La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.
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Al menos desde 2015 pasaron a tocar la puerta, uno a uno, de los vecinos de la avenida Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo, una urbanización de clase media, con casas familiares y edificios de baja altura, encaramada sobre las colinas del sureste de Caracas.
Hacían, a través de emisarios, ofertas de compra por las viviendas que bien valía considerar.
Primero, porque la transacción brindaba la posibilidad de obtener una jugosa suma en momentos en que el mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado, y con precios a la baja, en la capital de Venezuela.
Pero, sobre todo, por la identidad de quienes buscaban comprar las casas: aunque al principio no se hizo evidente, pronto diversos indicios dieron volumen a un runrún que cubrió como un nuevo pavimento de suspicacias y sobrentendidos todos los recodos del callejón. Los hijos de Cilia Flores, la Primera Dama de Venezuela -o su Primera Combatiente, según el argot oficial del chavismo-, eran quienes llevaban a cabo esa batida para tomarse toda una calle para ellos solos.
La presunción era cierta. Este reportaje comprueba documentalmente que catorce de las quintas de la avenida Laguna de Tacarigua fueron adquiridas por un entramado de diversas empresas detrás del cual se asoman, sin camuflar, nombres de allegados a los hijos de Cilia Flores: Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores.
Entre esos nombres despunta, por su frecuente repetición, el de Mario Enrique Bonilla Vallera, un veinteañero que estudió en la Universidad Santa María (USM) de Caracas con Yoswal. Bonilla ha sido señalado abiertamente como testaferro de los hermanos Gavidia Flores en un proceso penal en el sur de Florida.
Vecinos que hablaron con Armando.info a condición de la reserva de sus nombres, confirmaron que en una de las quintas que cambiaron de dueño, la #599 según la numeración catastral de la calle, vive Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores, también ex representante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al Parlamento Latinoamericano y ex presidente de la estatal Fundación Negra Hipólita.
Otra quinta, la #335, diseñada en 1961 por el arquitecto Jesús Tenreiro y declarada Bien de Interés Cultural por el Municipio Baruta, se destinó al alojamiento del personal de escolta de los hermanos Gavidia Flores.
Son algunos de los detalles más caprichosos de este proyecto de cohousing, un emprendimiento de por sí extravagante y todavía más en la Venezuela del descalabro socioeconómico, que en silencio los hijastros del presidente Nicolás Maduro adelantaron durante cuatro años hasta completarlo con éxito.
Cumbres de Curumo es un barrio residencial cómodo y por lo general apacible. Desde las alturas domina el valle de Caracas, sobre el que ofrece una vista privilegiada y tiene acceso garantizado desde diversos flancos. Una de esas vías lo conecta con Fuerte Tiuna, el principal acantonamiento militar del país, sede del Ministerio de Defensa y de otras dependencias de las Fuerzas Armadas. Por ello, Cumbres de Curumo ha sido una de las selecciones predilectas de los oficiales del ejército cuando deben conseguir residencia en la capital.
Pero con el chavismo, de clara inspiración castrense, Fuerte Tiuna se convirtió de facto en la residencia presidencial, una joven tradición que inició Hugo Chávez, soltero desde su temprano divorcio en 2004 de Marisabel Rodríguez y hasta su muerte en 2013, y que Nicolás Maduro ha continuado desde esta última fecha a la actualidad junto a Cilia Flores y otras personalidades de la nomenklatura revolucionaria que hicieron del enorme cuartel su hogar
Caben pocas dudas de que ese debe haber sido el principal incentivo para que los hermanos Gavidia Flores quisieran construir su baluarte: el sueño de vivir cerca de los viejos. De hecho, la avenida Laguna de Tacarigua, un callejón sin salida protegido desde hace años por una reja, es adyacente a las instalaciones militares. Tiene condiciones naturales para su privatización.
La conquista de las catorce casas de ese recodo de Cumbres de Curumo fue una labor paulatina que debió requerir tanto tesón como planificación. Empezó en 2015, se consolidó en 2017 y concluyó en agosto de 2019 con el registro de la última compra. Son todas casas de al menos dos niveles, con un área total de terreno que varía entre 815 y 1.880 metros cuadrados por unidad residencial. Seis de ellas colindan directamente con la zona verde y montañosa de Fuerte Tiuna.
