La vez que el petróleo venezolano pagó las deudas de Víctor Vargas

En septiembre de 2019 el Banco del Orinoco N.V. fue intervenido por las autoridades de Curazao, la nación insular a 50 kilómetros de las costas de Venezuela que, como su ex metrópolis holandesa, mantiene un estatus cercano al de un paraíso fiscal. Fue el acto de cierre para la historia de un cuarto de siglo del banco, registrado en 1994. Su caída tumbó otras fichas del imperio financiero offshore del magnate venezolano Víctor Vargas, del que era piedra angular: en pocos días más colapsaron el Allbank de Panamá y el BOI Bank de Antigua, que compartían cuentas entre sí y por los que circulaba un mismo flujo de fondos.

Si bien no fue sino hasta el 2 de septiembre cuando el Banco Central de Curazao y San Martín decidió retirarle la licencia de operación, ya en junio de 2019 había advertido a la gerencia del Banco del Orinoco que se disponía a imponerle una sanción definitiva a la luz de las evidencias que había encontrado sobre manejos ilegales y una insolvencia crónica.

Desde mucho antes, al menos desde 2015, en los corrillos financieros se rumoraba sobre las suculentas tasas de interés que el Banco del Orinoco en Curazao ofrecía como retorno a aquellos -sobre todo, acaudalados clientes del B.O.D. (Banco Occidental de Descuento, el banco de Vargas en Venezuela, también intervenido en septiembre de 2019 por la Superintendencia Nacional)- que hicieran colocaciones en dólares. Se trataba de un continuo esfuerzo por parte de Vargas y su equipo por rellenar un hueco en sus balances que arrastraron por años, esfuerzo que terminó por parecerse a un esquema piramidal. Como consecuencia, al momento de venirse abajo, en los archivos del banco y en el dinero que se evaporó quedaron atrapados los fondos de muchos inversionistas venezolanos que nunca lograron redimir sus CD (certificados de depósitos), o apenas lo hicieron a medias.

En cualquier caso, el derrumbe ha abierto una rendija para conocer las entrañas de un circuito financiero que se infló como una pompa de jabón a lo largo del período revolucionario en Venezuela, tanto, que algunos medios, sobre todo españoles, no dudaron en apodar a Vargas como el banquero de Chávez.

En el propio informe del Banco Central de Curazao y San Martín donde el ente regulador justificó la clausura del negocio, se hace referencia a una cuenta bancaria que recibió un trato preferencial e irregular del Banco del Orinoco: “El Banco [Central de Curazao, N. de R.] considera que la transferencia procesada desde Hanson Holland 2 B.V. a Esvenca para abrir varios depósitos a plazo es sospechosa (...) Aunque el Banco recibió una copia de la investigación de antecedentes realizada a Hanson Holland 2 B.V., el Banco estableció que esta evaluación se realizó después de que la Junta de Directores Supervisores de BDO [Banco del Orinoco, N. de R.] aprobara la apertura de la cuenta bancaria ".

Sucede que esa mención a dos empresas, Hanson Holland 2 y Esvenca, sumada a tres documentos que yacen en una notaría de Caracas y a los que Armando.info tuvo acceso recientemente, arrojan luz a posteriori sobre la relación de Víctor Vargas con un misterioso inversionista, presumiblemente, un hombre fuerte del régimen venezolano, y del intento frustrado en 2015 de ese inversionista por comprar Televén, el segundo canal privado de televisión del país.

El oro negro blanquea la sangre

Quizás la cita más sonada y repetida en medios de Víctor Vargas, alguien poco proclive a las declaraciones en prensa, data de 2008. Entonces se ufanó ante The Wall Street Journal al asegurar: “Yo he sido rico toda la vida”. Si bien chocante, la frase buscaba entonces persuadir al reportero de que su prosperidad no se debía ni a su supuesta cercanía a Chávez -aunque en la misma entrevista se definía como “un socialista en el verdadero sentido de la palabra”- ni tampoco a su matrimonio morganático con la hija del banquero Héctor Santaella, Carmen Leonor, en 1976 (de quien se divorciaría en 2013). Reclamaba, en cambio, un derecho casi sanguíneo a pertenecer a la aristocracia, algo que consumó de modo literal en 2004 cuando su hija, María Margarita, contrajo matrimonio con Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, bisnieto del dictador español Francisco Franco y heredero, según los monarquistas, de la Corona de Francia. La consagración fue recíproca: a partir de ese mismo día Luis Alfonso se convirtió en directivo del B.O.D., de Allbank y del propio Banco del Orinoco, entre otras cuentas del rosario corporativo de su suegro.

