Los 45 del patíbulo

En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.

21 mayo 2017

“Suéltenlo”, “Déjenlo quieto”, gritaban los protestantes a los agentes de Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se llevaban detenido a Sergio Contreras, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese miércoles 10 de mayo de 2017 Contreras portaba un megáfono para perifonear consignas en una marcha opositora en la avenida Vollmer de San Bernardino, parroquia La Candelaria, en el centro-norte de Caracas. En ese momento intentaba mediar entre los marchantes y un piquete policial que impedía el paso a la multitud, según relatan testigos del hecho y la abogada de Contreras, Lilia Camejo. Las fotos de la policía llevándoselo a la fuerza en una motocicleta circularon profusamente por las redes sociales.

Luego de estar en la sede de la Policía Nacional fue trasladado ese mismo día al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y, ya en horas de la madrugada de la jornada siguiente, llegó a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el noreste de Caracas.

La ruleta de traslados desembocó el viernes 12 de mayo, en horas de la noche, en el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, al que Contreras fue presentado. Esa corte está a cargo de la capitán Claudia Carolina Pérez de Mogollón, abogada con diplomado del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la especialidad de Derechos Humanos y Fuerzas Armadas. También su currículo certifica estudios sobre Derechos Humanos en la Fundación "Juan Vives Suria", adscrita a la Defensoría del Pueblo.

Así como Contreras, cientos de civiles han sido presentados ante tribunales militares desde que comenzaron las protestas de la oposición, el 1 de abril de 2017, una verdadera Intifada para exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el respeto de la autonomía de la Asamblea Nacional y hacer un llamado a elecciones generales para salir de la crisis política, entre otras exigencias.

Según trascendidos de la reunión que mantuvo Nicolás Maduro la semana pasada con el alto mando militar, a los que la prensa electrónica ha dado eco y que el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, también difundió, el presidente venezolano informó a los oficiales su intención de trasladar a la justicia marcial los manifestantes callejeros bajo arresto cuyos casos el Ministerio Público no aceptara procesar. Tal sería su manera de sortear el obstáculo que ahora le impone una Fiscalía inesperadamente indócil, al mando de Luisa Ortega Díaz, para la tarea prioritaria de sofocar la rebelión civil iniciada en abril de 2017. Se trate o no de una estrategia deliberada, las constantes denuncias de organizaciones de derechos humamos permiten comprobar que en el combate contra la revuelta que ya cumple 50 días, el Gobierno está optando, sin más miramientos por la normativa local y los estándares internacional, por llevar a civiles a ser juzgados ante tribunales militares.

Seis de cada diez procesados en tribunales militares fueron arrestados en el estado de Carabobo

De acuerdo a datos del Foro Penal Venezolano -una organización no gubernamental que asiste a detenidos por razones políticas-, hasta el 17 de mayo reciente 295 civiles habían sido presentados ante tribunales militares, de los que 161 quedaron privados de libertad, en contravención del artículo 49 de la Constitución vigente, que reza: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta constitución y en la ley”. A ellos se les suma los 14 detenidos en Nueva Esparta que fueron enviados al Tribunal Militar Décimo Sexto de Control con sede en Barcelona.

Seis de cada diez procesados en tribunales militares fueron arrestados en el estado de Carabobo, en el centro del país, que ha sido escenario de fuertes desórdenes. Tal vez sea mera coincidencia, pero es en el tribunal de control de Valencia, la capital del estado, donde trabaja la jueza con más tiempo de permanencia en toda la jurisdicción militar nacional: la mayor Luz Mariela Santafé Acevedo, nombrada en noviembre de 2011 y ratificada a finales de 2016. Un término tan prolongado puede dar lugar -sostiene Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional- a perversiones en las prácticas del tribunal.