El 20 de febrero de 2015 quedó registrada, en un documento notariado, la venta de la primera casa, la identificada como la #599 en el mapa de la avenida Laguna de Tacarigua. La familia propietaria vendió su residencia a la sociedad mercantil KPMG Servicios Inmobiliarios, C.A, una empresa creada en septiembre de 2014 en el estado Anzoátegui, en el oriente costero de Venezuela, con un capital de 300.000 bolívares y que cuatro meses después desembolsó diez millones de bolívares por esa casa. La persona que firmó la compra en representación de KPMG fue Mario Enrique Bonilla Vallera, apoderado de la empresa desde noviembre de 2014. Los dueños de KPMG son Carolina de los Reyes Araguainamo Buriel y Darwin José Mejías Perozo, un par de jóvenes que crearon esta empresa rozando sus 30.
Los diez millones de bolívares desembolsados por esta vivienda entonces equivalían nominalmente a 55.000 dólares, de acuerdo al tipo de cambio paralelo para la fecha en que se emitió el cheque correspondiente.
No obstante, y de acuerdo al testimonio de varias fuentes, los precios que quedaron asentados en los documentos notariados no fueron los que finalmente se pagaron. Las versiones recogidas entre los habitantes de la urbanización sitúan los precios reales en un rango que oscila entre los 500.000 dólares y 1,5 millones de dólares por vivienda.
Quien terminaría por ocupar esa vivienda, según las fuentes, fue Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores y padre de sus tres hijos: Walter Jacob (n. 1978), Yosser (n. 1988) y Yoswal (n.1990). Gavidia Rodríguez formó parte del equipo de seguridad de Hugo Chávez en su época de candidato presidencial en la década de los 90, es abogado egresado de la Universidad Santa María al igual que Cilia Flores, y ambos se vincularon desde temprano a la causa del chavismo. Fue diputado en tiempos de Chávez y ha dirigido organismos públicos en tiempos de Maduro.
Tras la negociación de este inmueble fueron llegando los ofrecimientos de compra al resto de los vecinos de la calle.
En noviembre de 2015 se concretaron dos adquisiciones más. Una, la quinta #333, fue comprada por Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 110, C.A, constituida ocho días antes de adquirir la casa, el 29 de octubre de 2015. Se trata de una empresa registrada por Jenifer Karina Fuentes Gómez, abogada y ex jueza del Área metropolitana de Caracas, quien ha sido identificada como pareja de Walter Jacob Gavidia Flores -el hijo mayor de Cilia Flores- y José Orlando Fuentes Fernández, su padre.
Ese inmueble pasó a manos de Fuentes luego de entregar un cheque personal por 120 millones de bolívares, cantidad equivalente a unos 135.000 dólares al tipo de cambio paralelo de la fecha. Fuentes explicó en un documento aparte, al que Armando.info tuvo acceso, que procedió de esa manera porque “la empresa está recién registrada y el banco todavía no ha entregado chequeras”. Aún de haberla tenido probablemente no hubiera podido pagarla: el capital declarado al momento de constituir la empresa, ocho días antes, era de dos millones de bolívares.
Cuatro días después hizo lo propio su concuñada, Mariana Staudinger Lemoine, esposa de Yosser Gavidia Flores, el segundo hijastro de Nicolás Maduro, con la empresa La Fortaleza III. Se trata de una compañía creada por Mariana Staudinger junto a su padre, Bernd Johann Staudinger Lekel, un mes antes de comprar la vivienda #329, el 8 de octubre de 2015.
La dirección de La Fortaleza III, descrita en su acta constitutiva, remitía a la oficina 902 de la torre C del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), un mall emblemático de la capital, construido en los años 70. Es la misma dirección de Esaica, empresa vinculada a familiares de Cilia Flores y dedicada a cultivar y exportar cacao de Barlovento, en el céntrico estado Miranda, como en su oportunidad reveló Armando.info. En Esaica, Mariana Staudinger figura como accionista junto a otros personajes del elenco de esta historia: Jenifer Fuentes y Mario Bonilla Vallera. Con los meses y una vez completada la transacción, la dirección fiscal de La Fortaleza III cambiaría del CCCT a Cumbres de Curumo.
