La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
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En la imagen de 2017, preside la mesa de reuniones el hoy coronel Antonio José Pérez Suárez quien, observado por los otros militares sentados a su derecha, habla mirando hacia un lado de la cámara. Al fondo se ven gigantografías de Hugo Chávez, del rostro de Bolívar recreado por el chavismo y de Nicolás Maduro.
En segundo plano, sentado en la esquina inferior de la mesa, y vistiendo chemise azul y zapatos deportivos, destaca otro oficial que sostiene una mirada escrutadora sobre su compañero de armas. Se trata de Igbert Marín Chaparro, militar de la misma promoción que el orador y quien, también en 2023, lleva casi cinco años preso en la temida sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, un lugar conocido por las brutales torturas y otros malos tratos que padecen los detenidos.
La foto podría haberse convertido en una gigantografía por sí misma, con propósito de escarmiento para potenciales disidentes. Tomada un año antes de la detención de Marín, aleccionaría sobre cómo la caída en desgracia puede alcanzar a cualquiera, a semejanza de las imágenes del periodo estalinista de la extinta Unión Soviética en las que los disidentes del partido (o del dictador, que no siempre son lo mismo) eran borrados de las gráficas oficiales.
Por un tiempo, Pérez Suárez y Marín Chaparro pasaron a representar las dos caras de la moneda, no solo de su promoción, sino de la institución armada y hasta de Venezuela. Una bifurcación que traspasa los cuarteles y se extiende por el país. La imagen refleja los destinos opuestos que transitan los que la revolución etiqueta como “leales” o “traidores”.
Pérez Suárez, número 114 en el escalafón académico entre un total de 158 miembros de su promoción, estuvo considerado hasta hace poco -acaba de ser defenestrado- como uno de los hombres más poderosos dentro de la petrolera estatal Pdvsa; Marín Chaparro, por su parte, no solo fue el número uno de la misma promoción, la Coronel Miguel Antonio Vásquez, sino el oficial con las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela, por sobre Marcos Pérez Jiménez o Guaicaipuro Lameda, y se mantiene en una huelga de hambre desde el pasado 22 de noviembre de 2022 para exigir que se respeten sus derechos humanos en prisión.
Son dos realidades que reflejan la encrucijada que tarde o temprano se les presenta a militares y civiles en la sociedad diseñada por la autodenominada Revolución Bolivariana.
La promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez, graduada el 5 de julio de 1999, no fue cualquier cohorte dentro de los planes del chavismo. El fallecido presidente Hugo Chávez, quien entonces tenía menos de seis meses en el poder, fue su padrino. “La primera promoción graduada en revolución”, es el estribillo que acompaña a algunas de las fotos grupales de sus integrantes. Desde el principio fue concebida como una especie de unidad élite destinada a tener protagonismo en el naciente “proceso”.
Sus integrantes fueron parte de la Guardia de Honor presidencial en tiempos de Chávez, mantuvieron una relación cercana con el Comandante Supremo y completaron cursos de estado mayor en Cuba y Nicaragua. Al menos 35 de sus egresados (un poco más de dos de cada diez) han sido designados en cargos públicos de importancia, sobre todo en la industria petrolera y en el sector de la construcción.
El momento de ejercer ese protagonismo que en 1999 se esperaba de estos alféreces llegó dos décadas más tarde, luego de la racha de sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Con el propósito de sortear las medidas impulsadas sobre todo desde Washington contra Pdvsa, el chavismo creó la llamada Comisión Presidencial para la Defensa, Restructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Alí Rodríguez Araque, a inicios de 2020.
Esta instancia, presidida por Tareck El Aissami, actual ministro para el Petróleo -también sancionado por Estados Unidos, y con un proceso judicial abierto bajo cargos de presunto lavado de dinero-, dio paso para que Pérez Suárez ocupara un puesto neurálgico dentro de la industria, del que acaba de ser removido. En febrero de 2020, la Comisión Presidencial lo designó como nuevo vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, un despacho clave, encargado de aprobar las ventas, exportaciones y los contratos a largo plazo de la compañía.
Con Pérez Suárez llegaron a la estatal otras dos personas de su confianza, compañeros de la misma flamante promoción: el coronel Óscar Albin Dávila Rondón, nombrado presidente de Bariven y de Pdvsa Industrial, y el coronel Marino José Lugo Aguilar, designado como director gerente de Mercado Nacional. Ambos acompañaron a Pérez Suárez en cargos públicos anteriores, cuando este presidió la Corporación Socialista de Cemento, la Corporación Socialista del Sector Automotor y la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva.
Cuando los integrantes de la promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez apenas estaban graduándose frente al recién electo Chávez, la industria sobrepasaba una producción de tres millones de barriles de petróleo diarios. Hoy no llega ni a un tercio de esa cifra. Los escándalos de corrupción, malos manejos y una prolongada desinversión ocasionaron el desplome de la empresa, principal generadora de las divisas que entran al país.