Justicia u obediencia debida

Así como existe un circuito judicial ordinario, los militares tienen su propio circuito de justicia que está conformado por los Tribunales Militares de Primera Instancia, a cargo estos de jueces que ejercen las funciones de Control, Juicio y Ejecución de Sentencia, así como por la Corte Marcial, en funciones de Corte de Apelaciones y Tribunal Constitucional con competencia nacional, a cargo de cinco jueces profesionales.

La sala de la corte marcial la conforman un presidente, el General de División Henry José Timaure Tapia; un canciller, José de la Cruz Vivas Sáez; un relator, el coronel Jesús E. González Monserrat; un primer vocal, Carmen Lucía Salazar Romero; y un segundo vocal, Edmundo Ramón Mujica Sánchez.

Todo indica que el número de casos y de regiones involucradas va a aumentar

En toda la jurisdicción militar se cuentan 19 tribunales de control, cinco tribunales de juicio y siete tribunales de ejecución. Sus titulares, 45 magistrados, no solo tienen competencia sobre el futuro de los militares acusados de cometer delito sino, con la nueva doctrina que el Gobierno de Nicolás Maduro intenta imponer, también sobre el de civiles a los que se imputen delitos militares. Desde luego, no todos ellos deliberan ahora sobre la suerte de los 161 civiles puestos a la orden de tribunales militares durante las protestas callejeras. De acuerdo a denuncias de redes sociales, esto ha ocurrido, además de Caracas, en estados como Carabobo, Barinas, Táchira y Nueva Esparta. Pero todo indica que el número de casos y de regiones involucradas va a aumentar.

Estos jueces han sido elegidos a dedo por el Ministerio de la Defensa. Aunque el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar establece que el nombramiento de los integrantes de la Corte Marcial la realizará el Tribunal Supremo, lo hace a través de una lista enviada por el propio ministerio y no a través de concurso como establece la Constitución, explica Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Aún más: según la Gaceta Oficial 40.462 del 28 de julio de 2014, fue el ministerio de Defensa quien nombró sin más remilgos a la Fiscal General Militar, Siria Venero; al Defensor Público Militar, Oscar Alfredo Gil Arias; y al Presidente de la Corte Marcial. Todos se mantienen en el cargo y están por cumplir tres años en su posición, en contra de la convención que dispone la constante rotación de esos cargos y que la Revolución Bolivariana ha convertido casi en un mantra.

“El Tribunal Supremo de Justicia avaló esta usurpación de sus propias funciones, y con el mayor desparpajo publicó una nota de prensa por la que informó que ese Tribunal juramentó al nuevo presidente de la Corte Marcial sin explicar que no lo nombró y sumisamente aceptó lo decidido inconstitucionalmente por la Ministra de la Defensa”, relata el vocero de Acceso a la Justicia.

Como irónico contraste, desde 2011 el ministerio de Defensa dejó de publicar en Gaceta Oficial los nombramientos en la justicia militar. En correspondencia con lo establecido por el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, desde esa fecha las designaciones de jueces, magistrados y defensores públicos militares -en suma, los miembros de la jurisdicción, sin contar al personal administrativo y de contabilidad- aparecen en el website del Tribunal Supremo. 

Conexión ejecutiva

La modalidad no es nueva, sin embargo. Casos anteriores ahora lucen como tanteos para medir la disposición del aparato de justicia militar para asumir casos civiles.

Entre ellos destaca uno de septiembre de 2016. Entonces el partido Primero Justicia hizo circular por las redes un vídeo en el que se hace una recreación de efectivos militares padeciendo, como cualquier otro ciudadano, los problemas de la crisis económica y política que vive el país. Ese fue el motivo de detención y envío a tribunales militares de los productores Marco Trejo, César Cuellar y James Mathison.

En esa ocasión, el presidente magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno -sancionado esta semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos-, ordenó “sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales”.

A pesar de ese antecedente, ahora el Poder Judicial -bajo estricto control del Ejecutivo- se aviene a aceptar el procesamiento de civiles por el fuero militar. Con toda probabilidad, el cambio de señas obedece a la necesidad de evadir el ámbito de influencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. De la dependencia de os jueces militares con el ministerio de Defensa se deduce otra línea de mando, la que los conecta con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, presidente de la República.

