Las mazorcas de la desilusión

A pocos metros del antiguo peaje del municipio Simón Planas (capital Sarare), del estado Lara, en la región centro-occidental del país, está la entrada de la comuna El Maizal, un predio de 2.237 hectáreas. “Donde sembró el comandante”, reza un letrero que recibe a los visitantes con la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez. Es sabido que Chávez fue –sobre todo desde su intento de reforma constitucional, en 2007– el promotor del llamado Estado comunal como nueva organización político-administrativa del país.

Un poco más adentro, dejando atrás la valla, hay vacas, caballos, galpones, tractores, cultivos, una empresa de gas, otra imagen de Chávez, jóvenes y adultos trabajando. La búsqueda atropellada de la autosustentabilidad.

Las cuentas de los comuneros arrojan más de 400 cabezas de ganado, cerca de 500 hectáreas de siembra de maíz, 25 bombonas de gas doméstico distribuidas por mes, cinco unidades de producción y más de 7.000 habitantes representados por 22 consejos comunales que conforman la estructura administrativa de El Maizal.

Martina Peraza, una señora mayor, vocera del consejo comunal La Esperanza y encargada del banco de la comuna, señala un galpón a medio construir. “Ahí estará la planta de queso”, dice con entusiasmo. Es uno de los proyectos. Algunos están en marcha, otros en espera de recursos, pero todos estuvieron a punto de venirse abajo en diciembre del año pasado por orden judicial: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) invalidó la ocupación del terreno donde la comuna se asienta, expropiado seis años antes de ese hito por el Estado. El proyecto comunero de El Maizal pendía, y aún pende, de un hilo jurídico. Eso, además de los obstáculos que este tipo de emprendimientos colectivos normalmente enfrenta: un entorno hostil en lo político, la pesadez de la burocracia y las debilidades organizativas propias de una experiencia pionera, más desarrollada en la letra de la ley que en práctica.

Ese diciembre, en medio de una celebración que reunió a muchos de los campesinos sobre la platabanda de la futura quesera, Ángel Prado, vocero del consejo comunal Revolucionario Unido, recibió una llamada de la defensora del Pueblo de Lara, Elba Rodil, con la noticia. “Me dijo que tenía un documento que exigía la desocupación inmediata y la entrega del predio El Maizal a sus antiguos dueños, y yo me quedé frío, porque nunca nos imaginábamos eso. El Maizal ha asumido cierta vanguardia en la zona y no creíamos que eso pudiera ocurrir”, relata Prado y recuerda que fue el mismo presidente Chávez quien entregó el terreno.

La entrega ocurrió en marzo de 2009. El entonces mandatario nacional vestía su característico uniforme militar verde oliva y boina roja. Encabezaba una alocución desde la finca El Maizal, luego de un recorrido por el tramo vial Acarigua-Barquisimeto, junto al gobernador de Lara, Henri Falcón –hoy partidario de la oposición–, el gobernador de Portuguesa, Wilmer Castro, y el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello –actual presidente de la Asamblea Nacional–. “Con este proyecto está naciendo una comuna socialista que abarca parte de Lara y parte de Portuguesa (...) Si nosotros no intervenimos los latifundios, esta autopista a quien beneficiaría es a los latifundistas. La autopista tiene que ser un motor para que se genere una nueva realidad geopolítica”, sentenció. Y regresó en noviembre para la transmisión de su programa Aló, Presidente, número 344, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Varios miembros de aquella comuna recién creada mostraron sus avances de entonces: siembra de caraotas negras, tratamiento de semillas, control biológico, mecanización agrícola.

--A nosotros nos engañaban en esos campos, todos esos latifundistas-- dijo uno de ellos.

--Los engañaban, los engañaban-- asintió el presidente. Y al rato, agregó: --Ahora fíjate una cosa, si la contrarrevolución llegara otra vez al poder en Venezuela todo esto se acabaría.

--Sí.

--¡Todo!-- enfatizó Chávez.

La orden de desalojo

La defensora Rodil le informó a Prado, quien también está al frente del banco de la comuna, que debía presentarse en su despacho con varios colectivos de la zona para entregarle el documento que ordenaba el desalojo de los comuneros. Lo recibieron pero no se quedaron de brazos cruzados y convocaron una rueda de prensa con la finalidad de rechazar la decisión del TSJ.

La Sala de Casación Social del máximo tribunal declaró con lugar el recurso de apelación de la Agropecuaria El Maizal S. A., antigua propietaria de la finca, y anuló la acción del Instituto Nacional de Tierras (Inti), que en febrero de 2009 declaró la hacienda como terreno ocioso –no productivo–, carente de pruebas suficientes sobre su propiedad privada, y, por lo tanto, propenso a que el Estado lo expropiara de acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esa medida había derivado entonces en la emisión de una carta agraria que permitía la ocupación de la finca por parte de los consejos comunales.

Pero como el Inti nunca consignó ante el juicio del caso el expediente administrativo que demostraba la inutilidad de las tierras, el TSJ lo consideró una violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Los abogados de la Agropecuaria El Maizal jamás tuvieron acceso al informe que respaldaba la expropiación. Por eso, la corte invalidó el proceso del Inti y por lo tanto, la carta agraria de la comuna, firmada por el propio Chávez.

Esa misma semana, Prado, ajeno a la evolución del juicio, campesino maicero, líder en la comuna, viajó, angustiado, a Caracas para participar en el Consejo Presidencial de las Comunas. Había 120 comuneros de todo el país, muchos atentos a su situación: comentaban entre ellos que antiguos dueños de fincas expropiadas en Apure, Barinas y Portuguesa estaban solicitando la devolución de las tierras amparados por el caso de El Maizal. “Si hicieron esto donde Chávez estuvo dos veces, más rápido lo hacían donde Chávez no fue”, dice Prado, quien participó en la Mesa de Agricultura del consejo presidencial, una actividad de cuatro días que cerró con un conversatorio con el presidente Nicolás Maduro, el heredero de la administración chavista. Solo hablaría un vocero de cada una de las mesas y Prado fue elegido en la suya para exponer su problema. “Sin que yo todavía hubiese tocado el tema, el presidente automáticamente preguntó si yo era de la comuna El Maizal, porque tenía una franela puesta”, cuenta.

El mandatario desconoció el carácter autónomo del Poder Judicial e informó, en televisión nacional, haberse comunicado con la presidenta del TSJ para la restitución de la carta agraria. “Espero que a través de los mecanismos constitucionales, muy pronto, así lo digo como jefe de Estado, se corrija la inaudita decisión de quitarle la carta agraria sagrada que le entregó Hugo Chávez a los campesinos de El Maizal. ¡Sagrada!”, dijo, alzando la voz. En menos de una semana, el TSJ suspendió cautelarmente la sentencia para su revisión.

“Me engañaron”

Orlando Alvarado, propietario de la Agropecuaria El Maizal y antiguo dueño del predio hoy convertido en comuna, creyó por esos días que finalmente recuperaría la finca. A sus 69 años, aún se defiende: afirma que sí había producción en su hacienda y que el mismo Chávez lo había reconocido. “Él vino antes del 92 y yo lo apoyaba al principio, porque los adecos y los copeyanos nos tenían obstinados. Lo veíamos con mucho entusiasmo, pero después se volvió irreal. Él me felicitaba por la finca”, asegura. Y hace un recuento, advirtiendo imprecisiones de una memoria desgastada, de sus resultados: entre 700 y 900 becerros al año, 30 empleados –20 fijos y los demás contratados–, alianzas con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para prácticas y pasantías, extracción de miel e, incluso, una explotación minera: “Hay una mina de arena incalculable allí”.

La Agropecuaria El Maizal está inscrita en el Registro Mercantil Segundo de Lara desde 1983. Antes de 2007 la compañía estaba en manos de Clara Camejo Campins y su esposo Humberto Campins Macías, quienes vendieron sus acciones a Manuel González y Orlando Alvarado, respectivamente, en 2007, aunque Alvarado figura como director de la compañía desde mucho antes del cambio de propiedad. Al año siguiente, la finca fue incluida en los 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante el gobierno de Chávez.

Guido Pérez trabajó en el predio por 18 años y su esposa, María Olivo, por 25. Ambos quedaron sin trabajo tras la expropiación, pese a las promesas del entonces presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, de garantizar puestos laborales a los empleados de la finca. “Dijo que los trabajadores no tenían de qué preocuparse. Yo estaba ahí, nadie me lo contó”, recuerda. Como administrador de la hacienda, organizó ante la Inspectoría del Trabajo, a solicitud del Inti, los papeles de cada uno de los campesinos: seguro social, pasivos laborales. Dice que hubo muchas promesas, pero no los reengancharon.

Y aparentemente, no serían los únicos defraudados: “A mí me engañaron. Yo me mantuve de bajo perfil porque me dijeron que me iban a pagar. Diosdado Cabello me lo dijo personalmente, que no me preocupara, pero eso fue embuste porque pasaron un poco de años y no han pagado nada”, reclama Alvarado.

El sector agropecuario fue su vida. Aprendió a sembrar maíz cuando trabajaba en la administración pública. Después, se graduó de perito agropecuario y pasó a la actividad privada. No tiene relación con la comuna y pone en duda su funcionamiento. “Es una finca que me da lástima el estado en que está ahorita, eso está destrozado”, considera.

La defensa de la Agropecuaria El Maizal presentó en 2010 tres testigos –un profesor del departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la UCLA, un ingeniero en Informática y un ingeniero agrónomo– para certificar la productividad agropecuaria, pero su valor probatorio fue desestimado por el tribunal.

Por ello, el antiguo administrador Guido Pérez, quien también es abogado, advierte que el triunfo momentáneo de Orlando Alvarado y su socio obedeció a la falta administrativa del Inti y no a una victoria en materia de reconocimiento del derecho de posesión. “No convalida la propiedad sobre los terrenos, sino que invalida el proceso porque hubo una omisión en su debido momento al no consignar el expediente administrativo”, explica. No recuerda haber visto, en sus casi dos décadas laborando en El Maizal, alguna vez a funcionarios del Inti inspeccionando el área y se pregunta por qué este organismo nunca consignó el documento de aquel proceso. “O sea que el Inti no tenía ese expediente y esa fue una decisión en el aire. Para declarar tierras improductivas debe haber un estudio. Los actos administrativos deben estar sustentados, no deben ser por capricho”.

A diferencia de su antiguo jefe, Pérez ratifica la actividad productiva de la comuna en materia agropecuaria y de servicios sociales. “¡Decir que no es injusto!”, reconoce, pero lamenta que no tomaran en cuenta a los trabajadores de antes.

Prado, con una larga experiencia campesina, reconoce: “Antes de 2009 aquí había producción, pero los dueños arrendaban las tierras a los pequeños productores (…) Eran obreros de quien les arrendaba la tierra, pero con la llegada de la revolución eso se revirtió”. Cuestiona la propiedad privada sobre El Maizal desestimando antiguas reformas agrarias que favorecieron la concentración de tierras en pocas manos. “Es una cuestión jurídica que deben dilucidar los tribunales”, resume al respecto el abogado Pérez.

¿A quién le importa la comuna?

Sentados sobre tierra preparada, removida para la siembra, nueve personas descansan de la jornada que cumplen diariamente en los invernaderos del Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT), ubicados a pocos kilómetros del predio, asumidos por la comuna desde el año pasado. Ana Faneite explica que esos espacios estaban abandonados, sin cultivos, sin nada. El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) impartió un taller a varios comuneros y desde entonces a cada uno le corresponde trabajar un invernadero. Siembran pimentón, tomate, apio, lechuga. Siembran con recursos propios porque el Fondas no ha enviado recursos en lo que va de año. Siembran con los excedentes de su producción más rentable: el maíz.

Martina Peraza, entre las figuras más antiguas de la comuna, no escatima en referir otras indiferencias gubernamentales de la administración chavista: el alcalde del municipio Simón Planas, Fermín Marín, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) –el partido de gobierno–, da la espalda a sus llamados. “A él no le gustan las comunas. ¿Por qué? Bueno, porque las comunas le quitan dinero a las alcaldías, porque dicen que somos organismos paralelos”, opina. La Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), promovida por el Gobierno nacional y el Psuv, también es catalogada como un ente paralelo a la Gobernación, pero tampoco, dice Peraza, responde a las solicitudes de apoyo económico. “Luis Reyes Reyes [presidente de Corpolara, exgobernador del estado] tampoco nos ha dado nada”, afirma con propiedad en su rol al frente del banco comunal.

Las empresas “Ezequiel Zamora”, de siembra y mecanización, “Argimiro Gabaldón”, de producción de ganadería y carne, “Camilo Cienfuegos”, de distribución de gas doméstico, y “Simón Bolívar”, la bloquera comunal, todas a cargo de El Maizal, todavía no alcanzan el sueño de la autosustentabilidad y dependen de recursos del Estado para su desarrollo. Los reciben por proyecto, de parte del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc) –llamado Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp) desde octubre de 2014–, del  Fondo de Desarrollo Microfinaciero (Fondemi) y un apoyo puntual de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv). Pero solo algunos de los proyectos son aprobados y en total suman 64 millones de bolívares recibidos, más de la mitad destinados a construcción de viviendas.

Hasta ahora, solo la producción maicera genera excedentes (38.000 bolívares en 2010, 1,2 millones en 2011, 590.000 en 2012,  900.000 en 2013 y 10,8 millones en 2014), pero aprovecharlos también ha sido cuesta arriba: miembros del parlamento de la comuna, conformado por 22 personas –un representante de cada consejo comunal–, explicaron que venden sus cosechas a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), cuyos pagos, que debe tramitar el Fondas, sufren retrasos de hasta un año. Afirman que eso no los detiene, que siguen trabajado, con deudas y trabajo voluntario. Y que por eso, indignados, desmintieron las declaraciones del gobernador Henri Falcón, durante las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y partidarios de la oposición, que señalaban una mala gestión del fundo. Lo negaron y lo invitaron, como invitan al alcalde, a visitar la comuna.

Mientras tanto, buscan modos de producción y autosustentabilidad: tienen en lista un restaurante, una planta de harina para procesar el maíz, una planta productora de café, entre otros, algunos posibles con recursos propios, otros solo con ayuda del Estado. De los proyectos en marcha, no hay respuesta precisa sobre el historial de producción de todas las empresas. “Aquí han pasado varias gestiones y hay compañeros que se han ido y se han llevado la información por cuestiones internas, contradicciones”. Es una tarea pendiente, que, dicen, mejoró con la conformación del parlamento en 2013, y ahora incluso asesoran otras experiencias comunales.

Un mes antes de despedirse ante el país para viajar a un tratamiento oncológico al que no sobrevivió, Chávez, recién reelecto en la presidencia, regañaba a sus ministros por no atender a las comunas. “He pensado en echar atrás y eliminar el ministerio, porque nosotros hemos asumido que el problema de las comunas es de un ministerio y eso es un gravísimo error que estamos cometiendo, no lo cometamos más, Nicolás”, dijo, alzando la voz, y luego, pausadamente, se dirigió al entonces vicepresidente, quien hoy encabeza el gobierno central: “Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas (…) ¿Será que seguiré clamando en el desierto por cosas como estas?”. El Maizal aún le toma la palabra.