Con las sanciones internacionales, que dificultaron aún más la operatividad de la petrolera, llegó el momento de Pérez Suárez y sus allegados. Pero su tarea -sanear las finanzas de la desvencijada Pdvsa- no era nada fácil, como no lo siguió siendo, hasta el punto de que el coronel acaba de quedar destituido, en una movida de mata en la industria petrolera que, al menos por ahora, no alcanzó a Tareck El Aissami.
La situación no refleja mayores mejoras al día de hoy. Como lo reveló un reportaje reciente de Armando.info, para agosto de 2022 las cuentas de la petrolera estatal mostraban un hueco de 8.000 millones por una mala gestión de cobranza -sin contar con su incapacidad para aumentar la producción-. Fue una consecuencia directa de la estrategia urdida para evadir las sanciones internacionales, que descansaba sobre la actuación de traders independientes, novicios y hasta fantasmales. De ese fracaso estrepitoso, Pérez Suárez y su equipo fueron responsabilizados por el alto gobierno, que acaba de nombrar una nueva junta directiva en Pdvsa.
Al mismo tiempo del ingreso de Pérez Suárez a Pdvsa, dos ejecutivos de su departamento. Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, fueron arrestados bajo la acusación de “espionaje”. Detenidos por cuerpos de seguridad, recibieron finalmente sentencia de cinco años de cárcel por cargos relacionados con “corrupción” y “divulgación de información confidencial” de la industria, supuestamente filtrada a Estados Unidos. Familiares y grupos trotskistas -de la izquierda no chavista- denunciaron que ambos fueron sometidos a torturas y otros malos tratos en la sede de la Dgcim, donde estuvieron recluidos. En febrero de 2021 se les otorgó una medida de arresto domiciliario.
Este tipo de detenciones profilácticas se incrementó desde finales de 2017, cuando se nombró al mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, como presidente de la industria. Los expertos consultados señalan que la militarización y opacidad en el manejo del principal recurso del país se incrementó a raíz de esta designación. “Quevedo trajo a mucha gente cercana a él a Pdvsa, sobre todo en la dirección de suministros”, indicó una fuente del sector.
La posición que Pérez Suárez llegó a ocupar, aunque cambiante, siguió caracterizada por la opacidad y un poder sin control. “Es el que mueve los hilos en Pdvsa”, señalaba hace poco una fuente con conocimiento del funcionamiento de la estatal, y antes de la remezón en la junta directiva.
La aparente caída en desgracia de Pérez Suárez no pone coto a la militarización de Pdvsa. De hecho, el nuevo presidente de Pdvsa, Pedro Rafael Tellechea, nombrado el reciente 6 de enero, es un coronel del Ejército. Tres días después fue publicada la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.731 con la nueva Junta Directiva de la estatal.
Desde 2020, los nombramientos de las distintas gerencias y departamentos de la industria, la principal del país, dejaron de ser publicados con regularidad y solo se conocen de forma extraoficial, mientras que otros se mantienen en el misterio. “No hay ningún rendimiento de cuentas, ni se sabe cuánta gasolina se está produciendo y vendiendo. En años anteriores se sabía hasta la cifra del contrabando. Ahora no sabemos nada”, indicó un experto.
Pérez Suárez deja tras de sí una estela de episodios de uso instrumental de ese poder que llegó a acumular en Pdvsa. Un ejemplo fue el caso de la empresa Supraquimic, C.A., con la que la petrolera había suscrito un contrato que contemplaba el intercambio de seis millones de barriles de crudo, valorados en 260 millones de dólares, por suministros de alimentos.
A fines de 2020, la agencia Reuters relató el incidente. Según la agencia, el coronel Pérez Suárez escribió una carta a la compañía privada en la que acusó a Óscar García, presidente de la empresa, y a José Llamozas, quien debía vender los alimentos a Supraquimic, de no cumplir con sus compromisos. Poco después, Llamozas fue citado a una sede de Pdvsa y detenido en el momento en que se encontraba en el estacionamiento.
El pasado 10 de enero Armando.info envió un cuestionario, dirigido a Pérez Suárez, a un correo institucional de la estatal petrolera, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Antes de llegar a la petrolera, el coronel Marino Lugo, de la logia de Pérez Suárez, fue gerente de seguridad del estatal Banco del Tesoro. Una fuente militar, que también prefirió permanecer en el anonimato, indicó que el coronel también ejerce funciones similares a las de su compañero de promoción para la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En el rol de director gerente de Mercado Nacional, Lugo fue quien comandó el proceso paulatino de dolarización del precio de gasolina en expendios locales, que se desarrolló en simultáneo con una creciente militarización de las estaciones de servicios, una señal de que quizás se esperaban disturbios en reacción ante la medida.
