A la opinión pública

A veces solo como testigos, pero casi siempre como víctimas o contrincantes, diversas etnias indígenas han presenciado en sus territorios el avance sostenido de grupos armados como el ELN y las facciones de las FARC. Sus denuncias tempranas, que debieron servir como advertencias, consiguieron de forma esporádica la atención nacional. Apenas ahora, cuando esas fuerzas irregulares controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del estado, se hace evidente que los guerrilleros se proponían completar una verdadera ocupación.

Cinco años después del llamado Radiocidio, la libertad es una especie en extinción en las ondas hertzianas de la República Bolivariana. Conatel cerró más de 30 emisoras el 1 de agosto de 2009 y suavizó esos espacios con aliados o contenidos asépticos y hasta religiosos. Esta es la segunda pieza que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) publica como parte de una investigación que presenta como “Propietarios de la censura en Venezuela”.

Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.

Ni siquiera una orden de desalojo presidencial ha podido acabar con la invasión a la Reserva Forestal Caparo, en Barinas, donde al menos 300 personas entraron a comienzos de este año y han arrasado con el bosque y los animales de la zona. Científicos advierten que los ocupantes podrían dañar irreversiblemente el área en unos cuatro años mientras los campesinos de pueblos cercanos aseguran que grupos irregulares y la alcaldesa del municipio Zamora se cuentan entre los beneficiados de esa explotación

Los cujíes lloran de dolor en el hábitat semiárido del Parque Nacional Cerro Saroche, entre Barquisimeto y Carora. También las veras y los curaríes. A todas estas especies arbóreas las está extinguiendo la voracidad comercial por sus maderas. Con el ojo puesto en un negocio de exportación, desde 2021 el oficialismo no solo impulsa, sino que también participa en su tala indiscriminada y procesamiento que busca suplir la demanda global de combustibles para cocinar al aire libre. Una empresa mixta, Carbonera El Obelisco, es punta de lanza en este boom ecocida.

A Edgar Marval, uno de los 10 estadounidenses canjeados por Alex Saab, le apagaron cigarros en la espalda y le sometieron a descargas eléctricas. Más allá de las torturas, su historia abre una oportunidad inédita para trazar la ruta del oro, que conecta el contrabando de Guayana con redes internacionales que han lavado más de 3.000 millones de dólares en cargamentos que llegaron incluso hasta la suiza Argor, la refinería más grande del mundo

Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.

El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros

El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años

Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.