La poco edificante obra de las constructoras brasileñas en Venezuela
El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde más pagó: 98 millones de dólares en coimas y mordidas. Entre tanto dinero, al menos 35 millones fueron aportados por la empresa de ingeniería civil a la última campaña electoral de Hugo Chávez. En declaraciones judiciales, un delator habla de pagos bajo la mesa de al menos 600.000 dólares a nombre de otra empresa, Andrade Gutierrez. Las revelaciones apenas comienzan.
Solo
en Venezuela, fueron 98 millones de dólares en sobornos. Odebrecht, el gigante
de la construcción brasileña, no solo acaba de reconocer que compró funcionarios
en su país -lo que se venía asomando en las investigaciones de fiscales y
jueces- sino que fuera de Brasil, la República Bolivariana fue el lugar donde
pagó más coimas para hacerse de los mejores contratos.
Hace
dos años que la Operación Lava Jato –“Autolavado”, en portugués- ha removido los
cimientos del establishment brasilero. En julio de 2013, la
Policía Federal de ese país rastreó los movimientos sospechosos de un tal
Alberto Youssef y tirando de ese hilo no solo dio con uno de los comisionistas
–los ya célebres doleiros– sino con un cartel de empresarios y
dirigentes políticos que manejaban el monopolio de los contratos del Estado.
Pero no fue sino hasta este miércoles cuando algunos de los manejos de Odebrecht
en el exterior salieron a flote no precisamente desde Brasilia, sino en Nueva
York.
La
constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, se declararon culpables
ante la corte del Distrito Este de Nueva York por pagar sobornos de 349 millones
de dólares en Brasil y otros 439 millones en un circuito de 11 países, que iba
desde África, en Angola y Mozambique, hasta América latina con Argentina,
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y
naturalmente Venezuela, donde se gastaron casi un cuarto del total que
repartieron fuera de casa.
Alberto Youssef. Fotografía: Cortesía Wikipedia
Marcelo Bahía Odebrecht
Michel Temer, presidente encargado de Brasil. Fotografía: Cortesía Wikipedia
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El
Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la constructora se
comprometió a pagar a las autoridades brasileñas, suizas y norteamericanas una
suma de 3.500 millones de dólares, la multa más alta de la historia para un
holding que usó la banca global con el objetivo de comprar contratos y
voluntades.
Las
denuncias de Lava Jato amenazan con revolcar hasta al presidente encargado de
Brasil, Michel Temer. Lo de Odebrecht ha mostrado una mafia que ha cargado hasta
con el paradigma de su clase empresarial. No en vano, Marcelo Bahia Odebrecht,
el heredero y CEO del emporio de la construcción, pasará esta Navidad tras las
rejas. Esta semana, sin embargo, fue la primera vez que una institución del
Estado da cuenta de la magnitud del caso fuera de las fronteras brasileñas,
aunque el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha cuidado
de no dar nombres. Se sabe el milagro pero no el
santo.
El caro corazón del pueblo
El
tráiler de la película de Odebrecht en Venezuela igual se puede ver en el
Juzgado Número 13 de la Corte Federal Penal de la ciudad de Curitiba, al sur de
Brasil, donde todo comenzó. Allí quedaron archivados los testimonios del célebre
publicista y asesor de campañas electorales, João Santana, y su esposa, Mónica
Moura, quienes participaron en la campaña por la reelección de Chávez en el año
2012 y de la que ahora reconocen que sirvieron como vehículo para inyectar
dinero.
“El
costo de esa campaña fue aproximadamente 35 millones de dólares”, precisó Moura
en un testimonio que rindió el 24 de febrero de este año. El dinero aterrizaba
en el sistema financiero global desde cuentas establecidas en el Heritage Bank
de Antigua y Barbuda a nombre de empresas offshore como Klienfeld Services y
Shellbill Finance SA, las fachadas corporativas que Odebrecht usaba en su
circuito de sobornos.
Considerado
como un gurú en la asesoría electoral, con clientes en Argentina, El Salvador,
República Dominicana y hasta Angola, Santana fue uno de los asesores que
ayudaron a perfilar al presidente Nicolás Maduro como “el hijo de Chávez”. Ahora
se sabe que su consejo incluyó –al menos en 2012– fondos que salían del
Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, cuya firma ganó en
Venezuela la buena pro de las 32 obras más emblemáticas que muestra el chavismo
como tarjeta de presentación, entre las que destacan las postergadas
ampliaciones del Metro de Caracas, el segundo y el tercer puente sobre el Río
Orinoco, así como el puente Cacique Nigale, sobre el Lago de Maracaibo. “Se
trataba de pagos no contables para la campaña electoral de Venezuela, siendo el
responsable directo Fernando Migliaccio, ejecutivo de Odebrecht en Brasil”,
puntualizó la esposa de Santana, Mónica Moura, que administraba las campañas de
su esposo.
