Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

Hace casi un año, el 12 de junio de 2020 a las 8:09 de la noche, el empresario colombiano aterrizó a bordo de su avión privado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, proveniente de Maiquetía. Debía recargar combustible y continuar rumbo a Teherán, la capital iraní, pero a las 9:30 de la noche quedó detenido por agentes de Interpol. Salvo una breve estancia en la prisión de Ribeirinha, ubicada en la isla de San Vicente, la misma donde nació y murió la cantante Cesária Évora, desde entonces Alex Saab no ha salido de la isla a la que en teoría llegó solo para una escala técnica de horas.

La única imagen que hay desde su captura corresponde al 14 de junio, dos días después de la detención. Es esa donde se le ve en jeans, franela negra, esposado y escoltado por dos policías, en dirección hacia el modesto Tribunal de la Comarca de Sal, muy cerca del aeropuerto. Para infortunio de Alex Saab, el edificio está a tan solo metros de la sede de la Radio Televisión de Cabo Verde, lo que facilitó el trabajo a un camarógrafo del canal para grabar una imagen que rápidamente se viralizó como el símbolo oficial de la caída del contratista preferido de Nicolás Maduro.

En la cárcel de Terra Boa, cuyo nombre oficial en portugués es Cadeia Regional Do Sal, al norte de la isla y en medio de kilómetros de aridez, Alex Saab pasó unos seis meses. Pero a finales de enero pasado sus abogados lograron una victoria legal, acaso la única que han obtenido, con la medida de prisión domiciliaria para el reo. El destino escogido fue el complejo de Vila Verde, al suroeste de la isla y muy cerca de Santa María, la parte más turística de Sal.

Vila Verde, en realidad, es un resort. Cuenta con apartamentos, villas y townhouses, una pequeña zona comercial y caminerías en las que visitantes y turistas pueden pasear desprevenidos. Colinda con hoteles cinco estrellas como el Meliá Tortuga Beach, justo antes de la extensa playa de Ponte Preta, cuya brisa marina debe sentirse en la estancia de Alex Saab.

Al llegar al punto exacto de reclusión queda claro que las autoridades no lo escogieron por esas bondades para el alojamiento. Nada parece al azar en el lugar de custodia para quien, tras su detención, fue revelado como “enviado especial” del gobierno de Maduro, rango que habría obtenido en abril de 2018 -según los documentos mostrados a posteriori-, y ascendido en diciembre pasado a embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Hasta el riesgo de fuga parece haber sido previsto.

Entre eucalipto, lechosa y cambur

Por estos días el complejo Vila Verde luce desolado. La pandemia del Covid-19 golpeó al turismo, actividad económica que aporta entre 25% y 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde. La población local ha pasado así a depender cada vez más de las remesas de la diáspora: hay más caboverdianos entre Europa y Estados Unidos que en el archipiélago. De por sí, la economía es tan pequeña que alguno de los negocios manejados en Venezuela por Alex Saab, como el de Trenaco o el de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), supera en tamaño toda la economía del país.    

En isla de Sal cualquier taxista conoce el complejo de Vila Verde y sabe también que allí está detenido Alex Saab. No es un asunto que inquiete a los locales o que marque el debate nacional, pero el caso sigue presente en la prensa caboverdiana y hasta allí también ha llegado la intensa campaña comunicacional organizada por su defensa y el chavismo en aras de convencer a la opinión pública internacional de que todo sería una injusta persecución.

En línea recta desde la entrada del recinto, donde unas grandes letras verdes con el nombre dan la bienvenida, hasta la calle donde está el townhouse de Alex Saab, apenas debe haber un kilómetro de distancia. En carro hay que ir bordeando la vía que circunda todo el espacio hasta llegar al fondo, a la calle Gleditsia o, en otras palabras, la calle en la que una patrulla de la policía de Cabo Verde hace de alcabala, con sus oficiales atentos a la entrada y salida de cualquiera. 

Gleditsia es el nombre de un árbol, pero en esta historia es una calle con una sola entrada. Hacia el oeste y rumbo a la salida del complejo de Vila Verde le siguen en paralelo las calles Causarina, Papaya, Banana y Eucaliptus, todas con hileras de townhouses blancos de dos pisos, iguales al que hospeda a Alex Saab. De resto, la calle prácticamente está rodeada por terrenos baldíos que conectan al oeste con la playa de Ponte Preta, y hacia el sur con la zona turística de Santa María, lo que dificulta cualquier plan de fuga, de haberlo.

Quien logre pasar a la calle Gleditsia encontrará a mano izquierda la edificación donde está recluido el empresario colombiano. El townhouse es completamente blanco, con los marcos y puertas de ventanas verdes y un techo a dos aguas recubierto con tejas. Tiene un pequeño zaguán a la entrada y un jardín y hasta una pequeña piscina en la parte trasera. “Si salgo al jardín, la Policía Nacional sigue todos mis movimientos con drones”, se quejó el propio Alex Saab en una entrevista publicada por la agencia española EFE en marzo pasado.

“Estoy vigilado por 50 guardias armados, mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se van”, detalló en esa misma conversación. Unos días después, su abogado principal en Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, fue brevemente arrestado por resistirse al registro en el puesto policial a la entrada de la calle Gleditsia. Por estos días, Pinto Monteiro y su equipo tiene su cuartel de trabajo en el cercano hotel Odjo D’Agua, también en la zona de Santa María. Pinto Monteiro no respondió a la solicitud de entrevista. 

Al menos el día que Armando.info se acercó al lugar, los drones no se avistaban. Tampoco el medio centenar de policías que denunció Alex Saab. Sí había, en cambio, vigilancia en el techo de algún townhouse, probablemente el del propio Saab. Ese policía oteaba desde lo alto cualquier movimiento extraño. En otras de las pequeñas casas de la misma calle se alojan al menos una docena de policías a cargo de la custodia del que perfectamente puede ser el preso más famoso de Cabo Verde. Pero la suerte de Saab no se decidirá en esa casa, a orillas del mar. 

El edificio naranja

A la batalla legal trazada por los abogados de Alex Saab, con el exjuez español Baltasar Garzón a la cabeza del equipo en lo que concierne al proceso de extradición, se le han ido agotando el tiempo y las opciones legales. Ha sido un año de recursos y estrategias para dilatar lo más posible el proceso, pero ahora sólo resta la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde en Praia, la capital del país, en la isla de Santiago, a unos 40 minutos en avión desde Sal.

A la máxima instancia judicial caboverdiana se llegó tras meses de gestiones y pronunciamientos del Tribunal de Relaciones de Barlovento, en la isla de San Vicente, y el Supremo Tribunal de Justicia, también en Praia. Aún hoy, en la entrada del Supremo, puede verse en la cartelera de notificaciones judiciales el rastro de alguno de los recursos de la defensa de Alex Saab. Todos han sido derribados en términos jurídicos y hasta ahora los jueces han encontrado suficientes méritos para su extradición a Estados Unidos, donde le espera un tribunal del sur del estado de Florida. 

