En llamativo contraste con la ola reprivatizadora que su tío, el excomandante y ministro Wilmar Castro, lleva adelante en la agroindustria, el sobrino, Luis Soteldo, se convirtió en el verdugo de la propiedad privada en el campo venezolano durante su gestión al frente del Instituto de Tierras hasta 2020, despojando predios en contra de decisiones judiciales e informes hechos por su misma entidad. Su sucesor, Luis Mendoza, hizo otro tanto, a nombre de una proclamada “soberanía alimentaria” que no produce casi nada.
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Al mediodía del 4 de marzo de 2020, a los dueños de la Agropecuaria Rancho Moderno, una finca ubicada en el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, en los Llanos Occidentales de Venezuela, les llegó la notificación del Instituto Nacional de Tierras (INTI): su unidad sería “rescatada”. El organismo oficial también les comunicaba que los propietarios tenían 60 días para defenderse en un tribunal, contados a partir de la notificación.
“Rescatar” es el eufemismo con el que la autodenominada Revolución Bolivariana llama a la toma de predios sin reconocimiento de la propiedad privada y sin pagar la indemnización obligatoria en una expropiación ya que, luego de la reforma de la Ley de Tierras de 2005, todas las tierras de Venezuela se consideran públicas hasta que los propietarios obtengan el Registro Agrario Simple tras presentar la cadena titulativa completa.
El entonces presidente del organismo, Luis Fernando Soteldo, ordenó rescatar las 286 hectáreas del Rancho Moderno para entregárselas a unas personas que se decían campesinos y que habían ocupado y reclamado el predio. En el ínterin, saquearon las instalaciones y afectaron la producción de la finca. Es el mismo modus operandi que, según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), ha ocurrido en al menos otros 500 predios.
La orden de Soteldo desconocía el Título de Adjudicación de Tierras y la Carta de Registro Agrario emitidas por el mismo INTI en 2012, documentos que certifican no sólo la propiedad, sino también la producción del predio.
Pero aún antes de la orden y de su notificación a los propietarios -quienes, a la postre, no pudieron ejercer su defensa por la paralización de los tribunales, apenas días después del anuncio y por siete meses, durante la cuarentena de la Covid-19-, desde el INTI trazaban planes para tomar y seccionar Rancho Moderno. De ello hay constancia en un documento, fechado el 28 de enero de 2020, donde Soteldo había dividido la finca en 148 partes y aprobado de antemano los respectivos títulos de adjudicación de tierras. El documento lleva la firma del abogado Luis Alfredo Rivero González, consultor jurídico del INTI durante la gestión de Soteldo.
En abril de 2020, Luis Soteldo entregó el timón del organismo a otro Luis: Luis Alfonzo Mendoza Jáuregui, quien en el equipo de Soteldo había figurado como Gerente de Registro Agrario. Su gestión fue de continuidad con respecto a la de su predecesor. En diciembre de 2020, Mendoza entregó los títulos individuales sobre las tierras de Rancho Moderno. Uno de ellos fue otorgado a una mujer de nombre Nereida Hortencia Ángel Berrios, pareja del ingeniero Alex Omar Moreno Rondón, entonces coordinador de la Oficina Regional de Tierras (ORT) de Barinas, a quien adjudicaron una superficie de un poco más de cinco hectáreas.
El actual presidente del INTI, David José Hernández Giménez, quien en febrero de 2021 sustituyó a Mendoza, no ha revertido el destino de Rancho Moderno, a pesar de que en abril de este año prometió a los propietarios y al equipo legal que lo haría. Dejó de responder las comunicaciones hechas a través del coordinador de la ORT Barinas, Carlos Márquez. Un silencio total que mantiene la actual directiva del ente en relación con los rescates previos a la actual gestión. Hernández apenas se manifiesta por Twitter, y solo para responder a mensajes de personas que piden tierras.
Mientras, los dueños de Rancho Moderno apenas mantienen el control sobre ocho hectáreas, menos de 3% de lo que era su propiedad original: 286 hectáreas que en los hechos se sumaron a las 3,7 millones que el INTI asegura haber entregado entre 2016 y agosto de 2020.
