El destape del caso Lava Jato dejó claro que Odebrecht estableció un esquema de pago de sobornos para la obtención de contratos que se repitió en al menos doce países. Pero además de esa irregularidad, en Venezuela -a diferencia de los otros- las obras sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas, con lo que quedaron  en el limbo miles de millones de dólares asignados a su ejecución y cuyo total hoy resulta casi imposibles de precisar.

El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte Terrestre venezolano, Hipólito Abreu, tomó por sorpresa las oficinas desde donde Odebrecht centralizaba la operación técnica en Caracas y anunció que los contratos que quedaron sin ejecutar pasarán a manos del ministerio por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un lance que pretendió retomar, con la asignación de unos pocos millones de dólares, la reactivación de los proyectos que quedaron como elefantes blancos regados por todo el país.

Aseguró que ese mismo día estaban siendo ocupados otros 56 campamentos de la compañía, pero un año y ocho meses después todo apunta a que fue una nueva maniobra de propaganda revolucionaria. Mientras, las ruinas modernas de Odebrecht siguen esperando una reactivación cada vez más improbable.

De la cuantía de los sobreprecios que la constructora brasileña imponía a las obras inconclusas del segundo puente sobre el lago de Maracaibo o puente Nigale –bautizado así por Hugo Chávez en memoria de un cacique aborigen ejecutado por los conquistadores españoles a comienzos del s. XVII– informa ahora un documento filtrado al que Armando.info tuvo acceso y que sirve de fuente para este reportaje.

Por ejemplo, según revela el documento, en el caso referido a los martillos hidráulicos, Odebrecht reportaba pagar 1,7 millones por el alquiler anual de un aparato de modelo CS-240 de la marca británica BSP. Tal suma que habría alcanzado para arrendar el equipo por casi cuatro años en lugar de uno, o para adquirir cinco máquinas similares, según el presupuesto que remitió –a solicitud para este reportaje– DrillnDrive, la mayor distribuidora de maquinaria pesada para la construcción en Brasil.

Guardado desde hace ocho años en alguna gaveta de Odebrecht Venezuela y hasta hoy perdido entre las tantas facturas y transferencias ilegales que quedaron amontonadas en los tribunales de Brasil tras el caso Lava Jato, el documento muestra un acuerdo privado entre la constructora brasileña y una subcontratista registrada en Países Bajos, Finandi Voorschoten, para proveer maquinarias para la construcción del puente.

Firmada el 1 de febrero de 2013 entre Odebrecht y Finandi Voorschoten, la modificación del contrato sumaba entonces 1,68 millones de dólares a los 16,4 millones de dólares previstos en el contrato original, suscrito en agosto de 2012 bajo la identificación SCLM-EQP-2012-036, con el mismo fin.

Por si los sobreprecios y modificaciones de contrato fueran poco, se referían además a maquinarias que nunca llegaron para sumarse a las obras de un puente que nunca se completó: hoy el Nigale está solo en las ilustraciones de unos folletos y en unas pocas columnas que se erigieron.

El documento citado, en escasas tres páginas, no solo prueba algunas de esas irregularidades sino que, además, expone otra de las vías de drenaje por las que Odebrecht absorbió cientos de millones de dólares erogados por el Estado venezolano para el puente Nigale, una de las más de tres decenas de obras de infraestructura que los brasileños dejaron sin terminar por toda Venezuela.

Segundas partes nunca son buenas (y siempre más caras)

El comandante-presidente, Hugo Chávez, anunció la venidera construcción del puente Nigale en 2005. Lo describía como parte de un proyecto que conectaría a la Costa Oriental del Lago, desde Punta de Palmas, con la Guajira venezolana, en Santa Cruz de Mara, a 20 kilómetros al norte de Maracaibo. “Un puente mollejúo”, lo calificó, dicharachero, en la entrega 241 de su maratónico dominical, Aló, Presidente, del 27 de noviembre de ese año. El proyecto incluía pistas para vehículos y vías férreas, lo que le convertía en una alternativa al puente General Rafael Urdaneta,  en servicio desde 1962, y un incentivo para el comercio con Colombia -por esas fechas en pleno apogeo-, pues entonces ya no sería necesario para los transportes de carga pesada atravesar Maracaibo antes de seguir o hacia el país vecino o al centro de Venezuela.

Al completarse la obra, Venezuela pasaría a contar con el tercer puente colgante más largo de América Latina, con 11,8 kilómetros y tres islas artificiales en el recorrido. En realidad, la idea data del año 2000 y en justicia debe atribuirse al exgobernador opositor y caudillo socialdemócrata del estado Zulia, Manuel Rosales. El proyecto fue retomado por el gobierno central en Caracas, que cambió su denominación inicial de puente Almirante Padilla –por el héroe independentista colombiano, comandante en la Batalla Naval del lago de Maracaibo de 1823– por la del cacique Nigale. Era una baza para conquistar al rebelde electorado zuliano, por lo general reticente a apoyar al chavismo. No fue casualidad que Chávez colocara la piedra fundacional en noviembre de 2006, en plena campaña presidencial que lo enfrentaba, justamente, con Manuel Rosales, entonces candidato unitario de las fuerzas opositoras.

Solo fue una promesa. Pasados 15 años y cientos de millones de dólares en inversión, del propósito inicial solo quedan como testimonio un muro y una hilera con 15 de los 300 pilotes sobre los que el puente debía sostenerse, que parte desde la ribera oriental del lago, en Santa Cruz de Mara. Para colmo, Odebrecht dejó de existir.

Más al sur sigue, impertérrito y solitario en su condición de emblema de la zulianidad, muy venido a menos pero siempre útil y hermoso, el viejo puente General Rafael Urdaneta. En su tiempo fue un prodigio de la ingeniería. Su diseño estuvo a cargo del estudio que entonces estaba a la vanguardia en el uso del hormigón armado, del ingeniero italiano Riccardo Morandi. autor también del viaducto Morandi de la autopista norte de Génova que, tras medio siglo de tránsito y descuidos, se derrumbó en 2018.

Fue inicialmente encargado por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero se completó bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. Además de un ejemplo, raro en Venezuela, de continuidad administrativa entre gobiernos adversos, el General Rafael Urdaneta también representa un ejemplo de eficacia: se construyó en tan solo tres años.

Tras 15 años desde la ceremonia de inicio de los trabajos, es difícil cuantificar el monto del botín obtenido de la obra inconclusa. A retazos y a la par de consecutivos anuncios de reinicio de las obras, las declaraciones de los funcionarios y notas de prensa archivadas en la hemeroteca han ido sumando cifras a los primeros 1.088 millones de dólares que la administración de Chávez definió como costo total del proyecto.

En distintas versiones el monto pasó a 2.000 millones de dólares y de allí, luego, a 3.400 millones de dólares, según publicó en su edición del 12 de agosto de 2013 el periódico oficialista El Correo del Orinoco.

Los presupuestos enmascaraban enormes sobreprecios. Además, Odebrecht jugaba con el diferencial cambiario impuesto por el gobierno a través de su régimen de control de divisas, pues los pagos que recibía estaban calculados a tasas preferenciales. “Si vamos a tasa preferencial la obra ha costado 24.000 millones de dólares”, calculaba el presidente del Centro de Ingenieros del Zulia, Marcelo Monnot, para una nota en la edición del 19 de febrero de 2017 del diario zuliano Versión Final. “Hay un sobreprecio de más de 22.000 millones de dólares”.

“Buena pregunta”

Aunque los 18 millones de dólares pagados a Finandi Voorschoten por el martillo hidráulico y otras nueve máquinas especializadas que Odebrecht requería para las obras del puente, representan apenas una nota al pie de página en la lista de transferencias y pagos ficticios que la empresa brasileña de ingeniería civil realizó de manera irregular, el trato entre ambas, que el documento filtrado describe, permite conocer con detalle los mecanismos que para ello se utilizaron.

Los precios inflados se daban también con otras maquinarias que debía proveer Finandi. El arrendamiento de un par de grúas Grove modelo RT-890E, se cotizaba por 1,6 millones de dólares al año, y otras dos grúas Manitowoc modelo 1.600, por 8,4 millones de dólares al año.

La compañía neerlandesa no era novata en estas lides. Fue precisamente a nombre de esa empresa que en 2014 salieron facturas por 46 millones de dólares para el supuesto alquiler de las máquinas especiales que perforarían los túneles del tren Caracas-Guarenas-Guatire. De la misma forma, 7,1 millones de dólares -originalmente destinados para la Central Hidroeléctrica de Tocoma del estado Bolívar- siguieron el mismo camino, de acuerdo a las banderas rojas que en 2015 levantó el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que posteriormente salieron a la luz pública con la filtración de los Fincen Files.

La información fiscal de la empresa Finandi aparece registrada en 2011 a nombre del empresario holandés Hendrik van Wijlen. El registro de compañías de Países Bajos lo delata tras bastidores en otras firmas como Likam Vouwwerken Internationaal y PW Trading, cuyos nombres coinciden con los supuestos proveedores de máquinas y piezas para el Metro de Los Teques y el Proyecto Agrario Internacional Jose Inácio Abreu e Lima, una ciudad campesina proyectada para 500 familias cerca de El Tigre, en el sur del estado Anzoátegui.

Parcas, reservadas y escurridizas, las autoridades neerlandesas han dejado que el caso quede inadvertido para la opinión pública. Si bien el Ministerio Público de los Países Bajos (FIOD por sus siglas en holandés) anunció una investigación contra Van Wijlen en febrero de 2019, desde entonces no ha dicho más. Dos años después han optado por el silencio, incluso tras dos solicitudes de información que se le han enviado para este y otros reportajes.

Van Wijlen, por su parte, sí accedió en principio a dar su versión para este reportaje. “Disculpe, estoy en una reunión en este momento”, responde rápido por teléfono para cortar cualquier pregunta acerca del dinero que recibió su empresa y del que nadie ha rendido cuentas. “Preferiría que le envíen una solicitud a la empresa”, añadió este miércoles cuando se le preguntaba por los contratos pendientes en Venezuela. Luego hizo un alto cuando se le preguntó por los datos de correo electrónico de una empresa suya que luce como una empresa de maletín. “Buena pregunta”, reconoció.

A partir de ese intercambio, nunca volvió a responder.

Todavía es posible encontrar en Internet otra mención de van Wijlen, o en todo caso de alguien con su mismo nombre, empresa y foto de perfil que usa en Whatsapp. Se trata de una presentación en línea que lo incluye entre los benefactores del Zorg en Zekerheid, el equipo de baloncesto de Leiden, ciudad costera de la provincia de Holanda Meridional en los Países Bajos.