A pesar de que la transacción la hacía una persona jurídica, Mariana Staudinger también la fondeó con un cheque personal por la cantidad de 134 millones de bolívares (unos 150.000 dólares). El capital de La Fortaleza III era de un millón de bolívares para ese momento.
Tanto Mariana Staudinger como su pareja, Yosser Gavidia Flores, fueron objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 25 de julio de 2019, al vincularlos con la red de corrupción tejida alrededor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Los tres hermanos, que llegaron a vivir en la urbanización El Paraíso (una zona residencial de comienzos del s.XX, entonces aristocrática y en las afueras de Caracas, pero que ahora en el centro-oeste de la metrópolis aloja a gentes de clase media baja) junto a su madre y padrastro, Nicolás Maduro, como la propia Cilia Flores lo contara en una entrevista concedida al periodista Roger Santodomingo en el año 2005, protagonizaron un ascenso social y económico indetenible. Como es tradición, ese progreso se tradujo en su mudanza al este de Caracas
En agosto de 2016 se registró otra compra-venta en la campaña de take over de los hermanos Gavidia Flores.
La transacción se hizo a nombre de una empresa registrada en Panamá y cuyos directores fueron provistos por la firma Del Valle & Del Valle, un servicio que regularmente ofrecen los agentes en la nación istmeña.
La compañía se llama Inmobiliaria AMR1515, S.A, incorporada en la Notaría Octava del circuito de Panamá el 17 de marzo de 2016. Al día siguiente de su constitución celebró su primera reunión extraordinaria, en la que los directores decidieron otorgar un poder general a José Orlando Fuentes Fernández, de nacionalidad venezolana, para que los representara tanto en Panamá como en cualquier parte del mundo; y también acordaron conferir un certificado de diez acciones a favor del mismo Fuentes, por un valor de diez millones de dólares, el total de acciones y capital de la empresa.
Casi en simultáneo, de la chequera personal de Fuentes salía el pago correspondiente a la compra de la quinta #334. Según consta en registro, el comprador otra vez adujo que “la empresa que represento no tiene cuenta en Venezuela” (en referencia a AMR1515) y que, por ello, se veía obligado a pagar los 200 millones de bolívares (cerca de 200.000 dólares según la tasa vigente en agosto de 2016) de su cuenta personal.
Mario Bonilla fue identificado en la Operación Money Flight como testaferro de los hijos de Cilia Flores. Trabajó en la Procuraduría cuando Cilia era la jefa máxima.
En 2017, a pesar de los cuatro meses de protestas y muertes en las calles de Caracas y otras ciudades del país, las compras no se detuvieron en la avenida Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo. La actividad estuvo a cargo de la Constructora M y R, C.A. En un breve lapso la empresa se hizo de la propiedad de al menos cinco casas de las seis que ese año se vendieron en el callejón.
Constructora M y R, C.A. es una empresa de Mario Enrique Bonilla Vallera y Raúl Eduardo Saavedra Leterni, sus accionistas. Dos muchachos que tenían 24 años de edad cuando decidieron registrarla en el año 2014.
Este Bonilla es el mismo que en 2015 había firmado la compra de la primera casa de la campaña, así como el mismo Bonilla que fue identificado como testaferro de los hijos de Cilia Flores en el expediente del proceso judicial iniciado en Florida tras la llamada Operación Money Flight de 2018, en la que se juzga un esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares sustraídos de la caja de la estatal petrolera Pdvsa. Por el caso, Bonilla, todavía en contumacia, fue acusado de conspirar para lavar dinero y sentenciado a 20 años de prisión en ese país.
Las casas que fueron compradas en 2017 por la empresa de Bonilla fueron las identificadas con los números 330, 331, 332, 368 y 367 de la calle Laguna de Tacarigua. En 2018 sumó dos más en la misma calle, las 366 y 598. A la larga Constructora M y R, CA, se haría dueña de siete viviendas, de acuerdo a las notas asentadas en decenas de libros consultados en registros públicos de Caracas para esta investigación. Sin embargo, y de manera irregular, esos siete expedientes no aparecen en el registro inmobiliario donde se archivaron estas compras.
Mario Enrique Bonilla Vallera es un viejo amigo de Yoswal, el hijo menor de Cilia Flores, el que faltaba en 2017 por llegar a la calle Laguna de Tacarigua.
