China no tenía remilgos en pedir. Y Hugo Chávez tampoco los tenía para complacer a su poderoso aliado. Así que cuando Beijing solicitó en 2010 la habilitación de una oficina en Caracas para que sus ejecutivos supervisaran los múltiples proyectos conjuntos en los que se embarcaron ambos gobiernos, los bolivarianos destinaron -al menos sobre el papel- la bicoca de 164 millones de dólares para remodelar un espacio de un edificio del centro de Caracas. Una década más tarde, la oficina sigue en funcionamiento. Armando.info encontró escasa actividad en ella, y, lejos del lujo asiático que se esperaría tras semejante inversión, pudo comprobar que el lugar es como una cápsula del tiempo que guarda una muestra desgastada del estilo burocrático de los años 80.
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Cuando están en juego fondos por casi 50.000 millones de dólares, la solicitud de que se habilite una gran oficina para manejar ese volumen de recursos luce más que lógica, necesaria.
En 2010 esa solicitud vino de China, el enorme y aventajado prestamista de una Venezuela que todavía vendía al menos dos millones de barriles de petróleo diarios. El gobierno venezolano accedió a la singular petición y asignó sin reparo la suma de 164 millones de dólares para la “remodelación, ampliación y equipamiento” de una oficina para supervisar los millonarios proyectos binacionales que, en varios casos, costaban menos que la propia oficina.
El espacio fue de 633 metros cuadrados que terminaron ocupando todo el piso 23 del Centro Financiero Latino, un edificio de oficinas ubicado en el centro de Caracas, sobre la avenida Urdaneta, que alberga tanto a entes públicos como privados, con un flujo casi incesante de personas que entran y salen de sus instalaciones. Algo que ha cambiado con las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19.
Documentos oficiales del gobierno de Hugo Chávez correspondientes al período 2009-2012, a los que tuvo acceso Armando.info, procesados y analizados junto con el equipo de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con reportería adicional de Diálogo Chino, dan fe de que el proyecto contó con esa exagerada asignación de recursos y se llevó a cabo en apenas cuatro meses, una celeridad que dista mucho del tiempo que le tomó al Gobierno completar otras obras financiadas con los fondos chinos (ver otras historias de esta serie El Joropo del dragón). La remodelación de 164 millones de dólares se pagó a través de una subcuenta de “gastos de funcionamiento” del esquema de préstamos, alojada en el fideicomiso número 00378 del Banco del Tesoro.
Una década después de la ejecución de esa costosa solicitud, la oficina se ve como cualquier otra de la administración pública venezolana en tiempos de la autodenominada Revolución Bolivariana. Además de una foto con la presencia enorme de los caudillos -Hugo Chávez y Xi Jinping-, el espacio no ofrece muestras de la tecnología o el confort que los costos de su presunta remodelación harían presumir. De hecho, todo luce estancado en un decorado burócrata de la década de los ochenta.
La remodelación se realizó en 2010, dos años después de que la oficina conjunta que supervisaría los proyectos binacionales fuese inaugurada en mayo de 2008, con un acto protocolar sencillo del que apenas hay registros. En esa ceremonia estuvieron Rafael Isea, entonces ministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y Zhao Jianping, entonces asistente adjunto del gobernador del Banco de Desarrollo de China (CDB) y luego su vicegobernador.
Ambos representaban a las instituciones que canalizaban los proyectos del Fondo Conjunto Chino Venezolano, firmado en noviembre de 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, con un capital inicial de 6.000 millones de dólares que, con el tiempo, ascendería a 30.000 millones. En 2010, con la creación de un segundo fondo sinovenezolano llamado el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo, se inyectaron otros 20.000 millones de dólares para el financiamiento de las obras acordadas entre ambos países.
No se sabe con exactitud cómo lucía ese espacio antes de la remodelación que, según los documentos, le hicieron en 2010. Algunos detalles del rediseño permanecen una década después, como las letras doradas pegadas a la pared con el nombre oficial del tratado, con su traducción en mandarín. Otros fueron incorporados más adelante, como la gigantografía de Chávez y Xi de más de dos metros de ancho, colgada en la recepción e intervenida con una frase del líder de la autodenominada revolución bolivariana.
Lo que sí es un hecho es que el monto de la remodelación fue tan desproporcionado que incluso algunas obras de mayor impacto surgidas de los acuerdos con China tuvieron un valor menor que lo dispuesto para la oficina que, en teoría, los supervisaba y gerenciaba.
Tal es el caso de una fábrica de Petrocasas -un prototipo de viviendas hecho con perfiles de policloruro de vinilo (PVC), un plástico producido por la industria petroquímica- en Guacara, estado Carabobo, que contó con un financiamiento de 133 millones de dólares; o de un ensamblaje de 925.410 equipos de telefonía móvil, a cargo de la empresa estatal Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), para el que el Fondo Chino terminó aportando 118 millones de dólares.
