Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.
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El Central Santa Clara en Yaracuy tiene más de diez años sin recolectar una zafra de caña de azúcar, casi el mismo tiempo que transcurrió desde su estatización el 8 de junio de 2010. Hoy las costosas máquinas de la planta están muy deterioradas. Algunas hasta han sido desvalijadas por el hampa común o por trabajadores del central, como un recurso último para la subsistencia tras la larga parálisis de la industria.
Esta planta es un ejemplo que condensa la debacle de un sector que casi lograba abastecer la demanda interna y que, más de dos décadas después, tras una ola estatizadora, apenas cubre 30% del consumo nacional de azúcar.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para 1999 la producción nacional de azúcar alcanzaba 8,5 millones de toneladas métricas, con un área cosechada de 127.183 hectáreas y, según el Ministerio de Agricultura, 8.000 productores activos. Hoy la situación es otra. De acuerdo con cifras de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), en la zafra que acaba de culminar en el mes de mayo la producción roza escasamente 2,4 millones toneladas, el área para la cosecha se redujo a apenas 45.000 hectáreas y sobreviven unos 3.500 productores nacionales.
Entre el 27 de octubre de 2005 y el 28 de marzo de 2012 fueron estatizados nueve centrales azucareros, todos bajo el gobierno del comandante Hugo Chávez. Una década más tarde, el saldo es elocuente: los nueve centrales expropiados, más el emblemático Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), fundado por Chávez en su natal estado Barinas, están prácticamente paralizados. ¿Las consecuencias? Pérdida de cosechas de caña, desabastecimientos intermitentes, inundación del mercado nacional con azúcar importada de Brasil, y el sacrificio de cientos de empleos.
Las cifras, tan magras, no admiten refutación. No hay producción de azúcar. De allí que el sector parece haber sido escenario de la prueba piloto del gobierno de Nicolás Maduro para su ya masiva reversión de activos estatales al sector privado, pero no cualquier privado, sino los compinches del régimen. Si el experimento se ha llevado adelante en aras de una mayor eficacia en el desempeño, va un spoiler: no ha funcionado.
En Venezuela hay 16 centrales azucareros y, tras la ola de intervenciones, diez de ellos quedaron en manos del Estado. Pero desde 2019. sin hacer mucho ruido, el gobierno ha entregado la administración de cinco a empresas privadas. Los beneficiarios de esas reprivatizaciones sin concurso, amparadas con frecuencia en figuras novedosas como las alianzas estratégicas, suelen tener en común que no vienen del sector y su único mérito aparente es el de la cercanía al entorno del chavismo. No debe sorprender que en ningún caso se haya conseguido reactivar los centrales.
Un ejemplo emblemático es el del Central Santa Elena, en el estado Portuguesa, en los Llanos centrooccidentales de Venezuela. Expropiado el 8 de junio de 2010, ya completa tres zafras paralizado. Para ponerlo a funcionar, la gobernación local, a la que le fue transferida la planta en 2019, firmó una “alianza estratégica” en octubre de ese año con la Corporación Mazzoca, dirigida por el empresario Generoso Mazzocca. Luego se indicó que la empresa que asumió las riendas del central lleva por nombre Agrologística Los Llanos 07, C.A., bajo el dominio del mismo grupo.
Mazzoca es un abogado de 54 años que tiene cuatro empresas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) en los sectores de alimentación, prestación de servicios de salud y de servicios sanitarios. En una de ellas, Alimentos Gema C.A., fundada en marzo de 2010 y dedicada a la importación de alimentos, uno de los socios fundadores que aparece en los registros es el capitán Carlos Luis Aguilera Borjas, quien fue parte de la junta directiva hasta el 20 de mayo de 2011, cuando vendió sus acciones a la abogada Nayadet Mogollón.
Aguilera Borjas fue escolta de Hugo Chávez y exjefe de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, ahora Sebin, nombre de la policía política del régimen). Apareció en la lista de sospechosos por presunto lavado de dinero durante las investigaciones del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra (BPA), como lo reseñó Armando.info en un trabajo conjunto con El Pitazo, Runrun.es y El Confidencial de España.
Aguilera, a quien Chávez llamaba El invisible, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en BPA que movieron 6,5 millones de dólares, según reportó el diario El País de Madrid, y fue investigado por presuntos sobornos millonarios de empresas europeas para obtener contratos en Venezuela. También estuvo vinculado, como lobista, con el sector de la construcción y la importación de insumos médicos y alimentos. Su patrimonio personal fue cifrado en 100 millones de dólares en un memo interno de la Compagnie Bancaire Helvétique, CBH, de Suiza, de fecha 5 de junio de 2013, como señala la ya mencionada nota de Armando.info.
