No solo fue Odebrecht: Cuatro empresas obtuvieron una decena de obras para construir grandes infraestructuras en Argentina, casi siempre con el anzuelo de una atractiva cotización y del financiamiento adjunto por parte de un banco estatal de desarrollo brasileño. Pero luego subcontrataban a otros proveedores y, con los proyectos ya en marcha, los costos aumentaban y los fondos los terminaba poniendo el Estado argentino: más de 9.000 millones de dólares, de los que al menos un promedio de 300 millones por obra correspondían a sobreprecios. De paso, hoy muchos de los proyectos siguen sin concluir. El patrón lo usarían las constructoras brasileñas en otros mercados latinoamericanos.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras de construcción e ingeniería civil involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo Argentina-, obtuvieron obras en Argentina por al menos 9.600 millones de dólares, el equivalente a más de 17.000 kilómetros de ruta repavimentados, es decir, 43% de la red vial actual de todo el país.
Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasileño se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y sobornos.
Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron once obras en la Argentina, siete de las cuales contaron con financiamiento del BNDES. Si se considera el conjunto, hubo un sobreprecio promedio de 322 millones de dólares. Y las diferencias entre montos iniciales y finales oscilaron entre 22% y 239%, de acuerdo con los documentos analizados y el cálculo realizado para esta investigación. Varias de ellas no han sido terminadas.
Para esta investigación, Chequeado y Armando Info analizaron las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez S.A., Camargo Correa S.A., Norberto Odebrecht S.A., OAS Limitada y Queiroz Galvao S.A., incluyendo las firmas subsidiarias y los consorcios que conformaron junto a otras compañías (ver recuadro sobre metodología utilizada). Todas estas empresas brasileñas poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.
Si bien no todas estas obras son investigadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora del Brasil se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el BNDES se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina a tiempo y sale más caro de lo previsto inicialmente.
“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.
Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileñas: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos 7.075 millones de dólares, 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de 1.806 millones de dólares. Detrás quedan Queiroz Galvao S.A. (557 millones de dólares) y Camargo Correa S.A. (167 millones de dólares). En total, estas empresas ganaron once obras, siete de las cuales consiguieron financiamiento del BNDES. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de 313 millones de dólares (leer recuadro “Otras obras millonarias”).
“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht, es un sistema para conseguir contratos”
“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht, es un sistema para conseguir contratos”, explicó Delgado. El atractivo: incluir al BNDES como financista de la obra, siendo que ofrecer un respaldo crediticio da ventaja competitiva frente a otras empresas licitantes. La construcción de la línea ferroriviaria Sarmiento en forma subterránea entre la Ciudad de Buenos Aires y Moreno (provincia de Buenos Aires) “es el caso paradigmático”, para el fiscal. “Que voy, que vengo, que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno nacional”, agregó Delgado.
Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Volosin recordó que Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones más antiguos de América Latina y el Caribe. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.
“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción. Agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.
“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas o extensiones del contrato. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, afirmó a Chequeado y Armando Info el fiscal federal Federico Delgado.
“Los elementos de prueba reunidos permiten tener por acreditado que, en el marco de los concursos privados llevados a cabo por las empresas (...) Transportadora de Gas del Norte -TGN- y Transportadora de Gas del Sur -TGS-, se instrumentó una maniobra mediante la cual los funcionarios públicos intervinientes perjudicaron los fondos del fideicomiso creado para la realización de las obras allí comprometidas, beneficiando ilegítimamente a las firmas Skanska S.A., Techint S.A., Contreras Hermanos S.A., BTU S.A. y Odebrecht S.A.”.
La conclusión del entonces juez federal argentino Norberto Oyarbide quedaría perdida entre las mil hojas de su fallo de 2010 si no fuera porque siete años después, según reveló el diario La Nación, el ex ejecutivo de Odebrecht, Márcio Faria da Silva, confesara ante la justicia de Brasil que la compañía pagó 25 millones de dólares en sobornos para obtener la ampliación de esa obra.
