Maritza Bastidas era empleada de la gobernación del estado Zulia y, según testimonios de sus enemigos políticos, secretaria del exgobernador Manuel Rosales. Lo cierto es que entre 2007 y 2008 Bastidas vivió una era de oro. En esa época compró dos propiedades en Estados Unidos por un millón de dólares y constituyó una empresa que terminó siendo de uno de los hijos de Rosales. Poco antes, la antigua funcionaria había registrado dos compañías en las Islas Vírgenes.
Maritza Bastidas es una venezolana de 52 años de edad y, al parecer, con buen conocimiento acerca de aspectos sofisticados de las finanzas como la inversión en paraísos fiscales. En 2007 registró dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas. Todo ello a pesar de que, hasta entonces, se había desempeñado como una simple funcionaria de la gobernación del estado Zulia, o no tan simple, pues según versiones de oponentes políticos, era la secretaria del gobernador regional y candidato presidencial en 2006, Manuel Rosales, quien ahora vive en el exilio (oficialmente Perú, aunque según fuentes su brújula, sobre todo desde que Ollanta Humala asumió el gobierno en Lima, apunta hacia otro destino fuera de Venezuela, presumiblemente en América Central).
El nombre de Maritza Bastidas ya salió a relucir durante las sesiones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en 2008. Entonces, en medio del fuego cruzado de la política venezolana, se investigaban diversos señalamientos de corrupción contra Rosales como gobernador del Zulia, la rica provincia petrolera y agropecuaria al occidente del país. La Asamblea Nacional estaba controlada por el oficialismo, y probablemente lo que la motivó a investigar a Rosales era el deseo de cobrarle al dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) su enfrentamiento electoral contra el presidente Chávez. En cualquier caso, Rosales acudió al llamado a declarar ante la comisión parlamentaria. Esta nota da a conocer por primera vez algunos pasajes del interrogatorio que, de acuerdo a su transcripción, alcanzó por momentos una gran tensión debida, sobre todo, a la presión ejercida por el diputado chavista Mario Isea, también zuliano y promotor de las denuncias.
“Lo primero que tengo que decir es que yo no soy hipócrita, desde que tenía 15 años voy para Estados Unidos y me gustan muchísimo Orlando y Mickey Mouse y todas esas cosas”, dijo Rosales el 28 de noviembre de 2008 frente a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando era consultado por sus vínculos con Maritza Bastidas. Entonces los parlamentarios solo parecían manejar el dato de una serie de viviendas adquiridas por Bastidas en el estado de Florida, Estados Unidos, operaciones que habían puesto toda la atención de los investigadores en esa empleada de la gobernación. En la sospecha generalizada flotaba la convicción de que Bastidas había servido de tapadera para inversiones de Rosales.
Rosales, de 60 años, un avezado político procedente de las filas del anteriormente hegemónico partido socialdemócrata Acción Democrática, como exitoso alcalde de Maracaibo en dos períodos (1996-2000 y 2008-2009) y gobernador desde 2000 a 2008, hizo del Zulia un verdadero baluarte electoral. El Zulia es la principal región del país por su número de votantes y, a la postre, en 2006, bajo el paraguas de su propio partido, Rosales consiguió representar a la oposición en las elecciones nacionales que en diciembre de 2006 ganó Chávez, quien entonces buscaba su reelección. Apoyado por una endeble coalición de 43 partidos y movimientos, Rosales obtuvo el respaldo de casi 37% del electorado.
Esta foja de éxitos, sin embargo, no le protegió en el ocaso. En 2009, antes de comprobar si recibiría una sanción por las acusaciones de las que era objeto y también antes de averiguar qué tipo de retaliación sufriría, Rosales se marchó a Perú, donde solicitó y obtuvo asilo. Su esposa, Eveling Trejo de Rosales, permaneció en Venezuela y es la actual alcaldesa de Maracaibo.
Bastidas siguió en el norte, según registros, en Orlando, Florida. Allá compró dos propiedades que, juntas, representarían una transacción por más de un millón de dólares. Bastidas también fue socia de una empresa de un hijo de Rosales, residenciado en Estados Unidos.
De todo eso tenían información los parlamentarios que en 2008 cercaban a Rosales con sus preguntas, recogidas en un documento al que se tuvo acceso para este reporte. La novedad –gracias a los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)- estriba en el conocimiento de la apertura por parte de Bastidas de dos compañías offshore en 2007.
El 23 de febrero del año 2007 fue incorporada al registro de las Islas Vírgenes Británicas la firma Inversiones 2000 Universal Ltd. en la que Maritza Bastidas figuraba entonces como accionista y directora. Para el registro colocó como dirección de oficina una residencia en Maracaibo, estado Zulia. En esa misma fecha, fue registrada también a su nombre la compañía Moritz Investments Worldwide Inc. Para este proceso, presentó también su pasaporte, una referencia bancaria y la misma dirección. Ambas compañías se encuentran inactivas en la actualidad.
El camino a las Islas Vírgenes, que le permitió completar el proceso de inscripción en el que es preciso suministrar una serie de documentos que pasan por un proceso de verificación, lo logró recorrer gracias al apoyo desde Miami de otra venezolana, la ubicua Gloria Araujo, quien hizo las veces de intermediaria.
Araujo contactó a la firma Portcullis Trustnet y así gestionó la creación de ambas compañías en el paraíso fiscal. En intercambios de correos con Trustnet para lograr el registro, se indicaba que una vez completado el proceso, los documentos del kit de la compañía debían ser enviados a Araujo a la dirección de “Everest Group”, su empresa de entonces en Florida. En ambos casos con la siguiente especificación: “No enviar una factura”.