Dos nuevas pistas
Muchas
de las obras encargadas a Odebrecht no están listas. Maduro inauguró el año
pasado la línea 5 del Metro de Caracas solo con una de sus diez estaciones. Ni
hablar de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar del estado Bolívar, mejor
conocida como la represa de Tocoma, que originalmente fue prometida para el año
2010 y que no termina de operar en tiempos en que la escasez también es
eléctrica.
Interpelados
ante la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga la Crisis
Eléctrica, dos representantes de Odebrecht, Jorge Faroh y Sergio Nogueira,
declararon el pasado 25 de mayo que la obra estaba casi lista. “96% de ejecución
física”, dijeron. Pero luego los representantes de la empresa argentina Impsa,
encargada de la instalación de turbinas, respondieron que no habían avanzado
esperando por las obras civiles.
Algo
más ha debido pasar para que la hidroeléctrica destaque entre los apuntes que la
Policía Federal de Brasil encontró agazapados en el celular del CEO de la
constructora. “Tocoma?”, preguntaba Marcelo Odebrecht en unas notas en su móvil
que iban seguidas de menciones a la oposición venezolana y hasta el mismísimo
diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo.
“Marcelo
Bahia Odebrecht alerta sobre pagos ilícitos a la oposición”, concluye la Policía
en un informe del pasado 25 de agosto, en el que también se filtran menciones de
reuniones de lobby con Cabello que quedaron en el teléfono: “Diosdado estuvo en
Brasil con el embajador. Tendrá que tomar la caja?”.
El
de Odebrecht, sin embargo, no es el único caso que compromete a las contratistas
brasileñas con el financiamiento de la política venezolana. En lo que ha venido
siendo una novela por entregas, el caso Lava Jato demuestra que aun después de
la muerte de Chávez siguieron los favores políticos.
Captura de pantalla del informe de la Policía Federal de Brasil en la que aparece el nombre de Diosdado Cabello en las notas que Marcelo Odebrecht guardaba en su celular
En
una de las primeras delaciones premiadas, el comisionista Alberto Youssef
confesó que había enviado tres pagos por los contratos que la empresa Andrade
Gutiérrez mueve en Venezuela. “Hice tres operaciones”, dijo. “A finales de 2013,
principios de 2014, una operación de 300.000 dólares, que les envié (a la
empresa) DGX y dos operaciones de 150.000 dólares, la cual no tiene nada que ver
con Petrobras, fue una operación de caja dos, que fue hecha por Andrade y estaba
hablando con su manager aquí, que me pidió que hiciera esto, era el Sr. Flávio
Magalhaes y director de Andrade Venezuela, que fue Alberto
(Moreira)”.
El “hard selling” de la diplomacia comercial brasileña
En
febrero de 2010 el para entonces embajador saliente de Brasil en Caracas,
Antonio Simões, se congratulaba de lo bien que iban los negocios. “Venezuela se
ha convertido en el sexto destino mundial de las exportaciones brasileñas”,
reportaba en un cable dirigido a la sede de su Cancillería en Brasilia. El
documento forma parte de un conjunto de comunicaciones diplomáticas que los
jueces y fiscales del caso Lava Jato incautaron como parte de sus
investigaciones y a los que se tuvo acceso para esta nota.
En
esa comunicación, Simões, actual embajador en Madrid, resumía su gestión de dos
años, entre 2008 y 2010. Tenía muchos éxitos que mostrar en la promoción
comercial. Informaba que de 2003 a 2010 el intercambio entre las dos naciones
había crecido de 610 millones de dólares al año a 5.150 millones de dólares al
año. Para el momento calculaba que Odebrecht detentaba contratos por valor de
13.000 millones de dólares, mientras que otras tres hermanas menores de la
ingeniería civil brasileña también participaban de la piñata venezolana así:
1.000 millones de dólares para Camargo Corrêa; 2.000 millones de dólares para
Andrade Gutierrez; y otros 1.000 millones para
OAS.
Un
año antes, en febrero de 2009, Simões había proclamado que Venezuela se había
convertido en el país con el que Brasil mantenía “el mayor superávit” entre
todas las naciones del planeta.
La
primavera de los negocios entre Caracas y Brasilia tenía razón de ser. Además de
las afinidades ideológicas y simpatías personales que los presidentes Hugo
Chávez y Luiz Inácio Lula Da Silva comprobaron entre sí, los
apremios de las autoridades venezolanas para completar obras de infraestructura
exigían de un socio confiable.
En
otro despacho del mismo embajador Simões, en el que reportaba para sus jefes del
Palacio de Itamaraty los resultados de la visita a Caracas de una delegación
oficial encabezada por el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior,
Miguel Jorge, el diplomático brasileño citaba entre comillas al entonces
ministro venezolano de Ciencia, Tecnología y Ciencias Intermedias, Jesse Chacón.
Según Simões, el ministro Chacón le había confesado en una reunión al presidente
de la Asociación Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI), Reginaldo Arcuria
-otro dignatario de la delegación-, que para el régimen chavista las relaciones
estratégicas con Brasil eran las más importantes porque “con Irán son difíciles;
con China, lo que es acordado por escrito termina siendo distinto a lo que se
ejecuta; con Rusia, los resultados son insatisfactorios; y apenas con
Bielorrusia, distante y poco relevante, es que estamos obteniendo
resultados”.