“¡Felicitaciones a Henk van Wijlen de Finandi Group BV! También un miembro entusiasta de nuestro club de negocios durante los próximos tres años”, anunciaba el equipo el 4 de junio de 2015 en sus redes sociales, para presentarlo no como el empresario al que llegó parte del dinero del siempre prometido y nunca construido segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, sino uno de los mecenas que han contribuido con uno de los equipos más importantes de la primera división de la Liga Neerlandesa de Baloncesto.

Con la piñata de activos agroindustriales expropiados alguna vez por el comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro abraza el pragmatismo más rampante para hacer favores a empresarios amigos y, de paso, tratar de reactivar una capacidad productiva puesta en hibernación por la ineficacia de la administración socialista.

Es el caso de Lácteos Los Andes. Fundada en 1984, llegó a tener una participación importante en las categorías de productos refrigerados como leche, yogures, jugos y gelatinas, entre otros. En 2008 Chávez la expropió. Los grandiosos planes del presidente fallecido confiaban a Lácteos Los Andes, por ejemplo, la provisión de materia primera para producir y distribuir en Venezuela los famosos helados cubanos de la marca Coppelia. Bajo el sello de “Hecho en Socialismo” siguió distribuyendo sus productos, hasta que la variedad del catálogo fue desapareciendo primero y, luego, al final, las máquinas prácticamente se apagaron.

Ya en el ocaso de Lácteos Los Andes, apareció Majed Khalil Majzoub en su rescate.

Junto a Khaled, su hermano mayor, Majed Khalil conforma una dupla que temprano despuntó como anticipo de la nueva clase empresarial que se conformaría con el chavismo. Aunque de imperturbable bajo perfil, en 2003 llamaron la atención al comprar Eveba, una marca tradicional de pescado enlatado. Era su primera expansión en mercados de consumo masivo -hasta entonces se desenvolvían en negocios B2B de equipos tecnológicos de seguridad, militares, industriales y energía, como todavía lo hacen- que dio pábulo a todo tipo de versiones acerca de sus vínculos con jerarcas del oficialismo.

Los hermanos de origen libanés han tenido sus reveses, y no solo en términos de rumores y mala prensa. En 2010, Majed pasó una breve temporada en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). En 2014, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, anunció la apertura de una investigación contra él, bajo la sospecha de haber cometido ilícitos cambiarios. Tan temprano como en 2004, se supo que Estados Unidos le había retirado la visa a Majed Khalil, a cuenta de sus presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico.

Pero sus negocios marchan viento en popa, ahora y desde que hace 22 años zarparon, al mismo tiempo que el régimen chavista. Ello dio base a Majed Khalil para presentarse en 2020 como el mejor postor por la desahuciada Lácteos Los Andes. Aunque a través de terceras personas.

Meca lechera

Durante el último trimestre de 2020, tuits y trascendidos de prensa aseguraban que “un grupo iraní” había tomado el control de varias plantas de Lácteos Los Andes.

Algunas de esas versiones alcanzaban a identificar al presunto “grupo iraní” bajo el nombre de Venilac. En realidad, Venilac no fue constituida en la vieja Persia sino en Caracas, el 2 de julio de 2020. Sus accionistas son Kralys Beatriz López Díaz y Marlys Yavileys Suárez García. Su sede aparece registrada en el piso 1 del edificio Sojo, en un recodo de la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.

Un piso más abajo se encuentra la sede de otra empresa, Kaisha, dedicada al ramo inmobiliario. Registrada el 4 de diciembre de 2020, sus accionistas son Jihd Nassif Hazime y Haicha Mansour Mansour. Mansour Mansour es socio desde 2007 de los hermanos Khalil Mjzoub en una empresa constituida en Panamá, KK Inversiones S.A. También desde 2011 en una en España, Latam Refund Group, SL.

Más allá del juego de conectar los puntos, el edificio Sojo de El Rosal es reconocido desde hace años como el cuartel general de los Khalil.

Lácteos Los Andes fue confiada a Venilac bajo la figura difusa de la “alianza estratégica”.

“Dicen iraníes por el nombre, pero son los Khalil, que tomaron la empresa con la promesa de meter un millón y medio de kilos de leche en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para finales de marzo”, desliza una fuente cercana a la empresa.

La empresa ha vuelto a la gestión privada tras un paréntesis de doce años.

Luego de la expropiación en 2008, la producción de leche en la empresa tuvo un repunte, según refleja una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, a partir de cifras del Ministerio de Alimentación. En 2007, Lácteos Los Andes produjo 38.325 toneladas de leche y al año siguiente cerró con 63.510 toneladas.

El pico se alcanzó en 2012, con 109.809 toneladas. Pero tres años después, el declive fue evidente y en 2015 cerró con 56.219 toneladas producidas. Hasta ese año hay memorias y cuentas que respaldan las investigaciones. Son entonces los trabajadores que quedan quienes perfilan el panorama, y lo hacen con pocas palabras: solo en una planta se produce leche.

“Eran 700 trabajadores entonces. Cuando ocurrió la expropiación, la empresa contaba con siete años de inventario. Después nos comimos ese inventario”, dice.

Luego de pertenecer a la estatal petrolera PDVSA, en 2010 Lácteos Los Andes pasó a ser administrada por la Corporación Venezolana Agraria y, pocos meses después, a la Corporación Venezolana de Alimentos. Finalmente, en 2011, fue adscrita al Ministerio de Alimentación.

“En ese momento se endeudaron con los proveedores. Además de que no teníamos materia prima. Nuestra pulpa (de frutas) era de Chile y los repuestos, de Estados Unidos y Holanda. También venían de afuera los aromatizantes, vitaminas, y todo ese tipo de cosas. Sin contar que lo que hicieron fue robar”, asevera el mismo trabajador, que hace la declaración con carácter anónimo.

En 2019, cuando la producción de leche estaba prácticamente en cero, un coronel del Ejército asumió la conducción de la empresa. Se trata de Luis Piligra, quien todavía en este proceso de transición permanece como presidente de Lácteos Los Andes.

Armando.info contactó por vía telefónica a Piligra , quien, de entrada aseveró: “No hay ningún traspaso, eso es una información falsa que alguien ha creado con muy malas intenciones”. Pero entre líneas reconoció la alianza estratégica.

“La empresa es del Estado venezolano. Ahora, con el compromiso de abastecer la leche en polvo Los Andes para todos los módulos CLAP que se distribuyen en el país, con alianzas estratégicas, tanto con instituciones públicas o privadas, que generen alguna sinergia en beneficio del pueblo venezolano”, fue lo único que expuso, sin responder si seguirá al frente de la empresa.

Pero voceros del gremio de productores lácteos confirman que quien está al frente de esta nueva etapa de Lácteos Los Andes es un gerente de discreta trayectoria empresarial de nombre Julio Rodríguez.

Consultado para esta investigación, Rodríguez se limitó a remitir a Armando.info a un coordinador de comunicaciones de Venilac, quien, textualmente, señaló: “Estamos un poco llenos de manos tratando de cumplir con las metas impuestas por el Estado venezolano. Por los momentos, nadie puede hablar”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una entrevista con Majed Khalil, respondió: “Es difícil lograr eso. El Estado es el que maneja la información”.

Consentidos y sancionados

La incertidumbre en torno de sus puestos es ahora la gran mortificación de los trabajadores. Mucho antes del anuncio del convenio entre el Estado y Venilac, sus sueldos rondaban los dos dólares mensuales. Ahora no hay certeza de que su situación vaya a ser mejor.

Uno de los trabajadores dice que, además de sus empleos, las deudas son otra incógnita, pues han sabido que Venilac no reconocerá las deudas que dejó la administración estatal. “Todos los días nos meten presión, no nos dan los beneficios, los sueldos no sirven, tratan de que el personal entre en desesperanza”, insiste.

Una trabajadora añade que la nómina es de 800 personas. “Y quieren reducirla a 400. Piligra quiere botar a la gente, pero con liquidaciones miserables”.

Y otra fuente del sector de productos lácteos apunta que la razón de todo eso es simple: “El gobierno no tiene cómo pagar esa deuda”.

Toda esa incertidumbre, denominador común entre los trabajadores de Lácteos Los Andes, se suma a la historia empresarial de Khalil, historia que comenzó el 10 de septiembre de 1999, año inaugural del chavismo, cuando, con su hermano y con Yosmar Alfonzo Benítez, constituyó el Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec). Con sede en La Florida, en el centronorte de Caracas, esta ha sido un foco de constancia en la parábola empresarial de Khalil y compendio de su modus operandi: la ampliación y diversificación de sus sociedades a costa de la unción y de favores gubernamentales.

Con esta empresa, que tiene por objeto fiscal el adiestramiento tecnológico, ha aglutinado un grueso número de clientes. No solo del sector público. Así, tanto Telcel, primera operadora de telefonía celular de Venezuela, como Telefónica, la empresa que adquirió sus activos en 2005, contrataron los servicios de Centec.

Los clientes privados son una minúscula excepción a la norma. El grueso de sus contratantes lo han compuesto empresas estatales. De hecho, es lo que sigue ocurriendo, según el Sistema Nacional de Contrataciones. Desde 2010 no hay discriminación para Centec sobre estos clientes. Cantv, CNE, Cicpc, Comandancia General de la Milicia Bolivariana, Dirección de Tecnología de Información y las Comunicaciones del Ejército, Banco de Venezuela, INAC, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A., ONA, Pdvsa, Saime y los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Petróleo, Comunicación e Información, Defensa, Energía Eléctrica y Salud figuran en la lista de los entes a los que ha servido.

Lo que pudiese parecer una larga lista es una muestra del alcance de las empresas de los Khalil y, más precisamente, de Majed. Una relación indisoluble que tiene en Centec una muestra representativa de la solvencia frente al chavismo.

El diario The Miami Herald reportó en 2004 la medida de revocación de la visa estadounidense a Majed Khalil, en momentos en que no eran frecuentes las sanciones a relacionados con el chavismo. Su caso fue, si se quiere, un abrebocas de lo que vendría en la década siguiente.

El interés estadounidense de Khalil y de su hermano era la empresa Grupo Hardwell Technologies, fundada en 2000 y de la que ambos son socios. Esta representó en Venezuela a un fabricante estadounidense de radares y otras tecnologías militares, Raytheon, un importante contratista del Pentágono. Fueron los Khalil el puente para que la estadounidense consiguiera, por ejemplo, el contrato para la instalación de los sistemas antivirus y de seguridad Firewall y la dotación de las estaciones de trabajo, servidores, equipos de impresión, componentes y consumibles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como exponen los contratos de entonces archivados en el Registro Nacional de Contratistas.