Para que se confirme la entrega de Alex Saab a Estados Unidos, al menos dos de los tres jueces que integran el Tribunal Constitucional deben ratificarla. Algunas fuentes conocedoras del proceso aseguran que a finales de mayo o principios de junio podría producirse el dictamen, pero la defensa sigue tratando de demorar el desenlace.

Los despachos del máximo tribunal de Cabo Verde están en un pintoresco edificio anaranjado de siete pisos, imposible de asociar a priori con la majestad atribuible a una instancia como el Tribunal Constitucional. A diferencia de otras dependencias u organismos del Estado que están en Plateau -el centro histórico de Praia, asentado sobre una meseta; de allí el nombre-, como el propio Supremo Tribunal de Justicia, que funcionan en antiguos edificios coloniales de la época portuguesa, el Constitucional podría pasar por un simple edificio de oficinas o apartamentos, de arquitectura corriente y apenas llamativo por el color. 

Justo ahí se definirá el destino de Alex Saab: si retoma su ascendente carrera como contratista predilecto de Maduro, ahora reconvertido en héroe por la propaganda oficial, o si termina ante la justicia norteamericana por la acusación de supuesto lavado de dinero que se remonta a julio de 2019 contra él y su socio Álvaro Pulido Vargas, vinculada a las operaciones de Fondo Global de Construcción, el primer negocio de los empresarios colombianos con el chavismo hace casi una década. 

“Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones”, dijo el presentador de un acto transmitido en cadena de radio y televisión a finales de 2011 en el palacio de Miraflores. El entonces desconocido empresario enfiló hacia la mesa en la que estaban los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, para firmar su primer gran contrato en Venezuela. Con menos años, unos kilos de más, trajeado y la cabellera amarrada con una coleta, comenzó ese trayecto que casi una década después lo llevó en su avión privado a Cabo Verde como emisario del propio Maduro, quien aquel día de 2011 en Miraflores en su condición de Canciller fue testigo de excepción de la presentación en sociedad de Alex Saab.  

Con el chavismo, pero especialmente con Maduro, pasó de la construcción de casas prefabricadas para la Misión Vivienda a los contratos para levantar los “gimnasios verticales”; de las divisas preferenciales de las subastas del Sicad al multimillonario contrato de Pdvsa a Trenaco; del suministro de materia prima a granel a proveedor de Abastos Bicentenario; de vendedor estelar para los CLAP a la comercialización del oro venezolano y más recientemente del petróleo salido de Pdvsa. Casi todo pasó discrecionalmente por las manos de Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas (nacido como Germán Rubio), siempre a través de opacas estructuras corporativas y financieras en paraísos fiscales, en las que participaban familiares de ambos y una larga lista de colaboradores. 

Ni la estela de sospechas que en su contra crecían año tras año, ni las investigaciones judiciales que se le iban abriendo en Ecuador, Colombia, México, Italia, el principado de Liechtentstein, entre otras jurisdicciones, lo frenaron. Tampoco a sus benefactores. Su parábola solo se alteró, casi de carambola, aquella noche del 12 de junio de 2020 en la que aterrizó en Cabo Verde, un país que, salvo un pasado colonial que lo convirtió en factoría para el comercio de esclavos con América, su creciente migración o que el 5 de julio sea el día de la independencia, poco tenía que ver con Venezuela y con el propio Alex Saab. 

“No recuerdo haber recibido tantas llamadas de teléfono, llamadas de jefes de Estado extranjeros”, admitió el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, semanas después de la captura del empresario colombiano. Desde hace meses tanto Fonseca, como el primer ministro, José Ulisses Correia, reelecto el reciente 18 de abril, evitan pronunciarse en público sobre el caso. En privado, otros funcionarios repiten que es un asunto de la “justicia caboverdiana” y evitan caer en la politización con la que la defensa intenta impregnar la causa.

En las calles de Praia el eco del caso tampoco es intenso, es algo alejado de las urgencias de la cotidianidad. Algunos ciudadanos evaden el tema, otros lo asumen como un asunto complejo en manos de la justicia y otros pocos temen consecuencias para el país por todos los intereses que están en juego detrás de Alex Saab y el rol que inesperadamente le ha tocado a Cabo Verde.

La vida transcurre tranquila, con la misma calma de siempre. En la céntrica calle 5 de julio, en Plateau, continúan esperando a los turistas con su cerveza creola o algún ron destilado de la caña de azúcar caboverdiana. De algún rincón sale música en vivo, otra invitación a conocer esa terra estimada, esa terra di paz, terra di gozo a la que Cesaria Evora cantaba y que los reclamos turísticos continúan prometiendo para todos, menos para Alex Saab.  

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del opositor partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora.

Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de Primero Justicia por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.

Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela, a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido hace 48 años en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la Subdirección de Gestión Documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2019. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados para clarear en el extranjero el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento del cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.Info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2019 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre el empresario Carlos Lizcano y el diputado Luis Parra han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.

Ramal dorado

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, este último, representante de Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma por casi 500.000 euros a nombre de Salva Foods Fze, ésta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.

Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.

Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.

Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también para asegurarse los empresarios una forma de pago, difícil de rastrear, por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

El origen de un ‘modus operandi’

La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El asunto no parece casual.

Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid, España, a Caracas en un vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”, respondió Parra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la petición de entrevista.

En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París, Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik, a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.

Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, una vez reincorporado a la Comisión de Contraloría.

En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela, representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia específica contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.

Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del parlamento.

Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.

La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo entre diputados. En un encuentro digital con corresponsales extranjeros destacados en Venezuela en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia frente al Gobierno de Maduro y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.

Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín, cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más grandes del país debido a que también cuenta con una gran administración logística”, insistía una de las notas de prensa.

Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de Contraloría con esa finalidad.

Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.

En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.

Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas.

El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que “emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”. Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de Armando.Info que han revelado esas conexiones a través de Carlos Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en materia criminalística”.

Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy Superlano, aún presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la “plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro y probables artífices de la Operación Maletín Verde, según la bautizó el diputado José Guerra.

Por medio de una desconocida compañía llamada Salva Foods 2015 controlan lo que por encima parece una franquicia del plan estatal para “privatizar” cadenas públicas de expendios de alimentos como la de Abastos Bicentenario -construida en parte sobre el chasis de lo que fue el negocio en Venezuela de los Alamacenes Éxito-. Salva Foods se suma a la fantasmal Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong, con la que el dúo empresarial se convirtió desde comienzos de 2017 en proveedor de millones de cajas CLAP gracias a dos contratos suscritos con el Gobierno de Nicolás Maduro, así como también de medicamentos de la India por otro acuerdo con el Ministerio de Salud. 

La fórmula para adueñarse de este otro eslabón del negocio se repite. Ni Saab Morán, ni Pulido Vargas poseen acciones en Salva Foods, pero varios indicios conducen hacia ellos. Es una trama empresarial con muchas piezas, armada cual rompe cabezas.  