Estos no son los únicos vínculos de Mazzoca con el chavismo. El abogado también fue presidente del Portuguesa F.C., oncena tradicional del fútbol profesional venezolano, entre los años 2014 y 2018, durante los cuales fue cercano a los gobernadores de esa entidad, primero Wilmar Castro Soteldo, ahora Ministro de Agricultura y Tierras, y más recientemente Rafael Calles. Mazzoca fue el primer vicepresidente del comité organizador del evento ExpoPortuguesa 2019, en el que el propio Calles fue el presidente. En la página del evento se describe al abogado como un “empresario multisectorial”.
Mazzoca tiene tres sociedades en Panamá: Panama Management Fund Corporation, Shinox Corp. y Venezuela Consultores Asociados, INC., todas desactivadas en los últimos dos años. También posee cinco compañías en Estados Unidos: Agrícola A & B Inc, La Soule Sports, LLC y Mazzrod, LLC que se encuentran activas y Shinox-Corporacion, LLC y Comercializadora Nahuen, LLC, estas inactivas. Como su domicilio, en los documentos de inscripción de estas compañías, Mazzocca registró tres apartamentos valorados en más de dos millones de dólares. Entre ellos uno en las exclusivas residencias de Peninsula II con vista a la bahía de Biscayne, en Miami, en donde el valor promedio de los apartamentos ronda los 1,3 millones de dólares.
Desde agosto de 2020 la propia cuenta de Twitter del central (@Santaelenacent1) anunciaba la realización de reparaciones a las calderas dos y tres de la planta. En algunos portales se habló de una inversión de 700.000 dólares. Giovanni Montes Micolta, representante de Sineca, la empresa encargada de hacer las reparaciones, indicó a Armando.info que estas se iniciaron en junio de 2020 y que su compañía fue seleccionada en un proceso de licitación por la misma fecha. “Hace unas tres semanas (principios de mayo) se hizo la prueba y se entregaron las calderas completamente operativas al cliente”, dijo, acotando que solo puede dar fe por el buen funcionamiento de las calderas.
Ratifica que la inversión total rondó los 700.000 dólares y que el contrato de la reparación fue pagado por la empresa privada, aunque prefirió reservarse el monto que recibió Sineca. “En nuestro caso fue solo la mano de obra. Fue una restauración completa y el cliente compró los materiales”, explica.
A pesar de las reparaciones y de que la cuenta en redes del central asegura que este ya se encuentra operativo, el jefe de los cañicultores de la localidad vecina de Las Majaguas, Fidel Morles, señala que la planta sigue inactiva y que los productores debieron llevar sus cosechas a otros centrales. “Estamos pidiendo que el Estado nos reconozca la indemnización que corresponde. Hay 300 productores que cortaron sus cañas. Son casi 100.000 toneladas que quedaron”.
Morles considera que se debe hacer un estudio sobre las condiciones del central para ponerlo en funcionamiento y buscar nuevos inversionistas. “Ya el productor perdió la confianza con los que están administrando el central, debemos decirlo así. Nos deben todavía de la cosecha anterior”, denuncia.
El presidente de la Federación Campesina de Venezuela, Miguel Ulises Moreno, señaló que el Estado venezolano, en tiempos de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), cedió un porcentaje de las acciones del central al gremio y que el Gobierno se reapropió de manera ilegal de esa planta. Señala que la propiedad de este no puede ser transferida a ningún privado. “Queremos que se devuelva el central y que se castigue a los que facilitaron este despojo”. Armando.info intentó contactar a Mazzoca para obtener su versión, sin resultado.
Otro caso es el del Central Río Guanare, rebautizado por el chavismo como Batalla de Araure, también en el estado Portuguesa.
Asignado a la gobernación en 2019, en este caso la administración de Rafael Calles decidió establecer una “alianza estratégica” con la empresa Inversiones Aliceole, C.A.
Aunque no hay información oficial al respecto, resulta llamativo que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) Inversiones Aliceole tenga por dirección de su sede la misma del central.
En agosto de 2019, el año de la alianza, un grupo de trabajadores denunció despidos masivos con la llegada de la nueva administración.
El dueño de Aliceole es Luis Moreno Sevilla, exgerente general de Lácteos Los Andes -la empresa de refrigerados estatizada por Chávez en 2010- entre 2013 y 2018. También fue presidente de la empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, S.A. En el RNC aparecen como accionistas de Aliceole, al menos hasta diciembre de 2018, Julio César Terán Ortiz y una familiar del exfuncionario, de nombre Leticia Moreno Sevilla. El propio Luis Moreno Sevilla figura como el contacto de la compañía en los documentos.