En otras palabras, en ese periodo de cuatro años se intervinieron 41% del total de tierras entregadas desde 2001, cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró la “guerra contra el latifundio”. Las nueve millones de hectáreas repartidas en las últimas dos décadas equivalen, en palabras del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, a casi la mitad de las tierras aptas para la actividad agropecuaria en la región de Los Llanos.
En suma: en el último quinquenio se recrudeció la política oficial de toma de tierras. Y esa política adquirió tonalidades de una verdadera razzia durante la gestión de Luis Soteldo, con carácter de viceministro, en el INTI.
“Las intervenciones nunca se han detenido, pero recrudecieron de manera delincuencial a partir de la llegada de Luis Soteldo al INTI”, aseguró una fuente del estado Yaracuy, en el centro occidente del país. “Yo tengo una vida relacionada con el INTI. Yo viví lo que fue Juan Carlos Loyo y la era de Elías Jaua [antiguos encargados chavistas del área, distinguidos por su fundamentalismo], y puedo decir que no ha habido un periodo de más malandraje en el INTI como el de Luis Soteldo y Luis Mendoza”, sentencia el declarante, quien sufrió en carne propia ese expolio y pide mantenerse en el anonimato.
Armando.info trató de comunicarse por vía telefónica con Luis Soteldo pero no respondió las llamadas. Mendoza, por su parte, respondió a la llamada y pidió que se le enviara por correo electrónico las preguntas, pero luego no emitió respuesta alguna. Castro Soteldo tampoco contestó las llamadas telefónicas.
Resulta llamativo, pero la intensificación de esa política de tierra conquistada parece representar lo opuesto de la política de reprivatización de activos estatizados por el régimen, que bajo la admonición de una supuesta “burguesía revolucionaria” -al parecer, constituida por sus más allegados- adelanta desde su despacho el ministro Castro Soteldo, ex comandante de la Aviación y uno de los oficiales del grupo golpista original de Chávez en 1992. Castro Soteldo, además, es tío de Luis Soteldo; es decir que, en medio del paroxismo expropiador del sobrino, el viceministro, este reportaba a su tío, el ministro.
Armando.info cubrió las historias de 17 fundos privados ubicados en los estados Barinas, Zulia, Mérida y Lara, afectados desde el inicio de la administración de Luis Soteldo al frente del INTI, en octubre de 2017.
En casi todos se comprueba una realidad que el propio ministro Castro Soteldo ha reconocido en público: la mitad de las áreas rescatadas permanecen improductivas. Pero se agrega un aspecto particular de esa gestión: de los 17 casos, 14 fueron resultados de la intervención oficial, con órdenes de rescate firmadas en Caracas, sobre predios que estaban productivos para el momento.
En estos días, como si de los resultados de la lotería se tratara, el INTI publica frecuentemente en Instagram los números de cédulas de identidad de quienes han sido beneficiados con una adjudicación de tierras, culminación de un proceso que comienza en las oficinas de esa institución en Caracas.
Así lo explicó a Armando.info una exfuncionaria del INTI del periodo de Soteldo, que también solicitó mantener su nombre en reserva: entonces el instituto enviaba desde Caracas comisiones de técnicos a inspeccionar fincas que habían sido invadidas, saqueadas y denunciadas como tierras ociosas, a pesar de que las oficinas regionales del INTI habían realizado informes que a menudo constataban la producción de los predios. “Nosotros enviábamos todos los informes como eran, pero si Caracas tomaba una decisión, ya era Caracas, no era regional”.
“Hubo muchas tierras que supuestos campesinos invadieron y dejaron improductivas. El INTI desde Caracas mandaba comisiones y comisiones y comisiones que no reconocían las invasiones ni las acciones de los supuestos campesinos dentro de las fincas. No sé con qué fin, pero primero prevalece el campesino, no importa qué tan productiva sea la finca. Incluso tomaron una decisión de rescatar una finca que estaba en producción. Fue a nivel de Caracas, no fue a nivel regional la decisión de ese rescate", agregó la fuente.