Era la primera vez que los tribunales de Argentina ponían la mira en la constructora líder de América Latina, según el ranking de ventas anuales elaborado por la consultora especializada Structuralia.
Pero hay más sobre esta causa.
El fiscal federal Carlos Stornelli investigaba el “caso Skanska” -por la empresa sueca de ingeniería implicada- por el Gasoducto del Norte y se topó con una adjudicación millonaria sin licitación pública y con sobrecostos inexplicables: el Gasoducto del Sur, un proyecto gigantesco para llevar gas al sur del país. Las obras -sobre todo, extensión de cañerías y construcción de plantas compresoras- se encontraban bajo la órbita del entonces ministro de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, ambos funcionarios de extrema confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.
La sociedad mixta TGS había estimado inicialmente el monto de la extensión de la red en 76,3 millones de dólares con IVA incluido, pero todas las ofertas que le llegaron fueron superiores. Entonces, en diciembre de 2004, Jorge García, apoderado de TGS, informó al ministro Cameron que la licitación quedaría desierta. La misma fue abierta semanas después, pero las cotizaciones de las empresas que ofertaron (Odebrecht y el consorcio Camargo Correa-IECSA) continuaban por encima de lo previsto. Aún así, TGS contactó a Odebrecht para solicitarle una mejora de sus precios. Detalle: el pedido no le fue solicitado a su competidora, según señala el fallo citado.
Finalmente, en 2005, durante el gobierno de Nestor Kirchner, la compañía brasilera firmó un contrato por 117,5 millones de dólares con IVA incluido, 41,1 millones de dólares más que el presupuesto inicial. García dijo haber hecho “todas las evaluaciones, gestiones y negociaciones a su alcance para lograr una mejora sustancial de la oferta” y consideró “haber logrado el mejor precio posible”.
Odebrecht se comprometió a tramitar un préstamo del BNDES, que finalmente obtuvo en febrero de 2005. Parte del financiamiento provendría, además, de un fideicomiso del Banco Nación, una de las principales entidades financieras de Argentina. Pero el trabajo finalmente quedó a cargo de Techint, del empresario Paolo Rocca; la sueca Skanska; y Contreras Hermanos, del empresario Juan Touceda, compañías que fueron subcontratadas por Odebrecht.Según argumentó la empresa brasileña en ese momento, los millones de dólares de sobrecostos se explicaban por complicaciones en la construcción, retenciones por el impuesto a las ganancias e impuestos para conseguir el financiamiento del banco brasileño. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación sostiene que en el acta de apertura del concurso privado no se incluyeron los detalles de las ofertas presentadas ni un informe técnico “que justifique la elección de (...) Odebrecht S.A.”.
Además, el documento señaló: “Si bien el ente regulador [Enargas] recomendó la aprobación de la contratación por el plazo de la construcción del gasoducto, no consta la existencia de un informe circunstanciado que avale la razonabilidad del incremento del costo de la obra”. El resultado: Enargas “permitió la asunción de una obligación abusiva (...) que conllevó a la obtención de un beneficio desmedido por parte de las empresas contratadas”.
Según la empresa TGS, la extensión de los gasoductos fue finalizada en 2008, y un documento publicado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires señala que la obra permitió aumentar la capacidad de transporte de la red operada por TGS en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día.
Casi una década después de su finalización, 117,5 millones de dólares es el último valor oficial que se conoce del Gasoducto del Sur. A pesar del paso del tiempo, estos montos quedaron bajo la lupa del fiscal Stornelli, quien luego de una investigación preliminar realizó una denuncia penal que recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.
Las tareas de Odebrecht en torno al sistema de gas argentino no terminaron ahí. Mientras emprendía las obras de extensión, la empresa participó y quedó a cargo de las tareas de ampliación de los gasoductos Norte y Centro Oeste (a cargo de TGN) y Sur y Neuba II (TGS). Esa es la obra por la que se habrían pagado 25 millones de dólares en sobornos, según reveló La Nación. En la práctica, se trataba de la colocación de loops o cañerías paralelas para llevar el gas desde el norte y sur del país hasta la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En 2005, a pedido de De Vido, TGN y TGS lanzaron concursos abiertos para elegir a los constructores. Ya desde el cálculo inicial hubo problemas. Según el dictamen del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa por supuestos sobreprecios que tramita en el juzgado de Rafecas, TGS señaló que “los costos correspondientes al montaje de cañerías fueron determinados en función de los valores ofertados por el contratista de la expansión del Gasoducto San Martín del año 2005 que fueron superiores a los acordados con dicho proveedor”. Es decir, los valores ya venían inflados por la contratista Odebrecht y se volverían a inflar.
Resultaron ganadoras las empresas Albanesi S.A. (privada) y Cammesa S.A. (compuesta por el Estado nacional y cuatro asociaciones del sector privado), en el norte y sur, respectivamente. Las compañías, sin embargo, repitieron el esquema de las grandes brasileñas: prefirieron dejar las tareas en manos de otra empresa y volvieron a llamar a concursos abiertos.
La ganadora de ambos fue Odebrecht, que aplicó el mismo modus operandi que con la obra de extensión: consiguió el respaldo financiero del BNDES y subcontrató a un grupo de firmas locales para la construcción: Techint, Contreras Hermanos S.A., Esuco S.A. (de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012) y (del empresario Carlos Mundín), en este último caso con una pequeña participación.
El monto final del contrato, según el peritaje del tribunal, fue por 2.266 millones de dólares, con el impuesto IVA incluido.
Sin
embargo, según el mismo documento y la
denuncia del fiscal Stornelli, el monto
inicial establecido en los concursos para la obra denominada “Ampliación
gasoductos TGN y TGS 2006-2008” había sido menor (1.677 millones de dólares, con
IVA), es decir, una diferencia de 588 millones de dólares sobre el valor
final.
“No se observa una debida justificación técnica y económica que
respalde la razonabilidad o probabilidad de dicha variación o desvío
presupuestario”, destacó el fiscal en su investigación preliminar.
Chequeado y Armando Info contactaron a todas las empresas argentinas involucradas en este contrato. Contreras Hermanos, empresa que fue subcontratada por Odebrecht en la obra de extensión y en la de ampliación de gasoductos, argumentó ante estos medios que el “precio inicial y precio final son el mismo, salvo ajustes por inflación”. Sin embargo, y para evitar el impacto inflacionario en los precios, Chequeado calculó el aumento de las obras antes señalado en dólares y no en pesos argentinos.
Aunque el nombre de la obra indica el año 2008 como fecha de finalización, más de una década después de la firma del contrato la ampliación de los cuatro gasoductos aún no se ha completado. No sólo eso: en 2012, la Auditoría General de la Nación detectó que con la documentación aportada por NAFISA (el fideicomiso del Banco Nación que funcionó como administrador de los recursos para la obra) “no pudo validarse el avance físico de la obra informado por Enargas, como así tampoco pudo verificarse las demoras generadas sobre las habilitaciones de obra”.
A fines de 2016, casi un año después de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia de Argentina, el Ministerio de Energía y Minería pidió a la Justicia federal que investigara el informe de la Auditoría General de la Nación e instruyó, a través de Cammesa, al fideicomiso del estatal Banco Nación “para que proceda en forma inmediata a tomar todas las medidas necesarias para rescindir el contrato” con Odebrecht. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada Laura Alonso, solicitó, además, ser parte querellante en la causa para investigar las irregularidades detectadas.
Consultada por Chequeado y Armando Info para esta nota, Odebrecht se limitó a decir que la compañía “es prestadora de servicios” y “que las informaciones que ustedes necesitan deben ser facilitadas por nuestros clientes”. Es decir, de las empresas subcontratadas.
El 6 de octubre de 2017, De Vido fue citado a indagatoria por esta causa. La orden, dictada por el juez federal Rafecas, también alcanzó a Cameron, al ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi, y al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. “Existió una tendencia beneficiante por parte de funcionarios públicos de la órbita del ex Ministerio de Planificación en miras a que fuera la constructora Odebrecht la que asumiera la ejecución de las obras de los gasoductos”, destacó el magistrado en su escrito.