La gestión de Moreno Sevilla en Lácteos Los Andes fue muy criticada desde el mismo chavismo. Como en el caso del azúcar, esta empresa experimentó una caída de su productividad luego de su estatización en 2010. Distintos indicios permiten afirmar que la empresa ha sido reprivatizada y asignada a los empresarios Majed y Khaled Khalil. Si ese paso por Lácteos Los Andes es su principal aval, resulta difícil encontrarle méritos para quedar a cargo de un central azucarero.
La empresa Aliceole tiene como cliente a la Sociedad Mercantil Empalven C.A., de acuerdo con el RNC. Empalven también tiene como socio a Leticia Moreno Sevilla y a Daniel Antonio Moreno, con lo cual parece quedar claro un esquema de “autocontratación”. El objeto social de la compañía es el “empaquetado, envasado, almacenaje, importación, exportación, distribución, mezclas, suministros y transporte de todo tipo y de productos alimenticios”.
De acuerdo con cifras manejadas por la Sociedad de Cañicultores del estado Portuguesa (Socaportuguesa), este central apenas llegó a unas 15.000 toneladas de molienda de caña este año, muy lejos de las 500.000 toneladas de capacidad instalada.
¿Empalven es la empaquetadora de la escasa azúcar que muele el central? ¿Se le ha hecho algún trabajo de reparación del central desde la nueva administración? ¿Qué contempla ese convenio sobre la producción de la planta? Son interrogantes pertinentes para la nueva administración del central. Armando.info se comunicó con Luis Moreno Sevilla por vía telefónica. Sin embargo, la llamada se cortó abruptamente luego de que el reportero se identificara. Moreno Sevilla tampoco contestó a los mensajes que posteriormente envió Armando.info.
La paralización de estos centrales ha perjudicado a los cañicultores que han tenido que arrimar sus cosechas a otras plantas muy lejanas, en medio de la escasez de diésel y gasolina que enfrenta el país. La Sociedad de Cañicultores de Portuguesa (Socaportuguesa) calcula que, sólo en esa región, se dejaron de moler 350.000 toneladas de caña de azúcar este año. “Eso es 28 millones de kilos de azúcar, que son alrededor de 28 millones de dólares. Es una pérdida significativa para la parte productiva”, indica el presidente de la asociación, Óscar Contreras.
En contraste, las importaciones se han disparado y algunos de estos centrales del Estado están limitándose a refinar el crudo que llega importado. Es usual ver que el azúcar importada desde Brasil desplace a la de los centrales nacionales porque tiene un precio menor. “Llega sin ningún control sanitario y sin ningún arancel. Hoy en día, la poca producción que hay en el país se está quedando en los almacenes de los centrales”, añade Contreras.
En junio de 2020, Wilmar Castro Soteldo, Faiez Kassen y Edwin Antonio Rojas Mata, gobernador de Sucre, suscribieron un acuerdo en el que no había lugar a equívocos: la CVA Azúcar, presidida por Kassen, convino “hacer entrega material”, como se lee en los documentos a los que tuvo acceso Armando.info, de dos plantas azucareras de ese estado costero en el noreste venezolano: El Central Sucre, C.A., ubicado en Cumanacoa y expropiado por Hugo Chávez en 2005; y el Central Cariaco, C.A., ubicado en esa población de la misma región y expropiado en 2009.
La segunda cláusula de este documento valida que “las partes”, en este caso, los centrales y la Gobernación, involucren “otros entes de la administración pública nacional o regional” para ejecutar los planes de desarrollo de la planta. Fue con esta disposición, según Miguel Vásquez, quien fue alcalde de Cariaco entre 1996 y 2000, que entraron en la partida las empresas privadas que hoy tomaron el central.
“Allí hay un exabrupto: expropiaste, no has pagado todavía la expropiación (que en este caso fue al Consorcio Marshall Recao) y ahora se lo vas a dar a otro privado. La trampa en el documento es que la CVA le transfiere eso a la Gobernación y esta tiene la potestad para hacer negocios con privados. La Gobernación, basada en esto, acordó con sus seleccionados”, apunta Vásquez.
Explica que el acuerdo fue el aval de ocupación del central por parte de la empresa Alimentos El Maizal, con la venia de la Corporación Socialista de Desarrollo del Estado Sucre (Corposucre). El 4 noviembre de 2020, el entonces presidente del ente, José Escorihuela, prometió la reactivación de ambas plantas, reseñó la prensa oficialista.