Pero Víctor José de Jesús Vargas Irausquín hizo dinero por expedientes más plebeyos. Nació hace 68 años en Barinas, la provincia de los Llanos venezolanos natal también para Hugo Chávez. Formó en los años 80 el Banco Barinas y el Grupo Financiero Cordillera, a los que dotó de una imponente sede en la urbanización La Castellana del noreste caraqueño. El banco quedó borrado del mapa por la crisis financiera de 1994. Por paradoja, el hundimiento de su marca tuvo el efecto de una catapulta para Vargas: ese 1994 compró el paquete mayoritario de acciones del Banco Occidental de Descuento (B.O.D.), una entidad dominante en el estado Zulia -extremo noroeste de Venezuela, lugar de la más antigua cuenca petrolera del país- pero de escasa proyección nacional.

El B.O.D. sirvió de columna vertebral para constituir el grupo financiero que se extendió por varias jurisdicciones del Caribe, incluyendo Curazao desde 1994. El banco se convirtió en el sexto del ranking nacional y Vargas compró, para alojar a su gerencia, la torre del antiguo Banco Consolidado, también en La Castellana, a menos de una cuadra de la anterior sede del Banco Barinas. En 1991 había constituido Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., el holding para todos sus negocios en Venezuela, a su vez participado por Esmerald Partners I, un vehículo de control registrado en Luxemburgo.

El B.O.D sirvió de columna vertebral para conformar el grupo financiero de Vargas en varios países del Caribe. Foto: Rayner Peña/EFE

En octubre de 2019 un tribunal de Curazao declaró en bancarrota al Banco del Orinoco, propiedad de Vargas.

Pero en medio de esa espectacular onda expansiva de mediados de los 90, Víctor Vargas pareció comprender que, en Venezuela -tanto en la saudí de antaño como en la empobrecida de estas postrimerías del chavismo-, ser un verdadero magnate significa meter las manos en el negocio petrolero, el único de escala global que se puede hacer desde el país. La coyuntura lucía favorable: con los precios del crudo por el suelo, el entonces presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Luis Giusti, impulsaba un controvertido plan de apertura para la participación del capital privado, nacional o extranjero, mediante empresas mixtas o el otorgamiento de concesiones.

Quien le haya hecho una radiografía al grupo empresarial de Víctor Vargas en Venezuela y el exterior, sabrá que está conformado por una malla de cientos de empresas regadas por el mundo, que incluyen firmas dedicadas exclusivamente a detentar la propiedad de inmuebles, caballos de polo y aeronaves. No fue distinto en el sector petrolero, donde construyó una reproducción fractal de ese patrón. Nada más en Venezuela constituyó varias empresas petroleras, las empresas Cartera de Inversiones Petroleras I y II, estas como canales de inversión, y la proveedora Operaciones de Producción y Exploración Nacionales (Open) C.A. A través de estas, Vargas consiguió participación, ya con el chavismo en el poder, en empresas mixtas donde la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) mantuvo la mayoría.

En una, Lagopetrol, se consorció en 2006 con la petrolera colombiana Hocol -controlada para la época por la francesa Maurel & Prom- y con Ehcopek Petróleo S.A., del grupo zuliano Moschella; en 2012, las acciones de Maurel & Prom fueron adquiridas por otra empresa con sede en Francia, Integra Oil & Gas, pero cuyo accionariado lo domina el polémico ex ministro del Interior del presidente argentino Carlos Menem, José Luis Manzano. Su propósito era el de poner a producir un área del Lago de Maracaibo.

En otra, Petrocuragua, Open hizo dupla en 2007 con CVP para explotar el campo Casma cerca de Anaco, estado Monagas, en el oriente de Venezuela.

Junto a ese organigrama, Vargas levantó en paralelo otra estructura para sus negocios petroleros en Venezuela. En ella sirvió de pilar y fachada un ingeniero petrolero, Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, hoy de 66 años de edad, que hacía de accionista único y presidente de la Junta Directiva. En ese esquema, un holding llamado Asesoría Petrolera Integral Nacional (Apin) C.A., registrado en 2001, pero con Ramírez Ruiz desde 2014 como único accionista -hasta entonces, las empresas Inversiones Rufalca y Desarrollos Alse S.A, también habían mantenido participación-, pasó a controlar dos empresas: Asfálticos Venezolanos C.A. (Asfavenca) y Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca).   

Esta estructura en Venezuela se correspondía a su vez con un conjunto de personas jurídicas en Panamá, que incluía a las empresas Esvenca Panamá, Holding del Sur S.A., Denter Inc y Petroway 2014. En ellas suelen aparecer, como directivos o apoderados, familiares de Vargas, allegados y prestanombres, pero nunca el propio Vargas. 

De todas es Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca), sin duda, la pieza más valiosa y rentable. Registrada inicialmente en Zulia en 1997, y mudada su sede en 2003 a Monagas, se presenta como una empresa de servicios. De vez en cuando ha sido mencionada en la prensa como favorecida en contratos por cientos de millones de dólares de Pdvsa, como perpetradora de maltratos laborales o como cabeza de playa de una tramoya para privatizar la Faja Petrolífera del Orinoco.

A los efectos de la presente historia, empero, la relevancia de Esvenca es otra: su nombre es el que aparece en el reporte sobre una transacción "sospechosa" que elaboró el Banco Central de Curazao y San Martín para el cierre del Banco del Orinoco, reporte al que se hace referencia en el primer bloque de esta nota.

Apuestas riesgosas

La otra clave de la historia está contenida en tres documentos archivados con numeración consecutiva en la Notaría Primera Pública de Caracas, en la céntrica avenida Lecuna de la capital venezolana. Todos con fecha del 14 de julio de 2017, refieren a acuerdos entre la venezolana Esvenca de Víctor Vargas y una empresa holandesa, Hanson Holland 2, para el pago de una deuda millonaria en dólares.

Hanson Holland 2 B.V. era la segunda denominación de una empresa constituida en junio de 2013 bajo el nombre de Sigma Den Haag B.V. en la ciudad neerlandesa de Dordrecht, en el suroeste de los Países Bajos. El cambio de nombre a Hanson Holland 2 B.V. se produjo en julio de 2014. En agosto de 2017 se volvería a rebautizar bajo la denominación de Leeuwarden Investments B.V.

Apenas dos meses después del acto oficializado en la notaría de Caracas, Hanson Holland 2 aparecía vinculada al llamado Caso Lezo en España, una operación judicial que destapó la corrupción en la empresa pública de acueductos de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II, cuando era presidente regional el político del Partido Popular (PP), Ignacio González. De acuerdo a versiones de prensa, González había recibido pagos irregulares por cuatro millones de euros de Hanson Holland 2 entre 2014 y 2016, a través del banco Renta 4 de Madrid. El grupo Hanson y Renta 4 eran aliados en una empresa conjunta de administración y gestión de activos desde febrero de 2014.

Pero lo cierto era que ya para entonces había un nexo previo, más conspicuo e igualmente sospechoso de Hanson con Venezuela: era el nombre que surgía al apenas rasguñar la superficie de Latam Media Holding, la firma de Curazao que sobre el papel en octubre de 2013 dio la cara como compradora de la Cadena Capriles, el principal grupo de medios periodísticos del país (hoy Grupo Últimas Noticias).

El nombre Hanson remite a un grupo de inversión fundado en 2010 por el inglés Robert William Hanson y el alemán Christian Patrick Terörde. Robert Hanson, con el título aristocrático de Honorable, hoy de 60 años de edad, aporta naming y pedigrí al emprendimiento. Los orígenes del negocio familiar retroceden hasta el s. XIX, con desarrollos comerciales e industriales que durante el s. XX se ramificaron en corporaciones tan relevantes como Imperial Tobacco y Milenium Chemical. Terörde es un profesional nacido en 1974 en Düsseldorf, Alemania, pero con residencia desde hace años en Londres, en cuya City acumula una experiencia nutrida en la asesoría financiera.

Bajo la impronta del grupo Hanson hay una miríada de personas jurídicas pero controladas todas por una empresa, Hanson Holdings Lux Sárl, con sede en Luxemburgo, país de residencia de Robert Hanson. Una de esas razones jurídicas, Hanson Investments Lux, es la accionista de Hanson Holland 2, hoy Leeuwarden Investments.

