La ruina de notarías y registros no se puede certificar

El sistema se agrupa bajo el paraguas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y creado seis años atrás con la promesa de hacerlo más eficiente.

En 2008 el entonces titular de la cartera del Interior, Ramón Rodríguez Chacín –un ex oficial naval de inteligencia que hoy se desempeña como gobernador del estado Guárico a nombre del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– centralizó el sistema de notarías y registros. Hasta entonces los registros mercantiles y notarías tenían un régimen de autonomía. Ello les permitía administrar por su cuenta la distribución de los recursos para financiar sus operaciones y asignar los remanentes como bonos de estímulo a la productividad: por lo general, se otorgaba la mitad para los jefes –registrador o notario y jefes de servicio– y la otra para los empleados del organismo (exceptuando a los obreros). Ello, explica el abogado Alonso Macías Luis, era un acicate eficaz para el óptimo funcionamiento de esas dependencias. Los abogados soñaban, dada la buena remuneración, con laborar en la función registral y notarial. Una notaría era el equivalente al gordo de la lotería.

Sin embargo, esto de trabajar por la zanahoria de los ingresos extras pronto resaltó como un anatema para el ideario expreso de la revolución bolivariana. Al anunciar la centralización de los servicios en el ministerio del Interior, Rodríguez Chacín denunció que, por culpa de la política de estímulos, algunos funcionarios conseguían devengar hasta 500 millones de bolívares al mes, cerca de 11 millones de dólares al cambio legal vigente en 2008. Mientras, otros cobraban sueldos de trabajador público. Así que el Gobierno optó por regular las ganancias de las Notarías y Registros. El incentivo del excedente desapareció y los trabajadores pasaron a cobrar nóminas fijas. “Es un acto de justicia social, es una decisión que había que tomar”, dijo el ministro, al tiempo que decía que el esquema anterior solo beneficiaba a unos pocos.

El manejo discrecional de los ingresos no estaba definido en la Ley de Registro Público y del Notariado, aprobada por el ex presidente Hugo Chávez en 2001 con el fin de unificar y modernizar la actividad registral y notarial. Ni para permitirlo ni para prohibirlo. Simplemente no lo consideró. El vacío legal había sido aprovechado por los encargados de las oficinas para repartirse las plusvalías. Ahora, el Gobierno de Chávez lo usaba para dirigir los excedentes a un fondo único que se creaba, según anunció Rodríguez Chacín, para costear el proyecto de automatización del servicio.

Pasó entonces lo impensable: para defender lo que se había perfilado como un privilegio de unos pocos, el personal de registros y notarías se movilizó. Amenazaron con un paro indefinido, introdujeron un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos renunciaron.

Aparte de la disminución en los ingresos que, de hecho, representó la medida, en los siguientes cinco años los trabajadores de registros y notarías –empleados del segundo gran recaudador de dinero en Venezuela, solo después del Seniat, el ente tributario– no recibieron ningún aumento salarial, que no fuera el incremento general del salario mínimo decretado por la Presidencia de la República.

Al mismo tiempo, Venezuela enfrenó tres devaluaciones camuflageadas y se convirtió en el campeón mundial de la tasa inflacionaria. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ya en 2009 la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos empezó a denunciar retrasos en la ejecución de trámites civiles, mercantiles e inmobiliarios. Una Operación Morrocoy virtual se implantó.

Pedir un acta de matrimonio, registrar un título universitario o fotocopiar la tradición legal de una empresa significa desde entonces una retahíla de pasos para los que sobran quejas entre los usuarios que de domingo a jueves duermen frente a los registros mercantiles.

La lucha organizada por las reivindicaciones laborales y las mejoras del servicio empezó a mediados de 2013 con protestas de calle, denuncias en medios de comunicación y reuniones con autoridades gubernamentales. Mesas de diálogo entre voceros de los trabajadores y autoridades del Saren lograron un aumento de sueldo y la aprobación de una prima por guardería para los empleados, pero las discusiones se paralizaron a principios de este año y quienes actuaron como representantes de los trabajadores ahora enfrentan procesos de destitución o averiguaciones penales a solicitud de la presidenta del Saren, Violeta Clavaud.