Se puede hacer una comparación similar con proyectos surgidos de otro convenio internacional, como por ejemplo este con Bielorrusia: contemplaba la construcción de una fábrica de camiones Mazven y una fábrica de tractores Veneminsk, ambas en el estado llanero de Barinas, con presupuestos acordados por 132 y 55 millones de dólares, respectivamente.
Según un punto de cuenta del proyecto elaborado por Pablo José González Hernández, para ese entonces gerente ejecutivo de Fondos para el Desarrollo del Bandes, y por Edmeé Betancourt, entonces presidenta de la entidad bancaria, la remodelación de la oficina representaba un requisito para “dar cumplimiento a lo establecido en el convenio de financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo” que “establece la creación de una Oficina Conjunta China Venezuela”.
Sin embargo, en ese plan –publicado en la Gaceta Oficial 39.511– no se hace mención expresa de la oficina de costo extravagante que se necesitaría para darle seguimiento a los proyectos de este segundo fondo de subvenciones, de 20.000 millones de dólares, suscrito el 10 de septiembre del 2010. De hecho, en los documentos se señala dos veces que ese espacio pertenecía a la gerencia que encabezaba González Hernández, cuando en realidad era un área ya destinada para los asuntos del Fondo Chino.
Los trabajos de remodelación se hicieron “en tiempo apremiante”, desde septiembre y fijando el 2 de noviembre de 2010 como fecha de reapertura. Finalmente, la Oficina Conjunta se reinauguró el viernes 17 de diciembre por la noche, con poco más de un mes de retraso frente a la fecha determinada. La ceremonia contó esta vez con la presencia y las palabras de Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, que destacó el logro de tener un lugar para hacer “seguimiento estricto del avance de los proyectos acordados entre ambas naciones”. Constituía, añadió en su discurso, “un elemento de mayor seguridad y tranquilidad para los compañeros chinos y para el gobierno venezolano”.
A esas alturas, los presupuestos de las obras financiadas con los fondos conjuntos tenían que ser aprobados por las autoridades chinas y la mayoría de los contratos fueron a parar directamente a empresas estatales de ese país como Sinohydro, Citic Construction o China Machinery Engineering Corporation (CMEC).
El acceso a la Oficina Conjunta China Venezuela está restringido. Si alguien avisa en la planta baja del Centro Financiero Latino que se dirige al piso 23 (donde queda la oficina), el personal de seguridad advierte que no está permitido. “Solo personal autorizado”, dicen. Pero una vez adentro es posible llegar a esa planta y ver que el espacio está dividido en tres oficinas que, al sumar sus superficies, completan los 633 metros cuadrados.
Era un área inaccesible hasta para miembros del personal del Bandes, que tiene su sede cerca de la Oficina Conjunta, en otra avenida del centro de Caracas. Un extrabajador del banco cuenta que todo era muy “hermético y delicado'' con respecto al sitio, en cuyo vestíbulo, en el reservado piso 23, se divisa la pintura de un caballo y un largo sofá color café oscuro con un brazo roto por el que se asoma, discreta, la espuma de relleno. A los lados, le acompañan cuatro sillas de madera que hacen juego con una amplia mesa de patas elegantes y sobre la que reposan cuatro libros solitarios de propaganda gubernamental venezolana. Es un mobiliario que contrasta con la típica cabina gris de secretaría y unos asientos de metal y plástico que también se ven en la recepción.
Es en esa sala de bienvenida la única donde parece haber señales de vida. Entre las banderas de China y Venezuela en asta y debajo del nombre del pacto, sobrevive una mata de sábila en una maceta de arcilla con un lacito rojo amarrado en una de sus pencas. Al lado hay otra de origen tropical y apariencia triste. Estas plantas han tenido suerte, pues en los materos vecinos ya no queda sino tierra seca y dura.
El interior de la Oficina Conjunta brilla menos. Sus espacios desocupados hacen que retumben los pasos al caminar. Algunas de sus lámparas parpadean, lo suficiente como para notar las manchas de suciedad en la parte baja de las paredes blancas. Una toalla casera de ducha pende cómodamente de una de las puertas del baño de damas y en el de caballeros un lavaplatos abierto con una esponja encima hace de jabón, para lavar manos y seguramente envases de almuerzo.
Las otras dos grandes zonas de la oficina en el piso 23 están a oscuras. Desde el pasillo de afuera da la impresión de que es un territorio virgen o abandonado, casi sin objetos decorativos y con un mobiliario básico que pareciera instalado en una mudanza reciente.
Si alguien intentase buscar una vivienda de 633 metros cuadrados, con las especificaciones más lujosas, que costara lo mismo que la remodelación de la Oficina Conjunta de China y Venezuela, no encontraría una tan cara, ni siquiera en Luxury State, un portal web que reúne la venta de las propiedades más exclusivas de más de 40.000 inmobiliarias en el mundo. En este gran motor de búsqueda ninguna vivienda, villa, apartamento, castillo o casa de campo cuesta 164 millones de dólares, sin importar si queda en Londres, París, Los Ángeles o Tokio.
