El militar que importa los alimentos en Venezuela también es contratista del Estado
Al lado de las condecoraciones que luce en su guerrera, el mayor general Luis Medina Ramírez, presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, la instancia recién creada por el presidente Nicolás Maduro para que los militares intenten revertir la crónica escasez y el desabastecimiento que han lastrado a su gobierno, también puede presumir de haber tenido una pequeña distribuidora de enlatados y productos básicos que contrató con el Estado y de fungir como contralor de una cooperativa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que está autorizada para comprar y vender productos perecederos y no perecederos. Sus negocios con Mercal, la principal red estatal de distribución de alimentos del país, eran desconocidos hasta ahora
En
la Venezuela bolivariana puede que el nombre de Luis Alberto Medina Ramírez
permanezca a la sombra de otros militares reconocidos por la opinión pública,
pero su reciente nombramiento como presidente de la Corporación Única de
Servicios Productivos y Alimentarios –una súper compañía que ahora agrupa a 13
empresas públicas de alimentos y elimina a otras como LA CASA, principal
importadora del país– lo ha sacado del cómodo anonimato donde se encontraba. Hoy
es el número tres del sistema alimentario nacional. Después del general en jefe
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe de la Misión Gran
Abastecimiento Seguro, y el general de división Rodolfo Marco Torres, ministro
de Alimentación, este mayor general del Ejército tendrá la responsabilidad de
manejar un cuantioso presupuesto para la importación, producción y distribución
de comida para los venezolanos, quienes padecen las consecuencias de una escasa
oferta y se mantienen en colas para conseguir productos de la cesta
básica.
Medina
Ramírez carece de experiencia en el manejo de empresas públicas de alimentos,
pero no lo ignora del todo. Este oficial superior del Ejército era accionista y
tesorero de Inversiones Vensoc C.A, empresa que en 2012 vendió a Mercal víveres
y colados de frutas tropicales, peras y manzanas para los centros de acopio
ubicados en el Distrito Capital. Para ese momento esta red estatal de
distribución de comida estaba presidida por el entonces coronel Félix
Osorio.
Abogados
y expertos en contrataciones públicas consultados afirman que la presencia de
militares activos en empresas que se benefician de negocios estatales contradice
disposiciones constitucionales y la normativa establecida por la Ley del
Estatuto de la Función Pública, que impide a funcionarios públicos celebrar
contratos con el Estado. El general vendió sus acciones de Inversiones
Vensoc en
febrero de 2013, pero sigue siendo copropietario y contralor de la Asociación
Cooperativa Turmero
Azul 657987 R.L,
empresa dedicada a la importación, distribución y comercialización de productos
alimenticios, artículos de ferretería y materiales de construcción, y que estuvo
domiciliada en un terreno donde actualmente opera el servicio de mantenimiento
de una de las empresas adscritas a la súper compañía alimentaria, Logicasa. Las
sociedades de Medina Ramírez también están vinculadas a otro mayor del Ejército
pero ya retirado, Orlando Toro García, quien es el actual propietario de
Vensoc.
Con
esta nueva batida de sociedades en manos de militares, el hallazgo de 36
oficiales superiores en cargos directivos dentro del Ministerio de Alimentación
en el último trienio y la reciente designación de Padrino López al frente de la
nueva Gran Misión, dejan ver que la tradición iniciada por el fallecido
presidente Hugo Chávez de ocupar a la FANB del abastecimiento alimentario ha
llegado a su clímax y se ha convertido en una suerte de masonería
castrense.
