La consumada elección de la Asamblea Nacional Constituyente mantiene en vilo a los florecientes negocios entre México y Venezuela. El país de América del Norte se ha planteado adherirse a las sanciones comerciales anunciadas por Washington ahora que el régimen chavista cesará al Parlamento elegido en 2015 e iniciará una razzia contra la oposición política. Si la decisión se concreta será un golpe bajo al floreciente intercambio comercial entre los dos países, que ha permitido surtir con insumos mexicanos a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el plan de emergencia del presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la escasez y al descontento de la población. Un negocio silencioso, marcado por la opacidad, del que se han lucrado empresarios ligados al régimen venezolano como Samark López y Alex Saab
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Las paradojas tejen una sombra entre México y Venezuela. Ambos países mantienen hoy la que quizá sea la peor relación diplomática de su historia común, pero a la vez han reforzado sus vínculos comerciales como nunca. La Secretaría de Economía lo suscribe. El régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en el principal comprador en varias categorías de alimentos aun en medio de la tensión provocada por la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la crisis venezolana.
El chavismo siempre ha sabido deslindar los asuntos políticos de los negocios. El embarque que llegó al puerto de La Guaira días antes del 24 de julio, cuando Maduro acusó a su homólogo de formar una entente con Estados Unidos y Colombia para intervenir en el país, procedente del de Veracruz, en el Atlántico mexicano, así lo demuestra. El buque CNP Paita atracó sobre el margen sur del Caribe con 511 contenedores de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es un viaje que esa embarcación junto al Viking Merlin, ambos de la naviera Hapag Lloyd, han repetido unas siete veces desde comienzos de año con cargamentos de entre 500 y 600 contenedores despachados por una empaquetadora mexicana para empresas públicas venezolanas.
En cada contenedor llegaron entre mil y 1.300 cajas para los CLAP contentivas de once productos: leche en polvo, lentejas, harina de maíz, arroz, caraotas, aceite, azúcar, pasta (corta y larga), mayonesa, salsa de tomate y atún enlatado. “Hecho en México”, se repite en los empaques de esos productos. Una de las marcas de leche en polvo, incluso, especifica que es envasada exclusivamente para los “Comité Locales de Abastecimiento y Producción”, prueba de que el plan de Maduro resulta un buen negocio para las empresas mexicanas.
A excepción de la venta de rubros como maíz blanco, aceite vegetal y lentejas, las exportaciones mexicanas para Venezuela eran prácticamente nulas. Sin embargo, súbitamente, el régimen de Maduro se ha convertido en uno de los principales compradores en productos de primera necesidad y encontró en México la tabla de salvación para llevar alimentos subsidiados a una población descontenta por el desabastecimiento generalizado y asfixiada por una inflación que se encamina a cuatro dígitos al cierre de 2017.
La tendencia, que comenzó desde el segundo semestre de 2016 en productos como mayonesa, leche en polvo y azúcar, se terminó se confirmar en el primer cuatrimestre de este año, según los datos oficiales de México. El régimen ha llegado, incluso, a destronar a Estados Unidos, el vecino y tradicional socio comercial de los mexicanos, en la compra de alimentos para convertirse en el número uno de todo el mundo en siete de los once productos que llenan las despensas CLAP (arroz, maíz blanco, lentejas, frijol negro, atún en lata, salsa de tomate y pastas) y segundo cliente en otros tres rubros (aceite vegetal, leche en polvo y azúcar).
Sólo entre enero y abril de 2017 México exportó a Venezuela 209.124 toneladas de alimentos para que el gobierno de Maduro
Sólo entre enero y abril de 2017 México exportó a Venezuela 209.124 toneladas de alimentos para que el gobierno de Maduro, tan hostil y en apariencia distanciado del de Enrique Peña Nieto, concretara su programa de alimentos subsidiados. En ese lapso las compras venezolanas de aceite vegetal, arroz, atún en lata, azúcar, frijol negro, lentejas, maíz blanco, mayonesa, pastas y salsa de tomate, todos productos incluidos en los CLAP, sumaron 127 millones de dólares. Por si fuera poco, sólo en mayo pasado se despacharon otras 205 mil toneladas, casi el total de los primeros cuatro meses, por un valor cercano a los 50 millones de dólares.
Ese intercambio parece una fracción de un negocio mayor. Aunque las autoridades venezolanas no revelan la inversión en dólares para los CLAP, los documentos obtenidos para este reportaje permiten señalar que cerca de 500 millones de dólares provenientes de Venezuela terminaron en México. No es una cifra menor, si se considera que podría saldar al menos la mitad de la deuda que tienen las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) con sus proveedores en el exterior por concepto de importaciones que se completaron, pero que el Gobierno nunca liquidó y que ha provocado una parálisis en la producción nacional.
La carga fue recibida en Venezuela por empresas públicas como la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa entidad, al occidente venezolano. Con el apoyo financiero del gobierno central, de 340 millones de dólares, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, importó de 10 millones de cajas CLAP. La Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), dependiente del Ministerio de Alimentación, y la también estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) –suerte de gran importadora pública–, son otras de las consignatarias de la carga mexicana.
