Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
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La noche del 23 de enero de 2019 al menos 77 menores de edad, entre 14 y 17 años, fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Algunos, incluso, por caminar cerca del lugar de la manifestación. En menos de 24 horas se encontraron dentro de calabozos sin poder comunicarse con sus padres, recibir sus medicinas o comida y la mayoría magullados por golpes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
Aunque la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA) establece que a partir de los 14 años las personas tienen responsabilidad penal, los jueces y fiscales que tomaron sus casos no sólo obviaron el principio fundamental de la presunción de inocencia sino que sobre expedientes policiales débiles e incluso inexistentes decidieron acusar a estos jóvenes de “terrorismo”. Estrenaron masivamente la tipificación de ese delito en la ley, que fue incluido en el año 2015.
Según este reportaje pudo comprobar, se trata de jueces y fiscales itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuyas carreras dentro del sistema judicial venezolano lucen como un sueño en el que los requisitos para ocupar el cargo son una formalidad infundada. Funcionarios con mínima preparación académica que apenas desempeñan cargos menores dentro de los tribunales de pronto son nombrados jueces, a pesar -o justo por eso- de hacer proselitismo a favor de la autodenominada Revolución bolivariana” y mostrar abiertamente sus nexos, amistades y relaciones con el chavismo gobernante. O quizá por eso mismo.
Se trata de jueces y fiscales itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en el PSUV
Dentro de esa justicia cubierta con el manto de la complicidad, estos jueces recibieron a los menores y, como si de una plana escolar se tratara, recitaron las mismas acusaciones por los mismos delitos y ordenaron reclusión a los jóvenes donde permanecieron privados de libertad junto a adultos con historial de delitos más graves durante ocho días.
La insensibilidad también tuvo lugar en las actuaciones de estos jueces. “Si usted se siente mal se me va de aquí”, le dijo una jueza en Caracas a la abuela de un muchacho que lloraba la detención de su nieto de 14 años, en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas. La defensora de derechos humanos, Naremi Silva, fue testigo de esta situación.
La itinerancia en los nombramientos de jueces y fiscales ha permitido al Gobierno moverlos a conveniencia y nombrarlos sin credenciales. Ya en el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaba del peligro en la administración de justicia en Venezuela por la provisionalidad de los responsables de tribunales, quienes desde el 2002 son designados a dedo, lo que les hace vulnerables a las presiones: de una decisión puede depender su permanencia en el cargo. El informe de 2016 reconocía que solo 34% de los jueces en Venezuela son titulares de su cargo.
Sobre esa base el sistema judicial actuó rápido esta vez. La presentación de los niños, niñas y adolescentes se hizo entre las primeras 50 horas de su aprehensión. No faltaron los fiscales, ni los alguaciles, ni el papel y tinta para las sentencias, hubo despacho y habilitaron hasta altas horas en el Palacio de Justicia de cada estado a todos los que debían y tenían que estar, prestos a una llamada que indicaba el camino a seguir.
Se reseñaron casos en la misma situación en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital y Yaracuy. Después de ocho días detenidos, los menores fueron excarcelados, no sin antes sufrir los rigores del régimen penitenciario: les raparon el cabello y los uniformaron. Algunos no llegaron a ver a sus padres durante su cautiverio.
Se les otorgó medidas sustitutivas de libertad en las que deben presentarse ante el tribunal cada 30 días. Estas medidas representan una espada de Damocles por la que los jóvenes están presos sin los barrotes, sujetos a la celebración de una audiencia de presentación que debería ocurrir en 45 días, pero que en la Venezuela de hoy suele diferirse una y otra vez, hasta por años, a conveniencia de la política de turno. Mientras tanto, estos jóvenes no pueden salir del país ni expresar su opinión política, viven en el miedo de repetir las penurias que estos jueces les hicieron sentir en carne propia.
La juez Miguelina Maneiro de Carreño tiene 30 años en el Poder Judicial y se graduó en la Universidad de Carabobo, en el centronorte del país. Está inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y posee una empresa familiar llamada Asociación Cooperativa Compañeros sin Límites desde el año 2011, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas por haberle prestado servicios al Estado ese año. No ha actualizado sus datos en el registro.Además de sus lazos estrechos con el oficialismo, desde hace cuatro años se registran en su currículo juicios polémicos y mediáticos. En 2014 su trabajo estuvo expuesto en los medios de comunicación por el juicio seguido a tres trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), el gran complejo metalúrgico estatal en el corazón de la industria pesada de Guayana, que fueron detenidos luego de exigir mejoras salariales y participar en protestas gremialistas.
Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo son los nombres de los obreros detenidos en la tarde del viernes 19 de septiembre de 2014 en una zona residencial de Puerto Ordaz, la ciudad industrial sobre la ribera oeste del río Caroní. En esa fecha llegaba a su fin una huelga que logreó imponer un nuevo contrato colectivo. El 21 de septiembre, el Tribunal Primero de Control, a cargo de la jueza Maneiro, les dictó privativa de libertad por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.El caso fue un compendio de arbitrariedades. Quizás la más grosera fue cuando la jueza Maneiro se saltó el parámetro legal al aceptar que la fiscal presentara la acusación al día siguiente de culminar el lapso, es decir, en el día 46, pese a que una vez vencido el lapso de 45 días sin que la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido debe quedar en libertad.
En vista del incumplimiento, la defensa solicitó la liberación de los obreros, pero no hubo pronunciamiento de Maneiro. La agonía de estos trabajadores se prolongó hasta mayo de 2015 cuando se decidió que serían procesados en libertad.
La semana pasada la jueza Maneiro dio curso legal a la detención de 20 adolescentes, entre los 14 y 17 años, a quienes se les acusó por haber protestado el 23 de enero en Puerto Ordaz cuando el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. A todos se les señaló como participantes de saqueos en la ciudad.
Uno de estos jóvenes es Jixson, de 14 años de edad, quien sufre de convulsiones. Su caso atrajo la atención de los medios, pero no de la jueza. Aunque se le advirtió a Maneiro sobre la condición de salud del menor de edad, permaneció detenido desde el miércoles 23 de enero a las 8:30 pm hasta el martes 29 de enero. Jixson informó a su madre que fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional en la cabeza y en la planta de sus pies cada vez que decía que quería ir al baño.
Fue imputado por alteración del orden público, agavillamiento y resistencia a la autoridad, al igual que los demás detenidos.
El domingo el adolescente convulsionó y su madre no pudo verlo. Solo se enteró por mensajes de texto que le mandaba un Guardia Nacional. El lunes pasado la defensa pudo consignar sus informes médicos y se le otorgó un arresto domiciliario el martes pasado, y luego una medida cautelar con régimen de presentación.
El jueves 31 de enero todos los padres fueron citados a una audiencia especial en donde se les otorgó medidas cautelares al resto de los menores de edad. En la audiencia se les recalcó a los padres que “el presidente Nicolás Maduro y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, decidieron dejarlos en libertad”, Mientras el presidente del Circuito judicial penal del estado Bolívar, Andrés Eloy Mazza. Hacía esa afirmación, la jueza Maneiro guardaba silencio a su lado.
En el estado centro occidental de Yaracuy la justicia pasa por las manos de Darcy Lorena Sánchez Nieto, la rectora y presidenta del circuito judicial del estado. Según la jueza Eddiluh Guédez, Sánchez fue quien la presionó para dictarle la medida de detención a 19 menores de edad que fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro el 23 de enero. Según Guédez, la amistad de la presidenta del circuito con el gobernador de Yaracuy y miembro del partido de gobierno, Julio León Heredia, es harto conocida, por lo que Sánchez suele ser el vehículo de las órdenes del partido que bajan a su circunscripción.
Sánchez Nieto negó la especie, pero su currículo habla por sí solo. Ostenta una carrera corta pero fulgurante dentro del sistema judicial venezolano, al que ingresó hace apenas ocho años, en 2011, y por la que en menos de un año se convirtió en jueza: primero de un tribunal penal en el año 2012, luego de Apelaciones, también en un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y de nuevo está en Apelaciones, donde firmó su última sentencia en diciembre del 2018 como “juez superior provisoria”.
Esto indica que su cargo le fue asignado directamente por la magistratura y que así mismo se le puede revocar, una condición que comparte hasta 90 por ciento de los jueces venezolanos y que les hace especialmente vulnerables, pues pueden ser removidos con la sola voluntad del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia abiertamente oficialista.
Pero a Sánchez Nieto le ha ido bien. Su estabilidad parece garantizada. Ha decidido en 909 casos, se ha inhibido de actuar en 24 oportunidades y ha sido recusada 31 veces. A pesar de su carácter provisional, se sintió con la fortaleza suficiente para postularse en 2015 a ser magistrada de la República, cuando solo tenía 37 años y la Asamblea Nacional de mayoría oficialista eligió los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en un controversial procedimiento express que terminó de teñirlo de rojo revolucionario.