El que compra y reparte el mercado
El
10 de julio de 2016, Armando.info publicó la investigación “El Ministerio de
Alimentación es un cuartel de amigos”. En este reportaje se reveló, después de
la revisión de más de 1.250 documentos públicos, que en la presidencia de
Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares
y los nombramientos de oficiales del Ejército en cargos de alto rango dentro del
Ministerio de Alimentación. Un grupo de al menos 36 funcionarios castrenses,
algunos beneficiados por sus compañeros de promoción, se repartió en los últimos
tres años los cargos en las juntas directivas de nueve empresas públicas de
alimentos que durante el período manejaron un poco más de 500 mil millones de
bolívares para abastecer de comida a los venezolanos. Sin embargo, la inversión
parece haber fallado: hoy en día, según el último estudio de la consultora
nacional Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos no tiene acceso a la canasta
básica familiar.
Entre
esa dinastía verde se encuentra el general Medina Ramírez. A su cargo actual
-presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios-
llegó en virtud de su aventajada relación con su compañero de estudios, el
ministro Rodolfo Marco Torres, ambos graduados en la promoción “Manuel Manrique”
de 1988. Poco antes había sido nombrado director principal de la Comisión de
Reorganización y/o Reestructuración del Ministerio de Alimentación, en
febrero.
La
súper compañía administra la comercializadora y distribuidora Red Venezuela,
Mercado de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval),
Red de Abastos Bicentenario y sus empresas filiales, Logística Casa (Logicasa),
Centro de Alimentos Congelados (Cealco), Empresa Nacional de Almacenes (Enaca),
Lácteo Los Andes y sus filiales, Industrias Diana, Indugram, Palmeras Diana del
Lago, Productos La Fina, Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya, Fábrica
para Procesamiento de Sábila de Venezuela (Sabilven) y Venezolana de Alimentos
Casa (Venalcasa), que también pasó a manos del oficial en junio de 2016, cuando
fue designado su presidente encargado. Estas empresas han recibido más de 300
mil millones de bolívares en los últimos tres años para la compra y distribución
de alimentos, según revelan los datos consignados a través de las memorias y
cuentas del Ministerio de Alimentación.
Antes
de ascender hasta el tercer puesto dentro de la logia militar que controla la
distribución de alimentos en Venezuela, Medina ocupó otros dos cargos públicos
relacionados con negocios un poco más boscosos. A mediados de 2015 fue designado
al frente de Maderas del Orinoco, una empresa adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Industrias; y en diciembre comandó, en calidad de encargado, la
Corporación Socialista de Economía Forestal, también adscrita al mismo ente
ministerial. Los nombramientos fueron realizados por el ministro José David
Cabello Rondón, hermano del segundo abordo del gobierno chavista, Diosdado
Cabello; ambos militares.
De
acuerdo con Cruz Manrique, actual secretario de trabajo y reclamo del sindicato
Sintraemfor de Maderas del Orinoco, el general Medina tuvo toda la disposición
de trabajo durante su gestión, pero parte del sindicato le hizo la vida
imposible: “Una vez agarraron un cuadro con una foto de él y lo metieron en una
poceta. Tomaron fotos y la pasaron por whatsapp a todos… El general Medina
todavía nos apoya enviando la cesta alimentaria. Ha hecho tres operativos de
comida (mercados obreros) desde que dejó el puesto en febrero”, comenta
Manrique.
Luis Medina Ramírez mientras era presidente de Maderas del Orinoco // Fotografía: Primicia.com.ve
Medina Ramírez fue presidente de Maderas del Orinoco, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias // Fotografía: PDVSA
Los trabajadores de Maderas del Orinoco aseguran que siguen recibiendo apoyo de Medina Ramírez. En la imagen están recibiendo un mercado obrero.
Los trabajadores de Maderas del Orinoco aseguran que siguen recibiendo apoyo de Medina Ramírez. En la imagen están recibiendo un mercado obrero.
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La
llegada de Medina Ramírez a la administración pública coincidió con el peor año
para el gobierno de Nicolás Maduro: la escasez de alimentos se acentuó, la
inflación llegó a tres dígitos, la popularidad del Presidente disminuyó y el
chavismo perdió por amplio margen las elecciones parlamentarias, un hito en los
últimos 17 años. Quizás sus destrezas en estrategia política y conocimiento
sobre el manejo del mercado privado de alimentos le haya valido el
ascenso.