Los números telefónicos asociados en esa fecha con Araujo tanto en Venezuela como en Estados Unidos ya no funcionan o corresponden a otras compañías.
Un año después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas, Bastidas realizó grandes inversiones en Estados Unidos. Según registros públicos del estado de Florida, el 30 de abril del año 2008, Maritza Bastidas compró por 799.000 dólares una propiedad en Atherton, Orlando, Florida, vivienda que en la actualidad se mantiene a su nombre. Ese mismo año, en el que también culminaba el segundo período de Rosales como gobernador del Zulia, pero el 14 de febrero –día de San Valentín-, Bastidas había comprado otra casa en Miami, Florida, por una suma de 306.000 dólares. O lo que es lo mismo: en menos de un año desembolsó un millón 105.000 dólares para la compra de las dos residencias.
La casa de Miami, Florida, no la conservó por mucho tiempo. Un año después de que comenzaron las denuncias en contra de Manuel Rosales y su propio nombre salió a la luz, en noviembre de 2009, Bastidas la vendió por 140 mil dólares la propiedad, menos de la mitad del monto por la que la había comprado (la crisis financiera ya afectaba el mercado inmobiliario de la península).
“En cuanto a eso de las propiedades, yo no sé si es que está prohibido que alguien compre algo, lo que tienen es que investigar por qué lo compraron, y cómo lo compraron y yo qué tengo que ver con eso”, se zafó Manuel Rosales de las acusaciones en la comparecencia que hizo el año 2008 ante los diputados. La línea argumental de su defensa se limitó a sostener que él solo daba cuenta de sus propiedades y no de las de sus allegados, en referencia a Bastidas: “Entonces, si se van miles y miles de personas del Zulia que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿yo tengo que ver con eso? No, yo respondo por Manuel Rosales, cédula de identidad 4.328.767”.
En Florida, Estados Unidos, la funcionaria de la gobernación del Zulia, Maritza Bastidas, también tuvo participación en una compañía con uno de los hijos de Manuel Rosales. En septiembre de 2007 –siete meses después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas- fue registrada ante la División de Corporaciones del Estado de Florida la compañía Agropecuaria La Milagrosa Inc. Los documentos de registro muestran que como presidente, vicepresidente y director figuraba entonces Manuel Rosales, y como directores aparecían también Maritza Bastidas y Fernando Tata, este último, según Rosales, un agente de registro.
“Uno se pregunta cuál es el salario de esta funcionaria en la gobernación del Estado”, ironizó durante la audiencia el diputado por el estado Zulia, Mario Isea, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Impertérrito, Rosales se aferró a su postura: “Maritza tendrá su actividad, pero yo no tengo por qué explicar ni responder por la actividad, por lo que haga Maritza Bastidas, quien es amiga de los hijos míos, de algunos de ellos, entre ellos Manuel Alejandro y entre otras cosas hicieron esa sociedad financiera que se registró con 100 dólares”.
En efecto, en 2008, los nombres de Maritza Bastidas y Fernando Tata fueron eliminados del directorio y, según el documento de registro, sustituidos por el de Manuel Alejandro Rosales, hijo del político zuliano. La empresa actualmente se encuentra inactiva.
“Así es que esas tales sociedades financieras, como las he explicado, como las he detallado, son sociedades que no tienen propiedades y que este señor, Fernando Tata, aparece ahí es porque es propio de su actividad, y Maritza Bastidas que es funcionaria y amiga de mi hijo, (…) Manuel Alejandro tiene algún tiempo en Estados Unidos, en Florida, Miami”, insistió Rosales.
Curiosamente, Maritza Bastidas aparece cotizando todavía en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como funcionaria de la gobernación del estado Zulia. Sin embargo, al llamar a las oficinas de la entidad, quienes hoy trabajan ahí dicen no conocerla y, quienes la recuerdan, dicen que ella no es parte de la plantilla actual de empleados de la gobernación, ahora a cargo de Francisco Arias Cárdenas.
Aparte de las propiedades de Bastidas, a Rosales lo vincularon también con otras propiedades y empresas a nombre de terceros. “Bueno, yo me dediqué a preguntarle a algunas de ellas por esta denuncia que están haciendo, bueno, a propósito de la actividad que cada quien desarrolla tienen créditos bancarios en Estados Unidos y cada quien demostrará su crédito y cómo adquirió eso, si es que lo ha adquirido, porque lo que dieron fue la cuota inicial, entiendo yo”. También indicó en ese momento que todas sus propiedades se encontraban en Venezuela.
La Contraloría General de la República en Venezuela, a cargo entonces del fallecido Clodosbaldo Russián, llegó a inhabilitar por un año a Manuel Rosales en 2010 para ejercer cualquier cargo público. El veredicto aducía el incumplimiento por parte de Rosales de la normativa de las declaraciones juradas de patrimonio obligatorias para los funcionarios públicos por la Ley Contra la Corrupción. En la resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de mayo de 2010, se indicaba que Rosales no había entregado las declaraciones del cese de sus funciones como gobernador del estado Zulia y de ingreso y cese en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo.
“Igualmente, la Contraloría General de la República, mediante decisión de fecha 27-07-07, contenida en el expediente de verificación patrimonial N° 08-02-2005-4.328.767, determinó: un incremento patrimonial desproporcionado; fondos aplicados no justificados; y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio consignada el 2 de julio de 2003, por lo que se declaró la no veracidad de la declaración jurada de patrimonio en cuestión, y en consecuencia, su no admisión”, reportaba.
Además, fue imputado en diciembre de 2008 por el delito de enriquecimiento ilícito y en 2009 le fue dictada medida privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público. Para Rosales todo se trató de un juicio político.
Katherine Pennacchio y Óscar Libón contribuyeron con esta historia.
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Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
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Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
