El racionamiento digital fue importado desde Taiwán

El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, añadió en esos mismos días que las compras se harían de modo rápido y detendrían el contrabando de comida. Más de un año después, la realidad en los mercados de Venezuela es bien distinta.

El gobierno venezolano primero compró 40 mil máquinas, según declaró Méndez en agosto del año pasado. Cada una de ellas a un costo de 15 mil bolívares; se trataba entonces de unos 600 millones de bolívares destinados al control del consumo.

Luego vinieron otras 20 mil máquinas. Tal vez en ese lote estaban los digitalizadores de imagen que la misma empresa “Hisoft Panama Sucursal Venezuela S.A.” recibió desde Taiwán el 1 de junio de este año en el puerto de La Guaira. A bordo de un buque llamado Kingston llegaban más captahuellas a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con la información almacenada en Import Genius, una de las bases de datos de tráfico portuario más grandes del mundo.

Al frente de HiSoft Panamá figura el mismo Chandler Molina, que representó a Smartmatic –tanto en Venezuela como en otra de sus subsidiarias del Reino Unido– y que este año abrió una oficina de la misma empresa en Argentina, de acuerdo con un edicto público del 18 de febrero de 2015 de ese país.

La página web de HiSoft parece hecha ad hoc. Se hizo en 2015 y todo el material que presenta, la información y los casos de estudio se refieren a Venezuela. Hay un apartado, “Casos de estudio”, donde recogen lo que parecen los hitos de la marca: aparece la digitalización del Archivo Histórico del Registro Civil venezolano, la automatización del sistema de Registro Civil venezolano y una mención especial a una “Gestión Biométrica de Identidad”, con un único caso, otra vez de Venezuela. A pesar de ese hincapié en el país, en la web no aparece más que un domicilio en Panamá.

A diferencia de Smartmatic, HiSoft está registrada en el istmo. Tiene igual una oficina en Venezuela, pero no está debidamente inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Ni siquiera han actualizado sus datos en ese organismo desde el 24 de octubre del año pasado; tampoco responden cuando alguien los llama a precisar su papel en el proceso de instalación de los dispositivos.

Aunque atienden llamados telefónicos en su sucursal de Caracas, no dan declaraciones. Cuando alguien les pregunta por un encargado, un responsable de comunicaciones o cualquiera que pueda servir como vocero, se suceden los “no hay nadie”, “no tenemos de eso”, “están reunidos en este momento”. La llamada pasa de persona a persona hasta que alguien –que nunca se identifica– termina por trancar luego de advertir la situación: “Estamos en un momento delicado y especial para hablar”.

HiSoft no habla, no es el momento. Es el mismo argumento que dan en la mayoría de los supermercados del país: en Venezuela es obligatorio poner el dedo para comprar en las grandes cadenas de supermercados, pero el tema es tabú para los gerentes de esos mismos supermercados. Incluso en el estado Zulia –en la frontera noroccidental– donde el gobierno venezolano estrenó las captahuellas como una respuesta al contrabando de productos hacia Colombia.

Ajenos desde Caracas, el invento de aplicar un sistema de captahuellas –que en la jerga del Gobierno se llamó Sistema Biométrico para la Seguridad Alimentaria– aterrizó en junio de 2014 en forma de programa piloto en ocho supermercados del Zulia.

El registro de los datos y la huella dactilar era voluntario, pretendía controlar 23 productos “esenciales que presentan mayor irregularidad en su distribución nacional”, según declaró el superintendente de Precios Justos el 27 de agosto de 2014. El sistema había sido adquirido y pagado por cada establecimiento: primero sería para las cadenas del Estado –Bicentenario, Mercal y Pdval– y para 14 grandes supermercados del Zulia.

William Chacín, de supermercados ENNE, explica desde Maracaibo, la capital zuliana, que la idea “nació en conjunto entre la Gobernación del Estado Zulia y los comerciantes ante el problema de las colas y el contrabando, pero quien cuadró y coordinó todo es el ente estadal”. Agrega que el costo de las primeras máquinas fue asumido por cada supermercado, pero advierte que el número de artículos bajo control luego aumentó a 30. Desde entonces en la República Bolivariana de Venezuela no solo hay que poner la huella dactilar en una máquina para votar, también para comprar productos como arroz, harina de maíz, jabón de tocador, pollo y carne. Incluso desodorantes...

Uno de los primeros en estrenar las captahuellas en el Zulia fue la cadena de supermercados De Cándido. Su propietario y presidente de la Asociación de Supermercados del Zulia y Afines (Asuza), Andrés Eloy De Cándido, evita hablar sobre el tema: cuando atiende el teléfono, dice que mejor la entrevista sea en Maracaibo, en persona, con grabadora, pero cuando se trató de cuadrar dicha entrevista, simplemente no contestó.

