Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
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Del fugaz paso del abogado Esaúl Olivar por los tribunales del estado Bolívar entre los años 2006 y 2007, hay algunos recuerdos, ya no en las paredes del Palacio de Justicia local, donde solía pegar carteles con pensamientos de su agenda personal, sino en la memoria de quienes coincidieron con él. Los alguaciles, sobre todo, lo recuerdan sin especial cariño. Dicen que el entonces juez provisorio los acusaba injustificadamente de ser corruptos. A veces extendía la incriminación a algunos de sus colegas, una práctica que ha repetido en otras latitudes pero que también se le ha devuelto al recién designado fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas.
Sus conocimientos del Derecho quedaron en duda durante el desempeño de los dos cargos provisorios para los que fue nombrado en sendos tribunales de esta entidad, al sur del país. Aun así, en 2008 fue nombrado juez provisorio en el Distrito Capital, donde estuvo apenas un mes en el Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control, y el 21 de abril de 2014, un cuarto nombramiento como juez provisorio del Tribunal Cuarto de Ejecución de Los Teques, en el céntrico estado Miranda. Estos son los únicos cargos que tiene registrados el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con su nombre, pero más recientemente, durante el año 2018, Olivar también se desempeñó como juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Sentencias y juez Segundo Penal de Control.
Aunque firmó la última de sus 258 sentencias el 25 de septiembre de 2015 –siempre de acuerdo con información publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sistematizada como una base de datos por Armando.Info–, para el 1º de julio de 2019 seguía cotizando en el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) como empleado activo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Sin embargo, dos días antes de la consulta hecha al portal del IVSS para este reportaje, Esaúl Olivar había sido designado oficialmente fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, “un cargo de libre nombramiento y remoción”, según recordó el fiscal general de la República nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, en la resolución número 1024, del 28 de junio de 2019.
De acuerdo con información del website de la Fiscalía venezolana, las fiscalías superiores tienen como competencia ejercer las funciones del Ministerio Público en la circunscripción judicial de cada uno de los 23 estados del país y el Distrito Capital. Entre las funciones de los fiscales superiores destacan la de coordinar y supervisar las actuaciones de los fiscales en las jurisdicciones respectivas, y asignar a los fiscales los casos que sean denunciados ante sus despachos.
Ahora Olivar es el superior jerárquico más importante que tienen los fiscales del Área Metropolitana de Caracas, ante los directores de línea del Ministerio Público. Además, es la autoridad más cercana que puede dictar traslados de fiscales, hacer inspección, dar órdenes de índole administrativa y procesalmente en los casos de la capital; y de él depende la Oficina de Flagrancia del Palacio de Justicia, en la cual los fiscales centralizan los casos que son objeto de presentación en los tribunales.
El portal del Ministerio Público venezolano todavía refleja el nombre de su predecesora, Shellys Yadira Bravo, como fiscal superior de Caracas. Pero quienes se vinculan con los tribunales venezolanos saben de la designación de Olivar y alertan de un nuevo paso en la politización de la Fiscalía General de la República, donde algunos fiscales reconocen obedecer instrucciones mientras que otros han optado por renunciar y denunciar que les decían que tenían que “acusar e imputar sin tener los elementos”.
Con el nombramiento de Olivar fue inevitable para muchos de los actores que se vinculan con la justicia rebobinar once años en sus memorias y recordar que, en principio, él no debía estar en el Poder Judicial. No desde que, el 2 de junio de 2008, emitiera una decisión favorable –que finalmente no se ejecutó– a Milagros de Armas, la heredera de un importante conglomerado de medios que ordenó el sicariato, en 2007, de una estudiante universitaria.
Quienes conocen sus antecedentes en el mundo militar, porque Esaúl Olivar es oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y antes de ser juez fue fiscal militar, saben de una suspensión previa, vinculada a los hechos de abril de 2002, cuando fue momentáneamente depuesto el entonces presidente Hugo Chávez.
Pero aún sin el padrinazgo político que lo habría llevado a su primer cargo público, Esaúl Olivar siempre se las maneja para ser reenganchado, ahora de la mano del exjuez Jiami Montiel Calle, a quien el líder opositor Leopoldo López calificó como uno de sus “verdugos” tras recibir la ratificación de su condena en 2016.
