Entre picos nevados, volcanes y salares, el árido altiplano andino sirve de prueba máxima para los caminantes venezolanos que intentan llegar desde Bolivia a la soñada prosperidad chilena. El campo traviesa lo hacen casi a solas, más a merced que con ayuda de unos 'coyotes' desalmados. Para quienes logran la meta y entran al pueblito de Colchane, después de completar la hazaña de atravesar América del Sur, no cesan las dificultades: además de una hosca recepción y el sometimiento a trámites a veces vejatorios, una ley amenaza ahora con deportarlos. Sus testimonios de valentía y horror merecen ser conocidos.
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El 28 de enero de 2021, en la noche, Isabel Roa no paraba de llorar en medio del desierto, en el norte de Chile. Iba agarrada de las manos de sus dos hijos varones, de seis y siete años de edad, y también llevaba a su mascota, una perrita embarazada, además de su desconsuelo. A su lado, su esposo intentaba seguirle el paso con el peso de dos maletas y un morral sobre la espalda. No estaban solos. Otros 96 venezolanos iban con ellos, aunque les fueran desconocidos. Una veintena eran mujeres y hombres mayores de 60 años; alrededor de 40, niños.
A las cinco de la tarde de ese día, los venezolanos habían empezado a cruzar la frontera entre Bolivia y Chile desde el pueblo de Pisiga, en el departamento boliviano de Oruro. No sabían entonces que estaban por atravesar un punto álgido de una de las fronteras más calientes de América del Sur, donde el tráfico de drogas y el contrabando de carros robados se han hecho fuertes. Tampoco sabían que estarían a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, un altiplano seco y árido, escaso también de oxígeno, donde el sol quema y pica en la piel durante el día, pero que en las mañanas y en las noches se congela con temperaturas bajo cero. El viento revienta en los cuerpos de quienes deciden atravesarlo. Hasta el más sano y joven colapsa por hipotermia o la falta de oxígeno.
Desconocían todo.
Iban guiados por cinco coyotes: un boliviano y cuatro venezolanos que no pasaban, ninguno, de los 30 años de edad. Caminaban a paso acelerado, tratando de seguir a los guías, sin saber dónde pisaban. Les cayó la noche en medio del desierto.
El llanto de Roa comenzó al escuchar que la gente pedía ayuda en la oscuridad. El grupo iba disminuyendo cuando algunos de sus integrantes caían en huecos de la senda en el desierto y no podían recobrar el equilibrio a tiempo, como si fuera un juego de descarte. Sus maletas caían cuando tropezaban con los cactus, pero debían decidir entre perseguir a los coyotes para no perderse o salvar sus pertenencias. Algunos no podían respirar en la altura. A esos les vencía la falta de oxígeno y ya no podían ni pedir ayuda. Se fueron quedando en el camino.
Ella no quería soltar a sus hijos en medio de la penumbra. Temía perderlos. Los coyotes ni aflojaban el paso ni permitían que se prendieran celulares o linternas. La orden era simple y terrible: silencio y oscuridad para evitar que la policía chilena los viera.
El resto de la familia de Isabel Roa se quedó en Perú: hermanos, sobrinos y su mamá. A esta última -que tiene 58 años y una insuficiencia renal- la podía visualizar en las voces de las otras mujeres que formaban parte de su caravana clandestina. Por el temor a que se perdiera en el altiplano andino, la dejó en Perú. Ya una vez instalada en Chile, mandaría por ella, su hermana y sus sobrinos.
Los quejidos se iban apagando en el camino y no supo más de quienes los proferían. Los coyotes en su carrera no tuvieron clemencia con los rezagados y los rendidos, a pesar de que estos, como todos los de la incursión, les habían pagado 100 dólares por cabeza para que los condujeran hasta la tierra prometida: Chile.
La emigración venezolana no para de caminar desde hace cuatro años. Tampoco de ser noticia. A pie parecía esforzado, pero factible, alcanzar la vecina Colombia. Y, sin embargo, los venezolanos no se quedaron allí. Bajan y bajan más al sur. Buscan dónde estabilizarse. La pandemia los volvió a movilizar en esta búsqueda que se torna cada vez más peligrosa.