En otros tres fundos afectados de los 17 estudiados ni siquiera hubo procedimiento administrativo previo de rescate. De una vez, el INTI autorizó a los ocupantes el uso de las tierras invadidas, como sucedió en la Agropecuaria La Central, en Quebrada Arriba, municipio Torres del estado Lara, ocupada en julio de 2020. Un año después, el instituto autorizó a los invasores a que usaran las 62 hectáreas tomadas por vía de hecho de las 512 hectáreas que tiene la unidad, donde se producían 1.200 litros de leche al día y animales para el engorde.
En otras diez de las 17 fincas documentadas por Armando.info afirman haber sido extorsionados: siete por funcionarios del INTI, dos por invasores y uno por un oficial de la Guardia Nacional y una funcionaria del sistema judicial agrario. En tres de estos predios (uno en Zulia y dos en Barinas) coinciden en que fueron contactados por personas que se identificaron como funcionarios del INTI y que se presentaron como enviados de Luis Soteldo y Luis Mendoza.
Armando.info se comunicó con el actual presidente del INTI para consultarle sobre estas y otras denuncias, y aunque se recibió respuesta al saludo por WhatsApp, no contestó a las cuatro solicitudes de entrevista que se le hicieron y bloqueó al periodista.
Los testimonios de los productores muestran un patrón que se repite en los estados llaneros del occidente de Venezuela, donde se ubican las tierras más valiosas y donde se concentran la agroindustria y 70% del rebaño nacional. Explican que sus unidades son invadidas y saqueadas hasta dejarlas con un aspecto de improductividad por parte de grupos de supuestos campesinos que, al mismo tiempo, denuncian las tierras como ociosas.
Enseguida, el INTI envía técnicos para realizar una inspección que deriva luego en una serie de atropellos. Los propietarios no reciben los informes de las inspecciones y desconocen los resultados de los estudios hasta que llega la orden de rescate firmada por el presidente de la institución. También se encuentran con que los daños patrimoniales ocasionados por los destrozos no fueron reflejados en los informes. Además, los datos que aparecen en la notificación para justificar el rescate son incorrectos e imprecisos, no solo los de la producción, incluso la información básica de las fincas.
Así le sucedió a Rogelio Enrique Arteaga Parra, propietario de Buena Esperanza, en el estado Zulia. De acuerdo a la notificación de rescate, la finca se ubicaba en el sector km 27, parroquia Moralito, municipio Colón; en realidad, se sitúa en el sector Chimomó, zona San Francisco del Pino, parroquia Monseñor Arturo Celestino Álvarez, municipio Sucre. Además, señalaba que el 5 de mayo de 2018 los ingenieros Sonia Muñoz y Wilmer Contreras y el gerente de técnica agraria, Hugo Díaz, enviados por Soteldo desde Caracas, habían realizado una inspección técnica en la que se conversó con el "representante" Mario José Leal Reyes y el “encargado” Ángel Avendaño, a quienes el propietario de la finca asegura desconocer.
Los “Luises” —Soteldo y Mendoza— ignoraron cadenas titulativas presentadas por los dueños de las fincas, se llevaron por delante disposiciones del mismo INTI que constataban la producción y el aporte al abastecimiento nacional de las fincas, y violaron sentencias judiciales tomadas por tribunales agrarios a favor de los predios.
Cinco días antes de que Soteldo firmara la orden de inicio de rescate del fundo Buena Esperanza, el 17 de mayo de 2018, el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Zulia había dictaminado que la unidad, de 993 hectáreas, se encontraba “alineada a los parámetros exigibles por el Estado” con una producción anual de 3.113,75 kilos de carne, 9,36 hectáreas de superficie dedicadas plátano, 3,64 hectáreas de yuca y 1,57 hectáreas de ocumo “para el consumo de los venezolanos”.
El tribunal también denunció la invasión “por parte de terceros” que cometieron “robo y sacrificio de ganado vacuno y hurto de diferentes bienes muebles de la propiedad”. Por esta razón, otorgó una medida de protección de la actividad agropecuaria por una vigencia de dos años, hasta 2021, y ordenó notificar la decisión a la Oficina Regional de Tierras del municipio Maracaibo y a la Presidencia del INTI en Caracas.