Fuentes aseguran que Montiel Calle, no solo es “mano derecha” del presidente del TSJ, Maikel Moreno, sino que además es “muy amigo” de Saab y que, por esto, al ser este nombrado fiscal general por la ANC, en agosto de 2017, se lo llevó al Ministerio Público para que encabezara la Dirección contra la Extorsión y el Secuestro, luego la de Laboratorios Criminalísticos, y más recientemente la de Drogas.
Ahora, aseguran que es quien quita y pone a fiscales, como Olivar.
“Tengo 18 años de haber salido de la institución castrense. Me formé dentro de la honorable y querida institución Guardia Nacional (GN). Comencé dando los primeros pasos como guardia nacional y dentro de la apreciada y venerada GN”, dijo Esaúl Olivar en una entrevista concedida al portal prochavista Aporrea en abril de 2012, en la que agregó: “Conozco a Eladio Aponte Aponte desde el año 2004, que llegó a la Fiscalía General Militar”.
En sus declaraciones hay, al menos, una imprecisión. El exmagistrado caído en desgracia no llegó al cargo de fiscal general militar ese año, sino antes. De hecho, en la decisión de la causa nº 217-03, del 30 de octubre de 2003, en la que figura el entonces Teniente Esaúl José Olivar Linares como Fiscal Militar Primero Auxiliar ante la Jurisdicción del Consejo de Guerra Permanente de Caracas, también aparece el Coronel (GN) Eladio Ramón Aponte Aponte como Fiscal General Militar ante la Corte Marcial.
Según algunas fuentes fue Aponte Aponte quien llevó a Olivar a la Fiscalía Militar, pues hablan de un vínculo previo en la otrora Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac), ahora Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. También aseguran que el flamante fiscal superior de Caracas fue su “mano derecha”, su “socio”, “uno de sus jueces”.
Pero esa relación tuvo un final poco feliz. “Además de ser un delincuente, es un traidor a la patria, es un apátrida (...) Es un sujeto que está involucrado en hechos de legitimación de capitales y que no le quedó otra que huir del país”, sentenció Olivar en la mencionada entrevista concedida a Aporrea, en abril de 2012, luego de que Aponte Aponte fuera destituido, se exilara, denunciara manipulación de la justicia por parte del expresidente fallecido Hugo Chávez y acusara a altos cargos de su gobierno de estar incursos en el narcotráfico, como también lo estaría involucrado él.
“Aquí no hubo ninguna manipulación, sino que él manejaba y cuando había jueces que no daban planteamiento con respecto a sus pretensiones pues resulta ser que no le quedaba otra que sacarlo fuera de la institución (...) Esaúl Olivar es uno de esos jueces que expulsó Aponte Aponte de la Justicia”, acotó él en el encuentro grabado con Aporrea, al tiempo que mostraba el documento que dejó sin efecto su designación como juez Cuadragésimo Sexto de Control de Distrito Capital, en 2008.
Cuando dio esa entrevista, habían pasado casi cinco años desde que se atrincheró en su despacho tras ser notificado de que había sido removido de su cargo por la Comisión Judicial. Ese día, lo tuvieron que sacar unos escoltas de la oficina. Pero la rabia y el papel estaban intactos.
“Aquí lo ven, dice: ‘Entregado a Eladio Aponte Aponte’. A mí no me sacó la presidenta del TSJ, esto lo maniobró Eladio Aponte Aponte, con un caso de legitimación de capitales”, insistió Olivar.
Comenzaba el mes de junio de 2008. Aponte Aponte no solo era vicepresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino que además era presidente de los circuitos penales del estado Zulia y de Caracas. Precisamente en este último coincidía, nuevamente, con Olivar, quien no tenía ni un mes de haber sido nombrado juez 46º de control en Distrito Capital.
El Ministerio Público venezolano había acusado formalmente a cinco personas ante el Tribunal 44° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, por presunta participación en el homicidio de Andreína María Gómez Guevara, una estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en Caracas.
Entre las cinco personas estaba Milagros De Armas, pariente del grupo familiar propietario del Bloque de Armas, acusada por la presunta comisión del delito de homicidio por contrato (sicariato) cometido con premeditación y alevosía en grado de determinador o autoría intelectual.
La investigación, que había empezado el 31 de mayo de 2007, día en el que ocurrió el asesinato, tuvo un giro los primeros días de junio de 2008. “En fecha 4-6-2008, se recibe en el Ministerio Público Boleta de Notificación procedente del Juzgado Cuadragésimo Sexto en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en la cual el aludido juzgado revoca la medida privación judicial preventiva de libertad dictada a la ciudadana Milagros Coromoto De Armas De Fantes y la sustituye por una medida cautelar sustitutiva de libertad y acuerda librar la respectiva Boleta de Excarcelación N° 018-08”, sintetiza la Fiscalía en su resumen del caso.