Asesoría y gestión de activos, son los servicios que ofrece el grupo Hanson, pero en un folleto publicitario se sincera: “Discreción” es su producto, para la salvaguarda de “los activos a través de estructuras de tenencia seguras y con eficiencia fiscal establecida para el largo plazo y las generaciones venideras” y para “lograr el mayor rendimiento posible según el nivel de riesgo aceptable de cada cliente”.

Esa discreción fue la que Hanson aportó en 2013 para la operación de compra de la Cadena Capriles en Venezuela a nombre de un cliente innombrado y, con toda seguridad, riesgoso: en el argot bancario, probablemente un PEP (Persona Políticamente Expuesta, por sus siglas en inglés), que algunas publicaciones han insistido desde entonces que se trataba de Tarek El Aissami Madah, ex vicepresidente de la República y ex ministro del Interior en el gabinete de Nicolás Maduro, y hoy ministro de Petróleo y responsable de toda el área económica. El Aissami, de 45 años, fue objeto junto a su presunto testaferro, Samark López Bello, de sanciones financieras del Departamento del Tesoro norteamericano en 2017, y se le abrió un juicio por tráfico de drogas y conspiración para lavar dinero en 2019 en un tribunal de Nueva York.

Tanto Hanson como Terörde, socios y fundadores del grupo financiero en Luxemburgo, formaron parte de la primera junta directiva de la Cadena Capriles después de su adquisición en octubre de 2013 por un monto cercano a los 120 millones de dólares. Carlos José Acosta, presidente de esa junta, debió admitir que el comprador nominal, Latam Media Holding, “es propiedad de Hanson Group, establecido en Inglaterra y con inversiones en diferentes países de Europa, Asia y América”. En el directorio también aparecieron al menos tres representantes de Víctor Vargas: los abogados Diego Lepage y Pedro Rendón, además de Ricardo Castellanos García, ex gerente de Comercialización de los diarios El Nacional y Últimas Noticias de Caracas, quien entonces y muy rápidamente se ganó la confianza del banquero. La presencia de sus empleados entre los directores llevó a algunos a pensar que Vargas había sido el comprador del grupo editorial, algo que él mismo desmintió con una afirmación en redes sociales: “No es cierta la compra de Cadena Capriles por parte de BOD Corp Banca ni Víctor Vargas. No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”.

Vargas tan solo había servido como facilitador financiero para que Hanson adquiriera ese conglomerado de medios a nombre de su cliente. La fórmula se repetiría dos años después en otra transacción, finalmente trunca, por la propiedad de un medio, el canal Televén.

En 2015, algunos trascendidos en prensa se hicieron eco del intento de compra de Televen, cadena privada de televisión fundada en 1986 que, tras la desaparición de RCTV en 2007, no tuvo dificultad para establecerse como la segunda más importante y vista de Venezuela, solo detrás de Venevisión, de la Organización Cisneros. Fuentes cercanas a la negociación confirman ahora a Armando.info que, en efecto, la familia Camero, propietaria del canal, había acordado venderlo por una cantidad equivalente a 350 millones de dólares, aunque la operación se efectuaría en euros, con el propósito explícito de evitar la esfera del dólar y, con ello, la vigilancia de las autoridades antilavado de dinero de Estados Unidos.

En esta ocasión el comprador, en vez de la Latam Media Holding que figuró en la compra de la Cadena Capriles, sería Hanson Holland 2. Su escogencia tuvo mucho que ver con el Tratado de Doble Tributación pactado en 1997 entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, un marco que facilitaría la operación. Esta empresa emitió un poder amplio para Christian Patrick Terörde en diciembre de 2014, cinco meses después de su constitución. Pero el cliente a nombre de quien se iba a hacer la compra era el mismo de la Cadena Capriles: ¿El Aissami de nuevo, quizás?

Los rumores sobre la venta de Televén sonaron con fuerza en el año 2015.

El presidente de Televén, Omar Camero, recibió una primera parte del pago por la venta del canal. Tiempo después todo se cayó.

Hanson Holland 2 pagó una cuota inicial de 105 millones de dólares a los Camero a través de transferencias de un banco español a otro francés.

