El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
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Segunda entrega | Por no devolver una aeronave asegurada en el año 2000, la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) deben indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. El caso revela cómo las deficiencias del Ministerio Público en el combate al narcotráfico se convierten en un búmeran para el Estado mexicano.
En julio de 2000 se decretó la confiscación del avión tipo Sabreliner y la detención de dos pilotos, quienes presuntamente transportaban 67 paquetes de cocaína. Sin embargo, dos años después fueron absueltos porque los agentes policiales alteraron el estado físico de la aeronave, según una sentencia emitida en 2002 por un juez penal en el estado de México (centro del país). Esto impidió que sirviera como prueba durante el proceso.
Así, la Procuraduría estaba obligada a regresar el avión. No obstante, lo utilizó hasta 2006 para luego entregarlo al SAE, entidad pública que lo vendió como chatarra por la cantidad de 3.895 dólares.
La empresa dueña del avión demandó con el argumento de que la confiscación fue resultado de una actividad irregular de la Procuraduría. Además, dijo, el ministerio debió notificarle desde el primer momento sobre el proceso.
En 2003 la nave fue reparada, y sus placas e insignias cambiadas por las de la Procuraduría, para incorporarla a la flota aérea de la institución. Las acciones constituyeron “un secuestro”, indicó la demandante, porque la Fiscalía “nunca tuvo como finalidad salvaguardar un instrumento del delito sino de emplearla en su beneficio”, según señalan los documentos.
La Fiscalía “nunca tuvo como finalidad salvaguardar un instrumento del delito sino de emplearla en su beneficio”
Como defensora de la Procuraduría actuó Adriana Campos López, quien fuera directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría. Campos, ahora en el cargo de visitadora de la institución, nunca se refirió públicamente a éste caso ni a otros similares, según se pudo constatar en archivos de prensa. Le fue solicitada una entrevista. Sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, no había sido concedida.
La empresa reclamante promovió un juicio de amparo en 2002 contra la Procuraduría, pero la solicitud de devolución de la aeronave que hizo fue rechazada. El conflicto judicial se prolongó hasta 2016 y el letargo obró a favor de la compañía. Durante el proceso, en 2005, el Congreso federal aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo que le permitió demandar por segunda vez.
“El caso del avión es una vergüenza. Es el ejemplo de cómo se hacen mal las cosas en México”
Años más tarde, la Suprema Corte de Justicia intervino y ordenó en 2014 que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolviera el pleito. A finales de 2015, la justicia resolvió contra la Procuraduría y el SAE. Y aunque luego el Estado impugnó, volvió a fracasar. Una cadena de errores y omisiones legales de su parte, abonaron para ello.
“El caso del avión es una vergüenza. Es el ejemplo de cómo se hacen mal las cosas en México”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Al SAE la compañía lo señaló por incumplir su deber de conservar, custodiar y supervisar el medio de transporte asegurado provisionalmente por el Ministerio Público. “Sin haber mediado resolución que autorizara la enajenación del bien, aprobó su venta el veinticuatro de abril de 2006, cuando lo procedente era ponerla a disposición de la reclamante (…) dicho organismo descentralizado también resulta responsable de los daños que causó su actividad irregular”, argumentó la defensa de la empresa.
La resolución final ordenó a la Procuraduría indemnizar a la empresa por 773 mil dólares por daños y 14,3 millones de dólares por perjuicios. Es un boquete a las finanzas públicas: los montos representan la mitad del presupuesto de 2017 para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que apenas cuenta con 31,5 millones de dólares.
¿Quién era el propietario de los 67 paquetes de cocaína? Un misterio que le salió caro al erario federal por las fallas generales de la Procuraduría.
El Gobierno mexicano reporta que, entre 2006 y 2016, se han asegurado 347 aeronaves del crimen organizado. Sin embargo, el SAE declaró reservada por cinco años la información sobre el valor de cada bien.
A través de una solicitud de información también se le requirió sobre la cantidad de bienes vendidos y sus respectivos avalúos. La demanda fue negada y se difirió la consulta a la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles, que tampoco contestó. En otra solicitud solamente entregó información parcial sobre los remates de bienes.
Mientras el Gobierno responde que se han confiscado 347 aviones en ese lapso, el SAE confirma que 166 fueron devueltos. Así las fallas en la integración de las averiguaciones previas por parte de los agentes del Ministerio Público.
También hay discrepancias en aseguramientos de otro tipo de vehículos, confiscados al narco: en el periodo en mención también se han asegurado 720 embarcaciones, pero devolvieron 118. Aseguraron 45 carros de ferrocarril y regresaron 18. Aseguraron 22.392 vehículos y retornaron 4.295 a sus dueños. En cuanto a los inmuebles, se aseguraron 1.239 y se devolvieron 692 bienes.