La boleta de excarcelación había sido firmada por Olivar dos días antes de la notificación a Fiscalía. Pero el Ministerio Público había hecho la acusación ante otro tribunal, el 44º en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, en el interín, los abogados de la acusada introdujeron un amparo en contra del fiscal que llevaba la investigación, y esta cayó en el juzgado de Olivar, quien finalmente tomó la medida en favor de De Armas.
Según recuerdan protagonistas de esta historia, la Corte de Apelaciones 6 revisó el expediente y detectó que la medida había sido mal otorgada, pues no contaba con elementos que habían cambiado en el tiempo y con que la fiscalía había hecho una acusación por delitos graves; así que de inmediato revocó la decisión.
“A él lo destituyen en el acto, le dejan sin efecto el nombramiento”, recuerda uno de los abogados involucrados con la causa. Designaron a un nuevo jurista a cargo de ese tribunal, quien suspendió, el 4 de junio de 2008, la medida de Olivar y dejó sin efecto la excarcelación de De Armas. Sin embargo, de acuerdo con datos internos del TSJ, Olivar ocupó ese cargo por unos meses más, hasta agosto de 2008.
En cualquier caso, Olivar defendió su decisión cinco años después, en la entrevista que le concedió a Aporrea: “A mí me correspondió decidir un caso donde resulta había la muerte de una persona, y a mí me tocó decidir porque en efecto el juez es regulador del proceso (...) Eladio Aponte Aponte, en conjunto con esta ciudadana (María Elena García Pru, entonces vicepresidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas) (...) me sacó porque mi decisión no les favoreció sus pretensiones como tal”.
La heredera de la familia De Armas habría pagado cuatro millones de dólares de soborno judicial, o al menos eso fue lo que investigó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU). Poco después de que Olivar librara la polémica boleta de excarcelación, interrogaron en la ciudad de Miami, en EEUU, a García Pru, a quien habrían conseguido y congelado el dinero en una cuenta en el Ocean Bank.
Los funcionarios estadounidenses le solicitaron información “sobre la boleta de una persona presa en Venezuela”, según ella misma reveló a su regreso a Venezuela. Sin aclarar de quién era la boleta, reconoció que existió y que sí tenía visos de irregularidad.
Algunos días después, tras los hechos en Miami, Olivar calificó de “absurdo” lo narrado por García Pru a su retorno al país. “Solo ella se lo cree”, declaró al diario Últimas Noticias de Caracas, al tiempo que aseguró que esas palabras afectaban su “honorabilidad” y su –ya para entonces cuestionada– actuación judicial.
“¿Qué tiene que ver el FBI con este caso? Si les interesaba el caso, ¿por qué no usaron los canales legales para buscar información? (…) Lo que se debe revisar es si el caso que le interesa al FBI se refiere a presuntos hechos de legitimación de capitales o lavado de dinero realizado por un extranjero en su país con sumas de dinero cuantiosas que pueden vulnerar su economía y en el que la doctora García Pru elude su responsabilidad”, dijo Olivar a Últimas Noticias, insinuando, como solía hacer en el estado Bolívar, y como también haría después con Aponte Aponte, que los corruptos eran otros.
En 2012, De Armas admitió su responsabilidad en el homicidio de la estudiante y fue condenada a 20 años de prisión.
Contra todo pronóstico, la magistrada Gladys Gutiérrez, al asumir la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2014, reenganchó a Olivar como juez cuarto de ejecución de Miranda. La decisión generó malestar en algunos magistrados, quienes pidieron una rectificación que no procedió.
También generó malestar entre los ciudadanos de dicha jurisdicción. En redes sociales hay denuncias de madres mirandinas que aseguran haber sido extorsionadas por el juez a cambio de no enviar a un hijo a prisión, o de vecinos preocupados que aseguran que supuestamente ha dejado en libertad a un criminal por considerables sumas de dinero.
El 22 de marzo de 2004, la periodista Patricia Poleo acudió a la Fiscalía General Militar, en Fuerte Tiuna -el principal cuartel militar de Venezuela, en el suroeste de Caracas- en compañía de su abogado, Winston Oraa, para corroborar si, efectivamente, habían librado un mandato de conducción contra ella.
