Con su patriarca, Alfredo René, al frente, los Ducharne montaban canales de TV que no terminaron de mantenerse al aire y al mismo tiempo dejaban en el aire a los militares que hacían negocios con ellos. Prosperaron en Venezuela antes de abandonarla, presentándose como perseguidos por el oficialismo, y fueron a dar a Miami, baluarte de la contrarrevolución continental, donde izaron la bandera de la libertad de expresión. Pero mientras se hacían con el control de una televisora del exilio cubano -y antes de volver a su Puerto La Cruz originario una vez más- prometían hacer llegar a la Fuerza Aérea bolivariana repuestos para los aviones Tucano, que nunca entregaron.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En 2006, Alfredo René Ducharne Rojas con su familia crearon una televisora regional llamada Anzoátegui TV, con sede en Puerto La Cruz, la pujante ciudad petrolera y turística de ese estado en el oriente de Venezuela. Era solo parte de un incipiente conglomerado empresarial que, ese mismo año, ya incluía una televisoras más, una cooperativa y una empresa de "fabricación, venta, distribución, comercialización de productos químicos de uso industrial y doméstico", según se puede leer en los expedientes del Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Un año después, Ducharne y su Anzoátegui TV se asociaban con la Cooperativa de Periodistas Bolivarianos del estado Anzoátegui para "crear y distribuir periódicos, semanarios, revistas y medios alternativos en general".
Nadie diría entonces que esa singladura iniciada con periodistas bolivarianos, en pleno boom del gasto público chavista, desembocaría en 2016 con la compra de Telemiami, un canal de televisión emblemático de la comunidad cubana anticastrista del Sur de Florida.
Al suspicaz exilio venezolano en Miami le costó tragarse la compra de Telemiami -que pasó a llamarse MiraTV, como un canal homónimo de Perú- por parte de este empresario prácticamente salido de la nada, que se presentaba como un perseguido de la dictadura de Caracas que se había escapado por los pelos, y de quien lo poco que se conocía lo ligaba a un personaje cercano al chavismo: su cuñado, el empresario peruano-venezolano Julio Augusto López.
Ducharne tuvo que batirse con fiereza y convicción en los medios de Florida para refutar las habladurías y minimizarlas, si no hacerlas olvidar del todo. Podría haberse salido con la suya de no ser porque el negocio nunca salió a flote y el canal fracasó y, sobre todo, porque entre tanto y sin que nadie lo supiera, le había vendido a los militares de la Fuerza Aérea Bolivariana unas partes para repuestos de aviones de entrenamiento y misiones tácticas que, a pesar de que cobró, nunca entregó.
La trama paralela de las dos caras de Ducharne pasa por Panamá. En 2013 y en el istmo, los Ducharne, Alfredo René, esposa e hijos, se hicieron directivos de una empresa de nombre Panaexpress Investment. Solo ahora, en 2021, la empresa acaba de aparecer y hacerse pública en Venezuela por una sentencia emitida el 12 de mayo reciente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida adoptada por el tribunal consiste en el embargo preventivo sobre las propiedades de la sociedad mercantil Seguros Caroní, S.A por más de 8,2 millones de dólares, en su rol de fiadora de la empresa panameña de Ducharne, por un contrato ¨incumplido y temerario¨.
El documento de la Sala Político Administrativa venezolana deja evidencia de que el empresario, a través de su empresa Panaexpress Investment S.A., firmó un contrato el 22 de junio de 2015 con la compañía estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A. (Veximca), en el que se comprometía a venderle repuestos para mantener la disponibilidad del sistema de armas del Sistema Tucano (T-27), de la Aviación Militar Bolivariana, aeronaves de fabricación brasileña destinadas para entrenamiento en vuelo y operaciones tácticas.
El contrato fue de poco más de 6,3 millones de dólares, según se lee en la demanda, y representaba a todas luces un negocio riesgoso: apenas seis meses antes de que los Ducharne se comprometieran a suministrar esos repuestos, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había firmado la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela del año 2014 -aprobada también por el Congreso estadounidense-, que sería el primer hito de una serie de sanciones impuestas desde Washington contra personeros y entes del gobierno de Nicolás Maduro.
Para junio de 2015, cuando Veximca firmó el acuerdo con los Ducharne, ya estaba muy claro que cualquier negocio de ese tipo tendría que contemplar desde su diseño cómo sortear los vetos comerciales y financieros que pesaban contra el régimen. Que este negocio en particular se propusiera dotar de repuestos a las fuerzas militares, solo serviría de agravante.