Una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 kilómetros de extensión: el Sistema de Potabilización del Área Norte, ubicado en el Municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas en Argentina. También, una de las que genera más suspicacias.
En marzo de 2008, la empresa estatal AySA realizó un llamado a licitación para la construcción y puesta en marcha de la planta y sus obras anexas, para lo cual calculó un presupuesto de 595,4 millones de dólares, IVA incluido. Hubo dos ofertas: la primera, de un consorcio integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A. La segunda, de un consorcio compuesto por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
Antes de avanzar con la adjudicación, AySA pidió al consorcio integrado por Odebrecht que mejorara su oferta. La empresa respondió que esto era imposible, pero a cambio ofreció un incremento en el financiamiento del BNDES. Luego, como explica este informe de la Auditoría General de la Nación, AySA ajustó el presupuesto a 869,8 millones de dólares sin que mediara modificación alguna en el pliego de condiciones. Finalmente, la obra fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht por 880,4 millones de dólares, un valor incluso superior al presupuesto ajustado.
Según informaron desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción que depende de la Procuración General de la Nación y que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, desde el llamado a licitación para la megaobra en Paraná de las Palmas hasta el plazo límite para presentar las ofertas habían pasado apenas tres semanas.
Poco después comenzaron las obras, que en teoría debían estar terminadas para enero de 2012. Sin embargo, informa la AGN, “la ausencia de una adecuada planificación” generó demoras en la ejecución de los trabajos. “Un pequeño atraso en las obras es siempre justificable”, dijeron los auditores, pero en este caso “los atrasos, a criterio de esta auditoría, excedieron largamente lo justificable”. Estas demoras, naturalmente, terminaron afectando el valor final de la obra.
¿Cómo
se plasmaron estos aumentos? Mediante adendas y actas-acuerdo. Por ejemplo, la
adenda Nº 9 de noviembre de 2013 agregó la construcción de un acueducto por
140,2 millones de dólares, mientras que la Nº 11 le sumó al “combo” obras de
pavimentación por 22,7 millones de dólares. Para entonces, la obra ya había
superado la barrera de los mil millones de dólares y sus costos sumaban 1.043,9
millones de dólares. La cifra posiblemente sea mayor, ya que falta agregar otros
adicionales detectados por la auditoría del Centro Argentino de Ingenieros (CAI)
cuyos montos se desconocen.
Pero hay más. Mientras la alianza empresarial liderada por Odebrecht se adjudicaba la construcción de esa planta, otro consorcio integrado por la brasilera Camargo Correa y la empresa argentina Esuco S.A. se quedaba con un contrato para la construcción de una planta cloacal en Berazategui, ubicada también en la Provincia de Buenos Aires en paralelo al Río de la Plata y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según publicó el diario La Nación, el encargado de organizar el reparto de estas obras era el dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, nexo entre los funcionarios de Planificación Federal y los ejecutivos de Odebrecht para el pago de sobornos.
Como si se tratara de un juego de espejos, esta obra también sufrió aumentos llamativos en sus costos. El monto inicial de la planta se calculó en 104,5 millones de dólares, aunque pronto comenzaron los incrementos. Dos empresas presentaron ofertas para la planta de Berazategui: Electroingeniería (grupo liderado por los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Costa, cercano al anterior de Cristina Fernández y que también incursionó en el mercado de los medios de comunicación) y el consorcio integrado por Camargo Correa y Esuco. AySA aceptó la propuesta de esta última, incluyendo una “mejora de oferta” que en realidad era una propuesta de financiación por medio del BNDES. El contrato de adjudicación fue por 145,9 millones de dólares, IVA incluido.