“A nuestro arribo a esa sede fuimos objeto de inesperados abusos y atropellos por parte del fiscal comisionado para el caso, Esaúl José Olivar Linares”, relató Oraa en los fundamentos de un recurso de apelación interpuesto ante la Corte Marcial que, actuando como Corte de Apelaciones, acordó el 12 de mayo de 2004 declinar la competencia y remitir las actuaciones al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El 5 de abril de 2004, Oraa presentó una querella contra Olivar por los delitos relacionados con abuso de funciones y corrupción, la cual fue rechazada por el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas.
Olivar relató su versión de los hechos en aquella entrevista concedida a Aporrea, ocho años después: “La ciudadana Patricia Poleo (...) en un momento manifestó que había oficiales de la GNB, en el grado de capitán y coronel, que estaban intercambiando armas por droga con la guerrilla colombiana, algo que nunca logró demostrar (...) hubo la necesidad de, cuando fui fiscal militar, calificarla y solicitarle medida privativa de libertad por injuria en contra de las Fuerzas Armadas (...) hubo que solicitarla, acudir a los órganos policiales para tratar de que viniese a la Fiscalía Militar a través de un mandato de conducción”.
En su informe del año 2004 sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión, las organizaciones venezolanas Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público utilizaron su caso para alertar que el poder judicial realizaba acciones para limitar el ejercicio de la actividad periodística, en este caso de nuevo contra Poleo. Olivar solicitó ese año que se le revocara un permiso de viaje a Poleo para participar en una actividad con motivo del Día del Periodista, que se celebraría en el estado Zulia, argumentando que la periodista debía acudir a declarar ante el Ministerio Público.
De igual forma, las organizaciones venezolanas reseñaron el caso de Poleo como ilustrativo de un procedimiento abierto a un civil ante la jurisdicción militar, algo que se ha vuelto más frecuente en la Venezuela de Nicolás Maduro, pero que ya para entonces era una práctica común para Olivar.
Unos meses antes, el 27 de febrero de 2004, la abogada venezolana Elinor Montes atendió una convocatoria a protestar en contra del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez. Se acercó hasta el cordón que había formado la Guardia Nacional en la avenida Libertador, a la altura de la urbanización Maripérez de Caracas, para pedir que le permitieran el paso a los manifestantes.
“Las guardias nacionales me lanzan los escudos prácticamente en la cara, acción que yo repelí con mis manos. Cuando vieron que yo no me iba a echar hacia atrás, salió de la formación una guardia nacional que fue la que me agredió”, contó Montes doce años después, en el marco de una campaña en favor de mujeres venezolanas que habían sido presas políticas. Dos veces tiró la funcionaria del cabello a la manifestante antes de lanzarla contra el pavimento. Después fue rodeada por varios funcionarios, quienes la patearon y golpearon con bastones.
Con las huellas de la agresión en su cuerpo, Montes escuchó cómo el entonces presidente Chávez dijo que ella le había escupido a la guardia nacional. Fue Olivar quien la procesó por la supuesta arremetida contra su colega. Luego, la averiguación de su caso fue cerrada.
Como fiscal militar, Olivar también fue quien solicitó privativa de libertad de otro célebre civil: el actor y comentarista crítico del gobierno, Orlando Urdaneta, por su participación como supuesto articulador mediático en los hechos del 11 de abril de 2002, fecha del golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Abogados de otros casos habían introducido recursos de apelación en distintos tribunales militares, sobre todo durante el año 2004, que en su mayoría serían declarados sin lugar, previa contestación por parte de Olivar. Las defensas argumentaban, entre otras cosas, que el tribunal de control actuaba fuera de su competencia pues esta era de jurisdicción ordinaria, no militar, como sucedió en la causa nº273-04.
Por los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y los días sucesivos, cuando una asonada desalojó del poder a Hugo Chávez durante 47 horas, Olivar se jacta de haber sido quien solicitó ante organismos internacionales al general Enrique Medina Gómez, quien llevó a Chávez el día del golpe a la oficina del Jefe de Estado Mayor, donde un grupo de militares lo conminó a firmar la renuncia sin garantía de su salida del país, que él se negó a firmar; así como al general Efraín Vásquez Velasco, comandante del Ejército durante los hechos.