La noche en que Sergio Contreras fue presentado en el Tribunal Militar, la capitán Claudia Carolina Perez de Mogollón lo imputó por delitos de Rebelión Militar, Traición a la Patria y Sustracción de Elementos de las Fuerzas Armadas. Fue enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las montañas al suroeste de Caracas, donde también se encuentra confinado desde hace tres años el más conocido preso político de la Revolución Bolivariana y compañero de partido, Leopoldo López, ex alcalde del municipio Chacao del noreste de Caracas.

Su familia no lo ha podido ver, exige -aún sin suerte- conocer de su estado de salud y sus condiciones de reclusión. Sus abogados esperan la entrega de copias de actuaciones y designación de defensa para trasladarse a Ramo Verde e tratar de verlo. Mientras tanto corren los 45 días en el que debe presentarse el acto conclusivo de la investigación en el que se sabrá finalmente el destino que la justicia militar eligió para Contreras.

¡Hola! Gracias por leer nuestro artículo.


A diferencia de muchos medios de comunicación digital, Armandoinfo no ha adoptado el modelo de subscripción para acceder a nuestro contenido. Nuestra misión es hacer periodismo de investigación sobre la situación en Venezuela y sacar a la luz lo que los poderosos no quieren que sepas. Por eso nos hemos ganado importantes premios como el Pulitzer por nuestros trabajos con los Papeles de Panamá y el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia. 

Para poder continuar con esa misión, te pedimos que consideres hacer un aporte. El dinero servirá para financiar el trabajo investigativo de nuestros periodistas y mantener el sitio para que la verdad salga al aire.

ETIQUETAS:                    

Artículos Relacionados

18-08-19
Carol Padilla, perfil de una jueza por encargo

A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.

14-07-19
Las siete vidas de Esaúl Olivar, el nuevo fiscal superior de Caracas

Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.

El liderazgo secuestrado del comandante Marín Chaparro

No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa

Un tribunal ilegal lleva el caso de Juan Requesens

Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.

25-03-18
Presos en el limbo 59 colombianos por un capricho presidencial

El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.   

24-02-18
La desaparición forzada que no pudo borrar el precipicio

Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.  

1 2 3 6

Otras historias

Gradúame pa’que te ayude 

Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.

17-03-24
Los operadores (no tan) ocultos bajo el manto del último glaciar

La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.

A Morejón las sanciones no lo bajan de las tarimas 

De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.

03-03-24
El nuevo ‘crack’ del chavismo: Jorge Giménez golea a Alex Saab en los CLAP y Pdvsa

El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.

24-02-24
Leishmaniasis: enfermarse en Venezuela para curarse en Brasil

La variante de este mal del tipo cutáneo, conocida como “llaga brava”, es recurrente en las zonas boscosas, intervenidas por la minería, de la Gran Sabana. Como ironía, la fiebre del oro se ha conjugado con el empobrecimiento de los habitantes de la región, lo que se refleja en la falta crónica de medicamentos en el servicio público de salud de Santa Elena de Uairén, la última ciudad fronteriza. Así que los enfermos se ven forzados a ir hasta la vecina Pacaraima, Brasil, en busca de tratamiento. Es otro de los costos ocultos de la minería en Venezuela.

18-02-24
Entre represión y explotación avanza la pista que abrirá Los Roques a más turistas VIP

Ávido de generar divisas a través del turismo, el gobierno de Nicolás Maduro apura los convenios e infraestructura para atraer visitantes internacionales al país. Para demostrar que puede ofrecer un destino de lujo, busca ampliar la pista del aeropuerto del archipiélago de Los Roques, una de las joyas del Caribe, sin reparar en los daños que podría infligir a su frágil ecosistema.

Sitio espejo
usermagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram