El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos y el empresario cayó en prisión. Tras las rejas tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.
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Todavía hay quienes recuerdan a Ricardo Fernández Barrueco de cuando su familia administraba el estacionamiento del otrora Caracas Hilton, hoy llamado Hotel Alba Caracas. Lo tienen en su memoria como un hombre trabajador, que incluso lavaba los carros de sus más fieles clientes, los que acudían al gimnasio del hotel, que también manejaban los Fernández. Allí conoció a artistas y políticos, nacionales e internacionales, por igual. Pero así como el chavismo se encargó de eliminar todo vestigio de la conocida cadena estadounidense de hoteles, llegado el momento eliminó, también, y sorpresivamente, el rastro de aquel hombre que le lanzó un salvavidas a la revolución y ayudó a mantener la distribución de alimentos durante el paro petrolero de 2002.
El fallecido Hugo Chávez también tuvo su Alex Saab: Fernández Barrueco, de ascendencia española, se convirtió en el principal proveedor de Mercal, el primer programa de alimentos subsidiados del chavismo. En aquellos años fue conocido como el “boliburgués por excelencia”, una suerte de antecesor de otros que surgirían después, como el empresario barranquillero, proveedor de los Clap a través de un complejo entramado de empresas fantasma. A diferencia de este, que espera una extradición en Cabo Verde, Fernández Barrueco fue capturado en su propio país, por su propia gente y en su mejor momento: cuando buscaba diversificar sus negocios y esperaba convertirse en banquero.
Para 2009, con apenas 44 años de edad, ya había logrado erigir un emporio con decenas, quizás centenares, de empresas —una cifra que el propio Fernández dice que no puede precisar pero que podría rondar las 270 compañías, “ninguna de maletín”, se jacta en entrevista para este reportaje— principalmente relacionadas con la producción, transporte y distribución de alimentos con un valor que, asegura, superaba entonces los 2.000 millones de dólares. Su fortuna fue fruto de 25 años de trabajo, dice, en los que fue contratista del Estado, también durante los últimos gobierno de la llamada Cuarta República. Pero habría sido su vínculo con Adán Chávez —el actual embajador de Venezuela en Cuba y hermano mayor del fallecido ex presidente venezolano— el que lo catapultó durante los primeros años del chavismo. Él, sin embargo, niega que esto fuera así, y argumenta que a Adán Chávez lo conoció en Barinas, entrado 2008, poco antes de su caída en desgracia.
A finales de ese año, decidió, como otros polémicos empresarios de la época, adentrarse en el mundo de la banca. Lo hizo, según explica, tras haber recibido una llamada del entonces ministro de Economía, Alí Rodríguez Araque, en la que le pedía que, dada su liquidez, necesitaban que invirtiera en los bancos. Junto con Telefónica y Cargill, su grupo estaba entre los primeros ahorristas en bolívares del país. “Nuestra generación de caja era muy grande”, reconoce él.
El plan, según le explicó Rodríguez Araque, era, por vía de fusión, recoger quince bancos con problemas de solvencia, para reducirlos a tres, que quedaran sanos y capitalizados.
Pese a no ser banquero, Fernández Barrueco suscribió la opción de compraventa de cuatro de esos bancos: Bolívar, Confederado, Provivienda y Canarias. En ese orden. Todos eran pequeños y arrastraban problemas financieros desde 2006.
La iniciativa tuvo obstáculos desde el origen y ha generado una larga cadena de litigios e intentos pocos ortodoxos del empresario, que nunca llegaría a ser banquero, por recuperar lo que no solo fue una mala inversión, sino que también lo llevó a cárcel. De estas maniobras quedó huella en la filtración de los FinCEN Files, una investigación colaborativa entre 108 medios de 88 países, entre ellos Armando.info, sobre los más 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por bancos a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, obtenidos por Buzzfeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Apenas después de poner sobre la mesa su opción de compra del grupo de bancos, Ricardo Fernández Barrueco sufrió un primer revés, también definitivo, para sus pretensiones. El 20 de noviembre de 2009, el gobierno anunció la intervención a puertas abiertas de las cuatro instituciones bancarias que quería comprar, tras determinar incumplimientos, sobre todo relacionados con el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, así como también con los índices de solvencia, con carteras dirigidas y la prohibición de realizar operaciones con empresas vinculadas, según entonces detalló para la prensa Rodríguez Araque, el mismo que, según el relato de Fernández Barrueco, lo había instado a comprar esos bancos.