Pero nada de eso fue acatado por Soteldo. Ordenó la intervención de la tierra alegando que tenía “una improductividad de 70% de la superficie total” y, en agosto de 2018, fue personalmente al fundo a entregar la orden de rescate, cuenta el propietario. Soteldo entregó títulos sobre 625 hectáreas de la finca, también redactados y firmados por el abogado Luis Rivero.
En sus redes sociales publicó una foto del acto de entrega de documentos.
A finales de 2021 a Arteaga, el dueño de la finca Buena Esperanza, solo le quedaron 288 hectáreas, 29% del total del predio. La producción de leche y carne se perdió.
Como funcionario y a pesar de lo dispuesto por la ley, Luis Soteldo nunca ha sido sometido al control del Ministerio de Agricultura y Tierras. En enero de 2018, tres meses después de haber sido designado presidente del INTI, Castro Soteldo lo nombró viceministro de Tierras, cargo al que, según el organigrama del Ministerio, le compete la contraloría del Instituto de Tierras.
La designación contravino el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establece que los funcionarios no pueden desempeñar más de un cargo público remunerado. Pero no era la primera vez que Soteldo se saltaba las leyes venezolanas, pues al ser nombrado presidente del INTI, en octubre de 2017, también violó el artículo 197 de la Constitución que establece que ningún parlamentario puede ejercer un cargo público. Había ganado un curul en las listas oficialistas para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Apenas después de haber sido designado presidente del INTI, Luis Soteldo formó el equipo que se encargó de abrir procedimientos de rescates de tierras a predios productivos con Alexis José Fernández Romero, gerente de la oficina secretaría de la presidencia; Luis Mendoza, gerente de registro agrario nacional y sucesor de Soteldo; y Luis Alfredo Rivero González, consultor jurídico y redactor y firmante de títulos de adjudicación de tierras a presuntos campesinos y familiares de funcionarios.
La corrupción que existe dentro del INTI es tanto en Caracas como en todo el país a través de las oficinas regionales de tierras, afirma Danny González, presidente del Frente Nacional Campesino Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y de acuerdo con los testimonios de productores agropecuarios, dirigentes del sector ganadero y abogados consultados para este reportaje, en Barinas la extorsión tiene nombre y apellido: Lesbia Margarita Solórzano García, ya vista como el terror del llano. Su oficio es la invasión de tierras privadas productivas y se la ha visto operar desde el asiento del coordinador de la ORT Barinas, como si fuera la jefa.
Armando.info intentó comunicarse con Solórzano pero no respondió a las llamadas telefónicas hechas durante tres días continuos.
Solórzano ha sido señalada no solo de invadir fincas privadas que están productivas, sino también de promover los saqueos de los predios y hasta de amenazar con muerte a los propietarios de las unidades de producción. En medio de los señalamientos, la líder de los invasores participaba en actividades organizadas por el gobierno donde conversaba con Maduro, quien insistía en garantizar protección a ella y al “movimiento campesino”. “Vamos a darle duro, Lesbia”, le expresó el mandatario a Solórzano en agosto de 2020.
Sin embargo, Solórzano no cuenta con todo el respaldo revolucionario. En un encuentro con productores de Barinas realizado en octubre de 2021, la diputada Iris Valera, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional instalada en enero de ese año, indicó que al menos 12 personas están “sufriendo por una viva que, de paso, se está amparando en una de las mafiosas que aquí ha salido a relucir, una gestora del INTI”, refiriéndose a Lesbia Solórzano, a quien “claman que se le pongan los ganchos”.
La notoriedad de Solórzano se incrementó durante el año 2020. Para entonces, Luis Soteldo había dejado el INTI para pasar a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), y en su lugar entró Luis Mendoza, en abril del año pasado. En su gestión se repitió, y hasta se intensificó, el libreto de los tiempos de su antecesor.
Estas acciones no pasaron tampoco por un proceso independiente de contraloría por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras. Mendoza contaba con el apoyo del aún viceministro del MAT, Faiez Kassen Castillo, quien, según las fuentes, tenía una excelente relación con todos los grupos “campesinos”. “Él es el paladín, representante, padrino, referente y protector de todos ellos”, afirma la fuente del sector ganadero de Yaracuy, que pidió no ser identificada.
