Pasaportes para el terror

Cuba y Venezuela mantienen desde 2000 un convenio de cooperación que le ha llevado a firmar contratos en las más diversas áreas, incluso las neurálgicas para la seguridad y defensa del país, como el servicio de identificación de los ciudadanos. En 2003, con asesoría cubana, el fallecido presidente Hugo Chávez creó la Misión Identidad como mecanismo para otorgar cédulas de identidad –requisito indispensable para votar- a más de tres millones de personas, en la víspera del referéndum revocatorio que se celebró el año siguiente.

Un testigo privilegiado de los tratos entre Venezuela y Cuba para los cambios en la identificación civil, el exasesor del Ministerio de Interior, Anthony Daquin, explicó que, valiéndose de esa asesoría, los cubanos pretendían otorgar documentos venezolanos a agentes de inteligencia y miembros de organizaciones radicales, para no despertar sospechas. Recientemente, documentos desclasificados del servicio de inmigración de Canadá confirman que ciudadanos de nacionalidad iraní han cruzado esa frontera y burlado sus sistemas de seguridad con pasaportes venezolanos que han considerado “no apropiados”, una descripción que engloba a quienes viajan con documentos falsos, alterados, robados o que son genuinos, pero han sido expedidos u obtenidos con identidades ficticias.

Algunas de las primeras pistas de este patrón de viajes surgieron hace más de 10 años, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez comenzaba a estrechar lazos políticos y económicos con los gobiernos del sirio Bashar al Assad y del iraní Mahmud Ahmadineyad. En febrero de 2003 fue detenido Hasil Mohammed Rahaham-Alan, quien viajaba con un pasaporte venezolano y llegó al aeropuerto Gatwick de Londres en un vuelo de British Airways, que partió de Caracas e hizo escalas en Colombia y Barbados. El hombre llevaba una granada en su equipaje y su arresto ameritó la evacuación del terminal y el movimiento de militares. Habían pasado apenas dos años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y el transporte del explosivo causó alarma y retrasos en los vuelos.

Dos años más tarde, en 2005, fue detenido Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de la guerrilla colombiana de las FARC. Aunque Washington se desligó de la operación de captura ejecutada por Colombia en territorio venezolano, el reclamo a Caracas por haber albergado al terrorista, expresado a través de una nota del Departamento de Estado, contenía una revelación: “Urgimos al gobierno del presidente Chávez a que explique por qué permitió a un alto terrorista de las FARC movilizarse libremente dentro de su territorio y que inclusive obtenga pasaporte venezolano”.

Tras los atentados terroristas en Estados Unidos y Europa se extremaron las medidas de seguridad. La Organización de Aviación Civil Internacional (IATA por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza) estableció que todos los países debían emitir pasaportes electrónicos, con chips que contienen datos biométricos (como las huellas dactilares), a más tardar en 2010.Venezuela comenzó a emitirlos en 2007, de la mano de su principal aliado político, Cuba, que delineó cómo debía ser la modernización de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, la antigua Onidex, para dar paso al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el actual Saime.  Bajo la tutela antillana, las compañías proveedoras de los pasaportes biométricos fueron contratadas con la participación de funcionarios de Copextel, la corporación pública cubana encargada de importar y comercializar productos electrónicos y tecnológicos para la isla, cuyo manejo ha estado históricamente ligado a los militares de ese país.

La isla, que no aparece en el radar de los rankings de países con más tecnología de electrónica y biométrica y que, en correspondencia con ello, no cuenta con capacidad técnica para fabricar estos materiales y diseñar los programas informáticos, se convirtió en un intermediario de estos servicios. En 2005 creó la empresa Albet Ingeniería y Sistemas, el brazo comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), a la que Venezuela compra buena parte del software de la administración pública, en especial, el que usan el Ministerio de Interior y sus organismos adscritos, como el Saime, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el servicio de emergencia y el de las policías.