El año pasado, de cualquier modo, invitó al público a aceptar el sistema de manera voluntaria. “Al estar registrado ya sabes que semanalmente tienes un cupo a disposición”, declaró en la edición del 26 de agosto de 2014 del diario El Universal. “Puedes ir todos los días, pero si se agota el cupo debe esperar hasta la siguiente semana para comprar el mismo producto".

Lo del captahuellas, para entonces, era una novedad. En un primer momento Nicolás Maduro dijo que el sistema sería para aplicar en todos los establecimientos. Las críticas y protestas empezaron y días después, el 28 de agosto de 2014, rectificó: “será voluntario e instalado de manera progresiva”. Pero luego igual se cubrió las espaldas. “Cuando dije que era voluntario, el compañero Andrés Eloy Méndez le dijo a los empresarios de los supermercados privados, y todos dijeron que querían estar”. Y así fue.

También vacilaron en el tipo de sistema. Primero sería un registro de captahuellas sumado a una tarjeta de abastecimiento por familia. La idea de la tarjeta se mantuvo meses después, pero hasta ahora solo se ha llevado a la práctica la máquina, una suerte de libreta de racionamiento digital en palabras del ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez. Algo así como un racionamiento 2.0, dijo en junio del año pasado.

Las primeras captahuellas que se instalaron en Zulia funcionaban con un mecanismo más sencillo, que sólo daba espacio para estampar el dedo. Estaban conectadas a una computadora que registra los datos, pero no iban unidas a la caja registradora. Aunque se anunció que las máquinas estarían instaladas en todo el país en diciembre de 2014, todavía este año los caraqueños ignoraban lo que es mostrar su cédula y presionar los pulgares de cada mano para comprar hasta un chocolate.

Además de los estatales Bicentenario, Pdval y Mercal, las nuevas máquinas empezaron a verse en las redes de Farmatodo y Makro. Más grandes, con un mecanismo para detectar la huella, una pantalla y teclado, el experimento del Zulia se expandió hasta las grandes cadenas de Caracas. Ya era agosto de 2015.

“Cuando empezó la regulación, se armó una mesa técnica que es liderada por ‘Seguridad Alimentaria’, con el ministro Carlos Osorio a la cabeza, personal técnico de Cantv y del Ministerio de Alimentación”, cuentan desde una de las gerencias de las cadenas involucradas describiendo la negociación tras bastidores. Todas las empresas privadas aceptaron el sistema. No querían problemas, explican, pero hay algo que no esperaban.

A pesar de que Méndez volvió a decir en marzo de este año que “quienes compren un producto cuyo precio no esté controlado, no deberán colocar su huella dactilar en el captahuellas al momento de pagar”, la realidad, meses después fue otra. El sistema se fue develando poco a poco en las mesas técnicas. “No sabíamos que era un sistema que interconectaba a todos los mercados públicos y privados”, dicen en la misma cadena de establecimientos.

Tampoco se esperaban el cambio de rumbo con las máquinas. “En principio iba a ser sólo para los productos regulados, pero cuando llegaron las nuevas máquinas nos dimos cuenta que la caja registradora se activa al poner la huella, así que hay que ponerla para todo. No sabemos por qué es con todos los productos”.

Así, ahora, aun para comprar un refresco, hay que poner el dedo. En el momento de hacer esta nota aún no se había implementado el nuevo sistema en Zulia. “No tiene sentido poner la huella si vamos a comprar un refresco, ralentizaría todo”, decía desde Maracaibo William Chacín, de la cadena ENNE.

Otro de los cambios en el camino fue la compra por terminal de cédula. En junio de este año, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, dijo que desaparecería la venta mediante este sistema “porque está funcionando el captahuella”. Criticó que “hay irresponsables que han establecido el sistema para productos que no son regulados”. En agosto, sin embargo, anunció a través de su cuenta en Twitter que echaban marcha atrás en esa decisión: “Cumpliendo con el mandato del Pueblo reactivamos el acceso a los productos prioritarios por terminal de cédula”. También explicó en la red social que se reactivó como “resultado de muchas reuniones y exigencias de nuestros consejos comunales, CPAP, Poder Popular”.

El listado de artículos que sólo se pueden comprar en una cantidad determinada una vez por semana viene determinado por una lista que sale del equipo del ministro Osorio. “En las mesas técnicas determinan las cantidades para cada cosa”, explican en una de las cadenas de establecimientos involucrados. Para validar la huella se compara con la base de datos del Gobierno y con la información de venta. “Se bloquea si ya se hizo una compra de un determinado rubro”.

Desde que se implantó en Zulia, 20 mil personas han sido bloqueadas en el sistema. No pueden comprar ningún producto regulado sin acudir al mercado negro. La razón que dan desde el Gobierno es que hicieron compras superiores a las cuotas establecidas para una familia, por lo que las máquinas los han excomulgado a una categoría de revendedores. Es decir, han engrosado las filas de los ya célebres “bachaqueros”, un término que el gobierno venezolano ha tomado de la jerga zuliana para denunciar a los oportunistas que se valen del control de precios para hacer dinero rápido.

En Caracas aún no se ha bloqueado de modo oficial a nadie. Pero sí se ha sometido a los usuarios a la discrecionalidad. La máquina está conectada con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) por lo que, automáticamente, quien esté registrado en el ente gubernamental debería aparecer al dar su número de cédula, sea venezolano, residente o transeúnte en posesión de identidad laminada. Pero en los dos últimos casos no siempre aparece el registro. La máquina dice que el usuario no existe. En esos casos, el comprador debe registrar sus datos cada vez que adquiera un producto. “Como no apareces, no puedo dejar que te lleves productos regulados, pero no tienes pinta de bachaquera, así que te lo paso”, explica un cajero de Excelsior Gama tras pasar por la lectura del código de barras un pote de margarina. Quien hizo la compra es quien escribe: nariz parada, pelo liso, rubia. Española. 

Maduro dijo el 26 de agosto de 2014 que el funcionamiento sería “como las captahuellas del sistema electoral para evitar el fraude. Por eso, nadie puede votar dos veces”. Pero parece que el sistema es falible para extranjeros con cédula de transeúnte laboral. “Es él quien ‘bachaquea’ en la oficina”, explica Carla Campos, mientras señala a un compañero de trabajo de nacionalidad portuguesa.  “Él nos trae de todo porque, como no está en el sistema, puede comprar lo que quiera y cuando quiera sin el límite semanal”.

Suma y sigue. “En todos los establecimientos tenemos ordenes discrecionales de diferentes organismos, dependiendo de la zona que toque”, explica una fuente vinculada a una gran cadena de establecimientos. “Un fiscal decidió que tres de nuestros locales van a pedir partida de nacimiento para poder vender pañales. Eso no pasa en todos”.

Incluso se han dado casos de embarazadas, que obviamente no tienen la partida de nacimiento en la mano, por lo que se les ha negado la venta de pañales. La misma fuente añade que incluso piden informes médicos para la venta de pañales de incontinencia, pero matiza de nuevo que solo en algunos sitios. “En Zulia es el único estado donde no funciona el terminal de cédula. Hay gente que radicalmente está bloqueada. A quienes van a desbloquear tenían como justificación que son dueños de restaurantes y los volverán a activar. Pero hay muchas diferencias a nivel nacional. Hay que cumplir con las mesas técnicas, con la Sundee y con los diferentes fiscales y lo que se les antoje pedir”.

Los comercios que se afiliaron a este sistema no asumieron el costo de las máquinas, pero sí el de la logística que conlleva. “Tuvimos que cambiar en el despacho, en la gente que tienes que tener en los camiones, la gente que tienes que activar en las cajas al instante porque se tiene que vender todo al momento. No sabes cuándo habrá un pico de venta y tienes que tener capacidad para activar las cajas al mismo tiempo”, cuentan en una de las grandes cadenas de establecimientos de Venezuela.

También ha cambiado el clima laboral. Los empleados no pueden comprar el producto que llegue si no es el día del terminal de su cédula. “Es muy doloroso, a veces llegan pañales y no los puedo comprar”, dice Yomerly, cajera en un Farmatodo. “Entre nosotros hay mal ambiente. Estamos claros que es un delito la reventa y se nos vende a nosotros como a los clientes, pero eso no quita el enfado”.

El entonces ministro de Alimentación, Iván Bello, dijo el 20 de noviembre de 2014 que “la implementación en Zulia ha sido un éxito, donde han bajado las colas”. Casi un año después, Gilberto Gudiño, presidente de la Asociación de Comerciantes del Zulia, critica que “se ha tratado de vender la idea de que a través del racionamiento se puede impedir el ‘bachaqueo’, pero es consecuencia de la falta de producción. Sigue habiendo largas colas y distorsión del mercado”.

Apunta que, según declaraciones del Gobierno, se han inscrito en el sistema 1 millón 200 mil habitantes del Zulia, que tiene una población de 4 millones 150 mil. “Sólo está 28,9% y se han bloqueado a 20 mil”. Denuncia que se hizo un redireccionamiento de alimentos desde 2013 a las grandes superficies, “para llenar supermercados y que se viera que había suficiente producto, pero las bodegas y mercados populares, que son más de 70% de los establecimientos que hacen vida en el Zulia y en el país, no tienen nada. Si les quitas la posibilidad de recibir productos, afectas a una parte importante, porque la bodega es el establecimiento más cercano a la población”.

“El ‘bachaquerismo’ picó y se extendió”, concluyen en una gerencia de las grandes cadenas de establecimientos. “En Los Palos Grandes (al este de Caracas) ves que la gente que está haciendo compras no es de la zona. Pero el problema lo tienes en todos los estratos en todo el país”. Reconocen, a pesar de todo, que se está logrando una distribución mayor, aunque con muchas deficiencias: “Llega a más gente, pero hace falta producto; se está haciendo una redistribución de la pobreza”.