Por lo que se sabe -Washington no suele comentar estas medidas, cuya causa ni siquiera comunica al afectado-, la revocación de la visa de Majed Khalil se ha perpetuado hasta hoy. Aunque su nombre no figura en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), un documento de octubre de 2020 del Atlantic Council, un think tank estadounidense, asoma que las autoridades de ese país mantienen vigilado su rastro como posible sustituto del detenido colombiano Alex Saab, contratista consentido del gobierno de Maduro, como el nexo entre su Gobierno y los países de Oriente Medio, especialmente Irán. 

Hasta 2012, y mediante más de 600 solicitudes, Hardwell Computer Inc. obtuvo de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) un poco más de 45 millones de dólares.  

Como Centec, Hardwell Computer Inc. fue contratista de los entes gubernamentales más diversos.

El estado Bolívar, la rica región minera y energética del sur de Venezuela, se convirtió en un baluarte para los Khalil. La larga égida del general Francisco Rangel Gómez, que gobernó la región entre 2004 y 2017 para luego instalarse en el México del presidente López Obrador, contribuyó a su prosperidad con numerosos contratos públicos.

En 2003, con Rangel Gómez como su presidente, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente rector de la zona, a través de Productos Forestales de Oriente (Proforca), formó una asociación estratégica con Desarrollos Serfoca (de las primeras empresas de Khalil) para el proyecto de un complejo de producción de pulpa de papel en Macapaima, sur de Anzoátegui. El proyecto, conocido a la postre como Pulpaca, nunca fue terminado.

El Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras), la Gobernación de Bolívar y la antigua Edelca (Electrificación del Caroní, tutelada desde su fundación en 1963 por la CVG y, desde 2008, administrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, contrataron a Telcomsur (fundada por Majed Khalil en mayo de 2002) para varios servicios de renovación tecnológica.

Pero fue una empresa con sede en la zona industrial Matanzas, de Puerto Ordaz, la que le dejó más divisas, también de parte de la extinta Cadivi: Hornos Eléctricos de Venezuela (Hevensa, S.A.). Los registros de la oficina cambiaria detallan que a Hevensa le fueron adjudicados 7 millones de dólares. También empresas estatales, como Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y Siderúrgica del Turbio (Sidetur) estuvieron entre sus clientes.

De acuerdo con el sitio de datos comerciales Panjiva, en 2016, por el puerto de Palúa, en Ciudad Guayana, los Khalil lograron exportar a Estados Unidos 399 toneladas de ferrosilicomanganeso, aleación indispensable para la fabricación de acero. La carga llegó al Miami Seaport, en Florida. Desde entonces no aparecen registrados en bases de datos más despachos al extranjero. Pero sí que hubo reclamos públicos: en 2019, los trabajadores de la empresa se pronunciaron públicamente por el incumplimiento de pagos y otros beneficios contractuales. Un patrón similar al que ahora se observa en Lácteos Los Andes.

Nadando entre paraísos (fiscales)

Los Panama Papers descorrieron la celosía en torno de la relación de Khalil con paraísos fiscales. En la filtración de los documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, en 2016, se menciona una cuenta de Khalil en el Premier Bank International, en Curazao, desde la que se pagaban cuotas de mantenimiento de las compañías Henvale Holdings LTD y Vading Services S.A., ambas en Islas Vírgenes Británicas.

El ala internacional de Pacific Rim Energy, con sede en Barbados y con Khaled Khalil como socio, también fue mencionada en otra filtración relacionada con paraísos fiscales, los Paradise Papers, en 2017.

También en Panamá, durante aquella década dorada, los Khalil, en conjunto, extendieron su alcance con dos empresas: Brambech INC, fundada en 2004, y la arriba citada KK Inversiones S.A., fundada en 2007 y aún vigente. Khaled, sin Majed, figura como directivo en varias sociedades como General Trading S.A.; Continental Booking and Travel, S.A.; y Kimbra International Corporation.

El incumplimiento de uno de los contratos por parte de Hardwell Computer Inc., concretamente el de 5 millones de dólares para la adquisición de “la plataforma informática de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar”, convenido en 2002, fue el motivo de la estadía a comienzos de 2010 de Majed Khalil en la Dirección de Inteligencia Militar (comandada por Hugo Carvajal, detenido en 2019 en España, señalado de participar en narcotráfico y crimen organizado y, ahora, prófugo). Luego de un breve régimen de presentación logró salir indemne de aquel bache y continuó creciendo bajo el ala protectora de los contratos estatales. 

Las simpatías de Khalil con el gobierno de Chávez y luego con el de Nicolás Maduro lo acercaron al aliado Evo Morales, expresidente de Bolivia. Fue con el Consorcio Pacific Rim Energy, aún en 2021 con su credencial activa en el RNC y del que figura como uno de los socios.

Pacific Rim Energy, como consta en el RNC, había sido contratada para construir la planta eléctrica Josefa Camejo, en Paraguaná, entre otros tres complejos, incluyendo Cabrutica, en Anzoátegui. Todos fueron adjudicados por quien en ese momento era viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en España en 2017 en medio de una investigación por blanqueo de capitales y corrupción internacional, y liberado al año siguiente.

Respecto de Bolivia, prácticamente una de las primeras medidas de Morales en el poder fue la nacionalización de los hidrocarburos, medida que se oficializó en mayo de 2006. Entre 2016 y 2017, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a Pacific Rim Energy para una obra concreta: el incremento de la capacidad de almacenaje de combustible en tres plantas, la de Santa Cruz, la de Oruro y la de Senkata (desde 2003, con Petroltec Fluidos de Venezuela, Khalil había experimentado con el sector petrolero y gasífero; en este caso, la exploración y perforación de pozos). 

No fue esa relación petrolera el primer contrato de Pacific Rim Energy con una empresa boliviana. En 2012, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso, con sede en Cochabamba, había pedido los servicios de la compañía de Khalil para la “ingeniería, diseño, suministro, instalación, montaje y puesta en servicio” de una unidad generadora. 

En 2017, el senador opositor boliviano Arturo Murillo exigió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministerio de Gobierno de Bolivia una investigación a Khaled Khalil por haber entrado en Bolivia 217 veces con diferentes pasaportes. Especificó que los contratos entre los Khalil y el gobierno de Evo Morales fue de, al menos, 215 millones de dólares.  A aquella solicitud respondió el Ministerio de Gobierno a favor de Khalil: “El mencionado ciudadano no tiene arraigo ni antecedentes penales internacionales que le impidan transitar por nuestro territorio. A la fecha su permanencia es legal en Bolivia”

Colombia también es un país en el que, con una empresa conjunta, los Khalil están presentes. Su nombre es Pasoft de Colombia, LTDA, una sociedad limitada con sede en Bogota dedicada a la “consultoria informática y actividades de administración de instalaciones informáticas”, como detalla su razón social.

Fronteras adentro, Pacific Rim Energy también se expandió con la compra en 2013 de Turbocare, C.A., empresa hasta entonces perteneciente al grupo Siemens. La compra se concretó por 120 millones de bolívares, con una tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar, es decir, unos 19 millones de dólares.

En total, las empresas de los hermanos recibieron casi 91 millones de dólares de Cadivi, según los registros disponibles. En 2014 el Ministerio Público comenzó una investigación contra Majed Khalil por obtención ilícita de divisas. Una vez más salió bien librado: no hubo elementos para inculparlo y seguir adelante un proceso judicial en su contra. Así los hermanos volvieron a sumergirse en el bajo perfil y a preparar desde allí, de incógnito, operaciones como la de Lácteos Los Andes.

El régimen chavista ya había intentado levantar un proyecto turístico de menor envergadura en la isla cuando el comandante Wilmar Castro Soteldo, hoy ministro de Agricultura, asumió las riendas del entonces recién creado despacho de Turismo, en 2005. El proyecto incluía un edificio diseñado por el arquitecto Fruto Vivas. Pero en la espasmódica planificación revolucionaria el plan quedó en el olvido y no volvió a tocarse hasta la gestión de Andrés Izarra al frente del ministerio, en 2014, cuando el arquitecto fue llamado de nuevo para dirigir a un grupo de profesionales en la realización de un “plan maestro” turístico en las islas La Orchila, La Blanquilla y La Tortuga.

Otra vez el espasmo: aunque Vivas propuso entonces levantar construcciones ecológicas para incrementar la capacidad de pernocta para el turismo internacional, no fue sino hasta 2019 cuando se retomó el proyecto en La Tortuga, en esa ocasión bajo la batuta del ministro de turno, Félix Plasencia. La Blanquilla había desaparecido del proyecto.

De uno a otro hito, las decisiones gubernamentales tuvieron en común que ponían la isla a cargo de Mintur, un colonizador con el objetivo claro de vulnerar su virginidad y fomentar el turismo exótico.

Entre tanto, la comunidad científica insistía en la necesidad de preservar la riqueza biológica de esos espacios insulares. Científicos venezolanos llegaron a participar en jornadas de limpieza y de investigación conjunta con varias organizaciones e instituciones del Estado. Pero eso fue posible solo durante un lapso muy corto. Desde hace una década no vuelve a ocurrir. "Las condiciones cambiaron y el acceso fue restringido. No tenemos estudios actualizados”, señala Chelo Noriega, presidenta de la Fundación La Tortuga.

Explica que, entre 2005 y 2007, presentaron ante el Estado Mayor de la Armada Nacional sus trabajos científicos sobre la isla y, en conjunto con otras instituciones, incluido el extinto Ministerio del Ambiente, elaboraron una propuesta de modificación del primer proyecto de desarrollo turístico de la isla elaborado por Mintur. Lograron paralizar las obras iniciadas para la fecha que “abrían una trocha por todo el medio de la isla”.

Otras organizaciones ambientalistas, como Vitalis, respaldaron esos estudios. La isla es en sí misma un tesoro único, prístino, cuya mera existencia siempre queda a merced de los proyectos grandiosos que cíclicamente buscan imponer desde Caracas una transformación definitiva. Una reseña de 2007 explicaba que “el sur de la isla es su área más vulnerable, allí hay una de las mejores expresiones del Pleistoceno, hay tres formaciones geológicas juntas que no se dan en ninguna parte del país, hay fósiles expuestos y se habla de cinco especies endémicas de aves”.

De la fragilidad del ecosistema, Noriega pone un ejemplo: solo el tráfico de aeronaves pone en riesgo el espacio de tránsito de las aves migratorias: "Los aviones no deben ser mayores de una capacidad de ocho o diez pasajeros, ni se pueden exceder en las frecuencias de vuelo”.