Sin embargo, y repitiendo el esquema de Paraná de Las Palmas, se firmaron al menos dos adendas con “redeterminaciones de precios” (una de ellas en 2010 y la otra en 2011) que llevaron su costo a 167,3 millones de dólares. “Sorprende que rubros de alto costo unitario tengan incrementos muy elevados”, sostuvieron los auditores del Centro Argentino de Ingenieros, quienes agregaron: “Llama la atención que en algunos ítems se duplique, triplique y más las cantidades que se calcularon para la oferta”.
“En Berazategui, el contrato sufrió un fuerte impacto debido a correcciones inflacionarias que ya estaban previstas (en el contrato), ampliadas por adendas que extendieron el plazo del contrato, sin ninguna irregularidad”, fue la explicación de Camargo Correa.
El caso de las licitaciones mellizas terminó ante los tribunales de la justicia y el 1° de septiembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria del ex presidente de AySA, Carlos Ben y de su mano derecha, Raúl Biancuzzo. También fueron convocados representantes de Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros. Casanello consideró que las licitaciones que terminaron en ambas adjudicaciones fueron direccionadas de antemano para que el consorcio liderado por Odebrecht ganara la obra de Paraná de Las Palmas y el otro liderado por Camargo Correa obtuviera la obra de la planta de líquidos cloacales en Berazategui.
Según el informe que el fiscal federal Sergio Rodríguez hizo llegar al juez de la causa, Odebrecht conocía el lugar, la fecha y los detalles técnicos del financiamiento para la construcción de la planta en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA hiciera público el llamado a licitación. Intercambios entre el BNDES y el consorcio liderado por Camargo Correa revelan que esta empresa también supo mucho antes sobre la construcción de la planta de Berazategui. “Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”, sentenció el juez Casanello al firmar el llamado a indagatoria.
A fines de septiembre, el diario La Nación reveló que Odebrecht está próxima a vender su parte en la obra a Roggio, Cartellone y Supercemento, sus socios locales. Así y todo, falta acordar una solución para un planteo de la empresa brasileña, que reclama una millonaria compensación por supuestos incumplimientos de AySA vinculados al pago en tiempo y forma por las obras realizadas.
En esta trama no sólo está involucrado el anterior gobierno nacional. Entre 2008 y 2009, el Gobierno de Córdoba llamó a una licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de la provincia, estableciendo que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos 75% del precio de la obra. La ganadora fue una alianza empresarial conformada por la brasilera Andrade Gutierrez S.A., y las argentinas IECSA SA y Britos S.A., que ofreció hacer el trabajo por 220 millones de dólares y propuso el financiamiento del BNDES.
Los contratos se firmaron en 2009, durante el primer mandato del gobernador Juan Schiaretti, y pronto comenzaron los trámites ante el Ministerio de Economía “para tornar operativo” el crédito del banco brasilero. La obra estuvo varios años paralizada hasta que en marzo de 2015, durante la gestión de Juan Manuel de la Sota, la provincia anuló los contratos dado que las empresas oferentes no contaban con el financiamiento. Así y todo, el gobierno local terminó pagándoles 35,3 millones de dólares en concepto de “tareas preliminares” de la obra que nunca se culminó.
Mientras tanto, el presidente de Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, fue condenado por la Justicia brasilera y llegó a un acuerdo para reducir su pena a cambio de suministrar información, lo que en Brasil se conoce como “delación premiada”.
Entre 2015 y 2016, ya con Schiaretti nuevamente al frente del gobierno regional, la provincia relanzó la licitación, ahora con 500 kilómetros más de obra. Odebrecht resultó adjudicataria de seis de los diez tramos de gasoductos troncales, a pesar de que para entonces la empresa brasilera ya era investigada tras haber confesado el pago de sobornos.
En julio de 2016 estos seis tramos se adjudicaron por 147 millones de dólares, monto que seis meses más tarde se actualizó a 179 millones de dólares. Fuentes de la gobernación de Córdoba confirmaron a Chequeado y Armando Info que todos los trabajos se iniciaron este año 2017, con avances que van del 14,9% (Punilla II) al 87,3% (Sistema Regional Ruta 2).