Por mala fe, ineptitud o por esos obstáculos que las sanciones empezaban a levantar, el contrato nunca se cumplió. La reciente decisión del TSJ, que trascendió por medios, deja las provisiones militares en el aire pero revela una faceta hasta ahora desconocida de la familia Ducharne, que en 2013 comenzó la negociación de las partes para los Tucano.
El 16 de octubre de 2013, através del Punto de Cuenta N° 518,el presidente Nicolás Maduro aprobó el pago para la adquisición de partes y repuestos para mantener la disponibilidad del sistema de armas del Sistema Tucano (T-27), de la Aviación Militar Bolivariana, destaca el documento legal, que precisa también que fue el 22 de junio de 2015 cuando se suscribió el contrato entre Veximca y Panaexpress Investment, S.A.
El 19 de febrero de 2016 se hizo el primer pago por 1,9 millones de dólares y el 12 de julio de ese año Veximca formuló una primera solicitud de información a la empresa, relacionada con el envío del primer y segundo lote de "los bienes aplicables al sistema de armas T-27 Tucano", porque se tenía previsto que estos llegaran el 2 de mayo y 2 de junio de 2016, respectivamente. La directiva de Veximca asegura en la demanda que nunca obtuvo respuesta de la empresa.
Un año después de que Ducharne firmara ese contrato con el gobierno de Nicolás Maduro y solo cuatro meses después de recibir el primer anticipo por casi dos millones de dólares del Estado venezolano, en junio de 2016, Ducharne ofrecía una entrevista en Miami para El Nuevo Herald.
A los periodistas de esa cabecera icónica de la comunidad hispana de Miami explicaba su versión de su propia historia. Y la versión iba así: Ducharne se mostraba como el dueño de un canal de televisión que le había sido "incómodo" al poder, en especial, al gobernador chavista del costero estado Anzoátegui -el hoy fiscal general, Tarek William Saab-, y al que por eso le habían "robado" sus equipos en 2011 sin que las autoridades del Estado venezolano de entonces hicieran nada para apoyar en las investigaciones o de alguna forma recuperar los bienes. Solo le había quedado migrar en busca de la libertad en Estados Unidos y recomenzar en el sector que conocía, los medios de comunicación.
Ducharne aseguró ser uno de los tantos acosados por el gobierno del presidente Hugo Chávez que decidió cerrar capítulo en Venezuela y continuar sus negocios afuera. Esperaba, según dijo, que en Miami todo fuera más fácil para la familia, porque en Venezuela además era complejo operar con servicios en decadencia -como la electricidad-, la falta de anunciantes y la autocensura.
“Ese dinero proviene de lo que nosotros hicimos en Venezuela, de los trabajos que hicimos en Venezuela”, zanjó Ducharne ante El Nuevo Herald, acuciado por la pregunta incómoda sobre el origen del dinero con el que acababa de comprar Telemiami, pero sin dar detalles.
La gira de medios de Ducharne intentaba entonces limpiar su imagen y controlar los daños que pudieran haber causado a su reputación los rumores detonados por su más reciente operación: nada más al aterrizar en Miami, adquirió por algo más de dos millones de dólares el canal Telemiami, acervo cultural de la cubanería local, y lo rebautizó como MiraTV. Un dato se había regado como la pólvora en las columnas de trascendidos y en medios de la comunidad venezolana expatriada en Miami: que el cuñado de Ducharne era Julio Augusto López, quien, además de estar inscrito en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había comprado en la primera década de los 2000 dos periódicos de tradición en Venezuela, como El Diario de Caracas y The Daily Journal, para cambiar sus líneas editoriales y favorecer las políticas que emanaban desde el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. López también había sido el artífice de un fallido canal de la Fuerza Armada en Caracas, Tiuna TV, y de un fugaz proyecto de canal 24 horas de información, Canal de Noticias.
Como se ve, López, venezolano de padres peruanos, es un empresario que se ha dedicado al cultivo de marcas de medios de comunicación que, tal como se crean, desaparecen con facilidad. También estuvo muy cerca del expresidente peruano Ollanta Humala durante su campaña en el año 2006, cuando parecía que el ex oficial del ejército era el abanderado de las tesis chavistas en tierras peruanas y resultó perdedor frente al socialdemócrata Alan García. En Venezuela hizo muchas relaciones con el estamento militar que, a la larga, comandaría la fuerza armada bolivariana.
El cuñado de Ducharne, además, se vio salpicado por una investigación de corrupción en Perú que buscaba dar con los rastros de pagos que la esposa de Humala, Nadine Heredia, habría recibido desde Caracas. En 2005, la ex primera dama recibió regularmente depósitos mensuales de 8.000 dólares abonados por las empresas The Daily Journal y la Operadora Cable Canal de Noticias por concepto de "servicios de asesoría", según admitió ella ante la fiscalía peruana en 2010. Pero el caso fue cerrado por no contar con suficientes pruebas; la omisión se explica por la escasa cooperación puesta por las autoridades venezolana en verificar esas transferencias.