José Lavandero García, el cubano que diseñó el Saime y los sistemas de expedición de documentos, es vicerrector de la UCI, casa de estudios que depende del Ministerio de Informática y Comunicaciones de la isla, encabezado por el general Ramiro Valdés, quien también fue ministro de Interior y es considerado el artífice de los servicios de inteligencia cubanos.

“A Cuba le interesa colocar agentes en Estados Unidos, Venezuela, México y España, donde se concentra la diáspora de la isla, para multiplicar la presencia de su servicio de espionaje. También venden esa información a otros países, a grupos extremistas o religiosos, que a través de la isla tienen medios para infiltrar”, explica Anthony Daquin, ingeniero venezolano, desde Estados Unidos, donde pidió asilo político luego de –asegura- recibir amenazas por criticar la injerencia cubana en la identificación. Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 fue empleado de una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa, del que aún conserva las credenciales que le permitían ingresar a las instalaciones militares. Luego de trabajar en dos empresas más del área que prestaban servicios al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, se convirtió en asesor del organismo.

Daquin asegura que miembros de grupos terroristas como Hezbolá, Hamas y las FARC viajan con doble identidad sin causar alarmas, pues poseen un pasaporte que les permite entrar en Europa y gran parte de América sin necesitar visa de turista. Un pasaporte vinotinto.

Hubo una alerta temprana en la región. En 2008, cuando los pasaportes electrónicos venezolanos tenían apenas un año de circulación, el entonces director de Inmigración de Costa Rica, Mario Zamora, observó un flujo constante de árabes que viajaban con pasaporte venezolano y se lo comunicó a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en San José. El hecho fue reseñado en uno de los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks en 2011. La representación diplomática sugirió alertar a la embajada en Caracas y al servicio de inmigración sobre esta práctica que podría enmascarar o facilitar los viajes de terroristas a Estados Unidos.

Un informe de julio de 2012, desclasificado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, detalla las atípicas características de la migración de iraníes hacia ese país entre 2009 y 2011. A las autoridades les llamaba la atención cómo burlaban los controles y sus posibles nexos con el crimen organizado. El reporte advierte que, si bien muchos son detectados, los iraníes tienen un alto porcentaje de éxito al entrar con documentos “no apropiados”: uno de cada tres de ellos lo logra y solicita asilo en el país. Los oficiales mencionan la participación de funcionarios del aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, y de personal de las líneas aéreas para facilitar los viajes de iraníes. “En los últimos tres años, las principales ciudades de embarque de personas con documentos inadecuados que llegaron a Canadá fueron: Ciudad de México, México; Londres, Inglaterra; Caracas, Venezuela, y Frankfurt, Alemania”, señala el documento.

Con este informe como base, el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), un organismo para el estudio de temas de seguridad y defensa con sede en Washington, inició una investigación cuyos resultados publicaron en junio pasado en el informe Canadá en guardia: Evaluando la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria. Los autores, Victoria Henderson, Fernando Menéndez y Joseph Humire, señalan que las autoridades venezolanas emitieron, entre 2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, visas y otros documentos a islamistas radicales que buscaban entrar sin despertar sospechas a América del Norte. También encontraron evidencia de que Irán colabora con Cuba y Venezuela para explotar las debilidades del sistema de inmigración canadiense. Pero no solo iraníes han tomado ventaja. El informe asegura que también sirios y libaneses relacionados con Hezbolá se han hecho de identificaciones venezolanas.

Los investigadores aseguran que Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua, es el puente para los extremistas de Medio Oriente. Según esa versión, El Aissami habría facilitado documentos a los terroristas mientras estuvo al frente del Ministerio de Interior, entre 2008 y 2012, y habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento de esos grupos. “Tiene redes que atraviesan Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania”, precisa Humire, director del SFS, que condujo la investigación. “Desde finales de 2012 recolectamos información e hicimos viajes a Venezuela y otros países. Vimos documentos de identidad de diferentes tipos otorgados a irregulares: pasaportes legítimos, certificados de nacimiento, cédulas, registros del Seguro Social”.