¿Por qué la provincia eligió a Odebrecht a pesar de ya estaba siendo investigada por corrupción en el Lava Jato? Porque “trabaja bien, rápido y cobra barato”, argumentó Schiaretti en mayo de este año durante un encuentro con periodistas. En agosto le volvieron a preguntar: ¿Cómo puede ser que Odebrecht haya sobornado en todos lados y en Córdoba no? “Porque no lo dejamos. Es muy simple”, dijo.
Algunos de los miembros del gabinete cordobés no ayudan a disipar las sospechas: Fabián López, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial, será investigado en diciembre por su rol como número dos de la Secretaría de Obras Públicas durante el kirchnerismo en el caso de las licitaciones mellizas y los sobreprecios por las obras de AySA. Su jefe era José López, el hombre que la madrugada del 14 de junio de 2016 fue filmado mientras tiraba bolsos con plata en un monasterio y ahora está detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.
El 13 de septiembre de 2017, las oficinas de Odebrecht en la Argentina fueron allanadas en la causa que investiga supuestos sobornos de la empresa brasileña para que se le asignaran las obras de soterramiento de todo el ferrocarril Sarmiento. La orden librada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue, hasta ahora, el último capítulo de la saga que comenzó hace más de una década, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, con un llamado a licitación de la Secretaría de Transporte a cargo de Ricardo Jaime.
El consorcio conformado por Odebrecht, IECSA S.A., COMSA S.A. y Ghella S.A. fue uno de los dos que presentó ofertas (el otro fue una sociedad compuesta por Isolux-Esuco) y el que finalmente se adjudicó la obra por 889 millones de dólares. Un decreto, primero, y diferentes adendas, después, fueron elevando los costos del primer tramo, que hacia principios de 2011 ya rondaba los 1.483 millones de dólares.
Esta cifra no sería la última. En noviembre de 2013 el consorcio liderado por Odebrecht informó que el directorio del BNDES había aprobado un crédito de 1.508 millones dólares por 50% del monto contractual aproximado. Es decir que para entonces el costo de la obra ya ascendía a 3.016 millones de dólares. La cifra podría aumentar aún más si se considera que el presidente Macri decidió mediante el Decreto 797/2016 proyectar desembolsos en los próximos tres años por un total de 45.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 2.500 millones de dólares) para completar la obra.
El 28 de junio de 2017, Odebrecht presentó ante el Ministerio de Transporte una “modificación accionaria” que le permitió salir del proyecto. La propuesta consistió en venderle su parte del consorcio a la italiana Ghella, que ya cuenta con una participación en la obra. La propuesta fue aceptada y la salida de Odebrecht del proyecto del tren de Sarmiento es un hecho, confirmaron desde el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.
Ese mismo día, el Ministerio de Transporte creó una comisión para revisar las irregularidades en el caso, por lejos la obra con mayor sobreprecio de las que integran esta investigación. La empresa que avanza con la obra ahora se llama Consorcio G&S (Ghella y SACDE, siendo ésta la continuadora de IECSA, empresa que Marcelo Mindlin le compró a Ángelo Calcaterra), ya que COMSA S.A. también salió del proyecto este año, confirmaron a voceros de la compañía. A la fecha, la máquina excavadora lleva trabajados 1.579 metros de túnel, apenas 17% de la primera etapa.
Pocos grupos empresarios brasileños tuvieron un ascenso tan vertiginoso y controvertido como el que experimentó OAS, grupo que hoy conforman 12 empresas. Creado más de tres décadas después de la aparición de Odebrecht, el conglomerado bahiano se ubicó en 2015 en la segunda posición del ranking de constructoras latinoamericanas con mayor volumen de ventas anuales. En Argentina, una de sus primeras incursiones se daría en 2009, pero lo más curioso sucedió en 2015.
Mientras en Brasil la Operación Lava Jato sumaba denuncias de corrupción contra ejecutivos de OAS, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner -entonces en el último año de su segundo mandato- decidió otorgarle un préstamo por 964 millones de dólares para el proyecto hidroeléctrico Los Blancos, en Mendoza. Esta obra había sido preadjudicada en 2012 a la alianza empresarial conformada por Cartellone Construcciones Civiles (propiedad de la familia mendocina Cartellone) y la sucursal argentina de OAS, por un monto de 1.426 millones de dólares, con IVA incluido.
