Como si fuera una dimensión paralela en la que se tuercen las leyes del mercado global donde los precios del oro van al alza, en la zona minera del estado Bolívar la cotización del metal se ha desplomado a la mitad a raíz de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Pero, atención, que este ‘Black Friday’ no es para todos: solo le sacan provecho quienes han cartelizado el mercado áureo local mediante la coacción y el uso de dólares, desde pandillas del crimen organizado a guerrilleros o autoridades militares. Los mineros artesanales producen a diario y necesitan vender para sobrevivir, pero lo hacen a precios de liquidación porque las medidas de confinamiento han cerrado los canales de comercialización. Mientras, otros actores acumulan oro para asegurarse una próxima bonanza.
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No hay baremos, precios tasados ni control. El mercado internacional del oro no llega al sur del río Orinoco, un microcosmos de Venezuela donde la única regla para la compra y venta del metal es que no hay ninguna, menos todavía cuando se endurecen las condiciones para la circulación de personas y bienes, como ha ocurrido con la pandemia del Covid-19. Es así como, a pesar de que fuera de las fronteras venezolanas el oro alcanza récords históricos, en las zonas mineras del estado Bolívar se vende por menos de la mitad.
Nada más el 30 de abril, agencias noticiosas internacionales reportaron el incremento del precio del oro y el cierre “de su mejor mes en cuatro años”. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2020, subió 9% hasta alcanzar los 54,75 dólares por gramo (1.715,25 dólares la onza). La “flexibilización monetaria de los bancos centrales y la persistente preocupación por una recesión global”, explican las agencias, han determinado el alza.
Pero esto no se traduce en una buena noticia para los mineros artesanales del sur venezolano, que con palas y bateas a cuestas, expuestos a la amenaza permanente de los derrumbes de las minas (que este año, en Bolívar, han matado por lo menos a 13 personas) y a la amenaza nueva del coronavirus, tras jornadas de más de doce horas con el sol en la nuca, tienen que vender un gramo de oro entre 2,6 y 2,7 millones de bolívares, es decir, alrededor de 15 dólares, según la volátil tasa de cambio del mercado paralelo.
Hace dos meses un gramo se vendía en el mismo lugar por 30 dólares, un precio ya de por sí muy por debajo del internacional, pero el doble del actual. Que el efecto sobre la cotización del oro que tienen el coronavirus y el parón económico que trae consigo haya sido en la región exactamente contrario al del mercado internacional, solo tiene una explicación: mientras en mercados globales ese metal se convierte en el refugio más demandado para aquellos que auguran una fuerte recesión y una caída de las principales monedas de intercambio, en la zona minera del estado Bolívar es casi un commodity cuyo precio lo establece una rosca privilegiada de empresarios locales con anuencia gubernamental y complicidad de los militares de la zona.
Eso es siempre así. Pero nunca antes la diferencia entre las ganancias de los excavadores artesanales y las de los grandes compradores había sido tan desproporcionada como en estos tiempos de coronavirus, explica Néstor López, minero del municipio Sifontes.
Para entender esta dinámica en los precios en los pueblos del sur de Bolívar hay que entender una diferencia: la del oro minero frente al oro procesado. El primero, también conocido como oro amalgamado, es el que se extrae de la mina. El segundo es el procesado, ya fundido, analizado en un laboratorio y limpio.
Justamente es el primero el que venden los pequeños mineros. El segundo es el que rige los precios internacionales del oro.
Antes de la cuarentena que impuso Nicolás Maduro el 17 de marzo, en todo el país, un dólar en el mercado paralelo de Venezuela costaba alrededor 78.532,64 bolívares. Entonces, un gramo de oro “minero” se vendía por 2,4 millones de bolívares (30 dólares en promedio); el puro, en 45 dólares. Pero a finales de abril, con un dólar en los 185.000 bolívares como promedio, el precio del gramo siguió siendo de 2,4 millones de bolívares, equivalentes entonces a 13 dólares. En resumen: antes de la cuarentena, con un dólar se compraban 32,7 miligramos, hoy se compran 77 miligramos.
Consultadas por separado, fuentes de Maripa, Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado -localidades todas en el epicentro de la actividad minera al sureste de Bolívar- concuerdan en que el estancamiento de los precios del oro se debe a un acuerdo tácito entre los grandes compradores de la zona para no pagar más de 2,8 millones de bolívares por gramo -15 dólares entre finales de abril y comienzos de mayo- o grama, como le dicen en la zona a esa medida de peso
“Estas personas recogen este oro que se compra aprovechando este momento de necesidad y tragedia y luego sacan buen provecho. Por ejemplo, en temporadas como Navidad se hacen millonarias muchas personas que aprovechan esas épocas, cuando se cierra la bolsa, compran el oro barato y lo venden en enero cuando se reinicia la bolsa”, explica López.
Su hijo, también minero, refiere que en la penúltima semana de abril vendió el gramo de oro minero por 2,5 millones de bolívares, con transacción en efectivo. “Por transferencia aumenta: como 2,7 millones de bolívares y el fundido en 6,3 millones”, equivalentes a 35 dólares, de acuerdo con la tasa paralela de ese mismo lapso.
Calcula que con la variación del dólar en las últimas semanas, “el oro de mina debería pagarse en 4,5 y hasta 5 millones de bolívares, es decir, unos 28 dólares. Hasta hace un mes se pagaba por 33 o 34 dólares por un gramo de oro. Hoy te dan 14. Sube el dólar pero no sube el oro”. El estancamiento, añade, se debe principalmente “al cierre de las fronteras de Guyana, Brasil y Colombia”.
En otras palabras, explica el minero usando una imagen, en época de Covid-19 el comprador, cuando compra un gramo, se lleva otro gramo gratis. Es la ganga del Coronavirus.
[N. de R.: Sin embargo el reciente viernes, al cierre de esta nota y del mercado informal en la región, se reportó un repunte de los precios a 31 dólares, el minero, y a 38 dólares, el procesado, por gramo de oro].
Una fuente de Tumeremo, que pide la reserva de su identidad, apunta que los principales compradores tienen rostros difusos pero son los de siempre. “Los que compran aquí son gente del gobierno. Son mayoristas que compran 60, 80 o 100 kilos. Algunos se llevan el oro a Brasil. Hay militares, generales y coroneles que compran”.
En El Callao, tradicional centro aurífero, el dueño de un molino concuerda casi de manera textual: “Antes de la pandemia, el gramo de oro estaba en 2,2 millones bolívares y hoy está en lo mismo a pesar del incremento del dólar. Eso no está para pagarlo así, pero lo tienen estancado. Se debe a las mafias, como se dice”.
Calcula que nada más en El Callao hay 200 negocios que compran oro a los pequeños mineros. Estos son vendedores ansiosos, pues tienen que generar ingresos porque sí para sobrevivir en la vorágine de la hiperinflación y, ahora, de la pandemia. Asegura que los militares también son compradores habituales, algo que no ha variado con el estancamiento de los precios en Bolívar.
“Sí, los militares lo compran y hacen sus cosas por allí. ¿Pero cómo hacen los mineros? Tienen que comer, y el que tiene plata y su comercio se aprovecha de eso. Ahorita se puso súper cara la comida. Un cartón de huevos, un millón de bolívares. Un kilo de queso, 900.000 bolívares”, alrededor de seis y cinco dólares, respectivamente, de acuerdo con la tasa de cambio paralela en el momento de la entrevista, en la última semana de abril.
El declarante es dueño de un molino con certificación gubernamental. Por eso se reúne de manera permanente con los uniformados y, en muchos casos, les rinde cuentas. Incluso los ha visto negociando el oro.
Los militares también reciben el oro de otras transacciones revestidas de cierta legalidad. Por ejemplo, un comunicado de comienzos de abril (en la tercera semana de cuarentena), avalado por el Consejo de Caciques Generales, refrendaba una propuesta de la Corporación Venezolana de Minería acerca de los impuestos en oro para el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén (capital del municipio Gran Sabana, en la frontera con Brasil).
El documento -destinado al almirante Gilberto Pinto, ministro de Minería Ecológica; Carlos Osorio, presidente de la Corporación Venezolana de Minería; y la vicepresidenta y el canciller Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza- desglosa los impuestos así: seis gramos de oro por carga de combustible, dos gramos por montaje de la aeronave, tres gramos por transporte de cada 100 kilos de material minero, un gramo por despegue y aterrizaje, un gramo por cada 100 kilos de comida y un gramo por tasa de salida por persona.
Las facturas de esos impuestos para el aeropuerto son firmadas y despachadas por militares, funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería y representantes indígenas. En promedio, y de acuerdo con una factura a la que tuvo acceso Armando.info, por cada vuelo hay 30 gramos de oro en impuestos. Calculando esa cantidad sobre la base del precio internacional del oro, de 54,75 dólares por gramo, son 1.642 dólares; una cifra considerable en un país en el que el salario mínimo es de tres dólares mensuales.
El rol de las fuerzas militares en el contrabando de oro lo confirmó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que desertó a Brasil luego de la masacre de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en Gran Sabana, Bolívar, en febrero de 2019. “Siempre hay tráfico de oro para acá, para Brasil”, explicó en mayo de 2019, “pero eso es por parte del mismo Gobierno”. Generales y comandantes, añadió, hicieron cruzar oro para la venta en el estado de Roraima, que comparte la frontera con el estado Bolívar. En la Gran Sabana, el Ejército venezolano cobra vacunas tanto en oro como en dólares.
Mientras, los mineros pequeños carecen de alguna manera para prosperar con el oro que trabajan. “Los mineros de subsistencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, son los más vulnerables a lo largo de la cadena de suministros y, por lo tanto, muy a menudo en estos lugares hay medios alternativos de vida que son limitados y que están aún más limitados debido al coronavirus”, explica Marcena Hunter, analista en temas de crimen organizado y seguridad del Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Hunter observa la misma contracción del precio de oro en mercados negros en varios lugares del mundo, a contramano de lo que sucede en el mercado global.
“No tienen la opción de aferrarse al oro hasta que se abran las cadenas de suministro, porque tienen que venderlo para sobrevivir,” agrega. Los ganadores, entonces, son compradores o distribuidores. “Son actores criminales. Hemos tenido información sobre el almacenamiento de oro, por lo que una vez que las cadenas de suministro se abran debido al aumento de los precios de oro, que continuará subiendo, habrá márgenes grandes de ganancia en el futuro para esos actores (que generalmente suelen ser comerciantes con alto poder adquisitivo, pandillas o funcionarios civiles y militares) que puedan almacenar ese oro ahora”.
Además de los uniformados, los otros que tienen una “oportunidad única” de inversión son los grupos armados irregulares. Un comerciante venezolano de oro explica que quienes se benefician del sudor y de la sangre de los mineros informales son especialmente quienes manejan divisas en efectivo. Quienes participan en la cadena de microtráfico y tráfico de drogas suelen ser importantes compradores justamente por eso.
“Eso está repartido de esta manera: el ELN [N. de R.: Ejército de Liberación Nacional, grupo insurgente de origen colombiano] cobra un impuesto a todos los mineros. De repente tendrá su comprador ahí, que no se lo toquen. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te explico..? Una compañía, un molinero, el molino de martillo, una que muela pues, pam-pam-pam... Semanalmente, este molino de martillo tiene que pagarle un impuesto a la guerrilla del ELN o a la de las FARC [N. de R.: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero oficialmente desmovilizado tras los Acuerdos de Paz pero del que algunos grupos disidentes siguen activos] y tiene que pagarle un impuesto también al comandante de la GNB. Aparte de eso, el comandante de la guardia llega con dólares y le compra a precio de gallina flaca al molinero”.
“Los compradores duros de oro de esta zona llegaron a ese acuerdo para evitar que los precios se disparen”
Ahora más que nunca, los que tienen dólares en efectivo obtenidos, por ejemplo, del cobro de vacunas de protección o del peaje para el paso de tráficos transfronterizos, pueden hacer su agosto en este preciso instante con la compra barata del mineral precioso. “Todos los comandantes extorsionan al molinero, extorsionan al otro y recogen el oro. Y cuando no los extorsionan, ya cada comandante tiene sus dólares para la compra de oro”.
Según la fuente, que pidió el anonimato para este trabajo, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a las transacciones de oro con Venezuela cerraron el mercado lícito. Con ello, colateralmente, contribuyeron a aumentar las ganancias tanto para las pandillas del crimen organizado como para militares y funcionarios civiles que se involucran en la compra clandestina de oro: “El gobierno americano tiene que armar una estrategia porque mientras más les cierren la llave, el margen de ganancia es mayor para ellos”.
A raíz de la decisión de los gobiernos de Aruba y Curazao, las dos islas, antes colonias neerlandesas, vecinas a las costas venezolanas que hoy son Estados soberanos, de bloquear el tránsito y la importación de oro proveniente del país suramericano, la ruta de Colombia se convirtió en una de las más usadas para sacar el mineral de Venezuela.
Solamente en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, hay cerca de 200 trochas, pasos ilegales por donde transitan a diario miles de personas entre los dos países. No son pocas las suelas utilizadas para esconder una barra plana de oro o los cinturones en donde entran algunos gramos. Algo similar ocurre hasta con las naranjas: con frecuencia se ha descubierto que donde debe haber pulpa hay escondidos hasta 40 gramos de oro. También se suelen utilizar bloques de panela o papelón, los nombres que se le dan respectivamente en Colombia y Venezuela a la melaza de caña de azúcar cocida y solidificada.
“Puedes traer de 10, 20 a 25 gramos de oro en tu cuerpo por cada cruce”, contó un cargador de contrabando, o mula, en el argot de los traficantes, en 2019. Grupos irregulares, militares y policías están detrás del mineral. “Le quieren quitar a uno la mercancía para ellos apoderarse. Uno pierde todo y ellos se quedan con el oro”.
Muchos de estos contrabandistas de oro, refugiados venezolanos entre ellos -algunos reclutados por medio de amenazas-, llegan a locales de compraventa de oro. Uno muy conocido es el centro comercial Alejandría, en el centro de Cúcuta, la capital de Norte de Santander y nudo fundamental de las vías por las que transitan desde y, ahora, a Venezuela, los refugiados económicos. Antes de la pandemia, las calles alrededor estaban llenas de vendedores de cualquier producto contrabandeado a través de las trochas y de pregoneros de oro.
A la llegada de la pandemia y de su subsecuente cuarentena, el centro comercial Alejandría cerró sus puertas y se desató el caos. “La gente llama para averiguar precio, pero cómo viene si eso está cerrado y a la gente le da miedo venir por las trochas. Las trochas están militarizadas”, dice un comerciante que tuvo que cerrar su tienda por las restricciones de la cuarentena preventiva en Colombia, que entró en vigencia el 24 de marzo, diez días después de que el propio presidente, Iván Duque, ordenara cerrar los siete cruces oficiales de frontera.
Aunque las restricciones de frontera suelen aumentar el flujo sobre las trochas, eso no ha ocurrido durante la pandemia. El miedo al contagio, la militarización de ciertos caminos en ambos lados de la frontera y el aumento de cobros de vacunas por grupos irregulares disminuyeron el flujo y, con ello, el contrabando. La escasez de combustible en Venezuela, combinado con el disparo de precios de gasolina en el mercado negro, dificulta el acercamiento de la mercancía que, entretanto, se sigue produciendo en Venezuela.
“El precio, obvio, se bajó. Para comprar y para la venta también”, agrega el vendedor de oro en Cúcuta. “El puro bajó bastante,” añade, refiriéndose al oro de 24 kilates, el de más alta calidad. Su precio: alrededor de 135.000 pesos colombianos, o 34 dólares, moneda que también se viene revalorizando en Colombia.
En otras oportunidades, cantidades mayores que las que transportan las mulas también cruzan hacia Colombia. A veces, sobre el paso oficial por el puente binacional Simón Bolívar, que cruza el río Táchira, las autoridades colombianas han incautado oro, aunque también puede que hagan la vista gorda al escuchar un nombre clave. Después de esto, el oro es llevado a Bogotá, Cali y Medellín, donde, luego de algunas tretas ilegales, es nacionalizado como oro colombiano antes de seguir su rumbo para compradores internacionales en Estados Unidos y Suiza, entre otros países.
Además de Brasil y Colombia, Guyana comparte con Venezuela una frontera porosa y selvática que se encuentra a pocos kilómetros de las minas de Bolívar. Los precios bajos del oro en Venezuela y la infraestructura de la industria de oro en Guyana se funden en una atractiva oportunidad económica.
“Es una oportunidad de compra perfecta en este lado, porque lo que conseguiste a través de los canales no oficiales escasamente se monitorea y entonces ¿por qué no? Cuanto más bajo sea el precio, mejor, porque el precio del oro se está disparando en los mercados (legales)”, razona Gabriel Lall, ex presidente de Guyana Gold Board, el ente estatal que administra el comercio de oro en Guyana.
“Si realmente logras exprimir a alguien, puedes ganar 500 dólares por onza. Piensa en eso. Luego, simplemente hay que mezclarlo con el suministro (de oro) de su propia cadena y estarás listo. Quiero decir que se necesitará la persona más ética para resistir ese tipo de tentación, ese tipo de oportunidad. Y nuestro sector minero no es conocido por ningún tipo de ética”, asevera.
Ese jugo que se exprime es ese margen entre los ganadores y perdedores de esta trama circunstancial de la cuarentena, según explica una fuente de Maripa, en el oeste de Bolívar.
“Los compradores duros de oro de esta zona llegaron a ese acuerdo (de no comprar por un precio mayor). Esto, para evitar que los precios se disparen. Acá la inmensa mayoría se rige por el oro, no por el dólar. Ya que muchísima mercancía viene de Colombia o Brasil, allá pagan directamente con oro fundido. Acá es normal que todo comerciante tenga su peso de oro. Porque el oro, después de los bolívares en efectivo, es la segunda moneda”.
Yris Infante, comerciante en El Callao, apunta que en cualquier población del eje minero la relación es la misma. Allá el precio de la comida aumenta a la par del dólar y a una suerte de “inflación del oro”. Todo es más caro debido a su circulación casi exclusiva. Y, paradójicamente, el oro que venden representa para ellos cada vez menos en estos días.
“Yo estoy en El Perú”, dice, en referencia a un sector de El Callao. “Allí se mueve bastante el oro. Económicamente ha pegado bastante. Estamos acostumbrados a resolver algo con una grama de oro y eso no te alcanza ni para la comida de una semana”. Vale decir que en estas zonas de extracción los precios de los alimentos son más caros que en el mercado común, al ser marcados con un añadido que asume que la economía local, además de recóndita, se sustenta en la comercialización del oro y, por tanto, tiene más recursos.
Es otra movida apenas en el mundo, no pocas veces cruento, del oro. Un mundo de grandes perdedores y de grandes ganadores, sobre todo. Pues, como sentencia Néstor López, “cuando pase esta plaga que azota al planeta entero, muchos de ellos van a sacar provecho. Quedarán multimillonarios”.
*Esta historia es parte del proyecto "Alerta Mercurio", de InfoAmazonia en alianza con Armando.Info. Una investigación de un año sobre los impactos del uso de esta sustancia tóxica en la Amazonía, con el apoyo del IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL) y el Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el comercio clandestino del metal precioso que se extrae en Venezuela atraviesa las selvas del país vecino del este. A pesar de la pandemia y otros frenos, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada, volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Exportadores de escala industrial compran sin distingo el 'oro de sangre' a militares corruptos, mineros artesanales y guerrilleros, para luego blanquearlo con envíos a refinerías que lo venden a algunas de las más importantes corporaciones globales.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
El destino de un portento industrial prácticamente listo para operar fue el olvido. La empresa mixta Ruscaolín lo tuvo todo para convertirse en un oasis de desarrollo en el sur de Venezuela, junto a la majestuosa Gran Sabana. A diferencia de otras iniciativas faraónicas de Hugo Chávez, esta pasó del proyecto a la realidad. Pero de pronto la fábrica, sin haber arrancado, fue desmantelada, el sitio abandonado, y los socios rusos se marcharon con su estela de sociedades opacas. Luego quedó a cargo de una empresa venezolana cuyo rastro es difícil de seguir.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
Un reportero holandés del site brasileño Infoamazonia viajó durante tres meses por las disputadas áreas mineras del sur de Venezuela y, en el camino, encontró grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas por guerrillas y enclaves de mineros informales atormentados por la malaria. El futuro de Guayana pinta incierto. Aquí el corolario de su travesía.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