Pero antes de que se cumpliera el plazo para los pagos finales, previstos para julio de 2015, ocurrió algo inusual. En el Principado de Andorra, un minúsculo paraíso fiscal enclavado entre Francia y España, estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las principales entidades del país. Vinculándolo a operaciones de lavado de dinero en favor de jerarcas de Rusia, China y Venezuela, Estados Unidos prohibió al banco seguir operando en dólares. Eso significó la extinción del negocio del BPA y el deslave de la reputación de Andorra como sitio seguro para flujos financieros opacos. La ruina del BPA arrastró a su filial española, Banco Madrid, hasta su intervención y cierre. Era marzo de 2015; el conducto de Andorra quedaba así bloqueado para completar la compra de Televén, mientras dejaba a los supervisores norteamericanos con los radares activos. Omar Camero clasificaba como PEP, al igual, sin duda, que el anónimo comprador final venezolano. Los bancos que habían participado en el pago inicial de prenda, y que contaban con sucursales corresponsales en Estados Unidos, se rehusaron a seguir en la operación.

A la postre el problema de cómo hacer llegar el dinero al vendedor, la familia Camero, sin generarle inconvenientes de compliance en el sistema bancario internacional, resultó insoluble y llevó a la caída de la negociación.

Pero a finales de 2015 los ingenieros legal-financieros de la operación creyeron encontrar una alternativa. En ella entraban Víctor Vargas y su atribulado Banco del Orinoco, siempre sediento de fondos que le permitieran aparentar solvencia. La fórmula requería que Hanson Holland 2 abriera una cuenta en el banco de Curazao y adquiriera certificados de depósitos a plazo fijo en los que colocaría la suma restante para Camero. Terörde hizo las diligencias de apertura de la cuenta en el Banco del Orinoco en octubre de 2015.

Cuando, al fin, los Camero desistieron en diciembre de 2015 de la operación de compraventa de Televén, llegó la hora de reembolsar el dinero adelantado. Los Camero hicieron lo suyo. Pero entonces empezó otro tipo de problema: Víctor Vargas no estaba en disposición o capacidad de devolver el efectivo que se le había confiado.

Cuentas claras conservan amistades

Resulta tentador suponer que esos fondos fueron succionados por el hueco que permanentemente Víctor Vargas intentaba tapar en los balances del Banco del Orinoco mediante esforzados pedaleos de su bicicleta financiera. Pero es una suposición que no alcanzó a ser confirmada al cierre de este reportaje. 

Las dificultades para devolver el dinero por parte de Vargas, según fuentes que hablaron con Armando.info a cambio de proteger su identidad, generaron medidas de presión. Por un tiempo se le prohibió el despegue de Venezuela a sus aeronaves privadas y se bloqueó el pago a sus compañías petroleras en el sistema administrativo de Pdvsa. También recuerdan esas fuentes que, a comienzos de diciembre de 2016, Vargas fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía a su regreso de un viaje al extranjero, y llevado a “conversar” a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo). El propio Vargas se apresuraría horas después a explicar que la “invitación” a la central policial se había debido a un apagón ocurrido días antes en el sistema interconectado de cobros electrónicos de Credicard -un consorcio en el que el B.O.D. participa junto a otras entidades- y que el Gobierno de Nicolás Maduro percibió como un intento de sabotaje contra el orden público.

A todas estas, un arreglo se alcanzó en 2017. El modo que Vargas encontró para pagar es lo que se refleja en los documentos, tres, guardados en la notaría caraqueña. Por Esvenca los suscribe Fortunato López, un ejecutivo bancario de 82 años de edad que acompaña a Vargas desde los tiempos del Banco Barinas; por Hanson Holland 2 lo hace Guillermo Almeida Maya, otro hombre de confianza de Víctor Vargas, abogado que fue gerente del bufete interno del B.O.D., Consultoría Empresarial Corporativa (Cecca), y director y apoderado él mismo de algunas compañías del mosaico corporativo del banquero venezolano.

En los acuerdos, Esvenca accede a transferir a Hanson Holland 2, en forma de pago, algo más de 800 facturas ya aceptadas por Pdvsa por valor de un poco menos de 31 millones de dólares. También cede a Hanson Holland 2 un par de notas de crédito expedidas a su favor por Pdvsa en junio de 2016, pagaderas trimestralmente hasta junio de 2019 con un interés anual de 6,5%, por un valor facial de algo más de 66 millones de dólares. Sin embargo, Hanson Holland 2 B.V. las acepta con un descuento de 60%: por tan solo 26 millones de dólares.