Darcy Sánchez aparece inscrita en el Psuv. Un extracto de un artículo suyo publicado en la revista del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, bajo el título de Axiología de los saberes teórico epistémicos e identidad cultural en el sujeto investigador del programa de formación avanzada doctorado en ciencias para el desarrollo estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, deja una enrevesada muestra de esa filiación.
En ese escrito, afincándose en el postulado de Karl Marx que asegura que “no es la conciencia del ser humano la que constituye la realidad sino que, por el contrario, es la realidad de la conciencia social la que constituye la conciencia de los seres humanos”, concluye en que “el carácter transformador de la investigación debería contribuir con el desarrollo humano integral implícito como finalidad estratégica del Estado venezolano en función de la construcción histórica sociocultural del Proyecto de Patria Socialista Bolivariana del Siglo XXI, desde la apropiación de conciencia social mediante la praxis de un ethos revolucionario, reconocedor del saber popular y el dialogo de saberes, como procesos que favorecen la construcción del Estado comunal (socialismo comunal) como parte del legado material y espiritual de Hugo Chávez”.
Tal vez a partir de ese ethos revolucionario Sánchez Nieto anunció que los 19 menores detenidos en las protestas ocurridas el 23 de enero en San Felipe, la capital del estado -entre ellos dos muchachas de 14 años-, serían liberados y entregados a sus padres no sin antes hacer un “gran acto de profunda reflexión” en el que ella misma les diría que la protesta es cosa de adultos y no “de muchachos”.
Pero semejante proselitismo fue demasiado hasta para el chavismo, que a última hora decidió suspender el acto. Los adolescentes fueron devueltos a sus padres con la cabeza rapada y medidas sustitutivas de libertad con régimen de presentación cada 30 días.
Por ahora no se sabe nada más de la jueza Eddiluh Guédez, la jueza que denunció públicamente la intervención del poder Ejecutivo local en la determinación de meter en prisión a los menores de edad. “No aguantó la presión”, dice el activista del partido opositor Voluntad Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo, quien explica que en esa entidad “todo el mundo sabe que las órdenes sobre lo que pasa en los tribunales las dicta el gobernador Heredia”.
Guédez se desempeñó hasta el 26 de enero como jueza temporal -también de libre nombramiento y remoción- del Tribunal Primero de Juicio de Adolescentes, cargo que desempeñaba desde el año 2009 y día en que circuló el video en el que denuncia haber sido coaccionada. Igual que la presidenta del circuito, Guédez también está inscrita en el Psuv y formó parte de la junta directiva de la cooperativa La Toñeca, que aunque sale en el Registro Nacional de Contratistas, no parece haber recibido algún contrato o adjudicación por parte del Estado venezolano. En el teléfono de la cooperativa nadie contesta.
Antes de su denuncia imputó a los adolescentes y otras 60 personas de siete delitos: terrorismo, obstaculización de vía pública, daños a bienes, resistencia a la autoridad, detentación de materiales inflamables, agavillamiento y flagrancia. Las pruebas presentadas por la fiscalía para solicitar la imputación fueron un yesquero, seis piedras y un envase de vidrio.
La influencia partidista en la justicia la cierra, en el caso de Yaracuy, la Fiscal Primero de Control, Normely Josefina Pérez Ramos, una abogada de 38 años cuyos datos aparecen también en la lista de militantes inscritos en el partido de gobierno. Se desempeñó durante un tiempo como fiscal auxiliar interino en la Fiscalía 13ª del estado, cuando la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, firmó su pase a la Fiscalía Primera para ejercer “con competencia plena” a partir del 1 de abril de 2016.
Fue Pérez Ramos la encargada de tipificar los delitos supuestamente cometidos por los 19 menores y los 60 adultos detenidos y desestimó la apelación de los abogados. A pesar de las quejas de los defensores sobre las actas policiales incompletas o mal llenadas sobre lo ocurrido el 23 de enero, Pérez Ramos miró hacia otro lado; también cuando cundió la queja porque a los adolescentes varones detenidos se les rapó el pelo.
Quizás fue la imagen de Boris Leopoldo Guapo, de 16 años, la que quebró a la jueza Dayana Matera. El indígena del pueblo yekuana se presentó en la audiencia, en el Tribunal Segundo de Control del estado Amazonas (sur), con la franela llena de sangre y con huellas de botas marcadas por todo su cuerpo.Tras haber sido detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la tarde del 23 de enero de 2019, en el marco de protestas antigubernamentales en la ciudad de Puerto Ayacucho, fue trasladado junto a otras 22 personas al Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB, donde pasó la noche de pie por el hacinamiento.