Ambos estudiaron y compartieron aulas en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María de Caracas, una institución privada. En mayo de 2013 formaron parte de la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual. Antes de recibir el título universitario trabajaron juntos en AN Radio, 102.3 FM, la emisora asignada a la Asamblea Nacional durante los años en que el parlamento solo tuvo diputados chavistas (la frecuencia había pasado en 2009 a manos del Gobierno, cuando le revocó la concesión al circuito CNB, que tenía ese dial). Yoswal y Mario eran los locutores del programa Enrumbaos, que se transmitía de ocho a diez de la noche
Eran años en los que conversaban públicamente en Twitter sobre temas tan diversos como las asignaciones de la universidad, las preferencias de Mario por el Real Madrid y los Leones del Caracas, así como de sus antojos por el sándwich de cangrejo que por entonces vendía la franquicia Subway en el mercado venezolano.
Más que compañeros, se hicieron amigos, Mario Bonilla ha quedado retratado en varias fotos de celebraciones donde además de compartir con Yoswal Gavidia también lo hacía con Yosser Gavidia y Nicolás Maduro Guerra (Nicolasito, como le dicen para diferenciarlo de su papá, el presidente de la República). Los tres son contemporáneos, de la cohorte de 1990, hoy a punto de convertirse en treintañeros.
Iban a clases juntos, trabajaban juntos, compartían en fiestas juntos. Así Mario Bonilla llegaría a trabajar con Cilia Flores, la mamá de sus amigos, cuando esta se desempeñó como Procuradora General de la República. Mario Bonilla trabajó desde enero de 2013 -apenas tres meses antes de que su patrona se convirtiera en Primera Dama- hasta junio de 2014 en la Procuraduría.
En noviembre de 2017 Mario Bonilla y Yoswal Gavidia Flores crearon una empresa conjunta, Inversiones Difusión Latina Radio 2017 (Difusión Latina). Allí Mario Bonilla posee 50% de las acciones y es vicepresidente, mientras que Yoswal Gavidia es el director. El socio de Bonilla, Raúl Saavedra Leterni, es el accionista dueño de la otra mitad.
Se trata de la razón jurídica de una radioemisora que puede presumir de dos cosas en su fugaz historia: de contar con un aviso luminoso que la proyecta día y noche a los conductores que transitan por la autopista Francisco Fajardo en Caracas, en ambos sentidos (algo que no es común); y de operar en el mismo dial que le perteneció, durante 38 años -desde 1975-, a la Emisora Cultural de Caracas, la 97.7 FM.
Mario Bonilla también comparte acciones y cargos en varias empresas con las cuñadas de Yoswal, Jenifer y Mariana, y con la sobrina política de Cilia Flores, Erika Albornoz Gavidia.
De este modo, para enero de 2019, la familia de Cilia Flores ya había concretado la adquisición de doce casas.
Las salidas no fueron forzadas. Nunca hubo amenazas explícitas para conseguir que se fueran los habitantes de las casas codiciadas. Los compradores sí contaron a su favor, en cambio, con cierta presión psicológica que se generó a partir de las versiones sobre compras consecutivas de casas. Cada decisión fue tomada tras una oleada de rumores entre vecinos, un nerviosismo que inadvertidamente contribuyó al plan de gentrificación que los Gavidia Flores se proponían hacer en un vecindario de familias instaladas allí desde décadas antes y entre las que hay apellidos de abolengo.
Pero la subasta no terminaba todavía.
La décimo tercera casa terminó de negociarse en abril de este año. Se trata de la más grande de la calle, la #358, ubicada al fondo, frente a la redoma. Un inmueble de 1.120 metros cuadrados de construcción y otros 764 metros cuadrados de terreno, que ahora le pertenecen a Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 10, C.A, la empresa de Jenifer Fuentes y José Fuentes, también propietaria de la quinta #333.
De nuevo el pago salió de la cuenta personal de José Fuentes, por un precio nominal de 100 millones de bolívares o 25.000 dólares, al tipo de cambio paralelo de esa fecha.
Como ocurrió en la compra de las primeras casas en 2015 y 2016, José Fuentes declaró que debió emitir un cheque de su cuenta personal porque “la compañía no tiene chequera”.