Rodríguez Araque también juró que el gobierno movería “cielo y tierra” para hallar a los responsables y aplicarles “todo el peso de la ley”. La medida sorprendió a más de uno, por las conexiones del empresario con la cúpula gobernante, y a él mismo también. En medio de su sorpresa, Fernández Barrueco se trasladó a la sede de la policía política, para aclarar el origen de sus fondos.
“A mí me llamó (Miguel) Rodríguez Torres y me dijo: ‘Hay un avión pa’que te vayas del país porque no queremos que estés aquí, yo te recomiendo que te vayas’. Yo le dije no, y me fui para la Disip, como a las once de la mañana, y él llamó al presidente Chávez y estuvimos durante cuatro horas ahí, peleando, hasta que me dijo: ‘Mira, entonces si te vas a quedar, te vas a quedar detenido’, y así fue, ese fue el último día que estuve en libertad (...) Al final terminé entregando ocho valiosos años de mi vida”, dice, once años después de que lo arrestaron, cuando la filtración de los FinCEN Files revive lo sucedido aquellos meses.
Justo por esos días de noviembre de 2009, el grupo de Fernández Barrueco estaba fraguando una enrevesada operación con el Deutsche Bank de Nueva York para inyectar capital a U21, como requisito de las autoridades venezolanas para autorizar la adquisición de la participación mayoritaria en el Consorcio Credican (casa matriz tanto del Banco Canarias como de la casa de bolsa) por parte del grupo de Fernández Barrueco.
“Nunca se aprobó la venta por el órgano regulador, en consecuencia, ni (figuré) como miembro de la Junta Directiva, ni como accionista de las cuatro entidades bancarias”, aclara Fernández Barrueco desde Panamá, en intercambios electrónicos y telefónico con Armando.info.
Ciertamente, hay un dictamen del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) que confirma que no pudo obtener, ni ejercer, la dirección y control efectivo de los bancos.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación de los empresarios con los bancos quebrados, e incluso el propio Poder Judicial venezolano, dan cuenta de que, mediante documentos legales privados, se habrían instaurado administraciones paralelas, encabezadas por estos.
Así, mientras los banqueros originales seguían firmando los balances que eran publicados en los periódicos nacionales, la gestión la llevaban, de facto, los compradores, y lo hacían con el supuesto conocimiento de la propia Superintendencia Nacional de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), según las fuentes.
“Tenía a interventores a bordo, tenía a los administradores originales. Yo no cambié a ningún funcionario. Yo no pude comprar nada, ninguna acción, ni me transfería ninguna acción”, alega. “Al final era una vulgar trampa, me estafaron. A mí me robó el gobierno de Venezuela. Me hicieron fondear los bancos, tomaron mi plata y después me inventaron ahí unos delitos”.
El mismo día en que los cuatro bancos fueron intervenidos y se detuvo a Fernández Barrueco, se concretó un depósito por 62,7 millones de dólares en una de las cuentas del grupo en el Deutsche Bank, como primera parte de la garantía que se había acordado para la mencionada operación con la que aspiraban conseguir el aval de los reguladores, en el caso de la compra del grupo matriz del Banco Canarias y U21.
La operación siguió su curso y parte del dinero, finalmente, quedó en manos de quienes sirvieron como interventores de U21. Tres años después, cuando las aguas ya estaban más calmadas en Caracas, y tras agotar esfuerzos con las autoridades venezolanas, un ejecutivo de Fernández Barrueco intentó recuperar esos fondos con el Deutsche Bank, en una aproximación que resultó sospechosa para el propio banco —aún cuando fueron contraparte en la operación—, según revela un SAR que forma parte de los FinCEN Files. Sería el primer paso dado por Fernández Barrueco, entonces desde la cárcel, para recobrar su fallida inversión y que luego, ya en libertad, seguiría en la Corte del Condado de Nueva York, en los Estados Unidos, todavía sin éxito.
Entre el 19 de septiembre y el 1º de octubre de 2012, cuando Fernández Barrueco ya completaba tres años de reclusión en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM, hoy Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim), el Deutsche Bank de Nueva York recibió un correo y varias llamadas de seguimiento de uno de los ejecutivos del grupo empresarial de Fernández: el español Pablo Botella Carretero, para entonces también perseguido por el gobierno venezolano.