Para constatar que Salva Foods es la propietaria de las Tiendas CLAP basta con comprar en alguna de las nueve sucursales que están en Caracas. Además del nombre de la compañía, en las facturas aparece una dirección, que fue la misma que mostraba su primer Registro de Información Fiscal (RIF). En principio, parece conducir a una oficina cualquiera en el Centro Banaven, conocido coloquialmente como el Cubo Negro, un complejo empresarial al sureste de la capital venezolana. Pero no es cualquiera: se trata de la misma dirección publicada en el website, hoy inactivo, de Group Grand Limited, luego de que Armando.info descubriera que esa sociedad tenía inicialmente la misma sede del Fondo Global de Construcción, otra corporación con la cual Saab Morán y Pulido Vargas se convirtieron en contratistas del chavismo en 2011

Con todo, el domicilio es erróneo. Al menos es lo que sostienen en el Centro Banaven. Allí niegan que alguna vez alojaran a Group Grand Limited o a Salva Foods. La oficina de esta última se encuentra, en realidad y, en definitiva, en el Centro Altamira, otra torre de oficinas en el noreste de Caracas.

Equivocación o no, la del Centro Banaven no será la única coincidencia entre las dos empresas. El número telefónico de las facturas emitidas por Group Grand Limited al Gobierno venezolano por los millones de combos de alimentos provenientes de México lo atiende Carlos Rolando Lizcano Manrique, un empresario nacido en Cúcuta (Departamento de Norte de Santander, noroeste de Colombia), de 47 años de edad, y que es el dueño de Salva Foods.

Conexiones múltiples

Carlos Rolando Lizcano Manrique también posee empresas en Colombia y Panamá. Hace un año en una breve conversación telefónica negó que Group Grand Limited estuviera relacionada a Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y se limitó a afirmar que era una empresa de Hong Kong. Sin embargo, los papeles del registro mercantil de esa jurisdicción revelaron que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab Morán, fue beneficiario de la sociedad desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, Armando.info descubrió que la apoderada de la empresa ante el Gobierno de Maduro es Andreina Fuentes Mazzei, quien también es directiva en Fondo Global de Construcción, y que un hijo de Álvaro Pulido Vargas fue apoderado de una sucursal de Group Grand Limited creada en México.

Que Carlos Rolando Lizcano Manrique responda el teléfono de Group Grand Limited, entonces, no parece cosa del azar. Hay, además, otra coincidencia: su Registro de Información Fiscal (RIF) tiene la misma dirección del RIF de la sociedad registrada en Hong Kong y que es la reportada en algunos manifiestos de carga. Ser los principales proveedores de las cajas CLAP con contratos para la Gobernación del Táchira y el Ministerio de Alimentación por alrededor de 700 millones de dólares no fue suficiente. Faltaba otra pieza en la trama.

Carlos Rolando Lizcano Manrique es el propietario de Salva Foods, la dueña de la franquicia para las Tiendas CLAP. Desde el 3 de agosto de 2017 asumió la totalidad de las acciones, valoradas en 2.000 millones de bolívares. La había inscrito inicialmente con un capital de 500.000 bolívares junto a José Rolando Higuera Lizcano el 23 de junio de 2016, siete meses antes de que Maduro asomara en público su idea: “Vamos a convertir Mercal, Pdval, (Abastos) Bicentenario y todo nuestro sistema en un sistema de tiendas de los CLAP (…) Yo llamo a todos los sectores que quieren seguir trabajando en Venezuela a que se sumen a esta nueva dinámica”, planteó en enero de 2017 durante su discurso de Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La sentencia del mandatario contra Abastos Bicentenario, cadena surgida de la expropiación decretada por Hugo Chávez contra los activos del francés Grupo Casino y por la cual la República pagó 690 millones de dólares, llegó un año antes. “Abastos Bicentenario se pudrió, así lo digo y ordeno una reestructuración total y absoluta, y convertir los Abastos Bicentenario en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en manos de las comunas y de los consejos comunales”, proclamó Maduro en febrero de 2016. “Asumo toda la responsabilidad”, insistió. Cuatro meses después nació Salva Foods y eso parece haber bastado para cambiar el destino de Abastos Bicentenario.

Aunque sólo fue hasta el 9 de noviembre de 2017 cuando apareció en Gaceta Oficial un decreto firmado por Rafael Campos Cabello, primo del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y presidente encargado desde el 1 de junio de 2017 de Abastos Bicentenario, para “constituir el comité de licitación para la venta y permuta de bienes públicos la sociedad mercantil Red de Abastos Bicentenario S.A (Rabsa)”, en la asamblea de accionistas de Salva Foods del 3 de agosto de 2017 se listaron hasta diez sucursales en la Gran Caracas (Distrito Capital, y los estados de Vargas y Miranda) donde se colocaría la marquesina de Tienda CLAP. Algunos de esos locales pertenecían a Abastos Bicentenario, como la ubicada en el edificio Mohedano del complejo Parque Central, en el centro de la capital venezolana.

La razón por la que esos establecimientos pasaron a manos de Salva Foods cuando aún no se había publicado el decreto de liquidación, no está clara ni siquiera para los trabajadores de Abastos Bicentenario, quienes tras dos años de agonía y desinformación ahora avizoran despidos masivos. “Los comités (CLAP) adquirieron, a través de una franquicia, las sucursales de Macaracuay, Tamanaco y Guarenas de (Abastos) Bicentenario, y en lugar de absorber la nómina, despidieron a los empleados”, denunció Jonathan Yulden, integrante del sindicato, según reseñó el 27 de julio el diario La Verdad del estado de Vargas -litoral vecino al norte de Caracas-.

Ese mismo día representantes sindicales de Abastos Bicentenario se reunieron con autoridades del Ministerio del Trabajo y les confirmaron la noticia.  “Nos revelaron que la red de Abastos Bicentenario está vendida, se la vendieron a una empresa privada, todas las tiendas sin excepción están vendidas, los van a botar a todos”, resumió en un audio que circuló vía Whatsapp uno de los asistentes al encuentro.  “El Estado no pudo con la red de Abastos Bicentenario y la cedió a la red privada, se la vendió a la red privada”, remató. Esta semana los trabajadores volvieron a protestar en Caracas. Salva Foods apenas tiene una “nómina promedio anual” de tres trabajadores según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Ni Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni la gerente general de Salva Foods, Betsy Desiree Mata Pereda, atendieron la solicitud de entrevista para este reportaje. Mata Pereda, venezolana de 37 años, también está relacionada con otras empresas que, a su vez, conectan con Saab Morán y Pulido Vargas, a quienes en agosto de 2017 la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz acusó de manejar Group Grand Limited a nombre del propio Maduro. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre: Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”.