No era el único menor de edad en el grupo de detenidos. También pernoctaron en aquel lugar Junior Cardona, de 16 años; Neidys Yuriyuri, de 14 años; y otra niña, también de 14 años, que no tenía papeles. Los cuatro llegaron al tribunal a su audiencia de presentación en las mismas condiciones. “Tenían las franelas rotas y con pisadas, parece que los patearon horrible”, relata uno de los testigos, quien prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.
La jueza Dayana Matera no se pudo contener y lloró en el tribunal. Quienes estuvieron allí cuentan que tuvo que retirarse de la sala dos veces para maquillarse. La presión –aseguran fuentes de la entidad– era muy fuerte; y –acotan– venía directamente del gobierno de Nicolás Maduro.
Pero las lágrimas no frenaron la imputación a los menores del delito de terrorismo. Y no fue sino hasta este martes 29 de enero cuando obtuvieron una medida sustitutiva de libertad bajo fianza. A cada niño le pidieron tres fiadores. Matera no actuó sola. Sus cómplices fueron la jueza Mirla Teresa Castro Parra y la fiscal de flagrancia Romairy Katiuska Gutiérrez Fernández.
Dayana de los Ángeles Matera Camejo, de 35 años, es poco conocida en Amazonas, pero algunas sentencias dan pistas de su carrera como abogada: en 2010 era secretaria de tribunales y para 2016 ya era jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, el mismo en el que conoció la causa de los adolescentes Guapo y compañía.Al menos en tres oportunidades los nombres de Matera Camejo y Castro Parra coincidieron en un expediente. Fue en diciembre de 2010, cuando Castro Parra, entonces de 37 años, era jueza del Tribunal Penal de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas y Matera Camejo secretaria. Pero las une algo más que eso: las dos militan en el Psuv.
La excarcelación de 22 adolescentes en el estado Aragua -centro del país- llegó después de ocho días de detención desde que unos salieron a las calles a manifestar el 23 de enero y, otros, fueron apresados por la Guardia Nacional por “presuntamente” haber protestado. En total, 25 hombres y tres mujeres de 15 a 17 años fueron presentados a los Tribunales 1° y 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, a cargo de las juezas Nunziatina Porrovecchio Tovar y Aliani Josefina Castillo Galeano.
En esa audiencia inicial, solo tres de los detenidos pudieron regresar a casa y el resto permaneció confinado en los distintos centros de reclusión preventiva del Estado. La Fiscal 17 del estado Aragua, Floralba Salazar, precalificó los delitos en un veloz salida judicial que los inculpó de agavillamiento, instigación al orden público y obstaculización de la vía pública.
Un día antes de la masiva manifestación contra Nicolás Maduro, el Fiscal General, Tarek William Saab, amenazó con profundizar la acción punitiva por parte de los fiscales estadales. “El Ministerio Público va a actuar de manera severa” y así lo hizo en el circuito circuito judicial de Aragua.
En Aragua, como en el resto del país, ni las juezas ni la fiscal son titulares en sus cargos. Puertas adentro del Palacio de Justicia se comenta que tampoco reúnen las credenciales para ocupar tal responsabilidad. Porrovecchio y Castillo son egresadas como abogadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la primera en el año 2004 y, la segunda, en 2010.
Aliani Castillo, de 32 años, tuvo un rápido ascenso en el circuito judicial. En el junio de 2009, sin graduarse, estaba ya adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y dos años después, en 2011, con título de abogada, figuraba como Secretaria del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control de Aragua que presidía -y preside- el juez Julio Urdaneta. Este último tomó las decisiones judiciales en contra de los manifestantes mayores de 18 años que fueron aprehendidos el 23 de enero de 2019.
A Castillo le tocaron los menores. De esos primeros años de rápido ascenso, el 13 de diciembre de 2016 fue designada jueza itinerante de los Tribunales de Primera Instancia Penal que atiende las solicitudes de sobreseimientos realizadas por el Ministerio Público. En 2017, todavía como “suplencia temporal”, se le asignaron competencias en el Tribunal 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Una fuente que pidió no ser identificada señaló que la joven jueza fue la más “indulgente” con los primeros tres jóvenes que asistieron al juzgado, excarcelados el mismo día de la audiencia de presentación y con algunas medidas impuestas que los obliga a asistir periódicamente a los tribunales. Por su parte, la jueza Porrovecchio, responsable del Tribunal, fue más severa en las audiencias , en un torbellino judicial sentenció a 25 adolescentes a ser privados de su libertad.
Porrovecchio fue secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Aragua en 2006, cuyo jueces eran Fabiola Colmenarez, Alejandro José Perillo Silva y Juan Luis Ibarra Verenzuela. De ellos, autores de varias decisiones favorables al chavismo, Ibarra llegaría a ser magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Formó parte del grupo de trece magistrados express que la Asamblea Nacional de entonces, dominada por el oficialismo y a punto de salir, designó entre gallos y medianoche para asegurarse el control del máximo tribunal.
“Es la peor maldad que haya podido hacer un profesional del derecho. Las familias están asustadas”
La jueza siguió su ascenso y con dos años de graduada, el 25 de abril de 2006 asumió una “suplencia especial” en el Juzgado Ejecutor de Medidas de los municipios Sucre y José Ángel Lamas, del estado Aragua. Ocuparía funciones temporales de Mazzei Rodríguez, señalado por la comunidad judicial del estado como protegido de la magistrada Maryori Calderón Guerrero, la jueza del caso Simonovis.
En 2013, Porrovecchio fue nombrada jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Aragua, también en condición de suplencia hasta que en julio de 2017 llega como “provisoria” al Tribunal 1° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Desde allí Porrovechio remitió a 20 adolescentes entre el Servicio Autónomo de Protección y Atención al Niño, Niña y Adolescente de Aragua (Sapanna) y la estación policial San Carlos conocida como “cuartelito” por haber manifestado contra el gobierno el 23 de enero.
“Es la peor maldad que haya podido hacer un profesional del derecho. Las familias están asustadas”, comentó por la línea telefónica la abogada Zuleima Siso, quien ha atendido el caso. Junto a los miembros del Foro Penal le prestaron atención jurídica a los jóvenes, de los cuales tres son mujeres.
Siso asegura que la decisión de las juezas es netamente política, que siguen órdenes superiores y que en ningún momento mostraron arrepentimiento a pesar de que hubo escenas de dramatismo durante la audiencia, incluyendo desmayos de algunos progenitores.El abogado Daniel Merchán señaló que la decisión de excarcelación de los adolescentes de Aragua, ocurrida ocho días después, obedeció a una “instrucción nacional” y que las juezas solo expresaron que los chicos “ahora pasaban a cuidado de sus padres con medidas más educadoras e indulgentes” sin dar mayores detalles acerca de qué motivó el cambio de decisión.
“Esto obedeció a la presión social que se ejerció sobre el tema de los menores de edad”, puntualizó.
Para el presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, Rosalino Medina, el proceso fue ilegal desde el momento mismo de la detención, con expedientes viciados y actas levantadas donde se precalificó el delito. “Fueron jueces inquisitivos en conjunto con una fiscal inquisitiva”, señaló Medina quien advirtió que las medidas tomadas por el Tribunal de Porrovecchio y Castillo para que los detenidos pudieran obtener su libertad fueron engorrosas. “Les exigieron fiadores con ciertas condiciones, entre ellas remuneración de gerentes y una carta de buena conducta emitida por los consejos comunales”, dijo.
Coincide, al igual que otros abogados, que la decisión es política, “para que las protestas no prosperen” y continuar con la política represiva en contra de las manifestaciones. “Son jueces provisorios supeditados a una llamada”, concluye Medina, recordando que aunque la presunción de inocencia es el principio fundamental que rige las leyes venezolanas, los jueces y la fiscal a cargo en el estado tienen la orden de “detener a los individuos así no existan pruebas”.
El presidente del Circuito Judicial Penal de Aragua es Luis Enrique Abello García, compañero del gobernador del estado, Rodolfo Clemente Marco Torres, en la promoción de 1988 de la Academia Militar de Venezuela. Abello García también está inscrito en el partido de gobierno y, a finales de 2018, ocupó el cargo por recomendación del gobernador sustituyendo a Cinthia Meza.
Abello fue tajante desde su llegada al Palacio de Justicia y ordenó a todos los jueces que no se liberara a nadie sin su autorización. Su último cargo fue en el vecino estado Carabobo como juez “provisorio” del Juzgado Superior en lo contencioso y administrativo de la región centro norte, con sede en Valencia.La cabeza del circuito judicial de Aragua la ocupa Ramón Carlos Gámez Román, un comprometido chavista también inscrito en el Psuv y que limpió el terreno para la llegada de Abello. Es juez Rector del estado desde el 2016, designado por la Sala Plena del TSJ a cargo de su entonces presidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez.