Caminando ya alcanzan Chile, el país más apartado del Cono Sur, un territorio extenso y aislado por la cordillera de Los Andes, pero que desafía a los venezolanos a superar sus barreras orográficas a cambio de la recompensa de un mejor nivel de vida.
Hasta el año 2017, quienes se atrevían a entrar de forma ilegal a ese país eran bolivianos, colombianos, cubanos y dominicanos. Ahora el tránsito ilegal lo protagonizan los venezolanos, sobre todo. Según datos de la Policía de Investigaciones de Chile, en 2019 entraron al país 3.333 venezolanos por pasos informales y, en 2020, otros 12.935. En un año el número se cuadruplicó, no a pesar de la pandemia, sino acicateado por ella.
Para llegar a Santiago de Chile desde Venezuela, tomando buses y atravesando caminos ilegales, los migrantes gastan, en promedio, unos 450 dólares americanos. En grupos de Whatsapp y Facebook se ofertan las rutas que deben seguir y los trocheros que se cotizan más baratos. Quienes cruzan, como pioneros o exploradores, avisan a sus pares sobre los caminos que deben evitar y los peligros que habrán de enfrentar.
Pero esta gente no llega por goteo y distribuida en los días. Puede llegar en aluvión. De hecho, en febrero de este año se vivió una suerte de colapso. La llegada masiva de inmigrantes a la población de Colchane, una comuna en Chile con apenas 1.600 habitantes y un solo dispensario de salud, perturbó al pueblo y llamó la atención de todo el país. Ante la llegada masiva de venezolanos, los servicios del poblado se vieron rebasados y los habitantes se asustaron por la llegada. Unos llegaban contagiados, otros con enfermedades crónicas de larga data sin atender desde hace mucho tiempo; la mayoría, sin dinero.
Para el momento de ese colapso, Roa ya había dejado Colchane atrás. Estaba en Iquique, una ciudad costera en el norte de Chile, al oeste del desierto de Atacama, a 1.758 kilómetros de distancia de Santiago de Chile, su meta. Precisamente para que la dejaran llegar a la capital cumplía una cuarentena en Iquique, junto a su familia.
Recuerda que el 10 de febrero unos funcionarios del gobierno chileno en Iquique empezaron a llamar a las personas que viajaban solas para sacarlas del refugio. Luego se enteró de que fueron los primeros deportados del país. Formaron parte del vuelo de las Fuerzas Armadas chilenas en el que unas 138 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, fueron enviados a su país de origen, por incumplir con las leyes migratorias chilenas.
"Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte (de Chile) y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses", declaró en ese momento Rodrigo Delgado, ministro del Interior de Chile.
La deportación marcó un giro extremo de la política oficial del gobierno de Sebastián Piñera frente a la creciente inmigración venezolana, que primero llegaba en avión y con algún dinero, luego en bus y finalmente, a pie y pobre. Con esa misma degradación, la recepción oficial fue pasando de la bienvenida cauta al rechazo.
En 2018, el presidente Sebastián Piñera ordenó la activación de una visa democrática, una residencia temporal de un año que podía ser renovada por 12 meses más. Pero la pandemia forzó la suspensión del trámite. La interrupción no disuadió a muchos migrantes, que decidieron aventurarse de forma ilegal.
En 2019, los migrantes venezolanos residenciados en Chile llegaron a 447.756 personas. En tiempo récord pasaron a representar 30% de la población extranjera registrada. Pero a la vez se convirtieron en la población ilegal más numerosa.
En Chile, el camino desde la frontera a la capital es muy solitario. Para colmo, la poca ayuda que podría estar disponible no está al alcance de nadie. Si alguien se detiene a ayudar a los caminantes, el gesto le podría salir muy caro. Lo pueden multar, decomisar su automóvil y hasta acusarlo de tráfico de personas. Es la ley.
Sin embargo, ya dentro de Chile, hay taxistas o dueños de buses que ofrecen llevar a los migrantes hasta Antofagasta -ciudad portuaria y capital regional en un área minera del desierto de Atacama, al norte de Chile- por 60.000 pesos, unos 86 dólares. Los ilegales solo deben llenar unas formas que los hacen pasar por mineros. Por otros 50.000 pesos (71 dólares) el aventón los lleva hasta Santiago de Chile.
