El recetario de Mossack Fonseca para empresarios en Venezuela

Según el escritorio jurídico, la política de Venezuela se dirigía a facilitar los acuerdos comerciales entre los países enmarcados en el convenio de Mercosur. Esto, principalmente, tenía como destino agilizar la entrega de dólares preferenciales otorgados por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). “Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo precioso para el reintegro de los fondos… Una vez canceladas las facturas comerciales, el Estado venezolano maneja esto a su libre discreción, el reintegro de divisas, y solicitan ahora certificaciones de pagos para acreditar los reintegros. Muchas empresas se han enfocado en mercados alternativos protegidos por el Gobierno Nacional, facilitando sus operaciones”, decían los asesores de Mossack Fonseca en el mismo documento.

Así, como Zambrano, muchos empresarios hallaron en Mossack Fonseca a un gurú para aplicar fórmulas casi infalibles contra las restricciones del control cambiario y también obtener contratos con compañías del Estado.

La palabra Cadivi aparece en 409 registros de la filtración de los llamados PanamaPapers. El organismo encargado de administrar divisas, ahora llamado Cencoex (Centro Nacional de Comercio Electrónico), ha estado sumergido en los mayores casos de corrupción de los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La figura de Cadivi fue empleada por empresas de maletín para desviar más de 25 millardos de dólares entre 2003 y 2015.

El uso indebido de divisas es un delito sancionado en este país sudamericano. En 2015, la Fiscalía de Venezuela imputó a 1.796 personas naturales y 120 representantes legales de personas jurídicas por obtención fraudulenta de monedas extranjeras mediante Cadivi.

Mossack Fonseca conocía los rigores del control cambiario. Por eso, la firma panameña había destinado a altos cargos para manejar este asunto. Las estructuras de negocios aplicadas por el despacho jurídico para sortear los controles cambiarios ya estaban consolidadas desde 2008. En agosto de ese año, los trabajadores del escritorio jurídico intercambiaron correos que evidencian un amplio dominio sobre el tema. “Como sabes, Cadivi cuida mucho los detalles y a la hora de definir las coordenadas bancarias para el pago de las facturas, difícilmente aceptaría cuentas en bancos offshore o por lo menos esto abriría la posibilidad a dudas que nuestros clientes prefieren evitar generar”, escribía Paolo Tricotti, un alto representante del bufete, a su compañero Ramsés Owens en una comunicación interna, en referencia a empresarios que deseaban evadir el control cambiario.

En 2013, un cliente pidió asesoría al escritorio jurídico para instalar un terminal virtual que permitiera a su empresa hacer transacciones comerciales con las remesas en moneda extranjeras asignadas a los venezolanos por el Estado. “Lo que realmente deseamos es sustituir nuestro punto de venta físico por uno virtual que nos permita deslizar las tarjetas desde la PC con la ayuda de un lector de banda magnético vía USB”, exponía Andrés Bello López, propietario de la compañía TheCaribbean Key.

La operación permitiría recibir pagos hechos con tarjetas de créditos venezolanas para acceder a los cupos viajeros otorgados por Cadivi. “Actualmente nos encontramos en Ecuador trabajando con puntos de venta físicos, pero este sistema encuentra muchos problemas para poder procesar los pagos de estas tarjetas, razón por la cual, descubrimos que la solución es contratar una pasarela de pagos que nos provea de un punto de venta virtual”, decía Bello.

Sin cuestionamientos, Mossack Fonseca aceptó guiarlo en materia tecnológica y legal en esta maniobra. También asistió a empresarios venezolanos que buscaban un empaque foráneo para hacer pasar sus empresas importadoras como proveedores extranjeros.

De estos esquemas se beneficiaron, por ejemplo, los empresarios Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez. La misión de estos socios fue ganar contratos con la empresa estatal Corporación de Servicios y Abastecimientos Agrícolas (LA CASA. S.A.), el organismo creado por el presidente Hugo Chávez para importar productos alimenticios y distribuirlos a través de la red de mercados del Estado.

A través de Mossack Fonseca, utilizaron un método concebido para la importación de alimentos hacia Venezuela que consistía en abrir una empresa en un paraíso fiscal, al mes aumentar el capital en 100 mil por ciento, después traspasar el poder para negociar con el Estado a terceros ycerrarla repentinamente tras diez meses, aproximadamente. Una estrategia de cuatro pasos que este grupo repitió al menos en 5 de las 12 empresas que tenía en sus manos.

Los empresarios solían utilizar una shelfcompany, o una compañía creada con anterioridad y sin movimiento alguno, para desempolvarlas cuando necesitaran hacer una inversión. En Mossack Fonseca eran expertos en este método de resurrección gerencial.