El domingo 6 de diciembre de 2009, dos semanas después de que Fernández Barrueco fuera detenido, el Ministerio Público venezolano informó que había solicitado a la Policía Internacional (Interpol) su colaboración para capturar a nueve directivos e inversores de los bancos intervenidos, quienes, se creía, habían salido del país. Entre ellos estaba Botella Carretero.
A la postre, la alerta roja sería retirada por Interpol el 23 de junio de 2011, luego de que un juez español requiriera la documentación que sustentara la extradición por fraude que había solicitado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, mediante sentencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, entonces presidente de la Sala Penal del alto tribunal.
Luego de esto, ya en Madrid e identificándose como representante de Finanzas y Gerencia de Riesgos de Galopy Corporation International NV, Botella Carretero pretendió recuperar con el Deutsche Bank activos que fueron administrados por U21 Casa de Bolsa antes de que esta fuera intervenida por el gobierno venezolano, como revela el SAR contenido en la filtración de los FinCEN Files.
Originalmente constituida bajo la denominación de Nexus Mercado de Capitales, C.A., y luego conocida como Universitas XXI Casa de Bolsa, C.A., la entidad adoptó la denominación de U21 Casa de Bolsa C.A. el 17 de enero de 2005, unos ocho años después de haber sido inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, el 23 de septiembre de 1997.
Casi un mes después de la intervención del Banco Canarias, fue el turno de U21. “Visto que en la referida resolución (de intermediación sin cese de intervención financiera del Banco Canarias) se hace referencia a (93) operaciones realizadas por el Banco Canarias con una casa de bolsa relacionada al mismo (…) Visto que la sociedad mercantil antes identificada podría estar incursa en situaciones que hacen presumir a esta Comisión Nacional de Valores que pueden estar en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de corredor de títulos valores y podría atentar contra el ordenado desenvolvimiento del mercado de capitales y constituir violaciones a la Ley de Mercado de Capitales (…) Resuelve intervenir a U21 Casa de Bolsa CA con cese de sus operaciones propias de mercado”, se lee en la resolución número 148-2009, del 26 de noviembre de 2009, que sentó un precedente para la venidera liquidación del mercado de capitales venezolano.
Según lo que plasmó el Deutsche Bank en el SAR del 25 de octubre de 2012, que remitió a propósito del correo y llamadas del banquero español, Botella Carretero se refirió a los activos que pretendía recuperar como una cartera de valores venezolanos que “su grupo”, como insistía en llamarlo, había transferido al Deutsche Bank en 2009.
“Tras tratar por estos años de recuperar la posesión de esos activos con funcionarios del gobierno (venezolano), finalmente nos remitieron al banco que los custodia”, argumentó el español.
El correo levantó varias banderas rojas dentro del banco, como se expone en la narrativa del SAR: “Se originó de una cuenta Gmail, un servicio gratuito ofrecido por Google, en vez de ser enviado desde una cuenta de correo electrónico corporativa”. Fernández Barrueco aclara que con la intervención los correos corporativos fueron suspendidos.
Esto, sin embargo, generó dudas sobre la “legitimidad del emisor”, aunque Botella Carretero había adjuntado al mensaje un intercambio previo que tuvo, esa vez desde una dirección de correo institucional de U21, con un empleado del Deutsche Bank, y que contenía las instrucciones para una transferencia entre el DB Ámsterdam y el DB Londres, para completar una compleja transacción de la que no se ofrecen mayores detalles en el reporte.
“Botella aparentemente tenía conocimiento profundo de la mecánica de ese intercambio a plazo de bonos (la operación), como se evidencia en el correo adjuntado”, acotaron los oficiales de cumplimiento que redactaron el SAR.
Pero esa demostración no fue suficiente para convencer al banco, que emprendió su propia investigación, y se encontró ante un dilema: “Es posible que Botella, etiquetado como un banquero fugitivo por el gobierno de Chávez, residenciado en Madrid, España, se haya enfrentado a un cierre en banda del interventor venezolano asignado para liquidar los asuntos financieros de U21, pero existe la posibilidad de que Botella pueda estar actuando en concierto con el detenido (Fernández) Barrueco, en un esfuerzo por consolidar activos fuera del alcance de la supervisión del gobierno de Venezuela”.
