Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.
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No hay pimentones, ni tomates, ni ajíes. El paisaje es único: monte y escombros arropados por 20 tubos arqueados que sostienen los invernaderos que ha venido prometiendo el gobierno venezolano. Más atrás, hay otra casa similar con forma de capilla, cubierta a los lados por una tela de malla muy cerrada a la que no penetra ni un mosquito. Pero el resultado es el mismo: la maleza crece en los alrededores hasta uno, dos y tres metros de altura sin ninguna señal de cultivo en aquel rincón escondido de la urbanización La Unión de San Carlos, ciudad capital del estado Cojedes, en la región central del país.
Los residentes, en tono de broma, la nombran “San Calor”, entre un sol penetrante a 30 grados centígrados, sudor a chorros y pocas sombras. Algunos dicen, entre risas, que la densidad del aire distorsiona, de a momento, las imágenes (como en los desiertos o las películas del Lejano Oeste). Un pueblo donde los invernaderos abandonados de La Unión parecen desentonar: aun cuando llueve, permanece cálido. “Y hasta empeora”, asegura un taxista, risueño. Por eso, el Gobierno nacional a veces las llama “casas de cultivo protegido” en lugar de “invernaderos”: una propuesta de desarrollo socio-productivo en clima tropical que hoy –literalmente– da pocos frutos.
Hasta junio del año pasado, el ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, calculaba 500 “casas de cultivo protegido” instaladas en territorio nacional para la siembra y cosecha de hortalizas mediante un convenio desarrollado con Cuba. Pero al final, solo suministraron 365 de las 500 casas de cultivo prometidas, según precisa el mismo ministerio en su Memoria y Cuenta del año 2011.
En la urbanización La Unión de San Carlos, los vecinos recuerdan el inicio del proyecto hace poco más de un año: personas vestidas de rojo tardaron entre cinco y siete meses en construir las casas que hoy se despedazan. Algunos residentes recibieron capacitación técnica los primeros días, hasta que los instructores dejaron de visitarlos por razones que aún desconocen. El consejo comunal debía asumir las actividades agrícolas –según uno de los antiguos miembros–, pero sus elecciones tienen dos años de retraso.
Aunque la asistencia técnica es cubana, algunos equipos provienen de Europa, según convenios públicos, miembros de comunas y expertos en tecnología vegetal. El llamado poder popular, sin orientación ni vigilancia, no sabe qué hacer con aquello –lo último en tecnología de invernaderos– a pocos metros de su hogar, mientras la crisis inflacionaria eleva cada mes el costo de las hortalizas.
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La Memoria y Cuenta de 2011 del Ministerio de Agricultura y Tierras registra el proyecto de suministro de 56 hectáreas de “casas de cultivos protegidos” en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Lara, entre junio de 2010 y junio de 2011. Se trata de un convenio con Cuba basado en la adquisición y transferencia tecnológica de más de 500 casas de cultivo de 800 metros cuadrados, en modelo tropicalizado, por un monto de 50.931.154 bolívares. Al final solo se instalaron 22 hectáreas de cultivos protegidos en el eje central del país en relación a las 40 hectáreas estipuladas; Cuba solo suministró 365 de las 500 que le correspondía levantar.
El Ministerio de Agricultura y Tierras renovó el contrato: “El Proyecto fue evaluado en la XI Comisión Mixta del Convenio de Cooperación Integral Cuba Venezuela, es decir, fue aprobada la Fase II (Continuidad), lo que lleva a una modificación en los presupuestos asignados”, expone el documento oficial. Los informes de gestión posteriores del ministerio no hacen referencia particular a este acuerdo, e incluyen distintas Unidades de Producción Socialista (UPS) y Empresas de Producción Social (EPS) –estructuras de producción de bienes y servicios dependientes del Estado– en la dinámica del cultivo protegido en invernaderos, sin especificar la procedencia de las instalaciones, ni en algunos casos los entes responsables de la ejecución de los planes.
Venezuela cuenta con 300 hectáreas de invernaderos instalados, desde que comenzó la producción comercial de estos equipos en el año 2000, destinados principalmente a la siembra de tomate, pimentón y flores, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Los Andes (ULA) de este año. El informe da cuenta de la ausencia de estadísticas regionales de la producción total en invernaderos, así como de cuánto representan, en términos porcentuales, en la producción nacional de cada rubro. También concluye debilidades técnicas: “Debido al poco tiempo de establecimiento de los invernaderos en Venezuela, el número de personas capacitadas que manejen eficientemente este tipo de estructuras de cultivos es bajo. Venezuela no estaba preparada para un crecimiento tan rápido como el ocurrido en los últimos cinco años y probablemente se ha avanzado por ensayo y error”.
Desde 2011, medios de comunicación y líderes políticos denuncian el abandono y deterioro de las “casas de cultivo protegido” más llamativas: las enormes estructuras plásticas, rotas y mugres, dispuestas a un lado de la Autopista Regional del Centro, entre el kilómetro 71 y 96, que presuntamente debían ser administradas por los consejos comunales del sector Trapiches del Medio. Como en La Unión, a mayor escala.
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Una cuadra promedio de la zona colonial del centro de Caracas mide 100 metros de largo y 100 metros de ancho (10.000 metros cuadrados), que equivale a una hectárea. Los invernaderos del convenio Cuba-Venezuela equivaldrían, en total, a 56 cuadras caraqueñas sembradas de tomate y pimentón. Pero las fallas de asesoría técnica no es el único obstáculo de la promesa: la tecnología seleccionada es cuestionada en el gremio agrónomo.