“El Maizal, que no es experta en producir azúcar sino en empaquetamiento, tomó el central. Pero también ocurre que en Cariaco no hay siembra de caña: el negocio es que van a buscar azúcar refinada en otras partes del país para empaquetar en Cariaco. ¿Qué zafra van a hacer si no hay caña? El fondo es ese”, explica.
En realidad, Alimentos El Maizal no tiene sede en Sucre sino en Guárico, en los lejanos Llanos centrales de Venezuela. La empresa es contratista activa del Estado venezolano. Sus socios son Luis Miguel Malaspina Manuitt y Ruby Carolina Bustillos Chávez. Malaspina Manuitt es también el dueño de Agrofood Trading LLC, una empresa cuya sede está en Florida, Estados Unidos. Con esta empresa, en 2017 Malaspina Manuitt importó desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, hasta La Guaira, Venezuela, 1800 kilogramos de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos.
En los círculos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también se habla de él como un favorito de Nicolás Maduro para suceder a José Vásquez como gobernador de Guárico.
Respecto del Central Azucarero Sucre, en Cumanacoa, fundado en 1953 y expropiado por Chávez en 2005, el Movimiento Unión Comunera fue uno de los primeros en protestar, a finales de abril de este año, contra lo que consideraban irregularidades que hubo luego de la alianza estratégica con la empresa Tecnoagro, también avalada por Corposucre.
“La vocería del movimiento, conformado por cañicultores y comuneros, afirma que han sido estafados por la gerencia de la empresa al cancelarles solo el 20 por ciento de lo acordado en la más reciente zafra”, expusieron en un comunicado.
Las protestas motivaron, hace unas semanas, una inspección a la planta por parte del diputado Erick Mago, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría de la actual Asamblea Nacional oficialista. A ella también fue citado el presidente de Tecnoagro, Juan Manuel Ramírez Araque, a cuyo nombre está registrada, aunque inactiva, la empresa Campoalegre USA, INC., dedicada a la importación y exportación de alimentos.
Aunque de manera pública el chavismo no citó los motivos de fondo de la visita, los afectados, principalmente los cañicultores, insistieron con la denuncia.
Ángel Rivas, presidente de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa e integrante de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), explica a Armando.info los basamentos de las protestas contra Tecnoagro.
“Nosotros negociamos con Tecnoagro lo siguiente: de la producción de azúcar, el 50 por ciento era para nosotros y 50 para la empresa. Llegamos a un acuerdo para arrancar la zafra, e igual era el porcentaje con la melaza producida. Pero resultó que Tecnoagro se llevó el 100 por ciento sin comunicarse con nosotros. Tenemos más de 15 días esperando por Tecnoagro y la Gobernación”, detalla.
Aparte, Vásquez también confirma que aún a mediados de mayo la deuda no había sido subsanada: 580.000 dólares en total para 280 cañicultores.
“Vendieron y cobraron el azúcar y la melaza y aún no la han pagado. Cuando la comisión de la Asamblea Nacional estuvo en la planta, solicitó documentos que no le fueron consignados. La irresponsabilidad y la estafa son parte de estas alianzas estratégicas, aprobadas por el CLES (Consejo Legislativo del Estado Sucre)”, añade Vásquez.
“Simplemente, a quienes se les ha entregado centrales no los han puesto a funcionar”, asevera José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca.
Armando.info no pudo comunicarse con los socios de Alimentos El Maizal ni de Tecnoagro para contrastar estas informaciones.
En el caso de los centrales que siguen bajo las riendas del Estado el nombre del administrador es Faiez Kassen, presidente de la CVA Azúcar. La empresa estatal tiene como objetivo “coordinar, supervisar, ejecutar, inspeccionar y desarrollar la producción, comercialización, industrialización y exportación de la caña de azúcar y de sus derivados”. Kassen también es viceministro para el Desarrollo Agrícola y Gestión de Tierras y presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Fuentes del sector agrícola acusan a Kassen de mala gerencia, de dirigir una “política de ataque” contra los cañicultores y califican como “inauditable” a la compañía estatal. “Cada central debería poder producir con sus fondos, pero no es así. El Central Venezuela (Zulia) es el que carga con la nómina de todos los centrales. El resultado es catastrófico”, señala un productor que pidió el anonimato por temor a represalias.
