Las mismas caras se hacen pasar por representantes de la trasnacional Glencore ante la industria básica del aluminio, y, al mismo tiempo, de empresas nacionales. Cambiando de sombreros consiguen duplicar oportunidades de negocios y hasta mercancía a precios de dólar oficial.
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Glencore, uno de los gigantes globales de las materias primas, compra aluminio venezolano en dólares pero también en bolívares, a la tasa de cambio oficial, la más favorable. ¿Cómo lo logra? A través de sus representantes en Venezuela que, al tiempo que se reservan la mayor porción de los cargamentos que salen de Guayana directamente al mercado externo, también se llevan una tajada de los cupos que por ley el Gobierno está obligado a despachar –a precios de dólar regulado– solo a empresas registradas dentro del territorio nacional.
Como representantes de Glencore en Venezuela aparecen personeros de otras firmas privadas que le compran a Bauxilum, Venalum y Alcasa, entre las industrias básicas del Estado que actúan en el sector. Es así como los directores de las empresas venezolanas Extrudal, Trefymaca, Alambres del Yaracuy y Armco son los mismos empresarios que hace tres años renovaron, a nombre de la trasnacional suiza, los leoninos contratos a futuro que negociaron por adelantado la producción de aluminio de los últimos años
Son incluso los mismos de la compañía Alloys Metals, cuyo nombre quedó fichado hace cuatro años por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que frustraran un contrabando de 2.063 toneladas que estaba listo para zarpar en las narices de los trabajadores del muelle de Palúa, la puerta de embarque que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene sobre el río Orinoco.
Fue el 23 de marzo de 2009. El Estado aparta para suministrar a las empresas nacionales un porcentaje de su producción de aluminio para que lo transformen y generen así lo que en la industria llaman un desarrollo aguas abajo. Pero ese día se embarcaron de manera irregular, listas para salir, los despachos de varias empresas, entre ellas Alloys Metals. Su nombre quedó registrado en las actas de la investigación nunca concluida por la Fiscalía Tercera del estado Bolívar, así como en las declaraciones de funcionarios que entonces prometían llegar “hasta el final”.
Venalum rescindió el contrato de las 7.700 toneladas de aluminio que en 2009 había reservado para Alloys Metals pero, al final, la empresa continuó en la cartera de clientes de la Corporación Venezolana de Guayana con el nombre Autana Aluminio, según consta en el expediente 30.910 que reposa en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar.
El nombre de Glencore genera controversia desde que acapara las exportaciones de aluminio junto con Noble Resources. "Hipotecaron la industria", decía ya en 2010 el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias. "Nos preocupan el monopolio y los sobreprecios que pueda haber en estos negociados", añadía José Luis Morocoima desde el sindicato de Bauxilum. En sintonía con ellos, la entonces diputada por el estado Bolívar, Pastora Medina, advertía que “se está privilegiando a empresas sin ningún tipo de licitación".
Al fallecido presidente Hugo Chávez una vez le tocó probar una cucharada de la indignación local contra Glencore cuando, el 16 de mayo de 2010, durante una asamblea obrera transmitida en cadena nacional de radio y TV para juramentar a los presidentes-trabajadores del llamado régimen de Control Obrero sobre las industrias básicas, desde el público se dejó escuchar la consigna: “¡Fuera Glencore!”.
Glencore no es nuevo ni en la zona ni en la industria. Pero que durante los tormentosos años del chavismo y en medio de la animadversión de la comunidad obrera, haya prosperado con tanto éxito en Guayana y se llevara los mejores contratos con el Estado, debe ser un punto a favor de sus representantes. Una muestra de su habilidad aflora al cruzar la data que hay en el sistema SAP de la CVG con el Registro Nacional de Contratistas y los archivos físicos de los registros mercantiles de Barquisimeto, San Felipe, Puerto Ordaz, Valencia y Caracas: los representantes de Glencore se las han arreglado para aparecer también como accionistas de empresas nacionales que actúan en el mercado interno del aluminio.
Está, por ejemplo, la compañía ACBL de Venezuela. La especialidad de ACBL es el transporte fluvial con gabarras, barcazas y remolcadores. ACBL es también la empresa que en 2012 recibió de Bauxilum un cargamento de bauxita cotizado a un precio 66 por ciento menor al precio con que la estatal venezolana lo había comprado en el mercado externo. Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, tiene su sede en la misma oficina 602 de la Torre Las Mercedes de Chuao, Municipio Baruta, Caracas, donde los representantes de Glencore en Venezuela establecieron su casa de representaciones con el nombre de Palmat.