Equívoco rentable

A comienzos de año el portal de izquierda Aporrea.org recogió algunas voces de lo que se avecinaba. “La realidad les golpeó en el rostro cuando empleados y gerentes de dicha empresa (Salva Foods) les hicieron saber que no tenían nada que ver con el Estado venezolano y que el nuevo establecimiento pertenecía a un nuevo consorcio colombiano”. El relato abrió algunas interrogantes: “¿Bajo qué negociación se pudo vender hasta el nombre de los CLAP a los nuevos dueños de estos establecimientos? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Por qué se hizo esta negociación a espaldas del pueblo y sin dar ningún tipo de información? ¿Es que acaso se piensa en privatizar a todas las empresas del Estado?”.    

Las preguntas siguen sin respuesta y Maduro insiste en su idea. “Hay que articular el sistema, hay que articularlo en la práctica, los CLAP ampliados, las ferias del campo soberano, la alianza con el sector privado, las tiendas CLAP y todos los sistemas de mercados municipales que se pongan al servicio del abastecimiento y de la satisfacción de nuestro pueblo”, expresó en abril pasado.

La percepción de los consumidores es otra. Acuden en busca de productos subsidiados, pero no consiguen siquiera alguno con un precio cercano a los 25.000 bolívares que cuesta la caja CLAP con los 11 artículos. A finales de junio en las sucursales de Los Símbolos y San Bernardino, ambas en Caracas pero que no figuran en las listadas por Salva Foods en su expediente mercantil, un kilogramo de leche en polvo marca Torondoy costaba 4,2 millones de bolívares, casi el salario integral de un trabajador. La margarina y la mayonesa marcaban 2,2 millones de bolívares, mientras que una lata de sardina, uno de los ítems más económicos, llegaba a 385.000 bolívares. “Por favor, revisen el local donde funcionaba Abasto Bicentenario en San Bernardino, ahora funciona Tiendas CLAP pero realmente es una empresa privada llamada Salva Foods 2015 C.A y por su puesto cambian los precios todos los días”, se quejó el 26 de junio vía Twitter una usuaria a Freddy Bernal, el jefe nacional de los CLAP. Un mes después otra consumidora reclamó en la misma red social al propio presidente de la República. “Las tiendas CLAP no existen, son de una cadena colombiana que pone el precio que quieren”.

Al igual que en otras redes privadas, en las Tiendas CLAP se trata de disimular el desabastecimiento. Es frecuente ver anaqueles repletos de un solo producto en hileras interminables como fórmula para llenar espacios que de lo contrario estarían vacíos. Algunos de esos artículos tienen el sello de Empresas Polar, el mayor conglomerado privado del país, pero satanizado con frecuencia por voceros del chavismo. En otros establecimientos es más difícil disimular la situación y hay espacios inhabilitadas o cerrados para el público a la espera de mercancía.

“En Salva Foods importamos productos para mejorar tu calidad de vida”, resume la empresa en su website a pesar de que en Venezuela es casi imposible importar por el rígido control de cambio vigente desde 2003 y que ha provocado el abandono de varias trasnacionales en los últimos años. Pero esa es la única descripción que ofrece sobre sus actividades.

Registros de Importgenius, base de datos del comercio internacional, prueban que la compañía ha comprado en México y Colombia productos para los CLAP a proveedores como Grupo Brandon, Rice & Beans o Almacenes Vaca. A ellos también han recurrido la propia Group Grand Limited y otros de los intermediarios contratados por el Gobierno venezolano para la importación de la mercancía. Fuentes consultadas creen que Salva Foods vende esa mercancía al Gobierno, haciendo las veces también de intermediaria. Otra prueba de que Saab Morán y Pulido Vargas lograron armar un entramado empresarial con el cual lograr una participación total en lo que Maduro asegura es una “salvación”, pero para ellos es nada más que un negocio.

“Afortunadamente nos llega la caja y la leche es solo para él”, asoma la mamá mientras señala a Carlos con un dejo de resignación. Se refiere a los alimentos subsidiados que reparte el Gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Los CLAP son la carátula de un plan de 2016, convertido en ley hace semanas, que buscaba liberar en definitiva la producción y distribución de alimentos de los circuitos comerciales tradicionales, a los que el chavismo gobernante acusa de participar en una guerra económica contra la autodenominada Revolución Bolivariana. A la fecha, el programa es en la práctica poco más que un reparto sistematizado de bolsas y cajas con productos de primera necesidad -la mayoría, importados- entre los sectores populares que constituyen la base electoral del chavismo.

Además de su propósito clientelar, con frecuencia denunciado por sectores de oposición, los CLAP han sido fuente de corruptelas que la prensa viene ventilando. Como sea, para quienes alcanza, la llamada Caja CLAP mitiga buena parte de la incertidumbre que en Venezuela supone la búsqueda diaria de comida.

Pero tal vez haga mal Mariana Álvarez, como cientos de miles de madres en todo el país, en esperar que los CLAP estén cubriendo las necesidades básicas de nutrientes de su prole. En el caso de la leche en polvo, de consumo habitual en Venezuela, el desengaño puede ser fatal: dependiendo de la marca de leche que se use, puede que para Carlos, su hijo, resulte necesario tomar de dos a siete vasos de esa leche reconstituida para conseguir la cantidad de proteínas -7,7 gramos- que normalmente contiene un vaso de leche “regular”.

Otro dato para el escándalo y especialmente significativo para Carlos: con las marcas de leche mexicanas que llegan en los CLAP, habría que beber entre 13,1 vasos y 41,3 vasos cada 24 horas para alcanzar el requerimiento mínimo de calcio para niños de dos a cuatro años, calculado en 500 miligramos diarios.

La leche en polvo de los CLAP es un fraude. A esa conclusión se llega tras revisar los resultados del análisis químico realizado a ocho muestras por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El estudio se hizo a petición de Armando.info, que recolectó diversas presentaciones de la leche contenida en los CLAP entre septiembre y diciembre de 2017.

Desde luego, Mariana Alvarez no está al tanto de estos resultados ni del riesgo que comportan para su hijo. Tampoco están enteradas las otras madres que esperan en la consulta del hospital J.M. de los Ríos.

“La pediatra me dice que la leche es el calcio para los niños, por eso se la reservo a ella”, comenta Omaira, madre de una niña de dos años y de un varón de tres meses. “Cuando me llega la que es muy salada, la de la vaquita roja, yo la vendo o la cambio por otra, esa le cae mal, le da diarrea a la niña”, agrega esta joven madre que vive en Catia, una zona popular en el oeste de la capital venezolana.

Para ella, como para buena parte de la población que vive con el ingreso mínimo integral de casi 800.000 bolívares (o cuatro dólares, al cambio del mercado paralelo), la posibilidad de adquirir el producto en los canales regulares de comercialización es nula. El precio de un paquete de leche en polvo completa oscila entre 638.120 bolívares y 288.231 bolívares, dependiendo de la marca y el peso de la presentación.

Su única opción reside en la caja de los CLAP, cuyo precio subsidiado por el Gobierno subió hace poco a 25.000 bolívares. Pero que el combo siga siendo asequible no quiere decir que sea nutritivo, al menos en el caso de la leche en polvo que trae.

Vía láctea a la desnutrición

Aunque no conozcan los datos de laboratorio, sin embargo, los consumidores tienen cómo darse cuenta.