Cabe destacar que, como consecuencia de la larga prohibición impuesta a las transacciones denominadas en dólares en medio del control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, esas transacciones, que de todas maneras se realizaban en el mercado inmobiliario venezolano para conservar el valor de las propiedades dentro de un entorno de alta inflación y constante devaluación de la moneda, por lo general se reflejaban con un correlato ficticio en bolívares en los registros públicos. Normalmente, se menciona allí un valor que representa apenas una fracción del monto total, que se completa tras bambalinas en divisas.
El trámite de venta de una última casa se concretó en mayo de este año y se oficializó en fecha tan reciente como el pasado agosto, hace menos de tres meses. Como comprador aparece Inversiones Indor, una empresa recién creada en abril de 2019, y que tan solo mes y medio más tarde pagaba un inmueble. Los directores son Roger Alexander Cáceres Fernández y Juan Publio Linares Ustariz, dos trabajadores del área de seguridad y vigilancia que han laborado juntos para Control & Protocolo VIP Seguridad R.&.C. La casa que compraron es la #328.
Un cheque personal de Roger Cáceres cerró el negocio el 27 de mayo, por un monto de cien millones de bolívares (casi 16.000 dólares al cambio paralelo del momento). De nuevo, el mismo inconveniente: “La compañía no tiene chequera”. El exiguo capital de la empresa (dos servidores marca HP, tasados en cinco millones de bolívares cada uno) representaba 10% del monto total pagado por la casa.
Como colofón de la exitosa toma de la calle, esta, así como otras que desembocan en ella y que necesariamente deben transitar los miembros de la familia Gavidia Flores avecindados allí, recibieron una nueva capa de asfalto. Y el alumbrado eléctrico, crónicamente dañado, fue restituido.
Actualmente no están ocupadas todas las catorce quintas. Hay varias en obras de remodelación. La avenida Laguna de Tacarigua dejó de ser tranquila y discreta para convertirse en una especie de refugio vigilado e impenetrable. Bulle un trajín de obreros que comienza cerca de las siete de la mañana y finaliza a las seis de la tarde; suele haber escoltas afuera junto a la garita, entre motocicletas de alta cilindrada y camionetas blindadas, y un cono anaranjado siempre está atravesado en la entrada cuando la reja está abierta. No puede pasar cualquiera, ni en carro ni a pie. Hay que identificarse antes y citar buenas razones para estar allí.
Solo una de las casas se ubica fuera del perímetro del cercado. Es la #335, de nombre Vanadi, Wanadi o Uanadi, según las distintas variaciones que le atribuye el redactor de la cédula catastral. Se trata de una construcción noble. Fue diseñada por el arquitecto venezolano Jesús Tenreiro en 1961 y construida en 1963. En los cursos sobre la obra de Tenreiro en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) era estudiada como referencia. En el Catálogo de Patrimonio Cultural del Municipio Baruta es listada como Bien de Interés Municipal. Por sus obras, trayectoria y aportes, Tenreiro recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1991 y ganó la IX Bienal de Arquitectura en 1998.
Y también es la única en la que sus habitantes, desde 2018, no hacen mayor esfuerzo por pasar inadvertidos. Por el contrario. Es donde hacen vida los guardaespaldas y personal de seguridad de los nuevos dueños de la calle.
Una parábola de progresiva decadencia y abandono describe la tradicional presencia en una esquina de Sabana Grande de la construcción, que en 1949 era el edificio más alto y suntuoso de Caracas. Ocupado al comienzo del gobierno de Chávez por invasores violentos, que lo transformaron en tierra de nadie al alcance de quien quisiera tomarlo a la fuerza, luego de su nacionalización sirvió de comuna estudiantil y de asilo para enfermos de Covid-19. Ya en las últimas, brotes de la economía de bodegones empiezan a colonizar su planta baja.
José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.
El cacao venezolano representa menos del uno por ciento del cacao que se comercia a nivel mundial, pero sus granos y el chocolate que se obtiene a partir de él se exhiben en ferias internacionales a través de empresas nuevas en el negocio y estrechamente vinculadas con la familia presidencial. A través de guiños al sistema cambiario, el extraordinario producto venezolano genera grandes cantidades de divisas que quedan fuera de Venezuela, paradójicamente, gracias a un monopolio del Estado que mantiene férreo control sobre la cadena de comercialización y exportación. Todo ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene secuestrado a las zonas productoras, principalmente Miranda y Sucre, obligándolos a abandonar los campos o morir en el terreno.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