El
oficial cursó estudios sobre política y estrategia en la Escuela Superior de
Guerra del Instituto de Altos Estudios de Política, Defensa y Estrategia, en Río
de Janeiro, Brasil, y para 2013 trabajaba como ayudante general del Ejército.
Pero sus ocupaciones militares no fueron obstáculo para que también manejara, al
mismo tiempo, las finanzas de Inversiones Vensoc y ejerciera de contralor en la
Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L, compañía con la que obtenía doble ganancia
cada vez que la colocaba como cliente de la primera. Un claro ejemplo sobre cómo
administrar y reinvertir el dinero.
Pagar y darse el vuelto
“Esa
gente ya no está ahí. Se fueron hace como siete meses. Creo que uno de los
socios se fue a Chile y los otros a Valencia”, comenta el vigilante de un
complejo empresarial ubicado en una zona de clase media en Maracay, estado
Aragua, donde se ubica el domicilio fiscal de Inversiones Vensoc, C.A. “Sí,
ellos vendían enlatados y productos de Mercal”, agrega para confirmar que, en
efecto, era una empresa que mantenía vínculos comerciales con la estatal. Los
números telefónicos registrados aparecen inactivos o pertenecen a otros
propietarios.
De
acuerdo con una de las tres inscripciones de Vensoc en el Registro
Nacional de Contratistas,
la empresa firmó con Mercal tres contratos en mayo, junio y septiembre de 2012.
Para la fecha, según se constata en el registro mercantil de la empresa, Medina
Ramírez era uno de sus accionistas y ocupaba el cargo de tesorero. Un año
después, en febrero de 2013, el general del Ejército decidió vender sus acciones
y abandonar la compañía.
Aunque
no existe ninguna normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa
privada o formar parte de la junta directiva de la misma, sí la hay al contratar
con el Gobierno. “El problema está cuando esa empresa mantiene contratos con el
Estado, en ese caso entonces comete delito”, advierte la presidenta de la ONG
Control Ciudadano y abogada Rocío San Miguel.
La
legislación que rige a la administración pública, amparada en la Constitución
Nacional, indica que los funcionarios no pueden contratar con el Estado por sí
mismos o en representación de otros, y tampoco intervenir directa o
indirectamente en las gestiones de un tercero. Tal prohibición está establecida
en el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el numeral 4
de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal donde se pena con
responsabilidad administrativa la infracción de este
precepto.
“Según
lo dispone el artículo 145 de la Constitución, un militar activo, en virtud de
su condición de funcionario, deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con
el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, con la Administración Pública
Nacional Central y Descentralizada, la Estadal y la Municipal, ni por sí mismo
ni por interpósita o interpuestas personas, ni en representación de otro o de
otra”, aclara el abogado César Esteves, experto en contrataciones públicas y ex
asesor jurídico de Petróleos de Venezuela.
Medina
Ramírez figura actualmente como contralor de la Asociación Cooperativa Turmero
Azul 657987 R.L., sociedad que se desempeña, según su registro mercantil, en la
compra, venta, exportación, importación, distribución y comercialización de todo
tipo de material de ferretería, materiales de construcción y cualquier otra
actividad lícita de comercio, aunque en su inscripción en el Registro Nacional
de Contratistas aparece que también se dedica a la compra y venta de productos
perecederos y no perecederos. Esta cooperativa forma parte del programa de
Empresas de Producción Social (EPS), promovido por el Ejecutivo Nacional e
implementado por Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y que tiene entre sus beneficios
la posibilidad de que los proyectos desarrollados por las compañías reciban
financiamiento por parte de la estatal petrolera.