También quedan en peligro los hábitos de la especie que da nombre a la isla, la tortuga marina. Ha encontrado un lugar predilecto de anidación en las playas de arenas blancas de La Tortuga, lejos de todo contacto humano.

Desembarco pirata

También de las tortugas marinas, o según su denominación científica, Chelonia mydas, tomó el nombre el único hotel que la política oficial de incentivos ha conseguido que se levante: Chelonia Eco Resort. Pero, a diferencia de la isla y a pesar de su prefijo "eco", ni las acoge ni las atesora.

Su construcción terminó siendo uno los grandes logros de otra ministra más al frente de la cartera de turismo, Marleny Contreras, diputada por el oficialismo de la írrita Asamblea Nacional, pero mejor conocida por ser la esposa de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y número dos del chavismo.

Contó con la inversión de Luis Picardi, un conocido contratista petrolero a quien otorgó la exclusividad del proyecto. Aún sin estar relacionado con el sector turístico, el empresario logró lo que otros inversionistas ambicionaban pero no consiguieron: levantó en La Tortuga doce cabañas tipo bungaló, interconectadas por caminerías al aire libre, con todas las comodidades en cuanto a servicios públicos y recreativos en una zona de acceso muy restringido.

Fue el 24 de junio de 2016 cuando Picardi firmó la “alianza estratégica” entre su empresa, Ecodesarrollo La Tortuga C.A, creada nueve días antes del acuerdo, y Mintur. Aunque los trabajos en la isla habían comenzado antes de esa formalidad, hasta entonces habían sido gestionados por la otra compañía del contratista, Servicios Picardi C.A., dedicada al transporte naval de la industria petrolera, especialmente para la petrolera estatal PDVSA.

Sobre el papel, el objeto de Ecodesarrollo La Tortuga fue tan amplio que podía optar para ofrecer todo tipo de servicios, obras y productos para el manejo de infraestructura turística, con o sin licitación. Picardi, aún cuando no tenía experiencia en el sector, fue uno de los privilegiados que entró en la ola de entrega de concesiones de los hoteles Venetur a empresarios privados -Campamento Canaima, Morrocoy, Maremare, Puerto La Cruz y Los Roques- que caracterizó la gestión de Marleny Contreras.

El proyecto de La Tortuga llegó a ser muy ambicioso, con una segunda fase que proponía la ampliación del Chelonia Eco Resort. Según la información de su página web -actualmente fuera de línea- se levantarían 15 módulos adicionales para habitaciones, dos para los empleados y un spa. En total, la propuesta turística llegaba a 59 habitaciones dobles, jacuzzi, lounge bar, varios restaurantes, parque infantil, enfermería, un sistema de acueductos para que las embarcaciones visitantes tuvieran agua dulce, alquiler de equipos deportivos para la práctica de kayak, kitesurf y windsurf.

Pero hoy todo está desocupado. A pesar de la inversión de Mintur y las empresas de Picardi, el complejo quedó a la mitad con dos circunstancias clave que enterraron sus logros: el fallecimiento de Luis Picardi, en agosto de 2017, y la salida de Marlenys Contreras de Mintur, en abril de 2018.

Tanto Picardi como Contreras calculaban culminar la segunda fase del complejo turístico en 2018, para ponerlo en funcionamiento en 2019. Pero un accidente aéreo sorprendió a Picardi el sábado 19 de agosto de 2017. Se trasladaba desde el aeropuerto de Maiquetía al estado Anzoátegui, donde vivía y tenía sus empresas, a bordo de un Lear Jet 25, con matrícula YV3191. La aeronave  se estrelló, poco después de despegar, frente a las costas de Naiguatá, litoral central del país. Entre los pasajeros también se encontraba el hijo de Miguel Pérez Abad, quien para ese momento era ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

De las causas del accidente no se informó oficialmente, un misterio que luego engendró otro misterio: Un experto rastreador submarinista ítalo-venezolano, Hugo Marino, se interesó en lo ocurrido y ofreció sus servicios para encontrar la aeronave en el lecho marino. Viajó de Miami, donde residía, a Caracas en abril de 2019. Pero desde entonces no se supo más de él. Su desaparición, que ya cumple dos años sin resolverse, es una denuncia permanente que en redes sociales formulan su esposa y su madre.

El jueves, 9 de julio de 2015, la ministra Contreras inspeccionó las obras que había dejado su antecesor para dar la voz de partida a los trabajos de construcción. Picardi puso manos a la obra y en menos de un año ya había adelantado la primera fase del hotel Chelonia Eco Resort. 

Sin embargo, no por ello Picardi descuidó sus negocios petroleros. Entre 2016 y 2018, años en los que se construyó el complejo turístico, la compañía Servicios Picardi reportó ante el sistema de contrataciones del Estado los trabajos que hizo para Pdvsa, Petrosucre, Petrocedeño, Petroindependencia, Petropiar, Bariven, Supermetanol y Metanol de Oriente Metor.

Un exfuncionario del estado Anzoátegui recuerda que Picardi tenía “dos tanqueros anaranjados anclados en la bahía de Pozuelos, en el puerto de Guanta, al noreste de la región, que fueron los que usó para transportar materiales a la isla”. Además, siempre según la fuente, los usaron “en el traslado del material e instalación del cable submarino a Cuba”.

En el Sistema Nacional de Contrataciones, Picardi aparece vinculado a siete empresas. Cinco de ellas tienen como objeto social la prestación de servicios petroleros. Las dos más recientes son del año 2016: C Tech Services C.A, dedicada a la perforación de pozos petroleros, gas, agua o de cualquier otro tipo, y Ecodesarrollo La Tortuga. Pero Servicios Picardi, fundada en 1992, fue la que tuvo mayor presencia en el país y durante más tiempo.

Con el fallecimiento de Picardi fue su esposa, Liseth Odilis Romero Malavé, quien tomó las riendas de los negocios. En enero de 2018, unos meses después de la muerte del empresario venezolano, registró en Singapur a Servicios Picardi como compañía local. En esa misma fecha, ocurrió lo mismo con dos sociedades con las que está vinculada, Gulf International 2016 Inc y Venezolana de Tubulares Inc. En medio de las sanciones económicas que afectan al país, crear compañías en Singapur genera ventajas fiscales para sortear las restricciones. 

Sobre los negocios turísticos de su marido, a Romero le corresponde la mitad accionaria de Ecodesarrollo La Tortuga, la otra parte la tiene la sucesión que por leyes venezolanas le corresponde a su esposa e hijos. En el caso de Servicios Picardi, tiene solo el 35%, y comparte sociedad con la sucesión, Port Management Venezuela y Guillermo Tilerio Silva. Armando.info intentó conversar con un representante de la empresa, pero aseguraron que no estaban “autorizados para responder” indicando que la potestad la tienen las autoridades del Ministerio de Turismo.

Aunque algunos negocios del grupo siguieron su marcha, la muerte de Picardi paralizó la construcción del proyecto turístico en La Tortuga. Pocos meses antes de su fallecimiento, Luis Picardi hizo una visita con la ex ministra Marleny Contreras y mostró con orgullo lo que había logrado con la inversión otorgada por el ministerio. El desembolso incluyó créditos turísticos otorgados durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) de 2017 y en el evento se presentó a la isla como un destino atractivo al nivel del archipiélago de Los Roques.

De acuerdo con un ex funcionario del Ministerio de Turismo, la alianza estratégica también incluyó la inversión de otros organismos del Estado para la construcción de la infraestructura de servicios. Por ejemplo, la planta desalinizadora fue obtenida a través de un convenio entre Pdvsa y el Ministerio de Ecosocialismo, y el sistema híbrido de generación eléctrica fue gracias a la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundalec), del Ministerio de Energía Eléctrica.

Fantasía sobre papel y arena

A la empresa de Picardi también se le dió la potestad de rehabilitar la pista de aterrizaje -1200 metros para recibir aeronaves de hasta 30 pasajeros- que se encuentra muy cerca del hotel, para lo que el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo había destinado 55 millones de bolívares (entre cuatro millones y casi nueve millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio oficial usada por el gobierno para 2015). Uno de los usuarios recurrentes de la isla aclara que “quedó en granzón y sin torre de control”.

Como el papel aguanta todo, en proyecto la empresa de Picardi asumiría también la construcción de la estación secundaria de Guardacostas La Tortuga, para el Comando de la Armada Bolivariana, una estación biológica para el marcaje de tiburones, conservación de tortugas marinas, monitoreo de pesca de langosta y pez león. También un museo arqueológico de los hallazgos de la isla, que datan de unos 400.000 años atrás. “Un producto de alta calidad combinando los recursos naturales con una infraestructura basada en criterios sustentables desde la perspectiva ambiental, social y económica”, de acuerdo con la ficha técnica del proyecto del año 2017, a la que tuvo acceso Armando.info.

La obra se desarrolló en varias etapas, específicamente en el sector Punta del Este (también conocida como Punta Delgada), al noreste de la isla, frente a Playa Caldera. De acuerdo a los estudios de Mintur esta área constituía una “unidad turística” de aproximadamente 71.000 metros cuadrados en los que se implementaría la modalidad de turismo full day con la construcción de un restaurante, baños públicos, toldos, doce cabañas sin pernocta, y un módulo para empleados. La empresa de Picardi llevó el proyecto un poco más allá: paisajismo, cabañas ecológicamente amigables, plantas de tratamiento de agua, dos plantas desalinizadoras para generar 30.000 galones de agua dulce al día y un muelle privado. Además, zonas recreativas, fuente de soda, salón de usos múltiples, área de reuniones, piscina y un sistema híbrido de generación eléctrica con paneles solares y generadores eólicos.

Aún cuando el acuerdo de Mintur se suscribió con Ecodesarrollo La Tortuga, la otra empresa del fallecido empresario también facturaba por los trabajos realizados en la isla. Un trabajador que laboró en el hotel durante el año 2017 dijo a Armando.info que Servicios Picardi pagó sus honorarios desde el inicio, luego se canalizó por la compañía turística.

Faro sin luz

Del estudio de impacto ambiental se tienen dos certezas. Una, que lo hizo la empresa transnacional Grupo Incostas Nouel, en 2014, a petición del Instituto Nacional de Turismo adscrito a Mintur, y que se evaluó la primera etapa del proyecto turístico de islas La Tortuga y La Blanquilla. La otra, que en 2016 Grupo Incostas repitió como proveedor de servicios ambientales, pero esta vez trabajó para Servicios Picardi, y desarrolló un “sistema natural del tipo humedal” para las instalaciones del hotel Chelonia Eco Resort y de la Estación Secundaria de Guardacostas de isla La Tortuga, según describe en un folleto publicado en su página.

Incostas se ha dedicado a proyectos de envergadura en el ramo portuario y petrolero, y ofrece soluciones especializadas en ingeniería y construcción. Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales con más trayectoria desconocen del estudio de impacto ambiental y las consecuencias en el frágil ecosistema. En la isla se encuentran aves endémicas, residentes y migratorias; además de formaciones geológicas, y uno de los últimos reservorios marinos existentes en el país y aunque biólogos y especialistas aseguran que hay zonas de La Tortuga que son tan frágiles que cualquier elemento externo impactaría, Mintur asegura que sería un “turismo sostenible”.

En la actualidad, unos pocos turistas llegan a la isla por vía marítima hasta las playas de Cayo Herradura, al noroeste, donde se observan yates anclados y los campamentos improvisados de carpas para visitantes, sin baños como los construidos en el complejo, y sin agua dulce aunque Mintur invirtió en plantas desalinizadoras. Los otros residentes temporales de la isla son funcionarios de una estación secundaria de la Armada que vigilan la franja norte, aunque no se precisa información oficial de cuántos hay. Sin embargo, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela calcula que no pasan de diez personas. Los pescadores han sido desplazados de una zona a otra, algunos tienen toda la vida allí porque sus padres emigraron de una isla a otra, de Margarita a la Tortuga, y el lugar permisado para ellos estar es la Laguna El Carenero. 

En La Tortuga se erige un faro que fue significativo para los marinos, una atracción inutil porque no se puede subir por falta de mantenimiento, tampoco ilumina la ruta para las naves. Sólo está ahí como las construcciones de Picardi y Mintur, abandonado, un hotel lleno de fantasmas en una isla con cuentos de piratas.

Entre el mobiliario de época, junto a un par de maletas de cuero y piel típicas de las películas de entonces, cuadradas y con broches a presión, en las que los turistas solían adherir calcomanías de los destinos visitados a manera de un pasaporte o recuento de sus travesías, yace un par de botines negros para patinar sobre hielo.

La historia que cuentan en la visita guiada asegura que los objetos fueron abandonados por huéspedes de la época y resguardados desde entonces y durante 40 años por "el señor Paco", el guardián del Humboldt, un hombre que vivió en el hotel haciendo las veces de guardia y que se mantuvo vigilante hasta su muerte, en 2008.

“¿Aquí había pista de patinaje?”, es la pregunta que surge de inmediato. El guía responde con un anuncio para aclarar que, más que a una reliquia, la pregunta apunta al futuro inmediato: "La pista de patinaje está abajo en el parque y ahorita estamos en mantenimiento para volver a activarla”.

El hotel Humboldt es más que un hotel. Es un complejo de entretenimiento. Además de las instalaciones de alojamiento, gastronomía y casino que ya funcionan en la torre, comprende también el sistema teleférico, desde su estación de partida en Maripérez -en el centro norte de Caracas- hasta la terminal en la cima de El Ávila, así como los locales de comida rápida, restaurantes y quioscos de suvenires asentados a orillas del bulevar que conduce desde allí al hotel. Todo esto va en camino de ser asignado a la empresa Operadora Turística Humboldt 1956, que se propone agregar también la pista de patinaje, actualmente en remodelación, a sus haberes.

¿Qué es Operadora Turística Humboldt 1956? Es otra de las múltiples fachadas mercantiles de la familia Ceballos, uno de los contratistas predilectos de la administración de Nicolás Maduro.

¿Y quiénes son los Ceballos? Se trata de un grupo familiar que, desde finales de la década de los años 70, se había dedicado a la construcción de obras civiles para el Estado venezolano al amparo de diversas personas jurídicas y, desde el año 2000, con Inversiones Alfamaq como su empresa principal. En el Sistema Nacional de Contrataciones públicas no es difícil notar que la experiencia de los Ceballos se había desarrollado hasta 2007 fundamentalmente en el área de construcción de planteles educativos, como proveedores de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) del Ministerio de Educación.

Los indicios a partir de ese año muestran una diversificación de sus servicios y de su cartera de clientes, que empezó a incluir a otros entes del Estado, como la poderosa estatal petrolera PDVSA.

Desde entonces han participado en la recuperación de colosos como el Poliedro de Caracas y otra obra adyacente que data del perezjimenismo, el Hipódromo de La Rinconada. También se apuntaron en su hoja de servicios los acueductos manejados por Hidrocapital (Tuy I, II y III), Hidrocaribe (en Anzoátegui) e Hidrolago (sistema Tulé-Manuelote-Tres Ríos en el estado Zulia), así como otros proyectos milmillonarios y de envergadura en términos de ingeniería civil, incluida la construcción, dilatada y todavía en marcha, del tramo que volverá a conectar a Caracas con las playas del litoral central, bajando desde la cima de El Ávila por su vertiente norte hasta La Guaira.

Desde que en 2014 los Ceballos se encargaron del proyecto, iniciaron en simultáneo una especie de colonización del cerro, emblema de Caracas. Primero con Alfamaq, que aún sin contar con experiencia en sistemas de teleféricos, ha logrado tener el protagonismo en estos trabajos; luego, desde finales de 2019, con Operadora Turística Humboldt 1956, empresa con la que se encargan -tras bastidores- de manejar las actividades del imponente hotel que vigila al valle de Caracas desde la cima. Y más recientemente, desde finales de 2020 con esta misma empresa, llevan adelante un intento por administrar todo el sistema teleférico que une a Caracas con la cumbre del Ávila y su enlace con el Humboldt.

La operación del hotel Humboldt le fue concedida a los Ceballos en 2019. Fue una decisión adoptada por Félix Plasencia (actual embajador en China y acompañante de la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante su polémica escala en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en enero de 2020) cuando estuvo al frente del ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincoex).

Los rayos verdes

La apertura del casino y la celebración de festejos fastuosos inevitablemente llamaron la atención, entre finales de 2019 y en 2020, ya en pleno confinamiento por la pandemia, sobre la actividad en el hotel. Desde entonces ha sido Luis Semprún Van Grieken quien ha dado la cara al público por el hotel como su gerente general. Pero en realidad quienes figuran como accionistas de Operadora Turística Humboldt 1956 son otros: Roberto Meinhardt Iturbe y Luis Alberto Hernández Abreu, este último un viejo conocido en la familia Ceballos, pariente y socio de Alejandro Andrés Ceballos Cevallos, el hijo mayor de Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, economista de 63 años que lidera desde hace varios años el grupo de empresas familiar.

En noviembre de 2019, apenas cuatro días después de haber concretado todos los trámites administrativos para el registro comercial de Operadora Turística Humboldt 1956, llegó la primera gran convocatoria: “por todo lo alto” invitaban a la pre-inauguración del Casino Humboldt para el martes 10 de noviembre. No sería la única celebración. Hubo segunda y tercera invitaciones para el primer torneo de póker con participación en dólares, el 17 de noviembre, y otra cita con las cartas el 4 de diciembre.

La ocasión representaba un desmentido al cierre de bingos y casas de juego que Hugo Chávez había ordenado en 2011. El propio Nicolás Maduro bendijo el giro de 180 grados en la política oficial durante una alocución televisada en enero de 2020: anunció que en el casino del Humboldt se apostaría en divisas y en petros, la criptomoneda diseñada por su gobierno.

La discreción con la que se otorgó la concesión no sería la característica del inicio de actividades del hotel. Los caraqueños lo supieron la noche del 14 de diciembre de 2019. Un festival de haces de luz láser alumbró el valle capitalino desde la torre cilíndrica del hotel. Los rayos verdosos atravesaban la nitidez de esa noche de temporada navideña, en competencia algo sacrílega con la modesta cruz que tradicionalmente se enciende en esa temporada en el cerro El Ávila, y perturbando la paz del parque nacional que desde 1958 abarca la montaña y toda la muralla de la Cordillera de la Costa que separa a Caracas del mar Caribe.

El espectáculo fue recogido en historias de Instagram y compartido en las redes casi en tono de confidencia. Pronto se confirmaría, tras una verificación del portal Es Paja, que la excepcional fiesta con invitados VIP fue organizada por el restaurante El Cine, con sede en El Hatillo, un suburbio semicampestre al sureste de Caracas. Cinco días después, el propietario de El Cine, Alejandro Suegart, falleció en un accidente aéreo junto a ocho personas más cuando regresaba a Caracas desde Guasipati, zona minera del estado Bolívar, en el sur del país.

Aquella ostentación fue el preámbulo del programa de visitas guiadas al hotel (con un costo de entre 30 y 60 dólares) que convoca ahora a todo el que desee ser parte del quién-es-quién de la capital de la autodenominada Revolución Bolivariana. El recorrido permite revivir glorias pasadas y conocer el meticuloso trabajo de restauración que se hizo en la edificación durante siete años.

También marcó el inicio de la aparición, cada vez más frecuente, de Semprún Van Grieken en medios, con quien no fue posible hablar para este reportaje.

Carlos Salas, director de Operaciones, Banquetes y Eventos del hotel Humboldt, sí aceptó conceder una entrevista. Según Salas, en noviembre de 2019 decidieron hacer un soft opening del hotel. Es decir, un inicio de actividades controlado, sin grandes volúmenes de visitas para probar servicios, con clientes a puerta cerrada, eventos privados, visitas guiadas para un máximo de 15 personas, comidas dirigidas, todo con reservación previa. Solo a partir de diciembre de 2020, cuando obtuvieron de manera oficial la categoría de hotel de cinco estrellas, lo abrieron a la opción de hospedaje, a un costo de 300 dólares por noche, iniciando con 22 habitaciones de las 70 disponibles.

Salas hace notar que no tiene nada de raro que el Estado otorgue a privados la concesión de un hotel para su manejo; de hecho, recuerda, esa es desde 2017 política de Venetur (Venezolana de Turismo, empresa del Estado encargada de las operaciones turísticas). En el caso del Humboldt, la concesión fue otorgada a la cadena Marriott en 2018 pero, siempre según el relato de Salas, “a mediados de 2019 Marriott no lo ve viable, por montones de variables que estaban sucediendo en el país, y devuelve la concesión. Y allí se vuelve a ofertar a diferentes actores hoteleros”. Salas lo dice con conocimiento de causa: asegura haber trabajado durante años para Marriott y ser el desarrollador del concepto del Humboldt para esa cadena. “Mi experticia es abrir hoteles”, recalca.

Luego fue contactado por los representantes de Operadora Turística Humboldt 1956 para que terminara de desarrollar el concepto del hotel con ellos, como los nuevos autorizados. Otro tanto ocurrió con Luis Semprún Van Grieken, quien también tiene amplia experiencia en el sector turístico, en la cadena Marriott, y en su carácter de expresidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) y de aerolíneas como la desaparecida Santa Bárbara Airlines (SBA).

A pesar de que le confiaron tamaña responsabilidad, Salas afirma que no conoce quiénes son sus verdaderos empleadores.

De constructores a hoteleros

Las identidades de los socios accionistas, según aparecen en los registros mercantiles, son las que permiten entender quiénes están detrás del hotel. Por cierto, lejos están de ser expertos hoteleros.

Luis Alberto Hernández Abreu, tenedor del 75% de las acciones y presidente de la Operadora Turística Humboldt 1956, creada con un capital de 22.000 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para la fecha en 2019, representa los intereses de Alejandro Andrés Ceballos en el negocio.

De ambos se puede decir que son casi primos: Luis Alberto es sobrino de Nelson Ceballos Jimémez, al ser hijo de una de las hermanas de su esposa, Zhereyda Abreu. Nelson era tío de Alejandro Andrés, y segundo hermano en la estirpe de los Ceballos Jiménez. Murió en febrero de 2008 en un accidente aéreo, cuando la avioneta privada en la que viajaba se precipitó a tierra a mitad de camino en un viaje de Valencia, en el centro del país, a Puerto Ordaz, en el sur, sobre la intersección de los ríos Orinoco y Caroní.

Nelson y Zhereyda fueron los fundadores de Inversiones Alfamaq en enero del año 2000. Ella sigue en la directiva de la empresa con un pequeño porcentaje de acciones junto a su sobrino, Alejandro Andrés, y su padre, al menos según los últimos movimientos de la empresa registrados en 2019. Hoy Alfamaq es la principal empresa del Grupo 7C, nombre que deriva de los seis hermanos Ceballos y de su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos. De hecho, por Alfamaq han pasado todos ellos como accionistas y directivos.

Adicionalmente, Luis Alberto Hernández y Alejandro Andrés Ceballos han compartido obras en proyectos de construcción, cada uno con sus empresas. De las nueve compañías vinculadas a Hernández, seis tienen que ver con el sector construcción y solo dos se mantienen activas: Grupo 1324, destinada a la construcción de drenajes y acueductos e instalación de tuberías de alumbrado, gas, agua, oleoductos y arrendamiento de inmuebles; y Constructora X99, con experticia en obras de ingeniería, arquitectura y construcciones en general. De acuerdo con la información recopilada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y sus sistema de contrataciones, Grupo 1324 ha sido cliente de Constructora X99 y de Inversiones Alfamaq, lo que se traduce en una pequeña alianza comercial que quedó en familia. 

Ambos llegaron a compartir acciones en una empresa adicional, registrada en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, llamada Transportes NFC, C.A y sin actividad comercial desde hace varios años.

Fue creada en 2006 para prestar servicios de transporte de todo tipo, desde ejecutivos hasta colectivos (traslados masivos) y de maquinaria pesada. Apenas constituida, ingresó al programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por la estatal PDVSA, una vía ideal para convertirse en sus proveedores.

En Transportes NFC, C.A. también aparecían como socios otras cuatro personas, además de Hernández y Ceballos: el hermano del primero, Luis Enrique, y un primo de Ceballos llamado Manuel Ricardo Alonso Ceballos, respectivamente, y otra persona cercana a la familia llamada Henry John Gilbert Van Grieken, quien ha sido apoderado de Inversiones Alfamaq en casos judiciales; el cuarto, Zelim Avendaño Pérez, llegó a tener cierta notoriedad pública por una denuncia de corrupción diez años después, a la larga desechada.

Avendaño Pérez ocupó el cargo de director general de la Alcaldía de Barcelona (capital de Anzoátegui, municipio Simón Bolívar, en la costa noreste de Venezuela) a partir de 2013 y fue presidente de la empresa estatal Kamacuto, encargada por la municipalidad para ejecutar las obras del complejo turístico “Barcelona Caribe” o “La gran Barcelona”, proyecto que contemplaba la construcción de canales navegables, pero que no llegó a nada.

Este proyecto y la venta de terrenos municipales para su desarrollo turístico fueron llevados ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora, en julio de 2018. Presumían algunos diputados que en la venta de los ejidos municipales para el proyecto se  podían verificar actos de presunto lavado de dinero y corrupción. En el caso también estaría involucrada Inversiones Alfamaq de la familia Ceballos, al tratarse de la empresa encargada de ejecutar parte del proyecto.

La denuncia fue presentada en su momento por el entonces diputado del partido Primero Justicia (PJ) por el estado Anzoátegui, Richard Arteaga, quien hoy integra la llamada "fracción Clap" o grupo de Los Alacranes, como la opinión pública dio por llamar a los diputados que intercedieron ante autoridades internacionales en favor de Alex Saab, el principal factor comercial y presunto testaferro de Nicolás Maduro, y que luego protagonizaron una rebelión parlamentaria contra la dirección oficial opositora. Con los meses la denuncia fue desestimada, así como las demás investigaciones llevadas por el parlamento sobre Alejandro Ceballos Jiménez, líder de Alfamaq y del Grupo 7C (vinculadas con el Proyecto Guaire y con el desvío de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana que fueron depositados en una cuenta de Gazprombank en una sucursal en Líbano). 

Vínculos dorados

Las otras dos compañías que completan las nueve vinculadas a Luis Alberto Hernández ya se alejan del sector construcción y obras civiles. Una es, por supuesto, la mencionada Operadora Turística Humboldt 1956. Esta compañía tiene su contraparte en el estado de Florida, en Estados Unidos: Promotora HH 1956 Corp. Se trata de la receptora de los pagos en divisas que generan varias de las actividades del hotel Humboldt.

Hay que decir que entre sus accionistas no resaltan los mismos apellidos del entorno de la familia Ceballos, pero el agente registrador que hizo los trámites para crearla, Michael Ortiz, P.A., resulta conocido.

Es la misma firma que registró en Florida a Jesús & Yorky Productions INC, cuyo director era Alejandro Andrés Ceballos (el nombre de Jesús corresponde al del hermano menor de Alejandro, quien hasta 2018 exploró su faceta de cantante de reguetón y música urbana con Yorky). 

El agente también se encargó de hacer algunos trámites entre 2017 y 2018 del Grupo 7C Racing Stable Corp, otra de las compañías de la familia Ceballos, en este caso en Florida y dedicada a la compra de caballos purasangre para su competición en hipódromos como el Gulfstream Park en Hallandale Beach. En Venezuela su equivalente es el haras Urama, en el estado Yaracuy, donde cruzan y crían a los caballos de carrera enviados desde Florida y los entrenan para competir en La Rinconada, el hipódromo del sureste de Caracas, pues los Ceballos son también una familia aficionada al hipismo.

La otra compañía de Luis Alberto Hernández alejada de las obras civiles es Inversiones Aurum 19. Se trata de una de las tantas empresas que han llegado a los registros mercantiles del estado Bolívar, al sur de Venezuela, a partir del anuncio de creación del Arco Minero del Orinoco, proyecto extractivista anunciado por Nicolás Maduro en febrero de 2016. Inversiones Aurum 19 fue constituida en diciembre de ese año con el propósito de suscribir alianzas estratégicas con el Estado en actividades de explotación de oro y demás minerales estratégicos.

El perfil de la empresa resulta llamativo si se toman en consideración los vínculos familiares de sus accionistas (Luis Alberto Hernández y su hermano, Luis Enrique) y la presencia que ya ha tenido la familia Ceballos en la zona minera del estado Bolívar.

En una reciente investigación publicada por Armando.info con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como parte de la filtración de los llamados FinCEN Files, se reveló que en 2016, justo tras la entrada en vigencia del Arco Minero del Orinoco, Alejandro Ceballos Jiménez se acercó a la canadiense Gold Reserve, interesado en invertir en ella. Compró 10% de las acciones en mayo de ese año y tres meses después la canadiense regresaría formalmente a Venezuela (había sido expulsada por Hugo Chávez en 2009, tras dar por terminada la concesión) al firmar acuerdo con el gobierno venezolano para la explotación aurífera al sur de Bolívar, una zona conocida por ellos desde principios de 1990, cuando llegaron a Las Claritas. La firma de esa alianza estratégica con la administración de Nicolás Maduro fue motivo de celebración en Caracas, en la residencia de la familia Ceballos en Alto Hatillo, con los representantes de Gold Reserve entre los invitados. 

De tal palo

Alejandro Andrés Ceballos se ha labrado un camino en el sector empresarial al igual que su padre, pero con mucha más discreción y sin apariciones públicas. Además de ser accionista de Inversiones Alfamaq, es el socio principal de Proyectos y Construcciones 1128, con la que ha participado en obras estatales de casi los mismos entes a los que le ha trabajado Alfamaq: la Fundación de Edificaciones y Desarrollos Educativos (FEDE), los ministerios de Vivienda y Ambiente, el Gobierno del Distrito Capital (para la recuperación de escuelas), la Fundación Che Guevara y Fundación Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Una transacción calificada como sospechosa por la unidad de inteligencia financiera (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington DC, que involucró a la Fundación Che Guevara y a Petróleos de Venezuela (PDVSA), puso a la familia Ceballos, particularmente a padre e hijo, bajo la lupa del sistema financiero estadounidense.

Se trataba del proyecto de Misión Vivienda Colinas de San Francisco de Yare, un complejo de 1.540 apartamentos que sería construido por Pdvsa. Sarleaf Company, empresa de la familia Ceballos en Londres, fue la seleccionada para ejecutar las obras pero esta, a su vez, subcontrató a Inversiones Alfamaq, quedando todo como un rulo en los negocios familiares. La jugada enrevesada, así como el origen y destino de los fondos públicos venezolanos fue vista con reticencia por las autoridades de la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo (BES), pues la cuenta bancaria a nombre de Sarleaf Company fue abierta como fondo de inversión familiar y para recibir transacciones de la Fundación Che Guevara, no de la estatal petrolera venezolana.

Al final el reporte de actividades sospechosas involucró un monto de unos 262 millones de dólares, por presentar transacciones bancarias atípicas como movimientos entrantes y salientes apenas se recibían los fondos, envíos a países de alto riesgo como Suiza, envíos de pequeños montos a cuentas personales de la familia y en particular 44 millones de dólares a cuentas de dos empresas de Alejandro Andrés Ceballos: 22 millones tuvieron como destino Sidon Enterprise, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y el resto a una entidad panameña con cuenta bancaria en Suiza, Wexford Services, dedicada a la importación y exportación de productos para el sector construcción. Finalmente la cuenta bancaria de Sarleaf Company en el BES fue cerrada en enero de 2014, un año y cuatro meses después de haber sido activada.

En aquel momento, Alejandro Ceballos, hijo, no respondió la solicitud de entrevista enviada por Armando.info y el ICIJ; como tampoco lo ha hecho para este reportaje. Sus negocios se extienden a empresas que no han tenido la necesidad de ofrecer sus servicios al Estado venezolano, como Aero Global Corp, que se dedica a la gestión y contratación de vuelos chárter; El nido del halcón, ubicada en un sector de El Hatillo del mismo nombre, con helipuerto incluido, y creada con el propósito de organizar actividades de arte y entretenimiento; una compañía de actividades inmobiliarias llamada Inversiones Faluel 1507 (el accionista mayoritario es Proyectos y Construcciones 1128, también de Ceballos hijo); y otra que desarrolla proyectos de ingeniería civil llamada Constructora Menecon 2013.

Aunque el trabajo de Inversiones Alfamaq fue escrutado en 2015 por el “Cuerpo de Inspectores Socialistas” adscrito a la Vicepresidencia de la República, por el mismo proyecto de San Francisco de Yare que llegó al Departamento del Tesoro estadounidense, las conclusiones que advertían el sobreprecio de la obra y de la irregularidad del pago en divisas de un contrato ejecutado por una empresa venezolana con empleados venezolanos no impidieron que Alfamaq avanzara en la construcción del nuevo teleférico al litoral.

Este es otro proyecto colosal que en un principio se ejecutaría con la participación de la brasileña de construcción de infraestructura Odebrecht y la austríaca Doppelmayr, líder en el mercado global de sistemas teleféricos; al final quedó en manos de Doppelmayr y Alfamaq. La empresa de la familia Ceballos está encargada de ejecutar 87,5% del contrato de las obras civiles del nuevo sistema de teleférico hacia La Guaira en todos sus tramos y no solo hasta la estación El Cojo en Macuto, frente a las playas del Litoral, pues incluye el teleférico de servicios llamado El Aguilucho, entre la estación Maripérez y el Ávila (estación Warairarepano); el teleférico Warairarepano-Hotel Humboldt (como existió en el proyecto original de Tomás Sanabria) y el teleférico Warairarepano-El Irón.

Desde que Alfamaq se sumó al proyecto en 2014, ha recibido desembolsos equivalentes al 60% del anticipo del contrato de las obras civiles, unos 166,8 millones de dólares del llamado “componente nacional” (en bolívares 1.048.779.181 en ese año 2014) más 26,7 millones de euros. Recientemente, entre 2018 y 2019, recibió 7,5 millones de euros adicionales. En total unos 207 millones de dólares de inversión que se traducen en un pobre avance del 35% de las obras civiles del sistema teleférico, según trabajadores de la obra, y apenas 40% de la estación El Cojo, de la época de Pérez Jiménez, remodelada. Euros que por cierto ha recibido Sarleaf, la empresa familiar de los Ceballos, según registros del propio Fonden.

La austríaca Doppelmayr, que debe ejecutar el restante 12,5% del contrato (básicamente asesorías técnicas en el contrato de obras civiles, pese a tener la experticia sobre teleféricos, a diferencia de Alfamaq), ha recibido otros seis millones de dólares (4,8 millones de euros) en el mismo período. 

Un saco roto al que han llegado millones en monedas extranjeras pero donde los ganadores han sido Alfamaq y la familia Ceballos. Desde el teleférico actualmente en servicio, en la ruta que sube de Maripérez al Ávila, es posible ver las bases de las torres del futuro sistema, abandonadas en lo agreste, como abandonado luce el campamento de las obras del teleférico de servicio, llamado El Aguilucho.

Los sultanes del Ávila

Pero no es solo construir uno nuevo. También los Ceballos quieren administrar el teleférico caraqueño.

Eso se desprende del borrador de un contrato de alianza comercial redactado a finales de 2020 y que ha estado sujeto a discusiones recientes en el Centro Internacional de Inversión Productiva.

Se trata de una instancia creada en octubre del año pasado, adscrita a la Vicepresidencia, con el propósito de revisar y aprobar los proyectos de inversión en el marco de la Ley Antibloqueo, así como de estudiar y hacer seguimiento a las “medidas coercitivas unilaterales” y demás medidas restrictivas o punitivas contra la República, para diseñar políticas públicas que puedan contrarrestarlas, detalla la Gaceta Oficial donde se publicó el decreto correspondiente. Otra de sus atribuciones es “promover proyectos orientados a incrementar el flujo de divisas hacia la economía” e impulsar la “marca país” como estrategia para promover inversiones. El presidente designado para el Centro fue Héctor Silva Hernández, quien venía de dirigir el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y de ser viceministro de Comercio Exterior.

La aprobación de la llamada Ley Antibloqueo, por su parte, fue uno de los últimos actos de la extinta e írrita Asamblea Nacional Constituyente, designada por el oficialismo en 2017 tras un simulacro de elecciones rechazado por la comunidad internacional. El instrumento legal tiene por objetivo declarado el de “contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados”,  autorizar la suscripción de “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para proteger el patrimonio”, y actuar bajo un manto opacidad según de desprende se uno de sus artículos que establece la implementación de un “régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”.

De acuerdo con el borrador de contrato, que por parte del Estado involucra a Venezolana de Teleféricos (Ventel, encargada de la operatividad del sistema), y por los privados a la Operadora Turística Humboldt 1956, esta última plantea servir de “aliado comercial” en la “rehabilitación, administración, operación y comercialización del teleférico Warairarepano”, una propuesta muy amplia que incluye todo el sistema teleférico de Maripérez hasta la cima de la montaña. En detalle: la estación terminal de Maripérez con el estacionamiento, oficinas, centro de acopio; el sistema teleférico; la estación terminal Ávila con las oficinas, dormitorios y área de Misión Nevado; los salones de eventos y pista de patinaje sobre hielo; las caminerías, áreas comerciales y de servicios que comprenden la zona entre la estación Ávila y el Hotel Humboldt.

La empresa argumenta tener la experiencia y los recursos financieros necesarios para el reimpulso y reactivación del proyecto, considerando “lo complejo que se torna para el Estado venezolano la puesta en marcha de la operación del teleférico Warairarepano, en momentos en que los ingresos de divisas al país se han visto mermados por la caída de los precios del petróleo”, por lo que se hace necesario recurrir a la inversión privada para el mantenimiento y recuperación. Además establece que la alianza tendrá una vigencia de 30 años prorrogables. Al momento de la firma del acuerdo, Ventel tendría que hacer entrega de todo el sistema.   

Ninguno de los accionistas de Operadora Turística Humboldt 1956, Luis Hernández y Roberto Meinhardt, quienes suscriben el borrador del contrato, respondieron a la solicitud de información enviada por Armando.info para este reportaje. Tampoco fue posible hablar con alguno de ellos vía telefónica, aunque en un primer intento la llamada fue atendida por un representante de la empresa con disposición a canalizar la solicitud, pero que luego dejó de atender las llamadas.

Por trascendidos se sabe que las conversaciones para la eventual aprobación de esta alianza han transcurrido con lentitud y sin alcanzar acuerdos hasta ahora. Pero eso no ha sido obstáculo para que en la cima de El Ávila los hechos se consumaran.

Los comerciantes que regentan puestos en el bulevar que va de la estación del teleférico al hotel, dan por cierto que son los operadores del Humboldt quienes ahora mismo llevan a cabo las obras de remodelación de la pista de patinaje sobre hielo y de una parte de la terminal. Por esas obras, en la actualidad el acceso a la estación se hace por la puerta trasera, pues el parque teleférico se mantiene activo en las semanas de flexibilización por la pandemia de la Covid-19, operando desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y, en el caso del Humboldt, el teleférico se mantiene activo toda la noche hasta las tres de la madrugada, hora de cierre del casino.

Y en las visitas guiadas al Humboldt se asoma que, efectivamente, la Operadora Turística Humboldt 1956 se apresta a la reactivación de la pista de patinaje sobre hielo. Será otro paso en la conquista del hotel, muestra de la arquitectura moderna en Venezuela, declarada bien de interés cultural en 2009, así como de todo el complejo y de la cumbre del cerro El Ávila, símbolo de caraqueñidad, por parte de la familia Ceballos.

Para esa Andorra enclavada en los Pirineos, entre España y Francia, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero dejó de hacerlo en enero de este año, el lejano país caribeño se ha convertido en una piedra en el zapato. Si ya la invitación a Maduro despertó una polémica que amenazaba con empañar el cónclave presidencial trasatlántico, la cizaña venezolana promete más incomodidades ante la postergación, constante y cada vez más difícil de disimular, del juicio a 28 venezolanos -funcionarios altos y medios de la administración de Hugo Chávez- que movieron a través de Andorra al menos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2015.

El juicio se derivó del escándalo de BPA (Banca Privada d'Andorra en catalán, el idioma oficial del Principado; Banca Privada de Andorra en castellano), una de las dos mayores entidades financieras del país, minúsculo en área geográfica pero importante como estación de paso o de asilo para capitales tránsfugas. En 2015 el Departamento del Tesoro sancionó a BPA y le prohibió seguir haciendo negocios con el sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, con el dólar. La medida era respuesta, dijeron las autoridades norteamericanas, a las evidencias de que en el banco se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Rusia, China y Venezuela.

Desde luego, el castigo de Washington significaba una sentencia de muerte para una operación de servicios financieros y offshore. Al colapso de BPA y de su marca en España, el Banco Madrid, siguió la apertura de averiguaciones y juicios a los responsables de la entidad y, en simultáneo, a los personeros venezolanos que le habían confiado sus dineros negros. Esa secuencia de naipes en caída, cubierta entonces con fruición por medios locales e internacionales, dejó la impresión de que la justicia había quedado servida.

Pero no fue así. De hecho, en 2021 no solo no hay personas condenadas por esos delitos presuntos. El juicio está paralizado en la práctica.

Los ingredientes de esta ralentización son los habituales: presiones políticas y tecnicismos judiciales que mantienen a los criminales de cuello blanco apenas señalados, pero no tras las rejas y menos con condenas. Siendo el principado un país tan pequeño (460 kilómetros cuadrados que albergan a 85.000 personas) no hace falta ser un potentado para desestabilizar un sistema judicial con personal limitado y que desde hace poco trata de actualizarse en cómo procesar delitos relacionados al ámbito financiero. Por ejemplo, apenas en 2017 se incluyó la evasión de impuestos como un delito fiscal y otras actualizaciones legales en torno al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

El gobierno andorrano reaccionó en 2015 interviniendo la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establecía la ejecución de prácticas corruptas por parte de funcionarios de la entidad y cuyos “débiles controles han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.