Las compras han contado con la intermediación de, al menos, dos empresarios cuestionados en varias jurisdicciones, pero cercanos al gobierno de Maduro: el venezolano Samark López y el colombiano Alex Saab, este último ligado a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba e investigado en Ecuador por irregularidades en otros de sus negocios con Venezuela.
Saab, por ejemplo, usó una sociedad registrada en Hong Kong denominada Group Grand Limited para comprar los productos en México y luego revendérselos a la Gobernación del Táchira. Los datos de la Secretaría de Economía de México nuevamente resultan reveladores. Si se cruza el precio reflejado en las facturas emitidas por Group Grand Limited con los valores de las exportaciones mexicanas a Venezuela reportados por el organismo, se aprecia que llenar la caja de los CLAP costó en México unos 16 dólares, mientras que la compañía de Saab la revendió por casi 34 dólares.
El maíz se revendió a más de seis veces su valor
Los únicos productos que los venezolanos pagaron a un precio similar al reportado por México para sus exportaciones a Venezuela, según las facturas de Group Grand Limited, fueron: leche en polvo, azúcar y aceite vegetal. En cambio, el maíz se revendió a más de seis veces su valor. En otras palabras, dos bolsas de harina de maíz de un kilo que, según la Secretaría de Economía, se exportaron en 0,54 dólares, se colocaron a 3,40 dólares en las cajas CLAP vendidas por Group Grand Limited. Al arroz, la mayonesa y la salsa de tomate se les triplicó el costo.
Group Grand Limited concretó la mayoría del negocio con la Gobernación del Táchira entre el 9 y el 31 de enero de 2017, de acuerdo con las fechas de las facturas. Se trata casi del mismo período en el que Samark López también inició compras masivas de alimentos en México a través de Postar Intertrade Limited, una sociedad registrada en la isla de Barbados.
En tan sólo siete días de enero la compañía de López compró alimentos a empresas mexicanas por casi 12 millones de dólares
En tan sólo siete días de enero (del 9 al 16) la compañía de López compró alimentos al menos a nueve empresas mexicanas por 11.992.000 millones de dólares: Grupo Soriana; Value Oriented Services (VOS), creada hace cinco años por Kenneth Moskal, exdirector de la Cadena de Suministro de Soriana; La Moderna; Golden Foods, Cereales y Pastas SA de CV; COPROP, SA de CV; Aktion Trade Services; Comercializadora DTLP y Grupo Pando, de acuerdo con diversas facturas.
Para ese momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no había señalado públicamente a Samark López como “testaferro” del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, a quien los estadounidenses acusan de participar en narcotráfico. Esa sanción de Washington ocurrió a inicios de febrero, justo cuando al puerto de Puerto Cabello –el principal del país, a unos 300 kilómetros de Caracas- llegó un barco de la naviera Hamburg Sud con el primer cargamento que Postar Intertrade Limited despachó desde el puerto de Veracruz para el gobierno venezolano.
Carlos Paparoni, diputado de Primero Justicia, parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no duda al afirmar que Samark López creó un esquema en el que único beneficiado es el empresario venezolano al sobrefacturar la mercancía o cobrar por el seguro del flete a través de PYP, otra compañía que también le pertenece. “La prioridad del negocio no es la optimización, pone el precio y trae lo que le da la gana (…) Han utilizado la alimentación para hacer gran dinero”, resume el parlamentario.
Los cálculos del también vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional indican que el valor de la caja en México para Postar Intertrade Limited no pasaría de 11 dólares y puesta en Venezuela valdría 12,44 dólares, pero la compañía de Samark López las facturó en 22,22 dólares.
Contactado para este reportaje, insiste en que Paparoni “falsea la realidad” y que “no tenemos nada que ocultar”
“Que ese señor (Carlos Paparoni) tuvo la temeridad de afirmar que nosotros de manera consciente planificamos un esquema para jugar con el hambre de nuestro pueblo, eso no se le puede permitir no solo a él sino a nadie”, se defendió el empresario en una entrevista concedida al diario Miami Herald y publicada el pasado 6 de julio. Contactado para este reportaje, insiste en que Paparoni “falsea la realidad” y que “no tenemos nada que ocultar”, en alusión a la operación de Postar Intertrade Limited.
Samark López señala que el contrato firmado con la estatal Corpovex tras “ganar” una licitación “no llega a 120 millones de dólares” para comercializar 3 millones de cajas CLAP. Una simple división entre el monto del convenio y la mercancía a vender arroja que cada caja se vendió en casi 40 dólares, una cifra que casi triplicaría el valor de lo que reporta la Secretaría de Economía mexicana para cada kilogramo de productos exportado a Venezuela e incluido en la despensa CLAP. Según el empresario, ese diferencial puede estar asociado a la “dificultad de consolidar este tipo de exportación de kits de alimentos”.