Las zonas calientes de Venezuela (como ‘San Calor’) requieren mayor intercambio de aire que el que permiten las mallas de los invernaderos europeos diseñados para climas más fríos. En el caso venezolano, una malla antiáfido o anti-insecto –barrera física permeable que impide la entrada de insectos que afecten los cultivos–, dificulta la respiración de las plantas. “Si yo compro un paquete cerrado a un proveedor internacional sin tener el concepto de dónde la voy a utilizar, puedo traerme la malla que al proveedor le interese venderme, y la más cara es la más tupida, que es como un mosquitero o un tul de novia”, explica un especialista que reserva su identidad por temor a represalias contra su compañía, que tiene contrato con entes privados y públicos.
Los insectos no solo pueden entrar por las paredes sino también adheridos a la ropa de quienes ingresan al invernadero o casa de cultivo. Por ello, es necesaria una serie de mecanismos previos para controlar el acceso a la zona de producción: usar ropa de seguridad y puertas de acceso con barreras sanitarias: una cortina de viento, una pre-cámara, otra cortina de viento y otra puerta con presión positiva (con viento desde el interior de la estructura hacia la cámara de afuera para terminar de expulsar los elementos contaminantes de la persona). Invernaderos importados visitados por expertos carecen de esos componentes. En Europa, algunos tienen varias barreras y otros no: depende del cultivo. El invernadero de La Unión solo presenta una pre-cámara simple.
Algunos de los proveedores son la empresa española Grupo MSC y la compañía holandesa Dalsem, reconocidas en el negocio internacional de invernaderos como tecnología de punta. “Nos entregaron un Ferrari y no sabemos manejarlo (…) El despilfarro que se ha hecho en estas estructuras es enorme. Un grupo de agrónomos estamos preocupados, no sabemos qué hacer”, dice otro especialista.
Iraselis Marco, a diferencia de los sancarleños, fue testigo de esa bomba de tiempo: conoció los invernaderos de la Unidad Productiva Julián López –en el estado Carabobo–, quedó impactada con su majestuosidad y se incorporó a las labores del comedor de los productores agrícolas, hasta que la casa de cultivo fue intervenida. “Ahí se cultivaban tomates con algo que fue traído de un país nórdico, y en espacios muy fríos esas son cuestiones muy sofisticadas, y eso colapsó porque los productos que se usaban allí son importados y era difícil traerlos por la situación del país. Entonces se secaron buena parte de las matas de tomate porque no llegaron los insumos”, lamenta. Hoy esos invernaderos están bajo administración militar.
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La presidenta de Fundaimagen –organismo adscrito a la Gobernación de Cojedes–, Nataly Peña, afirma desconocer el estado de las casas de cultivo de La Unión. Enumera otros logros de su institución: un vivero comunitario de más de 15 mil plantas, una unidad de lombricultura, viveros en escuelas. Nada sabe de invernaderos. Algunos vecinos del sector dicen que son una obra de la Gobernación, pero el ingeniero José Pernía, encargado del área de Infraestructura del estado, lo niega. Hasta la fecha, la coordinación de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras aún no responde a la solicitud de entrevista de Armando.info sobre el tema.
No hay consejo comunal u otra organización vecinal que presione una respuesta. “Eso es un acto de corrupción, a nosotros nos dijeron que esas mallas eran carísimas”, dice una señora de la cuadra, y continúa sus labores caseras. Algunos se quejan, otros prefieren no opinar por desconocimiento. Alguna vez fue diferente: en 2007 el consejo comunal de La Unión tenía una página web, con su lista de voceros, proyectos ejecutados, proyectos en proceso, proyectos venideros, una galería de fotos, las leyes del Poder Popular y números de contacto. Una labor de contraloría impulsada por uno de los residentes. Hoy, la propuesta tecnológica de soberanía alimentaria se pierde entre las irregularidades estatales y la indiferencia del Poder Popular.
(*) Este reportaje contó con la reportería de Alexander Olvera.
El cordón umbilical entre las revoluciones chavista y castrista, más que de ideología, está hecho de petróleo. Los generosos despachos venezolanos de hidrocarburos sumaron en los mejores tiempos una factura de 100.000 barriles diarios que La Habana, de pagarla, lo hacía en especies. El compromiso es tal que, en estos tiempos de sanciones internacionales y de penurias económicas en casa, Venezuela todavía se las arregla para enviar 50.000 barriles por día a Cuba. ¿Cómo? Un seguimiento a dos tanqueros que navegan en días recientes entre los dos países muestra las maniobras que los buques deben hacer para llegar a buen puerto.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Armando.info publica un extracto de la edición ampliada de Los brujos de Chávez, el celebrado libro de David Placer, periodista venezolano afincado en España, publicado en Venezuela por Editorial Dahbar. La crónica muestra el que quizá sea el punto culminante de la santería chavista: el acto de exhumación de los restos de Simón Bolívar, ordenada por el fallecido comandante presidente porque estaba empeñado en demostrar que El Libertador había sido envenenado en San Pedro Alejandrino. A partir de allí Placer cita episodios y conversa con los testigos que, en Miami y Caracas, aseguran que Chávez se convirtió en santero antes de asumir por primera vez la presidencia en 1999. Con su investigación Placer ha completado un aspecto deliberadamente ocultado de la volcánica vida del líder del proceso bolivariano
Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