Pero no menciona la caída que tuvo con la defensa de Medina Gómez. Sus abogados introdujeron una acción de amparo constitucional contra Olivar, “por los actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones y omisiones (...) que además de obstaculizar en forma premeditada la labor desarrollada por esta parte representante del Quejoso, violan y amenazan violar, derechos y garantías constitucionales, que jurídicamente la Ley le acuerda a nuestro Representado”, según se lee en el documento.
La defensa denunció violación a la garantía de los derechos humanos, a la garantía de la igualdad ante la ley, al derecho de acceso a la justicia y al derecho del debido proceso.
Mediante oficio Nº 096-05, el Tribunal Militar Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas remitió en consulta y apelación a la Corte Marcial, el 4 de marzo de 2005, las actuaciones relacionadas con la acción de amparo, y esta, el 15 de marzo, consideró que la decisión del Tribunal Militar Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar efectivamente había vulnerado el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en el juicio de amparo constitucional sometido a su conocimiento, cuando en fecha 22 de febrero de 2005, había declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por los defensores contra Olivar.
La Corte Marcial decidió anular la decisión de dicho tribunal y repuso la causa al estado en que se produjo la violación constitucional. Este caso habría conllevado una amonestación y sustitución de Olivar, quien sin embargo se mantuvo un par de meses más en la Fiscalía Militar.
Cuando dejaron sin efecto su nombramiento como juez y antes de ser reenganchado, el multifacético Olivar no perdió el tiempo.
En abril de 2010, mediante Gaceta Oficial, fue designado miembro de comisión en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), donde se le encargaron los procesos de contratación de obras que conllevaran a las perforaciones de pozos y sistema de riego. Su entonces esposa celebró “su nuevo trabajo” por las redes sociales.
Pero parece no haber durado mucho tiempo allí pues para el año 2011, se le vincula con otro trabajo, como gerente de Fiscalización y Auditoría de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía de Libertador, en Caracas, de donde también habría sido destituido por irregularidades administrativas con los comerciantes, según denuncias en redes sociales, aunque este dato no pudo ser confirmado.
Ese año, habría perdido otro trabajo, esta vez en el núcleo de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), en la ciudad mirandina de San Antonio de Los Altos, de donde lo habrían despedido en 2011 por conductas irregulares con alumnas o, como dicen algunas denuncias en redes sociales, por haber aplicado “operación colchón” con ellas. Para el momento de publicación de este reportaje, no se obtuvo una respuesta por parte de la mencionada casa de estudios.
En 2012, como abogado penalista, tuvo tiempo para denunciar a los candidatos que participaron en las primarias presidenciales de ese año –María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez, Leopoldo López, Diego Arria, Pablo Medina y otros– por haber participado en dichos comicios.
Olivar alegaba que varios de los denunciados eran funcionarios públicos y solicitaba al Ministerio Público, entonces a cargo de Luisa Ortega Díaz -hoy disidente en el exilio-, que investigara la procedencia de los fondos consumidos en la campaña electoral, “debido a que está de por medio, presuntamente o en tela de juicio, el uso del erario público de los recursos erogados”.
De acuerdo con información de su perfil de Facebook, Olivar, de 51 años de edad, estudió en la Universidad Santa María, en Caracas. Está registrado para votar en San Antonio de los Altos y parece estar establecido allí, al igual que los demás miembros de su familia.
Hay quienes le atribuyen la compra de un apartamento de más de 100.000 dólares, de contado, en la urbanización Las Minas de esa ciudad, pocos meses después de haber librado la medida en favor de De Armas. En redes sociales hay varias referencias que confirman que, al menos hasta el año 2013 vivió allí, en el edificio Vidama.
Fue presidente de la junta de condominio de dichas residencias y presidente de la asociación de vecinos de la urbanización, que es de clase media-alta. En ambos cargos tuvo denuncias de corrupción.
También, entre otros sus cargos menores, llegó a coordinar, al menos entre 2012 y principios de 2014, el denominado Frente de Abogados Bolivarianos, en consonancia con su militancia con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la cual dejaba en evidencia en una cuenta de Twitter que, sin embargo, cerró; pero que no oculta en las entrevistas y foros en las que participa.
Hay quienes lo apodan “El Palero”, pero mensajes de sus allegados en redes sociales lo vinculan más bien con cuestiones esotéricas. En cualquier caso, no parece ser su creencia la que lo ha llevado hasta la Fiscalía Superior de Caracas, a pesar de tantas denuncias previas de irregularidades en distintos cargos.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