“Traté, en principio de hacerlo desde Estados Unidos, pero necesitábamos la harina de maíz y la leche en polvo”
Fuentes conocedoras de la operación de Postar Intertrade Limited, y confirmadas por Samark López, indican que las poco más de 1 millón de cajas CLAP despachadas en dos embarques, costaron unos 31 dólares cada una y fueron vendidas al gobierno venezolano en 39 dólares por unidad. Eso supondría que por cada caja CLAP vendida el empresario obtuvo entre 8 y 9 dólares, que multiplicado por 3 millones de kits, como él señala, le reportarían una ganancia total de unos 25 millones de dólares en cuestión de meses. “Traté, en principio de hacerlo desde Estados Unidos, pero necesitábamos la harina de maíz y la leche en polvo”, relata a propósito de las compras en México. Indicó que trabajaba con un margen de ganancia de 22% “antes de los impuestos”.
Por los dos primeros embarques, y únicos debido a las sanciones de la OFAC, Samark López invirtió cerca de 40 millones de dólares. Ese total incluye gastos de “logística”, el pago a la naviera, al “personal” de la compañía y las cajas de cartón, costos que casi representan una cuarta parte de los 40 millones de dólares.
No obstante, las fuentes consultadas aseguran que el contrato que en enero de este año firmó Postar Intertrade Limited con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), fue por 2 millones de cajas CLAP que debían despacharse 90 días después a la firma del acuerdo. De ser así, el precio al que Postar Intertrade Limited le habría vendido cada caja al gobierno venezolano sería aún más caro, así como el margen de utilidad final para Samark López. “Según entiendo eran 3 millones, el contrato es de 3 millones para ser entregado en 180 días”, insistió.
En cualquier caso, Postar Intertrade Limited sólo ha podido enviar a Venezuela dos embarques que suman poco más de 1.100 contenedores y casi 1 millón cien mil cajas CLAP.
Ese total de contenedores equivale a más de la mitad de los que mandó a Venezuela por otros negocios con el gobierno, de acuerdo con una presentación sobre las actividades de la empresa facilitado por el equipo de Samark López. “En cinco años se efectuó el envío desde los Estados Unidos de Norteamérica y México de más de 2.094 contenedores con distintos insumos para la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la presentación en un intento por destacar la “trayectoria” de Postar Intertrade Limited.
Las sanciones de la OFAC, dictadas en febrero pasado, afectaron el negocio de Samark López con la importación de alimentos. Ese mes llegó el primer embarque y el segundo sólo atracó a Venezuela en abril pasado, dos meses después de lo previsto, gracias a que Corpovex tapó el nombre de Postar Intertrade Limited de esa operación. “Ya las cajas estaban fabricadas y Corpovex pagó el flete y el seguro del embarque”, explica el empresario.
“Desde el 10 de abril de 2017 hasta la fecha de hoy, Postar no ha realizado ni un solo envío de kits de alimentación para los CLAP”
Documentos de embarque confirman que el 4 de abril de este año zarpó desde Veracruz rumbo al puerto de Puerto Cabello, en la costa central del país, el barco Easter Island de la naviera Hamburg Sud con unos 500 contenedores que en su interior llevaban los “kits de alimentación”. Tras la descarga de ese buque la empresa no ha realizado nuevos despachos. “Desde el 10 de abril de 2017 hasta la fecha de hoy, Postar no ha realizado ni un solo envío de kits de alimentación para los CLAP”, se lee en la presentación de la compañía. Samark López, incluso, agrega que Corpovex le adeuda los dos embarques, así como algunos relacionados con la venta de alimentos a granel en 2016. “Nuestro contrato es en dólares, somos una empresa que financió la totalidad de la operación”, sostiene.
Agregó que el impago obedece tanto al efecto de las sanciones de la OFAC en su contra, las cuales se ha “tomado en serio desde el primer minuto”, así como por las dificultades financieras del Gobierno para honrar sus compromisos. “Nos deben una cantidad importante de dinero”.
“Nuestro contrato es en dólares, somos una empresa que financió la totalidad de la operación”, sostiene
Si las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense parecen haber trastocado los negocios de Samark López, lo mismo podría ocurrir con las operaciones de Alex Saab, así como de las compañías estatales que compran en México los alimentos para los CLAP. La semana pasada el gobierno de Peña Nieto anunció un endurecimiento de la relación hacia las autoridades venezolanas a partir de las amplias sanciones anunciadas por Estados Unidos por la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Una de esas medidas supone la colaboración de México con el gobierno de Estados Unidos para también rastrear los activos de “diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción”, a propósito de 13 venezolanos más listados por la OFAC la semana pasada.
Peña Nieto, además, se ha sumado al coro de gobernantes y países que no reconocerán los resultados de la ANC y con la que el mandatario venezolano terminará de anular al parlamento, dominado por la oposición desde enero de 2016. Sólo entonces terminaría la relación entre Peña Nieto y Maduro, dos presidentes separados por la ideología, pero unidos por los negocios los últimos meses.
Nota: Este trabajo fue una investigación conjunta con la periodista mexicana Claudia Solera, del diario Excélsior.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