Mendoza se estrenó en el cargo en su primera reunión de trabajo, según lo reseñado en una nota de prensa del INTI, aprobando un plan de acción en contingencia para garantizar la ejecución de los procedimientos pendientes de adjudicación de predios. Dijo que “regularizaría” 399.414 hectáreas y que entregaría 6.621 títulos de adjudicación que reposan en las sedes regionales sobre una superficie de otras 205.000 hectáreas. También anunció que otorgaría 11.579 instrumentos agrarios de manera progresiva y en tres fases: en abril en los estados Miranda, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Bolívar; en mayo en Apure, Guárico, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Trujillo; y en junio en Cojedes, Portuguesa, Barinas, Mérida y Zulia.
“El INTI es la casa del campesino”, dijo Mendoza.
A juicio de Danny González, presidente del Frente Nacional Campesino Luis Beltrán Prieto Figueroa, el INTI tiene la particularidad de que un gerente o un presidente es peor que el otro. “De las últimas dos gestiones, la más nefasta fue la de Luis Mendoza. Fue él quien nos dejó más perplejos. Incluso faltando menos de 15 días para abandonar el cargo, se dio a la tarea de firmar una serie de rescates que carecían de todos los lapsos del procedimiento administrativo y de pasos como la inspección técnica”.
La Agropecuaria San Roque, al Sur del Lago de Maracaibo, es un claro ejemplo de la irregularidad referida por González.
En mayo de 2018, Luis Soteldo había aprobado una orden de inicio de rescate sobre las 56 hectáreas ocupadas de las 176 hectáreas que tiene el predio en total. Los propietarios se movieron con sus abogados para constatar que la finca estaba productiva y lograron que, en enero de 2020, Soteldo declarara improcedente el rescate y otorgara un certificado de finca mejorable. Asimismo, ordenó a la ORT del Sur del Lago que desocupara a los que “ocupan de manera ilegal el referido predio”.
Pero, para sorpresa de los dueños de San Roque, nueve meses después, el 24 de octubre de 2020, en medio de la pandemia, Luis Mendoza visitó el predio y, en lugar de dirigirse hacia los propietarios, cruzó la finca a través del camino hecho por los invasores y llegó al fondo donde se encontraban las 56 hectáreas ocupadas ilegalmente. Al llegar, les anunció a los ocupantes que les otorgaría a todos títulos agrarios sobre esas tierras. Un año después, en octubre de 2021, las 56 hectáreas siguen invadidas.
Los propietarios de las fincas no han podido recuperar los lotes de terrenos invadidos e intervenidos por el INTI. Aún en 2021, ya con David Hernández frente al INTI, siguen siendo víctimas de invasiones de otras porciones de tierras, como le sucedió a la Finca San Francisco y Altagracia en el municipio Torres del estado Lara.
“El INTI hace lo que le da la gana. Ha hecho informes, ha visitado la finca sin notificar a la dueña y autorizó a los invasores a permanecer dentro de las tierras. Dicen que supuestamente tienen carta agraria y adjudicación de tierras. Están violando el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Todo esto lo sabe el presidente del INTI. Tenemos un año sin poder entrar a la finca, los campesinos no han sembrado absolutamente nada y robaron el trapiche”, denuncia el abogado Óscar Leonardo, que lleva el caso del predio ubicado en Lara.
Las redes sociales del INTI y del mismo presidente actual del organismo demuestran que el ente no ha parado su política de intervención de tierras. A diario publican en Twitter y en Facebook información sobre rescates de tierras y entregas de títulos sin especificar a quienes les pertenecían esos terrenos.
Informes elaborados por ex coordinadores de las oficinas regionales del INTI dan testimonio de que intervinieron tierras que eran productivas y que luego de los rescates y reparticiones no cumplieron con el objetivo principal de la Ley de Tierras: incrementar la productividad.
En un informe elaborado en 2018, el entonces coordinador de la ORT Sur del Lago, José González, reconoce que, seis fincas intervenidas en esas zona, así como dos del norte de Zulia y una de Mérida, no alcanzaron “niveles de producción que nos permitan mostrar como bandera política los objetivos de tales procedimientos” y que, por el contrario, “hemos cometido con algunas de esas actuaciones una acción perjudicial al aparato productivo”.
