El redondeo cambiario que benefició a Odebrecht
Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
“El
‘80-20’ no se puede saber, si se ventila, se cae el proyecto Tocoma”, le
advirtió un ingeniero a otro en medio de la urgencia de adelantar los trabajos,
una vez más, de la central hidroeléctrica Manuel Piar, en Tocoma, estado de
Bolívar, en la rica Guayana venezolana. Era 2014 y los auditores internos de
Corpoelec, el holding eléctrico del Estado venezolano, ya tenían meses revisando
las facturas de la obra –entre ellas, muchas emitidas por la brasileña
Odebrecht– para encontrar las razones de su atraso y la gran escalada de su
costo.
En
Ciudad Guayana, la capital industrial y comercial de la región, el “80-20” era
un secreto a voces. Ingenieros, técnicos, administradores, sindicalistas y
abogados que trabajaron allí sabían que las facturaciones en bolívares se habían
dolarizado a través de ese mecanismo que contravenía el control de cambio y el
contrato inicial.
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La
conversión permitió facturar cerca de 1.000 millones de dólares no contemplados
inicialmente en el contrato, indicó una fuente. “Tocoma fue, al menos entre 2009
y 2014, una gran caja chica”, dijo un ingeniero que trabajó en la represa. Fue
negocio para muchos. El costo inicial de Tocoma se calculó en 3.900 millones de
dólares. Siete años después, en 2014, Venezuela había pagado casi 10.000
millones de dólares, en parte con créditos de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Qué
sucedió?
Fuentes
consultadas indican que su costo inicial se había incrementado por la inflación
rampante, las modificaciones constantes exigidas por Corpoelec y los
sobreprecios marcados por los contratistas. Pero sobre todo por una "ventaja
comparativa" que Venezuela ofrecía a empresarios foráneos y nacionales en
relación al mundo, la que encegueció más que el oro de Guayana: el control de
cambio, que dio pie al secreto en que hurgó la auditoría de
Corpoelec.
Más que ingeniería: prestidigitación financiera
La
central hidroeléctrica de Tocoma, iniciada en 2007, prevista para funcionar a
partir de 2012, fue ejecutada mayormente por Odebrecht. Por sus dimensiones y
costo, fue uno de los proyectos de infraestructura hidroeléctrica más grandes
del país y de América Latina, comparable en costos y magnitud con la ampliación
del canal de Panamá. Millón y medio de metros cúbicos de concreto fueron
vaciados en el lugar.
Hoy
la mole se deteriora día a día, y en las bóvedas donde debían estar diez
turbinas generadoras de electricidad, funcionan bombas de achique para que las
aguas del bajo río Caroní no inunden los pocos sistemas eléctricos instalados,
por algunas fisuras en sus muros.
En
paralelo, se sabe que la Fiscalía investiga en silencio las irregularidades de
Odebrecht en el país y el Gobierno negocia el cierre del proyecto con las
contratistas. Aunque fueron interpeladas por la Asamblea Nacional, ninguna
explicó las razones de la parálisis, ni la contratista de la obra civil, el
consorcio OIV (conformado por Odebrecht de Brasil, Impregio de Italia y Vinccler
de Venezuela), ni la de la obra electromecánica, la argentina Impsa (del
aproblemado grupo Pescarmona). Tampoco respondieron un cuestionario enviado para
incluir respuestas en este reportaje
Entre
2007 y 2012 Venezuela estaba en pleno boom petrolero. Los planes originales de
ingeniería para la obra fueron modificados por el gobierno, que empezó a exigir
insumos más costosos, aumentar la nómina de obreros sin miramientos (de 2.000 a
10.000) y forzar su “inauguración” por trechos, por motivos políticos. Las
nuevas exigencias aumentaron año a año el costo de la
obra.
Corpoelec
–por razones no aclaradas– comenzó a retrasar los pagos a los contratistas, que
por contrato debían hacerse en bolívares y dólares, según fuera el componente a
pagar. Las empresas privadas se enfrentaron al incremento de los precios en
bolívares para sueldos y productos y al inicio de una escasez de insumos
industriales que se debían comprar en el país. “Ni cemento ni cabilla podían
comprarse en el país”, recuerda un ex ingeniero de la obra. “Tampoco se
conseguían repuestos”, recuerda otro.