La
serie de reportes diplomáticos puede verse como una seguidilla de celebraciones
por grandes proyectos de infraestructura otorgados por el Gobierno venezolano a
contratistas brasileñas. La primera que se registra en las comunicaciones -lo
que no quiere decir que haya sido el primer contrato obtenido en Venezuela; solo
es el primero en la muestra de los cables- data de 2003. Entonces, el embajador
Ruy Nunes Nogueira informa, a propósito de un encuentro empresarial con el
entonces vicepresidente José Vicente Rangel, que el proyecto de irrigación El
Diluvio, en el estado de Zulia (occidente de Venezuela), había sido asignado a
Odebrecht, con una línea de crédito del brasileño Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (Bndes) por 115 millones de dólares.
La
danza de millones marea al examinar los contratos de financiamiento suscritos
con el Bndes por parte de autoridades venezolanas. Se trata de acuerdos en los
que el ente brasileño financia la compra de materiales, equipos y servicios en
Brasil para exportarlos a Venezuela, donde serán empleados en los proyectos que
llevan a cabo contratistas brasileñas como Odebrecht.
Jorge
Giordani, Nelson Merentes, Alí Rodríguez Araque, Rodolfo Marco Torres y Asdrúbal
Chávez: son nombres de algunas de las autoridades de la alta jerarquía chavista
que aparecen firmando con el Bndes. Por lo general, y pese al discurso
nacionalista de la mayoría de ellos, aceptaron las cláusulas típicas de esos
contratos en las que se establece la justicia brasileña como la jurisdicción
donde habría de dirimirse cualquier disputa sobre la ejecución de los
préstamos.
Hugo Chavez y Luiz Inácio Lula Da Silva
Metro de Los Teques, obra construida por Odebrecht
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Problemas en el paraíso
Según
muestran los cables, en 2009 la relación comercial e industrial entre Venezuela
y Brasil era tan importante que el propio presidente Chávez propuso constituir
un fondo conjunto de inversiones, semejante al que para entonces ya había
acordado con China. Sin embargo, el consejero especial del presidente Lula Da
Silva, Marco Aurelio García, le paró el trote. Advirtió a Chávez que tal cosa no
estaba permitida en las leyes brasileñas pero, para satisfacer al caudillo
venezolano, propuso explorar la figura de un acuerdo de
inversiones.
Precauciones
como las de García no estaban de más pues, como también revelan los cables
diplomáticos, a pesar de los pingües beneficios a los que apostaban, a los
brasileños las cosas no siempre le salían a pedir de boca en Venezuela. Tan
temprano como 2004 -sexto año de la era chavista-, el embajador Joao Carlos De
Sousa Gomes decía a Itamaraty que dos obras en manos de Odebrecht, la Línea 4
del Metro de Caracas y el Metro de Los Teques (capital del estado de Miranda, a
25 kilómetros al suroeste de Caracas), tardaban en hacerse del financiamiento
requerido del Bndes por la reticencia “de los venezolanos” para brindar “las
garantías exigidas”.
Mal
que bien, los brasileños aprenderían a lidiar con esos obstáculos, por
extravagantes que fueran. Sabían qué se jugaban.
En
su comunicación de febrero de 2010, el embajador Simões se imagina que los
negocios irían todavía mejor en Venezuela si las decisiones no estuvieran tan
centralizadas en el propio Hugo Chávez. Entonces revela que durante los dos años
que representó a Brasil en Caracas, debió completar hasta 96 gestiones ante
Cadivi, el organismo de administración del leonino régimen de control de cambios
local, para desbloquear hasta 460 millones de dólares en pagos para empresas
brasileñas.
Un
caso revelador de cómo la mancuerna entre la diplomacia brasileña y Odebrecht
actuó en Venezuela se encuentra en otro cable de febrero de 2010, donde se
relata una reunión de funcionarios de la embajada con Sergio Thyssen, director
para Venezuela de la empresa Braskem, brazo petroquímico de
Odebrecht.
Durante
la reunión, Thyssen se queja de que Venezuela y Pdvsa incumplieron las
condiciones establecidas para la ejecución de los proyectos Propilsur y
Poliamérica, acordados con Pequivén -filial de la petrolera estatal venezolana-
para ejecutarse en el complejo petroquímico de Jose, en el estado de Anzoátegui
(costa oriental de Venezuela).
Sin
embargo, el propio ejecutivo admite que ya está resignado a perder los 100
millones de dólares que Braskem había invertido para entonces en el proyecto.
Teme que si acude al arbitraje internacional el Gobierno venezolano tomará
represalias contra Odebrecht, principal accionista de Braskem, a cuyo cargo
quedaban miles de millones de dólares en contratos.
(*)
Esta historia fue cubierta y publicada en simultáneo por IDL-Reporteros en Perú,
la Prensa de Panamá y www,armando.info en Venezuela.
Acusación
y acuerdo reparatorio de Odebrecht en EEUU by ArmandoInfo on
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