Tras considerar la naturaleza del correo y las llamadas, así como las entidades involucradas, “una casa de bolsa quebrada (U21) y una infame empresa de fachada controlada por Fernández Barrueco (Galopy)”, el banco llegó a una conclusión: “Parece más bien una acción concertada para perpetrar un fraude bursátil al Deutsche Bank Securities INC por el apoderado de Barrueco, Pablo Botella”.
Galopy fue registrada el 25 mayo de 2005 en Curazao. En un extracto del registro comercial de esta ex colonia insular neerlandesa se puede ver que se trata de una sociedad de inversiones, de la que Fernández Barrueco es director general, junto con la compañía fiduciaria Trufima Management N.V., también registrada en Curazao, y que ya ha figurado en filtraciones previas que ha manejado el ICIJ.
Aunque permanece activa, Galopy no tendría inversiones hoy en día. Así lo explicó el propio Fernández Barrueco: “Solo las inversiones (en Venezuela) se hicieron cuando tenía mi grupo activo, hasta el año 2009”.
Botella Carretero, efectivamente, era ejecutivo de Fernández Barrueco. “Tenía un mandato de proteger mi dinero (...) Estaba cumpliendo sus deberes: recuperar o monitorear el dinero que pertenece al patrimonio de mis empresas que se había invertido en títulos valores que fueron comprados al sistema financiero venezolano, tanto en bancos como en casas de bolsas, y fueron enviados en calidad de custodia en la cuenta nuestra como clientes de U21 (...) Pablo Botella estaba debidamente facultado para hacer seguimiento de algunos temas financieros del grupo, entre ellos con Deutsche Bank”, aclaró Fernández Barrueco al ser interrogado por los contactos que revela el SAR.
El Deutsche Bank, sin embargo, consideró a Botella Carretero un “tercero”con el que no discutiría “información confidencial”, según una notificación que le hicieron y que fue reseñada en el SAR, en la que además le advirtieron que las próximas solicitudes serían referidas al oficial de seguridad corporativa del banco. El asunto no quedó allí.
En el SAR no se especifica el valor de los activos que Botella Carretero aspiraba a recuperar en nombre de Fernández Barrueco. Pero documentos de la Corte Suprema del Condado de Nueva York —hasta dónde llegaría el asunto unos tres años después de este primer contacto, del que ahora se conocen más detalles en el marco de los FinCEN Files— revelan que se trataba de 62,7 millones de dólares, los mismos que había depositado para obtener el aval de los reguladores el día que lo detuvieron.
Esos documentos son los que también revelan los detalles de la compleja transacción de la que fueron parte y los motivos que llevaron a realizarla.
El grupo de Fernández Barrueco no quería inyectarle capital a U21 hasta confirmar que recibiría la aprobación de las autoridades venezolanas para su adquisición. Recurrieron al Deutsche Bank, en búsqueda de ayuda para estructurar un contrato derivado que permitiera, desde una perspectiva contable, satisfacer las preocupaciones de las autoridades venezolanas y cerrar la adquisición de Credican. Era una manera de inyectar capital, sin realmente hacerlo.
Botella Carretero, tal y como expuso en aquel correo que motivó el SAR en 2012, fue quien estuvo al frente de las conversaciones con dos empleados de las oficinas en Nueva York del Deutsche Bank.
El grupo de Fernández Barrueco, según se lee en los documentos de la corte, tenía prisa y quería que la nueva transacción fuera enviada para su aprobación a mediados de noviembre de 2009. A principios de ese mes, los empleados del Deutsche Bank les propusieron hacer una Bond Forward Transaction (BFT), a la espera, como también se lee en los documentos, de que el bono utilizado como garantía de referencia, en este caso de Petróleos de Venezuela, y su valor teórico, cumpliera con los requisitos de las autoridades.
El forward es una transacción que los entendidos califican de “increíblemente creativa”, además de legal. El instrumento se estructuró para cubrir la brecha de 500 millones de dólares que, supuestamente, eran requeridos por las autoridades para mejorar los balances, con una garantía impuesta por el banco de 104,5 millones de dólares.