Es
2010. En una reunión entre OIV –liderada por Odebrecht– y Corpoelec se discute
cómo afectan los constantes cambios al contrato y la exigencia de nuevos
materiales y componentes. El consorcio expone un reclamo al gobierno: “Los
precios iniciales no me dan, el control cambiario me limita, cobro poco en
dólares y mucho en bolívares, estoy gastando más dólares de lo normal con tus
nuevas exigencias”, es la línea argumental de los
contratistas.
La
solución vino en forma de porcentaje: 80-20. El objetivo era aumentar el pago en
dólares (baratos), y bajar el componente a saldar en bolívares. Funcionó así,
entre 2010 y 2014. Corpoelec tomaba el monto de la factura de OIV en dólares y
lo convertía en bolívares a la tasa de cambio preferencial (4,30). Luego se
sumaba a la factura en bolívares. El total se desglosaba en dos partes, 80% y
20%. El primer monto se reconvertía en dólares (a tasa preferencial), y el
segundo se mantenía en bolívares. Así, una factura de 2,3 millardos de bolívares
y 18,8 millones de dólares se convertía en una de 491 millones de bolívares y
456,9 millones de dólares. “Fueron más de 1.000 facturas que pasaron así”,
relata el ingeniero de Odebrecht.
Este esquema 80-20 quedó firmado entre las partes en el Addendum 4A del contrato, según fuentes consultadas, durante la gestión del entonces ministro de Energía Eléctrica Alí Rodríguez Araque. Una consulta por correo electrónico al ahora embajador en Cuba no fue respondida para la fecha de publicación de este artículo. “El Addendum 4A, existe y lo contempla. Las cuentas en Tocoma no cuadran gracias a esto”, dice un ingeniero de Odebrecht.
Entre la
gerencia media y los ingenieros del proyecto de Corpoelec hubo malestar. “Todo
el mundo sabía que eso permitiría más robo”, recuerda otro ingeniero. “Pero
arriba se dijo que se firmaba. Corpoelec tenía a Chávez presionando encima,
había elecciones y mucho dinero”. El personal contratado temía por sus trabajos
si trascendía esta anti ley de Pareto.
Por ese
ardid OIV cobró y Corpoelec pagó escalatorias (aumentos de precios),
bonificaciones (por cumplir fechas de culminación de trabajo) y valuaciones.
“Más de mil facturas se pagaron así”, reitera uno de los actuales trabajadores.
El daño patrimonial fue calculado, a lo interno. “Por esa vía se pagaron 1.000
millones de dólares, buena parte en comisiones para la gerencia del proyecto de
Tocoma”, agregó.
Ingenieros
–algunos todavía activos en Corpoelec, otros ya fuera de ella– no dejan de
mostrar su asombro de que Tocoma haya costado casi el doble de la ampliación del
canal de Panamá (5,4 mil millones de dólares), o casi cuatro veces lo que le
costó al país –en dólares– la construcción de una central hidroeléctrica
similar, Caruachi, muy cerca de Tocoma sobre el cauce del río
Caroní.
En la ecuación de Tocoma, x siempre era igual a pagos extras en dólares
Entre
2007 y 2014, Tocoma vivió picos y bajadas en el ritmo de la obra. Corpoelec
respondió en varias ocasiones y de manera desesperada –por necesidad electoral,
como en las presidenciales de 2012– pagando por “aceleraciones” que, a la final,
no cristalizarían la inauguración de la obra para la fecha
prevista.
La
gestión del ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón se topó con una
semiparálisis de la obra en 2013. Y al revisar las causas, una comisión de
auditores de Corpoelec halló el ardid cambiario en julio de ese año. Sus
integrantes advirtieron la irregularidad a la junta directiva, dejando entrever
que colindaba con un ilícito cambiario en manos de la Gerencia de Ingeniería y
Proyecto de Expansión y Generación Oriente de Corpoelec.