Sin embargo, no todos los testimonios son críticos hacia Pérez Suárez. Otra fuente militar saluda su faceta de Robin Hood, por la que socorrió a muchas personas con tratamientos médicos en su paso por la Fundación del Pueblo Soberano, y también ayudó a uniformados con acceso a vehículos o electrodomésticos cuando presidió empresas estatales. Aunque la misma fuente no deja de reconocer que, por el poder que llegó a ostentar en Pdvsa, el acceso a él se hizo difícil. “En ese tipo de cargos la gente se hace intocable”, explicó.
El hecho de que el propio presidente Chávez apadrinara la graduación del grupo fue una marca de origen que lo mantuvo cerca del fallecido mandatario y anticipaba para sus integrantes un perfil más ideológico. En 2011 ya se registra la presencia de algunos, como el coronel Marino Lugo, hasta hace poco en Pdvsa, como parte de la Guardia de Honor, la guarnición que tiene a su cargo la custodia y seguridad del Presidente. Fuentes del sector militar indicaron que Pérez Suárez, y el hoy confinado Marín Chaparro, también ejercieron labores muy cerca de Chávez.
En 2013, ya con Nicolás Maduro como presidente, se registra el primer nombramiento de Pérez Suárez como funcionario público. En julio de ese año fue designado al frente de la Fundación de Atención del Pueblo Soberano, un ente filantrópico adscrito al Despacho de la Presidencia y que sigue siendo manejado por uniformados. En octubre de ese año, el propio Maduro lo describió como “un oficial de mucha sensibilidad y capacidad para trabajar” que, a inicios de 2014, sería designado miembro principal del consejo directivo de la Fundación Nacional El niño Simón, también adscrita al despacho de Maduro. Como directivo de esta institución le acompañó Walter Ramón Gavidia Rodríguez, exesposo de la primera dama Cilia Flores.
Desde 2013, Pérez Suárez acumula 18 nombramientos en 14 cargos de la administración chavista. Tres de estas designaciones fueron firmadas por el ahora ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Curiosamente, fuentes de la industria indican que los miembros de la nueva junta directiva también son cercanos al Ministro.
La lealtad al régimen es, pues, una de las virtudes más apreciadas por la autodenominada Revolución Bolivariana en Pérez Suárez y otros miembros de su promoción. Como es el caso del coronel Jhoan Antonio Márquez Flores. Márquez es apodado como “el administrador” del ministro de la Defensa y General en Jefe, Vladimir Padrino López. Ocupa la comandancia del Cuartel General del ministerio y desde 2014 registra designaciones como responsable de la oficina de administración de ese despacho y miembro del comité de licitaciones para la venta de bienes públicos de la institución castrense, entre otros. En sus redes sociales, además, muestra su afición por las motos de alta cilindrada.
Pero en donde esta promoción mantiene el mayor número de designaciones es en el sector de la construcción. De los 158 integrantes que se graduaron en 1999, 14 (8,86%) ocuparon un cargo público relacionado con esta área o tienen una empresa vinculada al sector. El propio Pérez Suárez fue presidente de la Corporación Socialista de Cemento (CSC), una instancia encargada de centralizar en el Estado la producción de este insumo y otros derivados.
El actual presidente de la CSC también es integrante de la predestinada promoción: el coronel Neptalí de Jesús Acosta Prieto. Pero aquí no se detienen los nombres de estos graduandos por el organigrama de empresas públicas del sector. Los coroneles Oscar Eduardo Carrasquel Vargas, Josman Aníbal Méndez Castillo e Iván Reinaldo Garrido Zerpa fueron nombrados directores, respectivamente, de Venezolana de Cementos (Vencemos), Cemento Andino y de la Zona Oriente Norte de Vencemos, todas filiales de la corporación. Dávila Rondón fue directivo de la CSC cuando esta era presidida por Pérez Suarez, mientras que Lugo fue director general de Vencemos en la misma época.
El coronel Víctor Manuel Orozco Bracho fue designado en febrero de 2021 como presidente encargado de la Empresa Socialista Pedro Zaraza S.A, que fabrica bloques de arcilla y que está adscrita al Ministerio de Vivienda. El segundo de la promoción, Luis Arvelio Junior Ramírez, ocupó la presidencia de la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial, S.A. también relacionada con la construcción y adscrita al Ministerio de Transporte, un despacho que ha sido comandado por uniformados.
Una fuente del sector construcción, que pidió la reserva de su nombre, señaló que en la práctica todos los suministros para el sector son controlados por los militares. “Todos los negocios tienen que pasar por ellos. Siempre dicen que la producción de materia está bien y es mentira”, se quejó.