En la primera quincena de noviembre de 2009, Botella Carretero llegó a un acuerdo con el Deutsche Bank para depositarlos en dos partes: la primera, el 19 de noviembre de 2009, un día antes de que los bancos fueran intervenidos y Fernández Barrueco encarcelado. La segunda se depositaría el 27 de noviembre de 2009.
El 19 de noviembre, los bonos con los que se completarían las garantías fueron vendidos por unos 30,7 millones de dólares, que se sumaron a unos 30 millones que ya tenían de una operación previa que había intentado, con lo que el total de la primera parte de la garantía ascendió a unos 62,7 millones de dólares, los mismos que ahora intentan recuperar. Un día después, el banco habría enviado a Botella la confirmación que establecía los términos del BFT, pero coincidió con la intervención de los bancos y la detención de Fernández Barrueco.
En la denuncia de Galopy alegan que, el 20 de noviembre, Botella se habría comunicado vía telefónica con el banco para notificar supuestas inconsistencias con los términos, entre ellas que no establecía que Galopy era la responsable de la garantía del BFT, en vez de U21.
En la decisión de la corte de Nueva York se lee que el banco negó que esta llamada hubiera ocurrido. Y se lee, también, que el banco negó que en tres llamadas que sí ocurrieron el 23 de noviembre, se hubiera traído a colación el rol de Galopy en la operación. En cambio, según los documentos de la corte, en esas conversaciones telefónicas lo que se acordó fue que se haría una enmienda, a solicitud de U21, para reducir el BFT a un monto consistente con los 62,7 millones de dólares que el banco ya había recibido de U21, “porque U21 no podría generar el efectivo para la segunda cuota acordada”.
La enmienda, según el banco, nunca fue firmada, y Botella no volvió a escribir a nadie del banco, entre ese 23 de noviembre de 2009 y el 19 de septiembre de 2012, cuando apareció de nuevo, ahora en nombre de Galopy, con la intención de recuperar los activos, y encendió las alarmas dentro del banco, que desencadenaron el SAR conocido ahora en los FinCEN Files.
Pero ya era tarde. En los documentos de la corte se lee que, en enero de 2010, el banco, que tenía los 62,7 millones de dólares de garantía, acordó remitirla con los interventores de U21, sin seis millones de dólares de comisión que se había acordado con Botella Carretero.
Fernández Barrueco asegura, sin embargo, que no todo el dinero habría llegado a U21: dice que el dinero se los repartieron entre los interventores y los ejecutivos del banco. Según los alegatos presentados ante la corte por Galopy, se había acordado que, si la transacción era abandonada, como ocurrió, el banco les devolvería la garantía y no cobraría su cuota. “La falla del Deutsche es que pagó mal, no es que el DB me robó directamente, el DB participó en el robo que me hicieron. El DB debió proteger ese dinero, que sabían que no era ni de U21, ni de ellos, sino de un tercero: de la empresa Galopy”, insiste Fernández Barrueco.
Aunque en la decisión de la corte se lee que Botella habló en nombre de U21 e incluso el SAR señala que dijo que, para 2009, la casa de bolsa era “parte” del grupo que representaba, Fernández Barrueco asegura que esta “jamás” estuvo dentro del patrimonio de su grupo empresarial: “Pertenecía al Banco Canarias, por el que mi grupo empresarial había presentado una propuesta de compra, pero fue rechazada por la Superintendencia de Bancos”.
El 3 de octubre de 2012, tres días después de que a Botella Carretero le dijeran que no discutirían información confidencial con terceros tras el correo sospechoso enviado desde Gmail, el español se dirigió nuevamente al banco y asumió la posición de que la garantía del Bond Forward Transaction (BFT) —la operación con la que “el grupo” mejoraría los balances de cuenta de U21 para conseguir la aprobación de la adquisición del Consorcio Credican— era de Galopy y buscó "orientación sobre cómo abordar este problema".
En la mencionada decisión de la corte estadounidense se lee que, antes de los hechos de 2012 que ahora son detallados en el SAR, el Deutsche Bank nunca antes había escuchado hablar de Galopy. De hecho, Galopy reconoce, en este proceso en Nueva York, que no tenía cuentas en el banco, a diferencia de U21, en cuyo nombre hablaba Botella con los empleados del banco con los que estructuró el BFT, y otras empresas afiliadas y subsidiarias del grupo de Fernández Barrueco, así como sus consultores, Activos Corporativos AG.