“Esperemos que la leche no sea la mexicana. Es de mala calidad, salada. Teniendo en nuestro país buena calidad en nuestros productos. Los niños y adultos mayores no pueden tomar esa leche”, escribió el pasado 19 de enero el usuario de Twitter @yanezcoromoto a Freddy Bernal, jefe nacional para los CLAP y Ministro de Agricultura Urbana. Dos días después el funcionario debió leer en su cuenta otro trino aún más contundente: “La leche que trae la caja es un asco”, sentenció @vanezcoromoto.

Las leches en polvo importadas desde México para los CLAP venezolanos, revela su análisis químico, incumplen con la norma Covenin 1481 y los parámetros del Instituto Nacional de Nutrición (INN) de Venezuela, así como con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2012 para la leche, y abren interrogantes sobre un programa que el Gobierno venezolano no ha vacilado en calificar de “milagro”.

Es una comprobación que resume con contundencia Pablo Hernández, licenciado en Nutrición y Dietética de la UCV: “No son leches en polvo, aunque digan en la mayoría de sus etiquetados nutricionales que sí lo son”.

En casos como los de Mac Leche, la marca que el público identifica como “la de la vaquita roja” en alusión a su logotipo y fabricada por la empresa Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), la etiqueta asegura que contiene 26 gramos de proteína por cada porción de 100 gramos del producto; el análisis demostró que sólo tiene 8,79. Al mismo tiempo, su contenido de sodio, 604 miligramos, casi duplica lo dicho en el empaque y las normas del INN.

El hallazgo parece explicar las constantes quejas de los consumidores acerca del sabor salado de Mac Leche. No son sólo percepciones, sino realidades en el laboratorio. El análisis químico practicado a esa marca, así como a las otras siete de las que se obtuvieron muestras (Rancho Nuevo, Kosland, Suprema, KF Milk, Vital Milk, Pure Milk y Soy Más), respalda las versiones que sobre ellas poco a poco se han filtrado a través de las redes sociales y que estaban a punto de pasar a ser leyendas urbanas: que se sedimentan en el fondo, que contienen grumos, que producen malestar.

Por ejemplo, en la leche Kosland, elaborada por la empresa Productos Serel, se constata un nivel excesivo de sodio, 600 miligramos, aunque el empaque solo refiera 370 miligramos, justo lo recomendado por las normas venezolanas e internacionales.

Esa marca, junto a las Rancho Nuevo, Suprema, KF Milk y Pure Milk, destaca, además, por su alto contenido de carbohidratos, superior al establecido por las normas y al que admiten en sus empaques: entre 78,45 gramos y 90,94 gramos por cada 100 gramos de producto. “Como tienen más carbohidratos es lógico pensar que espesen, que lo sólido vaya al fondo”, explica Hernández a propósito de otro de los reclamos más comunes de los consumidores.

De acuerdo a la Tabla de Composición de Alimentos (TCA) del Instituto Nacional de Nutrición (INN) la proporción de carbohidratos de una leche completa debe ser de 38 gramos. Cualquier excedente puede también provocar el malestar estomacal que se reporta con frecuencia en los testimonios de algunos consumidores al tomar la leche mexicana de los CLAP.

“A veces son buenas, otras son malas y le caen mal. Yo se la mezclo con fororo, con crema de arroz o con maicena. Pero si se la doy sola como un vaso de leche, ahí sí le cae mal”, relata Belkis, madre de una niña de cinco años, en la sala del hospital J.M. de los Ríos.

También se ha convertido en un clásico de las redes la versión según la cual el café con leche no levanta espuma si se prepara con estas marcas mexicanas. “No puede hacer espuma porque no tiene proteína, la proteína es la que provoca la espuma”, explica Hernández.

A pesar del murmullo en las redes, el Gobierno venezolano evita referirse al tema. Ni Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y jefe nacional del Centro de Mando y Control de los CLAP, ni la gerencia de control de calidad de Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, y sucesora de la extinta Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), contestaron las peticiones de entrevista para este reportaje.

El presidente Nicolás Maduro apenas hizo una referencia muy tangencial a esas quejas durante su programa dominical de TV, el pasado 3 de diciembre: “No es un secreto para nadie, quien me escucha sabe que las cajas de los CLAP y todos los productos de CLAP son de primera calidad nacional y mundial, ¿O miento? Una vez hubo una denuncia por aquí, una denuncia por allá, la investigamos y se tomaron los correctivos porque había unos productos que habían venido de mala calidad, se tomaron los correctivos de inmediato”, aseguró el jefe de Estado.

Un productor mexicano que acepta hablar para este reportaje bajo condición de reserva de su identidad, asegura que en esos mismos días en que Maduro hablaba de “correctivos” en la importación de productos, a los proveedores mexicanos les llegó una comunicación desde el Ministerio de Alimentación venezolano en las que se ratificaban las especificaciones de los productos a despachar. El documento, que aún mostraba el membrete de la Gerencia de Calidad de la extinta Corporación CASA, siguiendo las normas Covenin, indica que la proporción de proteínas para la “leche completa o entera” debe oscilar entre 24,5 gramos y 37,4 gramos.

“La leche que están enviando es una verdadera porquería”, acepta el empresario con crudeza. “Son tan responsables los intermediarios (del Gobierno) que solicitan esa leche, como los despenseros que ofrecen vender ese producto”.

Sólo una de las ocho muestras analizadas en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV se aproxima a la exigencia del documento oficial venezolano. Se trata de la marca Vital Milk, elaborada por la empresa B-Emminent de Mexico, que tuvo una proporción de proteína de 26,36 gramos, un poco por debajo de los 29 gramos que indica en el empaque.

La ausencia de proteínas, junto a la de calcio, impide que estos productos cumplan su función nutricional en un país en el que cada vez se hacen más visibles los signos de la desnutrición.

“Quitan el hambre pero no nutren adecuadamente (…) El aporte calórico se acerca al promedio de una leche de referencia, pero lo logran cubriendo el déficit de proteínas y grasas con un exceso de carbohidratos”, destaca Hernández.

Suponen también un riesgo para los venezolanos con diabetes (entre 7% y 10% de la población), mientras que el exceso de sodio presente en varias marcas es perjudicial para personas con hipertensión arterial, condición que afecta a 35% de los venezolanos y que incide en las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte del país.

Esto que algunos llaman leche

De las ocho marcas analizadas, cuatro aseguran en sus empaques que son “leche de vaca”; otras dos se presentan sólo como “leche” y dos más, KF Milk y Pure Milk, elaboradas por Dilac, se definen como “productos lácteos”. Estas dos últimas, con su pudoroso eufemismo, pudieran sustraerse de la normativa Covenin y del INN, pues en Venezuela no hay parámetros oficiales para los productos que se presentan como “bebidas lácteas”, sucedáneos por lo general preparados a partir del suero y sólidos de la leche que en años recientes han inundado el mercado. Pero las demás, simplemente, mienten.