Desde el mismo edificio, unos pisos más arriba, despachaban el exministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, quien firmó los contratos a futuro, y su sucesor, José El Chino Khan, máximo responsable de las empresas básicas antes de salir al Banco Central de Venezuela (BCV) y llegar, por ahora, a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
En la junta directiva de ACBL de Venezuela destaca el nombre de un empresario argentino-venezolano, Roberto Wellisch. Wellisch y Palmat estuvieron en el mismísimo ojo del huracán durante las investigaciones de prensa que hace tres años se iniciaron cuando el exembajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, los nombró como parte de una red de tráfico de influencias que, como un peaje, cobraba comisiones de hasta 15 por ciento en los negocios binacionales que se pactaran entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires.
Wellisch, el directivo de ACBL de Venezuela, pasa por una puerta giratoria y aparece como Wellisch, el representante de Glencore. Pero también Wellisch puede hacer el número de accionista en Trefymaca, Alambres del Yaracuy o Armco. En cada rol impulsa y supervisa un carrusel retroalimentado de permanentes ganancias para Glencore y su propio entorno.
El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, solicitó el 20 de agosto reciente ante la Fiscalía General de la República una investigación de los contratos de Glencore; el 5 de septiembre volvió a consignar una serie de memorandos que insisten en el tema, y apenas hace unos días consiguió que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se comprometiera a voltear la mirada a Venalum y sus irregularidades.
Ninguno de los contratos de venta a futuro con Glencore pasó en su momento por el filtro de la Procuraduría General de la República, como tampoco por los canales de la Asamblea Nacional. Ni siquiera hubo una convocatoria pública; entre sus enunciados incluso colaban cláusulas de confidencialidad.
El intermediario de materias primas más grande del mundo ha sido blanco de la prensa mundial desde que sus socios fueron acusados en Estados Unidos por fraude fiscal. “Desconocida, multimillonaria y controvertida: así es Glencore”, tituló BBC Mundo una nota que pasaba revista a la serie de señalamientos por corrupción, delitos contra el medio ambiente y evasión de impuestos ligados a los negocios que sostiene en países donde compran desde trigo hasta petróleo.
Tiene activos en 30 países. Una suerte de potencia mundial de la que hay más preguntas que respuestas, advertía el diario ABC de España en 2011. “Imaginen un país invisible, que no sale en los mapas, y que controla el 50% del mercado mundial de cobre”, comenzaba la nota del diario madrileño, con la firma de Javier Tahiri. “Que cuenta con un PIB de 145.000 millones de dólares, cercano al de Marruecos, por el que pasa el 10% del trigo global y casi el 25% de la cebada, el girasol y la colza de todo el mundo. Un ente sin fronteras que influye de forma notable sobre el precio de las materias primas y que aún así vive en el limbo de lo desconocido para la gran mayoría de la opinión pública. Ese país existe: se llama Glencore”.
La trasnacional suiza ha tenido impases en todo el mundo: desde Estados Unidos, donde ha sido acusada de estrechar vínculos comerciales con Irán, hasta en Bolivia, donde el presidente Evo Morales la azotó con su política de expropiaciones. Pero en Venezuela, hasta nuevo aviso, las cosas le han salido mejor. Opera a cancha abierta. Y se da el lujo de pagar tanto en dólares como en bolívares.
Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas
Lea acá la primera entrega de la serie: "Guayana, el feudo de Glencore"
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Los documentos internos del despacho de abogados revelan que Glencore, una empresa comercial de petróleo, minerales y cereales, llevó a cabo transacciones secretas y prestó millones de dólares a un socio de negocios de alto riesgo.
El manejo de la crisis eléctrica que atraviesa el país sudamericano tiene dos precedentes: 2003 y 2010. Entonces el gobierno del presidente Hugo Chávez se resistió a racionar a gran escala hasta último minuto, agotando las reservas de agua del embalse de Guri, en el suroriente del país. En 2016 la historia se repite, pero con mayor intensidad: la cota de la represa es la más baja de los últimos 20 años y se encuentra en niveles de emergencia. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, intenta maniobrar hasta que lleguen las lluvias, mientras queda en evidencia el vacío técnico que dejó la eliminación de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados.
A las precarias condiciones de vida se suma también la tragedia de que el territorio donde se asientan, en la salida hacia el mar Atlántico, es una de las rutas utilizadas para transportar drogas. Los grandes traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la franqueza de muchos de ellos para ofrecérselos como carnada a la policía, que, mientras tanto, no puede evitar el paso de grandes cargamentos. En un año, 50 indígenas han sido procesados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de gasolina. Esta es la historia de una costumbre.
La resistencia aborigen que se celebra el 12 de octubre tiene desde hace cuatro años una nueva expresión en Musukpa, a orillas del río Paragua, estado Bolívar. Nativos de diversas etnias, con los pemones a la cabeza, se organizaron para desarmar a las fuerzas militares y hacer frente a bandas criminales que pretenden controlar los yacimientos de oro de la zona, que hoy es prácticamente territorio liberado. Pero no una utopía.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