De allí que cuando no fue Botella, sino la firma de abogados españoles que contrató Galopy, la que empezó a enviar los correos al Deutsche Bank, en junio de 2013, esta recibió una respuesta similar: “Hasta la fecha, no hemos podido localizar un registro de una relación comercial entre Deutsche Bank y Galopy. De hecho, los valores enumerados en su carta no estaban en manos de Galopy ni en su nombre. Debido a que Deutsche Bank no puede discutir información confidencial con terceros, no puede brindarle más detalles en este momento. Si su cliente tiene información que contradice lo anterior, proporciónela a Deutsche Bank lo antes posible”.
Tras varios intentos infructuosos de negociación, fue que Galopy decidió llevar el asunto a la Corte Suprema de Nueva York. El 23 de febrero de 2015, con Fernández Barrueco ya fuera de los calabozos y con Botella Carretero al frente, presentó una denuncia.
“La teoría de Galopy, esencialmente, era que la toma de control de U21 por parte del gobierno venezolano y la incautación de la garantía de BFT fue fraudulenta y que Deutsche Bank debería ser considerado responsable por ayudar en ese fraude”, se sintetiza en la decisión relacionada con la primera de dos acciones infructuosas que intentó Galopy en la corte de Nueva York.
En abril de 2015, el DB desestimó la denuncia de Galopy, algo que la corte negó dada la extensa implicación de empleados del DB en Nueva York. Galopy sostuvo como eje de sus afirmaciones un supuesto contrato oral que Botella Carretero alcanzó con unos empleados del Deutsche Bank.
Mediante decisión y orden de fecha 18 de agosto de 2016, el tribunal desestimó todas las reclamaciones de Galopy excepto su causa de acción basada en el incumplimiento del supuesto acuerdo verbal que establecía el rol de Galopy en la transacción. Pero poco después, la División de Apelaciones modificó la determinación del tribunal y desestimó la que había sido la única causa de acción restante de Galopy, la del contrato oral.
Galopy insistió y, en agosto de 2017, se movió para "complementar [su] moción pendiente" y plantear un nuevo argumento legal sobre por qué su acuerdo era ejecutable y no debía ser excluido por el estatuto de fraude, como se argumentó para rechazar su acción. La División de Apelaciones denegó las mociones de Galopy. El 15 de febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de licencia de Galopy.
Galopy había perdido, dijo la corte, que insistió en que no había posibilidad de apelar. Pero, entonces, intentó una nueva acción, con supuestas nuevas evidencias que las cortes de apelaciones no encontraron dignas de consideración. “En su queja original en la acción previa, Galopy alegó muchas de las mismas causas de acción aquí alegadas. Esto no es más que un intento de darle otro mordisco a la manzana después de que el primero no tuvo éxito”, se lee en la segunda decisión, del 22 de enero de 2019, en la que se ordena que se conceda la moción de los acusados (empleados del Deutsche Bank) para desestimar la denuncia y se ordena al secretario que emita sentencia desestimando la denuncia de Galopy con prejuicio.
“Estuve ocho años en un proceso legal que me impidió estar en condiciones de ejercer hábilmente cualquier acción, esperaba lograr la devolución del dinero que es parte de mi patrimonio, eso lo haría cualquier persona sensata que trabaja y produce, estimo que es lo correcto (...) Esos activos nunca fueron de U21, eran de los ahorros invertidos en títulos valores de la República, en consecuencia, pretender recuperar nuestros activos, de mis empresas, es hacer lo correcto, no es ninguna contravención”, acotó Fernández Barrueco.
Su versión es que la corte “nunca fue al fondo”, ni admitió la causa, por un tema de caducidad o extemporaneidad.
Los 62,7 millones de dólares de la operación con el Deutsche Bank no constituyeron la única pérdida de Fernández Barrueco. Entre la diversificación de sus empresas, Fernández Barrueco buscó adentrarse en el mundo de las telecomunicaciones, mediante la compra de la empresa de telefonía celular Digitel a Oswaldo Cisneros, por el equivalente en bolívares a unos 700 millones de dólares en ese momento.