Quienes no tienen dinero y tampoco quieren autodenunciarse –un mecanismo que se usa para admitir la infracción y optar por una exención para que evalúen el caso individual y regularizar su estatus migratorio- solo caminan, piden cola y pasan semanas durmiendo en calles y carreteras.
Roa y su familia salieron de Venezuela en agosto del año 2018 desde Carúpano, estado Sucre, en el extremo nororiental del país, es decir, el rincón de la geografía venezolana más lejano de Chile. La escasez de comida, de medicinas y la hiperinflación los arrojaron a lo desconocido.
Su objetivo siempre fue llegar a Chile. Pidieron la cita ese año a la embajada chilena, pero nunca tuvo respuesta. Se quedaron en Perú por un tiempo para tratar de ahorrar dinero. Emprendieron un negocio de comida que no tuvo éxito. Nunca consiguieron ahorrar y el dinero les alcanzaba para nada más que no fuera pagar alquiler y comprar comida. Pidieron una segunda cita a la embajada de Chile en el año 2019. Tampoco procedió. Y llegó la pandemia del Covid-19. Fue cuando optaron por aventurarse de nuevo.
Luego de cinco horas caminando, 15 personas del centenar de expedicionarios de su grupo fueron las que alcanzaron Colchane de noche. Les dio la bienvenida un letrero que proclamaba: “No queremos más venezolanos”. En la tierra prometida de Chile se registraban para entonces más de 700.000 contagios y 19.000 decesos por Covid, y seguía fresco el recuerdo de los seis meses del estallido social de 2019-20.
Los recién llegados se refugiaron en una estructura de cuatro paredes sin techo. La familia sacó sábanas y trató de aislarse del frío del piso con cartones. Prendieron una fogata y pasaron la noche.
Les exigieron autodenunciarse. Había que asentar en documentos que entraron de forma ilegal al país. Primero las mujeres con niños, luego los hombres de esos núcleos familiares. Por último, los adultos que viajaban solos. El proceso duró tres días y a su término fueron por fin trasladados desde Colchane a Iquique para cumplir una cuarentena de 14 días en un refugio.
Simultáneamente eran momentos también de angustia para los habitantes de Colchane. No se trataba de que un demonio xenofóbico se hubiera apoderado de todos ellos. Enfrentaban cosas nuevas e inesperadas. Muchos nunca habían visto a un venezolano. Los migrantes que hasta entonces solían ver eran braceros temporales, en su mayoría bolivianos y peruanos. Ahora presenciaban una procesión de desarrapados que parecían espectros; de pronto Colchane se volvía Comala. Los servicios de salud se desbordaron en su exigua capacidad.
El único dispensario de Colchane colapsó. Pasó de atender a 10 pacientes al día, a tratar a 20 pacientes, casi siempre venezolanos. Por lo general no pueden respirar, están descompensados o les atormentan las enfermedades crónicas que no se atienden desde hace mucho tiempo y que los rigores del camino han agudizado.
“No tenemos capacidad para hacer exámenes, los medicamentos son limitados. Tampoco tenemos alimentos. Nosotros, los médicos, les damos nuestra comida cuando tenemos. La comunidad de Colchane es muy reducida y no tenemos nada para ayudar”, hace su balance de carencias Luis Fromentín, un médico local.
Fromentín lleva la cuenta: desde febrero, cuando comenzó a trabajar en el poblado, le ha tocado lidiar personalmente con tres fallecimientos de caminantes. El primer occiso venezolano para el que tuvo que firmar un acta de defunción fue un hombre de 69 años que venía caminando con su esposa y su hijo de 14 años. Les faltaba oxígeno por la altura y vieron a la policía. El hombre corrió asustado para evitar una deportación y sufrió un infarto en el desierto. Su familia, por temor, no buscó ayuda. Estuvieron escondidos por más de una hora en la oscuridad mientras el hombre agonizaba.