OAS se había comprometido a obtener más de la mitad del costo de la obra con financiamiento del BNDES como parte de su oferta, pero el crédito nunca se concretó. De allí el anuncio de Fernández de Kirchner de junio de 2015 de que el Estado nacional terminaría cubriendo hasta 65% del total. Esto modificaba el criterio señalado en la resolución por la cual se preadjudicó la obra y en el documento de manifestación de interés, donde se acordaba que la inversión necesaria sería obtenida mayormente por la empresa.
“La oferta se ajustaba a lo largo de las fechas por el Decreto 1295/02 que verifica la posibilidad de ajustar el precio de una obra mediante la redeterminación de precios en los contratos de obra pública, por lo que al momento del cambio de gestión se hicieron las posibles previsiones de montos necesarios para atender la obra”, recordó a Chequeado y Armando Info Rolando Baldasso, ex ministro de Infraestructura durante la gestión de Francisco Pérez, sobre un monto final que hoy se desconoce.
Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza de la gestión actual de Alfredo Cornejo, señaló que “dentro de las condiciones de la licitación estaba la provisión de parte del financiamiento por parte del BNDES”. “Al OAS entrar en problemas financieros -explicó el funcionario-, el financiamiento del banco no se concretó por lo que la adjudicación definitiva no se realizó y, por ende, los trabajos aún no se han iniciado”.
Respecto del estado actual de la obra, Guiñazú subrayó: “Hoy el proceso se encuentra en stand by a la espera de una definición respecto al perfeccionamiento del financiamiento del consorcio adjudicado”.
Como se dijo, una de las primeras incursiones de OAS fue en 2009. Ese año, el gobierno de la provincia del Chaco llamó a licitación para construir el “Segundo Acueducto para el Interior” que, según el anuncio,beneficiaría a 26 localidades y al 50% de la población provincial. El presupuesto oficial de la obra era de 300 millones de dólares con los impuestos incluidos, según datos oficiales del Ministerio de Infraestructura provincial.
Cuatro meses después, el gobernador y ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, realizó la apertura de sobres y las cuatro oferentes fueron Techint S.A. y tres consorcios, entre ellos el que estaba conformado por OAS Limitada, Supercemento S.A. y Rovella Carranza S.A.
En febrero de 2011, el gobierno del Chaco concedió la obra a la alianza empresarial conformada por la brasilerñ OAS, a pesar de que su oferta había sido más elevada que las demás, según señaló el diputado provincial Livio Gutiérrez en una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que se tuvo acceso.
La obra, explicó el gobierno provincial, se realizaría con recursos nacionales, fondos de la provincia del Chaco (a través del Fondo Federal Solidario) y financiamiento internacional proveniente del BNDES, obtenido por OAS. En julio de 2011, Capitanich se reunió con representantes de la sociedad empresarial “para definir detalles sobre la ejecución”. Los trabajos comenzaron en agosto de aquel año, con un plazo de construcción de 36 meses.
La explosión del Lava Jato cambió todo. “En marzo de 2015, cuando se conoció el caso, la empresa OAS proveedora de tuberías paralizó la entrega y el BNDES suspendió los desembolsos del endeudamiento que había tomado la provincia por unos 160 millones de dólares (...) y sólo desembolsó 116 millones de dólares”, señaló a este medio el diputado Gutiérrez, quien agregó que, a pesar de que se hicieron redeterminaciones y la fecha de finalización era 2014, el acueducto no se terminó. Un video institucional de la empresa provincial de Chaco a cargo del servicio de agua (SAMEEP) publicado en octubre de ese año aseguraba que la obra se encontraba ejecutada en 67%.
Esta investigación contó con la colaboración de Ariel Riera, miembro del equipo de Redacción de Chequeado. Se trata de un trabajo en conjunto entre Armando Info de Venezuela y Chequeado de Argentina.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