Fernández Barrueco asegura haber pagado 25% de ese monto antes del fatídico 20 de noviembre, cuando lo detuvieron y el acuerdo fue disuelto. Correspondía, entonces, una devolución del monto adelantado, que según Fernández Barrueco tampoco recibió. Lo cataloga como “otro robo”, aunque dice que no puede dar mayores detalles por ser parte de una investigación federal en curso.
Y también perdió otra cantidad imprecisa de dinero, que buscó resguardar con sus conexiones en Argentina, antes de ser detenido, a través de Frank Holder, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos devenido consultor en seguridad. Holder habría entregado en custodia el dinero de Fernández Barrueco a quien fuera su socio, el acaudalado empresario argentino Matías Garfunkel Madanes, quien luego habría sido evasivo al momento en que se le solicitó la devolución del mismo.
Versiones de fuentes consultadas en Argentina sostienen que el dinero de Fernández Barrueco en las cuentas de Matías Garfunkel pudo haber sido usado como avales para la fallida operación de compra de las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina, en 2010.
Fernández Barrueco, por su parte, argumenta estar bajo “contratos de confidencialidad” al ser interrogado por detalles de esta supuesta triangulación de su dinero, pero agrega: “Estuve preso injustamente desde 20 de noviembre del 2009. No supe nada de la compra de esas empresas, no tengo conocimiento”. Y aunque también niega conocer a Garfunkel Madanes, reconoce un nexo con Holder: “Era un ejecutivo de FTI Consulting quien atendió temas de cumplimiento del grupo, mi confianza fue corporativa y fue a FTI Consulting (a) quien contraté y me prestaba servicios en varios países”.
Estos nexos, además, están en papeles de la División de Corporaciones del estado de la Florida, en Estados Unidos. En abril de 2013, poco después de que dictaran medida cautelar sustitutiva de libertad para Fernández Barruco, Holder fue incorporado como director de la empresa Jade 1008 Corp, junto con la esposa de Fernández Barrueco, Daniela Stoppa. Pocos meses después, en julio, Holder renunció a dicho cargo, pero se mantuvo como agente registrador de la misma hasta el 16 de mayo de 2019.
“La empresa Jade 1008 Corp era la dueña de un inmueble en Estados Unidos. El señor Holder apoyaba al mantenimiento de algunas cosas que le encomendaba a FTI Consulting”, explica Fernández Barrueco sobre este particular.
A la intervención de los bancos y la detención de Fernández Barrueco siguió, además, la incautación de bienes y ocupación de las empresas y plantas de producción que tenía en Venezuela. “Me han arruinado, me han robado por todos lados”, lamenta él, quien asegura que 90% de su patrimonio estaba en Venezuela. El resto lo tenía entre Panamá, Estados Unidos, México y Ecuador.
Pero, aún con esto, Fernández Barrrueco no lo habría perdido todo.
Fernández Barrueco fue acusado de apropiación de recursos de los ahorristas, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir. “Me acusan de banquero, que nunca lo fui (...) me imputan los delitos que eran imputables a los administradores”, insiste él.
Se ha dicho que Chávez lo apartó porque estaba adquiriendo mucho poder. Pero él cree que pudo haber sido por motivos ideológicos. Fernández Barrueco se define como de derecha y conservador.
“Cuando yo vi que íbamos para el socialismo (...) manifesté que debía haber menos intervención, así como el enfoque ideológico en el plan alimentario, y al final tuve la razón. Hoy Venezuela no estaría sufriendo esta crisis alimentaria. Toda la inversión era en bolívares y la producción también, mi grupo tenía excedente de producción que se exportaba, en muchas reuniones lo esbocé, lo expliqué y creo que eso para muchos fue una conspiración (…), me tildaron (de) enemigo y peligro para el sistema”, detalla.
De sus cuatro años en los calabozos de la DGCIM ofrece pocos detalles, pero cuenta que en el ínterin debió ser trasladado al Hospital Militar, donde casi pierde una pierna por diabetes. “Ninguna reclusión es buena para nadie, fue muy duro”, se limita a decir.