Una fuente añade que los productores privados que hacen denuncias son amenazados, desde instituciones adscritas al despacho de Kassen, como el Instituto Nacional de Tierras (INTI), con invasiones a sus terrenos y que el funcionario respalda abiertamente a grupos acusados de invadir tierras productivas. “Kassen es una fuerza oscura en el campo que crea terror. Bota a los funcionarios que certifican que las tierras están productivas y desde el INTI se alientan estas mafias de invasores”, añadió.
Esta denuncia fue confirmada por el vicepresidente de la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela, Danny González, quien, en un comunicado, acusó a funcionarios del INTI de ser “factor de perturbación” junto a “mafias campesinas” para promover invasiones de terrenos y luego cobrar “rescates” en dólares. “Solicitamos respetuosamente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros designe una Comisión Nacional de Predios Rústicos para que sea intervenido el Instituto Nacional de Tierras, INTI, y se comience un proceso de auditoría administrativa y se establezcan las responsabilidades políticas y jurídicas a las que hubiere lugar”, se lee en el texto.
“Yo estoy aquí por chavista”
Los centrales públicos han llegado a tal estado de destrucción que los inversionistas extranjeros, entre ellos algunos rusos que vinieron a ver los ingenios, prefirieron no participar en ellos. Los grupos de invasores, aparentemente apoyados por las autoridades, y la posibilidad de expropiaciones, tampoco sirven como alicientes. Armando.info intentó contactar a Kassen, así como al gerente general de CVA Azúcar, Isat Kassen, familiar del presidente de la institución, pero ninguno respondió ni a las llamadas ni a los mensajes enviados.
Además del caso del Central Santa Clara, señalado al inicio de esta nota, está el del central Trujillo, administrado por la CVA Azúcar, que muestra un rostro similar, pues ya tiene tres zafras inactivo. Raúl Valera, asesor permanente de la Asociación de Cañicultores de Trujillo (Asocatru), explicó que en los últimos tres años no muele caña, sino que se dedica únicamente a procesar azúcar cruda importada. “Desde que fue intervenido por el Gobierno no funciona, sólo sirve para pagar nómina”, explica.
Valera añade que el central causa daños ecológicos a la comunidad de Motatán, en el centro del estado. Asocatru propuso la construcción de una nueva planta en la zona de Agua Santa. “En las condiciones en que está ese central ningún empresario se mete a menos que den financiamiento para montar molinos nuevos o algo por el estilo”.
Aseguró que la administración de la CVA es pésima y estuvo marcada por la corrupción. “La primera vez que nos reunimos con el nuevo gerente del central nos dijo: ‘Yo no estoy aquí porque tenga conocimientos de esto. Yo estoy aquí por chavista’, fue muy sincero”. Indicó que, además del problema del gasoil, los productores enfrentan la escasez de insumos agrícolas. “Tenemos más de dos años que no le aplicamos fertilizantes a las cañas, no hay pesticidas y en Agropatria no se consigue nada, no tenemos herbicidas, ¿cómo haces las labores de cosecha?”.
Otras experiencias de gestión estatal desembocaron en fracasos. Quizás el más sonado sea el del Central Ezequiel Zamora de Barinas, proyecto anunciado por el gobierno de Hugo Chávez en 2001 y prometido en 2003 por él mismo como “el más moderno de América Latina”. Este se transformó en un vaticinio de lo que sucedería en los otros centrales con un temprano escándalo de corrupción, protagonizado por militares, que estalló en 2004. En 2017, la improductividad crónica de la planta llevó al gobierno a ensayar alianzas con 160 cañicultores de la zona, que terminaron en nada por el incumplimiento en la entrega de insumos y de los incentivos económicos. La producción en este caso seguía en cero hasta 2020, de acuerdo con cifras de Fesoca.
Suertes similares corrieron el Central Azucarero del Táchira y el Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela, en Zulia. El primero lo tomó en 2019, con mano de obra presidiaria, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, dirigido entonces por la hoy diputada Iris Varela. Aunque presentado como una proeza e incluso rebautizado en aquel momento como Central Azucarero del Instituto Autónomo de Caja de Trabajo Penitenciario (Caziactp), esta planta sólo empaqueta azúcar importada.
En el segundo hubo una alianza entre la Gobernación del Zulia y la CVA en febrero de 2020. También presentada con pomposidad, esta alianza hasta entonces solo ha contemplado el empaquetamiento de la marca Zulia Mía y su distribución en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La molienda en 2020, según Fesoca, fue nula: una prueba de esta suerte de Frankenstein, con parches de los sectores público y privado, que el gobierno de Maduro ensaya con las plantas azucareras sin ningún éxito.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