El documento tuvo los efectos de un bombazo y enseguida se conocieron decenas de cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron millones de dólares de personajes como el comerciante de contrabandos de origen chino, Gao Ping, o uno de los operadores económicos de la mafia rusa, Andrei Petrov. Sin embargo, el impacto de estos palideció ante los 2.000 millones de dólares que desde 2006 movilizaron a través de BPA una red de casi una treintena de personas, entre funcionarios de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), viceministros y empresarios amparados por el gobierno de Hugo Chávez, a través de un entramado de empresas de maletín.

Con ello se descorrió la cortina que hasta entonces encubría nombres como los de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos o Javier Alvarado. También quedó al descampado su modus operandi, descrito de la manera siguiente por la jueza andorrana Canolic Mingorance en las “diligencias previas” o investigación preliminar, número 4103434/2012, sobre la que se establecieron las responsabilidades de los señalados: “Se trata, principalmente, de facilitadores de negocio del sector de asesoría energética y los seguros vinculados en aquel momento a los círculos del poder político de su país. Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de Pdvsa como Corpoelec y Electricidad de Caracas. En la práctica su contratación se convierte imprescindible para conseguir las adjudicaciones y garantizar el cobro a las empresas extranjeras que operaban en el sector energético venezolano”.

Los aludidos justificaban el ingreso de millones en sus cuentas con escuetas facturas -a veces ninguna- emitidas por alguna de las 35 empresas de maletín que se crearon en torno a esta trama, que servían como emisores y receptores de dinero que transitaba por cuentas abiertas en BPA de familiares, esposas, amantes y empleados de los principales señalados que suman, en total, 28 venezolanos. A la mayoría se les acusa según los artículos 409 y 410 del Código Penal de Andorra, que establecen el “delito mayor de blanqueo de dinero” y penas que van de los tres a ocho años de prisión y multas hasta por el triple del valor identificado como “lavado”.

Además de la tardanza en impartir justicia, la parálisis de la causa aleja todavía más la posibilidad, ya escasa de antemano, de recuperar los activos incautados, muy condicionada por la falta de un acuerdo de repatriación de capitales entre Andorra y Venezuela.

Un proceso vulnerable

Al estallar el escándalo, la justicia del Principado tomó unas primeras previsiones clave: congelación de los activos, órdenes de detención para los andorranos involucrados y toma de declaraciones a los venezolanos. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso judicial destacan que, por efecto del tiempo que transcurre y las acciones de los abogados de los señalados, la presión de estas medidas ha aflojado de manera notoria. Una muestra: aunque en 2018 se emitieron once órdenes internacionales de captura a través Interpol por esta causa, ninguna de estas órdenes ha producido efecto a largo plazo.

Solo uno de los personajes más llamativos y que concentró más recursos, Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, permanece bajo arresto, pero en Venezuela. Del resto de los solicitados con orden de captura, llegaron a quedar detenidos por un tiempo Mariela Matheus, supervisora de pagos de Pdvsa, lo mismo que otro supuesto pariente de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires. Hoy ambos están en libertad condicional.

Sobre los imputados andorranos, empleados de BPA que en principio estuvieron detenidos, hoy también están libres pero con medidas cautelares.

Las indagaciones a BPA y su cartera de clientes venezolanos comenzaron mucho antes de la intervención del banco en 2015. Por eso la venezolana, aunque compleja, profusa en pistas, nombres y relaciones, es la única causa que ha completado la fase de investigación.

Desde 2010 las autoridades antilavado del Principado habían identificado a un grupo de venezolanos -con el comisario antidrogas y director de criminalística, Norman Puerta, a la cabeza- que abrieron cuentas sospechosas en BPA a través de una sucursal instalada en Venezuela y que trabajaba directamente con otra sucursal de ese banco en Panamá, BPA Serveis.

De esta primera investigación se logró la detención temporal de Puerta, pero no mucho más. Incluso en 2013 el tribunal que conocía la causa, en contra de lo solicitado por los fiscales acusadores, ordenó descongelar algunos fondos de los implicados venezolanos “por falta de pruebas”. Las solicitudes de información, o rogatorias, hechas a Venezuela por parte del Tribunal de las Cortes andorrano no fueron debidamente respondidas desde Caracas por la Fiscalía, entonces capitaneada por Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Sin embargo, aquellos hallazgos llevaron a profundizar las investigaciones y esa causa se “acumuló” -se añadió, según el argot judicial- a la actual, en la que los protagonistas son los funcionarios y socios antes mencionados de Pdvsa y Corpoelec. Hoy día se detallan operaciones tan claras como, por ejemplo, que en un solo día de septiembre de 2010, la empresa Highland Assets -de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello- recibió en cinco pagos una transferencia total de 50 millones de dólares por sus servicios de “consultoría y asistencia técnica”.

A pesar de esa antelación y tras más de una década, la única fase completada del proceso judicial venezolano que se lleva a cabo en Andorra es todavía la de investigación. La dificultad para hacer declarar personalmente en el Principado a los involucrados ha sido uno de los elementos que ha pesado para el arranque formal del juicio, cuya preparación ha pasado además por varios entuertos judiciales hábilmente manejados, y hasta propiciados, por los abogados defensores de los acusados, tanto andorranos como extranjeros, entre estos últimos, los venezolanos.

El frenazo más llamativo aplicado al proceso ocurrió a finales de 2018, cuando el abogado defensor, Josep Anton Silvestre, recusó al presidente de la sala del Tribunal de Cortes, Josep María Pijuan, apuntado entonces como quien llevaría la batuta del proceso judicial. Pijuan había hecho público su disgusto por las constantes dilaciones planteadas por los defensores (fuentes cercanas al juicio aseguran que Silvestre ha impulsado al menos 30 acciones o recusaciones contra miembros de la corte, de todo tipo y rango), algo que estos consideraron como una predisposición en su contra que podría afectar a sus defendidos y, a la postre, lograron sacarlo del cargo.

Pasó un año hasta que un nuevo presidente de la corte fue nombrado para reanudar el juicio que verá todas las causas. Pero tal reinicio, fijado para el 16 de septiembre de 2019, apenas avanzó entre diferentes traspiés, como el fallecimiento de una de acusadora privada -que acompañaba al Estado andorrano- en una de las causas y una nueva recusación, emprendida otra vez por el abogado Silvestre contra los fiscales que llevan el caso, Alfonso Abarca y Borja Aguado, a quienes señalaron de promover modificaciones en las leyes andorranas para incorporar nuevas pruebas al juicio.

El Tribunal Constitucional de Andorra señaló que no pueden incorporarse nuevas pruebas y, sin remover a los fiscales, el juicio retomó su paquidérmico paso hasta enero de 2020, cuando se extendieron hasta abril de ese año las consideraciones de las “cuestiones previas” o elementos a tomar en cuenta para pasar formalmente a juicio. La pandemia le puso una pausa permanente al proceso hasta la fecha.

Armando.info envió comunicaciones a varios abogados defensores -incluyendo el bufete de Silvestre- solicitando su punto de vista sobre el proceso judicial y, aunque respondieron a una comunicación preliminar, hasta la publicación de este reportaje no habían respondido las preguntas.

Hasta el año que viene

Además de las zancadillas procesales, la política también hace sentir su lastre en el juicio contra BPA.

Tan pronto como en 2016 los presidentes de BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, introdujeron una demanda contra funcionarios del gobierno español a los que acusan de haber amenazado y coaccionado a empleados del banco para lograr obtener información sobre las cuentas en la entidad -y su filial en España, el Banco Madrid- de la familia de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat (el máximo cargo político del Govern de la comunidad autónoma de Cataluña, su jefe de gobierno desde 1980 a 2013) y uno de los impulsores más abiertos del movimiento independentista catalán.

El planteamiento de fondo en el litigio es que hubo, de acuerdo a los demandantes, una confabulación de carácter casi extorsivo de parte del gobierno español de la época -entonces presidido por el dirigente del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy-, apuntalado con denuncias de la unidad de delitos financieros, la FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense, para empujar al gobierno andorrano a intervenir BPA so pena de que, en caso contrario, resultara perjudicado todo el sistema bancario del Principado.

A finales del año pasado y sobre esa misma base, dos organizaciones no gubernamentales locales -el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la agrupación Dréts (Derechos, en catalán)- ampliaron la querella introduciendo una demanda contra el expresidente español Mariano Rajoy y el exministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, por supuestamente haber coaccionado en 2015 al presidente andorrano Antoni Martí y a tres de sus ministros para intervenir a BPA bajo la misma amenaza.

Esta acción de las ONG, aunque iniciada en 2019, se ha convertido en el otro gran frenazo al juicio, pues se considera que se debe decidir sobre esto antes de continuar. Y todavía más: el asunto, una vez dirimido, podría hasta conseguir la anulación del proceso. “Si se llegara a admitir que la información sobre las cuentas de BPA fue obtenida a través de amenazas o coacciones, se pone en peligro la veracidad misma de las pruebas y, con ello se podría anular totalmente el juicio”, señala una fuente cercana al proceso. “La consecuencia inmediata sería que se levantarían todas las medidas contra los señalados y se descongelarían todos los activos”.

Armando.info refirió algunas preguntas a la presidenta de la IDHA, Elisa Muxella Molins, pero al momento de cierre del presente texto no se había recibido respuesta.

A pesar de esa amenaza que pende desde hace ya dos años, para muchos es difícil pensar que una acción como esta pueda dar al traste con esta causa tan relevante, cuya investigación suma más de 320 “piezas” o bloques de documentos que dejan claro cómo operaron durante años tanto la trama venezolana como las conexiones y tapaderas de la BPA con la mafia rusa, capitales dudosos de China y también relacionados con los políticos dirigentes del movimiento independentista catalán.

Así como la presión para acabar con la causa es intensa, los elementos hallados todavía empujan al sistema judicial andorrano a perseverar. Profesionales de los tribunales andorranos cercanos a la causa tienen fe en que el juicio continuará, pero advierten que entre la pandemia, las vacaciones de verano y la acción incoada por el IDHA, ya no será este año. Un respiro para los delincuentes de cuello blanco venezolanos que esperan que, gracias al tiempo y a sus recursos, se anule la potencia del arsenal probatorio en su contra.