Su desempeño como vicepresidente del comité de postulaciones judiciales en 2015 fue recompensado por los mismos magistrados express cuyas credenciales avaló.Gámez, junto con Elvis Amoroso -actual contralor de la República, pero entonces presidente del comité- seleccionaron a los 13 principales y 21 suplentes que el oficialismo nombró como magistrados del máximo tribunal de la república antes de entregar el bastión legislativo a la oposición que ganó la Asamblea Nacional ese año.
Gámez es, además, juez coordinador del Circuito Judicial del Trabajo, y juez provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Su poder plenipotenciario en Aragua le permitió conformar un consejo con los máximos representantes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Dirección Administrativa Regional (DAR) y los circuitos Civil, Laboral, Contra la violencia de Género, Judicial y Responsabilidad Penal de Adolescente para impulsar el Plan Estratégico del Poder Judicial que propone el Gobierno de Maduro para la reorganización de la administración de justicia
Adonay Urdaneta era conocido como un alguacil hasta el año pasado. Hoy en su cuenta de Twitter se describe como abogado especialista en Procesal Penal y Criminalista. Pero en esa red social fue bautizado como el “verdugo de Cojedes” -estado llanero en el centrooccidente de Venezuela- tras haber dejado detenidos a 13 adolescentes que estaban en las calles el 23 de enero, entre ellos un joven con esclerodermia y que recibe tratamiento de quimioterapia, y otro con Síndrome de Down. Desde que circularon y viralizaron sus fotos señalándolo como el responsable de estas detenciones su cuenta está bloqueada.
En la audiencia, Urdaneta no escuchó las intervenciones de ninguno de los 13 jóvenes que fueron detenidos. “El juez entraba y salía y en ningún momento escuchó a los niños”, cuenta una de las madres que prefiere declarar bajo protección. Luego, sin saber en dónde y cómo fue detenido cada uno, ignorando su derecho a decir su versión de los hechos, fue firme al ratificar la imputación de los cargos: resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, alteración del orden público y agavillamiento.
Luego de nueve día, a los adolescentes se les otorgó una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.
A Urdaneta se le conoce por su súbito ascenso en los tribunales. En el año 2018 pasó de alguacil destituido (los alguaciles en los tribunales venezolanos funcionan como personal de apoyo para mantenimiento del orden en el tribunal y la fluidez en las comunicaciones) a juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.No se conoce de primera mano las razones que impulsaron semejante ascenso, pero queda claro que su afiliación al oficialista Psuv no fue un impedimento para ello, pues aparece con su nombre, apellido y cédula en la lista de militantes del partido de gobierno; por el contrario. Su pareja, Senaida Utrera, fiscal auxiliar superior de investigación del estado Cojedes, también expone abiertamente su lealtad al chavismo: “Así seguiré leal a ti mi comandante eterno y a mi presidente Maduro doblegarse jamás ante estos desleales”, cita en su cuenta de Twitter.
La noche del 23 de enero, cuatro menores, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, resultaron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Apure, en los Llanos del suroccidente de Venezuela. Fueron trasladados al Destacamento 351 de San Fernando, donde fuentes aseguran que fueron golpeados y se solicitaron exámenes médicos forenses de cada uno de los chicos.
Pasaron 48 horas antes de que los excarcelaran por órdenes llegadas de la gobernación –según relatan fuentes locales– pero proferidas no por el Gobernador, Ramón Carrizález -ex militar y ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez- sino por su esposa. A pesar de ese gesto tardío de magnanimidad, a los jóvenes, para liberarlos, les impusieron la obligación de presentar hasta ocho fiadores cada uno, una decisión que activistas de Derechos Humanos catalogan de “atroz”. Antes de ser entregados a sus padres, se les imputaron los delitos de obstaculización de vías públicas, resistencia a la autoridad, detentación de artefactos explosivos y agavillamiento.
Apure no es el único estado en el que la orden viene de una gobernación en manos del PSUV. En Monagas, en la región nororiental, abogados hacen la misma denuncia.
Quien ejecutó la orden de la gobernación oficialista fue la jueza de control Dairys Colmenares. “La única carrera que tiene es que era secretaria de ese tribunal”, aseguran abogados de la entidad, quienes insisten en que “la aterrizaron” allí. Una revisión de su carrera da cuenta que efectivamente, la secretaría de tribunales ha sido su principal fuerte, pues también fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al menos entre abril de 2008 y junio de 2009.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
