La poco edificante obra de las constructoras brasileñas en Venezuela

El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde más pagó: 98 millones de dólares en coimas y mordidas. Entre tanto dinero, al menos 35 millones fueron aportados por la empresa de ingeniería civil a la última campaña electoral de Hugo Chávez. En declaraciones judiciales, un delator habla de pagos bajo la mesa de al menos 600.000 dólares a nombre de otra empresa, Andrade Gutierrez. Las revelaciones apenas comienzan.

Solo en Venezuela, fueron 98 millones de dólares en sobornos. Odebrecht, el gigante de la construcción brasileña, no solo acaba de reconocer que compró funcionarios en su país -lo que se venía asomando en las investigaciones de fiscales y jueces- sino que fuera de Brasil, la República Bolivariana fue el lugar donde pagó más coimas para hacerse de los mejores contratos.

Hace dos años que la Operación Lava Jato –“Autolavado”, en portugués- ha removido los cimientos del establishment brasilero. En julio de 2013, la Policía Federal de ese país rastreó los movimientos sospechosos de un tal Alberto Youssef y tirando de ese hilo no solo dio con uno de los comisionistas –los ya célebres doleiros– sino con un cartel de empresarios y dirigentes políticos que manejaban el monopolio de los contratos del Estado. Pero no fue sino hasta este miércoles cuando algunos de los manejos de Odebrecht en el exterior salieron a flote no precisamente desde Brasilia, sino en Nueva York.

La constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, se declararon culpables ante la corte del Distrito Este de Nueva York por pagar sobornos de 349 millones de dólares en Brasil y otros 439 millones en un circuito de 11 países, que iba desde África, en Angola y Mozambique, hasta América latina con Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y naturalmente Venezuela, donde se gastaron casi un cuarto del total que repartieron fuera de casa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la constructora se comprometió a pagar a las autoridades brasileñas, suizas y norteamericanas una suma de 3.500 millones de dólares, la multa más alta de la historia para un holding que usó la banca global con el objetivo de comprar contratos y voluntades.

Las denuncias de Lava Jato amenazan con revolcar hasta al presidente encargado de Brasil, Michel Temer. Lo de Odebrecht ha mostrado una mafia que ha cargado hasta con el paradigma de su clase empresarial. No en vano, Marcelo Bahia Odebrecht, el heredero y CEO del emporio de la construcción, pasará esta Navidad tras las rejas. Esta semana, sin embargo, fue la primera vez que una institución del Estado da cuenta de la magnitud del caso fuera de las fronteras brasileñas, aunque el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha cuidado de no dar nombres. Se sabe el milagro pero no el santo.

El caro corazón del pueblo

El tráiler de la película de Odebrecht en Venezuela igual se puede ver en el Juzgado Número 13 de la Corte Federal Penal de la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, donde todo comenzó. Allí quedaron archivados los testimonios del célebre publicista y asesor de campañas electorales, João Santana, y su esposa, Mónica Moura, quienes participaron en la campaña por la reelección de Chávez en el año 2012 y de la que ahora reconocen que sirvieron como vehículo para inyectar dinero.

“El costo de esa campaña fue aproximadamente 35 millones de dólares”, precisó Moura en un testimonio que rindió el 24 de febrero de este año. El dinero aterrizaba en el sistema financiero global desde cuentas establecidas en el Heritage Bank de Antigua y Barbuda a nombre de empresas offshore como Klienfeld Services y Shellbill Finance SA, las fachadas corporativas que Odebrecht usaba en su circuito de sobornos.

Considerado como un gurú en la asesoría electoral, con clientes en Argentina, El Salvador, República Dominicana y hasta Angola, Santana fue uno de los asesores que ayudaron a perfilar al presidente Nicolás Maduro como “el hijo de Chávez”. Ahora se sabe que su consejo incluyó –al menos en 2012– fondos que salían del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, cuya firma ganó en Venezuela la buena pro de las 32 obras más emblemáticas que muestra el chavismo como tarjeta de presentación, entre las que destacan las postergadas ampliaciones del Metro de Caracas, el segundo y el tercer puente sobre el Río Orinoco, así como el puente Cacique Nigale, sobre el Lago de Maracaibo. “Se trataba de pagos no contables para la campaña electoral de Venezuela, siendo el responsable directo Fernando Migliaccio, ejecutivo de Odebrecht en Brasil”, puntualizó la esposa de Santana, Mónica Moura, que administraba las campañas de su esposo.

Dos nuevas pistas

Muchas de las obras encargadas a Odebrecht no están listas. Maduro inauguró el año pasado la línea 5 del Metro de Caracas solo con una de sus diez estaciones. Ni hablar de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar del estado Bolívar, mejor conocida como la represa de Tocoma, que originalmente fue prometida para el año 2010 y que no termina de operar en tiempos en que la escasez también es eléctrica.

Interpelados ante la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga la Crisis Eléctrica, dos representantes de Odebrecht, Jorge Faroh y Sergio Nogueira, declararon el pasado 25 de mayo que la obra estaba casi lista. “96% de ejecución física”, dijeron. Pero luego los representantes de la empresa argentina Impsa, encargada de la instalación de turbinas, respondieron que no habían avanzado esperando por las obras civiles.

Algo más ha debido pasar para que la hidroeléctrica destaque entre los apuntes que la Policía Federal de Brasil encontró agazapados en el celular del CEO de la constructora. “Tocoma?”, preguntaba Marcelo Odebrecht en unas notas en su móvil que iban seguidas de menciones a la oposición venezolana y hasta el mismísimo diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

“Marcelo Bahia Odebrecht alerta sobre pagos ilícitos a la oposición”, concluye la Policía en un informe del pasado 25 de agosto, en el que también se filtran menciones de reuniones de lobby con Cabello que quedaron en el teléfono: “Diosdado estuvo en Brasil con el embajador. Tendrá que tomar la caja?”.

El de Odebrecht, sin embargo, no es el único caso que compromete a las contratistas brasileñas con el financiamiento de la política venezolana. En lo que ha venido siendo una novela por entregas, el caso Lava Jato demuestra que aun después de la muerte de Chávez siguieron los favores políticos.

En una de las primeras delaciones premiadas, el comisionista Alberto Youssef confesó que había enviado tres pagos por los contratos que la empresa Andrade Gutiérrez mueve en Venezuela. “Hice tres operaciones”, dijo. “A finales de 2013, principios de 2014, una operación de 300.000 dólares, que les envié (a la empresa) DGX y dos operaciones de 150.000 dólares, la cual no tiene nada que ver con Petrobras, fue una operación de caja dos, que fue hecha por Andrade y estaba hablando con su manager aquí, que me pidió que hiciera esto, era el Sr. Flávio Magalhaes y director de Andrade Venezuela, que fue Alberto (Moreira)”.

El “hard selling” de la diplomacia comercial brasileña

En febrero de 2010 el para entonces embajador saliente de Brasil en Caracas, Antonio Simões, se congratulaba de lo bien que iban los negocios. “Venezuela se ha convertido en el sexto destino mundial de las exportaciones brasileñas”, reportaba en un cable dirigido a la sede de su Cancillería en Brasilia. El documento forma parte de un conjunto de comunicaciones diplomáticas que los jueces y fiscales del caso Lava Jato incautaron como parte de sus investigaciones y a los que se tuvo acceso para esta nota.

En esa comunicación, Simões, actual embajador en Madrid, resumía su gestión de dos años, entre 2008 y 2010. Tenía muchos éxitos que mostrar en la promoción comercial. Informaba que de 2003 a 2010 el intercambio entre las dos naciones había crecido de 610 millones de dólares al año a 5.150 millones de dólares al año. Para el momento calculaba que Odebrecht detentaba contratos por valor de 13.000 millones de dólares, mientras que otras tres hermanas menores de la ingeniería civil brasileña también participaban de la piñata venezolana así: 1.000 millones de dólares para Camargo Corrêa; 2.000 millones de dólares para Andrade Gutierrez; y otros 1.000 millones para OAS.

Venezuela se había convertido en el país con el que Brasil mantenía “el mayor superávit”

Un año antes, en febrero de 2009, Simões había proclamado que Venezuela se había convertido en el país con el que Brasil mantenía “el mayor superávit” entre todas las naciones del planeta.

La primavera de los negocios entre Caracas y Brasilia tenía razón de ser. Además de las afinidades ideológicas y simpatías personales que los presidentes Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula Da Silva comprobaron entre sí, los apremios de las autoridades venezolanas para completar obras de infraestructura exigían de un socio confiable.

En otro despacho del mismo embajador Simões, en el que reportaba para sus jefes del Palacio de Itamaraty los resultados de la visita a Caracas de una delegación oficial encabezada por el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Miguel Jorge, el diplomático brasileño citaba entre comillas al entonces ministro venezolano de Ciencia, Tecnología y Ciencias Intermedias, Jesse Chacón. Según Simões, el ministro Chacón le había confesado en una reunión al presidente de la Asociación Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI), Reginaldo Arcuria -otro dignatario de la delegación-, que para el régimen chavista las relaciones estratégicas con Brasil eran las más importantes porque “con Irán son difíciles; con China, lo que es acordado por escrito termina siendo distinto a lo que se ejecuta; con Rusia, los resultados son insatisfactorios; y apenas con Bielorrusia, distante y poco relevante, es que estamos obteniendo resultados”.