González propone en el papel lo que denominó “rescate sobre rescate”, que consistía en revisar “predios rescatados en mano de empresas del Estado que no han alcanzado su objetivo” para ubicar a los supuestos campesinos que exigen la intervención de las fincas privadas.
Las fincas son: El Carmen en Mérida, La Esperanza y Las Acacias en el norte de Zulia, y San Roque, La Victoria, Santa María, El Consuelo, Santa Rosa y Buena Esperanza en el Sur del Lago. De acuerdo con el excoordinador de tierras, todas estas unidades cuentan con al menos dos informes de inspección por denuncias de tierras ociosas, cuyos resultados “siempre han arrojado indicadores superiores o iguales a fincas mejorables”.
Luis Morales, presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago (Agasur), sostiene que el Sur del Lago ha sido muy vulnerable a las invasiones hechas por supuestos campesinos que en, realidad, son negociadores de tierras, en complicidad con funcionarios de la ORT del Sur del Lago. “La gestión de Luis Soteldo fue bastante dura, en ese periodo cayó la producción. Ahora hay zafras que ya no son de seis meses sino de un mes. En la parroquia Monseñor Álvarez, del municipio Sucre, nos quitaron cuatro fincas, entre ellas la mía, durante el mandato de Luis Soteldo”.
El 28 de diciembre de 2018, una vocera de los campesinos del llamado Eje Panamericano, de nombre Yeisy Erazo, beneficiaria de los procesos de parcelación y repartición de tierras, grabó un mensaje en video para Nicolás Maduro en el que denunció que hay funcionarios dentro del INTI que vieron los rescates como negocios y que se dedicaron a acabar con fundos productivos como Buena Esperanza. Erazo mencionó a Eduardo Chourio, excoordinador de tierras en Mérida, y al gerente de técnica agraria del INTI, Hugo Díaz, mano derecha de Luis Soteldo y quien había liderado la inspección de Buena Esperanza en mayo de 2018.
“Sí, estamos a favor de los rescates, pero al mismo tiempo estamos a favor de la producción que está dentro de estos fundos. Por eso aplicamos las tres R: revisión, reimpulso y rectificación. Si tenemos que ubicar a nuestros compañeros y camaradas que están en busca de un puñado de tierras para aportar un granito de arena a la producción nacional, revisemos los fundos y busquémosles un espacio para que siembren y produzcan, pero no acabemos con fundos propios como este (Buena Esperanza)”, expresó Erazo.
Erazo indicó que Chourio y Díaz mintieron al afirmar en un rescate de tierras que supuestamente la finca tenía apenas 72 reses, cuando “vemos que en este predio hay aproximadamente 1.800 cabezas de reses”.
Jesús Eduardo Chourio Vielma, entonces empleado de la Corporación Socialista del Cacao Venezolano y militante en la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), fue designado en abril de 2018 por Luis Soteldo como coordinador de la ORT de Mérida.
Con Chourio en la oficina merideña, Soteldo intervino 11 predios que habían sido ocupados en los últimos meses de gestión de su predecesor, José Rafael Ávila Bello, en cinco municipios del estado andino: Obispo Ramos de Lora, Alberto Adriani, Julio César Salas, Caracciolo Parra Olmedo y Tulio Febres Cordero.
En agosto de 2017, dos meses antes de que Soteldo entrara al INTI, el entonces coordinador de la ORT Mérida, José Gregorio Rodríguez, denunció en un informe enviado a Caracas que las fincas El Zapotal, Santa Rita, Los Gavilanes, Buena Esperanza, El Carmen, Fundo Zamorano Andrés Bello, Cristo y El Trébol, Río Abajo, Palmira, Las Delicias y La Chavela, habían sido ocupadas de manera ilegal y que estas invasiones no solo tenían “un patrón de organización y dirección, sino que además están acompañadas de la venta de lotes de tierras (de una a dos hectáreas)” y la “permanente solicitud de dinero so pretexto de gestionar ante los entes gubernamentales la regularización respectiva de la tierra”.