La Oficina Conjunta en la concurrida y sucia avenida Urdaneta de Caracas, es casi quince veces más cara que una mansión de lujo de dos pisos, que le cuadriplica el tamaño y que está ubicada en una de las famosas islas artificiales de Palm en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. En esa misma metrópoli, estuvo a la venta en 2015 un edificio de 16 pisos residenciales de 498.424 metros cuadrados por 88 millones de dólares: un precio 53% menor al que tuvo asignado la oficina bilateral entre China y Venezuela.
En otras dimensiones, el costo del metro cuadrado de esta oficina, en pleno centro de la capital venezolana -un país sumido en una crisis económica sin precedentes en un país que no enfrenta una guerra-, fue de 259.000 dólares, un precio nueve veces mayor que el de Hong Kong, considerada la ciudad con el metro cuadrado más caro del mundo, según la Global Property Guide. Es decir, para los venezolanos hubiese sido más económico hacer la oficina del Fondo Chino... en la mismísima China, si es que en efecto se desembolsaron ese monto de nueve cifras que aprobaron en el papel.
Por petición de Hugo Carvajal, entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y hoy, ya como disidente del chavismo-madurismo, solicitado por la justicia de Estados Unidos, el Ministerio Público inició en 2012 una investigación por presuntos pagos irregulares por 84 millones de dólares despachados del Fondo Chino para planes de alimentación. Las pesquisas llevaron a la captura de cinco venezolanos involucrados en la trama y a su juicio el 29 de mayo del 2014, con otros tres exfuncionarios.
Entre ellos estaba Pablo José González Hernández, quien fue gerente ejecutivo del Fondo Chino y del departamento de Fondos para el Desarrollo del Bandes. Fue justamente desde este último cargo que firmó los documentos que solicitaban la remodelación y equipamiento de la Oficina Conjunta. Armando.info intentó buscarlo para obtener su testimonio, pero no fue posible dar con su paradero.
La operación formó parte de una breve cruzada anticorrupción llevada a cabo por el gobierno nacional, a través de la Misión Eficiencia o Nada, creada en abril del 2013 para detectar e investigar el peculado de fondos públicos. El 13 de julio de ese mismo año, Nicolás Maduro se pronunció acerca del caso del Bandes y aseguró, sin mostrar pruebas, que los exfuncionarios detenidos eran militantes de Primero Justicia, uno de los principales partidos políticos de la oposición venezolana.
Este escándalo no fue el único asociado con el Bandes. El célebre guardaespaldas de Chávez, Alejandro Andrade, sentenciado a diez años de cárcel por lavado de dinero en Estados Unidos, fue también presidente del banco entre 2008 y 2010, período en el que se suscribieron formalmente el Fondo Conjunto Chino Venezolano (2007) y el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo (2010). Lo mismo sucedió con Rafael Isea, funcionario estrella del chavismo que llegó a inaugurar la primera oficina del convenio como presidente del Bandes y ministro de Finanzas -también fue gobernador del estado Aragua-, que hace tiempo reside en Estados Unidos.
En septiembre del 2018, durante la décima reunión de la Conferencia Conjunta de Alto Nivel de Cooperación Financiera entre China y Venezuela, realizada en Beijing, el ministro de economía y finanzas, Simón Zerpa, reveló que se había formalizado una revisión “de un elemento muy importante con respecto al funcionamiento de la oficina conjunta entre el Banco de Desarrollo Social de Venezuela (Bandes) y el Banco de Desarrollo Chino (BDC)”.
No especificó a cuál elemento se refería, ni dio declaraciones luego al respecto. Era una muestra más del secretismo del gobierno venezolano con respecto a la sede del Fondo Chino. La multimillonaria partida pagada con el dinero de los venezolanos la convirtió en la oficina más cara del país y quizás del mundo, pero como siempre se mantuvo oculta, es razonable concluir que ni ese gasto compró lo que dice en el papel, ni jamás cumplió las reglas del feng shui.
Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al gobierno de Hugo Chávez obtener dinero fresco a cambio de un sinfín de proyectos en múltiples áreas económicas: la banquera Edmée Betancourt y la diplomática Rocío Maneiro. Una década después, cuando la opacidad y el desconcierto todavía rodean aquellos proyectos que quedaron a medio hacer y a estas funcionarias les cambió su suerte, estas son sus historias.
Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco, en los llanos centrales de Venezuela, hasta Anaco, a 468 kilómetros al nororiente, el gobierno de Chávez contrató a la China Railway Engineering Corporation y le desembolsó más de 2.700 millones de dólares, con fondos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. No obstante, la empresa apenas construyó la tercera parte del plan y dejó a su paso conflictos laborales y daños ecológicos.
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