El 25 de marzo de 2013, durante los primeros días al mando de Nicolás Maduro tras el anuncio de la muerte de Hugo Chávez, Ricardo Fernández Barrueco salió de la DGCIM bajo régimen de presentación y con prohibición de salida del país. El 30 de julio de 2014, tras una decisión del Juzgado 28 de Primera Instancia en funciones del Juicio, se decretó el sobreseimiento de su causa. Se le exoneró de responsabilidad al verificarse que la Sudeban no había aprobado oficialmente la compra de ninguna de las cuatro instituciones bancarias, y le levantaron la prohibición de salir del país. Por fin, en agosto de 2017, la instancia superior, con sentencia definitivamente firme, ratificó el sobreseimiento de la causa.
En el último semestre de 2014, asegura, se fue del país, aunque volvió en 2015 en varias oportunidades. “No regresé (a Venezuela) para dedicarme a reconstruir desde Panamá mis empresas”, dice. “Antes teníamos fábricas, teníamos marcas, teníamos mil cosas, éramos infinitamente más grandes. Ahora somos una pequeña empresa pesquera, somos 20% de lo que éramos antes, como grupo. Estamos muy reducidos y muy afectados, hay bancos que no quieren trabajar con nosotros, la gente que no nos conoce, no quiere ni vernos”.
El Registro de Panamá revela que, entre el 3 y el 28 de septiembre de 2015, se le otorgaron poderes generales en seis empresas de ese país: cuatro armadoras de buques —de las cuales dos no tendrían operaciones actualmente, según su relato—; una empresa que maneja la operación de gestión comercial de la operación de la captura de atún y otra empresa, cuya actividad no especificó, pero que tampoco tendría operación comercial, y en la que, a diferencia de las demás, no solo es apoderado legal, sino también accionista.
Dos de estas empresas fueron registradas en los meses previos a su detención, en 2009; otra, pocos meses después de su detención; y las demás fueron registradas entre abril de 2013, luego de que se librara su boleta de excarcelación, y julio de 2014, cuando se decretó el sobreseimiento de su causa.
“Poco a poco he venido tratando de incorporarme al mundo empresarial, lo que durante muchos años he hecho: trabajar. Además tratando de levantar parte de mis activos y mi empresa desde Panamá, no ha sido fácil, pero sigo dando lo mejor”, dice.
Aunque fue contactado en dos oportunidades para este trabajo, Botella Carretero no contestó a un cuestionario sobre las gestiones que hizo ante el Deutsche Bank y que motivaron el SAR. El Deutsche Bank tampoco respondió a solicitudes de comentarios enviadas por el ICIJ sobre todos los casos en los que aparecen involucrados en la filtración.
La actividad actual de Botella Carretero se concentra en España, con dos empresas: Valestorian SL, una consultora, y Comercializadora Hallaca, que tiene por objeto social una actividad que, como parte del grupo de Fernández Barrueco, no le es ajena: elaborar y comercializar alimentos al menor y al mayor, así como productos alimenticios con representación de marcas, además de servicios de logística de alimentos.
Además de tener al español como socio, ambas empresas tienen en común una dirección en el número 18 de la calle Mayor de Madrid, donde Hallaca estuvo domiciliada, hasta marzo de 2017, y Valestorian está domiciliada actualmente. Es la misma dirección de Botella Carretero que se refleja en el SAR del Deutsche Bank, y es, también, la dirección de la empresa Espalística, que en 2014 compró el diario El Universal, de Caracas, con lo que la línea editorial se volvió totalmente afín al gobierno. Fernández Barrueco se desentiende de tener vínculos con Espalística y su negocio. “Esa oficina era de un consultor que trabajaba en México (...) ahí tenían varias firmas. Fui una sola vez allí”, agrega.
En un perfil de la red social LinkedIn, Daniela Stoppa, la esposa de Fernández Barrueco, figura como directora de Valestorian, la empresa con la que comparte dirección.
“Botella puso a Daniela porque era empleado mío, pero ella no tiene que ver con eso, más bien nunca supo que la había puesto Pablo ahí. Nunca hemos vivido de esa compañía (Valestorian), ni hemos tenido ningún negocio ahí”, explica Fernández Barrueco.
Y no sería la única compañía en España en la que han coincidido Botella Carretero y Stoppa. El banquero español también estuvo vinculado hasta el 10 de abril de 2014 con Fedaca Ibero SL. cuya propietaria es Stoppa.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios, entre ellos Armando.info, revela que el blanqueo de capitales se apalanca en los bancos, que con una gran cantidad de puntos ciegos están en la primera línea de combate de este delito.
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