Una circular presentada por el organismo el 16 de septiembre de 2013 reza que sus trabajadores tienen prohibido ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Nueve días antes, el diario Últimas Noticias había publicado un artículo sobre las deficientes condiciones laborales en las notarías y registros, reportadas por algunos trabajadores: bajos sueldos, hacinamiento, falta de insumos de trabajo, problemas con la póliza de seguros. Un documento del Saren da cuenta de un procedimiento disciplinario de destitución a propósito de los testimonios ofrecidos, pese a que la medida prohibitiva de hablar con periodistas se emitió después de esa publicación.

Funcionarios que prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias aseguran que las fallas se mantienen. Denuncian retrasos en el pago de la prima por guardería y el bono de útiles escolares, así como también, el incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) en los distintos registros y notarías. “No tenemos condiciones dignas de trabajo”, afirma uno que recientemente sufrió un accidente laboral. Sus denuncias elevadas ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) aún no ven frutos.

Los problemas de infraestructura no son un secreto para los usuarios. Uno de ellos tiene más de un mes tratando de revisar el expediente de una empresa inscrita en el Registro Mercantil V de Caracas, que actualmente está en un proceso de mudanza. “Ahorita no es posible conseguirlo”, responden los empleados. Una pared de la antigua sede se habría derrumbado sobre una pila de archivos y hay que esperar –no se define cuánto- a que los escombros sean removidos para buscar el material solicitado.

El reclamo de estas debilidades a través de las redes sociales por parte de los funcionarios también es motivo de persecución. Varios empleados reportaron en agosto de este año, también ante el diario Últimas Noticias, la apertura de investigaciones en su contra por presuntos delitos informáticos. Uno de ellos, que pidió reservar su nombre, manifestó su indignación por las palabras del efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que lo interrogó sobre el caso. “Tú sabes cómo es esto, deja de tuitear eso”, le habría dicho el policía sin aludir a pruebas sobre cómo sus publicaciones digitales justificaban una averiguación penal. Su casa y la de sus colegas, sin embargo, fue allanada –comprobó en ese entonces Últimas Noticias– y la investigación sigue en proceso.

Vladimir Suárez ya no teme decir su nombre. Fue destituido este mes de su cargo de escribiente III en la Notaría Cuarta del municipio Libertador por presuntas faltas en el Registro Público de los municipios Santiago Mariño, Libertador y Francisco Linares Alcántara del estado Aragua, donde trabajó entre 2012 y 2013. Antes, en 2011, trabajó en la Notaría Tercera del estado Miranda. Se destacó como vocero defensor de los derechos laborales del sector. Su salida del Saren se concretó este 10 de septiembre pese a que en 2012 fue presentado ante la oficina de Recursos Humanos un documento con justificativos de las ausencias aludidas por la registradora de Aragua. Las voces cantantes en la exigencia de mejoras están bajo lupa de las autoridades del Saren.

“El servicio debe funcionar de manera eficiente para cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula, buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede ser otorgada por el sistema”, explica el abogado Macías en su artículo “Registros y Notarías ¿Eficiencia o Ineficiencia Administrativa?”.

Una solicitud de entrevista sobre el tema con algún portavoz del organismo no obtuvo respuesta. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció en junio de este año la destitución del 52 por ciento de los registradores y notarios del país por corrupción. Los casos, aseguró, están en Fiscalía. Los reportes diarios del portal digital del Ministerio Público, sin embargo, todavía no precisan nombres ni avances vinculados a estas investigaciones.

Víctor Borges, un obrero del Registro Mercantil II del Distrito Capital y estado Miranda, en cambio, sí está plenamente identificado por la prensa del Cicpc. Fue detenido este mes por solicitar dinero a un usuario para agilizar la entrega de una copia certificada. Mientras el Gobierno nacional promete la pronta optimización del servicio mediante la modernización tecnológica, los caminos verdes –corrupción, soborno, gestores- aún son la salida que algunos encuentran, reconocieron usuarios consultados, para cumplir con compromisos administrativos.