A la opinión pública

¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.

Un empleado del centenario banco portugués fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución -colapsaría en 2014- pero solo a cambio de jugosas coimas. Hoy João Alexandre Silva se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en un opulento refugio emiratí, amparado por sus inversiones, por la falta de un tratado de extradición y por la renuencia displicente de las autoridades de la nación árabe.

Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños de otra gran fortuna en Venezuela– decidieron hacer una inversión excéntrica en Italia comprando un pueblo medieval con castillo incluido. Algunos de ellos, sin embargo, fueron más allá y explotaron minas de oro en ese país europeo dejando más penas que glorias con esos emprendimientos, que quedaron entre el olvido y un gran daño ambiental.

Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la isla de Santiago, el empresario colombiano pasa las horas en un lujoso townhouse en la isla de Sal, meca del turismo del archipiélago, que cumple el papel de hogar para la medida de prisión domiciliaria concedida al contratista preferido de Nicolás Maduro. Al resort playero Vila Verde, con villas, centro comercial y caminerías, llegó tras meses de reclusión en el penitenciario de Terra Boa.

Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.

El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.

En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.

Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.

Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.

Controla con mano de hierro el municipio insular Almirante Padilla, una región remota pero estratégica sobre la barra del Lago de Maracaibo. Fue constituyente del chavismo. Con todo eso, la carrera política de Alberto Sobalvarro, apadrinada entre otros por un exgobernador de Zulia, luce apenas como una distracción frente a su vida de empresario, al mando de un conglomerado que se extiende por el Caribe e importa marcas de cigarrillos que incluyen algunas de la dudosa tabacalera paraguaya del expresidente Horacio Cartes.