López también fue denunciado en 2010 por Antonio Ledezma, cuando este era alcalde Mayor de Caracas, porque tres años antes le fue adjudicado un contrato por más de 2.000 millones de bolívares para modernizar los sistemas informáticos de 22 jefaturas civiles adscritas a la alcaldía, obra que no se había ejecutado para la fecha.
Inmune a esos antecedentes y a los rumores que le acechaban, Ducharne no tuvo mejor idea que anunciar casi enseguida de la compra de Telemiami que designaba a su cuñado, Julio Augusto López, como vicepresidente y director de la flamante MiraTV. El nombramiento hizo poco por ganar la buena voluntad de las diásporas venezolana y cubana, rabiosa y justificadamente alérgicas a cuanto huela a chavismo o castrismo. Un gesto que podría calificarse de torpe y que Ducharne intentó atenuar en sus entrevistas con medios de Miami asegurando que López solo se ocuparía de los asuntos tecnológicos y operativos, nunca de la parte editorial. Como prenda para conquistar la confianza de su público objetivo, Ducharne adelantó que la programación de MiraTV incluiría al locutor y periodista venezolano Leopoldo Castillo, en su regreso a la pantalla, luego de que el otrora presentador consentido de la oposición renunciara años antes en vivo en Globovisión y se expatriara. Castillo casi un año allí y ahora presenta su Aló Ciudadano en EVTV, otra señal del exilio venezolano en Miami.
Aquella empresa de Florida no prosperó y hoy ya dejó de existir. Ducharne retornó con su familia al país donde, según denunció a viva voz, había sido perseguido. Desde octubre de 2016 no se actualiza la cuenta de Twitter de MiraTV y desde febrero de 2017 la cuenta de Instagram tampoco. Su página web fue eliminada.
Ducharne se encuentra en Puerto La Cruz, de vuelta a su terruño de Anzoátegui. Trata de reactivar Anzoátegui TV con su esposa Ana María López de Ducharne -la hermana de Julio Augusto-, según un anuncio que deslizó en Twitter el presidente de la Cámara de Turismo regional, Luis Córdova, el 29 de enero de este año, sin que todavía se conociera la sentencia que ahora los conecta directa y públicamente con negocios con el chavismo.
Para este reportaje se contactó a Alfredo Ducharne por Whatsapp, quien rehusó contestar y delegó la vocería familiar en su esposa. Esta, López de Ducharne, aseguró por su parte, en una breve llamada telefónica, que desconocía la sentencia del TSJ y pidió tiempo para leerla y responder. Esa respuesta fundada no se había producido al momento de cerrar esta entrega.
Así las cosas, los Ducharne no se han pronunciado. Con su capacidad para el reciclaje, no debe haber dudas de que conseguirán poner al aire a Anzoátegui TV de nuevo. Habrá que ver qué línea editorial decide ahora seguir el que antes se vendiera a sí mismo como un empresario consolidado, luego perseguido, y ahora retornado. La trama Ducharne aún no termina. Por favor, no cambie de canal.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos de limpieza, entre otros. Pero parte de ese emporio tuvo origen en el último balido de la moda agroindustrial chavista, la cría y explotación de cabras. El patriarca del grupo, Raúl Antonorsi, no aparecía en el radar de la atención pública antes de 2016. Solo entonces empezó a experimentar un auge que abarca también a una de sus hijas y a un primo de esta, todos bajo la tutela del superministro del sector y ex comandante del 4F, Wilmar Castro Soteldo, apóstol de una especie de 'capitalismo rojo'.
De ser reconocido en la isla de Margarita como heredero de los pintorescos Ranchos de Chana, ha pasado a cultivar otra fama fuera de Venezuela. En Miami, Florida, terruño del exilio cubano y más recientemente del venezolano, Pedro José Castillo Uzcátegui se presenta como un visionario hombre de negocios, pero en la práctica ha consolidado una serie de fraudes que lo han circunscrito a la lista de los buscados por Interpol.
Pase y póngase cómodo para ver la televisión de Petróleos de Venezuela. En 2012, el ex presidente Hugo Chávez lanzó al aire la idea: crear la primera televisión petrolera del mundo. Se materializó, formaron equipo, ocuparon un Bien de Interés de la Ciudad. Tras meses en prueba en la Televisión Digital Abierta y un año en emisión en la Web, aún no tiene, ni siquiera, programación continua.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