Información del SAE indica que de los millones de bienes muebles asegurados y decomisados en el periodo 2006-2016, sólo 18.056 cuentan con avalúos. En el caso de los 1.239 bienes inmuebles, apenas 707. Sin embargo, evade desglosar por cada uno: “Cada uno de los bienes, que a la fecha no han sido comercializados o cuyo destino a la fecha no ha sido definido y, en su caso, éste pueda ser la venta, se encuentra reservado por cinco años”.
De acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, siguen pendientes otros 264 juicios activos contra la
Procuraduría por responsabilidad patrimonial. Aunque se desconocen los montos
demandados, las acciones sin duda amenazan las finanzas de la
institución.
En cuanto a los juicios ya consumados, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa reporta que en el periodo 2006-2016 se
emitieron 1.102 sentencias definitivas en las que se involucran a todas las
instituciones públicas. No obstante, oculta los montos resarcitorios. También
los nombres de las personas o empresas. “Se encuentra legalmente imposibilitada
(la entrega de la información), toda vez que implicaría la creación de un
vínculo que haría identificable a la persona con una controversia
jurisdiccional”, contestó el Tribunal.
En ese cúmulo de juicios contra la
Procuraduría, el Tribunal confirma que hay 16 casos, de los cuales dos han
resultado en el pago de indemnizaciones por el concepto de responsabilidad
patrimonial por la suma total de 779.000 dólares, pero sin contar el caso de la
empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. No menciona el
fallo.
El 29 de julio de 2010, más de 200 funcionarios del
Ejército mexicano, a bordo de vehículos blindados y helicópteros, se enfrentaron
al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alías Nacho Coronel, en Zapopán
(Jalisco). Controlaba el tráfico de cocaína en la denominada Ruta del Pacífico y
era considerado el tercer hombre más importante del Cártel de Sinaloa, liderado
por Joaquín El Chapo Guzmán.
La versión oficial indica que el capo murió
abatido por las fuerzas castrenses en una finca en la Colonia Colinas de San
Javier. Como resultado, fueron aseguradas dos viviendas, varios vehículos de
lujo, dinero en efectivo, joyas y armas.
Una de esas residencias ya fue
rematada a través del SAE en 2015, por la cantidad de 333.000 dólares.
La
información deriva del SAE, al que se le pidió información vía Ley de
Transparencia del total de casas, terrenos, inmuebles, empresas o vehículos
vendidos o rematados, luego de ser decomisados o asegurados a la delincuencia o
por enriquecimiento ilícito.
La lista de bienes incautados entre 2006 y
2010 incluye 14.748 bienes por la cantidad de 32 millones de dólares. Algunos ya
fueron rematados, como una nave industrial en Toluca, por la cantidad de 10
millones de dólares; un automóvil Mercedes Benz 2011, por 89.000 dólares; otro,
un Lamborghini 2003, por 83.000 de dólares; un Maserati 2009 a 78.000 dólares, y
un reloj Patek Phillippe en oro blanco de 18 quilates, por otros 78.000
dólares.
Sin embargo, ni la Procuraduría ni el SAE han elaborado una
lista detallada de los bienes asegurados o decomisados a los diferentes grupos
delincuenciales o narcotraficantes. “La información es inexistente”,
respondieron.
Aunque la Procuraduría también reportó el dinero
asegurado, no cuenta con bases de datos que precisen el origen o procedencia de
los recursos, con la intención de conocer cuáles estructuras financieras está
combatiendo.
La información parcial proporcionada revela que las
cantidades confiscadas son mínimas si se compara a los ingresos multimillonarios
del negocio de las drogas y la delincuencia organizada.
Francisco Rivas,
director del Observatorio Nacional Ciudadano, lamenta el manejo discrecional de
la autoridad cuando asegura o decomisa los bienes del crimen organizado. “El
dinero, las joyas, las obras de arte e incluso la droga son susceptibles de
extravío. Hasta que no exista un compromiso real para pegarle a los recursos de
los delincuentes no tendremos un avance contra los delincuentes, ya que pueden
seguir operando desde la cárcel”, indicó.
Por otra parte, el Gobierno
desconoce el destino final del dinero recaudado por las ventas o remates del
SAE. Todo va a una bolsa general de la Tesorería Federal. Un destino financiero
por revisar.
La tercera y última entrega de este reportaje será
publicada el próximo jueves 10 de agosto.
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