El segundo caso: una mujer de 36 años de edad que migraba con su hija de tres, su hermano de doce y sus padres. La mujer comenzó a asfixiarse, se deshidrató y los llamados coyotes no quisieron detener el paso. Sus padres continuaron con la bebé de tres años en brazos para sacarla del sitio, mientras que su hermano se quedó acompañándola hasta que recuperara el aliento. Ningún coyote volvió para orientarlos. La mujer murió en la espera. “Pasaron horas. Había lluvia ese día. El niño caminó para buscar ayuda y los carabineros fueron a rescatarla, pero ya tenía varias horas muerta. Seguro la mató la hipotermia”, cuenta el médico.
El tercer muerto tiene menos historia. O Fromentín no la conoce. El cadáver llegó el 25 de abril sin identificación y sin familiares.
No todos los caminantes siguen un sueño de mejores ingresos y mejor nivel de vida. También hay perseguidos políticos, militares desertores, y adolescentes que se hicieron adultos deambulando por países de la región a la buena de Dios.
Albanis José, por ejemplo, salió de Venezuela a los 17 años de edad. Ya lleva cuatro yendo y viniendo por varios países. Tiene un hijo de un año de edad y la acompaña su pareja, un efectivo del Ejército que desertó y hoy trabaja como albañil.
Albanis no pudo terminar sus estudios de Comunicación Social en Venezuela, según cuenta. La hiperinflación y una crisis familiar, que desembocó en el asesinato de su madre por parte del padre, la hicieron huir a Colombia. Una tía la dejó en la frontera de Apure, en los Llanos de Venezuela, y ella atravesó en un bote el río Arauca sola, indocumentada y siendo menor de edad. En esas andaba cuando conoció al militar desertor en la ribera colombiana. Reunieron dinero y volvieron a Venezuela, pero quedó embarazada y la crisis del país no daba tregua. Retornaron a Colombia por trocha. Pasaron a Ecuador y vivieron una temporada en Perú hasta que el bebé nació.
No eran los únicos venezolanos que necesitaban ayuda y trabajo en Perú, así que continuaron el camino para probar suerte en Bolivia. Empezó la pandemia. “Todo se puso horrible. No podíamos salir y nos gastamos casi todos nuestros ahorros que habíamos conseguido trabajando con tanto esfuerzo. Estábamos muy complicados porque se nos estaba terminando el arriendo y ya no teníamos qué comer. Por suerte el bebé solo tomaba leche”, cuenta.
Así que siguieron bajando al sur del continente. En noviembre del año pasado Albanis se armó de valor, abrazó a su bebé, con solo cinco meses de nacido, y entró al desierto boliviano-chileno con su pareja y la ayuda de una mujer colombiana.
Para pasar la frontera caminó durante cinco horas, aferrada a su hijo. Con mucho miedo. Ya había presenciado meses atrás, también como caminante, cómo a una mujer se le murió su bebé congelado en los brazos después de dejar Pamplona, en la provincia de Norte de Santander, Colombia. “Ella siguió caminando cargando a su bebé muerto porque no lo quería dejar. Cuando llegamos al primer pueblito ella simplemente cayó al piso y ahí se quedó. Fue como cuando alguien se desvanece y muere”, rememora.
Pasaron su primera noche chilena en una plaza de Colchane. “Yo pensaba que me iba a morir”, dice. Al pueblo habían llegado a eso de las dos de la tarde. Al día siguiente, ya casi anocheciendo, un señor en camioneta les ofreció trasladarlos a Iquique por 30.000 pesos. Como no llevaban efectivo suficiente, pagaron con los dos celulares que tenían. El hombre desconocido los dejó en medio de una carretera a la una de la madrugada.
“Estábamos en la nada misma, era todo oscuro y hacía mucho frío. No sabíamos qué hacer e intentamos pasar rodeando el control. Yo llevaba una mochila y a mi bebé en el canguro. Atravesamos por un hueco que antes era por donde pasaba el río y me caí con el bebé porque venía la policía. La mochila que traía se me cayó y perdí casi todo”, cuenta.
En Iquique vivieron dos meses para reunir dinero y ahora se encuentran en Antofagasta.
