Maritza Bastidas era empleada de la gobernación del estado Zulia y, según testimonios de sus enemigos políticos, secretaria del exgobernador Manuel Rosales. Lo cierto es que entre 2007 y 2008 Bastidas vivió una era de oro. En esa época compró dos propiedades en Estados Unidos por un millón de dólares y constituyó una empresa que terminó siendo de uno de los hijos de Rosales. Poco antes, la antigua funcionaria había registrado dos compañías en las Islas Vírgenes.
Maritza Bastidas es una venezolana de 52 años de edad y, al parecer, con buen conocimiento acerca de aspectos sofisticados de las finanzas como la inversión en paraísos fiscales. En 2007 registró dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas. Todo ello a pesar de que, hasta entonces, se había desempeñado como una simple funcionaria de la gobernación del estado Zulia, o no tan simple, pues según versiones de oponentes políticos, era la secretaria del gobernador regional y candidato presidencial en 2006, Manuel Rosales, quien ahora vive en el exilio (oficialmente Perú, aunque según fuentes su brújula, sobre todo desde que Ollanta Humala asumió el gobierno en Lima, apunta hacia otro destino fuera de Venezuela, presumiblemente en América Central).
El nombre de Maritza Bastidas ya salió a relucir durante las sesiones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en 2008. Entonces, en medio del fuego cruzado de la política venezolana, se investigaban diversos señalamientos de corrupción contra Rosales como gobernador del Zulia, la rica provincia petrolera y agropecuaria al occidente del país. La Asamblea Nacional estaba controlada por el oficialismo, y probablemente lo que la motivó a investigar a Rosales era el deseo de cobrarle al dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) su enfrentamiento electoral contra el presidente Chávez. En cualquier caso, Rosales acudió al llamado a declarar ante la comisión parlamentaria. Esta nota da a conocer por primera vez algunos pasajes del interrogatorio que, de acuerdo a su transcripción, alcanzó por momentos una gran tensión debida, sobre todo, a la presión ejercida por el diputado chavista Mario Isea, también zuliano y promotor de las denuncias.
“Lo primero que tengo que decir es que yo no soy hipócrita, desde que tenía 15 años voy para Estados Unidos y me gustan muchísimo Orlando y Mickey Mouse y todas esas cosas”, dijo Rosales el 28 de noviembre de 2008 frente a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando era consultado por sus vínculos con Maritza Bastidas. Entonces los parlamentarios solo parecían manejar el dato de una serie de viviendas adquiridas por Bastidas en el estado de Florida, Estados Unidos, operaciones que habían puesto toda la atención de los investigadores en esa empleada de la gobernación. En la sospecha generalizada flotaba la convicción de que Bastidas había servido de tapadera para inversiones de Rosales.
Rosales, de 60 años, un avezado político procedente de las filas del anteriormente hegemónico partido socialdemócrata Acción Democrática, como exitoso alcalde de Maracaibo en dos períodos (1996-2000 y 2008-2009) y gobernador desde 2000 a 2008, hizo del Zulia un verdadero baluarte electoral. El Zulia es la principal región del país por su número de votantes y, a la postre, en 2006, bajo el paraguas de su propio partido, Rosales consiguió representar a la oposición en las elecciones nacionales que en diciembre de 2006 ganó Chávez, quien entonces buscaba su reelección. Apoyado por una endeble coalición de 43 partidos y movimientos, Rosales obtuvo el respaldo de casi 37% del electorado.
Esta foja de éxitos, sin embargo, no le protegió en el ocaso. En 2009, antes de comprobar si recibiría una sanción por las acusaciones de las que era objeto y también antes de averiguar qué tipo de retaliación sufriría, Rosales se marchó a Perú, donde solicitó y obtuvo asilo. Su esposa, Eveling Trejo de Rosales, permaneció en Venezuela y es la actual alcaldesa de Maracaibo.
Bastidas siguió en el norte, según registros, en Orlando, Florida. Allá compró dos propiedades que, juntas, representarían una transacción por más de un millón de dólares. Bastidas también fue socia de una empresa de un hijo de Rosales, residenciado en Estados Unidos.
De todo eso tenían información los parlamentarios que en 2008 cercaban a Rosales con sus preguntas, recogidas en un documento al que se tuvo acceso para este reporte. La novedad –gracias a los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)- estriba en el conocimiento de la apertura por parte de Bastidas de dos compañías offshore en 2007.
El 23 de febrero del año 2007 fue incorporada al registro de las Islas Vírgenes Británicas la firma Inversiones 2000 Universal Ltd. en la que Maritza Bastidas figuraba entonces como accionista y directora. Para el registro colocó como dirección de oficina una residencia en Maracaibo, estado Zulia. En esa misma fecha, fue registrada también a su nombre la compañía Moritz Investments Worldwide Inc. Para este proceso, presentó también su pasaporte, una referencia bancaria y la misma dirección. Ambas compañías se encuentran inactivas en la actualidad.
El camino a las Islas Vírgenes, que le permitió completar el proceso de inscripción en el que es preciso suministrar una serie de documentos que pasan por un proceso de verificación, lo logró recorrer gracias al apoyo desde Miami de otra venezolana, la ubicua Gloria Araujo, quien hizo las veces de intermediaria.
Araujo contactó a la firma Portcullis Trustnet y así gestionó la creación de ambas compañías en el paraíso fiscal. En intercambios de correos con Trustnet para lograr el registro, se indicaba que una vez completado el proceso, los documentos del kit de la compañía debían ser enviados a Araujo a la dirección de “Everest Group”, su empresa de entonces en Florida. En ambos casos con la siguiente especificación: “No enviar una factura”.