Por
ejemplo, identificaron dos facturas por 363 millones y 226 millones que debían
ser pagadas en bolívares, por tratarse de trabajos efectuados en el país. Así
constataron que estas y otras conversiones fueron hechas “sin tomar en cuenta la
normativa cambiaria vigente y la opinión de las instancias legales
correspondientes” y “sin contar con la autorización previa para dicho cambio”.
Aún así, esas facturas luego fueron reestructuradas y pagadas mayormente en
dólares, aseguró un ingeniero de Odebrecht.
El procedimiento con el 80-20 era un patrón, deslizan. “La comisión de Auditoría resalta la recurrencia por parte de Edelca (la compañía estatal de desarrollo eléctrico del cauce del Caroní) y Corpoelec en acordar pagos en divisas con el Consorcio OIV Tocoma considerando que los trabajos se estiman realizar en territorio nacional”, por un total de 635.991.233,19 millones de dólares. Los pagos realizados en el país, debían pagarse sólo en bolívares, de acuerdo al contrato.
Alarmados,
los auditores acudieron a la consultoría jurídica para analizar el caso. En
agosto de 2013, el consultor Alejandro Carrasco dio su opinión: “La Gerencia de
Ingeniería de Proyectos de Expansión Generación Oriente ha venido efectuando una
interpretación errada en el modo de convertir a pago en Dólares 80% del monto de
la valuación de obra ejecutada en divisas y 20% en Bolívares correspondiente a
la misma valuación, debiendo procederse a corregir tal
situación”.
En
el documento, Carrasco cita los límites que contempla la ley del Banco Central
para el pago de proyectos en divisas, según los convenios cambiarios. El abogado
confirmó que había estudiado el caso y que el procedimiento no era cónsono con
el contrato inicial.
Otras gentilezas para los contratistas
Además
del esquema 80-20, los auditores de Corpoelec encontraron decenas de
irregularidades administrativas, que dejaron asentadas en varios informes
oficiales, todos revisados para este reportaje.
Por
ejemplo, Odebrecht, Impregilo y Vinccler obtuvieron parte de los contratos para
obra adicional (no principal) sin licitación, violando la ley de licitaciones.
También recibieron pagos “en exceso”, lo que afectó el flujo de caja de
Corpoelec. Cobraron incrementos hasta de 30% por reclamaciones sin que fueran
aprobadas por las instancias apropiadas. Se les pagó, en algunos rubros, más de
lo que se presupuestó. Obtuvieron prórrogas de meses para sus trabajos sin
entregar la documentación obligatoria que las justificara.
Por
su parte Impsa, la contratista argentina de las turbinas, cobró 75 millones de
dólares de Corpoelec sin haber firmado contrato. También recibió 60 millones de
dólares por equipos que hizo llegar a la obra; cobró tres millones de bolívares
por costos laborales que no se justificaban; tasó un impuesto en 3% en lugar de
34%; y no pagó IVA. Además, firmó un tercer contrato sin fecharlo, lo cual es
ilegal. En una ocasión incurrió en retrasos en la entrega de trabajos, por lo
que debió pagar 4,7 millones de dólares a Corpoelec en multas. No hay evidencia
de que lo haya hecho. De hecho, de 10 turbinas que le fueron pagadas, en Tocoma
sólo hay una y media instalada.
BID y CAF conocían estas ilegalidades, afirman fuentes. Delegados asistían periódicamente a las reuniones del directorio de la obra, para verificar los avances contra los desembolsos. Sin embargo, no firmaron, como correspondía, las modificaciones de los contratos y continuaron financiando la obra, según la auditoría. Para el momento de la publicación de este reportaje, las solicitudes información enviadas por correo a ambas instituciones no habían sido respondidas.
Auditoria
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En mayo de 2013 Adolfo Aponte Hernández, jefe auditor de
Corpoelec, realizó un informe sobre las situación del contrato de las turbinas
para Tocoma, donde dejó asentadas irregularidades en pagos, entregas del trabajo
y hasta impago de impuestos.