También en Antofagasta se puede conocer la historia de Noel, un ex oficial de la marina mercante de 63 años, que salió hace ya tres años de Venezuela. “Hicieron volar el país porque la moneda no sirve. El sueldo no lo suben y por la crisis económica no hay comida ¿qué le queda a uno?”, dice.
Noel pasó por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. No tiene pasaporte y ha transitado de manera ilegal durante los últimos tres años. No tenía dinero para pagar trocheros y se aventuró a caminar por su cuenta durante siete días en el desierto. Recorrió un total de 158 kilómetros a pie. “Fueron siete días de caminata, a veces solo o con gente que me encontraba en el camino. Algunos se regresaban porque no aguantaban el clima”, sigue relatando. “El día que venía desde Bolivia, a una muchacha venezolana se le murieron sus dos niñas y ella se picó las venas porque no aguantó la pena. Hay mucho riesgo al cruzar porque están el frío, el hambre y la falta de oxígeno, que son cosas a la que no estamos acostumbrados”. Noel se dedica a vender chupetas a los transeúntes de Antofagasta para poder pagar cada día de alojamiento en un albergue.
A estos peligros propios de historias de caballería, que desalentarían hasta al más osado, se enfrentan miles de niños caminantes. Se calcula que, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, 3.500 niños entraron a Chile por los pasos irregulares del altiplano. La mayoría eran venezolanos. Entre ellos se cuentan 32 menores de edad, adolescentes casi, que llegaron solos.
Los casos de los niños sin acompañantes están a cargo de la jueza de familia de Iquique, Olga Troncoso. Logró reunificar a 18 de ellos con sus padres, que ya vivían en Chile. Otros 13 estaban solos en el país. Por miedo se fugaron y aún los buscan. Una sola adolescente, sin familia, permanece esperando en un albergue.
“Yo siento con estos niños que su vida se paralizó, se suspendió, es un paréntesis. Tienen dos o tres años que ya no tienen vida, ya no están en el colegio, ya no están bajo el cuidado de sus papás. Tuvieron que ser adultos de un día a otro y se sienten adultos, pero caminan por la calle con temor”, dice la jueza.
En Chile, estos adolescentes tienen un trato diferente. No se les carga un delito por entrar sin papeles o por trochas. Se les da albergue, una identificación y se trata de ubicar a un familiar en el país. “Tenemos que reconstruir vidas completas y prepararlos para una vida independiente”, promete Troncoso.
La benevolencia tiene un límite. El 20 de abril se promulgó una nueva Ley de Migraciones. Esta normativa establece que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero los migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Se dio comienzo a las deportaciones.
La meta es deportar a 1.500 extranjeros durante este año. Para cumplir con esa previsión, el gobierno arrendó aviones comerciales para 15 vuelos. Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de 2021, Chile ya expulsó a 200 migrantes en aviones de la Fuerza Aérea.
Defensores y abogados empezaron a denunciar desde mediados de abril que las autoridades están buscando a los migrantes que entraron por pasos no habilitados a Chile. Los buscan en sus casas los días viernes para que no puedan apelar la decisión durante el fin de semana, cuando los tribunales no trabajan.
El viernes 23 de abril la Policía de Investigaciones acudió a un hogar de Iquique en la madrugada. Gritaron, golpearon puertas y ventanas para buscar a una mujer que entró por una trocha en febrero. Tenían una orden de expulsión. “A mi hermana se la llevaron detenida a las 2:30 de la madrugada. Aún no sabemos si ha comido, si tiene agua. Ella solamente se fue con una sola muda de ropa, no tiene familia en Venezuela. Ya apelamos su caso, pero como los tribunales no atienden los domingos no pueden dar respuesta”, denunció su hermano, Michael.
El domingo 25 de abril, la hermana de Michael fue expulsada del país junto a otros 55 extranjeros desde el aeropuerto de Iquique. Se trataba principalmente de personas de origen venezolano, quienes habían entrado a Chile de manera irregular o por pasos no habilitados. Se presentó un recurso de amparo para detener la expulsión, pero el fallo a su favor llegó muy tarde, cuando el avión con destino a Caracas ya había despegado.