El 2 de marzo de 2018, la promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez fue atravesada por la misma grieta que recorre al país. En esa fecha fue detenido Igbert Marín Chaparro, acusado de formar parte de un “grupo conspirativo” junto a otros ocho militares, cinco de ellos de la misma cohorte. Como lo indicó Armando.info, Marín era el comandante del importante batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, estacionado en el Fuerte Tiuna del suroeste de Caracas. La misma acta que elaboró la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dgcim, al momento de su detención, dejó asentado que por ser el primero de su promoción, Marín “ostenta ascendencia moral entre sus compañeros”.
Marín y los otros ocho oficiales fueron acusados de “instigación a la rebelión, traición a la patria” y delitos “contra el decoro militar”, pero la Fiscalía tenía poco a qué aferrarse en cuanto a las evidencias y testimonios.
Varios oficiales de la mencionada promoción realizaron una reunión a finales de febrero de 2018 en el batallón comandado por Marín, en Fuerte Tiuna. El caso de la Fiscalía para acusarlos de rebelión se sustentó en el alegato de que cuatro de ellos grabaron un video “llamando a la desobediencia” a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La defensa indicó que la Fiscalía no presentó ninguna prueba de sus acusaciones, incluyendo el supuesto video que nunca fue mostrado en el proceso.
El delator, sobre el que se basó gran parte de la acusación, es también de la misma promoción: el coronel Boris Millán Rudman Jiménez, que para el momento de señalar a sus compañeros también era sospechoso de estar en la supuesta conjura. La delación se ha convertido en una temida arma del madurismo para generar temor dentro de los cuarteles. Este tipo de recursos, junto con los métodos de tortura a los detenidos, se da con la asistencia de asesores cubanos, según el testimonio de exfuncionarios en el exilio.
Luego de pasar dos años y nueve meses detenidos, el Tribunal Militar Primero de Juicio Itinerante de Caracas condenó a siete años y seis meses de prisión a Igbert Marín; Juan Carlos Peña Palmentieri, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez y Erik Fernando Peña Romero, todos de la misma promoción. En cambio, fueron absueltos Henry José Medina Gutiérrez (de la promoción de Marín), el primer teniente Jeiber Ariza Apolinar y el sargento supervisor Julio César Gutiérrez.
Peña Romero logró fugarse a mediados de 2021, luego de que recibiera una medida humanitaria que le permitió estar en el Hospital Militar de Caracas.
Esta decisión quedó anulada por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar el 28 de julio de 2021, por considerar que se violó el debido proceso, lo que implica que el juicio debe reiniciarse desde cero. La Sala Penal (SP) del Tribunal Supremo de Justicia decidió avocarse al caso en septiembre de 2021 y anuló, por su parte, esta última sentencia que mantenía las absoluciones de los tres militares mencionados. La Corte Marcial ratificó la decisión del tribunal de juicio, y ahora la SP del máximo juzgado debe pronunciarse sobre un recurso introducido por la defensa de los condenados, lo que determinará si las sentencias se mantienen firmes.
Ante la posibilidad de que se revirtiera su absolución, el coronel Medina Gutiérrez se fue del país a inicios de 2021 y denunció que fue objeto de torturas durante su reclusión. A la sargento primera Yuleida Teresa Medina Guerrero, quien se encuentra en el exilio, se le sigue un proceso judicial separado del caso de los otros oficiales. Los cuatro militares que permanecen detenidos -Marín, Mota Marrero, Peña Palmentieri y Soto Méndez- también han denunciado torturas y otras violaciones a sus derechos humanos.
Marín es el que ha recibido peor trato y es el único al que mantienen aislado en un sótano de la sede de la Dgcim. El 22 de noviembre de 2022 inició una huelga de hambre que sigue activa, exigiendo ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, a las afueras de Caracas, así como poder tomar sol y hablar con sus familiares con regularidad. A casi dos meses del inicio de la protesta de Marín, estos últimos han expresado preocupación por su estado de salud.
Una fuente militar indicó que la saña contra los acusados de esta promoción y, en especial, contra Marín, se debe al simbolismo de ser la “primera promoción graduada en revolución”, y a la cercanía que tuvieron con Chávez. “Es algo que afecta mucho al chavismo, porque fueron amoldados a sus formas”, opinó. Un destino que contrasta con el de Pérez Suárez y otros compañeros de cohorte que fueron recompensados por el régimen de Maduro. “Es una promoción de alto nivel y gran preparación, pero algunos se fueron por el mal camino”, remató la fuente.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Coronel apodado como “el administrador” del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Ocupa la comandancia del Cuartel General del ministerio y en 2014 fue designado como responsable de la oficina de administración de ese despacho.
Coronel que fue designado como director gerente de Mercado Nacional de Pdvsa. Dirigió el proceso de dolarización de la gasolina en las estaciones de servicio. También estuvo en una filial de la Corporación Socialista de Cemento cuando esta era presidida por Antonio Pérez Suárez.
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