Humire afirma que las autoridades estadounidenses están al tanto de la situación desde hace varios años. Jaime Ruiz, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), servicio adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, no confirma ni niega que haya ciudadanos provenientes del Medio Oriente que viajen con documentos venezolanos a ese país. Señaló que todos los puntos fronterizos están protegidos ante amenazas como esta.

Estados Unidos ha establecido sanciones a algunos venezolanos de ascendencia siria y libanesa por sus presuntos nexos con Hezbolá. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Ghazi Nasr al Din y Fawzi Kanaan, a quienes acusó de solicitar donaciones y facilitar viajes a la organización terrorista, razón por la que congelaron sus bienes y prohibieron a empresas o ciudadanos de Estados Unidos hacer negocios con ellos. Nasr al Din fue funcionario diplomático de Caracas en la Embajada en Damasco y luego ocupó un cargo directivo en la representación en Líbano. Cuatro años después, el gobierno estadounidense desarticuló una red de lavado de dinero del narcotráfico para Hezbolá encabezada por Ayman Joumaa, que tenía vínculos con los venezolanos-libaneses Abbas Hussein Harb, Ali Houssein Harb y Kassem Mohamad Saleh, dueños de empresas en Venezuela y Colombia a través de las cuales operaban.

En abril se revelaron más detalles del atentado con bomba que mató a cinco turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, el 18 de julio de 2012.  La periodista Ana María Luca, del site Now, que cubre historias del Medio Oriente, afirmó que el cuarto miembro del grupo que perpetró el ataque, considerado el autor intelectual, usó un pasaporte venezolano para a entrar a Bulgaria desde Turquía. Aunque las autoridades no precisaron la nacionalidad del hombre, el FBI lo relaciona con Hezbolá y sus agentes en Líbano. “Cuatro hombres, de cuatro nacionalidades, viajan a Bulgaria desde cuatro continentes diferentes (por cuatro fronteras) sin aparente conexión entre ellos. Hacen seguimiento a los vuelos, ven cuáles autobuses usan los turistas israelíes, monitorean los hoteles y diseñan un plan. Toman ventaja de la falta de seguridad en el pequeño país balcánico y el hecho de que sus fuerzas de seguridad no tienen experiencia en lidiar con bombardeos suicidas. Fácilmente volaron el autobús”, escribió Luca.

Otro hombre con un pasaporte venezolano estuvo entre los terroristas que secuestraron a siete ciclistas de Estonia en la ciudad de Zahlé, al este de Líbano, el 23 de marzo de 2011. “Wael Abbas, clave detrás del secuestro de los siete estonios, había viajado a Qatar desde el aeropuerto de Damasco, con un pasaporte venezolano auténtico”, señaló entonces el diario libanés The Daily Star, que citó a fuentes de seguridad de alto rango. La investigación reveló  que Abbas esperaba un pago de 120.000 dólares, pero solo recibió 40.000 por la autoría intelectual del secuestro, en coordinación con agentes de inteligencia sirios.

En una intervención en la audiencia del 9 de julio de 2013 ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos, Humire y otros expertos en seguridad de think thanks estadounidenses expresaron que no solo Venezuela emite pasaportes a personas ligadas a grupos irregulares, sino que es una operación orquestada con los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), especialmente Bolivia y Ecuador.

Como si se tratara de una franquicia, Cuba extendió los servicios de identificación electrónica a otros países de la región, especialmente a los de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Las cláusulas de los contratos en Venezuela le permitían comercializar los programas en otros países, así que el régimen cubano aprovechó el trampolín para extenderse en el vecindario. Argentina y Bolivia, a través de decretos presidenciales, pusieron también en manos de Cuba el manejo y diseño de sus sistemas de identificación electrónica, que en esos países opera con la empresa Datys.