“La nueva ley despenaliza el ingreso clandestino. Ya no es delito”
Hugo León, abogado de la Defensoría Penal Pública, especializado en migración, empezó desde finales de abril a presentar recursos de amparo en tribunales, para que los migrantes venezolanos no sean expulsados. “La razón para la expulsión principalmente es porque estas personas habían ingresado por pasos no habilitados, pero como Defensoría hemos puesto recursos porque la nueva ley despenaliza el ingreso clandestino. Ya no es delito. Ya obtuvimos un fallo a favor”, dice. Explica que detienen a la gente los viernes en la noche o de madrugada porque es menos probable que las instituciones reaccionen. “El gobierno se aprovecha de esto y se expulsa sin esperar los fallos de los recursos de amparo que se interponen”, agrega el abogado.
Las prohibiciones de entrada al país en caso de venezolanos que tienen residencia también es otra arista que mantiene a los abogados en alerta. Diego Persico, de la organización no gubernamental MigraChile, explicó que han introducido recursos de amparo para los migrantes que en el pasado han sido aceptados, pero también están pensando en demandar al Estado por no dejar entrar al país a una familia que ya tenía residencia. “Lo que han fallado las cortes, en gran porcentaje, es siempre revocar las medidas de expulsión ya decretadas”, alienta. “Creemos, que si bien es una falta (el paso por pasos no habilitados), ahora responde a una medida humanitaria”, enfatiza el abogado.
Isabel Roa y su familia ahora solo esperan a saber qué pasará en los próximos días como consecuencia de esta ley nueva. Ve cómo algunos paisanos venezolanos, a los que acaba de conocer, están cambiando de domicilio por temor de que los rastreen y saquen del país. Su hermana, tres sobrinos de diez años, y otras dos sobrinas, morochas, de tres años, cruzarán la frontera junto a su madre a finales de mayo. Sería una ironía trágica que, después de una odisea que los llevó a atravesar algunos de los parajes más peligrosos de América del Sur, ya reunidos y aparentemente a salvo, les toque salir del país que tenían por destino. “Tengo la esperanza de que, como mi mamá está enferma y viene con mis sobrinos, los dejarán entrar. No tenemos más planes”, dice.
*Esta historia es resultado de una cobertura colaborativa entre Armando.info y El Mercurio de Antofagasta. Cristian Ascencio y Daniel Contreras contribuyeron desde Antofagasta y José Francisco Montecino desde Santiago de Chile.<< Back to List
Pierden la libertad apenas pisan cualquier playa trinitense y su “pecado original” es una supuesta deuda que estas mujeres solo pueden pagar convirtiéndose en una mercancía sexual. Las amansan con un proceso previo de tortura, rotación y terror hasta que pierden el impulso de escapar. El crecimiento de estas redes de trata es tan evidente que informes regionales y parlamentarios reconocen que en esa maquinaria de engaño y violencia, la complicidad del aparato de justicia de la isla multiplica el número de víctimas.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
La canícula, la polvareda y la sed de Maicao son poca cosa para las calamidades que los inmigrantes venezolanos dejan atrás, a escasos kilómetros, al pasar la frontera entre el estado Zulia y La Guajira colombiana. De hecho, sobre la propia raya fronteriza pueden encontrar consuelo y paliativos materiales para sus penurias en el campamento de desplazados que Acnur, agencia de Naciones Unidas, mantiene allí. Pero el albergue cuenta 350 cupos para 53.000 candidatos, y las reglas son estrictas: solo se puede permanecer un mes con la excepción de casos especiales. Luego viene el regreso a la precariedad. Muchos optan por volverse invasores y toman parcelas a la fuerza, donde reproducen las condiciones de pobreza que les asediaban desde donde vienen, esperando “a que pase algo” para regresar a Venezuela.
Desbordados los pasos hacia Colombia y Brasil y con mínimo acceso a divisas para alcanzar otros destinos apetecibles, cruzar hasta Trinidad y Tobago es una de las rutas más accesibles para quienes buscan huir de la Venezuela en zozobra. Trasladarlos es el negocio de los ‘coyotes’ que tienen base en los estados de Sucre o Delta Amacuro, mientras que pecharlos es el de los lancheros, pescadores, contrabandistas y cuerpos de seguridad que los acechan.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
