una compañía creada con
anterioridad y sin movimiento alguno, para desempolvarlas cuando necesitaran
hacer una inversión. En Mossack Fonseca eran expertos en este método de
resurrección gerencial.
Grupagro
Trading Corp existía desde 2011, pero en junio de 2014 salió del estante. Nació
con un capital de 10.000 dólares distribuido casi en partes iguales entre los
socios. Un caso similar ocurrió con Ecosur S.A.; Agroindustrial Suramericana SA;
Vessel Enterprise Corp y Gran Columbia Grains, SA. Todas domiciliadas en
Belice.
La
decisión de buscar una alternativa a la jurisdicción panameña se corresponde con
los anuncios políticos del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones en
2014 con el gobierno del anterior presidente Ricardo
Martinelli.
“Por eso
nos mudamos a Belice; nosotros actuamos como intermediarios y escogimos este
lugar porque nos brindaban seguridad y rapidez”, afirma Hinestrosa, mientras
insiste en que en su proceder no hubo ningún movimiento que violara la
ley.
Ni
siquiera es ilegal el hecho de incrementar el capital en 100 mil por ciento, es
decir, el aumento que hicieron a 10 millones de dólares como patrimonio de su
empresa. Una de las “delicias” de los paraísos fiscales es que cuando se decide
inflar de manera tan dramática el capital de la empresa, no es necesario
demostrar que esa cantidad está verdaderamente respaldada. Se enuncia, se
cambian los documentos y eso es suficiente. En Panamá, por ejemplo, el artículo
21 de la Ley 32 permite que una sociedad anónima emita acciones, aunque el
capital social no haya sido consignado.
Abren y cierran empresas
Pocaterra,
Hinestrosa y Méndez también querían mejorar el balance de la compañía frente a
sus proveedores de alimentos. “Nuestra actividad principal era conseguir
empresas internacionales interesadas en vender a LA CASA S.A., además de a
nuestros clientes del sector privado”, explica Hinestrosa. “Previendo la
necesidad de tener empresas listas para participar en las licitaciones,
registramos e inscribimos varias que serían posteriormente vendidas a
proveedores internacionales interesados”. Fue la forma más expedita que
encontraron estos socios para operar como traders en Venezuela y seguir
vendiendo insumos básicos en dólares en tiempos de control
cambiario.
En
el Registro Nacional de Contratistas solo aparecen Grupagro, Mercoamerica,
Paramerica, Interfood y Finora; es decir, un 41% de las 12 empresas de los
socios. De éstas, solo registra alguna actividad Mercoamerica, que ha tenido
relación con cuatro clientes. También es la única que aparece en la lista de
empresas favorecidas por Cencoex, la dependencia que autoriza y liquida las
divisas preferenciales, en 2014, un monto aprobado de 848.977,30 dólares para
importaciones totales ordinarias de Aladi y Sucre.
No
obstante, Hinestrosa asegura que lo recibido supera lo que aparece públicamente.
“Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de
3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue
liquidado nada más. Es, por lo tanto, una empresa pequeña en comparación con
otras que importan los mismos rubros. Emplea 15 personas y es contribuyente
especial del Seniat”, agrega.
El
último paso era la desincoporación. Esa es la palabra que utilizan para
desactivar las empresas que importarían alimentos. Poco a poco los principales
accionistas de estas compañías fueron deshaciéndose de ellas. El 22 de enero de
2015 llega la primera de las alertas. Hinestrosa envía un correo a sus
interlocutores del bufete Mossack Fonseca en el que aduce: “Debido a una
reestructuración de nuestro grupo solicito desincorporar Vessel, Agroindustrial
Suramericana, Ecosur; Gran Columbia y Grupagro”. Todas las que tenían residencia
en Belice y todas las que habían experimentado el vertiginoso aumento de
capital, apenas seis meses atrás.
Luego,
en julio de ese mismo año, cambian las razones de su decisión y asegura que se
trata de un motivo plenamente comercial “al no encontrar oportunidades de
negocios”. Para reforzar esta idea, el empresario asegura que esa versión es tan
definitiva que ni siquiera abrieron cuentas bancarias de las
compañías.
“La
única empresa que conservamos nosotros bajo nuestra propiedad es Ecosur, S.A.
Las demás fueron disueltas o vendidas a terceros”, sentencia Hinestrosa. En
total, el ciclo de vida de estas empresas no llegó al año. Poco tiempo para ni
siquiera darles el beneficio de la duda. O permitir recoger la cosecha, justo
antes de que se filtraran los documentos de Mossack
Fonseca.
Una receta
parecida aplicó Desiré Obadía.
Este empresario registró mediante Mossack Fonseca más de una docena de compañías
en Panamá y dos en Belice para amarrar contratos de importación con La Casa
S.A.
Ninguna
de estas operaciones puede ser calificada como ilegal, pero muestran un modus
operandi de lidiar con la Venezuela de los controles. Son las recetas pret a
porter para evadir las trabas comerciales de la República Bolivariana de
Venezuela y que, hasta ahora, habían quedado agazapadas en el
exterior.