Grupagro Trading Corp existía desde 2011, pero en junio de 2014 salió del estante. Nació con un capital de 10.000 dólares distribuido casi en partes iguales entre los socios. Un caso similar ocurrió con Ecosur S.A.; Agroindustrial Suramericana SA; Vessel Enterprise Corp y Gran Columbia Grains, SA. Todas domiciliadas en Belice.

La decisión de buscar una alternativa a la jurisdicción panameña se corresponde con los anuncios políticos del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones en 2014 con el gobierno del anterior presidente Ricardo Martinelli.

“Por eso nos mudamos a Belice; nosotros actuamos como intermediarios y escogimos este lugar porque nos brindaban seguridad y rapidez”, afirma Hinestrosa, mientras insiste en que en su proceder no hubo ningún movimiento que violara la ley.

Ni siquiera es ilegal el hecho de incrementar el capital en 100 mil por ciento, es decir, el aumento que hicieron a 10 millones de dólares como patrimonio de su empresa. Una de las “delicias” de los paraísos fiscales es que cuando se decide inflar de manera tan dramática el capital de la empresa, no es necesario demostrar que esa cantidad está verdaderamente respaldada. Se enuncia, se cambian los documentos y eso es suficiente. En Panamá, por ejemplo, el artículo 21 de la Ley 32 permite que una sociedad anónima emita acciones, aunque el capital social no haya sido consignado.

Pocaterra, Hinestrosa y Méndez también querían mejorar el balance de la compañía frente a sus proveedores de alimentos. “Nuestra actividad principal era conseguir empresas internacionales interesadas en vender a LA CASA S.A., además de a nuestros clientes del sector privado”, explica Hinestrosa. “Previendo la necesidad de tener empresas listas para participar en las licitaciones, registramos e inscribimos varias que serían posteriormente vendidas a proveedores internacionales interesados”. Fue la forma más expedita que encontraron estos socios para operar como traders en Venezuela y seguir vendiendo insumos básicos en dólares en tiempos de control cambiario.

En el Registro Nacional de Contratistas solo aparecen Grupagro, Mercoamerica, Paramerica, Interfood y Finora; es decir, un 41% de las 12 empresas de los socios. De éstas, solo registra alguna actividad Mercoamerica, que ha tenido relación con cuatro clientes. También es la única que aparece en la lista de empresas favorecidas por Cencoex, la dependencia que autoriza y liquida las divisas preferenciales, en 2014, un monto aprobado de 848.977,30 dólares para importaciones totales ordinarias de Aladi y Sucre.

No obstante, Hinestrosa asegura que lo recibido supera lo que aparece públicamente. “Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de 3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue liquidado nada más. Es, por lo tanto, una empresa pequeña en comparación con otras que importan los mismos rubros. Emplea 15 personas y es contribuyente especial del Seniat”, agrega.

El último paso era la desincoporación. Esa es la palabra que utilizan para desactivar las empresas que importarían alimentos. Poco a poco los principales accionistas de estas compañías fueron deshaciéndose de ellas. El 22 de enero de 2015 llega la primera de las alertas. Hinestrosa envía un correo a sus interlocutores del bufete Mossack Fonseca en el que aduce: “Debido a una reestructuración de nuestro grupo solicito desincorporar Vessel, Agroindustrial Suramericana, Ecosur; Gran Columbia y Grupagro”. Todas las que tenían residencia en Belice y todas las que habían experimentado el vertiginoso aumento de capital, apenas seis meses atrás.

Luego, en julio de ese mismo año, cambian las razones de su decisión y asegura que se trata de un motivo plenamente comercial “al no encontrar oportunidades de negocios”. Para reforzar esta idea, el empresario asegura que esa versión es tan definitiva que ni siquiera abrieron cuentas bancarias de las compañías.

“La única empresa que conservamos nosotros bajo nuestra propiedad es Ecosur, S.A. Las demás fueron disueltas o vendidas a terceros”, sentencia Hinestrosa. En total, el ciclo de vida de estas empresas no llegó al año. Poco tiempo para ni siquiera darles el beneficio de la duda. O permitir recoger la cosecha, justo antes de que se filtraran los documentos de Mossack Fonseca.

Una receta parecida aplicó Desiré Obadía. Este empresario registró mediante Mossack Fonseca más de una docena de compañías en Panamá y dos en Belice para amarrar contratos de importación con La Casa S.A.

Ninguna de estas operaciones puede ser calificada como ilegal, pero muestran un modus operandi de lidiar con la Venezuela de los controles. Son las recetas pret a porter para evadir las trabas comerciales de la República Bolivariana de Venezuela y que, hasta ahora, habían quedado agazapadas en el exterior.