El
Ministerio del Poder Popular para la Salud autorizó a esta empresa en 2010 para
comercializar enlatados de sardina y atún sólido, marca Marcaribe, según consta
en la Gaceta Oficial N° 39.495. Estos productos son elaborados
por Conservas
del Centro C.A.,
compañía que también le vende a Mercal y Pdval y que tiene dentro de su
directiva a un allegado de la familia de Roberto Rincón, empresario zuliano
acusado en Estados Unidos por sobornos en la estatal petrolera Pdvsa. Edgar
Faroh Cano, uno de los directores de la compañía, es suegro de uno de sus hijos
y mano derecha, José Roberto Rincón.
Primer domicilio fiscal de Inversiones Vensoc, C.A y de la Asociación Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L. Actualmente pertenece a Logística Casa (Logicasa).
Inversiones Vensoc ya no se encuentra en el domicilio fiscal que aparece en el registro de la compañía. Según la vigilancia del lugar, la compañía se mudó hace siete meses.
Inversiones Vensoc ya no se encuentra en el domicilio fiscal que aparece en el registro de la compañía. Según la vigilancia del lugar, la compañía se mudó hace siete meses.
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El socio de Medina
En
las sociedades de Medina Ramírez un apellido se repite: Toro. El mayor Orlando
Toro García, graduado ocho año antes que Medina en la promoción “Alejandro
Petion” de 1980, ha estado al frente de Inversiones Vensoc como su presidente
desde los inicios. Además, este militar retirado, ha constituido otras empresas
en Panamá y Venezuela colocando como accionistas y miembros de las juntas
directivas a familiares y allegados. Tal es el caso de Transportes Toga,
C.A.
“Con
la finalidad de demostrar la mala fe y el velo corporativo para burlar y no
pagar a alguno de los trabajadores más antiguos de la empresa, Transportes Toga,
por medio de su representante legal Orlando Toro García, conjuntamente con su
cónyuge Nancy Coromoto Rivero de Toro, arrendaron dicho inmueble a la empresa
Turmero Azul, cuyos representantes son su hija, ciudadana Nancy Melisa Toro
Rivero, y tío de esta señora, ciudadano Eligio José Leal, para hacer creer que
es un tercero de buena fe. He de hacer notar que el día de la entrega de
material en el lugar se encontraban pertenencias que verifican la presencia del
ciudadano mayor Orlando Toro García”, reza un texto de apelación consignado por
la representación judicial del Banco Mercantil en una demanda por
ejecución de hipoteca introducida en 2011 contra la sociedad mercantil
Transporte Toga, que la entidad bancaria ganó.
La
parte demandante detalla que al visitar un terreno en la carretera nacional
Turmero-Maracay, estado Aragua, el domicilio fiscal de Transporte Toga, encontró
documentos propios de una empresa que contrata con el Estado. Entre ellos
destaca una autorización de Mercal que autoriza a Toro García para distribuir
alimentos a los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital,
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y
Zulia.
De
estos hallazgos se desprende que tanto Orlando Toro García como Medina Ramírez,
accionista y contralor de Turmero Azul, sí podrían haber mantenido en el pasado
nexos comerciales con la distribuidora estatal y otras empresas del
Estado.
Pero
la relación de Toro García y Medina Ramírez con las empresas públicas de
alimentos va más allá de los contratos. En el domicilio de Transporte Toga, que
anteriormente perteneció a Inversiones Vensoc y Turmero Azul, se encuentra un
galpón abandonado con una valla en la entrada que dice “Servicio de
Mantenimiento Logicasa”, empresa del Estado encargada del almacenamiento,
empaquetado y transporte de productos alimenticios y que está adscrita a la
súper corporación dirigida por el general Medina.
Armando.info
intentó contactar vía telefónica a Orlando Toro García, pero no se recibió
respuesta. Una solicitud de entrevista a Luis Alberto Medina Ramírez,
introducida en el Ministerio de Alimentación, tampoco fue
contestada.
Mapa
relaciones de Medina Ramírez:
