En el mercado negro de al menos ocho estados del país se venden ilegalmente productos químicos importados por Agropatria, entre ellos el ingrediente 2,4-D, que se está vertiendo directamente en los suelos de cultivos. En el pasado las filiales de la otrora Agroisleña formulaban estos ingredientes siguiendo un riguroso procedimiento, pero entre la escasez y la corrupción esta labor apenas se realiza y los productos se venden sin control en estado puro a agricultores ávidos de herbicidas y funguicidas para proteger sus cosechas pero que al usarlos, sin saberlo, están poniendo en riesgo sus vidas y la fertilidad del suelo
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El diagnóstico de la extraña enfermedad que padecía el productor agropecuario de 73 años fue contundente. Tras haber manipulado herbicidas sin protección durante dos décadas, en el líquido que extrajeron de su médula había trazas de uno de ellos: 2,4-D. Aunque sus familiares presumían que su padecimiento podía provenir del contacto con los animales de la finca, la respuesta de los especialistas no les cayó de sorpresa.
“A cada momento le decía: ‘¿Por qué tienes tanto contacto con eso?’”, recuerda uno de sus hijos, también productor y quien prefiere mantener su nombre en reserva, 15 años después de su muerte por cáncer en la médula. Cada vez que iban a fumigar el potrero, su padre insistía en verter los dos litros del herbicida en el tambor de 200 litros de agua. Prefería hacerlo él por temor a que sus obreros le robaran el producto. Pero lo hacía sin tapabocas o guantes, a diferencia de quien siempre procedió después a la fumigación con un tractor, que sí tapaba su boca y nariz con una franela. A sus 94 años sigue vivo.
Aunque en el resto del mundo el 2,4-D se comercializa como herbicida desde 1946, no fue sino hasta los años 80 que los agricultores venezolanos comenzaron a usarlo. “Antes aquí los potreros los limpiaban con machete”, recuerda su hijo, que prefiere mantener la identidad de su familia en reserva. Aunque la finca era grande y el padre almacenaba el herbicida junto a otros plaguicidas en un depósito alejado de la casa principal, en la cocina sabían cada vez que este abría la puerta de la habitación donde almacenaba el “veneno”.
En 2003, un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de médula, el hombre de 73 años murió. “El cáncer de mi papá fue producto del 2,4-D amina”, insiste su hijo, quien confiesa tenerle miedo al herbicida mucho antes de que le llegara un mensaje inquietante en junio de este año. A través de un grupo de productores en WhatsApp recibió una oferta: “Se vende ‘Amina’ de 25 kilos”. La imagen de un saco blanco acompañaba al mensaje. En él se podía leer: “Limin Chemical Co, Ltd. 2,4-D 98%”. La única información adicional era el número de lote y su peso.
El producto era vendido en 80 millones de bolívares y no se trataba, precisamente, de amina, sino de 2,4-D. Pero nunca lo había visto en estado sólido ni con un porcentaje de pureza tan alto. Pronto entendió que no se trataba del tóxico herbicida que él y sus colegas estaban acostumbrados a usar; sino que se trataba solo del ingrediente activo. Pero le faltaban otras cosas y otros procesos para ser el producto que tradicionalmente habían usado.
Lo que estaban ofreciendo en ese grupo de WhatsApp era un “producto grado técnico”, que el Reglamento General de Plaguicidas, vigente en Venezuela desde 1991, define como la “forma industrial más concentrada del integrante activo, dentro de los límites del proceso de fabricación, apta únicamente para la elaboración de plaguicidas formulados”.
“El producto grado técnico legalmente solo puede ser traído al país, bajo permisología especial, por las casas comerciales registradas y autorizadas ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) como empresas formuladoras de plaguicidas, para luego, bajo un estricto protocolo, obtener el 2,4-D Amina, que se ofrece en venta a los agricultores en su formulación líquida en envases de 1 galón, jarra de 10 litros y tambores de 100 litros”, explica el presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas (Sovecom), el ingeniero Werner Gutiérrez.
Sin embargo, ese proceso se está infringiendo en al menos ocho estados del país, en los que el producto grado técnico 2,4-D –el ingrediente activo- está llegando directamente a las manos de los agricultores sin formulación previa. Agropatria lo importa a Venezuela de la empresa china Limin Chemical Co. Ltd., con la finalidad de procesarlo en alguna de sus filiales, pero varias denuncias procesadas por Armando.info muestran que está siendo comercializado en el mercado negro de productos agroquímicos y llega a los productores con la instrucción de diluir entre medio kilo y un kilo del producto, en 200 litros de agua, para fumigar una hectárea.
Amparo Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios (Afaquima), una asociación civil que agrupa a industrias fabricantes de este tipo de productos en el país, aclara que además de peligroso, es falso que el producto pueda ser formulado en agua, pues requiere de estabilizantes, solventes orgánicos, entre otras cosas.
“Como hay mucha escasez, hay una industria paralela que se está beneficiando dañando a los productores, vendiendo productos de toda índole, falsificando todo, pasando productos por la frontera. El tema del contrabando, el comercio ilegal de los insumos agrícolas no es nuevo. Tenemos años denunciándolo”, dice preocupada también por los residuos “de cosas que no sabemos qué son” vayan a los alimentos que producen y luego consumen los venezolanos.
Desde los Andes venezolanos, la zona del país que tiene mayor presencia del producto grado técnico 2,4-D, una ingeniero agrónomo que prefirió no revelar su nombre coincide con Ruiz: “El desespero del productor que no consigue nada lo lleva a comprar cualquier tipo de cosa con cualquier tipo de gente (…) En vez de ser una solución para sus fincas, están comprando un problema grave”. Como otros expertos, alerta que tanto los suelos como quienes lo manipulen corren el riesgo de sufrir graves daños a largo plazo.
Entre ellos calcula que las tierras donde se utilice este producto mal formulado pueden quedar infértiles. También estima que en cuestión de meses o años, los seres humanos que lo manipulen y almacenen indebidamente podrían sufrir efectos de todo tipo en su salud, desde impotencia sexual hasta cáncer.
El ingeniero Gutiérrez acota que en la presentación que está siendo comercializada ahora en Venezuela, con una concentración de 98% del ingrediente activo, el grado toxicológico es mayor, “aun cuando es difícil de precisarlo con exactitud, toda vez que no hay indicaciones en la etiqueta por parte del fabricante, como lo establece el Reglamento General de Plaguicidas”. Los riesgos se extienden también a la vida silvestre, específicamente la alteración de la microflora y microfauna del suelo.
Según el especialista, la acción residual del producto comercial conocido como 2,4-D Amina en las dosis recomendadas por el fabricante no excede las 4 semanas en los suelos donde se utiliza. Sin embargo, la concentración de este producto grado técnico plantea una amenaza. “Al emplearse esta presentación sólida (…) se generaría un impacto desfavorable sobre los microorganismos, perdiendo estos la capacidad de degradarlo, por lo que es de esperar su acumulación en el suelo, generando una mayor acción residual de este producto con efectos desfavorables incluso sobre los cultivos que se establezcan en los ciclos de siembra siguientes en esos mismos terrenos”.
El daño incluso podría llegar a las aguas subterráneas pues mientras el producto comercial tiene posibilidad entre leve y moderada de lixiviarse, “este riesgo se incrementa al emplearse de manera indiscriminada e irresponsable el 2,4-D producto grado técnico”, acota.
Aunque las indicaciones que están recibiendo los productores venezolanos de parte de los vendedores del mercado negro varían, la sugerencia más común es la de diluir entre medio kilo y un kilo del producto en agua. En algunos casos, la indicación es más específica: el agua debe estar caliente, para facilitar su disolución. Sin embargo, los expertos alertan que al hacerlo así es aún más peligroso, pues al evaporar la mezcla liberaría gases tóxicos.
Pero la desesperación “por producir algo” lleva a decenas de agricultores a comprar estos productos en lo que llaman “Agroestantes” o “Agronada”, a prepararlos siguiendo las instrucciones de los inexpertos revendedores y a utilizarlos en sus fincas, sin saber que en unos años podrían correr con la misma suerte que aquel productor de 73 años que tenía trazas de 2,4-D hasta en la médula.
El ingeniero Gutiérrez advierte que solo cuatro empresas venezolanas están autorizadas para traer el producto grado técnico 2,4-D, con la intención de formular el herbicida comercial en el país: la estatal Agropatria y las privadas Inquiport, Agrocasa y Redex.
De ellas, Agropatria es la única que importa los productos de Limin Chemical Co. Ltd., según pudo constatarse en los datos de importaciones de Puerto Cabello. Nada más entre septiembre de 2016 y abril de 2017, llegaron al país nueve buques cargados de distintos productos de la empresa china, con un único consignatario: Empresa de Propiedad Social Agropatria. La importación en sí misma no representa problema alguno, pero sí el próximo paso de la cadena de venta: el de la formulación del producto, un procedimiento en el que los especialistas recuerdan que Venezuela solía destacarse, cuando Agropatria no era del Estado y se trataba de la empresa privada Agroisleña.
Las filiales de la empresa expropiada en 2010 son las responsables de esa formulación. Una de ellas, Proyefa, está detrás de la formulación del Potreron 212, un herbicida que combina el ingrediente Picloram con el 2,4-D. Según información publicada en el portal de Agropatria a finales de 2017, ese año Proyefa elaboró 824.632 litros de Potreron 212.
Otros ingenieros agrónomos consultados señalan que la empresa Insecticida Internacional C.A. (Inica), posee una línea de producción específica para la formulación del 2,4-D Amina. Pero no precisan si Inica está en funcionamiento y si el insumo principal para la elaboración de este herbicida se estaría filtrando desde su sede en Cagua, estado Aragua, al mercado nacional de revendedores de productos agroquímicos.
Es así como los sacos de al menos ocho lotes distintos del producto grado técnico 2,4-D, importados de la empresa china Limin Chemical Co. y sin formularestán siendo comercializados en Aragua, Mérida, Zulia, Barinas, Portuguesa, Táchira, Cojedes y Lara, según confirmar productores en esas zonas y la venta de algunos de estos productos por Internet.
Especialmente grave resulta el caso de la población agrícola de Bailadores, en Mérida, donde fuentes locales aseguran que se distribuyeron en el primer semestre de 2018 más de 50.000 kilos del producto, lo que equivale a unos 2.000 sacos. Señalan agrónomos de la zona que una sola persona estaría concentrando unos 15.000 kilos, o 600 sacos, en su propiedad. También advierten sobre la venta de grandes cantidades de producto al sur del Lago de Maracaibo.
En la mayoría de los estados afectados, el producto grado técnico está siendo vendido por personas que no se identifican como personal de Agropatria. Sin embargo, según productores que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, en el estado Aragua sí. Sin embargo esquivan cualquier pregunta sobre el certificado de origen o composición del producto y se niegan a entregar facturas.
La venta de agroquímicos en el mercado negro parece ser lucrativa. Los precios de los sacos comercializados ilegalmente han escalado en la Venezuela de la hiperinflación. A principios de año, un saco de 25 kilos era vendido en 8 millones de bolívares. Seis meses después costaba en promedio 187 millones de bolívares. A finales de junio, en estados como Portuguesa y Táchira, el saco se cotizaba en 120 millones de bolívares; en Cojedes o Barinas llegaba a costar 300 millones de bolívares. Siempre, por supuesto, sin factura.
La venta no solo la hacen directamente los revendedores a los productores. También comercializan el producto a través de plataformas digitales como MercadoLibre.com. A finales de junio, al menos siete publicaciones de este portal eran de sacos del producto grado técnico 2,4-D, al 98% aunque eran ofrecidos como “amina”.
Las personas responsables de las publicaciones en MercadoLibre.com hacen los envíos nacionales a través de empresas como Domesa y Serex. En las normas de envío de Domesa, sin embargo, destacan dentro de los artículos cuyo transporte está prohibido el éter, ácidos y los polvos secos, dentro de la categoría de “químicos”. Entre los artículos prohibidos por Serex destaca cualquier material inflamable, corrosivo o tóxico.
A principios de julio de este año, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció que el Gobierno llegaría “a la raíz de las denuncias de productores afectados por el ‘bachaqueo’”, tras haber detenido a uno de los revendedores de productos vía Internet. Entre los productos que aseguró encontraron en su residencia mencionó a la “amina”. Advirtió que los organismos de seguridad del Estado llevaban cuatro semanas investigando y dentro de poco ubicarían “otros centros de ventas mafiosos, que en su mayoría están en el estado Táchira y en la región larense”.
La comercialización del producto grado técnico no es la única irregularidad relacionada con el 2,4-D que se ha registrado en lo que va de 2018 en Venezuela. Tampoco es el único agroquímico que está siendo distribuido de esta manera.“Este año llegaron a los productores (a través del mercado negro) materias activas en estado semiprocesado”, puntualiza el director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Roberto Latini.
No es la primera vez que sucede. Latini recuerda cómo hace dos años los productores luchaban por homogeneizar en licuadoras el Germitox, otro herbicida que en aquel momento fue comercializado en una presentación granulada muy difícil de disolver en agua.
Ahora, además del producto grado técnico 2,4-D, en el portal MercadoLibre.com es posible conseguir sacos de 25 kilos de Mancozeb al 80%. Se trata del ingrediente activo del fungicida Fungitane. Los sacos tienen algo en común con los de 2,4-D: son importados de la misma empresa china por Agropatria. Nada más en enero de 2017, la estatal venezolana recibió en Puerto Cabello al menos 560.640 kilos de Mancozeb de Limin Chemical Co. Ltd. y son los mismos sacos que ahora circulan en el mercado negro.
A diferencia del 2,4-D, el Mancozeb sí aparece entre los 12 productos técnicos que Limin Chemical dice elaborar en su página Web, aunque con una concentración diferente: 90%. El 2,4-D no aparece en el portal, en ninguna concentración.
Gutiérrez aclara que el Mancozeb, en esa presentación, no es un producto grado reactivo sino que es un producto ya formulado. “La violación a la normativa estaría en que esa presentación de 25 kilos en Venezuela no estaba autorizada. Siempre se venden en envases de un kilo los productos que vienen en estado sólido, y obviamente la etiqueta no cumple las normas”, acota.
Otra empresa china está detrás de otro de los productos técnicos que está siendo comercializado ilegalmente en Venezuela, importado por Agropatria. Se trata de Ningbo Taida Importación y Exportación S.L. que elabora unos sacos mucho más grandes, de 600 kilogramos, de glifosato técnico al 95% de concentración, que se está vendiendo directamente a los productores para que sean estos quienes lo “formulen”. La venta de este glifosato, al estar en estado casi puro, también constituye una irregularidad como la venta del 2-4, D.
Nada más en noviembre de 2014, llegaron a Puerto Cabello dos buques cargados con 204.244 kilos de glifosato técnico de esta empresa. Tenían, también, como único consignatario a Agropatria.
Pero las irregularidades no se están cometiendo únicamente con el producto técnico en estado sólido. “Agropatria tiene el 40% de la demanda de agroquímicos que requiere el país, pero no tiene los envases”, denunció a finales de mayo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, al referirse a la aguda crisis que atraviesa el sector agrícola venezolano.
Lo saben bien productores de estados como Portuguesa, que este año han comprado a Agropatria el producto formulado 2,4-D en bidones o tótems de 1.000 litros, que luego ellos deben reenvasar. El ingeniero Gutiérrez asegura que desde hace dos años esto sucede también con el herbicida Glyfosan LS, que tiene como ingrediente activo el glifosato.
No obstante, según advierten Gutiérrez, de Sovecom, y los productores afectados, al comercializar el producto de esta manera, se está violando lo establecido en el artículo 24 del Reglamento General de Plaguicidas, que prohíbe “el trasegado y reenvasado de plaguicidas en envases distintos a los originalmente aprobados para su presentación a la venta”.
“Esto tiene inclusive implicaciones de riesgo para la salud de la persona que realiza la operación (reenvasado), además de prestarse a adulteraciones del producto que puede generar problemas adicionales al usuario y al ambiente”, acota el ingeniero.
A los afectados les preocupa también el material del cual está elaborado el tótem. “Si el plástico no es adecuado, el químico no solo expide olores, sino que degrada el plástico, altera el producto y coloca en riesgo a personas que lo manipulen” asegura Gutiérrez, quien insiste en que, según recomendaciones internacionales, los productos agroquímicos deben ir en envases coextruidos, con tres capas.
“Desconocemos si todos los envases tipo bidones o tótem están fabricados bajo esta tecnología, de hecho es muy probable que no sea así, ya que este tipo de envases de gran capacidad son comercializados generalmente para el almacenamiento y transporte de sustancias muy diversas, incluso alimentos”, advierte Gutiérrez, quien asegura haber sido testigo en zonas rurales de que los bidones en los que vienen los herbicidas son reutilizados para almacenar agua potable o leche en las fincas. Asegura además que cuando Agropatria era Agroisleña, antes de la nacionalización, esta tenía en pleno funcionamiento una línea de producción propia de envases, para la que se trajeron al país equipos con tecnología alemana e italiana.
En una nota de prensa de octubre de 2017, publicada en el portal de Agropatria, se refieren a la planta de plástico, ubicada en las instalaciones de Inica, como la “columna vertebral de la empresa”, pues aseguran que es la responsable de la elaboración de los envases “en diferentes presentaciones y capacidades”, y que trabaja “24 horas del día para dar respuesta a las demandas de los agroquímicos” que allí se producen. Aseguran que algunas filiales de Agropatria, como Syntec, Servifor y Proyefa, adquieren a precios justos estos recipientes.
Sin embargo, el propio presidente de Agropatria, José Aguilera, reconoció a mediados de este año que no disponían de envases para almacenar los agroquímicos. "Ante la arremetida de la guerra económica por parte de la regencia imperial quienes nos han limitado del plástico necesario para envasar protectores de cultivos, Agropatria ha despachado más de 2.5 millones de K/L en recipientes reusables", decía un tuit publicado el 19 de junio desde la cuenta de Agropatria, citando las palabras de Aguilera.
Los tótems de 2,4-D que están siendo distribuidos por Agropatria tienen una irregularidad adicional en su etiqueta. Además de incumplir con algunos de los requisitos en cuanto a diseño e información, contemplados en la norma venezolana Covenin 1160-95, que se refiere al etiquetado de los plaguicidas; el rotulado indica que se trata de “2,4-D Ácido”.
Expertos como Gutiérrez cuestionan esa formulación: “El ingrediente activo Ácido 2,4– Diclorofenoxiacético se formula en Venezuela comercialmente como 2,4-D Amina (estado líquido). Su otra presentación comercial es 2,4 – D Ester (en polvo). Si fuese verdad que fuese ácido, están vendiendo igualmente un producto grado reactivo, lo cual evidentemente no se debe hacer”.
Se trata de otra forma de comercializar el 2,4-D que sí está vendiendo directamente Agropatria en Acarigua, estado Portuguesa, según confirman varios productores. Sin embargo, para algunos la etiqueta de este producto en particular es sospechosa. Presumen que puede ser falsificada, por lo que no dan fe de que el producto realmente sea distribuido por Agropatria. Según el rotulado de los bidones, la compañía panameña Technofarm, una sociedad anónima vigente en esta jurisdicción desde hace más de cuatro años, sería la responsable de dicha formulación. Según la información de las importaciones en Puerto Cabello entre mayo de 2015 y enero de 2018 llegaron cinco buques con 1.408.028 kilos de productos de Technofarm para Agropatria.
Este año, a propósito de la comercialización del producto grado técnico 2,4-D, algunos afectados habrían hecho llegar la denuncia al director de Sanidad Vegetal del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Joan Montilla. Aunque se envió mensajes a Montilla para saber si estaba al tanto de la situación y qué medidas estaría tomando el ente “encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias” –según reza en su página web-, hasta la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Las fuentes aseguran que aún no ha habido fiscalización y que el Insai también está sufriendo por el éxodo de sus profesionales.Pero todos insisten en que es este instituto el que debería recoger el producto. Sin embargo, aún y cuando lo hiciera, una vez que esto suceda su destino sería incierto. “El Ministerio para el Ambiente no tiene un procedimiento para almacenaje y eliminación de desechos tóxicos”, asegura Gutiérrez.
Tampoco, a pesar de múltiples intentos, por distintas vías, se obtuvo una versión oficial de Agropatria, ni de ninguna de sus filiales, acerca de esta denuncia. Los ministerios para la Salud, para el Ecosocialismo y para la Agricultura Productiva y Tierras también fueron contactados para este trabajo y no respondieron. De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General de Plaguicidas, son ellos los que deben ejercer la vigilancia, el control y la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha normativa.
La empresa china Limin Chemical Co. Ltd., por su parte, no respondió un correo electrónico enviado a finales de junio en el que se le planteaba la situación y se les solicitaban detalles de los productos que venden a Agropatria. Limin Chemical, sin embargo, destaca en la industria por haber recibido múltiples reconocimientos en áreas como protección ambiental, seguridad y responsabilidad social.
Technofarm Corp, la empresa panameña que elabora el 2,4-D Ácido 70%, que distribuye Agropatria en bidones de 1.000 litros, tampoco respondió un correo enviado a principios de julio, en el que se les solicitaban detalles acerca de la formulación de dicho producto.
Sobre Ningbo Taida, la única empresa de la que Agropatria ha importado glifosato, no hay rastro en la web.
“El producto comercial 2,4–D Amina (no en grado técnico) es un herbicida eficaz y de común uso en Venezuela, desde hace varias décadas, para el control de malezas del tipo hoja ancha en potreros (pastos), caña de azúcar, arroz, maíz y sorgo, así como en áreas no cultivadas y grama”, explica el ingeniero Gutiérrez.
De acuerdo con información del portal oficial de la industria del herbicida su uso está aprobado en más de 90 países del mundo, entre ellos Venezuela. Unos 1.500 productos tendrían registrado el ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) como su ingrediente activo.
Sobre quién lo descubrió y cuál era su intención hay varias versiones. Todas, sin embargo, apuntan a fue en 1945. Quizás la versión más acertada en la que le da la paternidad al químico estadounidense Franklin D. Jones.
Otros sitios, sin embargo, aseguran que fueron científicos ingleses. Algunos dicen que fue un equipo liderado por el bioquímico anglocanadiense Juda Hirsch Quastel, en la otrora Estación Experimental Rothamsted, el que lo desarrolló, al cumplir con una misión secreta para mejorar el rendimiento de los cultivos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no falta quien diga que el 2,4-D fue concebido por los ingleses para uso militar y para tal fin se registra su uso en la Emergencia Malaya, entre 1948 y 1950 y en la guerra de Vietnam.
En el país asiático, en el marco de la Operación Ranch Hand, que militares estadounidenses llevaron a cabo entre 1962 y 1971, el 2,4-D comenzó a ser utilizado en combinación con un producto hermano, el 2,4,5-T –junto con querosén y diésel–, para ser rociado desde aviones sobre zonas rurales de Vietnam del Sur, con la intención de privar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong) de alimentos y exponerlos, al destruir la cobertura vegetal que les impedía ubicar sus escondites. A esta mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T se le llamó “Agente Naranja”.
Pero en 1985, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos prohibió el uso de uno de los dos herbicidas: el 2,4,5-T, tras haber detectado que contenía altos niveles de dioxina, un contaminante que causa cáncer y otros problemas de salud. El 2,4,5-T fue retirado del mercado. Entre 2004 y 2005, en el marco del Convenio de Róterdam, finalmente prohibieron su formulación, comercialización y uso, por sus efectos adversos.
El “hermano bueno”, el 2,4-D, continuó en el mercado, hasta convertirse en el ingrediente activo del herbicida más utilizado en el mundo. “Las dioxinas no se encuentran en niveles detectables en el 2,4-D”, insiste la EPA, que asegura en que los productos que lo contienen pueden ser utilizados con seguridad, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.
Algunos expertos venezolanos lo catalogan como uno de los herbicidas “más inocuos que hay”, aunque insisten en que por tener precisamente el sufijo “cida”, del latín: “que mata”, su manejo debe ser cauteloso. Como todo, tiene sus detractores: especialistas locales en materia de herbicidas sostienen que el producto a base de 2,4-D es “pésimo para el suelo” por ser “altamente residual”.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
Una filtración de documentos bancarios a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela, así como El Confidencial, de España, muestra cómo el sigiloso y discreto capitán, quien fuera la sombra y protección del hoy fallecido mandatario, puso sus manos en negocios tan diversos como el mantenimiento del Metro de Caracas, la importación de medicinas y hasta arrendamiento de aviones logrando amasar una fortuna superior a los 100 millones de dólares. Él es solo uno de los clientes del francés Charles-Henry de Beaumount, gestor financiero quien captó a más de un "boliburgués" para engrosar la lista de clientes de la banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