“Tú (como consumidor) tienes que saber que esto no es leche (…) Si a todo esto le ponen producto lácteo o bebida láctea, no hay nada que juzgar. El problema es que dice leche y la proteína y la grasa no dan”, señala Marinela Barrero, especialista en tecnología de alimentos e investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV.

La marca Rancho Nuevo, fabricada por la empresa Fuks S, es la campeona en la transgresión de las normas. El análisis químico confirma que apenas alcanza los 3,82 gramos de proteínas, apenas un décimo de lo requerido por el INN venezolano. Aunque se identifica como leche, la propia etiqueta enumera entre sus ingredientes: sólidos de leche sólidos de maíz, maltodextrina y grasa vegetal, correspondientes más bien a las “bebidas lácteas”.  El producto apenas aporta 1,1 gramos de proteína por cada vaso, siete veces menos que los 7,74 gramos que contiene un vaso de leche completa. Otros casos similares son el de la leche Suprema, elaborada por la empresa Grupo Brandon, que sólo aporta 1,4 gramos de proteína y se ofrece como leche en el empaque, y Pure Milk, con tan sólo 1,9 gramos por cada vaso pero comercializada como producto lácteo.

“¿Cómo recuperar a un desnutrido con eso? Esto es como darle harina de arroz o fororo, productos con aportes nutricionales similares, a un niño”, alerta el nutricionista Hernández, quien también es profesor de Nutrición Humana de la UCV e integrante del Observatorio Venezolano de la Salud.

Esa baja calidad nutricional, si bien afecta más a los niños, no deja ilesos a los adultos. Para cubrir, solo mediante ingesta de leche, su requerimiento de un gramo diario de calcio, un adulto tendría que tomar al día entre 28,9 vasos -en el caso de Suprema- y 82,6 vasos -en el caso de Mac Leche-.

Si en los más pequeños este micronutriente es fundamental para el desarrollo óseo y dental, en los adultos también es importante. En el documento oficial del INN denominado Valores de Referencia de Energía y Nutrientes para la Población Venezolana, que reúne las pautas nutricionales del país, se refiere que 99% del calcio del organismo forma parte de los huesos y los dientes, mientras que el resto se encuentra en la sangre, fluidos extracelulares, músculos y tejidos, donde actúa en diversos procesos metabólicos como la vasoconstricción, vasodilatación, contracción muscular, transmisión nerviosa y secreción glandular. Precisa, además, que la insuficiencia de calcio está asociada no sólo a la osteoporosis, sino también a enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer de colon.

Ese déficit proteico y de calcio no es un dato al margen en una Venezuela en la que ha recrudecido la desnutrición grave. Ingrid Soto de Sanabria, pediatra, nutrólogo clínico y jefa del servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del hospital de niños J.M. de los Ríos, lo sabe. Hasta 75% de los niños que acuden a su consulta presentan algún grado de desnutrición y los casos de desnutrición grave (clasificada como marasmática, edematosa o mixta) no dejan de incrementarse. Si hace tres años representaba 6% de los casos atendidos,  un año después estaba presente en 15,8% de los casos, y en 2017 en casi 20 de cada 100 casos. Sólo en enero de este año, su servicio atendió a 15 niños con desnutrición “grave”, tres veces más que los atendidos en enero anterior.

Alimento para la rentabilidad

Pese a la importancia del programa de los CLAP, el Gobierno nacional ha manejado la compra masiva de alimentos en México, en plena tensión diplomática entre ambos países, a través de empresas intermediarias o traders de dudosa procedencia y en su mayoría registradas en paraísos fiscales como Barbados, Hong Kong o Panamá.

Se trata de un negocio millonario en el que han destacado alternadamente sociedades como Group Grand Limited, a quien la fiscal destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega Díaz, relacionó directamente con Nicolás Maduro, o Postar Intertrade Limited, perteneciente a Samark López, señalado el año pasado por el Departamento del Tesoro se ser el testaferro del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.

Sin embargo, no son las únicas comercializadoras que han conseguido hincar un diente en el negocio. El relato de los proveedores mexicanos confirma la entrada y salida de “grupos venezolanos” en busca de productos baratos que brinden un margen mayor para el  beneficio económico.

Se trata de un negocio jugoso. Las cifras ofrecidas recientemente por el jefe de los CLAP, Freddy Bernal, indican que en 2016 se comercializaron casi 27 millones de combos de alimentos. En 2017, se distribuyeron casi 91 millones de combos, de los que 86 millones se armaron con productos importados. Si se toma en cuenta que muchos de esos productos eran mexicanos y que cada caja CLAP contiene entre uno y dos kilogramos de leche, podría deducirse que al menos 40.000 toneladas de leche en polvo mexicana fueron distribuidos y consumidos en Venezuela a lo largo del año pasado.

Las cifras oficiales de la Secretaría (Ministerio) de Economía mexicana sostienen, en cualquier caso, que el año pasado ese país exportó a Venezuela 56,2 millones de kilogramos de leche en polvo por un valor de 27,9 millones de dólares, lo que supone un promedio de alrededor de 0,5 dólares por cada kilo. “Un kilogramo de leche entera cuesta alrededor de tres dólares en el mercado internacional, pero lo que están enviando vale menos de la mitad. Se les han ofrecido todas las calidades, pero piden lo más barato”, confirma el proveedor mexicano que prefiere reservar su identidad.

Sin embargo, en las facturas de empresas como Group Grand Limited y otras correspondientes a más compañías analizadas por Armando.info para este reportaje, el precio al que facturan la leche en polvo al Gobierno venezolano oscila entre cuatro y casi siete dólares el kilogramo, incluyendo el valor del flete. Ha sido un negocio nutritivo para las empresas e intermediarios, pero que le cae pesado a la población.

*Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el Excélsior de México.

Eso es muy cierto ahora, cuando los ingresos de divisas del país se redujeron a menos de la mitad por la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales (se calcula que en 2015 habrá un hueco de 40.000 millones de dólares en las arcas públicas). Pero lo era aún antes, en medio del boom de los hidrocarburos de 2003-2008. Entonces, el régimen de control de cambios impuesto por motivos políticos desde 2003 por el presidente Hugo Chávez –fallecido en el poder en marzo de 2013, al que había llegado en enero de 1999- y administrado por una burocracia agrupada en el organismo Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), cerró parcialmente el grifo que surtía de dólares a los ciudadanos venezolanos y, en especial, para empresarios que hacían importaciones o multinacionales que necesitaban repatriar sus ganancias.

Más importante todavía, la demanda de divisas, crónicamente insatisfecha, se topó con un menú de distintas tasas oficiales, que todavía perdura en el Gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, a pesar de que un nuevo ente, Cencoex (Centro de Comercio Exterior), ha sustituido a Cadivi. El diferencial entre las diversas tasas, y de estas con la cotización del dólar en el mercado negro, definió una novedosa y opípara oportunidad de negocios a cuyo amparo, de manera ilícita, se han amasado grandes fortunas.