Soteldo también firmó los títulos de garantía de permanencia —documento especial que garantiza la posesión de la tierra ocupada e impide que sean perturbados o desalojados— y Carta de Registro Agrario a los invasores de El Amparo, una finca en Mérida que había sido rescatada durante la gestión de José Ávila como presidente del INTI, quien después pasó a formar parte del equipo de gobierno del gobernador Rafael Lacava en Carabobo, como presidente de Alimentos Carabobo (Alimca) y luego fue nombrado Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo.
Por órdenes de Luis Soteldo, Chourio fue a la finca El Carmen para notificar el rescate de tierras, medida que desconocía el informe elaborado previamente por el anterior coordinador de la ORT Mérida y desacataba una medida de protección ambiental y de producción agropecuaria emitida por el Tribunal Superior Agrario.
El Carmen, de 966 hectáreas y ubicada en el municipio Obispo Ramos de Lora de Mérida, tenía 2.500 reses y arrimaba 1.000 reses al año a los mataderos del estado. Según el informe del excoordinador de la ORT Mérida, la ocupación había sido liderada por la actual diputada oficialista a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2020, Yanetzy Josefina Urbina Martínez, también miembro del Frente Campesino Resistencia Unidad Bolívar y Zamora. Desde 2017 los propietarios no han podido recuperar sus tierras.
El INTI no ha publicado balances sobre el destino de los rescates de las nueve millones de hectáreas, otro ejemplo de la opacidad que caracteriza al Estado venezolano. Pero la realidad del campo muestra de forma clara el fracaso de estas acciones sistemáticas. Según la ONG Ciudadanía en Acción, solo 18% de los alimentos que se consumen en el país los aporta el agro venezolano, el resto es importado, tanto materia prima para la agroindustria como productos terminados. Al final lo que realmente consiguió la Revolución fue la soberanía portuaria.
Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.
Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Cuando, desde Puerto Cabello, empezaba a esparcirse el vaho de los alimentos vencidos en contenedores, también dio inicio una vasta operación de maquillaje del negocio agroindustrial del Estado venezolano. La Corporación Venezolana Agraria (CVA), siguiendo a algunas subsidiarias que la precedieron en el proceso, fue puesta en liquidación. Hasta entonces se suponía que ese ente jugaría un rol clave en la revolución agrícola, al punto que le fue confiada la mayor tajada de las empresas expropiadas por decreto presidencial, le transfirieron filiales de Pdval, y servía de plataforma para empresas mixtas con Cuba, China y otros países. ¿Qué hay detrás de su repentino cierre?
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Excomandante de la Aviación y uno de los oficiales del grupo golpista original de Hugo Chávez en 1992. Fue gobernador del estado Portuguesa desde 2008 hasta enero de 2016, cuando Nicolás Maduro lo designó ministro de Agricultura y Tierras. Ha sido uno de los funcionarios rotados por el chavismo por varios despachos: también fue ministro de Turismo y de Producción. En 2017 fue vicepresidente sectorial de Economía.
Son las dependencias del Instituto Nacional de Tierras (INTI) ubicadas en los estados del país desde donde se reciben los reclamos y las solicitudes en materia de tierras.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) es un ente público adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras que se encarga de supervisar el programa de distribución de tierras. De acuerdo con declaraciones del actual presidente del INTI, David Hernández, el instituto ha “entregado” más de nueve millones de hectáreas “en revolución”.
Es el actual presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Fue representante del Ministerio de Educación Universitaria ante el Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y director de la oficina de despliegue territorial del Ministerio de Cultura.
Oriundo del estado Yaracuy, Luis Alfonzo Mendoza Jáuregui, ingeniero agrónomo, fue jefe de registro agrario en el Instituto Nacional de Tierras (INTI) durante la gestión de Luis Soteldo, que entró en el ente en 2017. Desde abril del año pasado y hasta febrero de 2021 fue presidente del organismo.
Ingeniero agrónomo, fue electo diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el PSUV para el periodo 2016-2021. Fue coordinador regional del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) en Portuguesa. En octubre de 2017 pasó a ser presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y en enero de 2018 viceministro de Tierras. Fue designado presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) en abril de 2020