En Argentina, los antillanos contribuyen desde 2011 a la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, que pretende recabar los datos de los 40 millones de argentinos para la prevención del crimen. En Bolivia, su presencia es rastreable desde 2009, cuando un decreto del presidente Evo Morales autorizó la contratación directa de Datys para la elaboración de los pasaportes de lectura mecánica, tanto los regulares como los diplomáticos. Con este alcance regional, la isla es capaz de manejar los datos de identidad de cerca de 80 millones de personas en la región.

Un pasaporte diplomático salvó al cónsul venezolano Hugo Carvajal Barrios de una larga condena en las cárceles de Estados Unidos, país que le acusa de colaborar con el tráfico de drogas. A finales de julio, luego de cinco días de arresto en Aruba, donde representaba al gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue liberado porque Holanda reconoció su inmunidad diplomática. Así de importante resulta este documento.

Aunque en Bolivia los cubanos elaboraron los pasaportes diplomáticos desde el principio de su contrato, fue hace dos años que comenzaron a hacer los pasaportes de este tipo para la Cancillería venezolana. Seis empleados de la cancillería consultados aseguran que desde entonces sustituyeron el viejo librillo de tapa dura, escrito a mano por un par de caligrafistas en la planta baja de la Casa Amarilla, con sellos lacrados y una cinta tricolor que unía las hojas.

Las fechas coinciden. La edición de la revista científica de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba de noviembre de 2013, despliega el artículo Capa de procesos del sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones de Venezuela, en el que Idia Herrera Rivero y Annie Cubas González, del Centro de Identificación y Seguridad Digital, disertan sobre las modificaciones que se hicieron en el sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

“Era necesario cambiarlos porque el anterior pasaporte no tenía muchas medidas de seguridad. En Asia lo revisaban y mandaban a llamar a otra persona para chequear que fuera auténtico”, dice un funcionario. Recuerda que el cambio comenzó en 2011, cuando el Saime abrió una oficina en el edificio de la Cancillería para la expedición de cédulas y documentos de viaje, que luego se instaló definitivamente en la Casa Amarilla.

Herrero y Cubas analizaron las debilidades del antiguo sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, que son otorgados por ley a las cabezas de los poderes públicos, responsables de misiones diplomáticas y a sus familiares. Luego de entrevistar a los funcionarios del Área de Pasaportes Oficiales, determinaron fallas como poca confiabilidad de registro de la información manuscrita en los libros; retardos en la transcripción y recuperación de datos en el sistema y falta de control sobre la expedición de pasaportes en años anteriores. Justifican el cambio, hecho a través del convenio Cuba-Venezuela, con la descripción del siguiente escollo: “Los mecanismos de seguridad que se tienen en cuenta para realizar la solicitud y el enrolamiento de los pasaportes diplomático y de servicio, son insuficientes, pues no se realiza validación de los datos capturados ni de la identidad del titular, lo que constituye un riesgo”.

La solución informática que crearon consiste en un módulo de citas para la solicitud del documento, que aparece en la intranet de la Cancillería, en la que los funcionarios deben inscribirse para luego ir a la Casa Amarilla, al departamento de Protocolo encargado de los pasaportes, a que les tomen los datos y la fotografía. “He visto a cubanos de seguridad, que sabemos que son los guardaespaldas del ministro, viceministros y directores, en la misma oficina haciendo la cola para sacarse el pasaporte diplomático”, afirma una empleada del organismo. Otra recuerda que desde 2005, con Alí Rodríguez Araque como ministro y luego con Nicolás Maduro al frente, comenzaron a verse más cubanos en los pasillos del despacho. “Decían que venían como asesores de la reestructuración”, recuerda.

Un tercer funcionario refiere que la primera vez que obtuvo el documento diplomático electrónico no lo atendió el personal de costumbre y ya no vio a los caligrafistas. “Una mujer con acento cubano hizo el papeleo interno, llenó los datos en la planilla y la firmó”. El conocimiento del régimen cubano sobre los datos de identidad y los documentos de los venezolanos se extiende también al de las posiciones de los funcionarios en el servicio exterior. Un manejo que ya ha encendido muchas alarmas.