Algunos de los esquemas utilizados para sacar provecho del régimen cambiario apenas salen a la luz ahora. Todos tienen, como punto de partida en común, el acceso a dólares con tasa de cambio controlada.

Una investigación realizada en conjunto por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos), en cooperación con Armando.info (Venezuela), revisó los esquemas de diversas transacciones realizadas en el marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) –la canasta de monedas conformada por el Alba-TCP, la alianza regional de regímenes bolivarianos, para facilitar el pago de exportaciones entre ellos-. La investigación determinó que el Sucre sirvió de plataforma para que al menos, 60 empresas venezolanas y 30 ecuatorianas, realizaran operaciones millonarias que involucraron algunas ventas ficticias y firmas fantasmas, así como cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.

Nueve empresarios venezolanos estuvieron tras estas operaciones que se mantuvieron por menos de un año, y que registraban transferencias a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, así como la salida de los dólares a cuentas en el exterior, principalmente Estados Unidos y Panamá, a los pocos días de haber llegado la transferencia inicial. Se hicieron pagos por anticipado –antes que se embarcara la mercancía-, exportaciones sobrevaloradas, así como exportaciones fantasmas de productos que nunca llegaron a territorio venezolano.

En este negocio, que brindaba acceso a la tasa de cambio preferencial ofrecida por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), casi la mitad de las empresas eran contratistas del Estado venezolano y tenían razones jurídicas asociadas con importaciones y exportaciones, así como con la construcción. En el caso de las ventas, el sector alimentos era el predominante.

De las empresas venezolanas que hicieron parte de estas transferencias, 27 fueron llamadas a declarar en 2014 por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) al operativo especial “Convocatoria del uso correcto de las divisas” ante la presunción de un ilícito cambiario. Once de ellas no se presentaron y fueron sancionadas.

Entre las transacciones irregulares destacan las transferencias por al menos 159,8 millones de dólares preferenciales de dos contratistas del Estado venezolano a una empresa en Ecuador para la adquisición de kits de casas prefabricadas. Esas unidades debían formar parte de dos desarrollos habitacionales de 8.432 viviendas. Sin embargo, para uno de los proyectos la empresa a cargo apenas hizo despachos registrados de material y ahora sus operaciones están bajo investigación de la Fiscalía ecuatoriana. ¿El resultado neto? Un terreno que permanece baldío en los Valles del Tuy, región satélite de Caracas, a la espera de poder alojar algún a día a miles de familias.

Global, pero en los países bolivarianos

En la carretera de Cúa a Ocumare (Valles del Tuy, Estado Miranda, centronorte de Venezuela), un terreno rodeado por una cerca de alambres estaba destinado a un proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa estatal de construcción masiva de viviendas instituido por el presidente Chávez en 2012. Sin embargo, junto al terreno en la actualidad no hay vallas informativas de la obra, tampoco trabajadores o vigilantes. Apenas unos pocos ladrillos apilados cerca de la entrada dan idea de que allí, en esa parcela de 31,2 hectáreas en el sector Las Mercedes del municipio Urdaneta del estado Miranda, se levanta una construcción.

El sitio es la ubicación de un proyecto de 1.688 apartamentos de dos habitaciones y 1.144 apartamentos de tres habitaciones, en 104 edificios de cuatro niveles, que debía ejecutar Thermo Group C.A. Son los términos de un contrato por 937.393.600 bolívares (un poco más de 217 millones de dólares, a la menor tasa de cambio oficial vigente para la época) suscrito el 27 de marzo de 2012 entre los representantes de esa empresa, Samuel Chocrón Obadía y Menahem Michel Edery, y el Ministerio de Vivienda y Hábitat de Venezuela, representado por Ricardo Molina –todavía hoy a cargo del despacho-.

Thermo Group fue creada en el año 2003 con el objeto de comercializar con productos de belleza “para el ramo de peluquerías, perfumerías y en general bienes de uso personal”, así como la representación de empresas nacionales o extranjeras. Siete años más tarde, en 2010, se incorporó al objeto social la comercialización de casas prefabricadas, materiales de construcción y productos para la fabricación de casas, según indican los documentos de registro de la empresa. En 2011 Chocrón y Edery quedaron como accionistas de la compañía.

El mismo 27 de marzo de 2012, el ministro Molina también firmó en representación de la cartera de Vivienda y Hábitat un convenio de cooperación con ELM Import y su dueño, Héctor David Sirit Rodríguez, para la construcción de 5.600 viviendas en la Ciudad Miranda, también en los Valles del Tuy. El proyecto, valorado por. 1.873.760.000 bolívares (un poco más de 435 millones de dólares, a la menor tasa de cambio oficial vigente para la época), tendría un plazo de ejecución de 24 meses a partir de la firma.

Vecinos del conjunto habitacional afirmaron que el proyecto contó con la participación de múltiples empresas contratistas, por lo que no están en capacidad de reconocer, así como tampoco el concejal Félix Alayón, cuál habría sido la participación específica de ELM Import. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó una denuncia por la opacidad y los retrasos en el desarrollo de la obra de Ciudad Miranda, años antes que ELM Import recibiese el contrato del Ministerio.

Así, el mismo día, Thermo Group y ELM Import ganaron contratos del Estado venezolano para construir desarrollos habitacionales por un valor de 654 millones de dólares.

Paso seguido, las dos contratistas, tanto Thermo Group como ELM Import, acordarían comprar casas prefabricadas a la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador, en la que Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, figuraba como Director Principal de la filial venezolana.

Los informes muestran que el Fondo Global de Construcción emitió facturas a Thermo Group y a ELM Import por la venta de casas prefabricadas entre 2012 y 2013. Para proceder con la importación y los pagos, las dos contratistas solicitaron al Ministerio de Industrias venezolano un certificado que confirmase la insuficiente producción de varios materiales para proceder con su importación (un requisito instaurado por el Gobierno de Venezuela para autorizar importaciones y liquidar las divisas correspondientes). El ministro del área, Ricardo Menéndez Prieto, otorgó las certificaciones que facilitaron la importación de casas prefabricadas en septiembre del año 2012 por 409 millones de dólares.

El Fondo Global de Construcción, con su casa matriz en Colombia, constituyó entonces bajo el mismo nombre una firma en Ecuador, que tenía como socios al colombiano Álvaro Pulido Vargas y al venezolano Luis Sánchez Yánez. En Venezuela, sería registrada, también en marzo de 2012, otra empresa bajo el mismo nombre de la que Edery figuraría como directivo.

El Fondo Global de Construcción –primero con domicilio en el estado Carabobo (centro de Venezuela) y luego en Caracas- tuvo originalmente en Venezuela a Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas, pero en el mismo año de su constitución la compañía cambió de nombre y en noviembre la totalidad del paquete accionario pasó a la empresa FGDC Latam 2012 de España. FGDC parece corresponder a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. La firma española figura a su vez como propiedad de una empresa registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.