Los números telefónicos asociados en esa fecha con Araujo tanto en Venezuela como en Estados Unidos ya no funcionan o corresponden a otras compañías.
Un año después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas, Bastidas realizó grandes inversiones en Estados Unidos. Según registros públicos del estado de Florida, el 30 de abril del año 2008, Maritza Bastidas compró por 799.000 dólares una propiedad en Atherton, Orlando, Florida, vivienda que en la actualidad se mantiene a su nombre. Ese mismo año, en el que también culminaba el segundo período de Rosales como gobernador del Zulia, pero el 14 de febrero –día de San Valentín-, Bastidas había comprado otra casa en Miami, Florida, por una suma de 306.000 dólares. O lo que es lo mismo: en menos de un año desembolsó un millón 105.000 dólares para la compra de las dos residencias.
La casa de Miami, Florida, no la conservó por mucho tiempo. Un año después de que comenzaron las denuncias en contra de Manuel Rosales y su propio nombre salió a la luz, en noviembre de 2009, Bastidas la vendió por 140 mil dólares la propiedad, menos de la mitad del monto por la que la había comprado (la crisis financiera ya afectaba el mercado inmobiliario de la península).
“En cuanto a eso de las propiedades, yo no sé si es que está prohibido que alguien compre algo, lo que tienen es que investigar por qué lo compraron, y cómo lo compraron y yo qué tengo que ver con eso”, se zafó Manuel Rosales de las acusaciones en la comparecencia que hizo el año 2008 ante los diputados. La línea argumental de su defensa se limitó a sostener que él solo daba cuenta de sus propiedades y no de las de sus allegados, en referencia a Bastidas: “Entonces, si se van miles y miles de personas del Zulia que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿yo tengo que ver con eso? No, yo respondo por Manuel Rosales, cédula de identidad 4.328.767”.
En Florida, Estados Unidos, la funcionaria de la gobernación del Zulia, Maritza Bastidas, también tuvo participación en una compañía con uno de los hijos de Manuel Rosales. En septiembre de 2007 –siete meses después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas- fue registrada ante la División de Corporaciones del Estado de Florida la compañía Agropecuaria La Milagrosa Inc. Los documentos de registro muestran que como presidente, vicepresidente y director figuraba entonces Manuel Rosales, y como directores aparecían también Maritza Bastidas y Fernando Tata, este último, según Rosales, un agente de registro.
“Uno se pregunta cuál es el salario de esta funcionaria en la gobernación del Estado”, ironizó durante la audiencia el diputado por el estado Zulia, Mario Isea, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Impertérrito, Rosales se aferró a su postura: “Maritza tendrá su actividad, pero yo no tengo por qué explicar ni responder por la actividad, por lo que haga Maritza Bastidas, quien es amiga de los hijos míos, de algunos de ellos, entre ellos Manuel Alejandro y entre otras cosas hicieron esa sociedad financiera que se registró con 100 dólares”.
En efecto, en 2008, los nombres de Maritza Bastidas y Fernando Tata fueron eliminados del directorio y, según el documento de registro, sustituidos por el de Manuel Alejandro Rosales, hijo del político zuliano. La empresa actualmente se encuentra inactiva.
“Así es que esas tales sociedades financieras, como las he explicado, como las he detallado, son sociedades que no tienen propiedades y que este señor, Fernando Tata, aparece ahí es porque es propio de su actividad, y Maritza Bastidas que es funcionaria y amiga de mi hijo, (…) Manuel Alejandro tiene algún tiempo en Estados Unidos, en Florida, Miami”, insistió Rosales.
Curiosamente, Maritza Bastidas aparece cotizando todavía en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como funcionaria de la gobernación del estado Zulia. Sin embargo, al llamar a las oficinas de la entidad, quienes hoy trabajan ahí dicen no conocerla y, quienes la recuerdan, dicen que ella no es parte de la plantilla actual de empleados de la gobernación, ahora a cargo de Francisco Arias Cárdenas.
Aparte de las propiedades de Bastidas, a Rosales lo vincularon también con otras propiedades y empresas a nombre de terceros. “Bueno, yo me dediqué a preguntarle a algunas de ellas por esta denuncia que están haciendo, bueno, a propósito de la actividad que cada quien desarrolla tienen créditos bancarios en Estados Unidos y cada quien demostrará su crédito y cómo adquirió eso, si es que lo ha adquirido, porque lo que dieron fue la cuota inicial, entiendo yo”. También indicó en ese momento que todas sus propiedades se encontraban en Venezuela.
La Contraloría General de la República en Venezuela, a cargo entonces del fallecido Clodosbaldo Russián, llegó a inhabilitar por un año a Manuel Rosales en 2010 para ejercer cualquier cargo público. El veredicto aducía el incumplimiento por parte de Rosales de la normativa de las declaraciones juradas de patrimonio obligatorias para los funcionarios públicos por la Ley Contra la Corrupción. En la resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de mayo de 2010, se indicaba que Rosales no había entregado las declaraciones del cese de sus funciones como gobernador del estado Zulia y de ingreso y cese en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo.
“Igualmente, la Contraloría General de la República, mediante decisión de fecha 27-07-07, contenida en el expediente de verificación patrimonial N° 08-02-2005-4.328.767, determinó: un incremento patrimonial desproporcionado; fondos aplicados no justificados; y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio consignada el 2 de julio de 2003, por lo que se declaró la no veracidad de la declaración jurada de patrimonio en cuestión, y en consecuencia, su no admisión”, reportaba.
Además, fue imputado en diciembre de 2008 por el delito de enriquecimiento ilícito y en 2009 le fue dictada medida privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público. Para Rosales todo se trató de un juicio político.
Katherine Pennacchio y Óscar Libón contribuyeron con esta historia.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