La serie de reportes diplomáticos puede verse como una seguidilla de celebraciones por grandes proyectos de infraestructura otorgados por el Gobierno venezolano a contratistas brasileñas. La primera que se registra en las comunicaciones -lo que no quiere decir que haya sido el primer contrato obtenido en Venezuela; solo es el primero en la muestra de los cables- data de 2003. Entonces, el embajador Ruy Nunes Nogueira informa, a propósito de un encuentro empresarial con el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, que el proyecto de irrigación El Diluvio, en el estado de Zulia (occidente de Venezuela), había sido asignado a Odebrecht, con una línea de crédito del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) por 115 millones de dólares.

La danza de millones marea al examinar los contratos de financiamiento suscritos con el Bndes por parte de autoridades venezolanas. Se trata de acuerdos en los que el ente brasileño financia la compra de materiales, equipos y servicios en Brasil para exportarlos a Venezuela, donde serán empleados en los proyectos que llevan a cabo contratistas brasileñas como Odebrecht.

Jorge Giordani, Nelson Merentes, Alí Rodríguez Araque, Rodolfo Marco Torres y Asdrúbal Chávez: son nombres de algunas de las autoridades de la alta jerarquía chavista que aparecen firmando con el Bndes. Por lo general, y pese al discurso nacionalista de la mayoría de ellos, aceptaron las cláusulas típicas de esos contratos en las que se establece la justicia brasileña como la jurisdicción donde habría de dirimirse cualquier disputa sobre la ejecución de los préstamos.

Problemas en el paraíso

Según muestran los cables, en 2009 la relación comercial e industrial entre Venezuela y Brasil era tan importante que el propio presidente Chávez propuso constituir un fondo conjunto de inversiones, semejante al que para entonces ya había acordado con China. Sin embargo, el consejero especial del presidente Lula Da Silva, Marco Aurelio García, le paró el trote. Advirtió a Chávez que tal cosa no estaba permitida en las leyes brasileñas pero, para satisfacer al caudillo venezolano, propuso explorar la figura de un acuerdo de inversiones.

Precauciones como las de García no estaban de más pues, como también revelan los cables diplomáticos, a pesar de los pingües beneficios a los que apostaban, a los brasileños las cosas no siempre le salían a pedir de boca en Venezuela. Tan temprano como 2004 -sexto año de la era chavista-, el embajador Joao Carlos De Sousa Gomes decía a Itamaraty que dos obras en manos de Odebrecht, la Línea 4 del Metro de Caracas y el Metro de Los Teques (capital del estado de Miranda, a 25 kilómetros al suroeste de Caracas), tardaban en hacerse del financiamiento requerido del Bndes por la reticencia “de los venezolanos” para brindar “las garantías exigidas”.

Mal que bien, los brasileños aprenderían a lidiar con esos obstáculos, por extravagantes que fueran. Sabían qué se jugaban.

En su comunicación de febrero de 2010, el embajador Simões se imagina que los negocios irían todavía mejor en Venezuela si las decisiones no estuvieran tan centralizadas en el propio Hugo Chávez. Entonces revela que durante los dos años que representó a Brasil en Caracas, debió completar hasta 96 gestiones ante Cadivi, el organismo de administración del leonino régimen de control de cambios local, para desbloquear hasta 460 millones de dólares en pagos para empresas brasileñas.

Un caso revelador de cómo la mancuerna entre la diplomacia brasileña y Odebrecht actuó en Venezuela se encuentra en otro cable de febrero de 2010, donde se relata una reunión de funcionarios de la embajada con Sergio Thyssen, director para Venezuela de la empresa Braskem, brazo petroquímico de Odebrecht.

Durante la reunión, Thyssen se queja de que Venezuela y Pdvsa incumplieron las condiciones establecidas para la ejecución de los proyectos Propilsur y Poliamérica, acordados con Pequivén -filial de la petrolera estatal venezolana- para ejecutarse en el complejo petroquímico de Jose, en el estado de Anzoátegui (costa oriental de Venezuela).

Sin embargo, el propio ejecutivo admite que ya está resignado a perder los 100 millones de dólares que Braskem había invertido para entonces en el proyecto. Teme que si acude al arbitraje internacional el Gobierno venezolano tomará represalias contra Odebrecht, principal accionista de Braskem, a cuyo cargo quedaban miles de millones de dólares en contratos.

(*) Esta historia fue cubierta y publicada en simultáneo por IDL-Reporteros en Perú, la Prensa de Panamá y www,armando.info en Venezuela.

Acusación y acuerdo reparatorio de Odebrecht en EEUU by ArmandoInfo on Scribd

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