En sus balances de 2012 y 2013, el Fondo Global de Construcción en Venezuela incluyó entre sus proyectos las construcciones del Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, una cancha en El Valle, Hotel Aeropuerto Maiquetía y el complejo habitacional Ciudad Caribia, la mayoría obras en el estado Vargas (litoral central de Venezuela), entidad bajo el mando del gobernador Jorge Luis García Carneiro, ex general del Ejército.

En los convenios firmados entre Venezuela y Colombia para la construcción de casas prefabricadas, figura Alex Saab como representante del Fondo Global de Construcción.

Corrientes de millones

El Fondo Global de Construcción de Ecuador, apenas constituido meses antes, firmó en diciembre de 2012 un contrato por 465 millones para la venta de casas prefabricadas a ELM Import y Thermo Group.

Los documentos obtenidos en Ecuador muestran que el Fondo Global de Construcción de ese país creó una fábrica de paneles ad hoc en Durán (localidad aledaña a Guayaquil, provincia de Guayas) a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción.

A pesar de esa nueva capacidad productiva, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo 3,1 millones de dólares. En ese mismo periodo, el Fondo en Ecuador recibió fondos por 159,8 millones de dólares, girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del Estado venezolano.

Un oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, “fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre”.

La diferencia entre los montos fue la que llamó la atención de la Fiscalía de Ecuador, que inició una investigación en julio de 2013 e imputó a los accionistas del Fondo Global de Construcción por presunto lavado de activos. Indicios de sobreprecio en las exportaciones y el uso de facturas falsas fueron presentados en el proceso, que tuvo un retroceso en 2014 cuando fue ordenada su nulidad, porque la Fiscalía no había tenido la autorización judicial para incautar las facturas durante el allanamiento a las oficinas del Fondo Global de Construcción en Ecuador. En la actualidad el caso se encuentra en etapa de indagación previa.

ELM Import y Thermo Group, que contrataron al Fondo Global de Construcción en Venezuela el suministro de casas prefabricadas, fueron beneficiadas con la asignación de divisas a tasa oficial por parte de Cadivi. En conjunto realizaron 572 solicitudes entre 2004 y 2012, que les fueron aprobadas en su totalidad.

Pero en 2012 ambas firmas batieron récords y pasaron a formar parte del ranking de las 200 empresas con mayores asignaciones de divisas por parte de Cadivi. Solo en ese año, ELM Import contó con la aprobación de 244 solicitudes por un monto de 210.889.200 dólares, mientras que a Thermo Group se le asignaron 238.546.800 dólares a través de 276 solicitudes. Cabe destacar que 2012 fue el mismo año en el que se firmó el convenio con el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas.

Dos años más tarde, ya liquidada Cadivi, Thermo Group formó parte del grupo de empresas llamadas a declarar por el Cencoex para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas.

Se intentó contactar en varias oportunidades a los representantes de ELM Import, Thermo Group y el Fondo Global de Construcción en Venezuela.

En el caso de ELM Import, una voz del otro lado del intercomunicador de la oficina reportada en los registros, indicó que la empresa se había mudado de oficina hace más de dos años. El número local proporcionado por los registros conduce a su vez a una compañía que se identificó como Herrajes y Accesorios Herraven y que confirmó la información sobre el cambio de domicilio.

ELM Import transfirió al menos 2,7 millones de dólares a una cuenta de Negosupersa en el Banco Territorial (que terminó en bancarrota), empresa que fue disuelta en agosto de 2013 por la Superintendencia de Compañías de Ecuador, luego de haber registrado una dirección falsa. La dirección coincidía con la presentada por el Fondo Global de Construcción en Guayaquil. Sin embargo, el abogado del Fondo Global, Jorge Zavala Egas, indicó a El Universo que desconoce acerca de cualquier relación entre esa empresa y Negosupersa.

Según Importgenius, Negosupersa realizó exportaciones a al menos ocho empresas venezolanas. En el caso de la empresa Representaciones Santa Caterina –una de ellas- su gerente, Arnaldo Sosa, comentó vía telefónica que la justicia ecuatoriana sí los había contactado, que entregaron todos los papeles que les pidieron y que todo salió con normalidad. También indicó que la firma no recibió Cadivi: “La exportación se hizo con normalidad. Todo fue resuelto, gracias a Dios con normalidad”.

Thermo Group, el Fondo Global de Construcción en Venezuela y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no han respondido a las solicitudes de entrevistas que se hicieron llegar a sus oficinas.

Otros flujos de dinero

Los documentos de Ecuador muestran que el Fondo Global de Construcción en Ecuador recibió pagos de Cadivi en correspondencia con facturas de exportaciones que nunca se realizaron, así como con facturas que habían sido presentadas con anterioridad por exportaciones ya realizadas.

El Fondo Global de Construcción compró a varios proveedores ecuatorianos materiales como baldosa, sanitarios y cable eléctrico. Entre esas empresas figura Multiproductos Ecuatorianos Prodecve, que firmó un contrato con la empresa pública venezolana Red de Abastos Bicentenaria por $48.460.000 para la venta de cable.

En Ecuador, el abogado de Fondo Global de Construcción Jorge Zavala Egas, explicó a El Universo que la empresa había recibido 159 millones como pago anticipado, modalidad creada por el BCV en 2012. También indicó que la acusación del sobreprecio en las exportaciones no tiene sustento técnico y que ningún fiscal estuvo presente en el allanamiento, por lo que no tiene valor legal.

Luego, en un correo electrónico posterior a la entrevista, Zavala dijo a El Universo que la empresa no guarda relación con otra del mismo nombre creada en Miami (Florida, Estados Unidos) que tiene como representantes a los venezolanos Pedro J. Antar y Pedro E. Silva. Este último está llamado a juicio en Ecuador por su posible participación en un caso de lavado de activos a través del sistema Sucre. El proceso está suspendido hasta que se presente ante los jueces.

El Fondo Global de Construcción en Miami se creó en 2011 y se mantuvo activo hasta octubre de 2012. Antar indicó a El Nuevo Herald que la firma se creó a solicitud su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por no tener actividad.

Mientras la justicia en Ecuador y el periodismo trasnacional siguen desentrañando el carrusel de transferencias millonarias en dólares entre empresas interconectadas, en el terreno de los Valles del Tuy destinado a la construcción del complejo habitacional asociado con Thermo Group, una máquina aplanadora de color verde identificada con un logo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como un par de máquinas amarillas de construcción, marca Caterpillar, permanecen estacionadas, como a la expectativa. Los vecinos nada saben de lo que pasa, desconocen incluso el destino previsto para la parcela, y de lo único que han sido testigos es de la entrada y salida ocasional de camionetas.

(*) Este reportaje se investigó y publicó en simultáneo en Armando.info y los diarios El Universo de Guayaquil y El Nuevo Herald de Miami, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.

(*) Un año después de la publicación de este reportaje, la justicia ecuatoriana eximió de culpa a la empresa Fondo Global en uno de los casos sobre el Sucre y pidió, en marzo de 2016, la devolución de $56,4 millones a su favor.