El traspaso fue informado a Pdvsa por Fortunato López, a nombre de Esvenca, en momentos en el que hoy supuestamente perseguido Simón Zerpa se desempeñaba como Vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera, cargo en el que estuvo hasta febrero de 2018. Zerpa también ha sido sometido a sanciones por Estados Unidos.

Además Esvenca incluyó en el pago el reintegro de acciones por valor de 22 millones dólares en una empresa constituida en las Islas Caimán, otro paraíso fiscal del Caribe, junto a Hanson: TAM Total Recovery Fund Ltd. Las siglas TAM corresponden a Trebol Asset Management, una empresa suiza especializada en la gestión de fortunas en la que trabaja Simon Leendert Leo Verhoeven, uno de los directores registrados de Leeuwarden Investments, el nombre actual de Hanson Holland 2. 

Por cierto, cuando Fortunato López, de nuevo a nombre de Esvenca, suscribió las acciones de TAM Total Recovery Fund, depositó el pago en el Noor Capital Bank de Dubai. Esta entidad ha sido citada a menudo como un tramo de los esquemas de negocios de Tarek El Aissami y de Alex Saab, el factor comercial y presunto testaferro de Nicolás Maduro arrestado recientemente en Cabo Verde. También se sabe que que una filial de TAM, Trebol Investment Luxembourg, así como el mismo Noor Capital Bank, fueron los canales para transferir los pagos en divisas con los que los hijos de Cilia Flores compraron algunas de las casas de la avenida Laguna de Tacarigua, que finalmente cerraron para ellos solos, en la urbanización Cumbres de Curumo del sureste de Caracas.

Armando.Info intentó obtener las versiones de Víctor Vargas, Guillermo Almeida y Simon Leendert Verhoeven a través de sus contactos de correo electrónico. Sin embargo, no hubo respuestas. 

La suma de los diferentes activos con los que la petrolera de Víctor Vargas, Esvenca, ofrece en el acuerdo pagar la deuda a Hanson Holland 2 da casi 79 millones de dólares. Se ignora si corresponde al total de lo que debía el banquero barinés.

En los mismos tratos notariados, Hanson Holland 2 se desprende de todos sus activos depositados en el Banco del Orinoco de Curazao y los traspasa a Esvenca, lo que incluye una cuenta bancaria y al menos diez instrumentos financieros. Esta es la operación que el Banco Central de Curazao y San Martín objetará como “sospechosa” al momento de intervenir la entidad en septiembre de 2019.

Para el momento del pacto ya Víctor Vargas había ordenado echar al ingeniero Rafael Ramírez Ruiz de las juntas directivas de aquellas empresas, tanto en Venezuela como en el exterior, que había constituido ad hoc para atender los negocios petroleros. En cada una de ellas, incluyendo Esvenca, Ramírez fue sustituido por Ricardo Castellanos García en abril de 2017, tres meses antes del acuerdo de pago con Hanson Holland 2 B.V.

El acuerdo sufriría algunos trastornos menores que, sin embargo, no debieron obstaculizar su cumplimento.

Primero, los interlocutores en Europa decidieron cambiar la denominación de Hanson Holland 2 B.V. por Leeuwarden Investments B.V.

Poco después, algo más grueso: el 29 de agosto de 2017, comisiones del Sebin detectaron pacas de billetes por valor de 205 millones de bolívares en una camioneta de Lilian Tintori, esposa del para entonces prisionero dirigente de oposición Leopoldo López, en la actualidad refugiado en la residencia del Embajador de España en Caracas. Las investigaciones posteriores determinaron que ese monto había sido parte de una remesa de 800 millones de bolívares en efectivo que personeros del B.O.D. habían entregado a Guillermo Almeida Maya, abogado de Víctor Vargas y apoderado de Hanson Holland 2. Almeida tuvo entonces que huir del país y establecerse en la vecina Colombia.

Así Víctor Vargas, el banquero “socialista en el verdadero sentido de la palabra” pudo saldar una deuda que amenazaba seriamente con impedirle seguir disfrutando de sus partidos de polo, de sus singladuras en el yate de casi 60 metros de eslora diseñado por Norman Foster, de sus retiros familiares en el coto andaluz de Sotomayor.

Al menos, hasta que en Curazao se dieran por enterados de un hueco que Vargas ya no pudo tapar en su Banco del Orinoco.